Una propuesta europea para América Latina.

Estados Unidos está expulsando a los inmigrantes latinoamericanos irregulares. Los está persiguiendo por las calles, granjas, obras de construcción, domicilios…, hay incluso premios para quienes los delatan. Los encierran y los trasladan esposados de pies y manos hasta aviones que los llevan hasta sus países de origen. Todos ellos los aceptan. Incluido Venezuela, por supuesto. La secretaria de Seguridad aparece en los anuncios televisivos diciéndoles: “Vete y si no lo haces, te cazaremos “. Han llegado a amenazarles con llevar a Guantánamo (la cárcel de terroristas en Cuba), a más de 30.000 irregulares.

Estados Unidos cierra sus fronteras a los que pretenden llegar a esa tierra de promesas incumplidas para tantos. Es más, sanciona a sus vecinos si no controlan sus fronteras. En la guerra arancelaria impuesta por el nuevo emperador americano, las tasas también se imponen a quienes no colaboran suficientemente con ese cierre. En definitiva, millones de latinoamericanos no irán a Estados Unidos porque no quieren volver esposados a su tierra, o sencillamente, porque no pueden entrar en ese país.

De ahí viene la propuesta: ¿Por qué no traerlos a Europa? Europa necesita más de cincuenta millones de personas procedentes de la emigración antes del año 2050, solo para cubrir los 49 millones de personas en edad de trabajar (entre los 20 años y los 64) que perderemos antes de esa fecha y para poder mantener la actual y precaria relación de cotizantes y pensionistas en nuestros sistemas de seguridad social. Necesitamos inmigrantes como el respirar.

Hay aproximadamente seis millones de latinoamericanos en Europa que están perfectamente integrados, tanto laboral como socialmente. Es una evidencia que conocemos bien en España, donde residen cerca de tres millones de ellos. Cuidan nuestros hogares, nuestros niños y mayores, atienden en nuestra amplia red de hostelería, pero también son médicos, profesores, psicólogos, mecánicos, informáticos…, tienen un buen nivel educativo de base, comparten cultura y valores y viven y trabajan junto a nosotros promoviendo un flujo extraordinario de remesas a sus familias y a sus países de origen.

La pregunta es obvia: ¿Puede la Unión Europea ofrecer a esas poblaciones necesitadas de emigrar, un camino legal y seguro de entrada en nuestros países? Bastaría con abrir nuestros consulados a una inmigración ordenada para cubrir enormes bolsas de empleo temporal (en la agricultura y en la hostelería), o fijo, en otras actividades, como ya estamos haciendo con los conductores de camiones o autobuses, por ejemplo. Bastaría con que los países que necesitan cubrir múltiples actividades económicas y sociales utilicen estas vías, ya en uso y acojan y ayuden a estas personas a su integración laboral y social (la lengua ya no es un problema).

Europa daría así a América Latina una señal extraordinaria de fraternidad social y solidaridad, frente al vecino del norte que humilla a sus países vecinos y maltrata a sus poblaciones. Serviría también para compensar nuestra tardanza en compartir con ellos las vacunas contra la covid-19, que solo llegaron a muchos países de América Latina, cuando en Europa ya estábamos poniéndonos la segunda dosis.

No sería simplemente un gesto. Implica una actitud, una muestra de amistad política y social y una apuesta por una asociación estratégica que tiene en el diálogo político, la cooperación y los acuerdos de comercio e inversión sus bases fundamentales y que acabamos de concluir con los acuerdos de Mercosur, después de actualizar los de Chile y México. Lo estamos diciendo una y mil veces: América Latina es nuestro socio natural, el espacio geopolítico más compatible y afín a nuestras aspiraciones de gobernanza ordenada del mundo, El conjunto de países con quienes debemos hacernos fuertes en el tablero internacional para la defensa de nuestros valores democráticos, del Derecho internacional, la cooperación, el diálogo y la paz. Mucho más, cuando los que creíamos nuestros aliados, están dejando de serlo.

Pocas veces el tablero político ofrece una solución en la que todos ganan. Lo normal, lo natural en política, diría yo, es que cualquier decisión entrañe pros y contras muy acusados, ventajas e inconvenientes claros y casi siempre, una incierta evaluación de riesgos ante cualquier alternativa. Este no es el caso. Aquí, ganamos todos.

Lo de menos es que reduzcamos la presión migratoria a los Estados Unidos, aunque ellos no lo agradezcan. Lo demás, es el futuro laboral y económico que podemos ofrecer a millones de latinoamericanos, como nos lo ofrecieron ellos a nosotros en siglos pasados. Lo demás, es ofrecerles una carrera de cotización a esos millones de personas, que aseguren pensiones dignas, a percibir en su país o en los nuestros, por la Seguridad Social europea. Lo demás, es que Europa cubre sus necesidades laborales y sociales con mano de obra que no tiene. Lo demás, son los flujos financieros de retorno que recibirán esos países de origen y que en algunos casos constituye un ingreso extra importantísimo en sus economías.

En noviembre de este año, la Unión Europea y la CELAC, celebrarán una importante Cumbre en Bogotá. ¿No sería una grandísima noticia que se pusieran las bases para una política de migración que atendiera estas necesidades respectivas?

Pongámonos a ello.

Publicado en El País, edición América.

Unión Europea-Mercosur: mucho más que un acuerdo comercial.

El acuerdo finalmente suscrito entre Mercosur y la Unión Europea no es solo el segundo mayor acuerdo comercial del mundo, detrás del acuerdo con China y muy superior al T-MEC de Estados Unidos con México y Canadá. No es solo el establecimiento de un gran mercado para las exportaciones respectivas de Mercosur y de la Unión Europea. No se trata solo de eliminar barreras comerciales, de facilitar a las empresas la venta de bienes y servicios, de establecer reglas seguras para las inversiones. Es mucho más.

Es mucho más porque frente a las amenazas de Trump de imponer múltiples y elevadas tasas comerciales al resto del mundo, este acuerdo, por el contrario, proclama las bondades de un comercio mutuo liberalizado de aranceles. Es mucho más porque supera esa concepción ramplona y cutre de las balanzas comerciales entre países y establece una sana competencia por los mercados respectivos. Es mucho más porque el acuerdo se ha producido en un contexto geopolítico de conflictos bélicos, de guerras comerciales y de batallas tecnológicas intercontinentales, como si de pronto, todos los parámetros de una globalización ordenada hubieran implosionado y el mundo se encomendara a la competencia salvaje. Es mucho más porque este acuerdo, en este contexto, ha sido como un grito de esperanza en el diálogo, un significativo gesto hacia el acuerdo, un sonoro movimiento internacional hacia la cooperación y la paz.

Para la Unión Europea, el acuerdo con Mercosur completa nuestro marco comercial con toda América Latina, porque estos importantísimos países, que agrupan a casi 300 millones de personas, estaban excluidos de nuestra red de acuerdos con el continente. Con el acuerdo Unión Europea -Mercosur, Europa tiene un marco de reglas justas y acordadas con todos los países de América Latina para regular sus exportaciones e importaciones e inversiones respectivas, que se suma a los acuerdos con Centroamérica, México, Comunidad Andina y Chile,. aprobados muchos años antes.

Pero conviene recordar que el plano comercial es solo uno de los contenidos de este tipo de acuerdos. Se trata de acuerdos de asociación política y de cooperación que explican la naturaleza estratégica de nuestras relaciones, desde que en 1999 se pusieron las bases de esta relación política preferencial en la primera cumbre UE-CELAC, celebrada en Río de Janeiro. La última de esas cumbres entre jefes Estado y de Gobierno de los 33 países de América Latina y el Caribe y los 27 de la Unión Europea se celebró el pasado julio de 2023 y la próxima se celebrará a finales de 2025 en Colombia.

Europa y América Latina tenemos muchas razones para establecer esta alianza. Conviene recordar que más de seis millones de europeos viven en América Latina y el Caribe y más de siete millones de Latinoamericanos viven actualmente en Europa (y quizás sean diez millones en unos pocos años). En los primeros años de este siglo, la inversión europea en América Latina fue de tal nivel que mucha de la modernidad productiva de muchos países latinoamericanos se debió a las enormes inversiones que modernizaron sus viejos servicios públicos y establecieron unas bases productivas propias del siglo XXI. Por último, América Latina y Europa compartimos grandes causas comunes en la organización internacional y tenemos una idea común sobre la ordenación de la gobernanza económica.

Además, queremos construir juntos los modelos de transición ecológica digital y social que configuran el mundo del siglo XXI. América Latina y Europa tenemos una misma idea de la lucha contra el cambio climático y de la la ética regulatoria que debe acompañar a la digitalización tecnológica. Una misma idea, que se extiende también al contrato social que debe configurar nuestros modelos democráticos, en base a Estados Sociales y de Derecho que aseguren libertades y cohesión social. Estas son las razones que explican nuestra asociación estratégica.

A todo esto responde también la agenda Global Gateway que aprobó la cumbre de Bruselas antes citada. Europa está comprometida con la inversión en América Latina y con la implementación de esta agenda Global Gateway, que en sí misma, encierra los proyectos más importantes de inversión para modernizar la economía latinoamericana y para incrementar poderosamente su productividad en los próximos diez años. Este acuerdo Mercosur-UE, es el marco ideal para desarrollar estas inversiones a las que Europa quiere dar una nueva impronta. Queremos que las empresas europeas, mediante esas inversiones, asuman compromisos con el desarrollo de los países en los que operan, transfieran tecnología para añadir valor y trasladen así las mejores condiciones sociolaborales y medioambientales para los trabajadores y para el país. Esa” etiqueta social” que distingue Europa de otros competidores internacionales implica una concepción cooperativa y no extractivista de la inversión europea en América Latina.

No puedo ocultar que el acuerdo tiene que pasar dos importantes filtros democráticos en Europa: el Consejo, que integra a las representaciones permanentes de los Veintisiete Estados miembros y el Parlamento Europeo, en el que diferentes fuerzas políticas pueden ser sensibles a fuertes opiniones públicas contrarias al mismo.

No desprecio esas opiniones, pero ,con todo respeto, digo que son parciales y están manipuladas por prejuicios y malas o confusas informaciones. Con este acuerdo ganamos todos. El proteccionismo no nos salvará de nada y la competencia en igualdad de exigencias y condiciones nos hará mejores a todos.

