Resistir.

Sacrificar al PSC y a su líder por asegurar la legislatura española sería un error monumental que arruinaría el futuro de los socialistas en Cataluña

La estrategia de Pedro Sánchez con Cataluña ha estado y está sometida a críticas feroces porque sus gestos y sus iniciativas son objetivamente discutibles y han provocado una apasionada fractura de nuestra opinión pública. Los indultos en su día, la reforma del Código Penal atenuando los tipos delictivos asociados al 'procés' y finalmente la amnistía, negociada a la par que la investidura, ni fueron ni son actos banales. Por el contrario, están cargados de significados políticos muy controvertidos y excepcionales y no han contado con los consensos exigibles para ese tipo de medidas. El presidente y su Gobierno los justificaron como necesarios para abordar el diálogo en Cataluña sobre bases menos crispadas y menos agraviadas.

Las elecciones del domingo fueron un plebiscito en cuanto a la opinión de los catalanes sobre esas medidas y son un buen observatorio sobre su idoneidad en relación con nuestro problema catalán. De ellas se extraen tres importantes conclusiones:

Primera: El PSC y el PSOE ven ratificada su estrategia en Cataluña con una victoria electoral no por esperada menos importante y significativa. Los catalanes querían esos gestos y esas iniciativas y han premiado con un respaldo electoral crecido a quienes las han protagonizado.

Segunda: La suma de los diputados independentistas ha perdido la mayoría absoluta por primera vez (61 diputados) y el voto nacionalista no supera el 43%.

Tercera: La vía de la unilateralidad y de la radicalidad independentista está derrotada.Todo hace presumir que se iniciará una nueva fase de diálogo y pacto en el seno de la sociedad catalana, para plantear, después, sus propuestas, a partir de una negociación seria y colaborativa entre Cataluña y el Estado.

La pregunta que surge, pues, para quienes creemos que el tema catalán es el más serio e importante problema de España, es: ¿qué habría sucedido si la política aplicada durante estos últimos años hubiera sido otra? ¿Habríamos obtenido estas tres conclusiones si no hubiéramos hecho estas concesiones en términos de serenar y amortiguar la efervescencia sentimental de Cataluña? No es difícil concluir, por tanto, en el éxito político en Cataluña de una estrategia arriesgada y controvertida, que ha situado el tema catalán en otra fase y que presenta, por ello, nuevas perspectivas.

Pero la vida sigue. Que se inicie un tiempo nuevo no significa que el contencioso catalán esté resuelto, sino que ahora hay que aplicarse en las consecuencias de este nuevo mapa electoral. Me cuentan fuentes próximas a Puigdemont que él reitera, a quien le quiere oír, que Sánchez no ganó las elecciones del 23 de junio de 2023 y, sin embargo, es presidente. Igualmente repite que Collboni no ganó las elecciones municipales de Barcelona y, sin embargo, es alcalde. ¿Por qué no puedo ser yo entonces president,aunque Junts no sea primera fuerza? Obviamente pretenderá decirle a Sánchez que su legislatura depende de que sacrifique a Illa y haga presidente a Puigdemont. Ese será el nuevo precio de sus siete votos para sostener el Ejecutivo de Sánchez. De hecho, sus declaraciones en la noche electoral fueron muy elocuentes hablando en este sentido al recordar cómo gobierna Sánchez y al reclamar la unidad con Esquerra para que sean 15 (siete de Junts y ocho de ERC) los diputados en el Congreso que amenacen a Sánchez con retirarle su apoyo si no facilita su investidura.

Esquerra se negará a un Gobierno de izquierdas en Cataluña presidido por Illa y así se manifestó Aragonès al anunciar su pase a la oposición. Tentados por Puigdemont para presionar a Sánchez, puede que ambos reiteren sus condiciones maximalistas: referéndum y concierto económico (ahora lo llaman financiación singular) para Cataluña.

Es muy pronto para pronunciarse y es muy fácil hacerlo desde esta ventana, pero creo que debemos negarnos a estas exigencias. Sacrificar al PSC y a su líder por asegurar la legislatura española sería un error monumental y arruinaría las expectativas socialistas en Cataluña por mucho tiempo. Materializar las exigencias inconstitucionales del nacionalismo catalán (referéndum y concierto) a cambio de estabilizar la gobernación española sería suicida para el socialismo español y llevaría al país a un escenario político y territorial insostenible.

Al presidente del Gobierno le acompaña, con todo merecimiento, la aureola de ser un líder resistente frente a presiones y poderes supuestamente superiores. El desenlace de su pausa personal también responde a esas cualidades. Pues bien, es hora de resistir y no ceder a las pretensiones de los perdedores electorales y a sus exigencias inconstitucionales. Si el desenlace de este pulso son nuevas elecciones en Cataluña, con más razón las volverá a ganar el vencedor del domingo. Y si ese mismo pulso cuestiona la legislatura española, con las mismas razones saldremos reforzados de unas nuevas elecciones generales.

Publicado en el Correo, 14-5-2024

¿Qué propone el PP para Cataluña?

"La política española debe plantearse una estrategia para ganarse la adhesión de un catalanismo centrado que excluya la pretensión independentista.¨

Todo el mundo sabe que los indultos pretenden suavizar la situación política con Cataluña para avanzar hacia algún tipo de acuerdo de fondo sobre su estatus en España. Sabemos que esta decisión divide al país sociológica y territorialmente porque la opinión pública catalana es abiertamente favorable a ella, mientras que el rechazo en el resto de España es mayoritario. Muchos coincidimos en los costes políticos de la medida y en los inconvenientes jurídicos que origina, pero apreciamos la oportunidad estratégica de la decisión como condición previa, inexcusable, al diálogo con el nuevo Gobierno catalán. 

Por eso, es preciso preguntarse sobre la estrategia futura de los grandes partidos ante el problema catalán. La política del Gobierno y del PSOE se intuye. Abordar un diálogo sobre el marco autonómico y financiero de Cataluña incluyendo una reformulación estatutaria, que supere las limitaciones impuestas por el Tribunal Constitucional al reformado de 2007, incluyendo para ello una reforma de la Constitución en perspectiva federal. Esta oferta está incluida en sendos documentos medulares de la política territorial del PSOE que fueron aprobados por sus órganos federales y autonómicos: la Declaración de Granada y la de Barcelona. El propósito final de dicha oferta es conseguir una aprobación refrendataria de la ciudadanía catalana tanto a su nuevo Estatuto como a la Constitución reformada, junto al conjunto del pueblo español. En la misma operación España abordaría así las importantes reformas pendientes y necesarias de nuestra ya vieja Carta Magna. 

¿Cuál es la propuesta del PP para Cataluña? Además de oponerse a los indultos –legítimamente, añado–, ¿Qué propone para el futuro? Hay que entender que su rechazo a la medida irá acompañado de su negativa a cualquier modificación estatutaria (ya recogió firmas contra el anterior Estatuto y luego lo impugnó ante el Constitucional) y, por tanto, a cualquier diálogo con el Gobierno catalán. 

No es difícil argumentar esta firmeza ante el independentismo si reconocemos que las pretensiones nacionalistas no caben, de ninguna manera, en nuestro ordenamiento constitucional. Seguramente el PP, en su camino a La Moncloa, no modificará una coma de esta argumentación y seguirá aprovechando los costes del Gobierno en su diálogo catalán. Pero es legítimo y necesario también preguntarse por los resultados de esa estrategia si mañana les tocara gobernar España. ¿Sería probable que la escalada nacionalista producida entre 2011 y 2018 (años de Gobierno del PP) se incrementara? ¿Podemos creer que, si el independentismo en Cataluña ha llegado hasta el 45% del censo, pudiera llegar al 60% en 2030? Es bueno hacerse esas preguntas porque, en democracia, son los votos los que determinan el futuro y la política española debe preguntarse sobre su mejor estrategia con relación a Cataluña para desinflamar ese sentimiento, hábilmente manipulado en los últimos diez años por el nacionalismo catalán. La política española debe plantearse una estrategia para ganarse el afecto y la sión de un catalanismo centrado, que excluya la pretensión independentista porque aprecia las ventajas de un autonomismo avanzado y pactado. Algo de esto sabemos en Euskadi. 

Pero una estrategia así necesita del pacto interno en España. Al igual que en otras grandes materias del país, España afronta el futuro con una división interna lamentable. La estrategia del Gobierno padece así un problema importante. Su oferta autonómica-constitucional aparece poco creíble por la falta de apoyo del PP a unas reformas que necesitan inexorablemente de su consenso. Ya no se trata solo de que el nacionalismo catalán rechaza esa vía porque ha abrazado otra, la del referéndum de autodeterminación para la independencia, sino que la propuesta del Gobierno, negando taxativamente dicho referéndum y ofreciendo generosamente la otra vía, carece de verosimilitud ante la negativa del PP a cualquier diálogo. 

Este es el verdadero dilema del debate actual sobre los indultos. Que la medida es problemática ya lo sabemos. Quizás habría sido más razonable una reforma del Código Penal sobre la sedición y una aplicación retroactiva de la ley más favorable, pero entiendo bien la injusticia de esta medida para con los fugados (y la probable oposición de ERC a tal salida). En cualquier caso, el debate va más allá. Es más de fondo e interpela al principal partido de la oposición sobre una estrategia fundamental para la España de mañana. ¿Qué propone el PP para Cataluña?

Publicado en el Correo y Diario Vasco, 20/06/2021

España federal, con MIQUEL ICETA, RAMÓN JÁUREGUI y SANDRA GUAITA.

Acto de la Escola Xavier Soto, la Fundació Rafael Campalans y el PSC, con Miquel Iceta, primer secretario del PSC, Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica y Sandra Guaita,diputada socialista en el Congreso de los Diputados.

Vía : PSCtv

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"La guía de la política territorial del PSOE, definida en 2013, se basa en el convencimiento de que el impulso federalista es imprescindible ante los desajustes que viene mostrando el sistema autonómico."

El documento negociado por Rubalcaba fue una tarea enorme de diálogo interior y de esfuerzo de todo. La ambigüedad de los compromisos contraídos en la investidura reclama un posicionamiento firme.

Aunque la covid-19 lo cambie todo, no creo que el conflicto político catalán desaparezca en la “nueva normalidad”. Ya lo hemos visto a lo largo de la crisis sanitaria: la tensión nacionalista del Govern y de Esquerra no ha cesado, preocupados ambos por su recíproca competencia y por mantener encendida la llama de su reivindicación independentista. Es más, todos sabemos que la estabilidad del Gobierno —en lo que se refiere a los apoyos de su investidura— depende de la política territorial que se aplique y más en concreto del desarrollo de la mesa bilateral creada con Cataluña y de las negociaciones permanentes con el PNV.

