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8 de febrero de 2021

El muro

 “Haré un muro en la frontera con México y lo pagarán los mexicanos”, Dijo Trump en 2016. En los fatídicos días finales de su tenebroso mandato, Trump voló al sur de Texas para enseñar un trozo del muro que han hecho y han pagado los norteamericanos. No sé exactamente cuántos, pero son solo unas decenas de kilómetros en una frontera de 3100 kilómetros aproximadamente. Por cierto, en el lado estadounidense de esa frontera se radican 9000 armerías, es decir, tres por cada kilómetro. Ya sabemos que su principal clientela es el narco mexicano. Uno de los que se dedican al cruce de la frontera con migrantes latinos respondía así al muro: “Tú haz muro y yo haré túneles”. Es una bravuconada porque, objetivamente, el muro hace más difícil el paso, pero no lo hace imposible. 

La aspiración a sobrevivir seguirá siendo un impulso humano irrefrenable cuando se huye del hambre, de la represión, de la inseguridad y cuando se ve todos los días en la televisión y en el móvil, cómo viven los del país vecino. En tiempos de la comunicación instantánea de todos con todo, es imposible evitar los movimientos migratorios. Lo más probable es que crezcan. 

La Comunidad Internacional se enfrenta a un fenómeno que requiere nuevas soluciones. Nuevos acuerdos. Nuevas regulaciones.

Nuevas Regulaciones: El Derecho de Asilo y Refugio, regulado a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado obsoleto. En el seno de Naciones Unidas debería buscarse una nueva regulación de estos derechos a incluir en un Tratado Internacional o en la Carta Universal de los Derechos Humanos. 

Nuevos Acuerdos: Las grandes regiones que viven este fenómeno necesitan Acuerdos entre los países de origen y los países que acogen emigrantes. No es posible seguir contemplando estos fenómenos en clave de contenciosos y enfrentamientos fronterizos. La frontera sur de México con Centroamérica o la frontera mediterránea de Europa son dos buenos ejemplos de una situación condenada a repetirse sin solución de continuidad. 

Nuevas Soluciones: El mundo, las regiones tienen que afrontar los fenómenos migratorios ofreciendo otra vía a las migraciones irregulares. Abrir Consulados en los países de origen establecer cupos migratorios, traslados seguros, reparto de cuotas por países, formación profesional e integración sociolaboral. Esta es la ruta lógica y humana ante la presión migratoria. Soy consciente de las dificultades de las propuestas, pero no tengo otras ideas ante este drama de nuestro siglo. El Mediterráneo como cementerio, los campos de refugiados sirios en Turquía, Lesbos, los rohinyá, expulsados de Birmania, la columna humana de desesperados hondureños avanzando contra la policía de su propio país o del vecino, el Muro de Trump… golpean nuestras conciencias. El mundo necesita otras soluciones. La política debe ofrecerlas. Esa es nuestra responsabilidad 


Ramón Jáuregui – Presidente de la Fundación Euroamérica

Publicado de  Foro de Foros.

12 de diciembre de 2017

Obligando a las empresas a respetar los derechos humanos.


La historia reciente de las ETNs (empresas trasnacionales) muestra innumerables incidentes de abusos contra los derechos humanos como resultado de sus operaciones. Se sabe que estas empresas se han aprovechado de los marcos regulatorios débiles de los países en vías de desarrollo, de la corrupción o de su excesiva dependencia de los intereses corporativos

Esta realidad ha provocado una apremiante necesidad de fijar normas internacionales que sometan a esas grandes compañías a obligaciones en relación con los derechos humanos en esos países.

Se ha de remarcar, que a pesar de que se garantiza un extenso abanico de derechos dentro de los acuerdos comerciales y de los de inversión, sigue existiendo un importante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las ETNs. Sus obligaciones en materia de derechos humanos no son tan evidentes, por lo que garantizar su cumplimiento resulta más complejo. De acuerdo con el poder que ostentan las ETNs la probabilidad de que las legislaciones nacionales les impongan obligaciones en el ámbito de los derechos humanos y consigan que rindan cuentas cuando cometan violaciones, resulta en general poco realista.

Con el objetivo de abordar estas deficiencias, se estableció en 2015 un Grupo de Trabajo intergubernamental dentro del entorno de Naciones Unidas, cuya tarea principal era redactar un tratado vinculante en el ámbito de los derechos humanos y las empresas. La Unión Europea, por su parte, acabó involucrándose en las negociaciones, reiterando que el futuro tratado debería incorporar a todo el conjunto de las empresas, no solamente a las trasnacionales. El Parlamento Europeo se posicionó como defensor de esta iniciativa y animó al conjunto de la UE a adoptar una óptica constructiva y positiva al respecto.

