26 de diciembre de 2021

Renovar la socialdemocracia.

Desde la caída del muro en 1989, se han extendido actas de defunción a la socialdemocracia cada vez que era derrotada en alguno de los grandes países de Europa. Pero esas derrotas jamás significaron la desaparición de ese proyecto. Hoy, sin ir más lejos, la socialdemocracia gobierna en once de los veintisiete países europeos y la victoria del SPD en Alemania abre un ciclo que puede tener su continuidad en Italia y Reino Unido.

La razón de esta pervivencia es la identificación de los europeos con dos valores esenciales en su ADN cultural y político: libertad e igualdad. Dicho de otra manera, no hay en el espectro ideológico-partidario otra formación que exprese mejor las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía: democracia y justicia social. Con más o menos éxito en la gestión de esos ideales en cada país, la socialdemocracia europea tiene acreditado su protagonismo en la construcción del modelo social más avanzado, el Estado del Bienestar, y su compromiso con democracias sólidas, basadas en Estados de Derecho, fuertes sistemas constitucionales y un equilibrado balance de derechos y deberes. 

Pero el nuevo siglo trajo consigo nuevos fenómenos sociales y no pocas crisis que han resituado a la socialdemocracia en un horizonte político y social más complejo y han debilitado su capacidad electoral. Un cierto des‐ gaste de nuestras organizaciones políticas, unido a una pérdida de la «emoción y de la épica social», debido a la consolidación de las estructuras del Estado de Bienestar, aceptadas también por la derecha política y asumidas como un marco natural por los ciudadanos. Nuevas pulsiones identitarias de nacionalismos antiglobalizadores y antieuropeos que absorben voto obrero antimigratorio. La democracia digital que no empodera a los ciudadanos y que, sin embargo, banaliza y simplifica la política favoreciendo liderazgos fatuos o populistas y devaluando el debate complejo y contradictorio de las soluciones reales. Una globalización financiera que, unida al dominio de los valores neoliberales en estas últimas décadas, ha hecho reaparecer la desigualdad como factor social.

 Son cambios que se trasladan a un panorama político fragmentado en el que el multipartidismo se ha instalado en la mayoría de los países, haciendo necesarios los gobiernos de coalición de distinto signo. La cia debe responder a esos nuevos fenómenos actualizando sus respuestas para seguir siendo la fuerza vertebradora de las demandas mayoritarias de la sociedad. Hay –resumiendo mucho– cinco bloques de temas urgentes para esa renovación de la socialdemocracia. 

1.- Restablecer la igualdad. La participación de las rentas del trabajo en la riqueza ha disminuido. Los abanicos salariales son disparatados. Nuevas brechas formativas y tecnológicas generan empobrecimientos y precariedad en el trabajo no cualificado. Las políticas redistributivas han perdido capacidad de igualar las oportunidades ante la vida. Hay que restablecer la igualdad y hay que aplicar nuevas fórmulas predistributivas. En la educación y en la formación, en el acceso a la cultura, en los salarios mínimos y en los convenios. Hay que repensar la progresividad fiscal y combatir la elusión tributaria de sociedades y patrimonios con una fiscalidad transnacional cooperativa y transparente. Por último, hay que refortalecer los servicios públicos básicos: educación y sanidad. 

2.- Fortalecer la democracia. Las democracias están atacadas por múltiples enemigos: populismos, nacionalismos, redes sociales, derivas autoritarias... La crisis democrática es global y el combate a esos enemigos es total. Hay que fortalecer el Estado de Derecho, legitimar las instituciones, educar en virtudes ciudadanas y en la cultura del interés público y de las responsabilidades. Hay que reforzar la laicidad frente a las intromisiones religiosas. Hay que fomentar el multiculturalismo y el cosmopolitismo. Hay que recuperar la confianza en los partidos políticos y en los responsables públicos. La ejemplaridad es más necesaria que nunca. Hay que regular Internet y las redes y generar una nueva legislación digital de derechos y deberes. Las democracias no aseguran el buen gobierno, pero sin democracia no hay gobierno bueno. 

3.- Gobernar las dos grandes disrupciones: ecológica y digital. En el gobierno económico todo está sometido a contradicciones. No hay fórmulas mágicas ni soluciones perfectas. La socialdemocracia tiene que ser capaz de equilibrar las exigencias de la transición a la neutralidad de las emisiones en 2050 con el desarrollo económico y el empleo. Alemania, con su coalición rojo-verde, será una buena guía. Caminamos hacia una nueva sociedad laboral. Los cambios tecnológicos están configurando un mundo lleno de oportunidades y de retos. La socialdemocracia debe ser capaz de encontrar los equilibrios entre crecimiento y distribución, entre flexibilidad y seguridad en el trabajo, entre emprendimiento y protección social, entre tecnología y equidad. La idea esencial será pilotar, gestionar estos cambios –no negarlos–, pero regulando las importantes consecuencias sociales que generan para evitar brechas sociales injustas.

4.- Europa federal. La socialdemocracia es federalista. Asume la identidad, pero la somete a la solidaridad bajo la regla de la subsidiariedad. Nos repugnan las exclusiones identitarias y la exacerbación nacionalista. Queremos organizar nuestra esfera pública en cuatro círculos concéntricos: ciudad, región, Estado y Europa. Queremos avanzar en el federalismo europeo. Hoy Europa es una unión intergubernamental necesitada de fuertes reformas de raíz federal. La socialdemocracia europea tiene una especial responsabilidad, en tanto que fuerza mayoritaria, para avanzar en esta dirección venciendo resistencias nacionales y dotando a las instituciones euro‐ peas de mas poder y competencias para una mejor integración. 

5.- Una agenda internacional progresista. No hay gobierno de la globalización. Grandes decisiones que afectan al mundo las toman fondos financieros y grandes multinacionales sin control político alguno. 
El multilateralismo está herido de muerte después de Trump y una larga lista de cuestiones vitales para el mundo dependen de organizaciones débiles y poco democráticas. La socialdemocracia debe articular una agenda progresista y de gobernanza de la globalización. Debe concretar sus propuestas y soluciones para las grandes materias supranacionales pendientes: paz, hambre, regulación de Internet, fiscalidad, cambio climático, etcétera.

En este proyecto caben las identidades reivindicativas del siglo XXI: feminismo, ecologismo, sexualidad, diversidad, etc. Pero nos equivocamos si convertimos la socialdemocracia en una suma desordenada de esas identidades. Su reto es integrar esas reivindicaciones y esas tradiciones en un proyecto político de mayorías. Hay que defender con firmeza la democracia frente a sus múltiples enemigos.

Publicada en El correo, 26/12/2021


3 de diciembre de 2021

Memoria reconciliada.

"El éxito de la Transición tuvo su fundamento en el perdón colectivo. No comprendo que demos a entender que lo que hicimos en su día no estuviera bien hecho" 

Fui ponente de la Ley de Memoria de 2007. Creo firmemente que tenemos causas pendientes con nuestra memoria histórica, la que hace referencia a nuestra Guerra Civil y a la represión franquista posterior. Todavía en 2011, siendo ministro de Presidencia, elaboramos el Mapa de Fosas en el que aparecen señaladas, con gran precisión, casi 2.000 fosas en las que puede haber restos de fusilados durante la guerra o después de ella. Constituí una comisión de expertos para transformar el Valle de los Caídos que dictaminó la necesidad de retirar a Franco de su tumba y propuso un plan de transformación de ese lugar. Otorgamos cientos de certificados a familias de fusilados declarando la ilegitimidad de los tribunales que los condenaron y anulando por ello esas sentencias.

La democracia española, en los años 80, adoptó diversas medidas para atender a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior: se indemnizó a los republicanos que habían sufrido prisión en las cárceles franquistas, a los familiares de los republicanos fallecidos en la guerra, a los mutilados por heridas de guerra y se devolvió la condición de funcionarios a quienes fueron privados de ella por su pertenencia al lado republicano – militares y maestros, sobre todo–, incluso se ampliaron esas indemnizaciones a las víctimas de la represión policial antes de la amnistía del 77. Así, muchas otras medidas compensatorias a la España que perdió la guerra. 

Quedan causas pendientes, lo reafirmo, y por ello creo en una política de memoria. Especialmente con la exhumación y dignificación de los restos en fosas y en el Valle. Entiendo por ello que el actual Gobierno haya presentado una ley queriendo culminar esa tarea, tantos años después. Pero estoy absolutamente en contra de exigir responsabilidades penales a nadie por el pasado anterior a aquella Ley de Amnistía de 1977 que todos los demócratas del momento consideramos una gran conquista de libertad y justicia. 

Creo firmemente que debe ser una memoria reconciliada y sin afán vengativo. Que no abra esa inmensa caja de pandora sobre culpabilidades penales, aunque todos sepamos que las hubo.

El pacto reconciliatorio de España cristalizó en la Ley de Amnistía y en la Constitución. El éxito de la Transición democrática de España tuvo su fundamentación sentimental en el perdón colectivo. Que el régimen franquista se disolviera y que hubiera una autentica ruptura con la dictadura fue posible porque la amnistía inauguraba un tiempo nuevo para todos. Porque decidimos no volver a las dos Españas, porque aceptamos la existencia del otro y reconocimos sus derechos en un régimen de pluralismo político. Porque no quisimos que el pasado dañara nuestra convivencia del futuro. 

No fue una imposición de los viejos poderes, sino una convicción de los jóvenes demócratas que queríamos construir un marco de convivencia para todos. Por eso, la Constitución nunca fue un texto de unos sobre otros, sino la suma de renuncias de unos y otros, para hacer posible la alternancia de todos en un régimen de libertades y democracia No comprendo que incorporemos disposiciones a la Ley de Memoria Histórica que producen confusión jurídica dando a entender que lo que hicimos en su día no estuviera bien hecho. Pretender ahora que los crímenes del franquismo no queden impunes por la aplicación del principio de Derecho Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra equivale a su aplicación a todos los crímenes de nuestra Guerra Civil. Y todos sabemos que hubo muchos en las dos partes. ¿Estamos pensando en perseguirlos todos? 