Una dificultad más para añadir a la, ya de por sí, enorme complejidad que enfrentamos con la recuperación socioeconómica de España, después de la pandemia, que tan duramente nos ha golpeado. Porque, desgraciadamente, todo parece indicar que esta delicada fase de nuestra historia la tendremos que afrontar con la más grave fractura de nuestro sistema político. Por eso, examinar los márgenes de la negociación territorial con Esquerra y el PNV, a la vista de los compromisos contraídos, resulta esencial.

El acuerdo de investidura con Esquerra se limita a crear una mesa bilateral con el Gobierno de la Generalitat y buscar un acuerdo “para la resolución del conflicto político”. El acuerdo con el PNV establece compromisos más concretos en relación con el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de las competencias estatuarias pendientes, inversiones en la Alta Velocidad, apoyo a la industria, etcétera, y una nueva apelación al diálogo... “para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Sobre esas bases se sustenta, pues, el marco acordado con los principales apoyos políticos del Gobierno. Es fácil deducir lo que quieren los nacionalistas, pero, ¿qué queremos nosotros? O, quizás, mejor: ¿qué podemos hacer nosotros para atender estas peticiones y estos compromisos?

Formalmente, el PSOE tiene una posición autonómica consensuada con todos los territorios en el documento aprobado en Granada en julio de 2013 titulado Hacia una estructura federal de Estado. Más tarde, en el verano de 2017, la Comisión Ejecutiva del PSOE y la del PSC aprobaron la llamada Declaración de Barcelona, titulada Por el catalanismo y la España federal .Si unimos ambos documentos tendremos definida la posición del PSOE ante el problema territorial de España. Fuera de este marco, el consenso interno se pierde y los riesgos electorales del PSOE se agravan.

El documento de Granada fue negociado por Alfredo Pérez Rubalcaba con todos los dirigentes territoriales del PSOE. Fue una tarea enorme de diálogo interior y de esfuerzo de todos. Cada noche, al final de las conversaciones con uno u otros, retocábamos el documento para atender peticiones de nuestros dirigentes territoriales. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de julio y después en la Conferencia Política de 2013. Todas las resoluciones del partido aprobadas posteriormente se remiten a ese gran acuerdo interno. Incluidas la Declaración de Barcelona y la Resolución Política del Congreso de 2017. Es un texto riguroso y propositivo, que contempla 14 medidas para dar respuesta a los diferentes problemas suscitados en el modelo autonómico español, 40 años después de su implantación y para responder también a las demandas políticas y económicas de las comunidades autónomas, generadas con las reformas estatutarias de segunda generación (2006-2010). Naturalmente, la propuesta del PSOE pretende también atender a las reivindicaciones nacionalistas planteadas esos años.

Se trata de una alternativa perfeccionadora del modelo autonómico español, en clave federal, no confederal. Se plantea una reforma de nuestra Constitución (en paralelo a otras reformas necesarias en la Carta Magna) y en particular de su título VIII, que contempla, entre otras, las siguientes medidas:

—La incorporación a la Constitución de nuestro mapa autonómico.

—Una nueva y clarificadora distribución de competencias, inspirada en los repartos competenciales federales.

—La determinación y reconocimiento de los Hechos Diferenciales.

—Sustituir el Senado por una Cámara de Representación Territorial, dotándola de nuevas competencias en el proceso legislativo.

—El reforzamiento de las facultades del Estado para asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas.

—Constitucionalizar la participación de las comunidades autónomas en la gobernación del Estado, así como los principios de lealtad y colaboración entre comunidades autónomas y Estado.

—Un nuevo modelo de financiación tomando como referencia el federalismo alemán.

Aunque no de manera explícita, la propuesta socialista se materializa en un proceso de negociación política amplio que incluye, primero, la reforma constitucional y, después, la de los Estatutos de Autonomía, en momentos sucesivos o simultáneos. La aprobación del referéndum constitucional en algunas de nuestras comunidades no sería posible si no va acompañado de la actualización de su autogobierno. En otras, la nueva Constitución permitiría modernizar sus Estatutos en fases posteriores, especialmente para aquellas que no los actualizaron en el periodo 2006-2010.

La actual dirección política del PSOE ha añadido dos elementos singulares a esta propuesta. La consideración de España como un Estado plurinacional y una concreta definición de compromisos a Cataluña en su propuesta política pactada con el PSC en las vísperas de la convocatoria del referéndum de ese año... “para evitar el choque de trenes de 1 de octubre”. (Declaración de Barcelona, 2017). Hay que entender que el término “plurinacional” el PSOE lo acepta en la consideración de una “nación con naciones” o nacionalidades y no como una “nación de naciones”, en afortunada distinción de Andrés Ortega. A su vez, los compromisos de tratamiento singular a Cataluña bien pueden integrarse en su nuevo Estatuto, aunque los detalles de su concreción estarán llenos de complejidad técnica y política.

Esta es nuestra oferta y estos son también nuestros límites en el diálogo con nuestros nacionalismos. Recordar el documento de Granada como guía de la política autonómica del PSOE no es una reivindicación de autoría ni un nuevo y merecido elogio a la gestión conciliadora de Alfredo y de Elena Valenciano en este enconado tema. Es reiterar que todo el PSOE está de acuerdo en este marco y que salirse de él solo podrá hacerse con un consenso interior semejante. Es también reiterar nuestro convencimiento de que el impulso federalista, las herramientas del modelo federal, son imprescindibles ante los desajustes que viene mostrando nuestro sistema autonómico. Las imperfecciones del funcionamiento sanitario en la pandemia o las reiteradas exigencias de revisión de nuestro sistema de financiación son dos buenos ejemplos de nuestras urgencias autonómicas. Hay muchas más y no son fácilmente conciliables

Es, por último, una clarificación política que, creo sinceramente, nuestro partido debe a los españoles. La ambigüedad de los compromisos contraídos en la investidura y la constatación de las exigencias independentistas, autodeterministas o confederales de nuestros interlocutores reclama un posicionamiento firme en la defensa de nuestro modelo territorial autonómico-federal y en el rechazo a la fragmentación territorial de nuestro país. En tiempos de tantas incertidumbres, no añadamos una más. Mucho menos, una tan grave.

Ramón Jáuregui fue redactor de la Conferencia Política del PSOE de 2013.

Publicado en El País. 3/06/2020

Lo que no se dijo.

"Es falso defender que la democracia son los votos, no las leyes, o que la autodeterminación es un derecho como se sostuvo en el debate de investidura."

Y debió decirse, añado. Porque el debate de investidura fue y debe ser la gran oportunidad de compartir con la ciudadanía las líneas maestras del Gobierno y de escuchar las posiciones de nuestros representantes en el gran escenario democrático: el Parlamento. Estando como estaba la investidura era un debate difícil para el candidato. No podía fallar y eso le obligó a contenciones y a silencios que, pasados unos días, son fáciles de censurar. El clima creado por una oposición exagerada, por radical e intransigente, está también en el origen de un debate crispado, tenso, antagónico, que mostraba dos bloques irreconciliables en los extremos del tablero político español. Sin duda, lo más grave de lo que está pasando y de lo que desgraciadamente viene. Pues bien, en ese importantísimo debate –especial por sus circunstancias al tratarse de la primera coalición política apoyada en partidos nacionalistas y con toda la derecha a la contra– hubo algunos temas y algunos principios políticos ausentes o peligrosamente tratados. La democracia son los votos, no las leyes. Falso. La democracia es muchas cosas. Desde luego, respeto a la voluntad mayoritaria, pero también lo es el respeto a las minorías en el marco de un sistema de reglas y leyes que la propia democracia construye.

Con demasiada frecuencia se escucha en los grupos que apoyan a este Gobierno que no hay nada superior a la voluntad popular. Falso. Si la voluntad popular violenta las leyes, vulnera la Constitución y se salta las reglas de la convivencia democrática, no es democracia y abre la puerta a la arbitrariedad y al desorden. Imaginen que la mayoría decide no pagar impuestos o romper compromisos internacionales que corresponden a otros ámbitos de soberanía. La voluntad popular mayoritaria puede pretender cambios legales, incluso constitucionales, pero siempre debe hacerlo respetando las reglas y los procedimientos previstos para ello.

La deriva judicial es el origen de los problemas con Cataluña. Falso. El origen podemos remitirlo a mil circunstancias que se han venido produciendo desde hace casi veinte años en la política catalana. Muy probablemente, ningún partido esté exento de responsabilidad. Pero no es el momento de analizar tan largo y conflictivo periodo. Lo que importa decir aquí es que la intervención judicial penal es consecuencia del unilateralismo del Parlament y la Generalitat aprobando leyes e iniciativas abiertamente contrarias a la Constitución y a las leyes. La intervención judicial, por ello, no debe contemplarse tan peyorativamente como se hizo en el debate y, desde luego, no se le puede atribuir ser la causa del problema político actual. Por el contrario, es su consecuencia lógica. El presidente ha aclarado muy bien este extremo en una entrevista en televisión hace unos días.

La autodeterminación es un derecho colectivo. No, no lo es en ningún ordenamiento jurídico moderno. Este principio político quiso aplicarse en 1919 a la redefinición de fronteras a la salida de la Primera Guerra Mundial bajo una ingenua pretensión ilsoniana: «A cada pueblo, una nación. A cada nación, un Estado». Los líos interétnicos producidos en los Balcanes y en la desmembración del viejo imperio austrohúngaro lo desaconsejaron y lo trasladaron a la descolonización africana. Para quien tenga interés histórico, recomiendo la lectura de ‘París 1919’ para ilustrarle sobre las insuperables dificultades con las que se encontraron los negociadores de la paz después de la primera gran guerra con ese ingenuo y perverso principio. En las declaraciones universales modernas solo se reconoce a minorías étnicas oprimidas. Ninguna constitución del mundo reconoce ese supuesto derecho. De manera que la autodeterminación no es un derecho que neguemos, sino una reivindicación política que ellos reclaman, tan legítima como cualquier otra, pero solo eso. No es lo mismo exigir un derecho que reclamar una medida política.

Víctimas y terrorismo. Los discursos sobre terrorismo y víctimas siempre son legítimos. Su forma de ver los acontecimientos actuales siempre debe ser respetada, aunque resulten antagónicas. Lo que faltó decir, a unos y a otros, son dos verdades 24/1/20 8:13 Página 2 de 5 incontrovertidas. La primera: ETA y su violencia solo han causado dolor y tragedia colectiva. Su historia fue un horror y no sirvió absolutamente para nada. Ya es hora de que esto se diga por parte de quienes fueron parte y apoyo de la violencia durante tantos años. La segunda: el terrorismo terminó en 2011 y desde hace casi diez años vivimos en paz y sin tentaciones de vuelta al pasado. Terminamos con ETA y la democracia española venció a la violencia. Ya es hora de que esa victoria no nos divida ni sea puesta en cuestión por nadie. Mucho menos por los demócratas.

