Ni Lemóniz ni Leizarán

No especulan quienes dicen que el asesinato de Ignacio Uria pretende aterrorizar al entramado humano relacionado con la construcción de la Y vasca de alta velocidad. Todo hace pensar que ETA busca dar batalla para parar esa obra, alimentando así su mitología ecologista (Lemóniz, 1981- Leizarán, 1992) y ofreciendo a su mundo una nueva bandera que aglutine fuerzas y ánimos en momentos difíciles.

He dudado sobre la conveniencia de plantear así de crudamente la situación y alimentar con ello la estrategia de los terroristas. Pero hay dos razones que me han convencido de hacerlo.

La primera es que, querámoslo o no, el debate ya está ahí. En las tertulias, editoriales y en las especulaciones periodísticas de un país afortunadamente libre, y en la experiencia de un pueblo que conoce muy bien la lógica militarista de estos fanáticos. Para certificarlo, bastan las imágenes de una manifestación dominical en Durango contra el TAV [Tren de Alta Velocidad], en la que abiertamente se hacía orquestación popular de la estrategia violenta con una pancarta en la que significativamente se leía: Geldituko dugu (Lo pararemos).

La segunda es que debemos argumentar nuestra respuesta y asegurar la victoria de la democracia. Para ello, hagamos primero algunas precisiones. Lemóniz era una central nuclear, construida contra viento y marea, a finales de los setenta, por una empresa energética privada. Fue Iberduero, y no el Estado, quien renunció finalmente a su construcción. Por la presión terrorista, sí, pero también porque una inmensa mayoría de la población se oponía a ella. En aquellos años, ETA era una organización terrorista desgraciadamente demasiado poderosa (casi 100 asesinatos por año en los años 79 y 80) y el Estado y sus Fuerzas de Seguridad luchaban solos, sin legitimación política y social en el País Vasco y sin colaboración internacional de Francia. ¿Tiene eso algo que ver con la actualidad?

El Tren de Alta Velocidad es la obra más importante de Euskadi para este siglo y nueve de cada diez vascos lo desea y lo necesita. Lo apoya el Gobierno Vasco y las instituciones forales y lo realizan conjuntamente el Gobierno de España y el de Euskadi.

De la banda terrorista en 2008, después de su ruptura de la tregua de 2006 y de la detención consecutiva de su cúpula en un plazo de tres semanas, no hace falta decir más. Su derrota política es incuestionable e inexorable.

En cuanto a Leizarán, ETA no ganó. Sus corifeos de Batasuna brindaron con cava y vendieron una foto como un triunfo que no fue. Las instituciones pactaron un trazado ligeramente alternativo al mencionado valle, pero eso ocurre todos los días en todas las obras públicas de impacto ecológico. La obra se hizo y la autopista funciona maravillosamente desde su inauguración.

La conexión ferroviaria vasca ha pasado todos los filtros medioambientales, la quiere el pueblo vasco, la financia el Estado, la necesitan España y Francia, la legitima la democracia institucional vasca, española y europea y nada ni nadie puede quebrar esa voluntad soberana y ese ejercicio de autoridad política de un sistema político ordenado y de un Estado serio.

¿Cómo vencer la presión terrorista? El único modo es desarticular a la banda y detener a sus comandos, como se está haciendo. En el camino, el Gobierno Vasco y el Estado no van a fallar y las empresas y los trabajadores afectados tampoco. A todos nos toca asumir un ejercicio de valor y de militancia democrática, y al pueblo vasco en particular, una tarea de imposición democrática a una minoría totalitaria que ahoga su libertad y su progreso.

No es posible dar un paso atrás. A quienes les toque el riesgo, deben asumirlo, y la sociedad vasca, apoyarlos y defenderlos. Y si no lo hacen, también la sociedad y sus instituciones deben ejercer su legítimo reproche y sanción.

Este reto llama a la puerta de todos: empresas, ayuntamientos, partidos, medios de comunicación, asociaciones de empresarios, sindicatos... y ciudadanos.

Los vascos, todos y cada uno de nosotros, nos jugamos el ser o no ser como país digno, como sociedad libre, como ciudadanos con derechos. El Gobierno Vasco también se la juega. Y los partidos vascos, desunidos y en abierta tensión, tenemos la responsabilidad de la unidad y del liderazgo sobre esta sociedad vasca harta y con evidentes riesgos de desistimiento.

También a quienes se oponen sin violencia a esta obra les corresponderá tomar partido porque, quieran o no, deberán asumir que otros matan en su nombre.

Todos estamos concernidos, porque si el terror impone su voluntad, la mafia impone su ley. Al fin y al cabo, hace ya demasiado tiempo que en Euskadi la lucha contra ETA es la lucha por la democracia y el derecho, por la ciudadanía y la libertad. Como dijo Cicerón: "Cedant arma togae (Que las armas se sometan a las togas)".

El País.

Disolución y oportunismo.

Decía Webber que la Biblia tenía la maldita costumbre de ponerse del lado de los pobres. Pues bien, hablando de malditas costumbres, en Euskadi, con el terrorismo, hemos desarrollado una que no puede calificarse de otra manera. Es la que nos lleva a especular sobre las intenciones de los terroristas y a buscar las razones que 'expliquen' sus atentados. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a un debate tan inútil como peligroso tras el asesinato de Inaxio Uria. Dirigentes nacionalistas ven en el atentado de Azpeitia un ataque al PNV. Otros creen que es un ataque a los empresarios vascos, otros un ataque a la línea ferroviaria de Alta Velocidad, y otros, en fin, una clara y cruel advertencia a los extorsionados por la recaudación terrorista. Al hacerlo, sólo contribuimos a ampliar el radio de acción de los terroristas. Llevo años preguntándome si acertamos al amplificar, como lo hacemos en España, el tratamiento informativo e institucional de los atentados (a diferencia de los ingleses por ejemplo), al descubrir con tanta transparencia las estrategias y objetivos en la lucha antiterrorista y, sobre todo, al discrepar tan abiertamente y tan a menudo entre nosotros.
Este último es el caso de la iniciativa del PP de disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. De nuevo el oportunismo partidista para poner en evidencia al Gobierno y para parecer más firme en la lucha contra ETA ha llevado al primer partido de la oposición a hacer una propuesta legalmente dudosa y políticamente discutible, sin contar con el consenso de las fuerzas políticas y del Gobierno.
Legalmente dudosa
No está claro que el Artículo 61 de la Ley de Régimen Local autorice a disolver todos los ayuntamientos con alcalde de ANV. Primero porque en la mayoría de ellos no se han producido acontecimientos que den lugar a acuerdos o actuaciones municipales que «de forma reiterada y grave supongan cobertura, apoyo o enaltecimiento del terrorismo». Segundo, porque en los que ha habido atentados (Mondragón y Azpeitia, por ejemplo), está por ver que la no condena equivalga jurídicamente a esa calificación antes citada. Y por último, ¿se imaginan que se ejecute la disolución y una sentencia posterior determine su nulidad? Probablemente, pues, sea necesaria alguna reforma legal previa para proceder con esa política, en caso de que así lo decidiéramos desde la unidad democrática contra el terrorismo.
Políticamente discutible
Se presenta esta propuesta como pócima milagrosa contra ETA, pero no está escrito que esto sea así. Comparto plenamente el objetivo de la invalidación política del entorno de ETA y he argumentado muchas veces la legitimidad democrática de esa decisión. Pero eso debe hacerse siempre en el respeto máximo a los principios del Estado de Derecho y el de participación política es uno de ellos, si no el principal. Por eso, en su día, las listas de ANV -un partido legal entonces, aunque ilegal hoy- no pudieron ser impugnadas en todos los sitios, y los elegidos en 2007 no pueden ser privados de su acta de diputados, aunque su partido haya sido ilegalizado. Reiterada doctrina del Tribunal Constitucional así lo ha establecido. Para superar esta dificultad disolvemos toda la corporación, castigando así a los electores que eligieron a los representantes de todos los demás partidos, al privarles de sus concejales electos. Es un efecto indeseado demasiado grave para una decisión demasiado dudosa, desde todos los puntos de vista.
La disolución legal de los ayuntamientos altera el juego de responsabilidades contra la violencia. Somos los partidos vascos los que tenemos la obligación de construir mayorías alternativas a ANV y en prácticamente todos los municipios importantes en los que gobierna hay una mayoría democrática alternativa. En Mondragón, Pasajes, Azpeitia, etcétera, la moción de censura es posible y democráticamente exigible. Son los ciudadanos vascos quienes deben juzgar a los partidos y a los responsables políticos que no las hacen posibles. La disolución de esos municipios por ley estatal traslada a Madrid la responsabilidad de esa decisión y permite a los partidos nacionalistas eludir las suyas en la sustitución de los alcaldes de ANV.
Sin consenso
Hay una última razón para discrepar de esta propuesta: el consenso parlamentario para su ejecución es mínimo. Primero, por la forma en que se ha planteado. Cinco minutos antes de la reunión de los partidos convocada para expresar la unidad democrática, tras el asesinato de Inaxio Uria, el PP registró una propuesta sin hablarla antes con nadie. Segundo, por su reiterado interés en que sea debatida y votada en la Cámara, sin acuerdo previo y con la seguridad de que se producirá una sonora división con los partidos nacionalistas y de izquierda de la Cámara. Estas cosas no se hacen así. Para una iniciativa tan grave debe obtenerse primero el acuerdo del Gobierno, no se olvide, principal rector de la lucha antiterrorista. Pero, además, ¿puede hacerse eso contra la voluntad expresa de los partidos mayoritarios en esos municipios? ¿Debe o no contar su opinión antes de tomar esa decisión? ¿Hace falta recordar que la Diputación Foral de Guipúzcoa, en caso de que fuera ella la encargada de la gestión municipal, está gobernada por PNV y EA, y que son esos los partidos mayoritarios en la mayoría de estos municipios? Me pregunto si no sería más lógico y prudente que las formaciones democráticas valoremos esta cuestión y acordemos una estrategia común.
Es verdad que el País Vasco está dando muestras evidentes de incapacidad política y social para enfrentarse a la reaparición de ETA después de la tregua, pero eso no debe llevarnos a equivocaciones estratégicas en este delicado proceso de fin de la violencia. La fractura partidaria es lamentable y procede -conviene no olvidarlo- de aquel pacto divisionista y excluyente que se firmó en Estella. La tensión entre los partidos nacionalistas es esperpéntica y, para muestra, Azpeitia es más que un botón. Las acusaciones y reproches del PNV y del PP contra el PSE reflejan la triste pérdida de la unidad democrática contra ETA que data desde la desaparición de Ajuria Enea. Y la gente, la ciudadanía, deambula entre el hartazgo y el desistimiento, falta de liderazgo y tentada por el miedo que infunde el terrorismo.
Creo que fue Schopenhauer el que dijo que no hay ningún viento favorable para el barco que no sabe adónde va. Afortunadamente, hay un Ministerio de Interior que supo lo que hacía en el proceso de paz, bien resumido en una frase con la que tituló EL CORREO su entrevista al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho: «A ETA se le ofreció acabar como el IRA pero eligió terminar como los GRAPO». Un Ministerio que está aplicando una inteligente y eficaz estrategia contra el aparato de ETA. Las detenciones de su cúpula militar en el breve plazo de tres semanas marcan un camino inexorable. Hay además unas elecciones vascas a la vuelta de Navidad que pueden y deberían ser un punto de inflexión a estos últimos años de política vasca. Esos son los vientos que nos dan esperanza.