Tras las 2 primeras sesiones de negociación del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición, y basándose en el documento Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas con Respecto a los Derechos Humanos algunas conclusiones son evidentes:
  • Las empresas deben mostrar diligencia debida, haciendo frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades.
  • Existe la necesidad de proporcionar un instrumento internacional jurídicamente vinculante y efectivo para las víctimas de los abusos cometidos por las ETNs y la EOs (otras empresas), ya que a menudo sufren dificultades a la hora de acceder a las vías de recurso.
  • Asegurar el establecimiento de recurso, mediante la adscripción de un tribunal internacional con competencias penales y civiles que supervise las obligaciones de los Estados a la hora de proporcionar recursos, así como la configuración de un comité internacional que admita reclamaciones individuales o un mecanismo internacional de arbitraje.
  • Fortalecer el reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, en lo referente a los derechos humanos.
  • Es evidente la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos potenciando una mayor atención a los abusos sistémicos subyacentes de los mismos.
Al finalizar la tercera ronda de negociaciones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental y el conjunto de la sociedad civil pidieron la continuidad de la autonomía del proceso y la redacción de un proyecto de documento para 2018 que tuviera como puntos de referencia, entre otros:
 
  1. El asegurar la responsabilidad civil, administrativa y penal de las ETNs y EOs en relación con las violaciones de derechos y abusos de derechos humanos.
  2. Incluir mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación efectiva para esas violaciones o abusos a los derechos humanos cometidos por ETNs y EOs.
  3. Incluir obligaciones preventivas a dichos impactos adversos a los derechos humanos.
  4. Reafirmar que las obligaciones de los Estados en relación a la protección de los derechos humanos no terminan en sus fronteras territoriales.
La sociedad civil está dispuesta a contribuir activamente en el proceso y decidida a colaborar para avanzar hacia una cuarta sesión del Grupo de Trabajo en 2018. En cuanto a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas de todo el mundo, están a la espera de que El Tratado se haga realidad y que el curso de las negociaciones se lleve a cabo de una manera consultiva y transparente.
La gran pregunta es qué harán los países. ¿Habrá acuerdo en la Comunidad Internacional para dar este paso extraordinario en la defensa de la dignidad humana? No será fácil. Por eso hay que empujar.
 

4 de mayo de 2017

Rana Plaza, cuatro años después.

 La globalización financiera y la productiva se han desarrollado hasta los confines del mundo en los últimos veinte años, pero los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo tienen que superar una fronda infinita para extenderse o simplemente para que sean respetados en los países en los que se instalan las empresas.

La velocidad es, sin duda, una de las características del nuevo mundo. La viruela tardó tres siglos en extenderse por el universo, el SIDA, tres décadas, pero un virus informático puede hacerlo en dos horas. A la velocidad se le añade la imprevisibilidad, la falta de control. Casi todos los grandes acontecimientos de los últimos años surgieron al margen de las cancillerías o de los centros de análisis geopolíticos o económicos del mundo. La caída del muro de Berlín, la Primavera Árabe, la crisis económico-financiera de los últimos diez años, impactaron en nuestras vidas –y todavía lo siguen haciendo -sin previsión ni planificación alguna de nadie.

La conclusión es dramática. Si dejamos al mercado y a la tecnología que configuren libremente el futuro, la sociedad resultante será un desastre. Necesitamos gobernar la globalización y necesitamos democratizarla, es decir, ponerla al servicio de la gente y no al revés. Se pueden poner mil ejemplos de esos peligros. ¿Quién está planificando la Seguridad Social del futuro si las carreras de cotización son cortas e interrumpidas? ¿Cuánto y cómo será el trabajo del futuro en la era de la robótica y el alargamiento de la vida? ¿Cómo evitar otra implosión financiera con regulación global? ¿Cómo se combaten los paraísos fiscales?

La extensión de los derechos laborales y el trabajo decente a los países sin leyes laborales o con instituciones primarias es otro de esos debates y hoy, cuatro años después del desastre de Rana Plaza, nos podemos preguntar si hemos hecho lo suficiente o si los avances en el trabajo textil en el mundo están protegidos y son decentes.

Diario Responsable se hacía eco la semana pasada del informe del Parlamento Europeo aprobado hace quince días solicitando a la Comisión Europea una propuesta legislativa para implantar un sistema de “diligencia debida” siguiendo directrices OCDE, parecido al diseñado para los minerales de zona de conflicto, que cubra toda la cadena de distribución.

Se han hecho cosas. Las han hecho los sindicatos, la OIT, las empresas. El gobierno de Bangladesh…Pero me temo que los trabajadores del textil en ese país y en los de la zona, siguen explotados y sin unas condiciones de trabajo dignas. Mi amigo Javier Chércoles, antiguo director del RSE de Inditex me contaba no hace mucho sus esfuerzos para establecer un compromiso de todas las empresas de ropa del mundo para imponer a sus subcontratas en Bangladesh la obligación de suscribir un seguro de accidentes laborales. Esto sería el embrión de una cotización obligatoria para una especie de Seguridad Social del futuro para millones de trabajadores en el sudeste asiático. Por supuesto, la cuota la pagarían las empresas y eso encarecería unos céntimos nuestras compras baratas. ¿Es eso posible? En el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se discute desde hace dos años la posibilidad de una norma internacional que extienda los principios Ruggié, “proteger-respetar-remediar” a la aplicación obligatoria de la Convención de los Derechos Humanos en todo el mundo. ¿Es esto posible?