Me entristece que no defendamos nuestros principios y nuestras convicciones sobre aquel pacto que elogió el mundo entero. Nunca quisimos juzgar el pasado. Por eso celebramos con tanta alegría la conquista de la amnistía y que no quedara ningún preso político, ni de ETA ni del antifranquismo, en la cárcel. 
Es verdad que confundimos perdón con olvido durante demasiado tiempo, pero me pregunto si es posible recordar sin culpar ni perseguir a nadie por nuestros recuerdos. ¿Cabe una memoria reconciliada de nuestro trágico pasado? ¿Es posible una memoria sin afán vengativo? Gregorio Peces Barba, nuestro constituyente, solía decir que el gran paso que dimos los españoles en nuestra historia, con la Constitución que inauguramos en 1978, fue el reconocimiento y el respeto al otro, al diferente, al portador de otras ideas, de otros recuerdos, de otro proyecto para el país. Lo decía, recordando el bello verso de Machado: «El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve».

Publicado en El correo, 3/12/2021


 

11 de noviembre de 2021

Ciencia y política: Triunfo y fracaso.

 La pandemia nos ha dejado una multitud de lecciones que, desgraciadamente, no estamos siendo capaces de extraer. Para hacerlo, al fin y al cabo, sería necesario que nuestro sistema institucional creara espacios de análisis y reflexión política en los que se escuchara a los expertos y se analizaran las consecuencias de la pandemia en los diferentes planos sectoriales. Ya estamos a tiempo de examinar, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional, las consecuencias económicas de un shock de oferta mundial, nuestra falta de previsión en la cadena de suministro de elementos básicos, nuestros fallos organizativos en la coordinación territorial o nuestra legislación para hacer frente a las pandemias.

El tenso panorama político nacional no favorece que una tarea de prospectiva tan elemental pueda realizarse en una subcomisión parlamentaria en la que, por ejemplo, se escuche a los responsables de las áreas sectoriales afectadas, extrayendo conclusiones y recomendaciones para futuras situaciones semejantes. Y es que parece evidente que otras pandemias no son solo posibles, sino probables: nuestro desarrollo ha perturbado y destruido ciclos naturales, alimentando las posibilidades de que se produzca otra zoonosis. La experiencia nos ha demostrado, además, que la velocidad de contagio es mucho mayor que en épocas pasadas: la viruela tardó tres siglos en expandirse por el mundo, el sida tres años y la covid-19 tres meses.

No obstante, la ciencia ha vencido al patógeno. Además, con mucha probabilidad, los avances genéticos de nuestros laboratorios, unidos a la inteligencia artificial y a las supercomputadoras, permitirán descubrir el ADN y el genoma de cualquier virus, ofreciéndonos en pocos meses nuevas vacunas para enfrentarlos.

A pesar de todo, esto es un consuelo, no la solución. Tenemos que hacernos cargo de un planeta enfermo y de un ecosistema gravemente afectado por los impactos humanos: existe una conexión entre pandemia y naturaleza, y la lucha contra el cambio climático debe ser por ello una de nuestras primeras prioridades. Esta es la principal responsabilidad que la política asume como consecuencia de lo sufrido con la covid-19, pero no es la única.

De hecho, la política, entendida –de forma abstracta– como la organización humana de nuestra convivencia, está directamente apelada por la ciudadanía a gobernar estas urgencias que nuestro desarrollo está produciendo. Más que nunca, la pandemia ha situado en la escena global el conjunto de nuestros intereses. El mundo entero ha estado pendiente de saber si el virus venía de una zoonosis en una ciudad china o había sido ‘fabricado’ en un laboratorio; ha vivido con angustia la espera de la vacuna mirando a los laboratorios americanos, ingleses, chinos o rusos; ha seguido las recomendaciones de la OMS y las estadísticas de contagios y muertes en cada país para saber dónde era posible viajar o no. Hoy el planeta al completo se halla afectado por la cadena de suministro de miles de objetos en un sistema de producción deslocalizado entre múltiples países. El turismo y los viajes en avión, los costes energéticos, los fondos financieros de la recuperación: todo se ha hecho global en este escenario supranacional que la pandemia ha acelerado y ha puesto en evidencia.

La política ha fracasado en la gestión de todas estas consecuencias. Surgen, así, varias preguntas. ¿Quién falló en la deslocalización desordenada y masiva que dejó a Occidente falto de suministros sanitarios básicos? ¿Quiénes habían previsto que un shock universal de oferta acabaría produciendo bloqueos productivos esenciales? ¿Pudo evitarse el parón general de los puertos y del transporte marítimo de contenedores?

Durante la pandemia, ¿dónde quedó la política? Al fin y al cabo, política es repartir las vacunas, y hasta hoy solo el 4% de la población de los países pobres ha sido vacunado; mientras tanto, corremos el riesgo de que 800 millones de dosis almacenadas en los frigoríficos occidentales corran el riesgo de caducar. Política también es que los organismos financieros internacionales y los Bancos Multilaterales de Desarrollo aporten financiación a países necesitados de recursos para enfrentar los daños sociales y económicos de la pandemia. La política es, a su vez, fortalecer la OMS y crear un sistema global de monitorización y prevención de pandemias, así como negociar con los laboratorios la liberalización de las patentes –y universalizar así su producción a costes mínimos– de unas vacunas de las cuales los gobiernos han financiado la mayor parte de los costes de la investigación. Política es tomar medidas para que no se produzcan cuellos de botella en las cadenas de suministro, asegurar las infraestructuras tecnológicas –que se han revelado esenciales para mantener la vida en periodos de confinamiento masivo de la población– y asegurar la transición ecológica hacia la descarbonización. La política es, en definitiva, casi todo.

La gran lección, por ello, es reconocer que la ‘desgobernanza‘ de la globalización –esa escena planetaria en la que nos ha colocado la pandemia– reclama una acción política supranacional, coordinada, proactiva, previsora, interventora, humanitaria y, por supuesto, ecológica.

Cometen un error quienes quieren trasladar las numerosas incertidumbres y miedos que genera el futuro hacia el Estado-nación, como si éste fuera el último y el único refugio. El refuerzo de la tentación nacionalista como antídoto a la globalización desgobernada nos conduce por el camino equivocado: las "seguridades" nacionales son falsas ante la dimensión de los retos que amenazan a la humanidad. El futuro no es nacionalista, sino global. El reto, por tanto, es gobernar lo desgobernado, pues la mayoría de los problemas que enfrentamos reclaman soluciones supranacionales. El futuro no es, tal como decía Trump, de los patriotas, sino de los globalistas exigentes con la gobernanza planetaria.

Otra cosa es que la ciudadanía reclame el fortalecimiento de las instituciones llamadas a proporcionar seguridad, salud, libertad, igualdad y todos aquellos bienes públicos que configuran su contrato social. Aquí tenemos un espacio nacional ineludible para afrontar la calidad de nuestros sistemas democráticos. Renovar el contrato social, el que vincula la ciudadanía con sus instituciones, reclama de la izquierda política –especialmente de la socialdemocracia– y de sus mejores ideas para poder restablecer la igualdad, fortalecer los servicios públicos y enriquecer la democracia.

El G-20 de Roma y la cumbre de Glasgow han dado pasos en la buena dirección. El multilateralismo volvió con Joe Biden, observándose en los avances que se adoptan en materias tan diversas como la fiscalidad mínima a las empresas multinacionales y los compromisos en la descarbonización. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia merecen más solidaridad internacional en el reparto de las vacunas, así como más valentía institucional en la organización sanitaria mundial. La ciencia, que se comunica, se difunde y se comparte al margen de las fronteras nacionales, nos da un buen ejemplo para una política que necesita incorporar el multilateralismo y la cooperación de la solidaridad como elementos nucleares de un mundo más justo.

Publicado en   Ethic, 10/11/2021 
 

5 de noviembre de 2021

La Fiscalidad en los ESG

En la larga marcha de la Responsabilidad Social de las Empresas, el “Reporte” siempre ha sido fundamental. Al principio, en los comienzos de este siglo, se llamaba la “triple memoria”, aludiendo así a la necesidad de que las memorias de las empresas no contuvieran solo los resultados financieros, sino que incluyeran también los datos sociales y laborales de la compañía. Recuerdo muy bien la firme oposición de la CEOE a esta exigencia cuando su representante nos preguntaba en la subcomisión parlamentaria creada al efecto, por qué debían informar las empresas de sus datos sociolaborales si cumplían con las leyes y por qué debían hacerlo si sus prácticas que superaban los mínimos legales, eran totalmente voluntarias.

Esto era en 2003-2004 y desde entonces -quien lo iba a decir- esta materia ha evolucionado mucho. En 2014 la UE estableció la obligatoriedad de la Información no financiera para las empresas grandes, que fue convertida en ley en España a finales de 2018 mediante la transposición correspondiente de la Directiva. Ahora, en abril de este año, la Comisión Europea ha lanzado el procedimiento legislativo de una nueva directiva que amplía considerablemente el universo de las empresas afectadas por esta exigencia y detalla extraordinariamente el contenido de la información que sus “Reportes” deben contener [(Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)]

Bajo las siglas ESG, todo el mundo de la Sostenibilidad empresarial entiende que se integran múltiples epígrafes de información en tres aéreas fundamentales de la vida de las empresas.

“E” equivale a mediciones del compromiso empresarial contra el cambio climático: Estrategia de descarbonización, huella de carbono, Taxonomía UE sobre Finanzas Sostenibles, etc.