El Correo 13/12/2008

Caja Navarra aporta liquidez a la RSE.

¡Bien por Caja Navarra!

He visto el vídeo de la CAN en el que dos directivos de esta Caja de Ahorros explican su participación en la primera subasta pública para trasladar al Estado créditos anteriores de la Caja y dedicar ese importe a conceder créditos a la economía productiva, especialmente de las PYME.

Caja Navarra anuncia que los noventa millones de Euros “liberados” en la subasta, los ponen en el mercado al servicio de los emprendedores, a un interés sorprendente e inédito en estos tiempos: ¡al 3,37% de interés!

Eso es lo que el Gobierno propuso. Eso es lo que la economía productiva necesita. Ésa es la razón de que el Estado ponga una cantidad ingente de recursos públicos en esta operación. Por eso vuelvo a felicitar a la CAN por su política responsable. Eso es la responsabilidad en el núcleo del negocio, en la actividad crediticia, que es esencial en una entidad financiera y más en una caja de ahorros. Eso es sentido de servicio público y de acción social, en su máxima y mejor expresión.

Por cierto, aquí hemos discutido sobre la conveniencia o no de denunciar malas prácticas en materia de RSE. A veces no hace falta, porque las buenas, dejan en evidencia a las malas. ¿Ustedes me entienden, verdad? Por si acaso, lo diré claramente: ¡Todas las entidades financieras que liberan créditos con dinero público y luego lo ponen en el mercado a un interés que duplica o triplica el Euribor, son malas prácticas! Denunciarlas es imprescindible para que todos lo sepamos y actuemos en consecuencia.


Diario Responsable 1/12/2008

Reflexiones vascas sobre la crisis

También es evidente que la crisis es global. Planetaria, podríamos decir. Hasta los chinos, que siguen creciendo al 10% anual de su Producto Interior Bruto, están afectados, entre otras cosas porque tienen una cuarta parte de sus reservas en los deprimidos mercados financieros de occidente (EE UU y Europa principalmente) y necesitan la recuperación de los indicadores bursátiles del capitalismo para no perder ingentes cantidades de sus ahorros colectivos. Nadie se salva. Ni los países emergentes, ni América Latina, ni Corea, ni Indonesia, ni India. La crisis financiera es internacional porque hace años que los mercados financieros lo son. Pero es que la globalización no ha sido sólo financiera, también lo es productiva. A través de la externalización ('outsourcing') todo el mundo produce en todo el mundo y todas las grandes firmas subcontratan a miles de pequeños fabricantes en decenas de países a través de una cadena ilimitada de proveedores.

Es así que la crisis llegará a todo el mundo y que afectará más o menos, de una manera u otra, en unos sectores u otros, pero afectará a todos y me temo que gravemente durante varios años. Por cierto que, comentando tan sombrío panorama a un grupo de amigos, hubo uno que introdujo un chiste relajante al señalar los paralelismos entre la descripción catastrofista que se hace estos días de la crisis económica y aquel cura tremendista que se regodeaba en su sermón con los horrores del infierno amenazando a los feligreses con detallado relato de los sufrimientos del fuego eterno, hasta que uno de ellos (de Bilbao, por supuesto) le interrumpió diciéndole: «Bueno, padre, déjelo ya, si hay que ir, se va, pero no acojone». Pues eso, dejemos la descripción del caos y hagamos ahora una lectura realista desde nuestro pequeño mundo, obteniendo algunas conclusiones de interés local.

El tamaño importa
El argumentario nacionalista ha venido desplegando un variado abanico de ventajas a favor de la soberanía política o de la independencia de Euskadi (o de Euskal-Herría, que dicen nuestros futbolistas, igual me da) relacionando de manera explícita el ámbito vasco de decisión con el mejor desarrollo del país y con el bienestar mismo de los vascos. El victimismo respecto de España, el agravio económico (falso de toda falsedad), el 'mejor solos que mal acompañados' ha sido, y es, la cultura subyacente del discurso nacionalista, como es bien sabido. ¿Han visto ustedes a algunos de nuestros próceres nacionalistas reflexionar sobre cuál habría sido el destino de una Euskadi soberana en este terremoto financiero? No se trata sólo de influir o pintar algo en el G-20 y en el debate económico de las naciones que va a tener lugar después del 15-N en Washington. Mi pregunta es procedente a la vista de lo que les está ocurriendo a los países pequeños y a los que están fuera de los grandes acuerdos supranacionales (Hungría y países del Este en general). ¿Qué le ha pasado a la banca escocesa? Que se salvará bajo el paraguas de la británica. ¿Qué les ha pasado a los islandeses? Una deliciosa y sin embargo tenebrosa crónica de Íñigo Gurruchaga en EL CORREO del pasado domingo nos lo contaba con detalle: «¿Qué ocurre cuando la banca de un país con 320.000 habitantes adquiere obligaciones en el extranjero que equivalen a doce veces lo que produce el país cada año, y quiebra? Pues que un kilo de champiñones vale el doble, que dan más euros por una corona en el mercado negro que en el banco y que en ese mismo banco dan 370 euros para pasar diez días en el extranjero y sólo tras mostrar el billete de avión. Que no hay tantas ofertas para viajar en Navidad. Que en la televisión anuncian ese día la pérdida de quinientos empleos. Que jubilados que compraron casas en Alicante están muy apurados, porque la pensión vale ahora la mitad de lo que valía. Y que el presidente del país, Ólafur Ragnar Grimsson, que hace unos meses pronunciaba discursos en Londres aleccionando sobre el modelo islandés, recorre las facultades universitarias de su país pidiendo a los jóvenes que no emigren». Sobran más comentarios.

No somos inmunes a la crisis
Movidos por un cortoplacista interés electoral, nuestros gobernantes nacionalistas nos insisten en un mensaje peligroso: en Euskadi no sufrimos la crisis como en España porque somos distintos y desde luego mejores. Es evidente que el pinchazo inmobiliario nos afecta menos, pero no es verdad que no nos afecte. Tenemos suspensiones de pagos, morosidad y un parón en la construcción que no son despreciables. Es evidente que en los últimos quince años la actividad productiva vasca se ha diversificado notablemente y estamos desarrollando un sector de I+D+i muy interesante. Pero creer que eso va a evitar la crisis de la automoción y de la máquina-herramienta, y de los sectores manufactureros en general de la industria vasca, es engañarse y engañar. Al PSOE se le echa en cara -y con bastante razón, podría añadirse- no haber hecho un diagnóstico más realista de la crisis en la primavera de 2008. Algunos mensajes que escuchamos al lehendakari, hoy, pecan del mismo intencionado y peligroso optimismo.

Responsabilidad es la palabra
Vienen tiempos de esfuerzo colectivo. Las familias, en último término, acogeremos la solidaridad interna y el colchón en el que amortiguar las derivadas humanas de la crisis. Pero antes, al conjunto del país le corresponde afrontar la situación con una actitud de responsabilidad colectiva. A los gobernantes y a los partidos los primeros, desde la austeridad y el pacto en las políticas públicas. Nunca como ahora ha sido más necesario el acuerdo político entre partidos y entre Gobierno y oposición, en los presupuestos, en las medidas económico-financieras y en el discurso ante la crisis. La gente reclama a sus dirigentes que respondan juntos a «la feroz urgencia del momento», como decía M. L. King. Un llamamiento a la responsabilidad que debemos extender a empresarios, sindicatos, ejecutivos de empresas y comités, agentes y entidades financieras, redes y organizaciones sociales.

Frente a la exclusión, todos debemos responder con esfuerzo colectivo y responsabilidad social. No hace tanto que superamos crisis muy duras. En los años ochenta, la reconversión industrial. A principios de los noventa, un aumento del paro a cifras escandalosas superiores al 20%. Sabemos y podemos salir de ésta. Todos tenemos cerca ejemplos de esfuerzos colectivos (véase el cooperativismo de Mondragón) para superar estos graves momentos con responsabilidad compartida. Pues ése debería ser el mensaje, y no el autobombo y el aislacionismo.

El Correo, 22.11.2008.

El acuerdo y sus derivadas

El contexto
El Gobierno socialista necesitaba aprobar los Presupuestos de 2009 de manera imperiosa. No era posible que el primer año de legislatura en una situación económica y financiera tan crítica como la que vive España y todo el mundo occidental viera rechazado su Presupuesto, la herramienta más importante de política económica frente a la crisis y la ley de leyes del año legislativo. Si el Gobierno hubiera visto rechazadas las Cuentas, a la crisis económica que vivimos se habría añadido una crisis política de dimensiones incalculables. Como se ha dicho reiteradamente, la crisis financiera es, en gran parte, una crisis de confianza, y la crisis económica es también, aunque no sólo, una crisis de confianza de los consumidores, emprendedores, etcétera. A los mercados financieros les estamos inyectando confianza a través de leyes urgentes y de recursos ingentes que aseguren los depósitos del ahorro de los ciudadanos y que permitan la recuperación del crédito y la fluidez del dinero. A la política económica local, es decir, nacional, tenemos que ofrecerle la misma dosis de confianza y de convicción sobre lo que se puede y se debe hacer con las cuentas públicas.

La mayor parte de los partidos del arco parlamentario español se han negado a pactar el Presupuesto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero por diferentes razones. El PP porque ha construido una política de oposición centrada casi exclusivamente en el fracaso económico del Ejecutivo socialista. CiU ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a la obtención de una financiación económica para Cataluña y se ha negado a discutirlos si no tiene garantías previas del resultado de una negociación que hay que hacer con todas las comunidades autónomas después de la aprobación presupuestaria, lo que ha hecho imposible el acuerdo con ese grupo. Esquerra Republicana mantiene una posición semejante, más o menos edulcorada, con reivindicaciones de política social de dimensión catalana especialmente. E Izquierda Unida, después de los resultados electorales de marzo de este año, ha asentado sus perfiles izquierdistas y se desmarca de la política económica del Gobierno de Zapatero en ingresos y gastos, es decir, en todo y para todo.

