¿Suben los salarios?

Una buena muestra de las divergencias económicas de la zona euro son las diferencias en los salarios entre algunos de los países de la misma zona monetaria. En Alemania y España, por ejemplo, tenemos salarios muy divergentes y quizás más a partir de las últimas noticias. Es verdad que hay millones de empleos de bajos salarios en Alemania (minijobs, por ejemplo), pero la media salarial entre nuestros dos países dista más de un 25%. La crisis en España ha reducido los salarios –sobre todo del empleo joven– en más de un 20% en estos últimos cinco años y hoy tenemos un verdadero problema de subempleo en la cuarta parte de nuestra población laboral.

Desde que la globalización productiva, impulsada por el libre comercio y la financiarización internacional, presiona a la baja las condiciones laborales del mundo occidental, el sindicalismo europeo sufre un desgaste enorme. Su lucha ha sido durante los últimos años casi resistencialista. Defender lo conseguido, no perder protagonismo sociolaboral, mantener afiliación, sostener la negociación colectiva, etc han sido y desgraciadamente son todavía sus principales objetivos. Los sindicatos son, sin embargo, organizaciones imprescindibles en un mundo laboral en constante devaluación y con evidentes dualismos internos y desigualdades crecientes. Otra cosa es que ese sindicalismo necesario se actualice y adapte a un mundo laboral nuevo, y que sea capaz de reformular sus viejas aspiraciones de dignidad y justicia a las nuevas realidades laborales de este siglo.

Pero lo cierto es que mientras todo eso ocurre, se siguen negociando las condiciones laborales y salariales de millones de personas. Mirando a España, estamos a punto de saber si nuestros sindicatos y patronal acuerdan las negociaciones retributivas para los próximos tres años, que girarán en torno al 1% anual, por lo que se va sabiendo.

Sin embargo, y paralelamente, acaba de producirse una importantísima noticia y una gran victoria sindical en Alemania como consecuencia de la negociación de la subida salarial en el sector del automóvil, entre el sindicato IG Metal y la patronal del sector metalúrgico en Baden-Würtemberg. Efectivamente, el acuerdo contempla una subida del 3,4% del salario de los trabajadores a partir del próximo 1 de abril, además de una prima única de 150 euros a cada trabajador. El acuerdo sólo afecta al Estado en el que se encuentra la gran industria automovilística, pero se aplicará también en el resto del país.

Hacía mucho tiempo que una negociación colectiva salarial no terminaba con una victoria sindical tan importante. Dos consecuencias positivas pueden extraerse de esta información. Por una parte, que mejoren los salarios en Alemania es importante porque eso aumentará el consumo en la principal economía europea, permitirá converger con las economías del sur en materia de balanzas comerciales y ofrecerá un horizonte de imitación en el resto de sectores y de países, poniendo fin a los años de devaluación salarial que estamos sufriendo.

Por otro lado, estimula la organización sindical de los trabajadores y fortalece la negociación colectiva como instrumento de fijación de las relaciones laborales.

Que los sindicatos serios –como lo es el IG Metal alemán– y la negociación colectiva recuperen prestigio y presencia no puede sino calificarse como una buena nueva en este clima de deterioro laboral y de derrotas sindicales que llevábamos sufriendo desde hace muchos años.

La estructura salarial en España merece, a la vista de todos estos precedentes, una reflexión un poco más profunda. Empecemos por los salarios bajos. Hay demasiados salarios bajos y son demasiado bajos. Seiscientos cincuenta euros de salario mínimo (junto a Portugal, el más bajo de la Eurozona) para cerca de un millón de empleados es la primera de nuestras anomalías. Una diferencia del 30% de retribución salarial entre temporales y fijos para la misma función, con cerca de cinco millones de trabajadores eventuales, es la segunda. Una diferencia de hasta el 25% de salarios entre hombres y mujeres, la tercera. Y una brecha salarial de uno a cien entre el salario más bajo y el más alto es un abanico salarial inaceptable, además de injustificado.