Desde la Fundación Euroamérica, con España y en Europa, trabajaremos por conseguir la aprobación de este acuerdo y así seguiremos trabajando por hacer mejores y más ricas nuestras relaciones con América Latina. Para terminar quiero expresar un sincero ¡Bravo, Europa! ¡Bravo, Mercosur!

Publicado en El País, Edición América. 16/12/2024

Democracia americana.

"Lo urgente en el continente es fortalecer el Estado, asegurar el funcionamiento eficaz y respetuoso de sus instituciones y vertebrar el sistema representativo de las fuerzas políticas en el más exquisito respeto del pluralismo".

Que las democracias sufren en todo el mundo es cosa sabida. Que solo un 30% de la población del mundo se gobierne bajo estas reglas produce tristeza y preocupa constatar que la calidad de su aplicación se deteriora en todas partes.

Pero si hay un continente donde estos síntomas están produciendo sucesivos escándalos que ponen en evidencia los peores signos de la crisis democrática es en el continente americano. Empecemos por los Estados Unidos, cuna de las democracias modernas, ejemplo de checks and balances, es decir, de potentes contrapoderes al Ejecutivo y una de las sociedades más firmemente ancladas en los pilares del Estado de derecho. Los sucesos de enero de 2021, el asalto al Capitolio, como colofón de dos meses de abierto cuestionamiento al escrutinio electoral, fueron la violación más flagrante de la regla fundamental de la democracia: la alternancia y la aceptación de la derrota.

El mismo y gravísimo comportamiento se produjo después en Brasil dos años después y se está produciendo ahora mismo en Venezuela. Pero en Estados Unidos y en Brasil el sistema institucional resistió y la voluntad popular expresada en las urnas fue respetada. En Venezuela no. Allí el Gobierno ha falseado esa voluntad, la ha manipulado y se ha atribuido una victoria electoral que no se corresponde con lo que el pueblo votó. Para hacer semejante trampa necesitaba controlar todos los poderes en juego: el Comité Electoral, el Poder Judicial y, por supuesto, después la Policía y las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas.

Todo parece indicar que el régimen se endurece y se mete en la cueva de su soledad, integrando así, junto a Cuba y Nicaragua, el triángulo de una izquierda totalitaria que no deberíamos siquiera llamar izquierda. Siempre he pensado que el socialismo es libertad y que, sin ella, las aspiraciones de justicia e igualdad que lo caracterizan son coartadas totalitarias.

Pero no acaban ahí las inquietudes democráticas. Muchas sociedades latinoamericanas viven fenómenos populistas que lesionan sus democracias. Estamos hablando de regímenes electorales y de presidencias de Gobierno obtenidas en plenitud democrática, cumpliendo todas las reglas, que, sin embargo abusan de su poder y/o lesionan la separación de poderes.

La política represiva contra la violencia en El Salvador está resultando eficaz en primera instancia (más dudosa en el largo plazo) y se comprende así el apoyo electoral recibido, pero eso no nos impide destacar el enorme retroceso moral que impone una vulneración tan flagrante de los principios jurídicos procesales que el mundo había conquistado en el último siglo. Es muy preocupante que la delicada línea que separa seguridad de libertad esté siendo arrasada por la primera y que derechos humanos fundamentales estén siendo pisoteados por el Estado.

Puede parecer más democrático decir que la justicia emana del pueblo y que por eso a los jueces debe elegirlos la ciudadanía, pero es un principio populista como la copa de un pino.

La principal virtud de la justicia es la independencia, es decir, no estar sometida a ninguna presión y aplicar la ley con objetividad y justicia. Trasladar la elección de los jueces al juego partidario, a través de las listas de candidatos que serán sometidas a la ciudadanía, es meter a los jueces en un engranaje de intereses espurios y poner con ello a todo el sistema judicial en el escaparate de la dependencia política.

Es otro populismo, pero no menos censurable, aquel que se apropia de la libertad y la niega a los demás. ”¡¡¡La libertad, carajo¡¡¡”, como si esa condición de dignidad humana y democracia solo la garanticen desde una derecha iliberal e individualista, que olvida las dimensiones corresponsables a su ejercicio. Se trata de un nuevo autoritarismo que concibe la libertad como una facultad ilimitada, ajena a la existencia del otro, que desprecia los vínculos con la colectividad y que se afirma sobre la competitividad y la autosuficiencia.

Es verdad que estas tentaciones autoritarias también nos afectan. Basta ver a algunos líderes de la ultraderecha europea y observar las peligrosas tendencias antimigratorias que están imponiendo algunos partidos que han alcanzado el poder en países tan importantes como Italia, Hungría, Países Bajos, Croacia ,Finlandia ,Eslovaquia y me temo que pronto en Austria.

Pero en América Latina hay otras circunstancias que colocan el debate democrático en el centro del debate político. Dos de ellas merecen especial mención. La primera es el narcotráfico y sus poderosas bandas. La extensión hacia el sur del continente de sus organizaciones criminales acentúa las enormes dificultades de los Estados para enfrentarse a su mortífera ley: ”O plata o plomo”. La experiencia nos demuestra que el narco es como una termita destructora de las instituciones y del orden democrático. Su metástasis, ataca, junto a la corrupción, al núcleo de la legitimidad democrática: la confianza en las instituciones y en los partidos que la vertebran.

La otra, es la debilidad macroeconómica de la mayoría de los Estados latinoamericanos. La capacidad del Estado para enfrentar retos estructurales de esas sociedades (formalidad laboral, interconectividad digital, baja productividad, etcétera, condiciones todas ellas de crecimiento y redistribución) es muy débil porque su ingreso fiscal es muy bajo. Unas clases medias, nacidas en la primera década de este siglo, reclaman mejores servicios públicos en justicia, seguridad, sanidad y educación y al no recibirlos, su confianza en la democracia se resquebraja. Hay, por ello, un problema serio de eficacia de los Gobiernos democráticos, que deben legitimarse en función del éxito en la gestión de estos elementos básicos.

América Latina tiene razón en pedir a la comunidad internacional una solución distinta al problema del narcotráfico. Pero mientras llega, lo urgente es fortalecer el Estado, asegurar el funcionamiento eficaz y respetuoso de sus instituciones y vertebrar el sistema representativo de sus fuerzas políticas, en el más exquisito respeto del pluralismo político y de las libertades democráticas.

Publicado en El País, edición América. 19/09/2024

Solo el pacto salvará a Venezuela.

No basta con que las elecciones del 28 de julio se celebren sin trampas ni obstrucciones; el pacto será, además, el único camino para salvar al país, gane quien gane.

La solución a la crisis democrática y socioeconómica de Venezuela es vital para los venezolanos, pero es también importantísima para el mundo y fundamental para América Latina. Gran parte de la fractura política de la región se explica desde Caracas y el mayor problema migratorio del Sur de América Latina lo ha producido la salida de más de cinco millones de venezolanos en los últimos diez años. Pero no solo, La influencia geopolítica del caso venezolano es tan enorme que todas las potencias del mundo han estado y están involucradas en su solución. Sus derivadas energéticas no hace falta citarlas, si recordamos, simplemente, que es la primera reserva mundial de petróleo y la octava de gas.

Pero no basta con que las elecciones del 28 de julio se celebren finalmente sin trampas ni obstrucciones a la democracia, El pacto será, además, el único camino para salvar al país. Gane quien gane.

No está escrito que el chavismo será derrotado. Su implantación territorial, el ventajismo de su control sobre todos los poderes del Estado y el populismo social de sus políticas le mantienen en la carrera, a pesar de todo. Pero si gana Maduro, no podrá desoír a la mitad del país que ha votado en su contra, ni podrá contar con una asamblea legislativa que el año 2025 se renovará y dará lugar, seguro, a un abanico partidario plural, con el que deberá contar en cualquier caso. Tendrá que pactar, en definitiva, porque necesita que la comunidad internacional valide las elecciones y levante las sanciones a su economía. 

Si gana la candidatura de Gonzalez Urrutia, la transmisión de poderes, desde principios de agosto de este año hasta el 10 de enero de 2025, en que tome posesión, será un proceso delicado y peligroso en el que tiene que producirse un desmontaje institucional del chavismo, lleno de renuncias y cesiones. Será necesario un pacto generoso de perdón colectivo para que esa transmisión se produzca lealmente.

Durante los meses previos a la toma de posesión del nuevo presidente, los partidos que apoyan la candidatura de González Urrutia debieran dar muestras de una amplia voluntad de consenso y de reconstruir el futuro de Venezuela sobre la base de que nadie sobra. La manera en que se materialice este punto y aparte en la trágica historia del país, les corresponde a todos, pero el chavismo no debe temer que se le apliquen responsabilidades del pasado ni que se les condene a las mismas condiciones que ellos aplicaron a la oposición cuando ejercieron el poder.

Soy consciente de la controversia social que esta medida suscita entre quienes quieren aplicar justicia al pasado, Pero no siempre es compatible la paz con la justicia, ni la conciliación social con la exigencia de responsabilidades pasadas en procesos de esta naturaleza, Salvando las distancias históricas y políticas, el éxito de la Transición política española desde la dictadura a la democracia, a finales de los setenta del siglo pasado, se basó precisamente en la voluntad expresa de la oposición democrática española de perdonar el pasado y construir el futuro junto a los herederos del régimen franquista. A la vista de todos está el éxito de aquella generosa actitud, que hoy recomendamos a los ganadores de la contienda electoral del 28-J. Un pacto de perdón  mutuo sobre el pasado será necesario, para afrontar la recuperación democrática de Venezuela en los términos de “convivencia nacional” que, inteligente y generosamente, proclama el candidato González Urrutia en su campaña electoral.

Si las elecciones del 28 de julio son democráticas y los resultados reflejan la voluntad popular, la comunidad internacional debería articular, en cualquier caso, un conjunto de medidas que estimulen y favorezcan esta transición pactada.

En primer lugar, la comunidad internacional tiene que cubrir el vacío de reconocimiento institucional que sufren las instituciones de Venezuela en este momento. Ni la Presidencia de la República nila Asamblea Nacional están actualmente reconocidas por la mayoría de los países e instancias internacionales. Especialmente la OEA, la UE y los Estados Unidos deberemos aceptar los resultados y otorgar reconocimiento al elegido. Con la máxima celeridad, hay que eliminar las sanciones a Venezuela y en particular ayudar a recuperar la producción y exportación petrolera en coordinación con las compañías capaces de reconstruir el ingenio petrolero del país. En el plano de las sanciones, sería también una buena señal, por parte de los Estados Unidos, la eliminación de las órdenes de busca y captura con recompensa, contra Maduro y otros agentes del Gobierno.