La encrucijada española. El debate socioeconómico estuvo centrado en las medidas sociales para superar las consecuencias de una política económica de ajuste, reductora de la protección social y regresiva en cuanto a los derechos laborales. La coalición PSOEPodemos anunció diferentes propuestas para revertir las regresiones sociales de la crisis y eso está bien. Pero nuestros representantes dejaron de lado el debate macroeconómico de España, sus compromisos con el plan de estabilidad europeo y las políticas fiscales en general. Una reflexión sobre nuestra deuda y nuestro déficit es necesaria. Una mayor precisión sobre los nuevos impuestos a las emisiones de carbono y a las empresas digitales o medidas para mejorar los ingresos del impuesto de sociedades o para combatir la desigualdad en el ingreso hubiera resultado igualmente de interés ciudadano. Tampoco se abordó la transición digital y el contexto geopolítico que vivimos en Europa. El mundo se está concentrando tecnológicamente en China y EE UU, se desplaza productiva y comercial mente hacia Asia, convirtiendo al Pacífico en el eje planetario y las guerras monetarias y comerciales pueden acentuar nuestras debilidades demográficas, tecnológicas y defensivas. España no vive aislada de toda esa serie de fenómenos y circunstancias y el mundo no nos espera. Es más, no nos considera salvo que toquemos a su puerta. El debate tecnológico, geopolítico e internacional brilló por su ausencia. Esperemos que el debate presupuestario y la acción misma del Gobierno nos devuelvan a esos parámetros.

Publicado en El Correo, 24/01/2020

La tercera vía.

"Hay que facilitar el desmarque de ERC de Puigdemont y provocar unas elecciones autonómicas para forjar una alianza de Gobierno de la izquierda, con el PSC de bisagra y gozne negociador".

No, no me refiero a Tony Blair como antídoto a Jeremy Corbyn, después de la derrota histórica del laborismo británico. Ciertamente, podría ser oportuno y muy sugerente enfrentar a los partidarios de radicalizar la socialdemocracia con los resultados británicos, comparándolos con los de los mejores momentos electorales del laborismo. Pero no es a eso a lo que me refiero con la apelación a la ‘tercera vía’, sino a un tema más doméstico y a nuestro particular dolor de muelas, que es el llamado conflicto catalán. Por cierto, recuerdo que en una de aquellas reuniones discretas que celebramos miembros de las diferentes corrientes políticas vascas para abordar el nuestro, el denominado conflicto vasco, el abogado Txema Montero –entonces brillante y seductor letrado de la izquierda abertzale– decía que el nacionalismo es como tener una carie en una muela. Quieras o no, tu lengua acude a horadar el agujero con una insistencia tan reiterada como dañina. Siempre está ahí, quieras o no. O arrancas la muela o empastas la carie. 

De empastes hablamos. La propuesta de Pedro Sánchez de abordar el tema catalán mediante el diálogo y en el marco de las leyes se parece mucho a la tercera vía en la que siempre ha estado el PSC. Merece el desprecio de los extremos, que es lo que hoy triunfa en conflictos identitarios de este tipo, pero solo a primera vista, solo en primer término, no a medio o a largo plazo. Es como el populismo: falsas y simples respuestas a problemas complejos. Porque, ¿Dónde quedó el triunfo de Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas? ¿Cuánto sumaron el PP y Cs en los últimos comicios generales en Cataluña? O, al revés, ¿adónde van los nacionalistas independentistas en la política catalana? Solo la tercera vía nos ofrece opciones de solución. Por eso el PSC merece nuestro aplauso. Por su persistencia, por su coherencia, por su defensa del pacto entre diferentes, por ofrecerse una y otra vez como partido de diálogo y acuerdo con el nacionalismo. Por reiterar su oferta generosa y pragmática de mejorar el autogobierno y la financiación catalanes dentro de la Constitución y de acuerdo con el resto de España. Por hacer fuerte el catalanismo español y defender así esa línea gruesa de mayoría catalana que reivindica más autogobierno en España. Por empeñarse en hacer fuerte el catalanismo no independentista y evitar que el catalanismo sentimental e identitario se haga independentista. 

Por eso el PSC ha votado a Miquel Iceta por unanimidad. Por haber sorteado los peores años de Cataluña y del propio PSC con mucho aguante, con coherencia, inteligencia, con convicción. Durante los últimos años su partido sufrió un desgaste brutal, un asalto fratricida por sus extremos. Notables dirigentes se fueron al nacionalismo. Alcaldes, Exconsejeros, nombres ilustres, militantes, votos, engordaron a Esquerra. Pero, por el otro lado, ciudadanos se llevó igualmente cuadros muy relevantes y sobre todo miles de votos. El PSC aguantó, mantuvo su mano tendida, incomprendida a veces en el PSOE, denostado casi siempre por los medios y manipulado por sus adversarios. Fueron momentos dificilísimos, pero su posición centrada, pactista, dialogante, pragmática, aparece todavía como la opción útil, quizás como la única y última oportunidad de encauzar políticamente el problema.

 ¿Por qué es tercera vía? Porque ninguna de las otras dos ofrece salidas. Lo hemos dicho mil veces, el independentismo no es mayoritario y el unilateralismo, es decir, la ilegalidad, solo conduce a la cárcel, al exilio y a la ruina. Jamás habrá independencia sin pacto y este no será posible a las bravas y contra España. Pero ¿alguien cree que el conflicto se encauzará no reconociéndolo? ¿Cambiarán las mayorías sociales electorales negando el diálogo y sin ninguna oferta política por parte del Estado? Quizá sí, pero en sentido contrario a la integración y haciendo mayoritarias las opciones rupturistas, probablemente. 

Reconozco que mucho de lo que está haciendo y diciendo el PSOE después del 10-N es por necesidad. Es más, no oculto que en campaña no fue este su discurso. Pero hoy, la estrategia de Sánchez es inevitable y buscar el diálogo político con Esquerra es no sólo necesario para la gobernabilidad de España, sino bueno para encauzar a la política lo que solo políticamente debe ser resuelto. Los compromisos no pueden ir más allá de formalizar la voluntad de diálogo y la búsqueda de soluciones en el marco de nuestras leyes. Por eso me pregunto, ¿es eso tan grave? 

Desconozco los términos de la negociación del PSOE con Esquerra. Tiempo habrá para juzgar los acuerdos si finalmente los hubiera, pero las críticas al diálogo mismo son inconsistentes. ¿Acaso hay otra opción de Gobierno? Cualquier otro intento nos conduce a nuevas elecciones.

Desgraciadamente, la regla que algunos defendimos cuando el PSOE se abstuvo para que gobernase el único que podía hacerlo en 2016 no se ha asentado en la cultura política española. Esa regla deberíamos llevarla a la ley para evitar esta catástrofe que estamos viviendo desde hace cuatro años.

Por eso la tercera vía del PSC sigue siendo la única salida. Difícil, lo sé, pero es la vía a explorar, algo que no se ha hecho en los últimos diez años de política española. Eso empieza por facilitar el desmarque de Esquerra de Puigdemont y Junts per Catalunya ahora y provocar mañana unas elecciones autonómicas catalanes para forjar después una alianza de gobierno de las izquierdas con el PSC de bisagra y gozne negociador. Un nuevo Estatuto validado por el Tribunal Constitucional y un referéndum de ratificación para dar legitimidad política y social al pacto. Eso es tercera vía. O algo en esa línea. Todo lo demás es persistir en el error o en la inacción.

Publicado en El Correo, 17/12/2019

«El nacionalismo catalán está cavando su propia tumba» Diario de Córdoba.

 

Ramón Jáuregui (San Sebastián, 71 años) acaba de jubilarse y preside la Fundación Euroamérica. Fue ministro de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero y, más recientemente, diputado al Parlamento Europeo. Ayer ofreció la conferencia La nueva legislatura de la Unión Europea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, dentro del 15º Curso de Religión, Humanismo y Cultura: la memoria de Europa en un mundo global. De la Constitución al brexit: lecciones para el futuro de la Unión.

-¿Qué retos tiene la Unión Europea en los próximos años?

-Seguir avanzando. Tenemos que elevar nuevos pisos en esta construcción tan importante para nuestro fututo, porque sin Europa no somos nada.

-Parece que el ‘brexit’ se encona, ¿qué solución tiene?
-La solución del brexit es un acuerdo de salida como el que está negociado y, en segundo lugar, un gran acuerdo con el Reino Unido para el futuro. El acuerdo es la única salida buena para todos.

-Como ministro de Presidencia encargó el informe a los expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, ¿está satisfecho con el paso dado en los últimos días?

-Sí, era una condición necesaria, aunque no suficiente, para convertir ese lugar en lo que los expertos llamaron un espacio de memoria reconciliada. Todo el mundo entiende que con Franco dentro no era posible la transformación del Valle y los expertos nos dijeron que exhumarle era la condición necesaria. Ahora hay que hacer algunas cosas más muy importantes. En primer lugar, devolver los restos de las personas identificadas a las familias que lo soliciten. En segundo, dignificar los columbarios, las capillas donde están los restos de las 33.847 personas allí enterradas. Hay que hacer un gran mausoleo como espacio laico de meditación y de respeto, y un centro de interpretación museístico, explicando qué es aquello y cómo se construyó, etc. Eso daría lugar a un Valle que se llamará memorial de las víctimas de la guerra y de la represión franquista.

-En cuanto a la dignificación de los restos, ¿confía en que pronto se pueda iniciar el trabajo?

-Me gustaría que así fuera. No son tantas las familias que han solicitado la identificación y devolución de sus restos. Esa es la principal tarea que tenemos ahora como país.

-Las familias también lamentan que en el resto de España hay pocos avances en la recuperación de restos de las fosas. ¿Habría que impulsar un plan?

-En el 2011 hicimos un mapa de fosas de España. Ahora lo que hace falta es que el Gobierno y las comunidades autónomas contemplen ayudas a las familias que piden la exhumación. Hay otras muchas que no lo piden, pero a las pocas que lo piden hay que ayudarlas a exhumar esos restos y a que los puedan enterrar con dignidad.

-Afirma que las coaliciones han sido muy beneficiosas para el País Vasco. ¿Por qué se resisten a nivel nacional?

-Porque todavía no hemos hecho la digestión política de la tranformación que ha vivido España del bipartidismo a un sistema de cinco o seis fuerzas políticas. Eso es obligado, las coaliciones o los pactos de legislatura vienen, no sé entre quienes, pero son inevitables. El primer gobierno de coalición de la democracia española lo hice yo en el año 1987 con el PNV y establecimos toda una técnica de la coalición, una técnica y una cultura política.

-¿El socio natural de gobierno del PSOE sería Ciudadanos o Unidas Podemos?

-Solamente a la vista de los resultados electorales se puede hablar de socios ideales.

-¿Cómo valora que haya que volver a unas elecciones?

-Bueno no es. Todos tenemos que aprender que la coalición o los pactos de legislatura son la única forma de estabilidad de gobierno. La demanda social a los partidos tiene que ser tan alta que quien se niegue a la coalición tiene que sufrir un duro castigo posterior.

