Lo que no se dijo.

"Es falso defender que la democracia son los votos, no las leyes, o que la autodeterminación es un derecho como se sostuvo en el debate de investidura."

Y debió decirse, añado. Porque el debate de investidura fue y debe ser la gran oportunidad de compartir con la ciudadanía las líneas maestras del Gobierno y de escuchar las posiciones de nuestros representantes en el gran escenario democrático: el Parlamento. Estando como estaba la investidura era un debate difícil para el candidato. No podía fallar y eso le obligó a contenciones y a silencios que, pasados unos días, son fáciles de censurar. El clima creado por una oposición exagerada, por radical e intransigente, está también en el origen de un debate crispado, tenso, antagónico, que mostraba dos bloques irreconciliables en los extremos del tablero político español. Sin duda, lo más grave de lo que está pasando y de lo que desgraciadamente viene. Pues bien, en ese importantísimo debate –especial por sus circunstancias al tratarse de la primera coalición política apoyada en partidos nacionalistas y con toda la derecha a la contra– hubo algunos temas y algunos principios políticos ausentes o peligrosamente tratados. La democracia son los votos, no las leyes. Falso. La democracia es muchas cosas. Desde luego, respeto a la voluntad mayoritaria, pero también lo es el respeto a las minorías en el marco de un sistema de reglas y leyes que la propia democracia construye.

Con demasiada frecuencia se escucha en los grupos que apoyan a este Gobierno que no hay nada superior a la voluntad popular. Falso. Si la voluntad popular violenta las leyes, vulnera la Constitución y se salta las reglas de la convivencia democrática, no es democracia y abre la puerta a la arbitrariedad y al desorden. Imaginen que la mayoría decide no pagar impuestos o romper compromisos internacionales que corresponden a otros ámbitos de soberanía. La voluntad popular mayoritaria puede pretender cambios legales, incluso constitucionales, pero siempre debe hacerlo respetando las reglas y los procedimientos previstos para ello.

La deriva judicial es el origen de los problemas con Cataluña. Falso. El origen podemos remitirlo a mil circunstancias que se han venido produciendo desde hace casi veinte años en la política catalana. Muy probablemente, ningún partido esté exento de responsabilidad. Pero no es el momento de analizar tan largo y conflictivo periodo. Lo que importa decir aquí es que la intervención judicial penal es consecuencia del unilateralismo del Parlament y la Generalitat aprobando leyes e iniciativas abiertamente contrarias a la Constitución y a las leyes. La intervención judicial, por ello, no debe contemplarse tan peyorativamente como se hizo en el debate y, desde luego, no se le puede atribuir ser la causa del problema político actual. Por el contrario, es su consecuencia lógica. El presidente ha aclarado muy bien este extremo en una entrevista en televisión hace unos días.

La autodeterminación es un derecho colectivo. No, no lo es en ningún ordenamiento jurídico moderno. Este principio político quiso aplicarse en 1919 a la redefinición de fronteras a la salida de la Primera Guerra Mundial bajo una ingenua pretensión ilsoniana: «A cada pueblo, una nación. A cada nación, un Estado». Los líos interétnicos producidos en los Balcanes y en la desmembración del viejo imperio austrohúngaro lo desaconsejaron y lo trasladaron a la descolonización africana. Para quien tenga interés histórico, recomiendo la lectura de ‘París 1919’ para ilustrarle sobre las insuperables dificultades con las que se encontraron los negociadores de la paz después de la primera gran guerra con ese ingenuo y perverso principio. En las declaraciones universales modernas solo se reconoce a minorías étnicas oprimidas. Ninguna constitución del mundo reconoce ese supuesto derecho. De manera que la autodeterminación no es un derecho que neguemos, sino una reivindicación política que ellos reclaman, tan legítima como cualquier otra, pero solo eso. No es lo mismo exigir un derecho que reclamar una medida política.