Por último y no por eso menos importante, Venezuela necesita un plan de estabilización macroeconómica en el que participen los organismos financieros internacionales que permitan al país recuperar actividad económica, atender los servicios públicos y atraer la vuelta al país del exilio de los últimos años.

Entre los acuerdos que deben contemplarse, debería incluirse también la necesidad de pactar los próximos procesos electorales, tanto para las elecciones a la Asamblea Nacional como para las elecciones locales de gobernadores y alcaldes, que no pueden coincidir con las anteriores. Cobran especial importancia, en este plano, las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional. Es urgente restaurar la legitimidad democrática a esta Cámara y sobre todo es imprescindible la clarificación política sobre quién es quién en el abigarrado panorama partidario del país. Una Asamblea Nacional elegida con la máxima proximidad a la toma de posesión del nuevo presidente sería un paso ideal para esta transición pactada.

Una última reflexión sobre el proceso. La cultura del pacto debe de impregnar al conjunto del país. Es una actitud colectiva que se manifiesta en una corriente social ineludible para todos.

Especialmente para todos aquellos que actualmente ejercen responsabilidades institucionales en poderes del Estado: Poder Judicial, Fiscalía, administración electoral, función pública en general, policía, Fuerzas Armadas... Todos ellos tienen que favorecer la transmisión de poderes y la transición pactada que estamos proponiendo.

Publicado en El País, edición América, el 17/07/2024

Una tran­si­ción pac­ta­da pa­ra Ve­ne­zue­la.

Hasta la fecha, todos los esfuerzos para normalizar democráticamente Venezuela han perseguido unas elecciones libres e iguales. Todos los intentos han fracasado. Ahora mismo, las negociaciones en México persiguen asegurar esas condiciones en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Todas las esperanzas están depositadas en esas elecciones como una nueva y quizá última oportunidad de que una oposición unida derrote a Maduro. Vana esperanza, porque la oposición no está unida y es muy improbable que presente un único candidato y porque, si así fuera, el chavismo maniobrará antes de su derrota para evitarla.

Estuve en Caracas a finales de julio explicando la transición democrática española y hablé con todos: Gobierno, oposición, empresarios, sectores financieros, expertos energéticos, foros cívicos, etcétera. Soy muy pesimista. Venezuela lleva 20 años de revolución chavista y esa mal llamada revolución ha sido un fracaso total. No son las sanciones internacionales las que han causado el desastre social del país, sino una gestión demagógica y cortoplacista, un izquierdismo viejo e ineficiente cargado de sectarismo vengativo hacia las viejas estructuras políticas y económicas del pasado.

Una revolución hubiera sido utilizar los inmensos recursos públicos de ese país para modernizar su aparato productivo, para formar capital humano, mejorar su productividad con infraestructuras físicas y tecnológicas, modernizar su educación y su sanidad... construir, en definitiva, un Estado de bienestar sobre una economía sólida y competitiva. Hoy podría ser el primer país de América Latina en renta per capita y en desarrollo humano. Por supuesto, las sanciones de estos últimos años le han arruinado, pero no son ellas las culpables de que la renta per capita haya descendido de 11.000 dólares a 4.000 en menos de 10 años, de que su PIB se haya reducido en un 75%, de que hayan emigrado más de cinco millones de sus ciudadanos, de que haya perdido el 40% de su capital humano, y del deterioro que sufren todos y cada uno de los servicios públicos del país.

Esa realidad se oculta bajo un régimen político totalitario que ha construido un relato progresista mitificando sus medidas populares de inicio (pan para hoy y hambre para mañana) y organizando un aparato sociopolítico muy poderoso en las zonas más humildes del país, de manera que el apoyo social de esa “revolución” sostiene un 20% de suelo electoral bastante estable.

La oposición está fragmentada y dividida. Demasiados partidos, demasiados líderes (o que pretenden serlo) y seriamente enfrentada por haber participado o no en los procesos electorales anteriores. La situación institucional es diabólica, porque la comunidad internacional no reconoce ni al presidente elegido en 2018 ni a la Asamblea Legislativa elegida en 2020, por falta de garantías electorales en ambos casos. Estados Unidos, a su vez, utiliza los fondos financieros venezolanos congelados en su país para financiar el funcionamiento totalmente simbólico de la Asamblea Legislativa elegida en 2015 y del Gobierno en funciones de Juan Guaidó.

Es unánime la idea de que la vía democrática electoral es la única forma de cambiar las cosas. Otras vías y otras estrategias han fracasado. Hay una convicción general en toda la oposición de que el boicot electoral no ha servido y ha facilitado el triunfo electoral del Gobierno. De hecho, en las elecciones a gobernadores y alcaldes de noviembre de 2021 participaron todos, y el Gobierno ganó en 18 Estados de los 23 y en 210 alcaldías de 335. Si la oposición hubiera ido unida, habría ganado en 15 de los 18 Estados que perdió.

Las dos incógnitas del momento son las negociaciones en México (actualmente suspendidas) sobre las condiciones electorales de 2024 y el procedimiento de primarias para elegir un único candidato de la oposición. Sobre ambas hay serios nubarrones. Pero, aunque se resolvieran ambas favorablemente, surge la duda de si el chavismo aceptaría perder el poder. Hay razones suficientes y experiencias anteriores para dudarlo. Pero es que, además, es completamente ilusorio creer que un candidato de la oposición pueda gobernar un país totalmente colonizado por el chavismo. Administración pública, Fiscalía, control electoral, poder judicial, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, policía y todo el aparato político del Estado están en manos de un partido que ha destruido la separación de poderes y que añade una influencia sobre el mundo empresarial bajo la regla de “a los amigos, todo y a los enemigos, la ley”. Un modelo económico más parecido al ruso que al chino. Es una quimera pensar que pueda desmontarse esta estructura y gobernarse un país en estas condiciones, con una Asamblea Legislativa dominada por el chavismo en el 80% de sus representantes.

Por eso surge con fuerza la necesidad de orientar la transición venezolana hacia otros objetivos que den garantías a unos y otros de supervivencia política y personal y que permitan un largo periodo de convivencia en la gestión de la salida económica y social a la crisis humana que sufre el país. Las condiciones de ese pacto de transición son hacer coincidir las elecciones legislativas con las presidenciales en 2024 y elegir un presidente para un Gobierno de coalición con las principales fuerzas elegidas en la Asamblea. Naturalmente, hablamos de unas elecciones limpias e iguales. Ese Gobierno tendría respaldo internacional para un plan de estabilización económica junto a las instituciones financieras internacionales y para recuperar producción petrolera que permita sanear las cuentas públicas del país, recuperar la actividad económica, atender los servicios públicos de sanidad y educación, y atraer la vuelta a Venezuela de su exilio reciente.

¿Es posible un pacto en esa dirección? En mi opinión, es el único pacto posible. Hay sectores en el Gobierno y en el chavismo abiertamente dispuestos a pactar una salida conciliada a una situación política, económica y social insostenible. El chavismo no está derrotado, pero su proyecto político está acabado y el país, arruinado. La comunidad internacional puede unificar su estrategia en esta dirección porque las sanciones y el boicot han tocado techo en su eficacia y porque Venezuela se ha convertido en una pieza importante del tablero internacional.

Venezuela importa por el volumen inmenso de su crisis humana y por su influencia geopolítica en la región. Pero, además, Venezuela se ha convertido en una pieza clave en el suministro energético para Europa. Es la primera reserva mundial de petróleo y la octava de gas. Su suministro a Europa sería ampliamente beneficioso para ellos y para nosotros. Estados Unidos ya habla con Maduro al respecto. De hecho, una delegación norteamericana visitó Miraflores en junio, dejando las conversaciones de México en muy mal lugar.

España y la Unión Europea deberían estudiar su mediación en esta dirección. Muchos interlocutores me expresaron su deseo de ver a España y a la Unión Europea con un papel más activo, más propio, no tan pegado a Estados Unidos y menos influenciado por la oposición del exilio. Por otra parte, los cambios políticos producidos en países de la región —Colombia, Chile— pueden ayudar en la dirección señalada. Es más que probable que vean con muy buenos ojos una solución pactada de Gobierno de transición entre chavismo y oposición. Amplios sectores empresariales, financieros y energéticos también ven esta alternativa como la mejor solución. No se atreven a plantearlo abiertamente, pero sus sugerencias ven la transición pactada como la vía más pragmática y viable

Publicado en El País, 8/09/2022

 

Fin de ETA: 10 años que transformaron nuestro mundo.

Han pasado ya 10 años desde que ETA anunciara “el cese definitivo de su acción armada”. Fue una tarde memorable. Estábamos en Vitoria e íbamos a iniciar un debate electoral con Alfonso Alonso (PP) y Emilio Olabarría (PNV). Decidimos suspenderlo y tomarnos unas cervezas con los asistentes. Siempre creímos que un día así nunca llegaría. Unos años más tarde, en mayo de 2018, anunciaron la disolución de la banda. Se cumplían 50 años de su primer atentado mortal, el guardia civil José Pardines, asesinado por Txabi Etxebarrieta en Aduna (Tolosa), verdadero comienzo de la historia criminal de ETA.

Al comienzo de esta tragedia, muchos creyeron que había razones para su lucha. Fue el primero de muchos errores. Nunca lucharon por la democracia española. Es más, luego la combatieron a sangre y fuego. Pero, aunque la democracia hubiese sido su razón política, nunca hubo razones para matar. Nunca, ninguna. De aquellos polvos vinieron luego grandes lodos. Su origen fue un fanatismo nacionalista, construido sobre una patria mitológica y una identidad etnicista excluyente. Situarlos en el marxismo-leninismo fue también equivocado. Creer que su lucha era revolucionaria engañó a demasiados, demasiado tiempo.

Su error, su inmenso error, fue despreciar la enorme generosidad de la amnistía, que no dejó ni uno solo de sus presos en la cárcel y las enormes avenidas de libertad y de autogobierno que configuraron la Constitución y el Estatuto de Gernika a finales de los años setenta. Desprecio agresivo y brutal porque su estadística asesina es elocuente: 74 asesinatos entre 1968 y 1977 y casi 800 entre 1978 y 2011, con particular incidencia en los años 1978 a 1984 con 390 asesinatos.