-En cuanto a la situación en Cataluña, comenta que Euskadi está leyendo de manera inteligente lo que sucede allí, pero la realidad es que parece que muchos ciudadanos no lo entienden, ¿se lo podría traducir?
-La superación de la violencia en Euskadi ha generado un clima de calma y de moderación, inclusive de relajo a los sentimientos nacionalistas, porque también el nacionalismo aprendió que con la violencia la causa que se dice defender queda arruinada. Lo que está pasando en Cataluña es muy grave, es evidente, pero lo más grave es la aceptación de la violencia por parte del nacionalismo, esto es gravísimo porque están cavando su propia tumba. Es muy penoso que el sistema de partidos, sobre todo, los nacionalistas catalanes, estén haciendo equilibrio sobre una línea muy delicada que es la condena de la violencia en todo caso. La otra observación que se hace es que el sistema de partidos en Cataluña ha perdido el control de la situación, han sido superados por movimientos que no tienen los filtros de racionalidad, de debate y de pragmatismo que imponen los instrumentos internos de los partidos. El rumbo de la política en Cataluña está totalmente desbocado porque está fuera de control del sistema de partidos.

-¿Le preocupa la imagen que está dando España?

-Sí. España está siendo perjudicada seriamente en su imagen internacional.

-Ahora preside la Fundación Euroamérica, ¿cómo ve la situación en algunos de los principales países latinoamericanos?

-Con mucha preocupación, porque en poco menos de seis meses se han producido unos brotes muy peligrosos. Basta mirar a Chile, a Ecuador, el fracaso de la gestión económica neoliberal de Macri y de Piñera en Argentina y en Chile, la explosión de populismo de ultraderecha en Brasil, la tensión de Venezuela, el fracaso del movimiento bolivariano en la gestión económica y democrática de esos países. Hay toda una larga lista de cosas de un continente que es extraordinario, que tiene una enorme potencialidad.

-¿Cómo afecta esta situación a las relaciones con España?

-España tiene un gran papel allí. Tenemos muchísima influencia política, social, cultural y económica. Nuestro papel tendría que ser más influyente. Y España tendría que hacer un esfuerzo por atraer venezolanos y darles residencia. La emigración venezolana es una crisis humanitaria enorme y Venezuela acogió a millones de españoles en el siglo XX. Ahora tendríamos que estar atrayendo venezolanos, que, además, serían una bendición para nuestro país, porque son gente súper formada, jóvenes y hablan nuestro idioma.

 

 

Publicado en Diario Córdoba, 30/10/2019

Foto: A. J. GONZÁLEZ

Un juicio inevitable.

Todos los analistas del mundo coinciden en el éxito de la Transición y de la Constitución española de finales de los setenta. Las grandes cuestiones pendientes de la modernidad española fueron abordadas y resueltas con éxito por la Constitución; la libertad/democracia, la forma de Estado, la cuestión militar, la religiosa, la educativa, la agraria... También la vieja querella territorial se planteó con singularidad en un modelo federal con las peculiaridades semánticas e históricas del país. Muchos creímos que, en ese marco generoso y flexible, los nacionalismos históricos, especialmente el vasco y el catalán, tenían cabida y que, con pactos, en una dialéctica mesurada, podríamos asegurar estabilidad y paz interior.
 

No ha sido así. Si el jurista persa del famoso artículo de Cruz Villalón volviera a España en 2020, descubriría que la única previsión constitucional que no habría cumplido sus expectativas es el Título VIII. Dos fuertes corrientes polarizadas y extremas recorren hoy el debate autonómico y los sentimientos nacionales. De una parte, el nacionalismo catalán ha abrazado una vía abiertamente independentista (con el nacionalismo vasco agazapado a la espera de ver cómo acaba la aventura), y de otra, la aparición de Vox arrastra al Partido Popular y a Ciudadanos hacia posiciones más recentralizadoras que autonomistas. No podemos desconocer que una parte importante de la opinión pública española está reaccionando de manera visceral al desafío nacionalista catalán, sumándose así a muchas voces que vienen reclamando ciertas revisiones competenciales para hacer más iguales los derechos de los españoles en determinados servicios básicos.

Esta polarización hace imposible la vía negociadora y las soluciones pactistas al tema catalán. Cuando escribimos el llamado documento de Granada (PSOE), quisimos ofrecer una renovación del pacto estatutario y constitucional a Cataluña y a España. Un nuevo estatuto reformado al mismo tiempo que se abordaban los cambios constitucionales pendientes nos llevaría a un doble referéndum en Cataluña, al tiempo que se ratifica la nueva Constitución en el conjunto de España. La fórmula tenía una virtud añadida e imprescindible: obtener el sí a la Constitución en Cataluña, al votarla junto al nuevo Estatuto.

Pero debo reconocer que esta propuesta ha perdido verosimilitud, aunque el Gobierno Sánchez la esté reiterando. El nacionalismo catalán la rechaza por su radical apuesta independentista y la derecha política está pensando más en el 155 que en otra cosa. Mucho me temo que caminamos hacia un desencuentro fatal.

El juicio al ‘procés’ se inserta en el corazón de esta larga batalla. Es un juicio necesario e inevitable porque los delitos fueron graves. Se atacó abiertamente el sistema institucional del Estado con leyes y decisiones parlamentarias que violentaban gravemente la Constitución y desobedecían reiteradamente el máximo tribunal. Nadie sabe cuáles serán sus efectos. Sabemos, eso sí, que el nacionalismo catalán encenderá el sentimiento victimista y agrandará la leyenda negra antiespañola. Es, sin duda, una buena oportunidad la que les proporciona un juicio tan severo por algo que ellos consideran el ejercicio de un derecho. Sabemos también que nada ni nadie va a alterar la independencia judicial del Tribunal Supremo. Es más, me consta que la cúspide del Poder Judicial del Estado es consciente de las muchas miradas que le contemplan y están en la idea de demostrar al mundo entero que el Poder Judicial es independiente y que el Estado de Derecho funciona en España como en el más democrático de los países del mundo.

Olvidemos pues, afortunadamente, cualquier especulación sobre gestos del Gobierno en cualquier sentido. Ni siquiera la Fiscalía, cuya relación con la política penal del Ejecutivo está constitucionalmente prevista, ha hecho el menor caso a las opiniones de los expertos y de la Abogacía del Estado para eliminar la rebelión de la acusación.

Cabe suponer que el juicio va a poner a nuestro país y a nuestra democracia en el escaparate internacional. Cabe también suponer que el juicio será transparente y riguroso y que muy probablemente las penas serán importantes, aunque no tan graves como las peticiones de la Fiscalía. Estoy también bastante seguro de que en tiempos próximos se reformará la Ley Procesal Penal para eliminar la acusación particular partidaria de este tipo de procesos. La presencia de Vox en esta vista es perturbadora y no hace ninguna falta, no nos hace ningún bien, y es un aprovechamiento partidista que perturba la causa y resulta oportunista y sectario.

 ¿Qué pasará después? Supongo que en verano tendremos la sentencia y que en unos meses habrá elecciones generales. También en Cataluña. Lo resultados nos darán muchas indicaciones. Especialmente necesarias después de una legislatura tan agitada (investidura compleja, moción de censura, Gobierno en minoría, juicio al procés...) Habrá que ver entonces si, más allá del juicio, la política española ofrece alguna salida distinta a Cataluña y habrá que ver –también– si en Cataluña hay interlocutores y pacto interno como para reintentar el pacto necesario. Lo contrario ya lo conocen ustedes. Lo dijo en este periódico el señor Maroto (PP): «Lo primero que haremos si gobernamos es aplicar el 155. Y no será ni corto ni blandito».

 

Publicado en El Correo, 7/02/2019

Entrevista El Español. 12/01/2019

Ramón Jáuregui (San Sebastián, 1948) ha pasado por todos los niveles de gobierno de la democracia española. Concejal y teniente alcalde en su ciudad natal, diputado autonómico, delegado del Gobierno en el País Vasco, consejero y vicelehendakari, parlamentario en Madrid y ministro... y desde 2009, eurodiputado. En el Parlamento de la UE ha sido incluso líder del grupo socialista español en al menos un par de ocasiones, durante unas legislaturas particularmente convulsas para el PSOE por los avatares de la política nacional.

Su larga experiencia y su temple le permiten hacer "diagnósticos diferenciales" con "síntomas cruzados", como hacía el doctor House de la tele. De ahí que la conversación previa, en su despacho de Estrasburgo, salte de la UE a España y de España a la UE, con los populismos, la salud de las democracias y los referéndums como refugio de gobernantes sin rumbo como telón de fondo.

Sus socios laboristas parecen querer desgastar a Theresa May aun al precio de reventar Reino Unido con un 'brexit' duro.

Vayamos por orden en las responsabilidades. Este caos lo montan los conservadores. Llevamos dos años de ridículo internacional. Nadie nunca hizo tanto daño a su país como el señor Cameron con aquel maldito referéndum. Y a partir de ahí, las responsabilidades ya se pueden ir repartiendo.

¿Hay lecciones que aprender de esto?
Que no era posible. Esto pone de manifiesto que las respuestas binarias en un referéndum a problemas muy complejos como vertebrar sentimientos identitarios no son la solución. Los referéndums no son un estadio superior de democracia, sino por el contrario una trampa peligrosa para la propia democracia. Yo no puedo comprender cómo todavía no ilustra a los nacionalistas en Cataluña o en cualquier otro lugar.

Se ha puesto de manifiesto que la frívola consulta sobre si usted se siente europea o británica y por tanto se separa de la UE, ha provocado una fractura total de su país. Los daños son enormes y esto nos tiene que enseñar cómo se resuelven estas cosas y cómo lo que ocurre es que no puede haber un brexit bueno. Creo que tenemos que ser pragmáticos, todos, y facilitar la aprobación por Westminster de este acuerdo.

Me ha puesto usted como ejemplo el asunto catalán. Y que debemos aprender todos, ¿en la política española se está aprendiendo la lección?

No, francamente no. Pero los primeros que no aprenden la lección son los que siguen reivindicando un referéndum para dividir al país, para fracturar Cataluña. Pretendiendo un proceso independentista supuestamente democrático que acaba siendo unilateral y divisionista. Para mí ésa es la primera lección: ése no es camino. Sólo cuando tienes una mayoría social vertebradora puedes negociar democráticamente sus aspiraciones. Pero no mediante un referéndum que fractura al país y lo divide como el cuchillo de un carnicero. Por la mitad.

En este caso, los no nacionalistas serían los 'remainers'... que tampoco hicieron bien su trabajo en el referéndum del 'brexit'. ¿En España lo están sabiendo hacer?

Yo creo que hay que reconstruir la relación con Cataluña. Yo escribí el Documento de Granada, que en gran parte inspira la política territorial del PSOE. Y también la de este Gobierno, por cierto. Yo creo en una renovación del pacto con Cataluña desde una España generosa, inteligente. Y una España que tiende la mano y que busca ese pacto generacional para el futuro con Cataluña.