Debe serlo. El camino de la voluntariedad y del marketing social está bastante agotado. La “etiqueta social” se confunde o no se mira en el consumo. La vigilancia de los Estados a las importaciones es laxa. Una norma internacional de exigencia de Derechos Humanos y normas OIT-OCDE en el mundo, es un buen camino. Aunque sea largo.
 
Publicado para Diario Responsable. 4/05/2017

19 de octubre de 2015

9 de junio de 2015

Homenaje a Ernest Lluch, para el Acto "Para la salud juntos y mejor"



"Ernest Lluch construyó la sanidad española desde perspectiva de un servicio público universal y gratuito y creó un derecho, el de los españoles a ser curados por un sistema público, el mejor, el de máxima calidad frente a la red privada."



 

13 de noviembre de 2014

Blind date (EBU) en el Parlamento Europeo.


Con motivo del 30 aniversario de la Unión Europea de Ciegos, se han celebrado durante los días 11 y 12 de noviembre unos eventos donde los parlamentarios europeos han podido experimentar, de primera mano, las barreras de acceso a la información a las que habitualmente se enfrentan las personas ciegas o con discapacidad visual.

Se ha contado con la instalación de un stand que la Unión Europea de Ciegos (EBU) ubicó en la ‘zona de distribución’ del Parlamento Europeo, para que los Europarlamentarios, muchos de ellos nuevos, pudieran conocer de cerca todos los temas que afectan a las personas con discapacidad visual en Europa.

Según datos manejados por la Unión Europea de Ciegos, 30 millones de europeos no pueden acceder a los productos de uso diario, servicios e información (incluyendo páginas web y aplicaciones). La tecnología puede hacer casi todo accesible pero no está siendo construida ni aplicada en el diseño de productos y servicios.

Por ello, la EBU recuerda que las personas ciegas pagan más por los teléfonos inteligentes con tecnología de texto a voz; un 90% de los sitios web no están diseñados para ser utilizados con conversión de texto a voz de software de lectura de pantalla; y se diseñan guías de TV de programación electrónica en pantalla que no hablan.

La Unión Europea de Ciegos es una plataforma de acción colectiva con una amplia red de organizaciones que agrupa a una gran cantidad de conocimientos relacionados con la discapacidad visual y sus implicaciones en la vida diaria de millones de personas con pérdida de visión. Es la voz de las personas ciegas y deficientes visuales en Europa.


Fuentes de información: ONCE Y EBU

23 de octubre de 2014

Intervención Parlamento Europeo. 23/10/2014





Desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México.

El Parlamento Europeo condenó hoy de forma rotunda las "inaceptables desapariciones forzosas y crímenes en Iguala" y pidió a las autoridades mexicanas que "actúen de forma rápida, transparente e imparcial" para arrestar y llevar ante la justicia a los responsables.

Ramón Jáuregui (S&D) afirmó que el objetivo de estas resoluciones no es "cortar el diálogo político de Europa con México", sino que el país obtenga de estos sucesos "un nuevo impulso para modernizar, mejorar, dar más democracia y libertad" a los ciudadanos.

6 de mayo de 2014

Reunión del PSOE con FEAPS



Madrid, 6 de mayo de 2014.-

 El candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, la Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, y la Portavoz en la Comisión de Discapacidad, Laura Seara, han mantenido esta mañana una reunión de trabajo con la Directiva de FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo), en el Congreso de los Diputados.

 Durante este encuentro, los dirigentes socialistas han expuesto a los representantes de FEAPS las propuestas del PSOE para garantizar la igualdad de oportunidadesy el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en España y en el seno de la Unión Europea.

Los socialistas también han ratificado su compromiso para impulsar una reforma legislativa que permita garantizar el voto de las personas con discapacidad. Para el Partido Socialista, una Europa de futuro tiene que ser una Europa accesible para las personas con discapacidad, debe incorporarla agenda de la discapacidad en el centro de su política social y abordar la inclusión de este colectivo, como un elemento de competitividad y de desarrollo social y humano para la zona, como figura en el programa europeo.

 En este sentido, Jáuregui, Jiménez y Seara han trasladado a sus interlocutores que para garantizar una mayor accesibilidad de este colectivo a las informaciones de la campaña electoral de los comicios europeos,el PSOE, además de mantener el habitual servicio de interpretación de lengua de signos en los actos de la campaña, ha incluido en el diseño de la web de esta campaña “Tú mueves Europa” contenidos accesibles para este colectivo, además de otros materiales de campaña. También se han comprometido a colaborar con FEAPS para hacer accesible elManifiesto Europeo.

Esta reunión forma parte de los habituales contactos que mantiene el PSOE con las diferentes asociaciones y colectivos que agrupan a las personas con discapacidad, como la que mantuvo el pasado 3 de abril la Vicesecretaria General y candidata al Parlamento Europea, Elena Valenciano, con CERMI (Comité Español de Representantes de Personas

13 de septiembre de 2011

Entrevista para Cermi sobre el sector de la discapacidad y sus necesidades.