“S” equivale a condiciones de trabajo: salud, seguridad, igualdad frente a las brechas de género, diversidad. etc. También incluye DDHH y cadena de suministro.

“G” equivale a transparencia sobre todo y a todos. Criterios de gobernanza de los diferentes planos señalados en los capítulos anteriores, debida diligencia, controles interiores compliance etc.

Me pregunto dónde queda la Fiscalidad de las empresas. Sorprende que siendo este un tema de creciente alarma social, no forme parte de las exigencias informativas a las empresas. Hasta el G-20 acaba de aprobar una medida (el impuesto mínimo del 15%) a la vista del hecho evidente y reiterado de que las grandes compañías multinacionales aprovechan las diferentes normativas nacionales para desarrollar una ingeniaría fiscal elusiva. Cuando está más que acreditada la evasión fiscal en los espacios fiscales opacos, de patrimonios y beneficios que lesionan la capacidad recaudatoria de las haciendas nacionales. Cuando todo el mundo sabe que las plataformas y las grandes empresas tecnológicas tienen la capacidad de ubicar sus beneficios donde la presión fiscal es menor o simplemente no es.

La cultura de la sostenibilidad no puede eludir esta exigencia informativa, porque al hacerlo, lesiona la credibilidad del concepto y destruye la viabilidad de su expansión social. Además, afecta a la competencia, porque quienes cumplen con las normas fiscales, ven perjudicadas sus expectativas por sus rivales defraudadores y se genera así un espíritu de incumplimiento fiscal en el seno de la sociedad de gravísimas consecuencias.

Digámoslo claramente, la información fiscal, (country by contry) de las empresas ante sus respectivas haciendas nacionales, es un factor fundamental de la credibilidad sostenible y debe ser expresamente incluido en la nueva directiva europea. Queremos saber cuánto paga cada empresa en cada país. Queremos que se establezca una metodología informativa homogénea y queremos que esa información venga avalada por el departamento fiscal correspondiente

Quienes creemos en el valor social de la sostenibilidad, quienes defendemos la importancia de esta cultura empresarial en el contexto de las grandes trasformaciones sociales y económicas que estamos viviendo, quienes reclamamos una empresa responsable y comprometida con su entorno y con sus stakeholders, no podemos permanecer impasibles ante esta ausencia.

Publicado en Diario Responsable, 5 noviembre 2021

28 de octubre de 2021

De la revolución a la tiranía

Nicaragua está llamada a votar el 7 de noviembre en unas condiciones democráticamente inaceptables. No hay por quién votar. No hay porqué votar. 

Entré en la cárcel del Chipote en enero de 2019, unos meses después de la revuelta social de abril de 2018 en Nicaragua en la que murieron más de trescientas personas. El primer preso que vimos llevaba meses encerrado en una celda con un pequeño tragaluz, sin salidas al patio y sin visitas. Se abrazó a nosotros, nos pidió una Biblia y una bombilla. Se llamaba Miguel Mora, periodista, acusado de incitación al terrorismo. Fue liberado un año después. Hoy ha vuelto a ser encarcelado en una nueva cárcel del Chipote, ante las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. Su nuevo delito: atreverse a ser candidato.
Junto a él están encarcelados aproximadamente 150 líderes políticos y sociales del país. Entre ellos siete candidatos presidenciales que pretendieron disputar la presidencia al comandante Ortega, el viejo líder sandinista de aquella revolución triunfante contra el dictador Somoza en 1979. El joven revolucionario de entonces hoy es un viejo dictador, un tirano. 

Cuando finalizaba la visita de observación internacional que el Parlamento Europeo hizo a Managua aquel mes de enero de 2019 mantuvimos una tensa, pero cordial, entrevista con el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Le expusimos nuestras denuncias, le pedimos la libertad de los presos, le aconsejamos serenar y consensuar el país... le exigimos elecciones libres. Su respuesta fue una confusa acusación a Estados Unidos de todos los males de su país. La vieja atribución a los yankis de todas las responsabilidades, el chivo expiatorio que buscan todos los dictadores para ocultar las suyas. Como los militares argentinos que invadieron las Malvinas para ocultar sus crímenes y la ruina económica del país. 
Nuestra visita abrió un horizonte de negociación hacía un proceso electoral democráticamente aceptable. La comunidad internacional presionaba hacia unas elecciones libres en 2021. Hasta que Ortega y su Frente Sandinista intuyeron que podían perder y aquí se inició una nueva ola represiva que ilegalizó partidos, cerró periódicos y medios de comunicación hostigó a líderes campesinos, sociales y estudiantiles y finalmente encarceló, con acusaciones delirantes, a todos los candidatos a la presidencia.

 Hoy siguen en la cárcel la mayoría de ellos, en arresto domiciliario (la señora Chamorro) o en el exilio. Las organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas del país, los obispos son acusados de terroristas, algunas embajadas han tenido que retirar su representación por las ofensas recibidas (como la española), líderes históricos del país permanecen en el exilio (como Sergio Ramírez), no hay libertades ni pluralismo político. Una Policía del Frente, paralela a la oficial pero sin control, siembra el miedo y la coacción por doquier y miles de líderes, mediáticos, sociales y políticos, han tenido que abandonar el país. Esta es la Nicaragua de hoy y la que está llamada a votar el próximo 7 de noviembre, sin observación electoral internacional y en unas condiciones democráticamente inaceptables. Una farsa. No hay por quién votar. No hay porqué votar. 

Nicaragua es un pequeño país de esa Centroamérica marginada y torturada por su historia y su pobreza. Yo añadiría también por sus dirigentes. Honduras, Guatemala, El Salvador, junto a Nicaragua, son países que encontraron la paz a sus guerrillas y a sus conflictos internos en los Acuerdos de Esquipulas (1985) pero, desgraciadamente, no encontraron el progreso y el bienestar. Ahora, algunos de ellos están en manos del narcotráfico, de populistas o de simples dictadores. 

Nadie se preocupa por ellos. La comunidad internacional, Estados Unidos principalmente, mira a sus masas migratorias, hacia río Grande y poco más. Pero Nicaragua es un país que suscitó la solidaridad de cientos de europeos que se unieron a la guerrilla contra Somoza. He conocido a varios de ellos que hoy lamentan que aquel movimiento insurgente cargado de épica de justicia y libertad se haya convertido en una maquinaria represora y que su líder sea una réplica del viejo caudillo. 

Las democracias pueden definirse de muchas maneras. Hay una que es simple pero rotunda: Es la aceptación de la derrota, la admisión de la alternancia política. Es el reconocimiento de que el pueblo vota en libertad y al hacerlo puede poner fin a tu poder. Por eso, tienen razón los que dicen que no hay que poner calificativos a la democracia. Tampoco a las dictaduras. Por ser de izquierdas, las dictaduras no dejan de serlo. Al contrario, prostituyen la izquierda, la destruyen al pisotear la libertad. Ningún ideal de justicia y de igualdad social puede sostenerse negando las libertades y el pluralismo político. Ya lo dijimos algunos en el eslogan de nuestro primer congreso en democracia: «Socialismo es libertad».

Publicado en El Correo y Diario Vasco 28/10/2021

20 de octubre de 2021

Avanzan, pero nunca llegarán.

Positivo, aunque insuficiente. Ese sería el análisis más objetivo, más equilibrado de la reciente declaración de Otegi-Sortu, para conmemorar el décimo aniversario del fin de la violencia. Entre las valoraciones extremas de ese comunicado, las que consideran que ha sido un paso histórico y las que lo desprecian, creo que el término medio es el más justo y el que contempla con más precisión su significado.

Es positivo porque nunca habían llegado tan lejos: “Queremos trasladarles (a las víctimas) nuestro pesar y nuestro dolor por el sufrimiento producido”. Realmente no es la primera vez que lo hacen, pero nunca lo hicieron tan solemne ni tan expresamente. El día y el lugar elegidos y la forma en que lo expresaron añadieron simbolismo y cierta sinceridad al reconocimiento del daño causado.

“Nunca debió haberse producido”. ¿Es esto una condena? No, no llega a tanto, aunque sí es una autocrítica, que, sin embargo, ya fue introducida en el comunicado de ETA de 2018, cuando anunciaron la disolución de la banda. “ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de ello debió producirse jamás o que no debió prologarse tanto en el tiempo”. (abril 2018)

Como verán, esto ya estaba dicho, pero eso no quita que tenga un valor hacerlo, en una cumbre de la izquierda abertzale, aunque sea tan tarde. El significado político más relevante es la confirmación de una paz que resulta irreversible.

Puede que el objetivo de Sortu sea reforzar su legitimidad política y abrir así expectativas de gobierno y de poder que estaban cerradas por las exigencias éticas no cumplidas. Pero, incluso en ese caso, tranquiliza saber que su apuesta política, tan tardía como forzada por su propia derrota, es bienvenida.

Este es el sentimiento mayoritario de la sociedad vasca cuando ve y lee este tipo de declaraciones. La paz se ha asentado en nuestras calles y en nuestras vidas de una manera rápida y sólida. En poco tiempo, nos hemos acostumbrado a está normalidad maravillosa que nos fue arrebatada a lo largo de casi toda nuestra vida.

¿Es suficiente? En mi opinión no lo es. Falta el reconocimiento de que matar estuvo mal. Falta un reconocimiento político de que la lucha armada nunca fue necesaria y que su verdadero error político y moral fue combatir a sangre y fuego a la democracia, al autogobierno, al pluralismo y al pueblo. Falta reconocer la injusticia de aquella opción. Falta asumir la culpa y la responsabilidad del daño causado a tantos inocentes y falta hacerlo con claridad y sin escudarse en la vieja filosofía del conflicto. Falta decir “Matar estuvo mal”.