El acuerdo
Con el Partido Nacionalista Vasco se ha discutido sobre el desarrollo del autogobierno y el apoyo al desarrollo económico de Euskadi. La búsqueda de un acuerdo para la transferencia de políticas de empleo no ha prosperado, porque seguimos hipotecados por la pretensión maximalista del PNV de producir este traspaso con la filosofía del Concierto Económico. Una vez más, hemos chocado con una divergencia insalvable, si tenemos en cuenta que la financiación de estas políticas se produce mediante cotizaciones a la Seguridad Social y no mediante tributos generales. La peculiaridad de la entidad recaudadora, la Tesorería de la Seguridad Social, la complejidad de algunas de las políticas activas de empleo -bonificaciones directas a las empresas en las cotizaciones- y la solidaridad interterritorial de unas políticas de gasto en función no de la población sino del número de parados de cada territorio, han hecho imposible, una vez más, alcanzar un acuerdo con el Gobierno vasco, empeñado en aplicar criterios de Concierto Económico vía Cupo a unas políticas que, repito, no están financiadas por tributos generales, sino con un especialísimo sistema de cotizaciones en las nóminas de los trabajadores.
La otra gran materia de negociación ha sido la famosa competencia de I+D+i. La esencia del acuerdo consiste en aplicar el Concierto Económico, es decir, un descuento en el Cupo vasco por importe de 86 millones de euros, en una parte de los conceptos que integran la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los Presupuestos del Estado. Esto permitirá a la Comunidad Autónoma Vasca incrementar su presupuesto de I+D+i en esta cantidad para desarrollar su propia política con carácter exclusivo, sin perjuicio de que el Gobierno de España siga desarrollando el resto de sus iniciativas, también con carácter exclusivo, coordinando con el Gobierno vasco sus acciones en la CAV. Nadie puede vivir de espaldas ni pretender aislarse en el desarrollo de estas competencias. Al País Vasco le irá muy mal si pretende desconectarse de España y de la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque perderá magníficas oportunidades nacionales y europeas. El Gobierno de España, a su vez, necesita desarrollar en el País Vasco muchos de sus proyectos tecnológicos e investigadores, porque es aquí donde se encuentran los cimientos tecnológicos o los núcleos de investigación correspondientes. Por eso y con todo, Cristina Garmendia tenía y tiene razón.
La negociación ha abarcado también una decisión de importancia para el futuro de nuestras infraestructuras. La decisión de hacer un puerto exterior en Pasajes y dar un aprovechamiento urbanístico a todo el deteriorado entorno de Herrera, Pasaia, Rentería y Lezo, se parece un poco -salvando las distancias- a lo que fue en su día la transformación de Bilbao sacando las instalaciones portuarias del centro de la ciudad al exterior de Santurtzi. Dos capítulos puntuales sobre la prejubilación en la Ertzaintza y licencias de telefonía móvil han completado este acuerdo.

Las derivadas
El PNV, con esta decisión, se ha convertido en el partido de referencia para la mayoría en el arco parlamentario español. Cada uno puede darle a este hecho el significado que quiera, pero, en mi opinión, el Partido Nacionalista Vasco ha jugado bien sus bazas. De entrada, porque de no haber hecho esta negociación en estos términos es muy probable que se hubiera producido una mayoría alternativa y, en ese caso, su papel habría sido irrelevante. Durante la campaña electoral me cansé de decir que si el PNV venía a Madrid a hacer de punta de lanza del plan Ibarretxe y sus planteamientos soberanistas, su juego sería irrelevante en la política española. No ha sido así, y me alegro. En segundo lugar, el PNV ha ejercido el papel de la corresponsabilidad ante la crisis económica. Fuertes sectores económicos y empresariales presionaban en Euskadi y en toda España para aprobar los Presupuestos y para que el sistema político español mandara una señal de confianza a los mercados, a las empresas y a los ciudadanos, en un momento crucial como es el de la aprobación de las Cuentas públicas. Conviene recordar que todos los Presupuestos Generales del Estado en los treinta años de democracia se han aprobado a partir de mayorías con partidos nacionalistas, por lo que resultan bastante cínicos quienes se llaman a escándalo por supuestas cesiones a los mismos. El PNV ha ejercido ese papel y ha emitido a la ciudadanía vasca y de toda España esa señal de responsabilidad ante la crisis, que no han querido asumir otros.

¿Hay más compromisos en el pacto PSOE-PNV? Algunos quieren ver en este acuerdo una señal para un hipotético entendimiento electoral en el País Vasco. Se ha llegado a decir, o por lo menos muchos lo piensan, que en el apoyo del PNV a Rodríguez Zapatero hay un pago a cuenta a un futuro apoyo del PSE a un gobierno nacionalista en Euskadi. Es mentira. El Gobierno del País Vasco lo decidiremos los vascos en las próximas elecciones y, aunque especular es libre, ningún compromiso de semejante naturaleza está detrás del acuerdo de los Presupuestos del Estado. Es verdad que los socialistas vascos aseguraremos las cuentas públicas de las diputaciones y del Gobierno vasco, pero eso no es correspondencia ninguna al apoyo del PNV a los Presupuestos del Gobierno de España. Es decisión unilateral del PSE, que, semanas antes de este acuerdo, anunció su voluntad de aprobar los Presupuestos por sentido de la responsabilidad y del momento económico que vivimos. Pero no es verdad que la formación del Gobierno vasco después de las elecciones autonómicas del año que viene esté condicionada, ni siquiera de manera colateral, por el acuerdo con el PNV en los Presupuestos Generales del Estado. Sólo los vascos con sus votos y los socialistas vascos con sus escaños decidiremos el nuevo Gobierno de Euskadi.

El Correo, 26/10/2008

¿Es socialmente responsable prejubilarse a los 48 años?

Hace muchos años, en la Reconversión Industrial de los años ochenta, los enormes excedentes de plantilla de las viejas industrias fueron objeto de jubilaciones anticipadas, llegando incluso a los 52 años para absorber al máximo de población laboral.

No había otra fórmula de acordar con los sindicatos las reducciones de plantilla que llamábamos “no traumáticas”, es decir, para no aceptar despidos. Ya entonces resultaba escandaloso jubilar a gente tan joven. Además de injusto respecto a pequeñas empresas que no podían despedir en tan buenas condiciones.

Acabamos de saber que Telefónica va a prejubilar a 700 empleados mayores de 48 años. Me cuesta entender que resulte rentable pagar el 70% del salario hasta los sesenta y un años por no trabajar. Pero aunque lo sea –que lo será-, ¿Es socialmente responsable? ¿Cuál es la lógica social de considerar laboralmente acabados a trabajadores con 48 años?

¿Por qué, si los sistemas de Seguridad Social y la prolongación de la vida aconsejan en todo el mundo alargar la vida laboral, las empresas y el mercado nos imponen lo contrario? ¿No sería mejor pagar a empresas de inserción laboral para reubicar los excedentes laborales? ¿Realmente son los más experimentados lo que sobran?

Telefónica hace grandes cosas en su política de responsabilidad corporativa. Su informe anual de 2007 es interesante en la búsqueda del compromiso responsable y sostenible en todas sus actividades. Me pregunto: ¿Podrá incluir esta política de prejubilación en su memoria social en el 2008?

(Con afecto a mis amigos de Telefónica).

Diario Responsable 24/10/2008

Recuperación de nuestra memoria

¿Es posible o no, que la sociedad española de hoy ajuste deudas con su historia, sin romper por ello las bases de su convivencia actual y los principios de reconciliación y perdón que presidieron la transición a la democracia a finales de los setenta? Ésta es para mí, la cuestión nuclear del debate producido sobre la mal llamada “Memoria Histórica.” La abrumadora presencia de la guerra civil y de la represión franquista en la memoria de la sociedad española de hoy, tiende a despertar las pasiones de las dos Españas machadianas con demasiada frecuencia. La guerra de esquelas de la guerra, publicadas este verano, es una buena muestra de las peligrosas derivas que puede tener este asunto si no lo enfocamos con prudencia y consenso.

Comencemos pues por responder al primer interrogante ¿Hay deudas pendientes? ¿Y aunque las hubiere, debemos abrir la caja de Pandora de tan delicados y apasionados recuerdos? No son pocos ni despreciables los argumentos que recomiendan cubrir estas cuestiones bajo un discreto manto, destacando como único recuerdo histórico el punto y aparte que acordamos en los pactos de la transición. Pero no es menos cierto que han pasado treinta años desde entonces y que todavía golpean a las puertas de nuestras instituciones reivindicaciones justas y razonables. Primero, porque, sin cuestionar la generosidad que impregnó la transición política, la democracia de los ochenta y de los noventa confundió en exceso perdón con olvido, y aunque sucesivos gobiernos democráticos establecieron medidas para restañar las heridas del bando republicano, lo cierto es que millones de españoles, perdedores y sufridores de la contienda y de la represión posterior, lloraron en silencio su imborrable recuerdo, tras el telón de una convivencia reconciliada, a la que perturbaba su simple presencia. Y segundo, porque quedan pendientes muchas causas de justicia para quienes defendieron el gobierno legítimo del treinta y seis. Desde la identificación y localización de fosas comunes, a la exhumación de sus restos. Desde la apertura total de archivos para la investigación y la documentación particular, hasta el reconocimiento de las enormes injusticias cometidas en juicios sumarios. Incluso golpea también nuestra conciencia democrática, la ausencia de indemnización alguna para quienes, encontraron la muerte en los años del tardofranquismo, ejercitando derechos que luego reconoció nuestra Constitución (como por ejemplo los seis obreros muertos por la policía en Vitoria y Basauri en 1976).

La segunda cuestión es capital ¿Cómo debemos abordar este tema de nuestra agenda política y hasta dónde, será posible atender estas reivindicaciones? El Gobierno ha decidido hacerlo mediante un proyecto de ley que, intencionadamente rechaza implantar una determinada “memoria histórica colectiva”, que no corresponde a norma alguna y encarga al legislador la protección del derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática. En ese propósito el anteproyecto busca un equilibrio difícil y polémico. Si se declara “el derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar”, ¿deben incluirse todos los que sufrieron condenas, sanciones o cualquier forma de violencia por razones políticas? Si tal reconocimiento se refiere a la represión franquista, es obvio que afecta sólo a quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936 y pretendieron después de la guerra el restablecimiento en España de un régimen democrático. Pero si ese derecho se quiere extender a la Guerra Civil –y en mi opinión así debe ser- resulta obligado reconocerlo también a quienes sufrieron esas mismas circunstancias en el otro bando. ¿Es eso una injusta equidistancia? Más bien creo que sólo así respondemos al espíritu de reconciliación pactada en el que se fundó nuestra transición democrática.

Una reflexión semejante surge de otro de los aspectos polémicos de esta Ley. ¿Debemos anular cuantas resoluciones judiciales fueron dictadas en aplicación de legislaciones y de tribunales de excepción? Admito que sería de justicia. Pero, ¿podemos hacerlo sin cuestionar todo el entramado de seguridad jurídica de cuarenta años de franquismo? ¿Cómo se revisan individualmente miles de sumarios sobre hechos acaecidos en tiempos tan lejanos? Conozco la existencia de opiniones jurídicas fundadas en esa dirección, pero yo creo que eso no es posible a la luz de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y en todo caso, creo que antes de abrir la vía jurídica para la revisión de miles de esos casos, nos lo deberíamos pensar serenamente. ¿Qué consecuencias tendrían las anulaciones? ¿Quién impediría que muchos reclamaran conocimiento de los juzgadores y quizás responsabilidades? Yo creo que el legislador español de 2006 tiene derecho a examinar esta cuestión también desde un punto de vista de oportunidad política y aquí vuelvo a esgrimir ese patrimonio común que es el espíritu de reencuentro y de concordia de la transición.

La Ley pretende la justicia compensando a las víctimas de la guerra y de la represión de un régimen cruel que duró cuarenta años. ¿Lo consigue? Abiertamente no. Reconocerlo con humildad es necesario, porque esas victimas merecen el respeto de la verdad. Pero, ¿alguien cree posible hacer justicia plena con las enormes e inmensas consecuencias de aquella tragedia? La Ley llega adonde es posible llegar sin menoscabar las bases de nuestra convivencia y ajusta las últimas deudas con nuestra historia sin reabrir la herida que atravesó las entrañas de nuestro pueblo.