El ministro de la Presidencia afirma sentirse cerca de la discapacidad, la vive en su entorno más cercano, pero sobre todo la asume como un compromiso ineludible en su trabajo, como parte de la esencia de su partido, que hace de la igualdad de oportunidades su seña de identidad, afirma. Para alcanzar esos objetivos, considera fundamental la colaboración de las entidades, como el CERMI, que a su juicio “ha revolucionado el mundo de la discapacidad, despertando a sus miembros y organizaciones a una realidad prometedora”.

El CERMI cumple el año que viene 15 años y ha logrado agrupar a la mayoría de las entidades de la discapacidad, representa a cuatro millones de personas en nuestro país ¿percibe el Gobierno este peso y el papel representativo que ha adquirido?
Sin duda, en estos años se ha reconocido al CERMI su liderazgo en la representación de la discapacidad y la importancia de su participación en la elaboración, propuesta y ejecución de iniciativas en el terreno de la discapacidad. Desde el Gobierno se entiende que el CERMI, como organización de la sociedad civil, cumple una función fundamental dentro del sector público, pues reúne las voluntades de una parte importante de la población, identifica los problemas que le afectan y propone las soluciones, ejerciendo así un papel fundamental en la articulación del diálogo civil entre la Administración y los ciudadanos con discapacidad.

"Desde el Gobierno se entiende que el CERMI, como organización de la sociedad civil, cumple una función fundamental dentro del sector público"

Uno de los objetivos prioritarios del CERMI es que los asuntos de discapacidad estén presentes en la agenda política, ¿cómo se podría avanzar en este sentido?
Entiendo que actualmente el nivel de participación del CERMI en las decisiones públicas es muy significativo. Su presencia en los foros de discapacidad, sociales e institucionales, le permiten transmitir a muy diversos ámbitos, entre ellos los parlamentarios y ejecutivos, las aspiraciones del sector social al que tan eficazmente representa. Cabe, sin embargo, mejorar los métodos de coordinación y la continuidad en las estrategias conjuntas. Echo en falta una mayor participación de las Televisiones en esta tarea.

En nuestro país, sólo un 14 por ciento de las empresas españolas cumple el porcentaje de contratación de personas con discapacidad, una norma que se aprobó hace casi 30 años, ¿cómo es posible que no se cumpla en tanto tiempo y qué se puede hacer para aumentar ese porcentaje?
La dificultad de las personas con discapacidad en el acceso al empleo dio lugar a la elaboración y aprobación en el año 2008 de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2%. Hay que destacar que las medidas económicas de incentivación han permitido que la contratación de estos trabajadores, pese a la situación de crisis, se incremente un 18,5% en 2010.
Por otra parte, no conviene olvidar que ese porcentaje se ha ido elevando hasta el 7% en las administraciones públicas que se cumple rigurosamente.

"Hay que destacar que las medidas económicas de incentivación han permitido que la contratación de estos trabajadores, pese a la situación de crisis, se incremente un 18,5% en 2010".

Son necesarias muchas iniciativas para lograr que, según cifras que usted mismo ha comentado, 600.000 personas con discapacidad que no trabajan pero sí lo desean, puedan hacerlo, ¿hay algún otro camino para lograr al menos reducir esa cifra?
Los estímulos económicos –exoneraciones o reducciones de cuotas de Seguridad Social- son actualmente un buen camino para la contratación laboral de personas con discapacidad.
Además, la sensibilización y el cambio de mentalidad de los empresarios y de la sociedad en general, que es precisamente en lo que ya llevamos años trabajando, pero que necesita un largo proceso de maduración y asentamiento. Somos conscientes de ello y en todas las estrategias y planes siempre están muy presentes las campañas de divulgación y de sensibilización.

Según un informe del CERMI han aumentado las reclamaciones de las personas con discapacidad en los últimos años en relación con la vulneración de sus derechos ¿cree que son ellos más conscientes de sus derechos o la discriminación se hace más evidente en una sociedad que avanza más para unos que para otros?
Las dos cosas. De una parte, con el tiempo hemos conseguido ser conscientes de hechos discriminatorios que anteriormente se asumían como resultado del azar o simplemente nos pasaban inadvertidos. En este sentido, creo que se ha reconocido el enorme avance que ha dado nuestro país en el reconocimiento de derechos y en la creación de espacios comunes de igualdad. Pienso además que las personas con discapacidad y sus familias también son más conscientes tanto de las discriminaciones como de sus derechos. Sin duda a esto ha colaborado que se hayan establecido por la Administración sistemas de reclamación y órganos que se ocupan de atender las demandas por discriminación. También ayudan en esa dirección las organizaciones como el CERMI y otras.

"Con el tiempo hemos conseguido ser conscientes de hechos discriminatorios que anteriormente se asumian como resultado del azar o simplemente nos pasaban inadvertidos"

La accesibilidad, el acceso en todos los sentidos, está vedado a muchas personas con discapacidad en las casas y las ciudades, en edificios públicos y privados, en las nuevas tecnologías, en la cultura ¿qué hace falta para concienciar sobre esto a un país, un Gobierno, una sociedad?
Podemos considerar, con razón, que la accesibilidad es equiparable a un derecho fundamental, sin el que los demás derechos no se pueden ejercer.
Todos sabemos que venimos de una sociedad inaccesible y que queremos llegar a una sociedad completamente accesible a todos los ciudadanos, pero yo creo que no debemos olvidar ni de dónde venimos ni adónde hemos llegado. Porque sin duda tenemos muchas insuficiencias en la accesibilidad a muy diversos entornos, pero nada que ver con las que teníamos tan sólo hace unos años. La conciencia ya la tenemos, pero hemos de ir paso a paso eliminando los obstáculos de siglos en las cosas y en las personas. El camino avanza y es irreversible.