¿Pueden llegar a este punto? Es muy difícil porque supone una enmienda a la totalidad de toda su historia. Representa un reconocimiento de que sus crímenes y su propio dolor no sirvieron para nada. Algo parecido a lo que respondieron algunos “provos” (militantes del IRA) cuando sus dirigentes les explicaron los acuerdos del “Good Friday” (GFA) “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”

Pues eso.

Publicado en  Huffington Post, 20/10/2021

13 de octubre de 2021

Fin de ETA: 10 años que transformaron nuestro mundo.

Han pasado ya 10 años desde que ETA anunciara “el cese definitivo de su acción armada”. Fue una tarde memorable. Estábamos en Vitoria e íbamos a iniciar un debate electoral con Alfonso Alonso (PP) y Emilio Olabarría (PNV). Decidimos suspenderlo y tomarnos unas cervezas con los asistentes. Siempre creímos que un día así nunca llegaría. Unos años más tarde, en mayo de 2018, anunciaron la disolución de la banda. Se cumplían 50 años de su primer atentado mortal, el guardia civil José Pardines, asesinado por Txabi Etxebarrieta en Aduna (Tolosa), verdadero comienzo de la historia criminal de ETA.

Al comienzo de esta tragedia, muchos creyeron que había razones para su lucha. Fue el primero de muchos errores. Nunca lucharon por la democracia española. Es más, luego la combatieron a sangre y fuego. Pero, aunque la democracia hubiese sido su razón política, nunca hubo razones para matar. Nunca, ninguna. De aquellos polvos vinieron luego grandes lodos. Su origen fue un fanatismo nacionalista, construido sobre una patria mitológica y una identidad etnicista excluyente. Situarlos en el marxismo-leninismo fue también equivocado. Creer que su lucha era revolucionaria engañó a demasiados, demasiado tiempo.

Su error, su inmenso error, fue despreciar la enorme generosidad de la amnistía, que no dejó ni uno solo de sus presos en la cárcel y las enormes avenidas de libertad y de autogobierno que configuraron la Constitución y el Estatuto de Gernika a finales de los años setenta. Desprecio agresivo y brutal porque su estadística asesina es elocuente: 74 asesinatos entre 1968 y 1977 y casi 800 entre 1978 y 2011, con particular incidencia en los años 1978 a 1984 con 390 asesinatos.

Nunca se les ha llamado así, pero ETA fue, objetivamente, una organización golpista durante los años de construcción democrática de España. Sus intencionados ataques a mandos militares y a políticos y guardias civiles, día sí, día también, buscaban objetivamente provocar a los aparatos fácticos del Estado, en una espiral “acción-represión” en la que, desgraciadamente, también cayó una democracia débil, asediada y demasiado aislada en el País Vasco de entonces.

El gran salto de paz lo dimos con el Pacto de Ajuria Enea. Otorgar al nacionalismo vasco el liderazgo en la deslegitimación social de la violencia (Ardanza: “No compartimos con ellos ni métodos ni fines”), e introducir en el país una nueva línea divisoria entre demócratas y violentos que sustituyó a la nefasta separación entre nacionalistas y no nacionalistas, fue definitivo en la superación del magma social que promovía o amparaba la violencia. Aquel Gobierno de coalición, PNV-PSE (PSOE), construido en gran parte sobre la generosidad socialista, inició otra etapa que resultó clave en la derrota final del terrorismo.

Durante muchos años la democracia permitió la coexistencia del brazo político de la banda, creyendo y esperando que la violencia desaguara a la política. La disolución de ETA Político-militar a comienzos de los años ochenta y la creación de Euskadiko Ezkerra (gracias a Mario Onaindía, Juan María Bandrés y Juan José Rosón) animaron esta convicción. Hasta que descubrimos que esa confianza era ingenua. En 2002, fruto del Pacto antiterrorista, decidimos ilegalizar su partido y su entorno social. Rectificar fue un acierto. La experiencia nos había demostrado que aprovechaban los espacios legales para retroalimentar y reforzar socialmente su violencia. De hecho, la ilegalización y la persecución judicial de su entorno ayudó a que emergiera en Batasuna una fuerte corriente política interna que reclamaba el fin de la violencia, antes de que esta arruinara su causa. Ellos ayudaron también a buscar el final.

Han pasado muchos años y mucho sufrimiento, pero el final ha sido extraordinario. Mirando atrás, con la perspectiva de estos 10 años que han hecho irreversible la paz, nadie puede dudar de que la democracia española también superó este difícil reto. No hubo concesiones políticas. Sus presos cumplen sus penas y las víctimas ocupan la centralidad del relato. Ningún país de los que han sufrido fenómenos semejantes ha logrado un final tan limpio, tan rotundo, sin perjuicio ninguno a la justicia y al Estado de derecho. Que su entorno político participe de la democracia y de sus instituciones es la mejor manifestación de nuestra superioridad moral. “O votos o bombas”, decía Alfredo Pérez Rubalcaba, con esa inteligente sencillez con que resumía ideas complejas. Su renuncia a la violencia les otorgaba el derecho a la representación política que obtuvieran con sus votos. Por eso, resulta lamentable que algunos se empeñen en conceder a la violencia un triunfo que nunca obtuvo y devaluar, o peor, cuestionar así, la victoria de la democracia sobre el terror.

Otro de los grandes mitos de esta tragedia es la que atribuye a la sociedad vasca la victoria sobre ETA. Realmente tenemos que reconocer que la reacción social a la violencia fue tardía y débil. Muchos vivimos la soledad de las víctimas y la frialdad política y eclesiástica del país durante muchos años como para poder decirlo. La reacción social contra ETA comenzó realmente en julio de 1997 cuando secuestraron y mataron a Miguel Ángel Blanco y se organizó en defensa de las víctimas con la creación del ¡Basta Ya! a principios del nuevo siglo. Fue importante en la fase final de la violencia, pero a ETA la venció la policía, desarticulando sus comandos y sus cúpulas, y convenciéndoles así de la imposibilidad de su triunfo y por tanto de la inutilidad de su lucha. En ese contexto, la aparición del terrorismo yihadista, el fin de la violencia en Irlanda, la presión interna de sus cuadros políticos y una escenificación internacional hábilmente gestionada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, hicieron el resto.

Hoy el País Vasco vive relajado y feliz. Tal y como pensábamos muchos, la pulsión radical se ha atenuado. El nacionalismo es mayoritario, pero su mayoría está limitada por la moderación y condicionada a su pragmatismo. Los sentimientos identitarios siguen siendo muy fuertes, pero la pretensión independentista se ha reducido al 20% de la población, algo menos de la mitad de lo que las encuestas mostraban hace 10 años.

Cabe preguntarse para qué tanta tragedia. En No digas nada, una buena fotografía literaria del terrorismo irlandés, Patrick Radden narra el momento en el que los dirigentes del IRA dan cuenta a sus militares de los Acuerdos de Viernes Santo. Dolours Price, una de las históricas militantes, pregunta finalmente: “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”. Los paralelismos son evidentes.

Al final de Patria, una excelente novela de Fernando Aramburu y una buena serie de televisión, las dos mujeres protagonistas de la historia, la viuda del asesinado y la madre del etarra, amigas antes y enemigas después, se cruzan en la plaza del pueblo, a la salida de misa, y se dan un abrazo. Es un abrazo ligero, tenue, casi obligado por el encuentro fortuito. Parece un abrazo de reconciliación, de perdón, pero no llega a tanto. Sin embargo, expresa bien dos sentimientos que inundan la sociedad vasca a los 10 años del final del terrorismo. De una parte, cierta generosidad que impregna el corazón de la mayoría, deseosos de construir una sociedad que supere las heridas abiertas por esta tragedia de cuarenta años. De otra, el olvido, la huida del pasado, una especie de fuga hacia el futuro que aleje de nuestros recuerdos tanta desgracia y tanta culpa. Nadie quiere responder esta pregunta tan incómoda que —desgraciadamente— nuestros hijos no nos hacen: ¿cómo fuisteis capaces?

Publicado en El país, 13/10/2021

4 de septiembre de 2021

Nuestros retos

A menudo, la fuerza del presente, la impetuosa presión de los acontecimientos (Afganistán, pandemia, precio de la energía...) ocupan de tal manera la información y la conversación pública que postergan al olvido los grandes desafíos que atraviesan nuestro futuro. El comienzo del nuevo curso político parece ocasión propicia para su recordatorio.

España tiene un serio problema con sus cuentas públicas, agravado estos dos últimos años con el gasto publico contra las crisis de la covid. Una deuda pública acumulada del 125% de nuestro PIB es soportable en periodos de bajísimos intereses, pero limita extraordinariamente nuestros márgenes macroeconómicos en los mercados y en el gasto. Nuestro Presupuesto arrastra un déficit público constante, cercano al 3%, que no solo incrementa cada año nuestra deuda sino, lo que es peor, nos impide afrontar políticas públicas necesarias. 

La sanidad pública no necesita más aplausos, sino un incremento de un punto de PIB. Nuestros sanitarios cobran poco y miles de médicos y enfermeras emigran al resto de Europa en busca de mejores salarios. Nuestro sistema universitario necesita una inyección económica semejante y nuestros esfuerzos en I+D+I son insuficientes para los tiempos de transformación tecnológica que vivimos. Nuestro sistema de pensiones arrastra un déficit de casi dos puntos de PIB (20.000 millones de euros cada año) y aunque lo sufraguemos con ingresos públicos, nuestro margen para afrontar el envejecimiento demográfico y los cuidados de la población mayor es mínimo. La única forma de abordar estos problemas pasa por una reforma fiscal que nos permita recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB sobre los ingresos actuales, pero es una misión difícil e imposible en el corto plazo. 