Pero desgraciadamente, en este acuerdo de tres, nos estamos quedando predicando en el desierto. El nacionalismo catalán desprecia esa mano tendida. Y empieza a surgir cada vez con más fuerza una España que no quiere... Hay una derecha española que no quiere abordar ninguna gestión generosa o inteligente de la diversidad.

Esa España que está surgiendo, como usted dice, ¿se puede atribuir al hartazgo de que esto no se arregle nunca?

Sí. Por supuesto que sí. El nacionalismo está hartando y cansando a todo el mundo, es evidente. Pero la política es algo más serio. Yo lo que pretendo, en definitiva, es que los remainers, como decíamos antes, seamos mayoría en Cataluña. Y los que votan independencia ¡quiero que sean menos! De hecho, sigo creyendo que hay una mayoría de catalanes deseando un acuerdo de esta naturaleza. Sigo pensándolo. Lo que temo es que los extremos engorden a la masa nacionalista. Eso es lo que me preocupa.

¿La política autonómica vasca que usted vivió tiene algún paralelismo con la actual? Porque aquel PNV parecía más independentista que el de hoy...

Estábamos atravesados por problemas distintos. Nuestro pacto con el nacionalismo siempre tuvo como elemento nuclear obtener su liderazgo en la deslegitimación de ETA. Nosotros, en el año 87, siendo primera fuerza política en Euskadi, renunciamos a la lehendakaritza, se la dimos a Ardanza, y al año siguiente se hizo el Pacto de Ajuria Enea. No es casualidad. Fue fruto de un compromiso histórico, de un pacto de Estado de larguísimos vuelos, enormemente profundo y en mi opinión sustancial para la victoria de la democracia contra ETA. Que, no olvidemos, ha sido una victoria maravillosa. ¡Maravillosa! En todos los sentidos, y puedo decirlo con conocimiento de causa.

Oiga, ¿y qué sintió al ver la foto de Idioia Mendia, su sucesora al frente del PSE, brindando con Otegi en Nochebuena? Hay quien opina que se quiere pasar página de todo, como en Irlanda.

Pasar página no quiere decir olvidar. El relato de la paz es el de las víctimas, y el respeto a sus sentimientos nos obliga a ser más prudentes.

Su PSE no se parece al de ahora...

Nunca nos resultó rentable políticamente aquella generosidad con el PNV. Pero si uno mira al País Vasco de hoy, descubre que el porcentaje de población que defiende la independencia va descendiendo; hoy no llega al 20%. En gran parte, la violencia connotó la causa nacionalista y su pretensión independentista. Pero también es fruto de la pedagogía de la convivencia identitaria, que los socialistas siempre pusimos en el primer plano, porque siempre creímos que Esukadi tenía que hacerse reconociéndonos... Lo que yo llamo el abanico identitario está lleno de tablillas, en las que desde quien se siente sólo vasco hasta quien se siente sólo español se atraviesan montones de sentimientos identitarios en el mismo portal, en la misma familia... Ésa es una tarea grandiosa de construcción.

Eso no está pasando en Cataluña.

Yo creo que todo lo que está pasando en Cataluña nos está llevando a la fractura. Y siempre he pensado que el pacto para que Cataluña esté en España, ¡esté en España! [golpea la mesa], debe ser consecuencia de un acuerdo. Pero, como decía, toda la realidad es antagónica.

¿Se debe aplicar ya el artículo 155 basado en esas amenazas, o tiene sentido seguir tratando de aplicar la 'política Ibuprofeno', tal como la definió Borrell?

El Gobierno acierta al tender la mano a Cataluña. Es necesario desarmar el discurso victimista del nacionalismo. Pero si las ofertas de pacto desde España a Cataluña son despreciadas y el unilateralismo independentista se implementa, el Estado debe aplicar su poder y su ley.

El hecho de que el PSOE esté hoy gobernando apoyado [resopla] por ERC y PDeCAT, ¿forma parte de ese "abrazo democrático" para que vuelvan al redil?

No. Era una moción de censura...

Pero si se ha querido mantener, ¿es sólo por quedarse en el poder o por algo más?

Porque el gesto desde el Gobierno central a Cataluña pretendía evitar esa radicalización de la que hablamos. Pero es verdad que han pasado unos meses y Torra y los suyos siguen a lo peor. Pero a diferencia de Rajoy que miraba para otro lado, este Gobierno tiende la mano. Desde el punto de vista político era muy muy simbólico, muy significativo, muy positivo. Ése era el camino en el que creíamos. Ahora...

Ahora parecen estar empujando a Sánchez a otro 155...

Bueno, sí, sí. Es que están empujando. Están provocando. Lo que está pasando estos días es pura provocación.

Lo de invocar la vía eslovena...

Es pura provocación. Totalmente de acuerdo. Pero yo no tengo dudas de que el Gobierno sabrá reaccionar. Entre otras cosas porque se la juega en esa relación.


En Cataluña ya hubo un momento de socialismo dialogando en un Gobierno con el independentismo y, sin embargo, no se logró nada, no se recondujo...

¿Con los independentistas? Pero no gobernábamos con ellos.

Bueno, Esquerra estaba en aquel tripartito...

Sí. Pero también estábamos en el marco estatutario, y aquello no se cuestionaba... Pero no me acuerdo exactamente de qué Gobierno hablamos...

Maragall y Montilla.

Pero el Gobierno era de Pasqual, era del PSC...

Sí, pero estaba apoyado por ERC e ICV...

El apoyo, sí, el apoyo parlamentario. Bueno, pero todo eso se hizo en base a la reforma del Estatuto.

Eso es.

La propuesta del PSC fue siempre la más adecuada. Lo que pasa es que los acontecimientos, después, han frustrado ese intento. Desde que en 2004 se inicia la reforma estatutaria de Cataluña hasta prácticamente el 2010 que fracasa con la sentencia del Constitucional, todo ha perjudicado la idea original de aquel pacto. Que aquel PP no participase en la reforma del Estatuto... lo estamos pagando. Y el nacionalismo catalán se nos ha ido. Incluida la burguesía catalana. Eso es lo que hay sobre la mesa.

Bueno, ¿la burguesía o sus dirigentes políticos?

Los dirigentes [golpea la mesa]. Mejor, sí.

Porque da la impresión de que la burguesía lo que quiere es que esto se pare. Dentro de España o fuera, pero que se pare.

Está bien dicho, está bien dicho, estoy de acuerdo. La transformación del PDeCAT es una de las cosas más increíbles que ha sucedido en Cataluña, realmente. Reconozco que muy probablemente estamos dibujando nuestra apuesta en abstracto. Cuando te pones a plantear si la España de mañana es capaz de una reforma constitucional...

Ésa era mi pregunta de ahora...

La España que tiene que abordar los problemas de mañana va a requerir acuerdos. Yo soy de los que cree que la reforma constitucional se hace con la derecha [golpea la mesa]. Y por tanto, cuando abordemos este tema, si hay oportunidad de pactar con una parte del nacionalismo catalán, hay que saber hasta qué punto estamos dispuestos. Eso llegará, pero será después de las elecciones, no antes.

La reforma constitucional es en mi opinión el instrumento para recuperar el aprecio por el consenso que este país ha perdido. Cuando un país pierde el valor de los acuerdos y el aprecio social al consenso está haciendo algo muy peligroso. Y desgraciadamente toda la política española está pivotando ahí.

¿Existe el riesgo de que perdamos a las nuevas generaciones para la democracia del consenso? Están los mensajes radicales de Vox, del ala anticapitalista de Podemos, del separatismo...

No, no... Yo creo que no. La línea gruesa de los pactos volverá. Porque, si no, no se puede construir país. Yo tengo la impresión de que se serenarán las cosas. Pero hace falta pasar por el test de las urnas, eso no lo quita nadie.

Yo pienso que la nueva generación que dirige el país es una generación bien formada, que ha aprendido de sus mayores y que podrá hacerlo muy bien. Tengo plena confianza en ellos. En todos, desde Pedro Sánchez a Rivera; desde Pablo Casado hasta Junqueras; o desde Urkullu a Susana Díaz, pasando por Guillermo Fernández Vara, me da igual. Lo que me parece importante es que para todos ellos, Europa siga siendo la solución.

¿Ése puede ser el test? Porque cuando lleguen las elecciones europeas a la vez que las municipales y autonómicas, los populismos van acrecer en representación y poder.

El pacto fundamental yo creo que se va a sostener. Aunque probablemente, por ejemplo en Europa, va a haber una presencia nacionalista de los Estados perturbadora. Cuánto de perturbadora sea dependerá de si consiguen una "internacional nacionalista", como está intentando Bannon.

¿Es el muñidor del antieuropeísmo? Dicen que está también detrás de Vox...

Él es el gestor, el muñidor de este oxímoron, porque no puede ser una internacional una coalición de nacionalistas. Y seguramente los intereses internos entre ellos no les van a permitir formarla. Pero van a ser una piedra en el zapato, sin duda. Aunque yo no dramatizaría más.

Pero existe el riesgo de que el discurso democrático sea demasiado elaborado para contraponerlo a las verdades de brocha gorda de los populistas.

Eso se combate con mucha paciencia. Y con pedagogía. La gente no es tonta. Pero también hay que poner atención a los temas en los cuales hay más riesgo de alimentación populista. Para mí fundamentalmente no es la soberanía, sino el tema migratorio. En ese tema sí tenemos que ser capaces de encontrar una ordenación del fenómeno. ¡Ordenación!

¿Y cómo lo hacemos? Porque las competencias siguen siendo nacionales, no de la UE.

Sí... pero no todo. Está escrito el plan, pero el problema es que no seamos capaces de hacer lo que tenemos que hacer juntos. ¿Cómo se hace? Abriendo consulados europeos en 10 países africanos y, por tanto, evitando que vengan atravesando el continente para morir en el Mediterráneo. ¡Y punto! [gran golpe en la mesa]. ¿Cierre de las fronteras? Por supuesto, cierre estanco de las fronteras, que no venga nadie. Pero ¡necesitamos migración! Pues los traemos a través de esos consulados, evitamos las corrientes humanas y organizamos el reparto... pero para eso los países tienen que aceptar el reparto, entre otras cosas...

Pero los populistas ya gobiernan en Italia, en Hungría, en Polonia. A ver cómo pide la UE a estos países que renuncien a su soberanía en políticas migratorias.

Yo no descarto que la Unión en algún momento tenga que reformularse sobre un núcleo duro de la zona euro. En la medida en la que estas situaciones se den, la UE tendrá que repensarse. Y ciertamente el brexit es una oportunidad para ello. Porque no hay que olvidar que lo más importante es el pacto que tenemos que hacer con el Reino Unido antes de 2021. Y ése es un acuerdo de asociación. Que muy probablemente acabe siendo un modelo para quizás algunos países cuya integración política no sea tan intensa.

El sistema parlamentario europeo parece tan en crisis como el español.