La Ley es perfectible. Abriremos una ponencia parlamentaria para escuchar. Negociaremos enmiendas y buscaremos el consenso con todos los grupos. Por cierto, última cuestión: ¿será posible un acuerdo también con el PP en este tema? Lo deseamos. Pero les escucho decir, con demasiada frecuencia, que esto es pasado y ya está pagado. Quizás se opongan a la totalidad de la Ley acusando al Gobierno y a su presidente de “radicalidad guerracivilista.” Me pregunto por qué no es posible una recuperación consensuada de nuestro pasado. ¿No equivale esto a identificarse con una de las dos partes de nuestra historia incivil?

La reconciliación de la transición no nos obliga al olvido. La memoria sin ira, sin afanes vengativos no abre, sino cierra las heridas de la historia. La recuperación personal de nuestra memoria histórica familiar y la compensación consensuada de nuestras deudas con la historia, nos hace más fuertes en los fundamentos de nuestra convivencia.

Un perdón asimétrico que no significa olvido

El perdón mutuo fue el principio sobre el que se basó el espíritu de la transición, un perdón quizá asimétrico e imperfecto porque fue la izquierda quien perdonó a cambio de la desaparición del franquismo. Un perdón que no debe confundirse con olvido, pero que en ningún caso debe reabrir heridas ya cerradas en una sociedad española moderna que se fundamentó en la reconciliación.

Hago esta reflexión tras conocerse la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra civil y la dictadura. En mi opinión, es una resolución judicial de enorme importancia, que merece todo el respeto y que por tanto debe ser contemplada sin frivolidad y sin sectarismo alguno ya que son miles los españoles a los que afecta de la manera más íntima.

Ahora bien, es cierto y lo señalo, que su recorrido en los tribunales es dudoso por dos cuestiones: por un lado, porque los presuntos responsables han fallecido y además por la posible prescripción de los delitos debido a la Ley de Amnistía de 1977, lo que hace que esta cuestión genere una discusión jurídica profunda.

Sin embargo, la actitud del juez Garzón va a permitir acelerar algunas acciones que la Ley de Memoria Histórica contempló, como la exhumación de fosas de la Guerra Civil y ello aportará aún más eficacia a ciertos aspectos de la norma aprobada por las Cortes. Hay que recordar que la Ley de Memoria Histórica recoge además muchas otras actuaciones que suponen una mejora de determinadas prestaciones económicas a las víctimas del franquismo, de la Guerra Civil y del llamado tardofranquismo.

Como os decía al principio el perdón no significa olvido. Por tanto espero y deseo que el auto del juez Garzón sirva para dar respuesta a todas las deudas aún pendientes con tantos y tantos que sufrieron la cruel represión del franquismo.

ETA y compañía.

La coincidencia entre la sentencia de ilegalización de ANV y EHAK y las bombas de Vitoria, Ondarroa y Santoña hizo especular a muchos sobre una relación causa-efecto policialmente demostrada como falsa. ETA tenía proyectados los atentados, más que para combatir al Tribunal Supremo, para mostrar su propia existencia y para acallar las críticas internas de la cárcel, el exilio y su entorno político, que cuestionan la continuidad de la violencia no tanto por su inmoralidad como por su eficacia cuando falta la capacidad operativa suficiente.

ETA parece dispuesta a prolongar su violencia como única forma de ser y existir. Los coches bomba de hace dos fines de semana, el atentado de ayer contra los juzgados de Tolosa y las informaciones policiales confirman que la dirección de la banda se prepara para un largo periodo de supervivencia. Yo no creo que su capacidad operativa le dé para mucho, pero sí para hacerse presente, como una organización terrorista capaz de producir temor y daño, y perpetuarse así como un problema irresoluble. Esos parecen ser sus objetivos. Harán atentados esporádicos, cuidarán su financiación con el impuesto terrorista, mantendrán unido a su mundo, aunque con crecientes dificultades, y seguirán esperando una oportunidad -ya perdida- de negociar su final a cambio de pretensiones imposibles. Utilizarán, cada vez más, una técnica con pocos riesgos para sus activistas: colocar un coche cargado de explosivos y huir, pero con crecientes riesgos para producir una catástrofe. ¿Será ése su fin?

El Estado también está preparado para afrontar este trágico pulso. No hay otro remedio. Hemos intentando la paz creyendo que la querían y la ruptura del alto el fuego va a ser contestada, lo está siendo ya, con una articulación represiva en el ámbito policial y político que busca neutralizar el entramado que dirige ETA y provocar el desistimiento de la violencia y la aceptación de la democracia. Esa estrategia combate cada día mejor, con más eficacia y conocimiento, con creciente colaboración internacional, con mejor información y tecnología, la estructura operativa de la banda. Junto a ella, se aplicará el principio de que con violencia no habrá política posible, y se impedirá legal y judicialmente cualquier organización paralela y toda actividad pública de su entramado. La estrategia represiva tiene además un creciente apoyo social, por razones obvias en época de atentados terroristas y porque el marco de unidad política con el PP se ha recuperado sólidamente en este nuevo escenario.

Sin embargo, la unidad democrática en Euskadi brilla por su ausencia. Es preciso reconocer que hay una línea divisoria profunda y preocupante con los partidos nacionalistas y con el Gobierno vasco en torno a la ilegalización de las organizaciones políticas y sociales de ETA. Hemos discutido hasta la saciedad los argumentos jurídicos, incluso morales, de esta medida incuestionablemente democrática con quienes utilizan la política al servicio y a las órdenes de la violencia. Hasta el falso y tramposo argumento de que en Francia no les ilegalizan, se está viniendo abajo, cuando también allí pretenden combinar, como aquí, violencia y política.

Las sentencias de la Sala 61 del Tribunal Supremo sobre ANV y EHAK han concluido en la ilegalización, no tanto porque sean instrumentos de la banda terrorista, como porque proporcionan «un apoyo a los fines y a las acciones de una organización terrorista en forma directa o indirecta». El eje argumental de las sentencias es que mediante su apoyo a Batasuna, EHAK y ANV se han convertido en el equivalente funcional de este partido, en su momento declarado ilegal, y han pasado a ser también la expresión de la estrategia terrorista de ETA, de la que no se han distanciado.

Este apoyo se funda en argumentos fácticos fundamentales que, según dispone el propio TS, han de valorarse de forma conjunta, conforme a la jurisprudencia del Tribunal. Cuatro son esos argumentos: Que han proporcionado infraestructuras a un partido ilegalizado. Que han mantenido un análogo discurso respecto de la legitimación activa u omisiva de la violencia. Que han colaborado económicamente y de forma directa con un partido ilegalizado. Que han incorporado a la actividad política a un número importante de personas pertenecientes a un partido ilegalizado.

Pero más allá del debate jurídico, esencial y suficiente por sí solo, en términos democráticos, sigue latiendo en este tema el debate sobre la utilidad o la eficiencia de esta medida. Es frecuente escuchar estos días el repetido argumento de que 'esto no nos acerca a la paz', o 'la ilegalización los victimiza', etcétera. Al respecto conviene recordar algunos datos que son incuestionables: Batasuna y toda una constelación de organizaciones sociales han vivido en plena legalidad desde 1978 hasta 2003 y en veinticinco años jamás han servido para que la violencia fuera diluyéndose en la política. Por lo tanto es falsa la creencia -en la que hemos estado todos, ésa es la verdad- de que hace falta un partido de la izquierda abertzale que sirva de receptor al abandono de la violencia. Al contrario, lo que ha ocurrido es que ETA ha utilizado esa estructura sociopolítica que le brindaba la democracia para nutrir y reforzar su estrategia armada. La Justicia ha probado que más de quinientas personas procesadas o investigadas por acciones terroristas procedían de diversas listas electorales de Batasuna. El trasiego de militantes comunes ha sido incesante -tal como Atutxa denunciaba en los noventa- y si quedase alguna duda, ahí tienen al último detenido en Francia con una pistola, robando coches, recién venido de la cúpula de Batasuna. Tampoco puede especularse con la posibilidad de que Batasuna alumbre algún liderazgo que arrastre a ETA a la política o que pueda pilotar el fin de la violencia. Es una esperanza vana. Sabemos hasta la saciedad que es ETA la que decide y lo hemos comprobado en todos los episodios dialogados, el último en Loyola. Es una constatación empírica que quienes tienen comandos y armas acaban imponiendo sus estrategias, dentro de ETA y no digamos fuera, es decir, sobre el entramado político de su causa y de su historia.

Dicho lo cual, cabe preguntar a quienes rechazan la ilegalización: ¿Es moralmente aceptable que convivan en nuestro sistema de partidos quienes utilizan la violencia para eliminar al adversario? ¿Puede y debe la democracia protegerse de esta práctica tramposa y mafiosa? ¿A qué conduce sostener una estrategia tan injusta que el tiempo ha demostrado fracasada?

A los partidos nacionalistas, al PNV especialmente, y al próximo Gobierno vasco, les corresponde una seria y profunda reflexión sobre su actitud para deslegitimar la violencia y llevar a ese mundo al desistimiento. Tenemos que responder con sinceridad a los interrogantes antes citados y agotar las virtualidades de una nueva estrategia que sólo acaba de iniciarse. Todo el mundo sabe que los queremos dentro del sistema y que la manida normalización llegará cuando abandonen las armas y se integren en el juego político en igualdad de condiciones que los demás; es decir, con la voz y la palabra, con los votos y la democracia. Todo el mundo sabe que podrán defender la independencia de Euskadi, la reunificación vasca, la euskaldunización de todos los vascos o lo que sea. Nada impedirá que sus sueños puedan ser realidad si convencen a la mayoría de los vascos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero también sabemos y lo hemos comprobado que la democracia puede vivir sin ellos si persisten en el uso del terror. ¿Podrán ellos vivir sin presencia política? Agotemos esa vía.

El Correo 5/10/2008

CONCILIACIÓN: Una directiva contra el tiempo de vivir

Otros muchos y grandes temas están pendientes de encontrar el equilibrio entre las exigencias de un mercado competitivo y feroz en la globalidad y las múltiples demandas de una sociedad que aspira a valores humanos intrínsecos a su ser: la dignidad laboral, la justicia social, la eliminación de la pobreza y las grandes desigualdades, la sostenibilidad ecológica y otras muchas causas todavía pendientes.

La jornada laboral es uno de esos conflictos irresueltos. Una directiva de la UE pretende facilitar una jornada laboral más extensa, frente a las limitaciones legales o a las concertaciones sociales que establecen jornadas máximas por debajo de las 48 h. semanales en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la sociedad, me atrevo a decir que sin distinción de ideologías o de países, aspira a trabajar menos horas para vivir más y mejor y para conciliar la vida personal y familiar con el trabajo.

Es evidente que hay razones sobradas desde la perspectiva del mercado y de la competencia para alargar las jornadas laborales en Europa. Leí hace unos días un artículo de un experto –socio de una firma de abogados- en el que se explicaba la creciente necesidad de que las empresas europeas "flexibilicen" (curioso eufemismo que se han inventado para decir alarguen, prolongue o amplíen) el tiempo de trabajo. Los argumentos son conocidos: atraer más inversores, competir con países con salarios más bajos y jornadas laborales más altas, respetar el derecho individual de quienes quieran trabajar más, etc. etc. Pero hay poderosas reflexiones sociales que Europa no debería olvidar.

