23 de mayo de 2007

El pacto de Imaz

Acostumbrados a todo y aburridos, todo hay que decirlo, de iniciativas y propuestas, acuerdos y desacuerdos en el tema eterno de la lucha contra el terrorismo, hemos dejado pasar con sorprendente desatención una propuesta interesante, que merece más comentarios. El presidente del PNV estuvo en Madrid en un desayuno periodístico hace unos días y, a partir de sus malos presagios sobre un atentado terrorista, recomendó la unidad de los partidos democráticos para afrontarlo. Imaz concretó posteriormente algunas bases de ese posible acuerdo y aunque no formalizó su propuesta, mantiene ostensiblemente una función mediadora para facilitarla y hacerla posible.

La propuesta no tiene novedades políticas. La novedad es quién la propone y las razones en que la sustenta. Que su contenido no sea novedoso se explica en la imposibilidad material de encontrar nuevos elementos de conexión partidaria en este tema. Desde Ajuria Enea y el Pacto por las Libertades, está todo inventado. La ilegitimidad absoluta de la violencia, los principios democráticos en que se basa la lucha contra ETA, los instrumentos para combatirla, la importancia moral, social y política de las víctimas, etcétera, todo ha sido ya ampliamente discutido y por supuesto redactado y suscrito. De manera que, naturalmente, Imaz no ha aportado nada nuevo en su propuesta de pacto, salvo su deseo de que tal pacto se formalice, dando por supuesto que el PNV estaría en él.

No deja de ser llamativo que sea el PNV quien reclame un pacto contra ETA, que lo haga llamando a él al PSOE y al PP, y que lo haga ofreciéndose como el único puente de mediación entre ambos partidos. Y lo que sobrepasa la sorpresa hacia el campo de lo inexplicable es la fría acogida que tal actitud ha provocado en PP y Gobierno/PSOE. Sólo puede argumentarse que el tiempo electoral, en plena campaña, no es propicio para estos propósitos y que cabe esperar una recuperación de la idea a partir del 27-M. Quizás por ello el Gobierno se ha limitado a manifestar su simpatía por la idea, ha recordado que la intentó en enero después del atentado de Barajas y ha añadido que probablemente formará parte de la agenda de la reunión que Zapatero y Rajoy tienen prevista para junio, después del 27 de mayo. Estoy seguro de que así será, aunque mantengo mis serias dudas sobre la posibilidad del acuerdo, conocidas las diferencias estratégicas entre Gobierno y PP para acabar con la violencia.

Y, sin embargo, la búsqueda de un mínimo común denominador contra ETA, aunque sea sólo para los próximos doce meses que nos quedan hasta que se forme el próximo Gobierno de la IX Legislatura española, está cargada de sentido común. En primer lugar para que ETA obtenga una respuesta democrática unitaria a sus acciones, sean éstas las cartas de extorsión terrorista, una campaña de verano con bombas en localidades turísticas o la reanudación de atentados contra personas. Dicho de otro modo, que los analistas de ETA no encuentren entre los motivos para sus atentados provocar la división y la fractura en el sistema partidario y en la sociedad española producida después del 30 de diciembre pasado. Porque supongo que nadie dudará a estas alturas que a ETA le conviene una política española desunida y debilitada por la controversia partidaria que puedan producir sus acciones.

En segundo lugar porque un pacto de mínimos ahora debería añadir a la respuesta unitaria dos ideas que me parecen fundamentales en estos momentos: la reafirmación de todos los partidos democráticos en no dialogar y en no negociar sobre el futuro político del País Vasco hasta que la violencia no haya desaparecido definitivamente, y la aplicación real del principio de no participación política del entorno de ETA, es decir, Batasuna, hasta que no desaparezca la violencia. Es verdad que sobre este último aspecto arrastramos un considerable desacuerdo por ambos lados, es decir, por quienes piensan -el PP- que una parte de ese entorno ya está presente, en las listas de ANV no impugnadas, y por quienes creen que todo él debe estar en las instituciones (EA-Aralar, IU y PNV sólo en parte). No se me ocurre mejor fórmula para superar este punto que dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y aceptar la situación de hecho producida por la acción del Gobierno y de la Fiscalía.