Bueno, en España estamos en un periodo especial. La moción de censura reconcilió a la ciudadanía con las instituciones, porque la gente creía que la corrupción no tenía castigo. Y el sistema lo dio. El máximo que se puede dar. Y eso fue fantástico. Creo que el pueblo estuvo muy de acuerdo con la moción. Otra cosa es...

La gestión posterior...

No tanto la gestión como el momento de convocar elecciones, pero eso ya depende del presidente del Gobierno. Yo ahí no quiero decir nada.

 

Publicado en El Español, 12/01/2019

El Brexit catalán.

Dos años antes del referéndum británico, de junio del 2016, La Vanguardia me publicó un artículo titulado “Primero un nuevo acuerdo; después la consulta” en el que sustancialmente defendía la necesidad de que el referéndum para decidir el estatus jurídico-político de Catalunya se produjera como consecuencia de un acuerdo institucional previo, para que, además de cumplir con la legalidad, los catalanes votaran sobre las concretas condiciones de su marco político y no sobre la expresión abstracta de un deseo.

El enorme fracaso del Brexit no ha hecho sino confirmar las razones de mi propuesta y me sorprende que el nacionalismo catalán sostenga su referéndum autodeterminista a pesar de las enseñanzas de la dramática experiencia británica.

David Cameron creyó que el histórico dilema británico en Europa se resolvería en un referéndum forzosamente binario: sí o no a Europa, remain o Brexit. Ganó el no y lo que vino después todavía está sucediendo y nadie sabe cómo acabará.

Los derechos de millones de personas y de sus familias (europeos en el Reino Unido y británicos en Europa), en el aire; su moneda, devaluada; su economía, a la baja; su potente sector financiero, en riesgo, y el único acuerdo posible para materializar su salida de la Unión, rechazado por el Parlamento y quién sabe si por el pueblo, si este fuera de nuevo consultado en un segundo referéndum. Su comunidad está fracturada; la paz de Irlanda, en peligro, y su integridad territorial, cuestionada. Quizás sólo queden Inglaterra y Gales después de semejante catástrofe.

Dejo para otro capítulo los riesgos del Brexit sin acuerdo, un verdadero caos comercial y jurídico para todos. Verdaderamente horrible. Jamás nadie hizo tanto daño a su país pretendiendo salvarlo con el famoso y falso “derecho a decidir” en un referéndum de autodeterminación de Europa.

Un referéndum convocado para expresar un “deseo”, forzosamente limitado a un sí o un no, en un cuerpo social cuyas identidades sentimentales y políticas son complejas, fractura sin remedio a la población y la condena a la división por generaciones. Más allá de la legalidad de la consulta –que no es un problema menor, como lo estamos viendo en la judicialización que sufrimos ahora–, los problemas se hacen irresolubles a la hora de implementar la respuesta ganadora en la consulta, porque ninguna de ellas resuelve la naturaleza compleja de la convivencia plural.

El no mantiene intactas las reivindicaciones culturales, políticas y económicas del conflicto, y el sí no puede materializarse porque la negociación posterior evidencia tal cantidad de problemas que la hacen imposible.

Esta es la experiencia del Brexit, y podría haber sido la de Canadá si los independentistas no hubieran perdido el referéndum en su día. Es la consecuencia lógica, evidente, de aplicar el referéndum de independencia en comunidades fracturadas al 50%, como lo es Catalunya.

Por eso, el nacionalismo catalán debe asumir que la defensa de sus reivindicaciones exige un acuerdo interior previo en Catalunya, como dice el comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat después de la reunión del pasado 20 de diciembre. De la misma manera, la política española tiene que asumir que necesita reformular el marco de relación con Catalu-nya en un nuevo acuerdo político para las próximas generaciones.

Una semana después de la publicación de mi artículo me escribió el expresident Pujol y me invitó a verle. A finales del 2013, le visité en su fundación y tuvimos una amable y larga charla. Al expresarme su decepción con el modelo autonómico –estábamos en los inicios del procés–, utilizó la clásica metáfora marinera diciendo algo así como: “Catalunya se va del barco, nos bajamos…”. Mi respuesta fue: “Se van a ahogar ustedes, president. No hay costa”. Su respuesta, gestual, sin palabras, arqueando las cejas y extendiendo los brazos, fue un triste “¡qué le vamos a hacer!”.

Salí de aquella conversación preocupado, pesimista. Son los mismos sentimientos que tengo hoy acrecentados. Porque, mirando la catástrofe del Reino Unido, me pregunto: ¿hemos aprendido algo del Brexit?

 
Publicado en La Vanguardia, 31/12/2018

Entrevista Cuarto Poder, 12/06/2018

Cuesta imaginar al impoluto eurodiputado Ramón Jáuregui (San Sebastián, 1948) manchándose la ropa con la suciedad que desprenden las piezas de motores de coches de una fábrica de Pasajes. Era 1962. Entonces tenía 14 años y estaba destinado a convertirse en oficial ajustador industrial. No era su mundo, así que comenzó a estudiar por las noches. Primero, una carrera técnica y, después, Derecho. Lo que sí fraguó en ese taller fue su primer acercamiento al duro, jerárquico y, a veces, abusivo mundo laboral de los 60, la primera semilla de su vocación como abogado laboralista que desempeñó después en el despacho de UGT en Rentería.

El resto es de sobra conocido. Durante su vida política lo ha sido casi todo. Vicelehendakari del Gobierno vasco (1987-1991) en algunos de los años más duros del terrorismo, ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero (2010-2011) en los albores de la recesión económica y, desde 2009, eurodiputado en una Unión Europea sumida en una crisis de identidad. Conoce bien el nacionalismo vasco porque le dio algunos amigos de juventud y porque sus defensores más atroces, desde las filas de ETA, le obligaron a asistir a más de 300 funerales de vecinos, compañeros y amigos. De todas esas experiencias ha sacado un buen puñado de reflexiones que, además, han envejecido bien. Las ha recopilado en el libro ‘Memoria de Euskadi. El relato de la paz’ (Catarata, 2018) con la intención de aportar su granito a una etapa que comienza a ser Historia.

 Ahora, siete años después de que la banda dejase de matar, disfruta tomando pintxos en el casco viejo de San Sebastián, algo que no pudo hacer durante 30 años. Pasea por su tierra sin escoltas, no tiene miedo a descolgar el teléfono y plantea su retirada con “la tranquilidad de haber estado en el bando correcto”. Charla con Cuartopoder.es sobre los retos presentes, pasados y futuros en Euskadi… y en Cataluña.

— Tengo que comenzar preguntándole por la actualidad. Ya conocemos los primeros pasos del nuevo Gobierno del PSOE hacia Cataluña: diálogo y reforma constitucional, ¿es el camino correcto?

—Se está cambiando el escenario de juego. Hasta ahora todo era enfrentamiento y pasividad. La posición del Gobierno me parece inteligente, porque a una gran parte del electorado en Cataluña hay que intentar convencerle de que hay expectativas en el diálogo. Este solo puede producirse en el marco de unas reformas que sean legales y que quepan en nuestra Constitución. Por eso creo que esas ideas están en la línea adecuada. No será fácil, pero creo que la única solución que tienen Cataluña y España es encontrar un acomodo, incluida la financiación. Incluso puede requerir una reforma constitucional. Todos votaríamos la reforma constitucional y los catalanes votarían su propio estatuto.

— Usted alerta en uno de los artículos del libro sobre el llamado “derecho a decidir”, que plantea la consulta en términos de “sí” o “no”. Precisamente, usted ve la reforma constitucional como una vía intermedia para que voten catalanes y españoles.

— Sí, pero sobre un contenido concreto, no sobre la autodeterminación, que es lo que en realidad esconde el eufemismo de derecho a decidir. Tenemos que aprender de lo que está pasando alrededor. El Reino Unido y su Brexit es un buen ejemplo de cómo las decisiones unilaterales de ruptura son muy costosas. En el caso catalán lo hemos visto. Cuando se ha planteado unilateralmente romper con España se ha provocado unos daños económicos brutales, como las empresas que se han ido de Cataluña, por poner solo un ejemplo. Creo que hay que pactar primero y decidir después.

— Usted habla mucho sobre pactos y le describen como un político pactista. Sin embargo, en el último año parece que las palabras “pacto”, “negociación” o “diálogo” son utilizadas con un matiz peyorativo por algunos…

— Tenemos que aprender a incorporar a la política española ese término y esa actitud con urgencia. Los próximos gobiernos en España van a ser de coalición, pero este necesita apoyarse en pactos. El Ejecutivo lo va a intentar. Me da mucha pena que se haya perdido esa cultura política.

— Usted siempre ha defendido la reforma constitucional, ¿pero actualmente hay consenso para esa reforma?

— A priori no, pero hay que intentarlo. Lo que no se puede hacer es cerrarse a la oportunidad. Escuchaba el otro día a los dirigentes de Ciudadanos pedir a Pedro Sánchez que les dijese qué reformas quiere hacer. Sánchez no tiene que decirles nada porque hay que hacerlo juntos. Hay una comisión constitucional en el Congreso en la que se pone de manifiesto que, 40 años después, hay una media docena de temas que requieren actualización, desde la sucesión de la Corona o los principios constitucionales hasta la adaptación del titulo VIII a una realidad que los constituyentes en el 78 no conocían. También hay que introducir determinados derechos sociales, como la Sanidad, o modernizar los derechos y deberes en materias como el medio ambiente. Eso es reformar la Constitución: darnos la oportunidad de reformular nuestro marco de convivencia. Eso se hace hablando, negociando y consensuando. Hay una regla que no hay que olvidar en ningún momento. Si el pacto constitucional no obtiene el mismo respaldo o más que el que tuvo anteriormente, mejor no hacerlo.

— ¿Y no teme que con un Ciudadanos en crecimiento y un PP en mayoría al final se avance hacia la recentralización en vez de hacia el federalismo?

— Ciudadanos tendrá que explicar qué modelo territorial quiere. No se trata solo de obtener réditos electorales del antinacionalismo. Hay un momento en el que hay que mojarse y definir posiciones. De la misma manera que yo soy superexigente con los nacionalistas diciéndoles que no pueden olvidar a la otra mitad de Cataluña, también le pido a Ciudadanos, primer partido de Cataluña, que sus propuestas necesitan ser conocidas y que no puede olvidar a la mitad independentista. La política es eso. Es aportar, proponer y no solo utilizar el no.

— Por cierto, ¿le sorprendió que le propusieran junto a Solana y Redondo como líder de esa moción instrumental?

— Sí, me sorprendió . Pienso que fue una táctica de Rivera para hacer verosímil su propuesta de transición técnica, pero realmente lo que correspondía entonces era votar la moción. Punto. Es yo lo que dije en mi tuit.

— No sé si Ciudadanos cuando le propuso conocería su opinión sobre el cupo y el concierto vasco…

— No sé si la conoce, pero hay que entender que esa propuesta era para hacer algo transitorio. Creo que Ciudadanos en este terreno se mueve en un cierto oportunismo político. Cuando llegas al Gobierno, tienes que saber los daños que puedes producir con una determinada decisión. En el caso del concierto vasco, a mí me parece que una propuesta reformista puede ser defendible, pero una abolicionista es de enorme irresponsabilidad. En ese terreno estoy seguro de que van a rectificar. En esto, como en otras cosas, a Ciudadanos le falta experimentar responsabilidad.