Nunca se les ha llamado así, pero ETA fue, objetivamente, una organización golpista durante los años de construcción democrática de España. Sus intencionados ataques a mandos militares y a políticos y guardias civiles, día sí, día también, buscaban objetivamente provocar a los aparatos fácticos del Estado, en una espiral “acción-represión” en la que, desgraciadamente, también cayó una democracia débil, asediada y demasiado aislada en el País Vasco de entonces.

El gran salto de paz lo dimos con el Pacto de Ajuria Enea. Otorgar al nacionalismo vasco el liderazgo en la deslegitimación social de la violencia (Ardanza: “No compartimos con ellos ni métodos ni fines”), e introducir en el país una nueva línea divisoria entre demócratas y violentos que sustituyó a la nefasta separación entre nacionalistas y no nacionalistas, fue definitivo en la superación del magma social que promovía o amparaba la violencia. Aquel Gobierno de coalición, PNV-PSE (PSOE), construido en gran parte sobre la generosidad socialista, inició otra etapa que resultó clave en la derrota final del terrorismo.

Durante muchos años la democracia permitió la coexistencia del brazo político de la banda, creyendo y esperando que la violencia desaguara a la política. La disolución de ETA Político-militar a comienzos de los años ochenta y la creación de Euskadiko Ezkerra (gracias a Mario Onaindía, Juan María Bandrés y Juan José Rosón) animaron esta convicción. Hasta que descubrimos que esa confianza era ingenua. En 2002, fruto del Pacto antiterrorista, decidimos ilegalizar su partido y su entorno social. Rectificar fue un acierto. La experiencia nos había demostrado que aprovechaban los espacios legales para retroalimentar y reforzar socialmente su violencia. De hecho, la ilegalización y la persecución judicial de su entorno ayudó a que emergiera en Batasuna una fuerte corriente política interna que reclamaba el fin de la violencia, antes de que esta arruinara su causa. Ellos ayudaron también a buscar el final.

Han pasado muchos años y mucho sufrimiento, pero el final ha sido extraordinario. Mirando atrás, con la perspectiva de estos 10 años que han hecho irreversible la paz, nadie puede dudar de que la democracia española también superó este difícil reto. No hubo concesiones políticas. Sus presos cumplen sus penas y las víctimas ocupan la centralidad del relato. Ningún país de los que han sufrido fenómenos semejantes ha logrado un final tan limpio, tan rotundo, sin perjuicio ninguno a la justicia y al Estado de derecho. Que su entorno político participe de la democracia y de sus instituciones es la mejor manifestación de nuestra superioridad moral. “O votos o bombas”, decía Alfredo Pérez Rubalcaba, con esa inteligente sencillez con que resumía ideas complejas. Su renuncia a la violencia les otorgaba el derecho a la representación política que obtuvieran con sus votos. Por eso, resulta lamentable que algunos se empeñen en conceder a la violencia un triunfo que nunca obtuvo y devaluar, o peor, cuestionar así, la victoria de la democracia sobre el terror.

Otro de los grandes mitos de esta tragedia es la que atribuye a la sociedad vasca la victoria sobre ETA. Realmente tenemos que reconocer que la reacción social a la violencia fue tardía y débil. Muchos vivimos la soledad de las víctimas y la frialdad política y eclesiástica del país durante muchos años como para poder decirlo. La reacción social contra ETA comenzó realmente en julio de 1997 cuando secuestraron y mataron a Miguel Ángel Blanco y se organizó en defensa de las víctimas con la creación del ¡Basta Ya! a principios del nuevo siglo. Fue importante en la fase final de la violencia, pero a ETA la venció la policía, desarticulando sus comandos y sus cúpulas, y convenciéndoles así de la imposibilidad de su triunfo y por tanto de la inutilidad de su lucha. En ese contexto, la aparición del terrorismo yihadista, el fin de la violencia en Irlanda, la presión interna de sus cuadros políticos y una escenificación internacional hábilmente gestionada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, hicieron el resto.

Hoy el País Vasco vive relajado y feliz. Tal y como pensábamos muchos, la pulsión radical se ha atenuado. El nacionalismo es mayoritario, pero su mayoría está limitada por la moderación y condicionada a su pragmatismo. Los sentimientos identitarios siguen siendo muy fuertes, pero la pretensión independentista se ha reducido al 20% de la población, algo menos de la mitad de lo que las encuestas mostraban hace 10 años.

Cabe preguntarse para qué tanta tragedia. En No digas nada, una buena fotografía literaria del terrorismo irlandés, Patrick Radden narra el momento en el que los dirigentes del IRA dan cuenta a sus militares de los Acuerdos de Viernes Santo. Dolours Price, una de las históricas militantes, pregunta finalmente: “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”. Los paralelismos son evidentes.

Al final de Patria, una excelente novela de Fernando Aramburu y una buena serie de televisión, las dos mujeres protagonistas de la historia, la viuda del asesinado y la madre del etarra, amigas antes y enemigas después, se cruzan en la plaza del pueblo, a la salida de misa, y se dan un abrazo. Es un abrazo ligero, tenue, casi obligado por el encuentro fortuito. Parece un abrazo de reconciliación, de perdón, pero no llega a tanto. Sin embargo, expresa bien dos sentimientos que inundan la sociedad vasca a los 10 años del final del terrorismo. De una parte, cierta generosidad que impregna el corazón de la mayoría, deseosos de construir una sociedad que supere las heridas abiertas por esta tragedia de cuarenta años. De otra, el olvido, la huida del pasado, una especie de fuga hacia el futuro que aleje de nuestros recuerdos tanta desgracia y tanta culpa. Nadie quiere responder esta pregunta tan incómoda que —desgraciadamente— nuestros hijos no nos hacen: ¿cómo fuisteis capaces?

Publicado en El país, 13/10/2021

Luces en América Latina

Los nuevos movimientos que crecen en todo el continente auguran un cambio político para 2021

La descripción de los problemas latinoamericanos se ha convertido en un tópico inevitable cuando se analiza la región. Todos comenzamos nuestras propuestas de futuro señalando previamente media docena de claves estructurales que lastran a la mayoría de los países de América Latina. La pandemia los ha agudizado casi todos, añadiendo nuevas dificultades económico-financieras para que los Estados reciban ayudas de las instituciones financieras internacionales y hagan frente a esta catástrofe, más grave en América Latina que en ningún otro continente. 

Hay, sin embargo, algunas luces que están surgiendo en varios países y que están generando movimientos políticos esperanzadores. Chile, Perú, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba… están protagonizando diferentes conflictos con un denominador común: juventud urbana, organizaciones sociales de distinto signo, líderes de opinión, artistas, etcétera, empoderados todos ellos en las redes sociales y decididos a cambiar situaciones políticas anquilosadas en injusticias estructurales o simplemente convocados a rechazar componendas partidarias o corrupciones insoportables. 

Son muy leves todavía. No puede decirse que constituyan un movimiento imparable, pero denotan rasgos comunes. Se trata de universitarios concienciados por la situación política del país, hijos de nuevas clases medias surgidas en las últimas décadas, conectados con el mundo a través de Internet, y portadores de impulsos éticos contra situaciones políticas o socioeconómicas injustas. Dispuestos a cambiar las bases estructurales de sus países. Pueden protestar contra las limitaciones políticas del pospinochetismo o contra el sistema partidario del Perú o contra la violencia en Colombia o contra la falta de libertades en Cuba y en Nicaragua. No los organizan los partidos políticos. Su activismo es al margen de ellos o incluso en su contra. No tienen un fuerte soporte ideológico, salvo en Chile quizás. Es más, su protesta es antagónica según sea el perfil político de sus Gobiernos: neoliberal en Colombia o comunista en Managua o La Habana. Pero sus ansias de libertad, democracia, Estado de derecho y justicia social son evidentes. 

En Chile han sido capaces de acabar con un sistema democrático tutelado y limitado, forzando al Gobierno a un complejo mecanismo de refundación constitucional. La chispa la encendió una circunstancia colateral, el precio del billete de metro de Santiago, pero, finalmente, han ganado por mayoría abrumadora el referéndum para la elaboración de una nueva Ley Fundamental. En Perú, obligaron a dimitir a un presidente interino fruto de intereses espurios de los partidos que dominan la Cámara, y está por ver si de las elecciones de abril de 2021 no surge con fuerza la renovación del marco constitucional que ideó Fujimori. En Ecuador, quizás una protesta más sectorial, los transportistas autónomos obligaron al Gobierno a retirar la subida del precio del combustible. En Bogotá las protestas afectan al proceso de paz y a los reiterados asesinatos de líderes sociales o defensores de los derechos humanos. 

Las protestas en las tres grandes ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, han agrupado a gran parte de la sociedad colombiana. En Nicaragua los jóvenes quieren simplemente democracia. ¿Y en Cuba? Cuba es otra cosa, lo sabemos, pero las protestas del Movimiento San Isidro (MSI) acabaron en una negociación con el Gobierno cuando cientos de personas se concentraron frente al Ministerio de Cultura en reivindicación de libertad de expresión, derecho al disenso y cese de la represión. También aquí es un impulso cívico surgido de un pensamiento crítico en esferas artísticas y jóvenes que se extiende en Internet y que clama contra circunstancias bien conocidas. 

Los próximos años serán duros, una vez más, para América Latina. El deterioro de sus economías aumentará la pobreza y la desigualdad. El malestar con la precariedad de su protección social y la desconfianza ciudadana hacia partidos e instituciones impulsarán protestas y movimientos sociales alternativos. Todo ello en un contexto de enormes fracturas políticas en el interior de los países y tendencias polarizantes muy peligrosas. Parece como si la política latinoamericana estuviera condenada a moverse sobre los extremos del tablero ideológico y experiencias ya fracasadas. Muchos países necesitan un viaje a la centralidad social, abandonando populismos a derecha e izquierda, consolidando sus democracias y reforzando el Estado de derecho como condición previa para el crecimiento, la cohesión y el bienestar social. 