Víctimas y terrorismo. Los discursos sobre terrorismo y víctimas siempre son legítimos. Su forma de ver los acontecimientos actuales siempre debe ser respetada, aunque resulten antagónicas. Lo que faltó decir, a unos y a otros, son dos verdades 24/1/20 8:13 Página 2 de 5 incontrovertidas. La primera: ETA y su violencia solo han causado dolor y tragedia colectiva. Su historia fue un horror y no sirvió absolutamente para nada. Ya es hora de que esto se diga por parte de quienes fueron parte y apoyo de la violencia durante tantos años. La segunda: el terrorismo terminó en 2011 y desde hace casi diez años vivimos en paz y sin tentaciones de vuelta al pasado. Terminamos con ETA y la democracia española venció a la violencia. Ya es hora de que esa victoria no nos divida ni sea puesta en cuestión por nadie. Mucho menos por los demócratas.

La encrucijada española. El debate socioeconómico estuvo centrado en las medidas sociales para superar las consecuencias de una política económica de ajuste, reductora de la protección social y regresiva en cuanto a los derechos laborales. La coalición PSOEPodemos anunció diferentes propuestas para revertir las regresiones sociales de la crisis y eso está bien. Pero nuestros representantes dejaron de lado el debate macroeconómico de España, sus compromisos con el plan de estabilidad europeo y las políticas fiscales en general. Una reflexión sobre nuestra deuda y nuestro déficit es necesaria. Una mayor precisión sobre los nuevos impuestos a las emisiones de carbono y a las empresas digitales o medidas para mejorar los ingresos del impuesto de sociedades o para combatir la desigualdad en el ingreso hubiera resultado igualmente de interés ciudadano. Tampoco se abordó la transición digital y el contexto geopolítico que vivimos en Europa. El mundo se está concentrando tecnológicamente en China y EE UU, se desplaza productiva y comercial mente hacia Asia, convirtiendo al Pacífico en el eje planetario y las guerras monetarias y comerciales pueden acentuar nuestras debilidades demográficas, tecnológicas y defensivas. España no vive aislada de toda esa serie de fenómenos y circunstancias y el mundo no nos espera. Es más, no nos considera salvo que toquemos a su puerta. El debate tecnológico, geopolítico e internacional brilló por su ausencia. Esperemos que el debate presupuestario y la acción misma del Gobierno nos devuelvan a esos parámetros.

Publicado en El Correo, 24/01/2020

Intervención en los PREMIOS AQUI EUROPA VOCENTO

              

Empresas españolas en América Latina.

A finales de los años noventa, varios países latinoamericanos privatizaron en subastas públicas sus compañías nacionales de servicios esenciales: telefonía, energía, transporte, agua, etc. En muchos casos fue una exigencia del FMI para sanear sus cuentas públicas y en otros la privatización respondía a razones de eficiencia y calidad en la prestación del servicio o al saneamiento financiero de las empresas.

Muchas compañías españolas ganaron limpiamente las subastas, se hicieron con la propiedad y con la responsabilidad de esos servicios en varios países de América Latina. Invirtieron mucho capital en modernizarlas y en proporcionar a sus ciudadanos unos servicios semejantes a los europeos. Un embajador peruano me comentaba que en Lima, antes de que llegara Telefónica, el tiempo de espera para instalar un teléfono en un domicilio era de cinco a siete años. Telefónica lo trasformó en siete días. Lo hicieron en perjuicio de los accionistas españoles que - en muchos casos- se irritaron con unas inversiones que limitaban sus rentabilidades financieras.

En general, las grandes firmas españolas hicieron una transformación capital de esas infraestructuras básicas la vida ciudadana moderna. Red de telefonía, de telecomunicaciones, conexión tecnológica de Internet, regularización del servicio eléctrico, bancarización de la vida financiera, introducción de la cultura del seguro, mejora del suministro de agua y de saneamientos, carreteras, transporte urbano etc. Hoy aquellas inversiones de comienzos del siglo XXI, generan beneficios importantes en muchas de aquellas compañías.

Las empresas españolas en América Latina, no han construido una imagen reputacional corporativa. La diversidad de situaciones nacionales y las vinculaciones históricas no aconsejaron crear una Marca País. Muchas veces había que afrontar tareas socialmente ingratas, como por ejemplo regularizar los pagos del servicio eléctrico en un caos de conexiones electicas a la red. Otras veces hubo que renegociar las condiciones de los servicios públicos por sobrecostes. En otros, determinados conflictos con los gobiernos, acabaron en decisiones expropiatorias o reprivatizadoras. Pero, más allá de casos puntuales, puede decirse que un centenar largo de firmas españolas encontraron en América Latina la oportunidad de su internacionalización y que América Latina dio con ellas, un salto de modernidad y de competitividad extraordinario. La década 2000-2010 fue muy buena económicamente para América Latina, no solo por el precio de sus recursos naturales, sino también por sus infraestructuras físicas, tecnológicas y financieras que les permitieron ganar competitividad y atener con eficiencia la demanda internacional de commodities.