— ¿Usted cree que hay que hacer pedagogía sobre el cupo?

— Sí, en uno de los artículos que escribí. Defiendo la metodología del concierto porque forma parte de nuestra Constitución, pero entiendo que es necesaria una pedagogía o una mayor clarificación del cálculo del cupo. Incluso, yo planteo abiertamente la inclusión de una cláusula de solidaridad interterritorial. Creo que los ciudadanos españoles tienen que saber que los vascos somos solidarios y eso incluso puede plasmarse en una partida determinada para que no siguiera extendiéndose una opinión demasiado adversa contra la naturaleza y los contenidos del concierto económico.

— En estos meses, se ha comparado la actividad de los CDR con la kale borroka, ¿usted cree que se parecen en algo el separatismo catalán y el vasco?

— No, yo creo que el nacionalismo catalán siempre ha tenido muy clara su posición contra la violencia. Pero en los CDR puede haber tentaciones violentas que no están eliminadas del horizonte. La línea que separa la coacción política de la violencia es muy débil y difusa. Hay muchos actos de presión social que en Cataluña pueden haber rondado la violencia ‘soft’. Afortunadamente, lo de Cataluña no tiene nada que ver con los 50 años trágicos que vivimos en el País Vasco. Tienen muy claro que ese camino tienen que evitarlo.

— Hace años que ETA no mata, pero durante los últimos meses hemos visto a tuiteros y cantantes en los juzgados acusados de enaltecimiento del terrorismo, ¿no se corre el riesgo de banalizar el terrorismo?

— Creo que los jueces saben distinguir. He leído algunas sentencias recientemente que tratan de evitar la calificación terrorista de actos que no lo son porque no hay una organización terrorista detrás. Eso no quita que nuestros tribunales tengan el derecho a sancionar actitudes que lo merezcan. No se puede decir lo que a uno le da la gana, ni preconizar la violencia o los asesinatos. Esto en Alemania está perfectamente sancionado.

— Hace unas semanas, ETA hizo el anuncio de disolución y unos días después montó un acto, ¿qué estaba haciendo usted ese día y qué pensó cuando lo vio?

— Estaba en Bruselas y lo que pensé es que estaba mucho mejor allí que en Cambo. Los que fueron a Cambo fueron personajes de acompañamiento de una obra que resultaba bastante patética en sí misma. ETA ha querido solemnizar su fin en un escenario autojustificatorio, pero no hay justificación posible a lo que han hecho y nadie cree que hayan aportado absolutamente nada salvo dolor y muerte.

— La batalla que queda es la del relato.
— No solo, pero sí.

— ¿Qué otras batallas hay?

— La de seguir atendiendo a las víctimas, esclarecer los asesinatos, producir una reconciliación social en el país… Cerrar esas heridas, en definitiva, pero hacerlo con el relato de la verdad. ETA para defender unas ideas destruyó las ideas y destruyó las vidas.

— ¿Una de esas tareas pendientes es acabar con la política de dispersión de presos?

— No acabar propiamente, pero pienso que la política de dispersión se construyó en su momento para que la cárcel no fuera un estímulo a la violencia y para que no prolongara la organización terrorista desde las prisiones. En la medida en la que no hay organización ni violencia, la política de dispersión tiene menos sentido. Creo que si el gobierno se plantea una aplicación inteligente y humanitaria de la ley penitenciaria hará bien. Yo soy partidario de avanzar en esos terrenos. Corresponde a los tiempos.

— Volvemos al relato, ¿usted cree que habrá gente que intentará reescribirlo?

— Sí, ETA y en general el mundo de la izquierda abertzale. Siguen pretendiendo explicar su existencia y su propia estrategia desde esa idea mesiánica de que había un pueblo vasco anterior. Quieren creer que el conflicto sigue y que hubo violencias antagónicas: la de ellos y la del Estado. Es todo mentira. El gran error de ETA fue que en el 78 creyeron que la democracia era de mentira, que estaba tutelada por los militares y que el autogobierno vasco era de cartón piedra. No fue así, nunca hemos tenido un autogobierno tan profundo como el que tenemos los vascos ahora. Se equivocaron. Decidieron matar. El relato lo construirán las víctimas. Si tu paseas por las calles de Alemania, o incluso de Bélgica, descubres en las aceras que hay placas de latón donde vivían los judíos. Esas placas son la memoria.

— Dentro de ese relato, ¿cómo encajamos las sentencias de Estrasburgo que dicen que España no investigó lo suficiente algunos casos de tortura?

— Hay que encajarlas con normalidad. Hay que reconocer que el Estado tampoco lo ha hecho todo bien. Seguro que ha cometido excesos y que hubo denuncias de tortura que no fueron correctamente investigadas. Quiero recordar que en los 70, ETA creó una estrategia que se llamaba acción-reacción-acción, que preveía que a cada acción terrorista le correspondería un acto represivo de una policía aún anclada en el régimen. Su pretensión era que de cada atentado salieran nuevos terroristas de las comisarias. Creo que no pasa nada por ser justos a la hora de analizar que el Estado ha cometido errores, pero fueron consecuencia de la violencia. Recuerdo que en el 80 ETA mató casi a 100 personas. Era un día sí y otro también, justo cuando estábamos construyendo la democracia y el autogobierno vasco.

— En los textos del libro, usted hace también reconoce que la sociedad vasca durante los primeros años de terrorismo miraba para otro lado, no protegió a sus víctimas.
— Sí, a mí no me importa llamarla una sociedad acobardada porque lo fuimos. Yo tengo la memoria llena de esos recuerdos, una sociedad que siempre buscaba una explicación a los asesinatos. Era frecuente escuchar “lo mataron porque era guardia” o “era un chivato”. Cuando no lo sabían, decían “algo habrá hecho”. Estas fueron las frases que más groseramente explican nuestra cobardía social.

— En el libro incluye un capítulo con el que creo que se sentirán identificados muchos vascos. Usted creció en un ambiente cercano al nacionalismo, pero hubo un asesinato que le impactó, el de Melitón Manzanas. Eso abrió una grieta en usted.

— Sí, fue el primer asesinato político planificado. A este policía torturador, que lo era, le esperaron en el portal para matarle, como harían otras muchas veces. En mí provocó conmoción, en mis amigos provocó emoción. Ellos estaban descubriendo una épica, pero yo sufrí una ruptura interior porque pensé que no venía nada bueno. Hasta entonces, los actos de ETA eran heroicos, como poner una bandera en el Buen Pastor o hacer una pintada en el Velódromo de Anoeta​. Eso fue lo que nos identificó en los 60 con aquel grupo que había salido de las juventudes del PNV.

— ¿Ha perdido muchas relaciones personales por estar en frente de estos actos?

— Las cuadrillas en el País Vasco son cerradas e íntimas. Yo era amigos de mis amigos y viví con ellos muy intensamente mi juventud. De ellos, cuatro acabaron en ETA y en la cárcel. En la carpintería de un amigo mío se hizo el camión de la fuga de Segovia, por ejemplo. Yo les quería y ellos a mí, pero estos conflictos fracturan y el tiempo separa. No es fácil hablar de esto.Todo lo que ha pasado nos ha colocado en trincheras antagónicas.

— Volviendo al relato, ¿usted qué papel le da al PNV? En el libro presume mucho del pacto de Ajuria Enea (1988), pero utiliza un tono mucho más duro en los artículos fechados en la época de Ibarretxe.
— Sí. Se rompió el pacto de Ajuria Enea y el PNV pactó con ETA lo que creían que era el final. Sin embargo, ETA les engañó porque solo quería romperlo y atraer al PNV. Por su parte, este último deseaba traer la paz a través de la defensa política de las aspiraciones de ETA. Esa operación fracasó. El PNV se fue al lado equivocado de la batalla. Afortunadamente volvió y ahora es tiempo pasado, pero la pretensión de acabar la violencia mediante la defensa política fue un error gravísimo. Se ha puesto fin a ETA sin pagar ningún precio y sin tener que aceptar ninguno de sus postulados políticos.

— Otra pieza en ese relato es la izquierda abertzale. ¿Otegi es un conseguidor de la paz, un cómplice necesario del terrorismo o las dos cosas?

— Seguramente de joven fue miembro de ETA y estuvo en la cárcel. A partir de los 2000, Otegi es consciente de que la ilegalización de Batasuna les condenaba a la inanidad perpetua. Los abertzales fuerzan desde dentro los cambios también en ETA. Eso hay que reconocerlo. Trató de convencer. El brazo político de ETA siempre había sido utilizado para la violencia y decidieron romper y exigirles el fin. Todo ha sido parte del final.

— Por último, le haré una pregunta que estoy segura de que usted mismo se habrá formulado muchas veces. Ha anunciado que en 2019 se marcha, ¿y ahora qué?

— Quiero devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. No habrá puertas giratorias. Tengo el deseo de poder darle lo aprendido a quien me lo pida, desde Cáritas a una universidad en una conferencia o a un grupo de abogados que me pide una reunión para saber cómo está Europa. No tengo ningún plan, seguiré escribiendo, pero si tengo oportunidad de devolver a la sociedad lo que me ha dado, lo haré.

Publicado en Cuarto Poder, 12/06/2018

Entrevista COPE 16/05/2018

 Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE ha reconocido que el hecho de que la justicia belga haya rechazado la extradición para los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig “hace daño a la justicia española”. “Desconozco -asegura- si hemos cometido un error, si el procedimiento ha fallado (…), pero España no se merece esto porque España es un país con una calidad democrática que se está poniendo en cuestión”.

Reconoce que “la gente no entiende nada, tienen la sensación de que esta especie de conflictividad jurídica entre España y algunos países de la Unión Europea no está bien orientada”. No ayuda en absoluto la imagen que se ha trasladado fuera del país tras las cargas policiales el pasado 1 de octubre: “España está debilitada en el mundo por esta cuestión”. Fuera de nuestras fronteras “no gusta la conflictividad que estamos exportando”, no responde a la imagen del país que es España a lo que se añade, según Jáuregui, que los belgas no tienen muchas ganas de ayudarnos”.

El hecho de que no se haya admitido la orden de extradición de los tres ex consejeros fugados implica que ha fallado el principio de confianza mutua que rige en la euroorden. En este sentido, Jáuregui comenta que “si un juez de Alemania me pide una euroorden tengo que entender que está justificada (…), pero es una ingenuidad pensar que con tanta propaganda los tribunales de Alemania, Italia o Edimburgo no van a entrar en el fondo”.

Ramón Jáuregui ha desvinculado cualquier relación entre la situación en Cataluña con el estatus actual de Kosovo. España no va a participar en la cumbre Unión Europea-Balcanes que tendrá lugar este jueves en Sofía. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy confirmó que no asistirá porque España no reconoce la independencia, lograda de forma unilateral, por esta provincia serbia hace diez años.