Muchos partidos políticos en muchos países de América Latina necesitan ser renovados por estos impulsos cívicos que están surgiendo en la nueva sociedad latinoamericana. Muchos dirigentes políticos necesitan conectar y escuchar a esta sociedad dinámica y exigente, e integrar a sus líderes en los puestos de representación y en sus estructuras orgánicas. La clave de estos fenómenos será que los sistemas políticos sean capaces de asumir e integrar estos impulsos críticos. El ejemplo chileno es el más paradigmático porque ha dado lugar a una transformación del marco jurídico político, pero en muchos países de América Latina su influencia puede ser determinante en las elecciones del periodo 2021-2022 en el que cambiarán casi todos los Gobiernos de América Latina.

Publicado en El País, 29/12/2020

Volver a Granada

"La guía de la política territorial del PSOE, definida en 2013, se basa en el convencimiento de que el impulso federalista es imprescindible ante los desajustes que viene mostrando el sistema autonómico."

El documento negociado por Rubalcaba fue una tarea enorme de diálogo interior y de esfuerzo de todo. La ambigüedad de los compromisos contraídos en la investidura reclama un posicionamiento firme.

Aunque la covid-19 lo cambie todo, no creo que el conflicto político catalán desaparezca en la “nueva normalidad”. Ya lo hemos visto a lo largo de la crisis sanitaria: la tensión nacionalista del Govern y de Esquerra no ha cesado, preocupados ambos por su recíproca competencia y por mantener encendida la llama de su reivindicación independentista. Es más, todos sabemos que la estabilidad del Gobierno —en lo que se refiere a los apoyos de su investidura— depende de la política territorial que se aplique y más en concreto del desarrollo de la mesa bilateral creada con Cataluña y de las negociaciones permanentes con el PNV.

Una dificultad más para añadir a la, ya de por sí, enorme complejidad que enfrentamos con la recuperación socioeconómica de España, después de la pandemia, que tan duramente nos ha golpeado. Porque, desgraciadamente, todo parece indicar que esta delicada fase de nuestra historia la tendremos que afrontar con la más grave fractura de nuestro sistema político. Por eso, examinar los márgenes de la negociación territorial con Esquerra y el PNV, a la vista de los compromisos contraídos, resulta esencial.

El acuerdo de investidura con Esquerra se limita a crear una mesa bilateral con el Gobierno de la Generalitat y buscar un acuerdo “para la resolución del conflicto político”. El acuerdo con el PNV establece compromisos más concretos en relación con el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de las competencias estatuarias pendientes, inversiones en la Alta Velocidad, apoyo a la industria, etcétera, y una nueva apelación al diálogo... “para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Sobre esas bases se sustenta, pues, el marco acordado con los principales apoyos políticos del Gobierno. Es fácil deducir lo que quieren los nacionalistas, pero, ¿qué queremos nosotros? O, quizás, mejor: ¿qué podemos hacer nosotros para atender estas peticiones y estos compromisos?

Formalmente, el PSOE tiene una posición autonómica consensuada con todos los territorios en el documento aprobado en Granada en julio de 2013 titulado Hacia una estructura federal de Estado. Más tarde, en el verano de 2017, la Comisión Ejecutiva del PSOE y la del PSC aprobaron la llamada Declaración de Barcelona, titulada Por el catalanismo y la España federal .Si unimos ambos documentos tendremos definida la posición del PSOE ante el problema territorial de España. Fuera de este marco, el consenso interno se pierde y los riesgos electorales del PSOE se agravan.

El documento de Granada fue negociado por Alfredo Pérez Rubalcaba con todos los dirigentes territoriales del PSOE. Fue una tarea enorme de diálogo interior y de esfuerzo de todos. Cada noche, al final de las conversaciones con uno u otros, retocábamos el documento para atender peticiones de nuestros dirigentes territoriales. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de julio y después en la Conferencia Política de 2013. Todas las resoluciones del partido aprobadas posteriormente se remiten a ese gran acuerdo interno. Incluidas la Declaración de Barcelona y la Resolución Política del Congreso de 2017. Es un texto riguroso y propositivo, que contempla 14 medidas para dar respuesta a los diferentes problemas suscitados en el modelo autonómico español, 40 años después de su implantación y para responder también a las demandas políticas y económicas de las comunidades autónomas, generadas con las reformas estatutarias de segunda generación (2006-2010). Naturalmente, la propuesta del PSOE pretende también atender a las reivindicaciones nacionalistas planteadas esos años.

Se trata de una alternativa perfeccionadora del modelo autonómico español, en clave federal, no confederal. Se plantea una reforma de nuestra Constitución (en paralelo a otras reformas necesarias en la Carta Magna) y en particular de su título VIII, que contempla, entre otras, las siguientes medidas:

—La incorporación a la Constitución de nuestro mapa autonómico.

—Una nueva y clarificadora distribución de competencias, inspirada en los repartos competenciales federales.

—La determinación y reconocimiento de los Hechos Diferenciales.

—Sustituir el Senado por una Cámara de Representación Territorial, dotándola de nuevas competencias en el proceso legislativo.

—El reforzamiento de las facultades del Estado para asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas.

—Constitucionalizar la participación de las comunidades autónomas en la gobernación del Estado, así como los principios de lealtad y colaboración entre comunidades autónomas y Estado.

—Un nuevo modelo de financiación tomando como referencia el federalismo alemán.

Aunque no de manera explícita, la propuesta socialista se materializa en un proceso de negociación política amplio que incluye, primero, la reforma constitucional y, después, la de los Estatutos de Autonomía, en momentos sucesivos o simultáneos. La aprobación del referéndum constitucional en algunas de nuestras comunidades no sería posible si no va acompañado de la actualización de su autogobierno. En otras, la nueva Constitución permitiría modernizar sus Estatutos en fases posteriores, especialmente para aquellas que no los actualizaron en el periodo 2006-2010.

La actual dirección política del PSOE ha añadido dos elementos singulares a esta propuesta. La consideración de España como un Estado plurinacional y una concreta definición de compromisos a Cataluña en su propuesta política pactada con el PSC en las vísperas de la convocatoria del referéndum de ese año... “para evitar el choque de trenes de 1 de octubre”. (Declaración de Barcelona, 2017). Hay que entender que el término “plurinacional” el PSOE lo acepta en la consideración de una “nación con naciones” o nacionalidades y no como una “nación de naciones”, en afortunada distinción de Andrés Ortega. A su vez, los compromisos de tratamiento singular a Cataluña bien pueden integrarse en su nuevo Estatuto, aunque los detalles de su concreción estarán llenos de complejidad técnica y política.

Esta es nuestra oferta y estos son también nuestros límites en el diálogo con nuestros nacionalismos. Recordar el documento de Granada como guía de la política autonómica del PSOE no es una reivindicación de autoría ni un nuevo y merecido elogio a la gestión conciliadora de Alfredo y de Elena Valenciano en este enconado tema. Es reiterar que todo el PSOE está de acuerdo en este marco y que salirse de él solo podrá hacerse con un consenso interior semejante. Es también reiterar nuestro convencimiento de que el impulso federalista, las herramientas del modelo federal, son imprescindibles ante los desajustes que viene mostrando nuestro sistema autonómico. Las imperfecciones del funcionamiento sanitario en la pandemia o las reiteradas exigencias de revisión de nuestro sistema de financiación son dos buenos ejemplos de nuestras urgencias autonómicas. Hay muchas más y no son fácilmente conciliables

Es, por último, una clarificación política que, creo sinceramente, nuestro partido debe a los españoles. La ambigüedad de los compromisos contraídos en la investidura y la constatación de las exigencias independentistas, autodeterministas o confederales de nuestros interlocutores reclama un posicionamiento firme en la defensa de nuestro modelo territorial autonómico-federal y en el rechazo a la fragmentación territorial de nuestro país. En tiempos de tantas incertidumbres, no añadamos una más. Mucho menos, una tan grave.

Ramón Jáuregui fue redactor de la Conferencia Política del PSOE de 2013.

Publicado en El País. 3/06/2020

Paradojas europeas: una fiscalidad insolidaria

Resulta insultante escuchar a los dirigentes del Gobierno holandés su negativa a mutualizar la solidaridad europea ante la crisis de la pandemia, mientras mantienen un sistema fiscal que priva a sus vecinos de sus ingresos fiscales legítimos. Resulta lamentable ver a Holanda liderando la llamada Liga Hanseática, que se opone a aumentar el Presupuesto europeo mientras acumula en sus bancos la riqueza de muchas multinacionales americanas, obtenida en otros países europeos.

Ya hace más de cinco años que la Unión Europea es consciente de estos graves ataques de deslealtad entre estados miembros y de inaceptables distorsiones al Mercado Único. Deslealtad que se puso de manifiesto con el escándalo LuxLeaks, cuando algunos valientes ciudadanos (whistleblowers) denunciaron la fiscalidad casi nula que ofrecía Luxemburgo para los beneficios que más de 200 multinacionales canalizaban a través de su territorio. Anteriormente, la Comisión Europea había iniciado varias investigaciones formales por presuntas ayudas de Estado ilegales que varios países miembros concedían a algunas grandes empresas (Apple en Irlanda, Fiat Finance and Trade en Luxemburgo y Starbucks y Amazon en Países Bajos).

Ahora Task Justice Network, en un largo y detenido informe, nos indica que Holanda es responsable de que los demás miembros de la Unión Europea pierdan más de 10.000 millones de dólares por impuesto de sociedades cada año, dado que ese país desempeña un papel clave en la deslocalización de los beneficios obtenidos en Europa por las multinacionales americanas.

No es casualidad que en uno de los informes que elaboró la comisión parlamentaria especial sobre fiscalidad del Parlamento Europeo (Taxe), se considerase a Holanda, Irlanda y Luxemburgo como espacios fiscales opacos, muy cerca de ser declarados paraísos fiscales; tampoco que, en los informes por país del Semestre Europeo, la Comisión señalase a estos países por contar con sistemas fiscales que socavan las bases imponibles de sus socios comunitarios.

Lo cierto es que las grandes corporaciones siguen viendo aumentadas las posibilidades de elusión gracias a la fragmentación de los sistemas tributarios europeos y a la competencia fiscal desleal entre países comunitarios. Disponen de un amplio espectro de regímenes jurídicos para distribuir a su conveniencia, entre las distintas entidades que conforman el grupo transnacional, los beneficios que generan en suelo europeo. Resulta inaceptable que, en una Unión donde rige la libre circulación de capitales y existe una política monetaria única, la convergencia en materia tributaria siga brillando por su ausencia.