Por eso se está planteando en toda Europa –y el PSOE lo llevará en su programa electoral– la limitación de los salarios de los directivos, la subida del salario mínimo y una ley para asegurar las retribuciones iguales más allá del género y la edad. Hablando de edad, concretamente de jóvenes, permítanme una línea para denunciar la explotación laboral a la que se ven sometidos miles de jóvenes españoles, licenciados; trabajando en consultoría, despachos, oficinas centrales, etc., con horarios que superan las diez o doce horas diarias, ganando durante años salarios que son la mitad o la tercera parte de los que perciben sus coetáneos en París, Londres o Múnich.

En el marco de una revisión profunda de nuestro Estatuto de los Trabajadores –no lo olvidemos, una ley de hace casi cincuenta años– tiene que adaptarse a un mundo laboral y productivo totalmente distinto al de la España de finales de los años setenta del siglo pasado, los salarios y las condiciones laborales de nuestro país deberán modernizarse, y sobre todo, alcanzar más equilibrio y justicia.

Publicado en Cinco Días, marzo 2015.

Fondos de pensiones responsables.

De entre las muchas conclusiones que pueden extraerse después de ocho años de evolución de la responsabilidad social de las empresas en nuestro país, hay dos circunstancias que merecen ser destacadas. La primera es la desesperante lentitud con que evoluciona la inversión socialmente responsable (ISR) en España. Curiosamente hay una enorme actividad acompañando la ISR, tanto en los ámbitos estrictamente financieros, como en el campo de la divulgación y promoción desde las entidades sin ánimo de lucro, hasta el campo universitario o sindical. Los bancos y las entidades financieras en general han avanzado muchísimo en la elaboración de los sistemas de medición y control de este tipo de inversiones y se han concretado productos y destinos de inversión social para los ahorradores e inversores en general.

Factores como la firma de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, el impulso desde las comisiones de control de los planes de pensiones, el papel de los sindicatos y la reciente creación del foro español de la ISR, han sido los detonantes de este cambio de tendencia. Sin embargo, todos estos esfuerzos e iniciativas no consiguen acercar el volumen de los fondos ISR en España (que no llegan al 2% del total) a las cifras que manejan otros mercados. La ISR se ha multiplicado en EE UU por más de 4 en 12 años y en Europa por 7 en 5 años, estimándose que representa ya casi un 18% de la industria de gestión de activos del viejo continente.

La segunda circunstancia que merece ser destacada es la constatación empírica de que la ISR es, hoy en día, uno de los principales estímulos a los esfuerzos de RSE de las grandes empresas. La mayoría de las investigaciones dejan entrever la existencia de una relación positiva o neutra entre el buen comportamiento ético, social ambiental de la empresa y los resultados financieros. Dicho de otro modo, la Bolsa no penaliza e incluso puede premiar la transparencia y la sostenibilidad. Los inversores y sus gestores examinan, cada vez más, un concepto integral de seguridad para sus inversiones y la seguridad está ligada a la sostenibilidad de la empresa en el medio y largo plazo, más que a las rentabilidades a corto, especulativas muchas veces y de alto riesgo casi siempre.

Es una evidencia que todos los mercados financieros del mundo están mostrando una creciente sensibilidad hacia estos factores y que las exigencias de claridad, transparencia y homogeneidad en las informaciones de las empresas sobre su RSE, vienen acentuándose. Desde la Bolsa neoyorquina hasta las leyes de varios países europeos, incluyendo la nueva Ley de Economía Sostenible de nuestro país, caminan en esa dirección y no será extraño que al final de este año, la UE unifique esta situación.

Pues bien, el avance en la RSE depende en gran medida de la manera en que se transforme esa estrategia empresarial en resultados económicos y hoy la cotización bursátil -quizá más aún en ciertos casos que el consumo y la reputación corporativa- puede ser uno de los más potentes factores en la ecuación entre RSE y beneficios, o mejor dicho, entre competitividad y sostenibilidad.