A finales del Siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor y la máquina se introdujo en la producción, la Jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas de trabajo semanales. A finales del Siglo XIX, con el descubrimiento del motor eléctrico, la jornada se redujo a 48 horas semanales. Con el fordismo y la producción en cadena a 40 horas, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En España, fue Joaquín Almunia, entonces Ministro de Trabajo del primer gabinete de Felipe González y hoy Comisario Europeo de Economía, el que elaboró y propuso la Ley de las 40 horas semanales en 1983, es decir, hace ahora veinticinco años.

Hay pues una constante histórica en la reducción de la jornada laboral junto a los avances tecnológicos. La mejora de productividad que nos proporcionan los descubrimientos técnicos, la hemos empleado en mejorar la calidad de vida de la humanidad en general y de la población laboral en particular. A finales del Siglo XX se ha quebrado esta constante. La revolución tecnológica actual: microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biogenética, etc. que constituyen una combinación exponencial de innovaciones técnicas, muy superior a cualesquiera otras de nuestra historia, está siendo acompañada de una prolongación y extensión de la jornada laboral en una triple paradoja.

La primera nos señala una progresiva ampliación de la Jornada Laboral en el mundo, incluso en aquellos países en los que la Ley ha fijado máximos horarios de jornada. Es una prolongación absurda, ilógica, contraria al sentido del tiempo y de la vida. Pero es también una prolongación paulatina, silenciosa, inexorable. No está amparada por la Ley, ni por el convenio, pero se hace patente en las oficinas de los bancos, auditoras, despachos de abogados o de arquitectos, en las que nuestros hijos, trabajan casi de sol a sol, en jornadas de 12 horas diarias muy frecuentemente.

La segunda paradoja es menos conocida pero no despreciable. Las tecnologías que permiten más flexibilidad y las comunicaciones que permiten más movilidad, están produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador y con ello nos llevamos la oficina a casa, al fin de semana y a los viajes por el mundo de la economía globalizada. Muchas jornadas laborales se prolongan además por este método invasivo en la vida personal.

Por último, esta prolongación de la Jornada Laboral real en el mundo, se está produciendo paralelamente al gran fenómeno social que ha traído la gran revolución feminista de los últimos cincuenta años, la que, entre otras grandes conquistas, ha llevado a la mujer al trabajo formal, es decir, al trabajo fuera del hogar, lo que a su vez ha abierto un debate social sobre la necesidad de incorporar la conciliación familiar/personal a la jornada de trabajo de mujeres y hombres, es decir, de madres y padres que trabajan fuera.

Pues bien, cuando la tecnología nos lo facilita y cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana. Una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. ¿A qué lógica responde que la tecnología vaya en contra de las aspiraciones humanas?

Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. Pero además es un tiempo mal vivido. La liberación de tiempo es una de las claves para rehacer el entramado social, comunicativo y afectivo de nuestros mundos vitales. Incluso para el reequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres. La familia, la educación de nuestros hijos, las redes sociales de la convivencia ciudadana, etc. Ni el robot, ni el chip tienen porqué condenarnos al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo en que vivimos.

Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización nos impone una competencia feroz, pero ¿dónde está escrito que ello exija globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será el momento de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales de los sindicatos y la socialdemocracia de la 2º mitad del Siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política, que se imponga al mercado, en la regulación de la sociedad?

En 1980 Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 1973, escribió: "Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar, de un alto nivel de vida. Después de su expulsión, tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico de los últimos 200 años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso". Pues bien, parafraseando a Leontief, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente hacia el paraíso, sino más bien hacia el infierno social.

Diario Responsable,2/10/2008

Una directiva contra el tiempo de vivir

Ahora que se discute, de nuevo, sobre mercado y Estado a propósito de la necesidad de reforzar las funciones regulatorias e inspectoras de las autoridades económicas sobre los agentes financieros, viene a cuento recordar que no es ésa la única manifestación de esa dialéctica compleja. Otros muchos y grandes temas están pendientes de encontrar el equilibrio entre las exigencias de un mercado competitivo y feroz en la globalidad y las múltiples demandas de una sociedad que aspira a valores humanos intrínsecos a su ser: la dignidad laboral, la justicia social, la eliminación de la pobreza y las grandes desigualdades, la sostenibilidad ecológica y otras muchas causas todavía pendientes.

La jornada laboral es uno de esos conflictos irresueltos. Una directiva de la UE pretende facilitar una jornada laboral más extensa, frente a las limitaciones legales o a las concertaciones sociales que establecen jornadas máximas por debajo de las 48 h. semanales en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la sociedad, me atrevo a decir que sin distinción de ideologías o de países, aspira a trabajar menos horas para vivir más y mejor y para conciliar la vida personal y familiar con el trabajo. Es evidente que hay razones sobradas desde la perspectiva del mercado y de la competencia para alargar las jornadas laborales en Europa. Leí hace unos días un artículo de un experto –socio de una firma de abogados- en el que se explicaba la creciente necesidad de que las empresas europeas “flexibilicen” (curioso eufemismo que se han inventado para decir alarguen, prolongue o amplíen) el tiempo de trabajo. Los argumentos son conocidos: atraer más inversores, competir con países con salarios más bajos y jornadas laborales más altas, respetar el derecho individual de quienes quieran trabajar más, etc. etc. Pero hay poderosas reflexiones sociales que Europa no debería olvidar.

A finales del Siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor y la máquina se introdujo en la producción, la Jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas de trabajo semanales. A finales del Siglo XIX, con el descubrimiento del motor eléctrico, la jornada se redujo a 48 horas semanales. Con el fordismo y la producción en cadena a 40 horas, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En España, fue Joaquín Almunia, entonces Ministro de Trabajo del primer gabinete de Felipe González y hoy Comisario Europeo de Economía, el que elaboró y propuso la Ley de las 40 horas semanales en 1983, es decir, hace ahora veinticinco años.

Hay pues una constante histórica en la reducción de la jornada laboral junto a los avances tecnológicos. La mejora de productividad que nos proporcionan los descubrimientos técnicos, la hemos empleado en mejorar la calidad de vida de la humanidad en general y de la población laboral en particular. A finales del Siglo XX se ha quebrado esta constante. La revolución tecnológica actual: microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biogenética, etc. que constituyen una combinación exponencial de innovaciones técnicas, muy superior a cualesquiera otras de nuestra historia, está siendo acompañada de una prolongación y extensión de la jornada laboral en una triple paradoja.

La primera nos señala una progresiva ampliación de la Jornada Laboral en el mundo, incluso en aquellos países en los que la Ley ha fijado máximos horarios de jornada. Es una prolongación absurda, ilógica, contraria al sentido del tiempo y de la vida. Pero es también una prolongación paulatina, silenciosa, inexorable. No está amparada por la Ley, ni por el convenio, pero se hace patente en las oficinas de los bancos, auditoras, despachos de abogados o de arquitectos, en las que nuestros hijos, trabajan casi de sol a sol, en jornadas de 12 horas diarias muy frecuentemente.

La segunda paradoja es menos conocida pero no despreciable. Las tecnologías que permiten más flexibilidad y las comunicaciones que permiten más movilidad, están produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador y con ello nos llevamos la oficina a casa, al fin de semana y a los viajes por el mundo de la economía globalizada. Muchas jornadas laborales se prolongan además por este método invasivo en la vida personal.

Por último, esta prolongación de la Jornada Laboral real en el mundo, se está produciendo paralelamente al gran fenómeno social que ha traído la gran revolución feminista de los últimos cincuenta años, la que, entre otras grandes conquistas, ha llevado a la mujer al trabajo formal, es decir, al trabajo fuera del hogar, lo que a su vez ha abierto un debate social sobre la necesidad de incorporar la conciliación familiar/personal a la jornada de trabajo de mujeres y hombres, es decir, de madres y padres que trabajan fuera.

Pues bien, cuando la tecnología nos lo facilita y cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana. Una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. ¿A qué lógica responde que la tecnología vaya en contra de las aspiraciones humanas?

Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. Pero además es un tiempo mal vivido. La liberación de tiempo es una de las claves para rehacer el entramado social, comunicativo y afectivo de nuestros mundos vitales. Incluso para el reequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres. La familia, la educación de nuestros hijos, las redes sociales de la convivencia ciudadana, etc. Ni el robot, ni el chip tienen porqué condenarnos al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo en que vivimos.

Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización nos impone una competencia feroz, pero ¿dónde está escrito que ello exija globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será el momento de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales de los sindicatos y la socialdemocracia de la 2º mitad del Siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política, que se imponga al mercado, en la regulación de la sociedad?

En 1980 Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 1973, escribió: “Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar, de un alto nivel de vida. Después de su expulsión, tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico de los últimos 200 años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso”. Pues bien, parafraseando a Leontief, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente hacia el paraíso, sino más bien hacia el infierno social.

Artículo publicado el 1 de octubre en el diario Expansión

Señores, seamos más responsables.

Las crisis económicas severas tienen siempre poderosas virtudes didácticas: revelan deficiencias estructurales e institucionales y defectos en los comportamientos de los agentes económicos. La actual, por desgracia, constituye un verdadero manual de este tipo de fenómenos. Y, también, un caso modélico para alimentar escepticismos en torno a lo que se viene llamando responsabilidad social de la empresa (RSE). Algo que se aprecia particularmente en una de las muchas vertientes de la crisis: la generada en el sector financiero por el fenómeno de las hipotecas subprime (es decir, de mala calidad), primero en Estados Unidos y luego extendida a prácticamente todos los confines del sistema financiero mundial.

No hace falta detenerse en los ya muy conocidos detalles de esta crisis, pero sí recordar la irresponsabilidad general con la que han actuado muchos de sus actores. En primer lugar, las entidades concesionarias de hipotecas de Estados Unidos, que han otorgado préstamos que un análisis mínimamente prudente habría considerado inviables, apoyados en la facilidad con que podían transferirlas a otras entidades financieras. En segundo lugar, las entidades adquirentes, que (maravillas de la ingeniería financiera) empaquetaban las hipotecas en más que opacos productos estructurados, para colocarlas, también con total facilidad y no poco rendimiento, a inversores y a otras entidades. En tercer lugar, estas últimas instituciones, que han adquirido (y vendido) productos con riesgo incierto (y altísimo) basándose en sus fuertes rentabilidades inmediatas. En cuarto, las agencias calificadoras, que han evaluado evidentemente mal (¿un simple error?) los mencionados productos, alentando el negocio a través de la confusión y el ocultamiento. Finalmente, las autoridades reguladoras y supervisoras, que han permitido un negocio no sólo de riesgo desmedido, sino incluso fraudulento en no pocos casos.

En definitiva, un modelo de negocio basado en la concesión de créditos con débiles criterios de riesgo y en la fragmentación y posterior transferencia generalizada de ese riesgo (para que otros arreen con las consecuencias). Todo ello, además, con muy elevados niveles de apalancamiento en todos los participantes, lo que no ha hecho sino aumentar la fragilidad y la gravedad del proceso. Un círculo mágico que perdió, como es sabido, todo su encanto con el estallido de la crisis inmobiliaria y el rápido desplome de los precios de los muy sobrevalorados activos inmobiliarios sobre los que descansaba todo el artificio.