"Podemos considerar, con razón, que la accesibilidad es equiparable a un derecho fundamental, sin el que los demás derechos no se pueden ejercer".

¿Conoce de cerca la discapacidad?, ¿sus organizaciones?, ¿cree necesario este tipo de contacto para entender y apoyar sus reclamaciones?
Conozco la discapacidad y a personas con discapacidad muy cercanas a mí, de mi familia. Pero sobre todo creo que la relación con las organizaciones representativas de la discapacidad es necesaria e imprescindible, además de obligada, porque es casi la única forma de conocer las necesidades y de implicar a todos en la consecución de los objetivos comunes, que en su conjunto confluyen en uno solo: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El CERMI, en sólo quince años, ha revolucionado el mundo de la discapacidad, despertando a sus miembros y a sus organizaciones a una realidad prometedora en la que se van alcanzando metas hasta hace poco impensables.
Su presencia en numerosos órganos consultivos, destacadamente en el Consejo Nacional de la Discapacidad, su participación en la elaboración de normas y en muchos otros ámbitos, siempre como conciencia de los poderes públicos, es un activo importante para todos. Quiero decirle, por último, que pertenezco a un partido que hace de la igualdad de oportunidades su seña de identidad. La aplicación de ese principio a las personas desiguales –y las personas con discapacidad lo son en muchas formas- constituye un elemento esencial de nuestra política.

Publicado en: Cermi.es semanal

11 de junio de 2010

La Delegación Socialista Española en el PE, dirige una carta a Viviene Reding por sus declaraciones públicas.

Comunicado de Prensa, PSOE 10/06/2010.

El secretario general de los Socialistas Españoles en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha dirigido este jueves una carta a la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviene Reding, para expresarle el “pesar y rechazo” a las declaraciones públicas “injustas y ofensivas” que ha hecho contra la presidencia española, “es decir, contra nuestro Gobierno, y contra nuestro país”.

En nombre de la Delegación Socialista Española, Jáuregui ha mostrado su respeto por la opinión de la Comisaria sobre la base jurídica elegida, así como a la discusión técnica, pero ha señalado que no se pueden admitir las graves descalificaciones hacia la Presidencia de turno del Consejo, “llenas además de tendenciosos juicios de intenciones”.

El texto señala también que es “inédito” que la Comisión Europea ataque tan ofensiva como injustamente a un Estado miembro. “Mucho menos cuando tales descalificaciones se hayan producido hacia una iniciativa cuya motivación política es avanzar en la protección de los ciudadanos, y cuya urgencia y necesidad la acreditan los asesinatos y malos tratos que reciben miles de mujeres en Europa en lo que algunos llaman la violencia doméstica y otros llamamos machismo criminal”, continúa.

En la carta se recuerda que la propuesta cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos del Consejo europeo, del dictamen oral de los servicios jurídicos de la Eurocámara y las conclusiones del Consejo de 4 de junio, y finaliza abogando por el “diálogo y la cooperación interinstitucional, que son indispensables para sacar adelante esta iniciativa y para avanzar en la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia”.

27 de mayo de 2009

Una Ley necesaria

La Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho, frente a su despenalización en determinados supuestos, es un paso necesario y obligado para adecuar nuestra legislación a nuestra realidad social. La oposición a este paso, es muy minoritaria y está demasiado preñada de fundamentalismos ideológicos y sobre todo religiosos. Todos los países de nuestro entorno y de nuestros parámetros culturales, lo han hecho y a España ya le tocaba hacerlo.

Primero, porque la ley actual no está garantizando el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a decidir si continúan adelante con su embarazo no deseado, sin correr riesgos legales, sin tener garantías iguales de acceso a los servicios de salud y sin tener tampoco garantías para una elección libre e informada. Segundo, porque contra lo que pudiera parecer, esta ley no debería aumentar el número de abortos en nuestro país, sino reducirlo, sobre todo en aquellos grupos de la población donde el índice de abortos es más alto: las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes. Por eso la ley no se limita a “despenalizar el aborto” sino que se enmarca en una ley con un contenido más amplio en el que se incluyen aspectos preventivos, informativos y de incremento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

No me parece despreciable tampoco el argumento de que esta ley impedirá los abusos de la anterior. Todos lo sabíamos. El tercer supuesto: “El peligro psicológico grave del embarazo para la madre”, estaba siendo utilizado como la única puerta al IVE en las clínicas privadas y podría ser objeto de abuso en embarazos demasiado maduros, es decir, en clara superación de los plazos que establecen las leyes europeas. La nueva ley elimina este supuesto y reconocerá el derecho de la mujer a la libertad y autonomía de su maternidad en el plazo en que todas las legislaciones europeas consideran legal el IVE.