Es oportuno recordar estas evidencias sobre nuestra imperfecta fiscalidad cuando se discute, con tanto desconocimiento e intencionado olvido, sobre las medidas europeas para la recuperación económica de la crisis de la Covid-19, en términos de más o menos solidaridad interna. El ‘dumping’ fiscal en el corazón del mercado único es una vergüenza y una insostenible insolidaridad. No hay otra manera de calificarlo.

Coincide además que los países que están sufriendo mayores pérdidas a causa de ello, como España e Italia, son también los más afectados por la Covid-19. Asimismo, ha aflorado como una prioridad, en el marco de los debates en torno a esta crisis, la cuestión de instaurar impuestos europeos para hacer frente a las crecientes deudas y déficits públicos. El Consejo Europeo de abril apuntó hacia ciertos gravámenes sobre las emisiones de CO2 y sobre la economía digital como nuevas fuentes de ingreso para ampliar de los recursos propios de la UE y nutrir, con ello, el Fondo de Reconstrucción que se está diseñando. Cobra así fuerza el relanzamiento de la propuesta de una tasa Google a nivel global, europeo o nacional, que compense la infra-tributación y menor vulnerabilidad de la economía digital ante la crisis. Estamos lejos de que nuevas figuras fiscales se introduzcan en la cesta de ingresos propios de la Unión; pero quizás no tan lejos de que se incorporen como nuevos impuestos nacionales. No es perfecto, pero es un avance.

Por otro lado, muchas voces se alzan para que las ingentes ayudas públicas que van a conceder los estados de cara a la supervivencia de las empresas dañadas por la Covid-19 se condicionen a que éstas no utilicen paraísos fiscales.

En este sentido, lo primero que hay que tener claro es una definición completa de paraíso fiscal que sirva como referencia. La lista europea de paraísos fiscales es un buen punto de partida porque, a diferencia de la mayoría de las otras listas nacionales e internacionales, incluye tanto los territorios que favorecen el secreto bancario como aquéllos que promueven la elusión fiscal ofreciendo a las empresas regímenes fiscales especiales en perjuicio de países vecinos. Ahora bien, para ganar más credibilidad, la lista europea debería abrirse a incluir a los estados miembros de la UE, por las razones expuestas anteriormente.

Sin duda, negar las ayudas públicas por la Covid-19 a las empresas con presencia injustificada en paraísos fiscales puede tener un efecto disuasorio importante. También puede ser una oportunidad para exigir una mayor transparencia por parte de las corporaciones beneficiarias del dinero de los contribuyentes. En particular, se debería exigir a las multinacionales que incluyan en sus informes anuales datos financieros, desglosados país por país, con información acerca de las actividades del grupo, sus beneficios y los impuestos que pagan. Sólo así se podrá conocer en qué lugares se encuentra la transnacional, a qué se dedica en ellos y, sobre todo, qué tipo efectivo está pagando en cada territorio. El Estado y la sociedad tienen derecho a conocer el comportamiento fiscal de las empresas, sobre todo ahora que se están aprobando programas de ayudas tan excepcionales y costosos.

En esta misma línea, hay que impedir que la aplicación de beneficios fiscales por parte de las grandes empresas les haga pagar tipos efectivos por debajo del 15%. El debate sobre la tributación mínima de aquéllas está abierto en la UE, en la OCDE y en varios países. Es especialmente pertinente en el contexto de la economía digital, dadas las dificultades de los sistemas fiscales actuales para gravar las nuevas formas de generar valor de las empresas de este sector. Con unas normas que todavía se basan en la presencia física como criterio para vincular los ingresos transnacionales a un territorio, los nuevos modelos de negocio desmaterializados permiten extraer a los gigantes digitales enormes beneficios de sus principales mercados sin apenas gravamen, y colocarlos en paraísos fiscales. La inmediata implantación de un impuesto sobre ciertos servicios digitales, y la introducción de la noción de presencia digital significativa como nuevo nexo tributario para capturar los ingresos provenientes de la economía digital, son ahora medidas más necesarias que nunca.

También lo es armonizar el impuesto de sociedades a escala europea. La Comisión ya ha propuesto varias veces establecer una base imponible común y consolidada para este impuesto (propuesta BICCIS). Esta iniciativa desactivaría gran parte de las operaciones de elusión fiscal corporativa. Se dejarían de calcular los beneficios imponibles de una transnacional conforme a los códigos fiscales, muchas veces divergentes, de los estados miembros. En su lugar, se establecería una base imponible común, conforme a un conjunto de normas homogéneas definidas a nivel comunitario. Igualmente, se consolidarían los beneficios y pérdidas que las multinacionales tengan en territorio comunitario. El saldo resultante se repartiría entre los estados miembros donde operen en función de las ventas, los ingresos y el empleo. Este sistema refleja mucho más fielmente que el actual la contribución de cada entidad del grupo a la generación de valor de la transnacional.

Pero toda tentativa de avance de estas propuestas pasa por transitar del principio de unanimidad, que sigue guiando la toma de decisiones de la UE en materia fiscal, hacia el de la mayoría cualificada. Sólo así se podrá acabar con los desequilibrios que aún arrastra la construcción europea en este campo.

En definitiva, la discusión del plan de recuperación económica de la UE debiera ser aprovechado por el Parlamento Europeo para actualizar la larga lista de recomendaciones de la Comisión Taxe y procurar incluir algunas de ellas en el condicionado de las ayudas públicas a las empresas. En la misma línea, los estados miembros deberían exponer los agravios generados en las haciendas nacionales por prácticas fiscales, desleales y abusivas, de algunos estados y procurar su eliminación gradual. Por último, la UE debe plantear, en las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en la OCDE, la necesidad de encontrar nuevos nexos para lograr una fiscalidad efectiva de la economía digital y el logro de un gravamen mínimo mundial sobre todas las empresas.

Firmado por Ramón Jáuregui y José Luis Escario.Agenda Pública. El País. 18/05/2020

Urgencias latinoamericanas.

España debe huir de la retórica hueca que toma como suyos elementos comunes: historia, cultura, comunidad. Es la hora de la acción. Grandes causas de la agenda global reclaman grandes alianzas.

Más allá del anecdotario que nos tiene ocupados últimamente, hay un sinnúmero de razones para explicar la importancia de América Latina para la política española. Hay 1,5 millones de españoles en América Latina y 1,3 millones de latinoamericanos en España. El 24,5% de los ingresos de las compañías del IBEX 35 proceden de allí. Somos el segundo país en volumen de inversiones (detrás de EE UU) y ello constituye el 30% de nuestras inversiones en el mundo. Diez empresas del IBEX tienen más del 20% de su negocio en América Latina y hay más de 100.000 empresas españolas que exportan a América Latina. En el tablero geopolítico del mundo influimos poco, pero en América Latina somos decisivos, y hoy, algunas de las batallas que se libran en ese tablero, se producen precisamente en aquellos lares. Hay grandes causas de la agenda global que reclaman grandes alianzas, y no es fácil encontrarlas. España es el amigo fiel de América Latina y nadie hará más que nosotros para que Europa también lo sea. Somos esa puerta, y no por casualidad América Latina entró en el radar europeo cuando España lo reclamó.

Pero América Latina está en crisis. Desgraciadamente, la próspera década 2004- 2014 ha ido desvaneciéndose con la Gran Recesión y una nueva conflictividad interior ha llenado el continente de explosión social e inestabilidad política. Las fracturas interiores de su integración regional son paradigmáticas y están creciendo peligrosamente. La mayoría de los países están estancados económicamente. Las crisis democráticas y humanitarias en varios países se enquistan, y a los tradicionales problemas de desigualdad social, violencia y extremo enfrentamiento ideológico se unen ahora las tensiones producidas por unas clases medias desesperadas y empoderadas y una creciente desconfianza ciudadana en las instituciones políticas.

No es el momento de hacer partidismo en esta política. Siempre hemos actuado conjuntamente Gobierno y oposición en estos temas. Pero debemos huir de esa retórica hueca que toma nuestros elementos comunes: historia, cultura, comunidad, etcétera, como armazón discursivo para quedarse en las palabras y en la nada. Es la hora de la acción. España es clave y debe actuar en América Latina consciente de sus intereses comunes y de su enorme impacto en ella. Hay que aprovechar también la presencia de Josep Borrell al mando de la política exterior europea. He aquí algunas sugerencias:

1. En noviembre celebraremos la XXVII Cumbre sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible-Objetivo 2030 y bueno será recordar que esta cumbre lleva 29 años reuniendo a los líderes de América Latina España y Portugal, que en la actualidad no hay ningún organismo internacional que pueda hacer lo mismo y que la tradicional e importante presencia del Rey formaliza la simbólica i

2. Aprobar el Acuerdo Comercial UE-Mercosur constituye la gran urgencia en el terreno comercial y económico. Se trata de una apuesta por el comercio internacional regulado, frente al proteccionismo y las guerras comerciales, que libera al 90% los aranceles de los productos que nos intercambiamos dos mercados gigantescos, el de la UE y Mercosur, con 500 y 250 millones de consumidores, respectivamente. Este acuerdo culmina el extraordinario marco de Acuerdos UE-AL que nos relaciona a los dos continentes casi completamente.
En esa misma línea, hay que aprobar la modernización de los Acuerdos con México y Chile e Incorporar a Bolivia al Acuerdo Multipartes que funciona —y muy bien— con Colombia, Perú y Ecuador.

3 .Europa debería aprovechar la presidencia pro tempore de México en CELAC y conseguir celebrar la cumbre suspendida en 2016 en El Salvador. Es verdad que CELAC ha sufrido un duro golpe con el abandono de Brasil. Así y todo, CELAC es el único organismo regional que integra a todo el subcontinente, y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países europeos y de los 33 latinoamericanos era y es una plataforma extraordinaria y única para dar contenido a nuestra alianza estratégica. Deberíamos aprovechar que la responsable mexicana de la presidencia de CELAC es la —hasta ayer— embajadora en nuestro país Roberta Lajous.

4. Cuba es un país de enorme influencia política en América Latina y está sometido a un cerco político-económico-financiero de EE UU más duro que nunca. Nuestras empresas lo sufren y nuestros bancos lo temen, y, sin embargo, Cuba está necesitada de ayuda, sobre todo de inversión y desarrollo económico. El Acuerdo UE-Cuba firmado en 2017, es una oportunidad de hacernos presentes y defender los intereses europeos en La Habana. Y ello debería ayudarnos en nuestra tarea mediadora para una salida electoral democrática en Venezuela y Nicaragua, para ayudar al fin de la violencia en Colombia, y en la superación de las fracturas que sufre la región. Por supuesto, también creo que ayudará a la transición política interna de Cuba.