Y lo que era rutilante ingeniería financiera y aportación impresionante de valor, de golpe se transmuta en crisis generalizada del sistema financiero internacional: porque son muchas las entidades de todo el mundo que tienen en sus sótanos cuantiosos paquetes nutridos con malas hipotecas. Paquetes, además, en los que nadie sabe bien cuánto hay de malo, por lo que nadie tampoco sabe con certeza cuánta es la pérdida. Razón por la que, con la crisis inmobiliaria, todas las entidades adoptan al tiempo (ahora sí) una prudencia severa y reducen drásticamente sus préstamos a las restantes, con lo que el sistema cierra bruscamente el grifo financiero al conjunto de la economía, desatando una durísima crisis general.

Una crisis, claro, que pagaremos todos. Y muy especialmente, como siempre, los más desfavorecidos: mucha gente modesta de prácticamente todo el mundo que se verá enfrentada a un súbito encarecimiento del crédito (cuando no a la simple imposibilidad de su consecución), a la pérdida de la vivienda o al paro, y que verá muy severamente dañados sus niveles de vida. Por encima del coste del apoyo a las entidades financieras más afectadas, ése es el verdadero coste de la irresponsabilidad.

La RSE se basa en un mantra de general aceptación: radica ante todo en la responsabilidad con que la empresa ejecuta su negocio. Por eso, toda la historia anterior es, entre otras cosas, una suma de irresponsabilidades flagrantes. Todo ello en un sector absolutamente vital en la economía moderna y que, por eso, tiene (debería tener) una responsabilidad social particularmente acusada. Una responsabilidad que debe materializarse ante todo en su actividad crediticia, en la que es esencial la forma en que se analiza y gestiona el riesgo: piedra angular de la que depende su capacidad de generar valor, pero también su poderosa capacidad destructiva.

Y no hablamos sólo de entidades de tercera fila, sino también de algunos de los principales bancos del mundo. Entidades, para más inri, que han hecho de la responsabilidad corporativa su bandera. Un reciente documento oficial de una de las mayores y más afectadas por la crisis señala que la entidad se siente orgullosa de contribuir a mitigar problemas sociales básicos: algo -continua- que "... hacemos a través de nuestra filantropía y del voluntariado de nuestros empleados, pero, lo que es aún más importante, a través de nuestras prácticas de negocio...". Caramba: ¿qué habrían hecho de no tener esos principios?

No se trata de hacer leña del árbol caído, pero algo deberíamos aprender de estas contradicciones. Cuando menos a soportarlas menos displicentemente y a denunciarlas, porque eso ayudará a asumir más coherentemente los compromisos y -perdonen la palabrota- a mentir menos. Pero tampoco deberíamos olvidar otra enseñanza de la crisis. Las malas prácticas se han desarrollado al calor de una creciente debilidad del sistema de regulación y supervisión. Aunque no dudamos de la calidad de la gestión de las entidades españolas, es el especial rigor del Banco de España el que nos ha protegido en parte del contagio.

Lo que a su vez nos conduce a otra enseñanza: esta creciente liberalización financiera está posibilitando, ciertamente, una intensa innovación, una sofisticación portentosa y una eficiencia también creciente, pero incorporando unos niveles de riesgo cada día mayores. El dinamismo económico general que ese proceso impulsa es evidente, pero también lo es el incremento de la vulnerabilidad sistémica que comporta. Por ello, no debería considerarse irracional la opción de equilibrar mejor la eficiencia con dosis mayores de seguridad. Una seguridad que en buena parte es la mayor garantía de sostenibilidad a largo plazo: algo para lo que la maximización de la eficiencia a corto plazo suele ser un peligro letal.

La moraleja de la historia, en este sentido, es múltiple y en buena medida obvia. No obstante, desde Alternativa Responsable nos parece que no está de más recordar algunas de estas obviedades:

1. Por una parte, que la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la pretensión de maximizar el beneficio en el menor plazo posible son frecuentemente reflejo de irresponsabilidad y casi siempre causa a la larga de resultados trágicos.

2. Por otra, que -nos guste o no- para la generación de mecanismos de seguridad y para el fomento de actitudes más responsables, la regulación sigue siendo imprescindible: porque se puede, desde luego, confiar en la responsabilidad de muchas empresas, pero más se debe temer la irresponsabilidad de otras.

3. En tercer lugar, que la regulación, en muchos casos -como el financiero- debe estar coordinada a escala internacional para ser efectiva.

4. Finalmente, que, además de la regulación, es necesario dotarse de mecanismos legales efectivos para que -por encima del carácter eminentemente voluntario de la RSE- las irresponsabilidades empresariales graves que produzcan daños a terceros sean adecuadamente conocidas y penalizadas.

Por ello, y aunque en este caso puntual la regulación española no pueda ser criticable, ¿no creen ustedes que, con carácter general, esta moraleja tiene también interés para España? En nuestra opinión, la responsabilidad social de las empresas en el sector financiero debe empezar por estas reglas elementales. Además, y por añadidura, debe abarcar muchas otras materias: transparencia, buen gobierno, políticas laborales, control de la subcontratación, acciones sociales, etcétera. Pero las enseñanzas obtenidas de esta crisis son claras: la RSE de bancos, cajas y demás entidades financieras -como en toda empresa- deben inspirar e impregnar ante todo el núcleo de su actividad: su negocio.

El País, 21/09/2008 Artículo firmado por todos los miembros de Alternativa Responsable.

Teatro victimista

En breve se conocerá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consulta del Gobierno vasco. La escena está debidamente preparada para que en los próximos meses, hasta las elecciones vascas, se desarrolle un auténtico teatro victimista cuya trama principal será, ¡cómo no!, la flagrante violación del derecho de los vascos a decidir. Así, en abstracto y sin matices. A decidirlo todo, siempre y solos, nosotros los vascos. Poco importa que la sentencia sea un razonado y sistematizado argumentario de fundamentos jurídicos extraídos de nuestro marco constituyente en el que se indiquen los límites de lo que podemos decidir solos y de lo que debemos decidir junto a otros. Poco importarán las razones que previsiblemente expondrá el Tribunal para negar al Gobierno vasco sin autorización del Estado, un referéndum de evidente calado constitucional. La obra ya está escrita y viene desarrollándose desde hace meses. Desde mucho antes incluso a la aprobación de la ley en el Gobierno vasco; aunque durante el verano ha cogido velocidad de crucero y en los próximos meses alcanzará su apogeo.

No debería sorprendernos esta capacidad victimista de nuestros nacionalistas porque ésa ha sido siempre una de sus características políticas. Pero no deja de resultar penosa cuando se convierte en santo y seña del gobierno del país. El espectáculo de estos últimos meses escenificando todo tipo de actos y declaraciones para dramatizar la más que previsible negativa del ordenamiento jurídico a la ley de la consulta, ha llegado al esperpento. Reuniones del tripartito y de su consejo político diciendo una cosa hoy y mañana la contraria, fotos ante el Tribunal de unos líderes que no pueden recurrir, recursos ante el Tribunal de Estrasburgo de gobiernos que no están legitimados, supuestas denuncias colectivas por violación de derechos humanos que no se pueden presentar. Todo ello en medio de una indisimulada disputa entre PNV y EA por desmarcarse mutuamente en la radicalidad de la protesta contra el Tribunal. Me temo que la capacidad de imaginación victimista de los partidos del Gobierno vasco no ha terminado y, hasta que el lehendakari convoque las elecciones tendremos que ver y soportar nuevas ocurrencias.

Me pregunto para cuándo la autocrítica, la mirada hacia nosotros mismos como país o como pueblo, que nos señale lo que no hacemos bien o lo que no hacemos y deberíamos hacer. La política vasca está demasiado anclada en el fácil recurso de culpar a los demás de nuestros males. El enemigo exterior, generalmente el Gobierno de España, es el blanco fácil al que disparar nuestras críticas, mientras escondemos nuestros errores. Si el Estatuto no se ha cumplido, la culpa siempre la tiene Madrid. Si alguien recurre el Concierto Económico a Europa, la culpa al Gobierno de La Rioja. Si el Tribunal rechaza la ley vasca, es la Constitución española la que niega el derecho de los vascos. Es difícil encontrar la reflexión autocrítica sobre determinados maximalismos en la interpretación estatutaria, o sobre algunas prácticas contra la competencia en el desarrollo del Concierto Económico o sobre manifiestos incumplimientos de los preceptos constitucionales en la estrategia soberanista. ¿Para cuándo una reflexión sincera sobre la fractura sociopolítica de Euskadi en los últimos diez años? ¿Qué ocurre con nuestros jóvenes licenciados que se van a miles a trabajar fuera de Euskadi? ¿Es hora de replantearnos la política lingüística? ¿Tenemos la Universidad que necesitamos? ¿Cuándo superaremos la hostilidad territorial que nos separa y que paraliza proyectos comunes necesarios por un localismo exagerado? Mil preguntas más que exigen a los vascos salirnos de estas coordenadas malditas del victimismo y la agresión exterior en la que nos sitúa con frecuencia el nacionalismo.

Cuando veo a nuestro Gobierno literalmente monopolizado por una especie de política-ficción, en la que sólo se habla y se actúa para cambiar el marco político vasco y pasar del autogobierno a un soberanismo indefinido y confuso, me pregunto qué tiene que ver todo eso con nuestras vidas, con nuestra realidad y con la gente, con los dos millones de vascos que vemos cada día en playas y bares, en fábricas y en barrios, en fiestas y en familias, ajenos a esa especia de superestructura política que ocupa las páginas de los periódicos con las 'iniciativas' victimistas que prepara nuestro tripartito. Nunca como ahora hemos vivido tanta política de cartón-piedra, ajena a las preocupaciones reales de los vascos y movida por el viejo victimismo que busca el interés electoral contra el enemigo exterior.

Esto del victimismo es género común. La izquierda abertzale, por ejemplo, desarrolla también su propia obra. Desde que ETA frustró las esperanzas de todos, incluidas las de su propio mundo con la bomba de Barajas y la ruptura formal del 'alto el fuego permanente' en junio del año pasado, el entorno sociopolítico de la banda sabe que la democracia ha articulado reglas y poderes para que no sea posible una acción política paralela a la violencia. Desde entonces no paran de denunciar la 'represión sobre Euskadi' y lo que ellos llaman 'Estado de excepción vasco'. Quieren retrotraernos con su semántica y con su discurso a los tiempos del franquismo, como si no lleváramos treinta años largos de democracia, como si no fuera evidente que la democracia no les niega sus derechos de acción política por los objetivos que defienden, sino porque lo hacen junto a los que matan y a sus órdenes.
Las manifestaciones que convocan, las ruedas de prensa, sus 'slogans' y declaraciones, me suscitan una reflexión semejante a la que comentaba más arriba sobre el victimismo nacionalista. De una parte, parecen cada día más alejados de la gente. En las fiestas de las localidades vacas, en las regatas, en las concentraciones turísticas o en las calles, la gente pasa absolutamente de esa liturgia contestataria cada vez más testimonial y localista. Es como una parte del paisaje que hemos visto mil veces y que en nada nos afecta. Pero al mismo tiempo surge el reproche lógico y común a todo bien nacido: ¡Pues que dejen de poner bombas y hagan política, como los demás, que ya es hora!