Por último, ese pacto transitorio, si fuera posible, pondría las bases de negociación de un nuevo acuerdo que la democracia necesita en la próxima legislatura para abordar el fin de la violencia, fase en la que sin duda estamos y que tendría como punto central el acuerdo entre los partidos para determinar cuándo es posible un diálogo final para la disolución de la banda y sobre qué bases, condiciones o límites debe abordarse. No es difícil aventurar que el próximo Gobierno de España deberá iniciar su andadura recomponiendo la división creada en esta materia estos años, herederos, no lo olvidemos, de dos grandes pactos ya periclitados: Ajuria Enea (1988) y contra el terrorismo (2001).

¿Qué ha motivado al PNV a ejercer este novedoso papel mediador entre los partidos estatales en la búsqueda de un pacto antiterrorista? Para empezar me gustaría destacar la enorme significación política de la iniciativa, dada la controvertida y variable estrategia por la paz de la formación jeltzale. Que el partido que suscribió el Pacto de Lizarra hace unos años haga ahora esta propuesta, me reconocerán hasta los más conspicuos y obstinados detractores del PNV, es como pasar de la noche al día. ¿Que hay un cálculo partidario electoral en la forma y el tiempo? Todos hacemos todo en esa clave, pero no creo que quepa una explicación tan simple, entre otras cosas porque no están claras las ganancias en ese terreno para el PNV en este contexto (anulación de listas de Batasuna y disputa nacionalista por el voto radical) y, sobre todo, si reconocemos que esa iniciativa ahonda seriamente la división interna del PNV en esta cuestión.

Más bien creo que la propuesta de Imaz responde a tres impulsos consistentes. El primero se deriva de la firmeza de sus principios democráticos. La oferta del presidente del EBB es clara: «Rechaza negociar el futuro político de Euskadi con ETA y sólo admite el diálogo con la banda terrorista tras el cese definitivo de la violencia, circunstancia que no ocurre hoy en día». La contundencia de la cita habla por sí sola y complementa aquella otra tan acertada como oportuna, «primero la paz y luego la política». El segundo es el fruto de la experiencia. De dos procesos tan diferentes como Lizarra y el del año pasado, el PNV no puede extraer otra conclusión que la desconfianza y el descrédito de su interlocución con ETA-Batasuna. En el primero la banda le engañó. En el segundo Batasuna le decepcionó. Por eso, lo dijo también Imaz, «que no nos mareen», refiriéndose a los cantos de sirena, mezclados con las consabidas amenazas, que les dirigen los portavoces radicales, a los que exigen autonomía política y rechazo a la violencia. Y el tercero es el más destacable políticamente, porque representa el giro copernicano del PNV en este asunto, al pasar del pacto de mayoría nacionalista que se impone a los no nacionalistas, en Lizarra, al compromiso con el pacto de pluralidad vasca y al entendimiento político previo y constante con el Gobierno del Estado en el camino hacia la paz. En este sentido, siempre he pensado que uno de los logros de este proceso que hemos vivido es la creciente empatía personal y entendimiento político que ha surgido entre el líder del PNV y el presidente del Gobierno.

De manera que volvamos al principio. La idea o propuesta, o lo que sea que ha hecho Imaz, de reconstruir un pacto antiterrorista entre los partidos, especialmente dirigida a PSOE y PP, para sacar del debate partidista la política antiterrorista ante el riesgo de acciones de ETA, no es para nada despreciable. Es más, creo que corresponde al presidente del Gobierno volver a proponérselo al líder de la oposición, después del 27-M. Es difícil, lo sé, pero ya lo dijo Voltaire: 'Les grandes choses sont souvent plus faciles qu'on ne pense'.