El otro gran problema del país es político y se deriva de la inestabilidad que arrastramos desde que el sistema político español implosionó (2014-2015) y se hizo multipartidista. A su vez, muchas de nuestras instituciones básicas reclaman urgentes e importantes reformas. Desde la Casa Real a la investidura del presidente del Gobierno. Desde el Consejo General del Poder Judicial al Tribunal de Cuentas. Reformas necesarias en un edificio constitucional que sufre envejecimiento y fatiga de materiales.

En el mismo plano, la política nacional está caminando peligrosamente hacia la polarización más extrema. No es posible pactar nada, ni siquiera afrontar juntos retos comunes o cuestiones de Estado que siempre estuvieron fuera de la contienda partidista o ideológica. El rescate de Afganistán es el último y buen ejemplo de lo que digo. Las consecuencias de esta situación son graves. Nos impiden jugar un rol internacional más relevante en diferentes escenarios (Europa, América Latina, entre otros); nos dividen en materias identitarias (memoria histórica, simbología nacional...) y nos condenan a estrategias electorales enfrentadas (izquierdas más nacionalistas versus PP más Vox) y a gobiernos consecuentes. 
La política territorial no es solo Cataluña, con ser el tema catalán el más grave. Hay que añadir la pretensión nacionalista vasca del nuevo estatus y su abierta inconstitucionalidad. Hay que pensar en el resto del país y recordar que el modelo de financiación autonómica nos convoca a un puzle de peligrosas consecuencias para el papel equilibrador del Estado, en un país con enormes diferencias de costa a interior y de ciudades a pueblos, además de las ya conocidas entre comunidades autónomas ricas y pobres.
 
Por último, el empleo. España no ha bajado de los dos millones de parados ni en sus mejores momentos económicos (2007). Hoy tenemos 3,5 millones, casi el 40% de nuestros jóvenes en paro y una tasa de temporalidad que ronda el 30% de nuestra población laboral. Es un cuadro horrible. El debate no es el Salario Mínimo, con ser importante su mejora. La gran cuestión es un pacto social laboral entre sindicatos y patronal sobre un marco laboral flexible y moderno que amortigüe está anomalía de nuestro país en Europa. El gran reto es sostener una economía en crecimiento que reduzca estas cifras espantosas y que está también en el epicentro de algunos de los problemas que manifiesta nuestra juventud estos días. 

La verdadera política será poner de acuerdo a nuestro marco institucional (ciudades, comunidades autónomas y Gobierno central) y a nuestro entramado económico (empresas, centros de I+D...) para gestionar eficazmente los fondos del Next Generation. Esta extraordinaria ayuda europea pondrá a prueba nuestra capacidad para aprovechar ese maná (envidiado por tantos países latinoamericanos) que representa un ingreso en nuestras arcas públicas de entre diez y doce puntos del PIB (140.000 millones en tres años) para modernizar, digitalizar y hacer sostenible nuestro aparato productivo. 
¡Ojalá que esta corriente de fondo inspire y oriente nuestra política!

Publicado en El Correo, 4/09/2021

25 de julio de 2021

¿Para qué un nuevo estatus?

" Las preocupaciones de los vascos no son identitarias, son sociales, medioambientales, de salud, de pensiones, de futuro real, no ilusorio"

Más allá de las diferencias surgidas en la tramitación del nuevo estatus de Euskadi entre PNV y Bildu, ambas fuerzas políticas mantienen una expectativa común sobre los resultados de las negociaciones del Gobierno con la Generalitat, por si de ellas surge algún indicio de avance en ese artilugio jurídico político llamado derecho a decidir.

En el fondo, una bilateralidad con una especie de soberanía propia, que permita a Euskadi pactar su forma de estar en España en un régimen confederal es lo que pretende el PNV. Sería –como ellos mismos dicen– un ‘Concierto Político’ semejante al Concierto Económico en el que el derecho a decidir de los vascos sería siempre respetado en un régimen de pacto permanente. La consulta previa a los vascos es la forma ingeniosa de privar a los españoles y a las Cortes de su opinión sobre ese estatus. Abiertamente inconstitucional y políticamente inviable, en mi opinión. 

La propuesta auto determinista de Bildu es más simple y se orienta, como en Cataluña, a un referéndum de independencia –sí o no– con negociación posterior del proceso en caso de triunfo del sí. Aunque el nuevo estatus que propone el PNV es más sofisticado y quiere ser más respetuoso con el marco legal actual, contiene igualmente elementos potencialmente explosivos para el proyecto unitario de España.

 Me pregunto qué necesidad tenemos los vascos de cambiar nuestro estatus y meternos en esta incierta andadura. Porque si se tratara de mejorar nuestro autogobierno, creo sinceramente que hay un margen interesante de negociación. Es más, habría una gran oportunidad de consolidar el consenso estatutario, incluyendo una compleja pero necesaria explicación de nuestro tiempo pasado en su exposición de motivos que satisficiera los conceptos simbólicos e históricos de nuestra diversidad identitaria. Serviría también para poner un cierre solemne a nuestra tragedia violenta de los últimos cuenta años. Difícil, sí, pero conveniente para nuestra convivencia interior y necesaria para superar la fractura social que todo este drama nos dejó.
 Esa reforma mejoraría además sensiblemente nuestro autogobierno con una carta de derechos y deberes mucho más actual y explícita que el actual Estatuto y por supuesto podría avanzar en materia de autogobierno, si la reforma se vincula a una reforma constitucional, a todas luces necesaria en nuestro país. 
A cambio de tan esperanzador y razonable horizonte, nuestros nacionalistas quieren reabrir nuestro eterno e irresoluble debate para llevarnos –otra vez– al debate identitario, al horizonte independentista, aunque ese sea un camino de fracturas internas irresolubles y de presagios más que preocupantes en todos las órdenes. 

¿Qué necesidad tenemos de meternos en ese lío? La mayoría de los vascos se siente cómoda en este estatus del autogobierno. Lo dicen los estudios sociológicos de todo signo. Diez años después de la paz, el porcentaje que desearía la independencia es del 20%, lo que demuestra que la violencia favorecía un artificioso y miedoso apoyo a las tesis más extremistas del nacionalismo. Basta ver y vivir la sociedad vasca de hoy para comprobar esta evidencia. Las preocupaciones de los vascos no son identitarias, son sociales, medioambientales, de salud, de pensiones, de futuro real, no ilusorio. 

Comprendo que PNV y Bildu tienen que alimentar la llama sagrada de su sentimental proyecto, pero a quienes no somos nacionalistas nos corresponde decir alto y claro que no queremos cambiar de estatus; que no queremos irnos de España a ninguna parte; que es mentira que la independencia equivalga a soberanía y que la verdad es que aumentan nuestras dependencias; que nuestra economía irá a peor; que no somos sostenibles en pensiones, ni en gasto social; que Europa no quiere más fracturas interiores de sus Estados; que ninguna independencia puede garantizar las ventajosas condiciones actuales del Concierto y que, por el contrario, será muy cara para los vascos; que es falsa por imposible la configuración de marcos sociolaborales independientes en el contexto de la economía europea; que nunca estaremos mejor que como estamos con el autogobierno vasco. Podríamos dar mil razones más y es conveniente que se digan y se oigan. 

PNV y Bildu están en su derecho de alimentar esta vía, de una u otra forma, y Podemos puede hacer seguidismo nacionalista. Pero el PSOE está en la obligación de negarse por convicciones políticas propias y por exigencias de nuestra Constitución. Mejorar el Estatuto, sí; cambiar de estatus, no. Ese fue el mensaje claro de Idoia Mendía en estas mismas páginas, para que el PSOE sea el partido en el que confían una mayoría de españoles no solo como el partido de izquierda sensato sino también como el partido más armónico y razonable en un modelo territorial autonómico-federal para España. 
Perder esa confianza es condenar al PSOE y a España. 

Publicado en el Correo, 25/07/2021

17 de julio de 2021

Europa ante el mundo post covid.



1.- ¿QUÉ MUNDO?

Muchas de nuestras miradas a Europa tienen como referencia el pasado. El nacimiento mismo de la Comunidad Europea era una respuesta antagónica al pasado salvaje y cruel de las dos grandes guerras. Fue una reacción civilizatoria y pacífica a las pulsiones hegemónicas que habían atravesado Europa durante siglos. Así, todos los grandes avances de la integración fueron consecuencia de retos que planteaban su evolución económica o política y de respuestas inaplazables a crisis sucesivas que surgían en la construcción de una compleja estructura supranacional. La necesidad de abordar el futuro mirando con prospectiva, es decir, calculando y previendo los cambios y las transformaciones que se estaban produciendo a nuestro alrededor, surge a finales del siglo pasado. La Unión Monetaria es quizás, la decisión más evidente en esta línea de análisis, al comprobar la acelerada globalización de las economías y, sobre todo, el enorme peso de las finanzas en el mundo económico, además, claro está de las necesidades propias de nuestro Mercado Interior Común.

A lo largo de este siglo XXI, la Unión ha seguido creciendo a golpe de crisis, impelidos a actuar, unas veces mejor y otras no tanto, por circunstancias inesperadas o sobrevenidas, que asaltaban la maquinaria europea con impactos serios a su andadura. La crisis económico-financiera de 2008/2014, el Brexit, el fenómeno migratorio en el Mediterráneo, las tensiones populistas anti europeas… etc. Ahora, en el comienzo de una nueva Comisión (Von der Leyen) y de un nuevo marco financiero plurianual (2021-2027), la Unión se ha enfrentado a la Pandemia y afronta, de inmediato, los retos de un mundo en cambio acelerado. De un cambio de época, que ya venía produciéndose antes de la COVID, pero que se acelera y se complica en el contexto de otras transformaciones que se están incorporando a nuestras vidas como consecuencia de la pandemia.

Por eso, antes de reflexionar sobre nuestros principales desafíos, es necesario examinar esos cambios que se dibujan en el mundo post-COVID.