¡Basta pues de este victimismo fácil y estéril! Somos los vascos quienes tenemos que resolver nuestros problemas recuperando la cultura del pacto y de la pluralidad, dedicándonos a lo importante, vertebrando nuestras comunidades identitarias y nuestros territorios y, sobre todo, logrando la paz. Somos un país de emprendedores ejemplares. Hemos construido un autogobierno potente y eficaz. Nuestros sectores económicos son competitivos y disfrutamos de un nivel de vida superior al de la media europea. Vivimos en un entorno físico envidiable. Tenemos grandes potencialidades. Pero nos falta lo principal: un marco de convivencia estable, sereno y en paz

El Correo, 11/09/2008

Más leña al fuego de las malas prácticas.

Debo admitir que Manuel Carneiro me sorprendió. Esa regañina paternalista “no es eso, Ramón, no es eso”, más propia de una relación profesor-alumno que de la que corresponde a nuestra amistad y mutuo reconocimiento, vino a echar leña al fuego de una breve propuesta que hice en “Diario Responsable” a principios de julio sobre la necesidad de un índice de malas prácticas empresariales. Doy por supuesto que Manuel Carneiro ha querido avivar el fuego de un debate sobre el que él y yo – junto a otros muchos, afortunadamente cada vez más – mantenemos una amplia coincidencia y una idéntica esperanza. Pero dicho esto, ¿por qué resulta tan escandaloso que se denuncien las malas prácticas de las empresas?

Los ciudadanos tenemos derecho a saber las informaciones negativas que las empresas ocultan sobre actividades poco sociales o nada sostenibles. Están bien las memorias de sostenibilidad, aceptamos el marketing de sus acciones sociales, pero deben ser contrastadas con la verdad, con la opinión de los grupos de interés, con los informes de ONGs cívicas, con la opinión de observatorios independientes con capacidad y credibilidad de denuncia.

Pongamos ejemplos: una empresa de obras públicas expone en su memoria sus prácticas medioambientales y es denunciada por una altísima siniestralidad laboral. ¿Conviene o no que esto se sepa? Una empresa de servicios muestra orgullosa un alto índice de inserción de la discapacidad en su plantilla, pero sus sindicatos le denuncian por no negociar el convenio colectivo o maltratar salarialmente a una parte de su plantilla. ¿Es bueno o no que esto se sepa?

Greenpeace ha atracado su ‘Artic Sunrise’ en la costa de Cádiz para presentar su estudio ‘Una receta para el desastre’, donde ofrece un listado de los supermercados y grandes superficies de distribución más irresponsables con sus políticas de compra sobre pescado de entre aquellas que operan en España. Tras el estudio, la conclusión: ninguno de estos grandes supermercados cumple los mínimos exigibles. ¿Conviene que los consumidores españoles posean esta información o no?

Human Rights Watch (HRW), organización internacional dedicada a proteger los derechos humanos, ha criticado el incumplimiento de los compromisos de Responsabilidad Corporativa (RC) que los doce principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos de Beijín 2008 establecieron antes de su comienzo. Los doce grandes patrocinadores se agrupan en el llamado ‘The 12 TOP’ (‘The Olympic Partner’) y son Atos Origin; Coca-Cola; General Electric; Manulife; Johnson & Johnson; Kodak; Lenovo; McDonald’s; Swatch Group; Panasonic; Samsung; y Visa. En la fase previa a la inauguración de los actuales Juegos Olímpicos, HRW los reunió para acordar el compromiso de establecer un órgano permanente dentro del Comité Olímpico Internacional (COI) que trabajaría como observatorio sobre posibles abusos relacionados con los derechos humanos. Sin embargo, HRW ha emitido un comunicado donde afirma que el grupo de ‘The 12 TOP’ “ha fallado” en su promesa de hacer público los abusos a los derechos humanos que detectasen vinculados a los Juegos Olímpicos de Beijín, ya que la organización ha recopilado información de diversas reuniones y correspondencia con algunas de estas empresas donde se muestran “numerosas violaciones a los derechos humanos relacionadas con los Juegos de Beijín”. ¿Es buena esta denuncia para la información que tenemos sobre estas marcas?

La Autoridad Británica de Estándares Publicitarios, ASA por sus siglas en inglés (UK’s Advertising Standards Authority) ha apoyado las denuncias de la ONG ecologista WWF por las que alegaban que la multinacional petrolera Shell hacía un mal uso del término ‘sostenible’ en su publicidad. Shell ha desarrollado una campaña publicitaria en la que se afirmaba que la construcción de la mayor refinería de EE.UU. y la extracción de petróleo de las arenas negras de Canadá eran formas ‘sostenibles’ de producción energética, sin especificar por qué se pueden considerar sostenibles. Un informe publicado recientemente por WWF recoge que la producción de petróleo procedente de arena puede provocar hasta ocho veces más emisiones de gases contaminantes que con la actividad de extracción convencional. “El petróleo procedente de la arena es uno de los recursos energéticos más contaminantes del mundo y de los que mayor impacto ambiental provocan”, afirma el director de Campañas de WWF en Reino Unido, David Norman, quien asegura que “estas extracciones no pueden ser descritas como un proceso sostenibles y por ello, la publicidad de Shell es totalmente engañosa”. ¿Interesa esta información a quienes juzgamos las marcas petroleras para elegir la gasolina que compramos?

¡Claro que la RSE es V-O-L-U-N-T-A-R-I-A! Eso ya se sabe. Pero lo que no es admisible es la mentira y la ocultación de la verdad. Si quieren vender etiqueta sostenible y/o responsable, ¡qué lo sean de verdad! Y la que no lo sea, que lo sufra.

Manuel Carneiro y yo sabemos que el futuro de la RSE depende de una sociedad capaz de premiar a las empresas sostenibles/responsables y de castigar a las que no lo son. Pero para que ese premio social en consumo e inversiones sea posible, hace falta una sociedad informada, formada y capaz de ejercer sus soberanos derechos en sus múltiples decisiones sobre el mercado. Y para que esa sociedad madura a la que aspiramos llegue algún día, hacen falta denuncias serias y rigurosas de las malas prácticas. Se trata de “eso”, querido Manuel.

Diario Responsable, 20/08/2008

El PNV y el Estatuto

Que a estas alturas de la película democrática haya que discutir sobre quién defiende más y mejor el Estatuto de Gernika, si el PNV o el PSE, me parece un juego superfluo y anacrónico. Hace ya mucho tiempo que el PNV lo abandonó como marco jurídico-político en el que situar su proyecto político. Exactamente hace ahora diez años, cuando suscribió un pacto de 'acumulación de fuerzas nacionalistas' con EA, Ezker batua, Batasuna y la propia ETA, en defensa de la autodeterminación para la independencia. Desde entonces, el PNV hace un doble juego tan conocido como cínico. Usa el marco estatutario y sus instituciones para mantenerse en el poder, pero trabaja exclusivamente en la gestación política de un nuevo marco que nada tiene que ver con la autonomía. El Estado libre asociado y la consulta para el derecho a decidir, son los dos grandes emblemas de ese giro político. ¿A qué viene pues enarbolar el Estatuto como bandera en manos de quienes ya hace años que lo abandonaron?.

Es superfluo también discutir con el PNV del lehendakari si una determinada competencia pendiente de transferencia lo está por culpa del Gobierno central, del PSE o de la ministra tal o cual. Hace años que dejaron de reivindicarlas, salvo para alimentar la tesis victimista. Para ello, bastaba con ponerse en la posición más maximalista y hacer imposible la negociación para poder seguir acusando al Gobierno de España de incumplir el Estatuto y hacer así visible la llamada decepción estatutaria, teoría que el PNV lleva desarrollando desde mediados de los noventa como coartada a su abandono estatutario. Por esto resulta falto de toda credibilidad el intento del señor Anasagasti por acusar al PSE de incumplir el Estatuto a través de un artículo publicado en este diario (18-7-2008) plagado de anécdotas personales, tan del gusto del senador nacionalista.
Estaríamos dispuestos a debatir sobre incumplimientos estatutarios, si nuestros interlocutores aceptaran el marco que establece el Estatuto y su desarrollo y las reglas del juego de su reforma en su caso. Pero con quienes desprecian lo uno y lo otro, el marco y las reglas, no tenemos nada que discutir. De quienes se desmarcan de los compromisos que ese mismo Estatuto establece, no aceptamos exigencias. De quienes utilizan el Estatuto no como un espacio de consenso y convivencia, sino como arma arrojadiza contra todos los demás, no aceptamos reproches.
Si no fuera así, podríamos entablar una discusión constructiva y matizar o revocar algunas afirmaciones que el discurso nacionalista ha venido haciendo estos últimos diez años. Podríamos estar dispuestos incluso a reconocer la dificultad de materializar algunos traspasos en base a la doble y antagónica interpretación que suscitan algunos textos estatutarios. Podemos admitir igualmente que, en ocasiones, los gobiernos del Estado han aprobado leyes de bases invadiendo parte del contenido de desarrollo previsto para las autonomías. Reconocemos -¿qué hay de malo en ello?- que las circunstancias políticas han favorecido unas veces y perjudicado en otras la negociación y el desarrollo estatutario. Pero todo ello no son sino detalles de lo esencial, esto es, el abandono del PNV de la vía estatutaria y su opción independentista, más o menos disfrazada por eufemismos como el soberanismo, el Estado libre asociado, etcétera, y más o menos reivindicada según convenga al oportunismo de cada momento. La cuestión importante no es saber qué propuesta estatutaria puede hacerse para resolver algunos traspasos complejos, sino el hecho de que al PNV ya no le interesan esos traspasos porque ha decidido abandonar la vía estatutaria y pretende llevar al País Vasco a un proceso independentista a plazos, de la mano de una mayoría nacionalista que está intentando fraguar junto a la izquierda abertzale y la sopa de letras nacionalistas afín (EA, EB y Aralar).
En este viejo debate sobre el Estatuto hay dos cosas que los ciudadanos deben saber. Primera: el Estatuto de Gernika ha dado a Euskadi un autogobierno como el que jamás tuvo en su historia y mayor que el de cualquier nación sin Estado de los regímenes federales o confederales del planeta. No hay un modelo de autonomía en el mundo que pueda compararse con el autogobierno político, cultural y económico-financiero del País Vasco. Por eso, la llamada 'decepción estatutaria de los nacionalistas' es un camelo, dicho sea con todos los respetos. Si a los nacionalistas de finales de los setenta les hubieran dicho lo que sería la Euskadi de veinte años después, no se lo habrían creído. Segundo: los problemas que ha sufrido el Estatuto y su desarrollo y los que todavía no se han resuelto, son naturales como la vida misma. Forma parte de la lógica de las cosas y de un proceso político tan complejo como el que hemos realizado estos últimos treinta años. La tensión y la negociación, los desacuerdos y las soluciones, las presiones y las coyunturas, los éxitos y los fracasos, forman parte de un balance construido a golpe de política pura. Es consustancial a los modelos federales la gestión continuada de conflictos de intereses entre poderes territoriales.
Anécdotas subjetivas y por ello sesgadas y parciales, todos podríamos contar muchas. Durante los gobiernos de coalición PNV-PSE (PSOE), fueron innumerables las veces que hicimos fuerza en los gobiernos de Felipe González para obtener resultados ventajosos: el desarrollo de la Ertzantza con un modelo financiero envidiable, por ejemplo. La transferencia de Osakidetza, con un volumen de inversiones anejas extraordinario, o las grandes infraestructuras del Gran Bilbao (puerto y aeropuerto), o la ayuda a la reconversión industrial. Parece mentira que sigamos oyendo este quejido victimista cuando en todas las comunidades autónomas de España están envidiando la financiación vasca, un 40% superior a la de las demás.
¿Quedan temas pendientes? Sí, y no es difícil comprenderlo dada la naturaleza de algunas materias. La I+D+i, por ejemplo, trasciende la dimensión nacional de los Estados. La eficiencia de esas políticas y la intercomunicación del conocimiento aconsejan una planificación supranacional. La Seguridad Social ha reducido el concepto de 'régimen económico' con la informatización centralizada, y las prisiones, mientras tengamos ETA, tienen una problemática añadida bien fácil de comprender. No quiere eso decir que esas materias no tengan contenido competencial, pero sí que necesitan una adaptación a las nuevas realidades, algo por cierto muy común y normal en los regímenes federales.
Una reforma del Estatuto sería, en mi opinión, algo muy conveniente. Al igual que lo ha hecho Cataluña o Andalucía, Euskadi podría dar un importante salto en su autogobierno. No olvidemos que el Estatuto de Gernika es un texto muy básico, casi primitivo democráticamente hablando, elaborado antes y al margen de acontecimientos que han cambiado mucho nuestro horizonte político. La Unión Europea, la inmigración, la I+D+i, el Estado del Bienestar, etcétera. Una reforma estatutaria como la que defiende el PSE-EE (PSOE) permitiría grandes avances: 1) Una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos de Euskadi. 2) Una amplia regulación de derechos y libertades, así como deberes de los ciudadanos para con los poderes públicos de Euskadi y una nueva definición de objetivos y principios rectores en las políticas públicas. 3) La mejora del autogobierno con nuevas competencias, así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones. 4) Una organización de la administración de la justicia y del Poder Judicial con una base más autonómica y más eficiente. 5) Una nueva regulación de la participación en los asuntos de la Unión Europea, así como nuevas facultades de acción exterior. 6) Un nuevo modelo de mayor cooperación y participación en las tareas de la administración del Estado a través del reconocimiento de la bilateralidad.