En diciembre pasado, Telefónica, uno de los buques insignia de todo este proceso, anunció sus nuevos planes para 2020. El presidente de la multinacional española comunicó que los países en los que concentrará sus planes de futuro son España, Reino Unido, Alemania y... Brasil. En el resto de países latinoamericanos, Telefónica queda abierta a nuevos socios, alianzas, ventas o cualquier otra operación mercantil que interese a la firma. Otras compañías españolas también han ido ampliando su mirada internacional, en función de múltiples circunstancias que determinan su prioridad de inversión.

Una primera reflexión sobre los cambios que están teniendo lugar en la ecuación Empresa Española - América Latina, es precisamente que veinte  años después del desembarco español, América Latina muestra preocupantes signos de estancamiento en sus previsiones macroeconómicas y una inestabilidad política inesperada. Decía Keynes que no hay nada más tímido que un millón de dólares y las empresas observan, cada vez con más atención, no solo la solidez de los mercados y las previsiones de crecimiento, sino también las variables políticas, sociales, medioambientales, en una evaluación de riesgos cada día más minuciosa. Hoy, muchas compañías españolas están consolidando su inevitable dimensión internacional en los mercados europeos, en Estados Unidos y Asia, por la mayor seguridad jurídica de esos países y por el mayor dinamismo de su crecimiento.

Una segunda reflexión es obligada sobre las relaciones entre gobiernos y compañías. A pesar de las contribuciones que muchas de estas empresas han hecho a la modernización tecnológica y financiera de estos países, en general no se ha logrado un clima de mutua comprensión y de colaboración institucional entre ellas y los gobiernos. Las responsabilidades pueden ser mutuas pero no ha habido una retribución reputacional a los esfuerzos que se han hecho en inversiones y reformas estructurales de las viejas compañías. Muchas veces los gobiernos han mirado con recelo provinciano o con evidentes proteccionismos locales a las compañías españolas, con precios exagerados por las licencia o las concesiones o con limitaciones administrativas a su expansión. Otras, las compañías no han insertado sus esfuerzos en proyectos país, previamente negociados con los gobiernos nacionales

El resultado de este distanciamiento puede ser muy grave porque hablamos de servicios y estructuras esenciales para vivir, y para competir. La producción energética renovable, las redes de agua, las telecomunicaciones, los saneamientos, los espacios radioeléctricos, la tecnología 5G, las comunicaciones físicas, aeropuertos, carreteras, son bienes públicos esenciales que están en el corazón de esta ecuación empresas-gobiernos o si ustedes lo prefieren mercado - estado.

La tercera toca el marco de relaciones Europa-América Latina. Es un hecho que la relación de la UE con la región desde hace veinte años arrancó con las presiones españolas a la UE sobre la importancia del continente latinoamericano y sobre la presencia empresarial europea en el subcontinente. El marco de esa relación estratégica son los más de veinte acuerdos de libre comercio que mantenemos con todos esos países (pendientes de la ratificación del acuerdo con MERCOSUR). 

EEUU y China son los dos países más importantes en el comercio con América Latina, pero EUROPA es el principal inversor. Y la inversión de las empresas europeas es clave para esta puesta a punto productivo que reclaman los principales países latinoamericanos. El incremento de productividad de sus economías no vendrá por vender más comodities a China sino por instalar industria productiva competitiva y añadir valor a sus productos. Y para eso, Europa, no China.

Los gobiernos de muchos de los países latinoamericanos deben profundizar en esta ecuación con sus grandes compañías en los servicios esenciales, clarificando horizontes de futuro, garantizado la seguridad jurídica de las inversiones y comprometiendo los esfuerzos inversores en la mejora de los servicios y en el incremento de la productividad. Las compañías, a su vez, deben asumir esos "compromisos país" mejorando así su reputación social y corporativa. Esa es la ecuación que tenemos que desarrollar.

Publicado en El Economista, 21/1/2020