1.El primero es la constatación de que las pandemias han venido para quedarse. Crecen en un ecosistema enfermo, en el que se han destruido ciclos naturales y, por tanto, otras zoonosis no solo son posibles sino probables. Lo fueron los diferentes SARS, el Ébola y el SIDA y lo ha sido la COVID-19. De manera que, hemos de asumir que existe una conexión entre pandemias y naturaleza. La lucha contra el cambio climático, en defensa de una naturaleza sana y robusta es pues una de las primeras prioridades.

2.Sin embargo, es falso creer que estas u otras pandemias destruirán la tierra. De hecho, una de las consecuencias más notables de la COVID ha sido que la ciencia ha vencido al patógeno. Nunca, en la historia de las pandemias, mirando siglos atrás, la ciencia había sido tan superior al virus. De hecho, lo ha gestionado y derrotado en muy poco tiempo. A los dos meses de su aparición, su ADN y su genoma, estaba en los laboratorios del mundo y la investigación de las vacunas se ha realizado en un tiempo impensable, hace solo unos años, gracias –entre otro méritos- a la Inteligencia Artificial y a los super computadores. Dicho lo cual, una segunda enseñanza es la necesidad de crear un sistema global de monitoreo y prevención de pandemias.

3.- He aquí otra de las novedades. La ciencia se ha globalizado y la cooperación entre científicos y laboratorios (salvando los intereses comerciales), ha sido planetaria. Las revistas científicas divulgaban los avances, la necesaria coordinación de estudios e investigaciones, han hecho imprescindible la comunicación y los resultados están a la vista. La ciencia y el conocimiento se globalizan y la humanidad se beneficia. La pregunta que surge de inmediato es evidente: ¿Y la Política? La política ha mostrado su fragmentación. Cada país ha aplicado políticas diferentes a pesar de tratarse del mismo virus. Nuestra capacidad de coordinar la fabricación de vacunas se enfrenta a los intereses privados y es incapaz de extender las patentes para que la producción se universalice. Nuestros egoísmos nacionales están impidiendo un reparto más justo a los países pobres. Para qué seguir. Esto ha puesto de manifiesto el fracaso de la gobernanza global. Instituciones “altamente competentes” (OMS, Naciones Unidas, etc.) han mostrado su incapacidad para la gestión global y han estado sometidas a la dependencia de políticas nacionales contradictorias y divisivas.

4.- Otra de las tendencias post-Covid es la que ha puesto en cuestión la tendencia hacia la globalización económica. La culpabilización de la pandemia a la globalización carece de argumentos sólidos. Es verdad que nuestra forma de vida anterior ha favorecido la más rápida expresión en términos históricos de una pandemia, pero no es menos cierto que las vacunas son fruto precisamente de una ciencia globalizada y nada asegura que menos globalización garantice menos riesgos. Hay, sin embargo, un debate pertinente sobre la necesidad de recuperar “autonomía estratégica”, en la provisión de materiales y productos sensibles para la seguridad y para el aprovisionamiento nacionales. De hecho, Europa y muchos Estados discuten sobre la necesidad de asegurar la producción propia en ámbitos esenciales: farmacia, agricultura, defensa, sectores estratégicos, etc. y ya están en estudio esas previsiones que enlazan con la tendencia a relocalizaciones en nuestros suelos de muchas actividades deslocalizadas en su día por razones de costes. Hoy esas razones ya no son tan evidentes y la proximidad productiva aconseja devolver muchas instalaciones a nuestros suelos. Unida a la necesidad de dotar de autonomía en el suministro de productos esenciales, esta tendencia se hará más intensa en todo el mundo, los próximos años.

Pero creer que la pandemia paralizará la globalización es un error. Es posible que viajemos menos, trabajemos más online, que se frenen las deslocalizaciones etc, pero todo indica que la revolución digital ampliará Mercados y geografía y que las finanzas, los productos los servicios y las personas seguirán moviéndose por el planeta, en un proceso irreversible. Por otra parte, una paralización de la globalización tendría unos costes económicos y de empleo de tal dimensión, que nadie podría asumirlos.

5.- Sería también un error trasladar las numerosas incertidumbres y miedos que genera el futuro hacia la Nación, hacia el Estado, como si éste fuera el último y el único refugio. El reforzamiento de la tentación nacionalista como antídoto a la globalización desgobernada, nos conduce por el camino equivocado. Las seguridades nacionales son falsas ante la dimensión de los retos que amenazan a la humanidad. El futuro no es nacionalista, es global, es cosmopolita. El reto es gobernar lo desgobernado porque la mayoría de los problemas que enfrentamos reclaman soluciones supranacionales. El futuro no es de los patriotas -como decía Trump- sino de los globalistas exigentes con la gobernanza planetaria.

Otra cosa es que la ciudadanía esté reclamando del Estado y de sus organizaciones democráticas, el fortalecimiento de las instituciones llamadas a proporcionar seguridad, salud, libertad, igualdad y todos aquellos bienes públicos que configuran su contrato social. Aquí tenemos un espacio nacional ineludible para afrontar la calidad de nuestros sistemas democráticos. Renovar el contrato social, el que vincula la ciudadanía con sus instituciones, reclama de la izquierda política, especialmente de la socialdemocracia, de sus mejores ideas y oficios para restablecer la igualdad, para fortalecer los servicios públicos del Estado del Bienestar, principalmente la sanidad, y enriquecer la democracia y sus manifestaciones más genuinas. Esta es otra de las asignaturas que nos deja el COVID, aunque, los ataques populistas a las democracias y las tentaciones nacionalistas ya se venían produciendo años antes. Solo que las consecuencias de la pandemia han agudizado grave y peligrosamente muchas de ellas.

6.- Otra de las grandes innovaciones vividas en la pandemia tiene que ver con la tecnología. La digitalización nos ha salvado. Las infraestructuras de la interconectividad han funcionado. Gran parte de nuestro éxito ante la pandemia es que la gente ha trasladado su mundo físico al mundo virtual en el que estábamos protegidos del virus. Nuestra actividad social y laboral se ha mantenido porque las infraestructuras digitales han resistido la enorme demanda de uso que han sufrido este año. Hemos pasado horas y horas trabajando, entreteniéndonos, manteniendo reuniones familiares, conversaciones amigables, etcétera a través de una red extraordinaria que nos ha permitido conexiones con cualquier país del mundo. Lo que nos lleva a preguntarnos si no será eso, Internet, y las redes tecnológicas, lo que constituye nuestra principal preocupación. Dicho de otra forma, necesitamos asegurar nuestra infraestructura digital si no queremos que sus fallos sean nuestra más grave preocupación de futuro.

Pero, este tiempo nos ha mostrado también los peligros de esta dependencia tecnológica. En la esencia misma de la democracia, porque está creciendo la argumentación antidemocrática derivada de las virtudes tecnológicas para conocer hasta los más íntimos pensamientos de los ciudadanos a través de sus usos tecnológicos, lo que lleva a las autocracias tecnológicas (China para no ir más lejos) a interpretar una especie de superioridad moral sobre las democracias, que solo permiten expresarse cada cuatro años al conjunto de la ciudadanía. Este cinismo argumental no es despreciable. Mucho menos si va acompañado de una cierta eficiencia en la gestión de los riesgos pandémicos y en la solución de sus efectos.

Tampoco podemos despreciar otros riesgos, del dominio tecnológico digital, mucho más cercanos a nuestro hábitat democrático. Hasta que la regulación democrática nos garantice límites al uso de los datos y asegure nuestros derechos, hay dos riesgos que se están produciendo a diario en nuestras vidas: La concentración de información sobre nuestra vida y nuestro cuerpo, no puede ni debe ser manipulado ni usado comercialmente. A su vez, son necesarios mecanismos de control sobre las grandes tecnológicas y los gobiernos, para equilibrar sus poderes y evitar las dictaduras digitales. Existen riesgos reales para la libertad y para las democracias, en el aumento del poder de grandes monopolios privados, detentadores de una cantidad tal de información que les convierte en dueños de nuestras vidas.

7.- La política se ha hecho más compleja. La ciencia acompaña muchas deliberaciones. Las alternativas combinan disciplinas heterogéneas. Siempre es necesario tener en cuenta, y valorar, factores exógenos, que están fuera de nuestro ámbito de gobierno y que influyen decisivamente en nuestras decisiones. No podemos gobernar sin la ciencia. Hay que consultar, evaluar, analizar y decidir junto a los técnicos y a los expertos. Pero ¡atención! la ciencia y la técnica, no pueden reemplazar a la política. Los políticos no solo tienen la legitimidad de origen para decidir. Además, manejan y gestionan la evaluación completa de una decisión. Combinan y consideran factores médicos, económicos, sociales, presentes siempre en la toma de decisiones. La política maneja y gestiona intereses públicos en contextos sociales determinados y se mueve en lógicas democráticas sometidas al escrutinio y a la evaluación ciudadana. Nada ni nadie puede sustituirla.

Pero la crisis pandémica también ha introducido enseñanzas que debemos incorporar a la gestión política. Además de necesitar a los expertos y a la ciencia a nuestro lado, se ha revaluado el pacto, el acuerdo en la gestión de situaciones tan graves. El acuerdo entre las instancias territoriales en la que se reparte el poder. El acuerdo y la visión transversal de las medidas para combatir la pandemia. El acuerdo con los sectores económicos y sociales para sostener empresas y tejido productivo y para reactivar la economía después de la pandemia. El acuerdo entre fuerzas políticas para todo eso y para soportar su coste económico teniendo en cuenta que afectará a mucho más de una legislatura y condicionará la macroeconomía del país para futuras generaciones.