¿Cuáles son los requisitos en este supuesto? Hay un protocolo de información y consulta a la mujer que lo solicita sobre prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y las condiciones previstas en la Ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. Desde la entrega de la información, si la mujer decide interrumpir el embarazo, se podrá dirigir a un centro público o acreditado.

El debate sobre la IVE en las jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, no debería confundirnos. Primero porque el núcleo de la cuestión es si se acepta una ley de plazos o no, que restrinja el IVE a partir de los tres meses sólo en algunas circunstancias médicas que lo justifiquen. Segundo porque no es discutible que en todo caso, será siempre la joven embarazada la que decida. Si está capacitada para decidir sobre cualquier otro tratamiento o intervención médica, ¿cómo no va a estarlo para decidir si quiere ser madre o no? Otra cosa es el contexto familiar o de madurez en el que esa decisión se adopte. Que los padres participen de esa decisión es tan natural como necesario. Pero en ningún caso, ni para abortar ni para lo contrario, su opinión puede ser impuesta a la joven. De ahí que resulte complejo técnicamente regular en la ley esa relación paterno filial en estos casos, y que de hacerlo, debiera ser incluida en la fase de información previa a la toma de decisión de la mujer.

Dejo para el final el anunciado recurso del PP al Tribunal constitucional y la oposición parlamentaria que se prevé a su tramitación. Me pregunto: Si están contra el aborto, ¿por qué no derogaron la Ley de 1985 cuando tuvieron mayorías absolutas para hacerlo? Conviene recordar que durante los ocho años de gobierno del PP, los abortos en España no cesaron de crecer año tras año hasta llegar a los casi ochenta mil al año. Cuando dicen que esta ley no responde a una necesidad social, ¿están aceptando que las cien mil mujeres que abortaron en España en 2008, lo sigan haciendo en clínicas privadas, con base en “el peligro psicológico para la madre”, que todos sabemos que es un portillo a peligrosos abusos y a procesos de IVE sin información ni garantías adecuadas? Hay una hipocresía en todo este debate y, aunque la iglesia española quiere convertir en delito el pecado de abortar, es la moral pública y no la católica la que legisla en España. A la Conferencia Episcopal conviene recordarle que su opinión es tan legítima como relativa entre las múltiples pulsiones informativas que alumbran este debate.

En definitiva, la ley debemos abordarla con determinación y espíritu de consenso. Es una ley que trata de resolver una situación injusta y peligrosa. Nos incorpora a las legislaciones europeas, dando a las mujeres un derecho que les corresponde cuando se enfrentan a una decisión tan difícil como indeseada al interrumpir su embarazo y les asegura en ese proceso, la información, la consulta y las mejores condiciones personales y de salud. Y por último, resuelve el problema de la inseguridad legal del personal satinarlo. Quedan meses para su debate legislativo y estoy seguro de que en él, seremos capaces de mejorar el texto y ampliar sus apoyos políticos.