Ramón Jaúregui cree que esta decisión “es coherente” y ha alabado el hecho de que España sí firme la declaración final, “que es política, con cierta entidad”. Si en futuro se produce un acercamiento entre Europa y los Balcanes Jáuregui apuesta porque previamente “Kosovo y Serbia resuelvan su propio problema”.

 Entrevista completa en este enlace.

El "procés" en Europa.

Uno de los muros contra los que se ha estrellado con más estrépito el nacionalismo catalán ha sido Europa, a pesar de ser, posiblemente, el terreno que más trabajaron y en el que más confianza depositaron los estrategas del 'procés'. He repasado la hemeroteca europea de los últimos meses y la contundencia y la unanimidad de las reacciones de los líderes de los países miembros y de las instituciones comunitarias son verdaderamente notables.

“Es un asunto español que debe ser gestionado por España” (primer ministro de Holanda, Mark Rutte), “Hay una ley y una Constitución que respetar” (primer ministro de Luxemburgo, Xabier Bettel), “Nadie, tampoco el Gobierno catalán, puede saltarse la ley” (Weber, líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara), “Todos tiene el derecho a expresarse, pero no a ignorar la ley” (vicepresidente de la Comisión Europa, Frans Timmermans), “El nacionalismo es veneno” (Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea), “España es nuestro único interlocutor” (Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo), “El respeto al derecho no es una opción, es una obligación” (presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani).

Se pueden citar muchas más de Macron, Merkel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero no hace falta. Europa se mueve y se moverá en este tema bajo un doble principio jurídico y político. Primero, no corresponde a la Unión intervenir en el derecho interno español. Ese derecho, es decir, el marco del Estado democrático español, no admite censura europea. Se trata de una Constitución plenamente democrática, con un poder judicial independiente, y las resoluciones del Tribunal Supremo y del Constitucional no admiten reproches. Segundo, nadie quiere en Europa que las regiones o las naciones sin Estado europeas se desmembren de los estados europeos. De hacerlo, el fenómeno sería seguramente imitado y no es posible una Europa a 50 o 60 estados. Por tanto, si una región se independiza, no entrará en la Unión, porque alguien lo vetará y con eso basta.

Hasta aquí las posiciones políticas de los gobiernos europeos respecto a la pretensión independentista del 'procés'. Sin embargo, no conviene despreciar losdaños que está sufriendo España en el ámbito de su imagen y de su política internacional, y tampoco sería prudente desconocer los riesgos jurídicos que tienen las distintas resoluciones de los tribunales europeos (Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza) en respuesta a la euroorden.

En el primer plano hay que situar las imágenes del 1 de octubre. Soy de los que se han sentido orgullosos en las esferas internacionales en las que me muevo de la democracia española, de los valores y derechos que configuran la sociedad española, de nuestra evolución desde la transición y de nuestro Estado de derecho. Pero les confieso que no pude explicar las anomalías de aquel domingo. Muchos nos compararon con Turquía y sentí pena.

En parecidas circunstancias nos encontramos de nuevo con el encarcelamiento de tantos dirigentes nacionalistas. Con todo respeto a las decisiones judiciales, la prisión provisional me parece excesiva y cuesta explicar a los diputados italianos, ingleses, alemanes o suecos que los posibles delitos de los líderes independentistas exijan medidas tan severas. Ellos no conocen, en general, la gravedad de lo ocurrido y perciben solo los rasgos externos de un conflicto político para el que —un poco ingenuamente— piden dialogo. Como acaba de hacer el popular alemán Elmar Brok.

Nos guste o no, España está sufriendo un serio desgaste en su imagen democrática y nuestras relaciones bilaterales con el resto del mundo sufren el peaje de una solidaridad con costes: ya sea en la negociación del Brexit con el Reino Unido o en los diferentes 'rapports' de la UE, la posición española se debilita al reclamar apoyos políticos que casi nunca son gratis.

Cuesta explicar a los diputados ingleses, alemanes o suecos que los posibles delitos de los líderes independentistas exijan medidas tan severas

El otro plano está resultando incluso peor. La estrategia judicial del Tribunal Supremo no fue prudente a partir del momento de la fuga de los dirigentes nacionalistas que trasladaban a los tribunales europeos el análisis del caso. El Gobierno tiene también responsabilidades. En base al principio acusatorio, si el fiscal no hubiera calificado los hechos como rebelión, el juez tampoco lo habría podido hacer. La sentencia de la Audiencia de Alemania no cumple las previsiones y el espíritu de la euroorden. Pero era previsible. Creer que en este asunto tan mediático y con tantas presiones los tribunales europeos se iban a limitar a examinar procedimentalmente la euroorden era una ingenuidad.

En cualquier caso, urge una reconducción de la estrategia judicial en Europa. Primero planteando en la Unión, y quizá también en la Corte de Luxemburgo, si la euroorden puede ejecutarse con este tipo de resoluciones. Segundo, revisando la tipificación penal de las conductas producidas por los dirigentes nacionalistas.

No olvidemos que Europa está con España en el fondo del asunto, y no perdamos de vista que es en Europa, el espacio institucional, en el que se desarrolla una parte importante de esta batalla. Los nacionalistas saben que la pretensión independentista se estrelló con la ley, con la economía y con la fractura por la mitad de su población. Cualquiera de estos obstáculos por si solo es suficiente para frustrar su proyecto. Pero en Europa nos jugamos mucho y es necesario reconducir jurídicamente el enjuiciamiento de las conductas delictivas producidas para poder obtener una mejor comprensión europea de nuestros tribunales y de nuestra democracia.

Publicado para El Confidencial, 11/04/2018

Enseñanzas catalanas para los vascos.

"Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad."

 De todo lo que está ocurriendo en Cataluña el nacionalismo vasco y los vascos en general deberíamos extraer enseñanzas políticas imprescindibles. La primera y más importante: la independencia, esa especie de ensoñación ‘naïve’ que nos proponen los nacionalistas, es además de imposible, enormemente costosa y dañina para quien la persigue. El cúmulo de falsas promesas que los gestores del procés habían propagado durante años ha sido diluido como el azúcar en agua por una realidad aplastante cuando han intentado materializar su proyecto.

La respuesta de los mercados ha sido tan rápida como elocuente. Las inversiones se paralizan, los pedidos se reducen hasta el 30%, ya sea en las ventas como en las reservas hoteleras. Cerca de 3.000 empresas se han ido de Cataluña. Y nadie sabe si volverán. Los daños económicos son de tal dimensión que tardarán tiempo en recuperarse de esta aventura. Por su parte, Europa ha dicho No a estos procesos y a estas pretensiones. Nadie quiere aquí nuevos Estados separados de los actuales Estados miembros. La oposición europea a los nacionalismos va a crecer inexorablemente.

Segunda enseñanza. Quienes han dirigido todo este proceso, desde hace ya varios años, son movimientos sociales surgidos de asociaciones cívicas o culturales del nacionalismo, que han impuesto la estrategia y las movilizaciones, los objetivos y programas al conjunto de los partidos nacionalistas. Es más, estos han sido en parte penetrados y absorbidos por una nueva clase dirigente surgida desde esos movimientos. Así, alegres y combativos, los catalanes se han lanzado a las movilizaciones y a los referendos hasta llegar al vacío del precipicio.

La antigua Convergencia es el mejor ejemplo de ese ‘dejarse llevar’ que ha transformado radicalmente un partido que fue mayoritario durante casi 40 años. El problema de esa dejación de funciones, de los líderes y de las estructuras partidarias es que los movimientos sociales o culturales, esa especie de revolución desde abajo, no asumen responsabilidades electorales, y no tienen ni filtros, ni contrapesos, ni las claves deliberativas de los partidos. Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad y de la declaración unilateral de la independencia a través de un proceso lleno de arbitrariedades parlamentarias, desobediencias al Tribunal Constitucional y graves vulneraciones al orden constitucional. Las rectificaciones posteriores son patéticas, ya sean ante el juez, ya sean en los nuevos programas políticos en los que se renuncia a la unilateralidad. ¿Ahora? ¿Y quién paga el daño causado?

Porque no es solo el daño económico y el desprestigio nacional que han provocado. Es también la fractura social que han generado y la decepción colectiva que arrastrará el nuevo pragmatismo en una ciudadanía engañada por mitos y mentiras por doquier. Me cuesta creer que las elecciones del 21-D no pongan a esta gente en su lugar.

Tercera enseñanza y no menos importante. La aventura independentista acaba en la pérdida del Gobierno autonómico. El 155 se ha aplicado y el autogobierno y la gestión pública de la Administración en Cataluña no se han alterado. Es verdad que al 155 le acompañó una inteligente convocatoria electoral, pero no es despreciable constatar la normalidad con que el Gobierno del Estado ha asumido la gestión de la autonomía de Cataluña. De manera que el precedente sirve de lección a futuro. Nos guste o no, un mecanismo constitucional que muchos creyeron políticamente inaplicable forma parte ya de nuestra realidad.

Por último, la experiencia vivida en Cataluña ha perjudicado enormemente las propias reivindicaciones autonómicas y el futuro del modelo territorial se ha situado en un nuevo plano de debate en el que nuevas y poderosas fuerzas antinacionalistas son también parte del nuevo reequilibrio. Es el caso del constitucionalismo catalán, que reclamará, con todo derecho, su peso electoral y su capacidad de movilización para exigir que se le tenga en cuenta en el futuro acuerdo Cataluña-España y en el ejercicio autonómico de muchas de las competencias autonómicas, hasta hoy ejercidas en clave nacionalista. El procés ha activado el unionismo y eso ya no hay quien lo pare. Dos Cataluñas viven juntas. Y antes de dar nuevos pasos tendrán que entenderse dentro. Pero además el nacionalismo catalán no está evaluando todavía el daño que se ha hecho a sí mismo al tirar por la borda el nivel de confianza mutua que se necesita para avanzar en cualquier nueva esfera de poder autonómico. Vista la experiencia, y visto el comportamiento de su policía, ¿sería razonable transferir la Justicia, o la Hacienda que recauda los impuestos? ¿No estará en el cálculo político de los interlocutores del Estado, que esos nuevos poderes, se utilizarían para otro procés? Es evidente que se han dado un tiro en el pie y que tendrán que pasar muchos años para recuperar un clima que permita negociar el autogobierno con la confianza que la deslealtad de hoy ha destruido.

Hay que aprender de lo ocurrido en Cataluña y en particular, el nacionalismo vasco de PNV y EHBildu deberían evitarnos algunas herramientas perversas y objetivos inconvenientes. Me refiero, desde luego a la autodeterminación y a la independencia respectivamente. Nunca estaremos mejor que como estamos. Y espero que Podemos reflexione sobre su ubicación nacionalista en ambos temas.

 

Publicado en El Correo, 17/12/2017