8.- Hablando de macroeconomía, no olvidemos el volumen extraordinario de endeudamiento público en el que se situarán la mayoría de los países, después de la pandemia. El volumen de deuda pública en el mundo ha crecido exponencialmente estos años y aunque cada país debe ser examinado individualmente, el análisis universal que estamos haciendo nos exige comentar una evidencia. No hay dinero público suficiente para mejorar nuestros servicios públicos de sanidad y salud en un contexto de sobreendeudamiento y crisis fiscal. De la pandemia estamos saliendo con un reconocimiento general al personal sanitario, a nuestros sistemas hospitalarios y de salud pública y con un consenso, también muy extendido en la necesidad de invertir más para tener sistemas sanitarios robustos, modernizados y suficientes. Hacer frente a esta realidad y a otros gastos públicos en la mejora de nuestra protección social, exigirá una revisión de nuestro sistema fiscal y de nuestras contribuciones al gasto público. Afortunadamente, las iniciativas de los EEUU, de Biden y de su secretaria del Tesoro Janet Yellen, en materia fiscal son alentadoras y van en buena dirección.

9.- Por último, pandemia y desigualdad. Pandemia y pobreza. Desgraciadamente, como pasa con todas las catástrofes, la pandemia ha afectado más a países pobres, a gente pobre y ha aumentado las desigualdades porque la protección social se ha reducido. Es verdad que el virus no distingue clases sociales, pero en el metro y en los autobuses, en los pisos de 50 metros cuadrados, en los trabajos más peligrosos, en los barrios más sucios, el virus se extiende más fácilmente. Es verdad que el virus no conoce las fronteras, pero América Latina tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los contagiados y de los fallecidos en el planeta. Los índices de pobreza han crecido hasta niveles de 1990, es decir, se han perdido treinta años de avances y de lucha contra la pobreza extrema en ese subcontinente.

En fin, nuestro mundo se mueve hacia unas transformaciones que todavía no podemos determinar en todas sus dimensiones. Es probable que nos hagamos un poco más individualistas, que nuestros hábitos sociales nos hagan más distantes, con menos contacto físico, quizás un poco más desconfiados en una textura social qué es difícil de predecir. Es seguro que la vida virtual, en la red, en el ciberespacio, ganará mucho terreno: En el teletrabajo, en la educación online, en el entretenimiento, en muchos de nuestros contactos sociales. Aumentará la importancia de algunos sectores económicos: medicina y salud, plataformas digitales, telecomunicaciones, logística, software... pero disminuirán su peso económico, otros como la aviación o el turismo. Hay países perdedores y países ganadores en la geopolítica de la pandemia, como las hay en la geopolítica de las vacunas. Un mundo, en parte nuevo, se presenta ante nosotros, los europeos.

2.- EUROPA ANTE ESE MUNDO EN CAMBIO

Por eso, al enfrentar ese futuro incierto que dibuja la pandemia, es obligado recordar dónde estamos, cuál es el contexto geopolítico y geoeconómico en el que nos movemos los europeos.

Empecemos por reconocer que desde hace ya mucho tiempo hemos dejado de ser el centro del mundo. El desplazamiento poblacional, productivo y comercial a Asia es imparable y el centro de gravedad geoeconómico del planeta está ya ubicado irreversiblemente en esa zona del mundo. El ascenso de China como potencia económica está siendo más rápido de lo esperado y superará a EEUU en pocos años. Su fuerza militar está creciendo en progresión geométrica y su influencia en el mundo entero, la convertirán en el nuevo gran rival de una bipolarización con Estados Unidos que amenaza el multilateralismo.

Más allá de los intereses económicos con China, Europa está ubicada en el bloque occidental-democrático de esa bipolaridad. Las batallas tecnológicas (5-G, IA, microprocesadores, etcétera), las defensivas, las comerciales y sobre todo las políticas que surjan de la cúspide de esa nueva guerra fría, nos comprometen junto a los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia etcétera. No hay elección posible frente al otro bloque chino-ruso, si tal aleje se configura, lo que no es todavía seguro. Nuestros valores democráticos, nuestras libertades, nuestros sistemas políticos, no son negociables. No es una posición fácil para Europa, claramente partidaria de un multilateralismo del pacto, de una globalización gobernada, de unas organizaciones internacionales fuertes, arbitrales, cooperantes y pacificadoras en un mundo más sostenible y más equilibrado en su desarrollo. Ese es nuestro difícil equilibrio en un papel que nos obliga a fortalecer nuestra política internacional.

Quizás, una de las debilidades más notables de la Europa de hoy es precisamente su política exterior y de defensa, algo que se pone de manifiesto día a día por la creciente importancia del escenario global en el destino de los pueblos. Todo lo que ocurre nos afecta, todo está concatenado, todo es veloz y sucede inmediata y simultáneamente.

La velocidad es uno de los cambios que caracterizan la globalización. La viruela tardó tres siglos en extenderse por todo el planeta. El SIDA tres décadas. La Covid-19 ha tardado tres meses y un virus informático, quizás tres horas para infectar el mundo cibernético. Todo nos afecta. Los piratas somalíes que asaltan barcos pesqueros en el cuerno de África, nos obligan a enviar a nuestra armada a aquellos confines a protegerlos o enviar guardias privados fuertemente armados junto a los pescadores de atún de nuestros barcos. Francia combate con tropas en el Sahel porque algunos de los actos terroristas que ha sufrido, vienen de allí. La Primavera Árabe comenzó cuando un joven tunecino se quemó a lo bonzo en diciembre de 2010 y las protestas sociales consecuentes en el norte de África dieron lugar a unas revueltas democráticas que nos llenaron de esperanzas democráticas. Hoy, sin embargo, todo el Mediterráneo llora las desgracias producidas en una escalada de violencia desordenada y destructiva cabalgando sobre aquellas esperanzas.

Esa misma velocidad dificulta la gestión de los acontecimientos. A pesar de los innumerables centros de investigación, análisis y prospectivas de las Cancillerías y de los Centros de documentación de todo el mundo, casi nadie previó la crisis económica financiera de 2008-2012 o la caída del muro de Berlín una noche de noviembre de 1989 y, sobre todo, el zapatazo consecuente de aquel derribo, en un tablero internacional que permanecía bastante estable desde cuarenta años antes. Todo nos afecta. La previsible Alemania había establecido una fiscalidad especial para la prolongación de la vida de sus centrales nucleares. La razón, al final de la primera década de este siglo, era clara. Técnicamente era posible y seguro mantener en funcionamiento las centrales más allá de los 30 años previstos inicialmente. Por eso, la señora Merkel consideró que la autorización de la prórroga debía llevar aparejada una alta fiscalidad. Así se acordó en 2010. Pero, solo unos meses después, en marzo de 2011 se produjo la catástrofe de Fukushima y Alemania decidió a finales de ese año, vistos los efectos del tsunami en la central japonesa, cambiar radicalmente su política energética nuclear. Acordaron un plan de cierre escalonado de todas las centrales nucleares.

Vivimos pues un mundo en el que la velocidad, la relación entre los acontecimientos, la falta de previsión y la dimensión supranacional de todo ello, generan objetivas dificultades de gestión, dado el iniciático estado de su gobernanza.

Este es el mundo de nuestro siglo. Y Europa tiene que ser una potencia en él. Necesitamos ser un player del mundo, un socio fiable, influyente, para defender nuestros valores y nuestros intereses y eso requiere algunas reformas institucionales y algunas decisiones políticas importantes. Entre las primeras, la aprobación de nuestra política exterior sin el requisito de la unanimidad. Es un Derecho de veto inadmisible, una rémora burocrática que ralentiza la operatividad exterior de una potencia. Esperar quince días a que se reúnan los 27 ministros de exteriores y acuerden -por unanimidad- las posiciones europeas en temas que suceden y se resuelven -o no- en días o en horas, es absolutamente frustrante para el Servicio de Acción Exterior europeo.

En el terreno de las decisiones políticas, mencionaré solo dos, que constituyen elementos nucleares de nuestra integración. La primera es la creación de un sistema operativo de Defensa europeo que sea embrión de un ejército europeo y favorezca la creación de una industria europea de la defensa. La tensión interna que produce esta idea, se entiende bien, aunque no justifica la parálisis. En efecto, una defensa europea compromete nuestras relaciones con la OTAN y muchos países europeos (especialmente los del Norte y los bálticos) no quieren reducir su dependencia de la OTAN, que, ellos consideran, constituye la única y verdadera garantía frente a Rusia. La tensión interna europea, está servida y encontrar ese equilibrio entre OTAN y Defensa europea, no es fácil.

Algo semejante ocurre con la ratificación de los Acuerdos Comerciales, de Asociación y Cooperación de la Unión Europea con otros países del mundo. Laboriosas y complejísimas negociaciones de Acuerdos de Europa con el resto del mundo (Mercosur, Canadá, etcétera) quedan pendientes de una ratificación parlamentaria, no ya en el Parlamento Europeo, ni siquiera en los 27 parlamentos nacionales, sino en determinados parlamentos regionales cuyos Estados tienen transferida esa facultad a sus regiones (Bélgica es el caso).

Ocurre así, que un Acuerdo firmado con otro u otros países, necesitan dos o tres años para su entrada en vigor en el mejor de los casos, porque basta cualquier negativa de un parlamento nacional (o regional) para hacerlo inviable. Europa está perdiendo credibilidad negociadora, en uno de los planos de la actividad internacional en la que es más fuerte, dada su capacidad negociadora en nombre de 500 millones de consumidores de alta capacidad económica.