El Periódico de Catalunya.26/05/2009

1 de octubre de 2008

Una directiva contra el tiempo de vivir


Ahora que se discute, de nuevo, sobre mercado y Estado a propósito de la necesidad de reforzar las funciones regulatorias e inspectoras de las autoridades económicas sobre los agentes financieros, viene a cuento recordar que no es ésa la única manifestación de esa dialéctica compleja. Otros muchos y grandes temas están pendientes de encontrar el equilibrio entre las exigencias de un mercado competitivo y feroz en la globalidad y las múltiples demandas de una sociedad que aspira a valores humanos intrínsecos a su ser: la dignidad laboral, la justicia social, la eliminación de la pobreza y las grandes desigualdades, la sostenibilidad ecológica y otras muchas causas todavía pendientes.
La jornada laboral es uno de esos conflictos irresueltos. Una directiva de la UE pretende facilitar una jornada laboral más extensa, frente a las limitaciones legales o a las concertaciones sociales que establecen jornadas máximas por debajo de las 48 h. semanales en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la sociedad, me atrevo a decir que sin distinción de ideologías o de países, aspira a trabajar menos horas para vivir más y mejor y para conciliar la vida personal y familiar con el trabajo. Es evidente que hay razones sobradas desde la perspectiva del mercado y de la competencia para alargar las jornadas laborales en Europa. Leí hace unos días un artículo de un experto –socio de una firma de abogados- en el que se explicaba la creciente necesidad de que las empresas europeas “flexibilicen” (curioso eufemismo que se han inventado para decir alarguen, prolongue o amplíen) el tiempo de trabajo. Los argumentos son conocidos: atraer más inversores, competir con países con salarios más bajos y jornadas laborales más altas, respetar el derecho individual de quienes quieran trabajar más, etc. etc. Pero hay poderosas reflexiones sociales que Europa no debería olvidar.
A finales del Siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor y la máquina se introdujo en la producción, la Jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas de trabajo semanales. A finales del Siglo XIX, con el descubrimiento del motor eléctrico, la jornada se redujo a 48 horas semanales. Con el fordismo y la producción en cadena a 40 horas, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En España, fue Joaquín Almunia, entonces Ministro de Trabajo del primer gabinete de Felipe González y hoy Comisario Europeo de Economía, el que elaboró y propuso la Ley de las 40 horas semanales en 1983, es decir, hace ahora veinticinco años.
Hay pues una constante histórica en la reducción de la jornada laboral junto a los avances tecnológicos. La mejora de productividad que nos proporcionan los descubrimientos técnicos, la hemos empleado en mejorar la calidad de vida de la humanidad en general y de la población laboral en particular. A finales del Siglo XX se ha quebrado esta constante. La revolución tecnológica actual: microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biogenética, etc. que constituyen una combinación exponencial de innovaciones técnicas, muy superior a cualesquiera otras de nuestra historia, está siendo acompañada de una prolongación y extensión de la jornada laboral en una triple paradoja.
La primera nos señala una progresiva ampliación de la Jornada Laboral en el mundo, incluso en aquellos países en los que la Ley ha fijado máximos horarios de jornada. Es una prolongación absurda, ilógica, contraria al sentido del tiempo y de la vida. Pero es también una prolongación paulatina, silenciosa, inexorable. No está amparada por la Ley, ni por el convenio, pero se hace patente en las oficinas de los bancos, auditoras, despachos de abogados o de arquitectos, en las que nuestros hijos, trabajan casi de sol a sol, en jornadas de 12 horas diarias muy frecuentemente.
La segunda paradoja es menos conocida pero no despreciable. Las tecnologías que permiten más flexibilidad y las comunicaciones que permiten más movilidad, están produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador y con ello nos llevamos la oficina a casa, al fin de semana y a los viajes por el mundo de la economía globalizada. Muchas jornadas laborales se prolongan además por este método invasivo en la vida personal.
Por último, esta prolongación de la Jornada Laboral real en el mundo, se está produciendo paralelamente al gran fenómeno social que ha traído la gran revolución feminista de los últimos cincuenta años, la que, entre otras grandes conquistas, ha llevado a la mujer al trabajo formal, es decir, al trabajo fuera del hogar, lo que a su vez ha abierto un debate social sobre la necesidad de incorporar la conciliación familiar/personal a la jornada de trabajo de mujeres y hombres, es decir, de madres y padres que trabajan fuera.
Pues bien, cuando la tecnología nos lo facilita y cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana. Una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. ¿A qué lógica responde que la tecnología vaya en contra de las aspiraciones humanas?
Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. Pero además es un tiempo mal vivido. La liberación de tiempo es una de las claves para rehacer el entramado social, comunicativo y afectivo de nuestros mundos vitales. Incluso para el reequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres. La familia, la educación de nuestros hijos, las redes sociales de la convivencia ciudadana, etc. Ni el robot, ni el chip tienen porqué condenarnos al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo en que vivimos.
Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización nos impone una competencia feroz, pero ¿dónde está escrito que ello exija globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será el momento de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales de los sindicatos y la socialdemocracia de la 2º mitad del Siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política, que se imponga al mercado, en la regulación de la sociedad?

En 1980 Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 1973, escribió: “Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar, de un alto nivel de vida. Después de su expulsión, tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico de los últimos 200 años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso”. Pues bien, parafraseando a Leontief, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente hacia el paraíso, sino más bien hacia el infierno social.

Artículo publicado el 1 de octubre en el diario Expansión

21 de julio de 2007

El piso de nuestros padres

Qué hacen nuestros mayores para subsistir con pensiones insuficientes? Malvivir. Así, sin matices. Con frecuencia olvidamos que en España, cerca de nueve millones de hogares perciben como única o básica renta una pensión, vamos a llamarla exigua. Nuestro sistema de seguridad social es deudor de unos años con cotizaciones muy bajas y de una creciente prolongación de la esperanza de vida, lo que genera millones de hogares con pensiones muy bajas para el nivel de vida de nuestros días. Añádanse las viudas, reminiscencia de una sociedad con las mujeres trabajando en el hogar, que deja a las más de dos millones de pensionistas por viudedad con el 50% de la pensión de su cónyuge fallecido.

Es ésta una buena ocasión para llamar la atención sobre la cuantía de nuestras pensiones. Empecemos recordando que más de quinientas mil personas perciben una pensión no contributiva (porque no cotizaron en su vida laboral) de aproximadamente 400 euros. Sigamos con las pensiones mínimas, así llamadas porque son complementadas por el sistema de la seguridad social hasta un mínimo de supervivencia. Son casi un millón de jubilados con una pensión que oscila entre los 450 y los 600 euros. Casi cuatrocientos mil pensionistas por incapacidad permanente cobrando entre 450 y 900 euros. Casi setecientos cincuenta mil viudas cobrando entre 450 y 500 euros. Esto es, más de dos millones de personas con pensiones mínimas en el entorno de los 600 euros. Para terminar, el resto de los pensionistas, es decir, los que cobran su pensión en función de sus cotizaciones, sin complemento alguno. Son seis millones largos de hogares en los que la pensión media no llega a 800 euros.