¿Qué está fallando en España? ¿Somos los españoles insensibles a la calidad social y medioambiental de nuestras inversiones? Probablemente no sea esa la causa. Según un estudio realizado por Economistas sin Fronteras y publicado por la UNED en 2007, Cómo fomentar la ISR en España, los inversores españoles sí premiarían esas buenas conductas pero en cambio creen que estos productos de inversión tienen menor rentabilidad y no confían mucho en ellos debido a su falta de notoriedad o transparencia. El estudio también concluía que para dinamizar el mercado de la ISR, era importante no sólo la información y sensibilización sino también la incorporación de ventajas fiscales y una adecuada regulación a favor de la transparencia.

Los encuestados consideraban que para dinamizar el mercado eran claves dos agentes. Por un lado, las Administraciones públicas y el Estado y, por otro, los inversores institucionales (fondos de pensiones, especialmente). Estos últimos, según el último estudio del observatorio de la ISR que elabora anualmente el Instituto de Innovación Social de Esade, están tirando de la ISR en nuestro país, ya que, a cierre de 2008, 12 fondos o planes de pensiones habían integrado ya criterios de ISR con un patrimonio gestionado de 12.068 millones de euros (un 15,4% del total de fondos de pensiones en España). Algunos de ellos además están firmando los principios de Naciones Unidas para la inversión responsable, lo que les está obligando a aprender a gestionar adecuadamente asuntos de responsabilidad social en sus carteras y a ejercer responsablemente su activismo accionarial, como ya hacen con dejar fondos tan importantes como el fondo noruego de reservas o el fondo de pensiones de los empleados públicos del Estado de California.

Falta pues una práctica más generalizada en las gestoras de fondos hacia estas inversiones y un compromiso mayor por parte de la Administración. Algo que habríamos conseguido si la frustrada Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera sacado a Bolsa -con criterios ISR- el 10% de dicho fondo. Falta, por supuesto, una formación/información en los medios especializados de la evolución bursátil de estos fondos y de los índices internacionales de sostenibilidad. Pero también falla algún mecanismo de estímulo o de exigencia legal en los fondos de pensiones para que sus ingentes cantidades de inversión se muevan con criterios ISR.

Por ello, quienes formamos Alternativa Responsable queremos apoyar las propuestas planteadas por el recién creado foro español de la ISR, Spainsif, para la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en su art. 69.4 proponiendo que "la comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la entidad gestora, elabore por escrito una declaración comprensiva de los principios de su política de inversión en la cual se mencione los riesgos extra financieros (éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno) que afectan a los diferentes activos que integran el fondo de pensiones" y del art. 69.9, donde se dice que "de la misma forma, la comisión de control del fondo, o en su caso de la entidad gestora, deberá informar en el informe anual del fondo de pensiones de la política ejercida en relación con los criterios de ISR, así como del procedimiento seguido para su implantación, gestión y seguimiento".

También compartimos la propuesta del reciente informe del Foro Europeo de la ISR para que los reguladores promuevan un diálogo activo entre accionistas y las empresas, estableciendo en la legislación y con carácter vinculante lo que en terminología anglosajona se conoce como say on pay vote, un voto que otorga a los accionistas el derecho a participar en las decisiones referentes a remuneraciones de ejecutivos. Y máxime cuando además de la opinión pública, gestores de fondos, inversores y reguladores han expresado sus preocupaciones (en algunos casos certezas) acerca de que las estructuras salariales de la alta dirección pueden haber contribuido a un exceso de asunción de riesgos, solicitando mayor atención a los programas de recompensas a largo plazo y crecimiento sostenible.

Artículo conjunto con el grupo Alternativa Responsable integrado por Juan José Almagro, Marta de la Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumá, José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez e Isabel Roser.

Cinco Días.22/03/2010

La responsabilidad social y el Congreso

Hace ya algunas semanas, en estas mismas páginas, Joaquín Tri-go, director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña, comentaba el informe aprobado por el Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas (RSE). Ha pasado demasiado tiempo desde entonces y probablemente ninguno de los lectores recordará los comentarios, bastante despectivos, todo hay que decirlo, que el señor Trigo hacía sobre el desarrollo de las subcomisión parlamentaria y sobre sus conclusiones.