Europa quiere liderar el cambio climático en el mundo y por eso ha asumido compromisos de descarbonización más fuertes que nadie. (0 emisiones de CO2 en 2050). Por eso está al frente de los países que hacen del Acuerdo de París la hoja de ruta para el mundo y por eso está elaborando los más ambiciosos programas económicos en esta materia, como es el caso del New Green Deal. Quiere mantener un alto nivel de digitalización en su industria y en las infraestructuras tecnológicas. Quizás hemos perdido ya algunas batallas en el campo de la innovación, como son las telecomunicaciones, 5-G, Big Data o la inteligencia artificial, o los microprocesadores, pero, estamos en la carrera de las grandes transformaciones tecnológicas: nuevos materiales, baterías para vehículos, aeronáutica, nanotecnología, etcétera. No perder pie en estas materias y adaptarnos a las grandes revoluciones con la poderosa industria europea es vital en la esencial batalla de la competitividad internacional.

A este doble objetivo: liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático y una ambiciosa Agenda Digital responde al Plan para la recuperación económica que han lanzado la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos (julio 2020). Ha sido una reacción esperanzada de una Unión que ha configurado el Plan de Reactivación post-pandemia más ambicioso de su historia. Es verdad que no fue así al principio de la pandemia. La descoordinación en los cierres de las fronteras, decididas por los Estados Miembros unilateralmente, la ausencia de medidas de prevención y de material sanitario en los primeros días, y la perplejidad que mostraba Bruselas esos días, nos devolvió a los peores momentos de la crisis financiera 2009-2010. Los aviones chinos en los aeropuertos europeos vendiendo al mejor postor mascarillas y equipos de protección para los sanitarios, eran la mejor muestra de nuestro desconcierto. Pero la foto más humillante para Europa fueron los camiones rusos entrando en Bérgamo con ayuda sanitaria. El debate sobre la ausencia de Europa se hizo, una vez más, catastrofista y destructivo.

Pero la reacción económica de Europa ha sido formidable. El Banco Central Europeo (BCE) desplegó todo su potencial comprando deuda pública de los Estados y facilitando así liquidez financiera a Bancos y Estados. La Comisión aprobó diferentes programas para ayudar a los gastos sanitarios de los Estados (37.000 millones de Euros) y al desempleo provocado por el parón económico (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency , SURE 100.000 millones de Euros); suspendió el Pacto de Estabilidad para que sus rígidas normas sobre Déficit no impidieran la expansión presupuestaria y ordenó al, Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) creado en la crisis de 2010, pusiera 240.000 millones de euros al servicio de los Estados y ofreciera préstamos sin condicionalidad.

El gran impulso a la recuperación socioeconómica de Europa, lo dieron la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento, aprobando un plan de 750.000 millones de Euros para ayudar a las economías europeas y dar además un salto en dos ejes claves para el futuro: El Green Deal en materia de lucha contra el cambio climático y la digitalización. El plan, llamado acertadamente Next Generation UE, ha llenado de entusiasmo europeísta a la población y ha despertado notable admiración en todo el mundo. Al mismo tiempo, esa misma Unión Europea está comprando más de mil millones de vacunas y las reparte equitativamente entre la población europea.

Estas respuestas han significado un avance extraordinario en la integración europea, refuerza enormemente el europeísmo ciudadano al ver, esta vez sí, una Europa unida, fuerte, solidaria, que ayuda a sus Estados y a sus ciudadanos y que aprovecha la crisis para lanzarse hacia el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático y hacia la digitalización de su economía, manteniendo la cohesión social.

Es la primera vez en la historia que la Unión Europea se endeuda en nombre de la Unión y mutualiza la deuda ante los mercados. Es la primera vez que crea figuras fiscales nuevas para amortizar esa deuda (Digitales, plásticos y compensación del CO2 en Frontera). Es la primera vez que se lanza un plan dotado con casi un billón de euros en una política anticíclica (no procíclica como en 2010) a repartir solidariamente. Es la primera vez que se da un paso tan federalizante en una Unión supranacional como es hoy la Unión Europea.

Se ha dicho que este gran logro constituye un momento hamiltoniano de la Unión, aludiendo a la mutualización de la deuda de los Estados Confederados de América. Sin duda lo ha sido, aunque estamos muy lejos de forjar los Estados Unidos de Europa. Y aunque es cierto que ha habido otros momentos semejantes en la historia reciente de la Unión, este no es menos importante que aquellos históricos acuerdos sobre la Unión Monetaria, la Unión bancaria o los fondos de cohesión. Entre otras razones porque este será la base del Pilar Fiscal y de un posible Tesoro Europeo, condiciones fundamentales ambas, de la Unión Monetaria y de su Gobernanza.

Hay finalmente dos grandes retos pendientes en esta Europa que sigue haciéndose día a día, a golpe de crisis. El primero es el tema migratorio. La crisis de 2016 con las columnas de refugiados sirios queriendo llegar a Europa, dividió nuestra Unión entre países del Este y del Oeste. Una nueva línea divisoria, como lo fue en los años de la crisis económica 2008-2014, la división Norte/Sur, se introdujo en la maquinaria política de la Unión Europea hasta el punto de los cierres unilaterales de fronteras y la puesta en cuestión del Mercado Único con Schengen. Desgraciadamente el problema político sigue latente al negarse varios países (Visegrado) a acoger cuotas de reparto de las migraciones que presionan nuestras fronteras exteriores, especialmente la del Mediterráneo. La solución es tan sencilla de exponer como difícil de implementar. Se trata de acordar una política migratoria común con los países de origen de las migraciones, desviando así la emigración irregular hacia los consulados europeos que organizan la llegada ordenada de migrantes y su reparto en los países europeos en función de sus circunstancias económicas y necesidades. Debería realizar después la formación profesional, y su integración laboral y social en los países de acogida. Obviamente, el tema es más complejo, pero se articula sobre estás bases. Mientras no seamos capaces de organizar una ingeniería social semejante, el tema migratorio será un conflicto permanente entre nosotros, con graves riesgos para la integración europea.

La otra gran materia en la que Europa tiene que avanzar inexorablemente es la culminación de la gobernanza económica de la Unión Monetaria y progresiva armonización del Mercado Interior. El Euro ya es una moneda fuerte, sólida, representante de un espacio económico competitivo, universal. Pero su gobernanza adolece todavía de importantes carencias. La primera es finalizar su recorrido natural como moneda de la totalidad de la Unión, a excepción de Dinamarca que excluyó desde el principio su inclusión en ella. El resto de países tienen comprometida su adhesión y es bueno que eso se haga cuanto antes. Hay demasiadas distorsiones en la gestión de los intereses económicos de la Unión Europea con dos espacios monetarios diferentes. El EUROGRUPO está limitando el poder de la Comisión en política económica y debería ser sustituido por el ECOFIN (una vez se incorporen al Euro el resto de los países). Ello permitiría, además, que el Comisario de Economía y Finanzas, ejerciera el liderazgo en la política económica y financiera de toda la Unión. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) debería convertirse en el Fondo Monetario Europeo (FME), mucho más después del acuerdo para la recuperación económica post COVID (Next Generation UE). A su vez, hay que culminar la Unión Bancaria con la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y completar una Unión de los Mercados de Capitales.

Respecto al Mercado Interior, es preciso reconocer que se trata de un proceso inacabado, que reclama sucesivas armonizaciones en las regulaciones nacionales y que entraña dificultades añadidas en la medida en que esas armonizaciones muchas veces implican cesiones de soberanía regulatoria de la Unión Europea y generan intereses encontrados entre los Estados Miembros. Conforme más avanzamos en la integración europea, más materias nos reclaman esa profundización en el funcionamiento armónico de nuestro mercado interior.

Así ocurre, por ejemplo, con la fiscalidad en la que los sucesivos escándalos han puesto de manifiesto la competencia desleal existente entre los Estados Miembros, absolutamente incompatible con la equidad en la competencia. Fue, en su momento, el caso Lux-leaks (atracción de sedes centrales y fiscales a Luxemburgo a cambio de ventajas fiscales en el impuesto de sociedades y en otras figuras fiscales) y lo siguen siendo sucesivas normativas en varios impuestos en Irlanda, Holanda, Malta, etc. Una Unión Fiscal es cada vez más necesaria para evitar daños enormes e injustos a las recaudaciones nacionales y para evitar competencias desleales en el seno de la Unión.

Cabe extender esa reflexión a otros campos del Mercado Interior Europeo. El desarrollo de la Agenda Digital está demandando una progresiva armonización en el desarrollo y regulación de los mercados de telecomunicaciones, en las exigencias de protección de Derechos en Internet, en la explotación de los Datos etc. La Unión Energética, en plena descarbonización y desarrollo de las energías renovables, exige conectar nuestras redes, hacer transportable la energía por encima de fronteras físicas, y de regulaciones nacionales cada vez más antieconómicas.

La Unión Social, que reclama condiciones sociolaborales semejantes, reclama igualmente un largo proceso de armonización al alza, de las condiciones laborales mínimas en los sectores económicos. Salario Mínimo (ajustado a cada país a la media salarial), principios de igualdad en los Mercados Laborales, Protección Social semejante, configuran todo un mundo por conquistar en este importante plano de la vida ciudadana europea.

Son solo algunos ejemplos de esta compleja tarea que da buena muestra de las verdaderas dificultades que entraña la integración europea. Podríamos citar muchos más, en áreas de Ayudas de Estado, apertura de mercados internos a la libre competencia europea, etc. Por eso, no conviene olvidar que el MERCADO ÚNICO es una de las grandes fortalezas económicas y geopolíticas de Europa.

En definitiva, Europa ha sido clave ante la pandemia, tanto en el combate al virus, como en la Recuperación de sus efectos socioeconómicos. No hay que dejarse llevar por ese pesimismo europeísta tan conocido y repetido. Pero, para que la crisis sea una oportunidad, Europa tiene que enfrentar nuevos desafíos, liderar temas del futuro y reordenar su maquinaria institucional para ser e influir en el mundo y para gobernar la globalización con nuestros valores y desde el multilateralismo y la cooperación.


Publicado para la Revista "Grand Place", Julio 2021