La pregunta es: ¿Quiere el PNV esta reforma? La otra gran pregunta es: ¿Entenderá alguna vez la izquierda abertzale que una reforma como ésta será su gran oportunidad para integrarse a la democracia plenamente? Esto es lo que el PSE-EE (PSOE) defiende y pretende, y esto es lo que haremos si gobernamos en Euskadi el año que viene.

El Correo, 25/07/2008

Funerales y laicidad

El empeño de un periódico madrileño por titular en primera tres días seguidos sobre la supresión o no de los mal llamados funerales de Estado en el documento sobre laicidad del congreso del PSOE, me ha suscitado la oportunidad de una reflexión algo más amplia sobre laicidad y símbolos religiosos en los actos públicos de la oficialidad española.

Empezaré por lamentar que, una vez más, los titulares periodísticos eleven a categoría la anécdota y acaben reduciendo un interesante y profundo documento elaborado por el partido del Gobierno sobre un tema sensible y poliédrico, a una frívola y simplificada decisión que, además, no nos corresponde. Porque, efectivamente, la naturaleza, religiosa o no, de los actos fúnebres, corresponde a la familia del fallecido. La asistencia de representantes públicos no convierte a los funerales en 'funerales del Estado'. Y por último, hay muchos actos de despedida a los muertos que son de naturaleza laica y que se complementan frecuentemente con los actos religiosos de forma natural: capilla ardiente y funeral, por ejemplo, sin que nadie adopte una radical e innecesaria decisión para elegir artificiosamente entre unos y otros.

Les contaré a qué viene todo esto. En la resolución que los socialistas aprobamos sobre laicidad, en el 37 congreso, se hacía un largo exordio sobre la necesidad de avanzar en una mayor cultura laica en nuestro país. En un párrafo en el que se describían los retos y reformas que debemos incorporar a nuestras instituciones y costumbres, para avanzar en ese principio y a título de ejemplo se citaban los funerales de Estado. Primer titular: 'Se suprimirán los funerales de Estado'. El día que se votó este texto y a sugerencia de varios congresistas, eliminamos esa cita porque lo importante era la idea y el ejemplo - los funerales de Estado- era innecesario y además inoportuno. Segundo titular: 'Marcha atrás en la supresión de los funerales de Estado'. Días después, descubierta la supuesta intervención de Rodríguez Zapatero en el asunto, se volvía a la primera y a cuatro columnas: 'Zapatero frenó el plan del PSOE de suprimir los funerales de Estado'.

Durante el congreso y en mi calidad de ponente informé a la prensa de que se había decidido eliminar esa referencia porque es la familia quien decide y porque en la liturgia, civil o laica, no hay una ceremonia comparable a la religiosa para despedir a los muertos. Por este último razonamiento he recibido críticas encendidas que acepto con deportividad pero que no comparto. He asistido a centenares de funerales religiosos con las víctimas de ETA. En alguna ocasión y por deseo de la familia, la inhumación se ha producido sin acto religioso y la tristeza de la despedida ha sido gélida. Los socialistas de Eibar acostumbran a enterrar a los afiliados del partido en una ceremonia laica que celebraban (ignoro si lo siguen haciendo) en las escaleras del cementerio eibarrés. Arriba, en el rellano de la última escalera, en la puerta de entrada al cementerio, se colocaba 'el cura laico', nuestro querido Benigno Bascarán en su día. Desde allí hacía un discurso sobre la vida del compañero fallecido. Elogiaba sus virtudes, repasaba sus momentos vitales, contaba alguna anécdota y poco más. Con todo, había una liturgia laica, aunque fría y poco propicia al duelo, al acompañamiento familiar y al protocolo de la condolencia.

No es casualidad que sean los funerales los actos religiosos menos asaltados por la competencia de la laicidad. Véase las bodas. Hace veinte años el 90% de las bodas eran religiosas. Hoy hay más ceremonias civiles laicas que religiosas. Poco a poco se ha construido una liturgia laica en la que intervienen padres o padrinos, el oficiante hace un discurso sobre el contrato del matrimonio, se leen poemas, los niños acompañan con alguna cosa escrita en su inocente lenguaje y en fin, música clásica debidamente elegida o alguna intervención coral, hacen el resto. Curiosamente, estos elementos laicos empiezan a incorporarse a los funerales religiosos con intervenciones de familiares o amigos al final de la misa o durante ella, haciendo al funeral difícilmente sustituible en este doloroso acto.

Pero, más allá de esta anecdótica cuestión, lo importante es reconocer la necesidad de avanzar en la laicidad constitucional, concepto que podríamos resumir en cuatro principios: libertad religiosa y de conciencia; igualdad de trato y no discriminación del Estado; separación entre Estado y cualquier confesión religiosa y la cooperación con las confesiones religiosas teniendo en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos.

Mi admirado J.M. Ruiz Soroa escribió no hace mucho un argumentado reproche contra una intervención parlamentaria mía en la que negaba la necesidad de una ley para prohibir la presencia del crucifijo en ceremonias públicas. También aquí acepto la crítica y la lógica de que los poderes públicos generen conductas laicas, aunque discrepe sobre la oportunidad de hacerlo mediante leyes prohibicionistas. Mi posición era y es que la laicidad es una cultura que debe ir siendo implantada conforme la ciudadanía la comprende y la asume. No ha hecho falta una ley para quitar los crucifijos de juzgados y escuelas y sin embargo en la mayoría de los lugares públicos ya no hay simbología religiosa. Dicho lo cual, admito que tenemos todavía mucho camino por recorrer.

En primer lugar, la necesidad de construir y educar a las generaciones jóvenes en una ética pública cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales y la declaración universal de los derechos humanos. Aquí destaca la importancia de Educación para la ciudadanía. Segundo, el desafío de crear una cultura pública laica y prácticas de ciudadanía basadas en la tolerancia activa y la deliberación, sin exclusiones ni pretensiones impositivas. Tercero, la consolidación de unas relaciones de cooperación apropiadas, caracterizadas por la igualdad y no discriminación con las diferentes confesiones religiosas. En cuarto lugar, la igualdad ante el estado de ciudadanos y asociaciones cuya libertad religiosa y de conciencia se expresa en orientaciones laicas, no específicamente religiosas. En último término, la desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las instituciones públicas, y la eliminación progresiva de símbolos religiosos en los edificios y actos públicos. Todo ello de acuerdo al sentir general de la ciudadanía, pues no es nuestro propósito actuar por imperativo legal sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española. Por todo ello, sí hemos adoptado la decisión de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) y abordar en ella estas medidas. El mandato constitucional de aconfesionalidad así lo exige. Pero hacerlo con prudencia y acompañando a la sociedad en una cultura tolerante de la laicidad, es lo más inteligente en un país cuya memoria histórica algo nos enseña sobre esta delicada cuestión.

El Correo,20/07/2008

¿Para cuando un índice de malas prácticas en RSE?

Hasta ahora, en la experiencia española y en la de casi todo el mundo, la evaluación de la RSE se hace sobre índices y reportes que destacan las prácticas positivas de las empresas. Las instituciones premian las mejores prácticas en inserción de la discapacidad, conciliación laboral y personal, etc. Los índices bursátiles de sostenibilidad elaboran listados con las empresas que cumplen determinadas condiciones. Los observatorios y auditores otorgan rankings de transparencia, etc. Pero son muy raros los informes críticos con las malas prácticas o con las actuaciones contrarias a la sostenibilidad de las empresas. ¿Para cuándo un índice serio de empresas no sostenibles o de prácticas empresariales censurables?

Por supuesto debe ser un índice serio y riguroso. El daño que se puede producir con una información falsa o no contrastada suficientemente, con una acusación infundada o frívola, o con exigencias impropias o imposibles, puede ser mayúsculo. Pero hecha con solvencia, la denuncia de malas prácticas o de actuaciones empresariales contrarias a Derechos Humanos o a las leyes o a la ecología, puede y debe ser un formidable estímulo a la expansión de la RSE. Dos ONGs suizas conceden los “premios” Mirada Crítica (Public Eye Awards), para denunciar las actuaciones empresariales más irresponsables del año. ¿Para cuándo una iniciativa semejante?

No estamos cuestionando la propaganda social y la búsqueda de rentabilidad económica en la RSE. La necesidad de rentabilidad económica y corporativa como contrapartida a la política de RSE están fuera de toda duda. Es más, urge que las buenas prácticas de RSE rindan resultados económicos para justificar las inversiones y costes de estrategia empresarial hacia la excelencia en sostenibilidad.

Pero las políticas de marketing social que pretenden diluir en la propaganda de una determinada acción social, prácticas sociolaborales o medioambientales incompatibles con la sostenibilidad entendida ésta en sentido amplio, deben ser denunciadas como el peor remedo de la RSE. Lo mismo, o peor todavía, podría decirse de las estrategias de reputación corporativa manifiestamente engañosas sobre valores o características sostenibles de la actividad y productos de una empresa, que no corresponden para nada con la realidad.

Diario Responsable, 17/07/2008