No pretendo, pues, contestarlas ni puntualizarlas porque resultaría anacrónico hacerlo y porque, sinceramente, tampoco merecen una respuesta. Pero no quiero que las páginas de opinión de Cinco Días se queden con una sensación tan pobre y tan crítica del trabajo que durante casi dos años hemos venido realizando los grupos parlamentarios de la Cámara, en una Comisión creada ad hoc para este tema y ante la que han comparecido exactamente 58 representantes de todo el mundo sociolaboral y socioeconómico español: empresas, sindicatos, ecologistas, ONG, consumidores, medios de comunicación, expertos universitarios y, por supuesto, Administraciones autonómicas y del Gobierno del Estado.

El conjunto de sus aportaciones ha sido ordenado en torno a los grandes planos en los que se estructura el debate de la RSE: la definición y los principios que la inspiran; la gestión en los distintos planos, interno y externo, incluyendo los aspectos relacionados con el gobierno corporativo; los ámbitos de actuación; los actores involucrados, y las políticas públicas.

Pero quizás lo más notable de este trabajo es que en el capítulo de las conclusiones se han aprobado 30 grandes constataciones y 60 recomendaciones a las Administraciones públicas, a las empresas y a los distintos agentes relacionados con la responsabilidad social empresarial.

Antes de destacar algunas de ellas, me gustaría recordar que este informe ha sido aprobado por unanimidad de la Cámara, lo que constituye por sí misma una notable noticia en estos tiempos de desacuerdo político general.

Los principales grupos que hemos trabajado en esta materia: PP, CiU, PNV y PSOE, nos hemos puesto de acuerdo y renunciado a los matices ideológicos de cada parte, para trasladar a la opinión pública un mensaje unitario, convencidos de que en esta cuestión era conveniente exponer una posición común y consensuada sobre un tema complejo y transversal.

Es la primera vez que un Parlamento europeo aprueba una resolución integral sobre la RSE y de hecho distintas instituciones legislativas y políticas europeas están solicitando este documento para su estudio. Hace sólo unos días, el jefe ejecutivo de Global Reporting Initiative, Ernst Ligteringen, nos felicitó expresamente a Eugenio Azpiroz, representante del PP, y a mí mismo sobre la oportunidad y calidad de este trabajo.

El informe no da recetas ni marca objetivos. Parte de considerar que la RSE es un camino que las empresas deben recorrer en su afán por integrar en su estrategia los intereses de sus grupos afines, especialmente trabajadores y comunidad. Se afirma que se trata de una cuestión estructural y que se inscribe en una renovación cultural de la naturaleza y de los fines de la empresa para con la sociedad. Se reitera la voluntariedad de la RSE, aunque se insiste en la necesidad de que se instrumenten políticas públicas de apoyo y fomento. El informe recomienda la autorregulación sectorial de la RSE para los diferentes sectores de actividad de ámbito supranacional. También exige que se mejore el reporte y la verificación de las memorias de sostenibilidad y pide al Gobierno que regule o fomente la inversión socialmente responsable.

Sesenta recomendaciones no caben en tan pocas líneas. En breve plazo el foro de expertos creado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborará también su informe. Me consta que CEOE va a publicar una aportación interesante sobre este tema y el diálogo social de CC OO, UGT y CEOE ha comenzado también a abordar su importante punto de vista sobre esta cuestión.

Lo lógico y deseable sería que el Gobierno aborde esta cuestión, en cumplimiento de su propio programa electoral, y a la vista de las conclusiones y de los informes antes citados adopte decisiones a favor de una política que promocione y potencie la responsabilidad social de las empresas españolas.

No se trata de hacer una ley sino de establecer una intervención pública, en diálogo con las empresas y stakeholders, para recorrer un camino hacia la excelencia en la gestión responsable y sostenible de las empresas que favorecerá su competitividad en la economía global y que favorecerá la extensión de los derechos humanos y la cohesión social en el mundo.

Cinco Días.