5. Urge una reflexión sobre el futuro de los intereses empresariales españoles en América Latina. Nuestras empresas han ayudado a la modernización de los servicios básicos y de las grandes infraestructuras físicas y tecnológicas en América Latina. Pero las circunstancias han cambiado. La fuerte presencia económica de China, la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y el crecimiento de otros mercados están reduciendo nuestra presencia y debilitando nuestra fuerza negociadora.

Ha llegado el momento de fortalecer vínculos con los Gobiernos en el compromiso-país de estas compañías. De mejorar la reputación corporativa con estrategias sociales sostenibles. De fijar horizontes de inversión sólidos y estables. De desarrollar tejido productivo propio en los aledaños de las grandes compañías. De aprovechar nuestra calidad en la formación de cuadros y directivos. De generar sinergias entre nuestras universidades. De realizar nuestra I+D abierta y en colaboración con sus centros y aprovechar la dimensión de nuestro idioma común en el desarrollo de plataformas y de aplicaciones de nuevos servicios en la Red.

6. En el marco de nuestra Asociación Estratégica, Europa y América Latina deberíamos establecer una alianza en la defensa común, de una serie de objetivos coincidentes. El Acuerdo de París y sus derivadas en la lucha contra el cambio climático; el multilateralismo en las relaciones internacionales; la OMC y el comercio internacional regulado; la Agenda 2030; la lucha contra los paraísos fiscales y la cooperación internacional contra la evasión y la elusión; los derechos humanos y el Estado de derecho, deberían ser —entre otros— parte de esa plataforma común.

7. España es el 40% de la ayuda oficial al desarrollo que recibe América Latina. Operamos en toda la región con programas país para millones de ciudadanos. Pero debemos ir más allá. España debe abrir sus puertas a la emigración latinoamericana cuando Estados Unidos eleva muros o millones de latinoamericanos huyen de la miseria sin vida ni futuro. Para España es una inmigración fantástica. Hablan nuestro idioma, tienen alto nivel educacional y el mismo sustrato cultural. Su adaptación es extraordinaria y los necesitamos. En este sentido, España debería liderar la supresión de la visa europea a algunos de los países que todavía la sufren, como Ecuador, a pesar de que viven con nosotros casi 200.000 ecuatorianos.

La primera reunión de la nueva ministra con los embajadores en Madrid fue con los representantes diplomáticos de América Latina y trató con ellos nuestro marco de relaciones. Buena señal y espero que buen comienzo.

Publicado en Tribuna, El País, 6/03/2020

"Ongi etorri" del mal.

"Sortu debe renunciar al bochornoso espectáculo de los recibimientos públicos a terroristas etarras excarcelados."

 

Hitler invadió Austria alegando que las autoridades austriacas se lo habían demandado. Era una patraña organizada desde Berlín con los nazis austriacos, para iniciar así la expansión imperialista que planeaba el nazismo alemán.

 

Cuenta Eric Vuillard en su novela El orden del día la forma en la que el fiscal americano Alderman desmontó esa coartada de los dirigentes alemanes juzgados en Núremberg releyendo conversaciones transcritas entre Göring y Ribbentrop que ponían en evidencia la trama montada por el régimen nazi para justificar esa invasión. En un momento de esa lectura, en la solemnidad de aquel juicio, cuando se evidenciaba la mentira, Göring soltó una risotada. El autor de la novela dice: “A Ribbentrop, por su parte, le sacudió una risa nerviosa”.

 

Unos años después, en 1961, cuando Israel juzgaba a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío, la filósofa Hannah Arendt popularizó su famosa teoría de “la banalidad del mal”, después de asistir a ese juicio que acabó con el ahorcamiento del genocida en 1962. La tesis, fuertemente criticada entonces en Israel, aludía a la inconsciencia del mal producido, a la ausencia de una voluntad criminal expresa y a la inexistencia de rasgos violentos en su personalidad o enfermedad mental alguna. Se trataba simplemente de cumplir órdenes, de ascender profesionalmente, de actuar como “el primero de la clase” en el marco del sistema, de acatar el orden establecido, de simple burocracia, sin analizar el bien o el mal de sus actos.

 

Viendo las caras de nuestros conciudadanos hace ya algunas semanas, recibiendo en su pueblo a uno de los secuestradores de Ortega Lara, recordé estos hechos históricos y, no sé si ingenuamente, les atribuí esa misma explicación. Me pregunté: ¿es que ninguno de ellos fue capaz de pensar en el daño cometido por el homenajeado, en la tortura a la que sometieron a un semejante y en los delitos por los que fue condenado?

 

En la organización de los ongi etorri a los miembros de ETA hay, claro está, un patético intento de justificar una trayectoria clamorosamente equivocada que solo ha producido tragedia y dolor. Incluidos ellos mismos. Lo grave es que haya gente dispuesta a hacer el coro a esa patraña y seguir consignas tan sectarias, como si nada hubiera ocurrido, inconscientes y ajenos a la crueldad de los crímenes que, en el fondo, reivindican con sus bengalas, sus aplausos y sus gritos. Es la banalidad del mal, la convención social que impone la calle, secundando iniciativas de bares y cuadrillas, ensimismadas en su relato falsario.

 

Es la banalidad del mal que impone una corriente política en esos pequeños entornos, opresivamente cerrados, en los que discrepar o criticar implica ser rechazado o excluido. Es la “moda social” que obliga a quedar bien con ese entorno. Es un sentimiento malsano de pertenencia a la comunidad, que impone la solidaridad con el asesino y el desprecio a la víctima, reiterando esquemas mentales pasados, equivocados, acríticos, fanáticos... felizmente superados por la realidad.

 

No. No se trata de burocracia o de órdenes legales, como explicaba Arendt su teoría sobre Eichmann. Es el clima social del pasado en algunos lugares dominados todavía por una subcultura de la violencia que siempre se defendió y nunca se criticó. Ni se critica todavía. No. No son solo amigos y familiares que le reciben, como dijo una dirigente de Bildu en Navarra para atenuar la repugnancia que habían producido esas imágenes. Eso puede hacerse en la intimidad, como lo están haciendo otros yéndose a casa con discreción y humildad.

 

Por eso es tan importante exigir la autocrítica a la izquierda abertzale y construir el relato recordando la verdad de las víctimas, sin reivindicar como héroes a los asesinos, sin homenajes a quienes solo merecen reproche social. Sin levantar las placas que en el suelo o en las fachadas de nuestras calles nos recuerdan los nombres de los asesinados, como ocurre en las calles de Bruselas, Colonia o Fráncfort en emocionado recuerdo de los judíos asesinados en el Holocausto.

 

Hacen bien los partidos políticos vascos en exigir a Sortu ese nuevo paso en su camino a la democracia porque están en juego las convicciones sociales sobre el bien y el mal y la interpretación histórica de lo que fue nuestro trágico pasado. Es por eso una cuestión de moral pública y de justicia con la verdad. Es Sortu quien debe renunciar a ese patético intento de convertir en victoria lo que ha sido una derrota sin paliativos y un horror histórico para este pueblo. Son ellos quienes deben evitar esos espectáculos bochornosos e inadmisibles, que ofenden a la ciudadanía y desprestigian a nuestro país. Más aún, que ponen en duda la rectificación política que ellos mismos protagonizaron en el camino a la paz en 2011.

 

Publicado en El País, 18/09/2019

La cumbre iberoamericana 2018: multilaterismo en tiempos adversos.

 ¿Por qué es importante la Cumbre Iberoamericana de Guatemala? Primero, porque es una oportunidad única de que los jefes de Gobierno de América Latina se vean y hablen entre sí, con la compañía de España y Portugal. Segundo, porque van a fijar una hoja de ruta común hacia los grandes objetivos de la humanidad para 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y tercero, porque van a mejorar su propia integración latinoamericana y sus relaciones con Europa.
El mundo sufre una oleada aislacionista y antipluralista, dos tendencias que por desgracia suelen ir de la mano. Prácticamente en todas las regiones se observan síntomas de repliegue nacional y gestos de rechazo al multilateralismo. EE UU abandona sus compromisos en materia de libre comercio, cambio climático y contención de armas nucleares, y muestra su desconfianza hacia Naciones Unidas y hacia sus socios tradicionales de la OTAN y la UE. En Europa, el nacionalismo y el populismo conciben el embrión de una alianza que pretende socavar desde dentro el proyecto comunitario y la democracia liberal, mientras Reino Unido se desliza por la pendiente del Brexit. En Asia, China consolida su poder sin disimular sus objetivos de predominio geoestratégico y su visión del orden mundial, donde la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional son aspectos secundarios, cuando no prescindibles. Rusia y Turquía, encerradas en sus derivas autoritarias, buscan reforzar sus respectivas áreas de influencia, aun al precio de incrementar peligrosamente la inestabilidad internacional.

América Latina vive su propia versión de estas tendencias, y el deterioro de la situación en dos países con especial carga simbólica, Venezuela y Nicaragua, está empañando las relaciones entre los países de toda la región. Ese tensionamiento progresivo, ha redundado en el bloqueo o el desprestigio de la mayoría de instituciones de integración regional, desde UNASUR a CELAC, pasando por el ALBA y la OEA.
Como consecuencia de esa situación también las relaciones de la región con Europa han experimentado un frenazo. Las Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, que comenzaron en 2013 con un impulso prometedor, están en este momento suspendidas, y los canales de desarrollo de la Alianza Estratégica Birregional, ralentizados o interrumpidos. Además, el Acuerdo UE-Mercosur sigue encallado en una negociación técnica interminable.

En medio de este panorama, la continuidad de las Cumbres Iberoamericanas supone una apuesta por el multilateralismo contra el viento y la marea de los tiempos que corren. Una apuesta que permite además mantener el contacto entre Europa y América Latina, ya que ese espacio reúne a países de ambas regiones. La doble condición de España y Portugal, que son parte de la comunidad iberoamericana a la vez que miembros de la Unión Europea, ha permitido históricamente a estos dos países jugar un papel de gozne entre regiones. A la vista del actual bloqueo de la relación birregional, ese papel es ahora más urgente y clave que nunca.

Las Cumbres Iberoamericanas llevan 27 años sentando a la misma mesa a jefes de Estado y de Gobierno de 22 países. Se trata del único foro de diálogo iberoamericano al máximo nivel que ha venido reuniéndose ininterrumpidamente durante casi tres décadas, que mantiene su actividad de forma constante a través de su órgano permanente entre Cumbres -la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que actualmente desempeña Rebeca Grynspan- y que no ha expulsado ni vetado a ninguno de sus Estados miembro. Todo ello dota a este foro de un plus de legitimidad basado en la continuidad en el tiempo, el pluralismo de sus componentes y el uso del diálogo como único mecanismo de interrelación. A esto se añade una legitimidad de ejercicio derivada de la configuración de las Cumbres como espacio de cooperación orientados a buscar soluciones concretas para los problemas de los miembros de la comunidad.

Los próximos 15 y 16 de noviembre tendrá lugar en Antigua (Guatemala) la XXVI Cumbre Iberoamericana, bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. El propio título escogido contiene ya una cierta declaración de intenciones. Al hablar de prosperidad se alude al desarrollo y a la voluntad de que todos los países de la comunidad dejen atrás definitivamente la pobreza, pero también al esfuerzo por alcanzar un nivel de bienestar equiparable al de los países más ricos del planeta, superando la trampa de la renta media y el abismo de la desigualdad social, y asentando el crecimiento sobre bases sólidas y duraderas. La referencia a la inclusividad implica una visión plural en la que tienen cabida todos y todas sin distinción ni discriminación por razones de clase, género, religión, etnia, opinión o cualesquiera otros factores; una visión que contrasta abiertamente con los planteamientos de quienes aspiran a crear sociedades cerradas, homogéneas y enfrentadas entre sí, agitando las banderas del miedo, el odio y el prejuicio hacia el otro. Por último, la apelación a la sostenibilidad contiene una doble alusión económica y ecológica: sostenible es el modelo que proporciona bienestar de manera continuada en el tiempo, sin poner en peligro los recursos naturales que existen en el entorno y a nivel global.

La apuesta de la Cumbre de este año es, por lo tanto, clara: multilateralismo, pluralismo y cooperación para hacer frente a los retos del futuro, desde el cambio climático al desarrollo, pasando por la lucha contra las desigualdades de toda índole. Retos que nos afectan y nos comprometen a todos en tiempos peligrosos de nacionalismos populistas.

Ramón Jáuregui Atondo es eurodiputado y co-Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

Publicado en EL País, 15/11/2018

Claves para el futuro del PSOE.

A pesar de que la derecha política española se ha dividido en dos partidos, PP y Ciudadanos, el PSOE no emerge como alternativa de gobierno todavía. Naturalmente, hay mil explicaciones y otras tantas propuestas Las mías tienen que ver con cuatro claves.

 El centro sociológico español es cada vez más amplio e intergeneracional. No hemos querido ni sabido defender nuestros legados, incluida la gestión de la crisis y la disputa ideológica con Podemos autoafirmándonos reiteradamente “somos la izquierda”. Y eso nos está alejando de un electorado de centro progresista. Hemos olvidado una regla experimentada en todas nuestras victorias electorales: la izquierda nos vota —aunque nos considere de centro— cuando somos la alternativa a la derecha. Es decir, el voto útil de toda la vida. Si nuestra estrategia es disputar el voto de la izquierda y no ganar el centro, perderemos el liderazgo de la alternativa y dejaremos de ser un partido de mayorías.

La modernidad no es reivindicarse como el nuevo PSOE, sino ofrecerse a las generaciones nacidas a finales del siglo pasado liderando los debates y las soluciones del siglo XXI. El PSOE ha hecho un cambio generacional necesario. Nuestros dirigentes, jóvenes y preparados, son socialistas de muchos años. Pero sus encomiables y comprensibles esfuerzos por disputar la modernidad a quienes lo son simplemente porque son nuevos, deben dirigirse a liderar el mundo que viene, a ofrecer respuestas a las incertidumbres de una globalización desregulada y a las innovaciones disruptivas de la revolución tecnológica. Este espacio está vacío porque ni Podemos ni Ciudadanos han incorporado nada nuevo a estos debates y su tiempo de gracia se está acabando. El nuevo PSOE debe ser un partido que arriesga e innova en sus alternativas para defender sus principios de siempre.

 Generar confianza social en la gestión económica y ser solventes ante los mercados. No digo someterse a ellos, sino regularlos con orden y rigor. Ofrecemos demasiadas dudas en estos campos y necesitamos más y mejores referentes personales en estas materias. El gran objetivo es la igualdad, pero nuestra revolución es un reformismo inteligente. Nuestra voluntad redistributiva está acreditada, pero nuestra capacidad para asegurar el crecimiento choca con nuevos límites y contradicciones en la economía globalizada. Criticamos la preocupante reaparición de la desigualdad, pero nuestras soluciones contra ella no son suficientemente conocidas o no están experimentadas. Toda la izquierda europea busca soluciones a estos y otros dilemas, pero nos equivocaremos si proponemos viejas recetas a la sociedad en Red y del Internet de las cosas. Hay una izquierda antigua, con propuestas viejas, del siglo pasado, aunque las hagan los recién llegados. El anticapitalismo sin alternativas no nos pertenece. Lo nuestro es indagar en las nuevas fórmulas predistributivas y liderar la fiscalidad internacional para combatir la desigualdad. Regular el comercio internacional, crear un nuevo marco laboral, limitar y regular el capitalismo financiero, innovar en derechos y deberes de la Red, asegurar la igualdad y la cohesión social en la nueva sociedad tecnológica...

Tenemos que revisar nuestro proyecto territorial. Los acontecimientos de Cataluña están alterando las bases de nuestra apuesta conciliadora y pactista con los nacionalismos. Si el nacionalismo catalán insiste en su ruptura unilateral independentista y el nacionalismo vasco nos plantea la autodeterminación (aunque venga envuelta en el celofán del eufemístico derecho a decidir), el PSOE debe asumir su liderazgo y protagonismo en una firme defensa del Estado, de sus reglas y de sus instituciones. Seguiremos tendiendo la mano al pacto con las fuerzas políticas representativas de nuestras comunidades autónomas, pero nuestra oferta reformista de la Constitución (Título VIII) y los Estatutos debe reequilibrarse con la experiencia de casi 40 años de autogobierno, con los crecientes sentimientos discriminatorios que expresan cada vez más ciudadanos de España y con las prevenciones que debemos tomar ante el uso y el fin que el independentismo ha hecho de algunas instituciones autonómicas. Aprender de lo ocurrido es obligado.

Hay más cosas, pero si estas reflexiones enriquecen nuestro debate y generan otros, doy por cumplidos mis objetivos con estas líneas.

 

El País, 5/03/2018

RSC en España: propuestas de futuro.

1. Es necesario promover la incorporación de políticas y principios de RSC en las aulas y, singularmente, en el proceso de toma de decisiones (gobierno corporativo y cultura empresarial) de las empresas y las instituciones para conseguir su necesaria transformación en organizaciones ciudadanas. Más allá del cumplimiento de la ley, hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común es, y así será si no lo remediamos, imposible.

2. Combatir y castigar la corrupción y profundizar en la transparencia. La corrupción es el enemigo del Estado social y democrático de derecho, de la economía de mercado y de la innovación. Además de su impacto negativo en el PIB —que la Universidad de Las Palmas ha evaluado en 39.500 millones de euros—, esta lacra destruye la competitividad y corrompe la democracia. La transparencia no solo es hoy un imperativo social, sino, ademas de una obligación, el mejor antídoto contra la propia corrupción.

3. Combatir la desigualdad. Aunque la pobreza se ha reducido globalmente, la desigualdad ha aumentado. La pobreza en España aumentó 14 puntos entre la población en riesgo de exclusión social, debido a la disminución de los ingresos medios y la pérdida de poder adquisitivo, en particular por la contracción de las rentas del trabajo. En términos empresariales, la desigualdad se hace patente en las diferencias salariales: las mujeres cobra un 22% menos que sus compañeros varones y, según datos de Oxfam Intermón, un primer ejecutivo de una empresa del Ibex 35 gana 112 veces el sueldo medio de la compañía y 207 veces el sueldo más bajo.

4. Promover una fiscalidad transparente libre de paraísos fiscales. La evasión de impuestos limita el gasto social, reduce la financiación de infraestructuras, genera competencia desleal, redirecciona la inversión extranjera hacia otros territorios y perjudica a las rentas más bajas. Afortunadamente, ya están surgiendo nuevas exigencias de información fiscal tras la entrada en vigor del Informe Fiscal/País, establecido por la iniciativa BEPS2 de la OCDE y el G20, y el Parlamento Europeo está impulsando nuevas exigencias legales que obliguen a grandes empresas a reportar sus contribuciones tributarias a nivel país.

5. Abordar los nuevos debates éticos que plantea la robotización y la inteligencia artificial. Ya no hay estrategias digitales de RS, sino estrategias de RSC en un mundo digital. La RSC debe ayudar a dar respuesta a algunos interrogantes: ¿Cómo se abordará la sustitución de mano de obra humana por robots? ¿Cómo reducir las desigualdades por acceso a la tecnología y a la educación en nuevas competencias? ¿Cómo protegernos de los algoritmos con sesgos discriminatorios? ¿Cómo mantener el control humano sobre la inteligencia artificial?…

6. Generar un sistema legal internacional de protección y cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos. La descentralización productiva a países con instituciones democráticas socialmente débiles y los impactos de la industria extractiva de recursos naturales están generando una gravísima problemática sociolaboral y medioambiental en demasiados países. Los planes nacionales para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas son demasiado voluntaristas, y los acuerdos sectoriales de grandes empresas o no existen, o no funcionan.

7. Impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS han servido para definir la agenda de desarrollo hasta el año 2030. Suponen un compromiso holístico de cambio de modelos de negocio, coherencia de políticas públicas y de alianzas público-privadas. Representan la nueva era de la RSC… y son nuestro objetivo común. Solo hace falta trabajo conjunto y voluntad política, y ya hemos “perdido” casi tres años…

Juan Jose Almagro, Alberto Andreu, Marta de la Cuesta, Jordi Jaumà, Ramón Jáuregui e Isabel Roser.

 

El País, 4/03/2018.