Todos somos conscientes de esta situación porque nuestras familias están llenas de parientes muy cercanos que están viviendo con muchísimas dificultades y un nivel de renuncias injustas para con una vida de trabajo como la que ha soportado la generación de la posguerra española. Pero es que, además de injusta, esta vida empobrecida es impropia de quienes poseen un amplio patrimonio en su vivienda que ha sido labrado con su esfuerzo y sacrificio de ahorro a lo largo de su vida activa. En la cultura de nuestros mayores parece haberse instalado la obligación de trasladar la vivienda de los padres en herencia a los hijos como la última y generosa muestra de su responsabilidad para con ellos.

Ante esta situación, se están extendiendo dos instrumentos financieros que ayudan a estas familias a rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda. El uno es la venta del inmueble con derecho a usufructo hasta el fallecimiento del vendedor. Es frecuente ver ya, en los anuncios de venta de viviendas, agencias especializadas en valorarlos en función de la edad del vendedor-usufructuario. Es un contrato con riesgos, demasiado aleatorio y con pérdida de valor del inmueble para el propietario, aunque lo rentabilice en sus últimos años de vida.

El otro es la hipoteca inversa. Como se sabe, la hipoteca inversa es aquella que permite hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las personas mayores y de las afectadas por dependencia severa o gran dependencia, desde el derecho del titular a vivir en su vivienda hasta su fallecimiento, percibiendo una renta previamente establecida y permitiendo a los herederos del prestatario la recuperación de la propiedad mediante el abono al banco del préstamo realizado o recibir la cuantía restante sobre el precio de la vivienda, si esa fuera su opción.

Esta figura lleva muchos años funcionando en el mundo anglosajón; muy especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primero, este producto se denomina 'Lifetime mortgage' y comenzó a utilizarse, aproximadamente en 1965. En este país el límite mínimo de edad es de 60 años. Los últimos datos facilitados por el 'Council of Mortgage Lenders' cifran en unas 30.000 las hipotecas inversas suscritas en un año. En Estados Unidos la hipoteca inversa se conoce comúnmente como 'Reverse mortgage' y comenzó a desarrollarse algo más tardíamente que en Gran Bretaña, concretamente a finales de los años 80. En el país norteamericano el límite de edad es algo mayor que en Gran Bretaña (y menor que en España), estableciéndose el límite mínimo en 62 años. Según datos gubernamentales, el pasado año se contrataron más de 40.000 hipotecas inversas.

Me sorprende que este instrumento financiero tenga todavía tan poco uso en nuestro país, a pesar de que se dan claras circunstancias para su utilización, principalmente el progresivo envejecimiento de nuestra población y, tal como se decía, el gran número de pensionistas con pensiones muy bajas. El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en una disposición adicional ha regulado la llamada hipoteca inversa.

Para empezar, conviene decir que sólo pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años y los afectados por dependencia severa o gran dependencia. Lo que la ley pretende es establecer garantías que protejan a este tipo de personas frente a los abusos o engaños, que de todo hay, producidos en una contratación compleja y sensible como ésta. Para ello establece que estas hipotecas sólo las pueden conceder las cajas, bancos y entidades aseguradoras autorizadas a operar en España; que el Ministerio de Hacienda establecerá el régimen de transparencia y comercialización de estas hipotecas; que las entidades que hagan estos préstamos deben otorgar a los solicitantes un asesoramiento independiente y que la deuda sólo será exigible por el acreedor (no por otros) y sólo cuando fallezca el beneficiario.

Por último, la ley prevé un abaratamiento sensible de estos préstamos, estableciendo que el acreedor no puede exigir compensación alguna por la cancelación, que los documentos notariales estarán exentos de la cuota gradual y que el cálculo de los honorarios notariales y registrales se hará aplicando los aranceles correspondientes a los 'documentos sin cuantía', estando exentos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

La hipoteca inversa permite que los herederos del titular del préstamo puedan recuperar la vivienda en el momento del fallecimiento abonando al banco todo lo que éste haya desembolsado, y si deciden no hacerlo podrán recibir la cuantía que le restara por percibir al propietario de la vivienda, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación. En el primer caso, hay que tener en cuenta que muy probablemente la vivienda se habrá revalorizado, con lo que el propietario habrá podido disfrutar en vida de una parte (o de todos) de sus ahorros mejorando considerablemente su bienestar, pero permitiendo también dejar cierto legado a sus herederos.

¿Cuál es la relación entre la hipoteca inversa y la dependencia? Tenemos dos millones de octogenarios en España y la Ley de Dependencia ha establecido un derecho de las personas dependientes (sin autonomía personal) que se financia por copago, es decir, que junto a la pensión o servicios públicos, el dependiente aportará una parte de los servicios que mejorarán su calidad de vida. Hacer líquido el valor de la vivienda a través de las hipotecas inversas ayudará a satisfacer el incremento de rentas durante los últimos años de la vida para cada vez más personas en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, sin perjuicio, naturalmente, de que esos derechos estén garantizados para quienes no posean dichas rentas. En definitiva, la posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, debe contribuir a hacer más estable el ciclo vital y vivir el final de la vida con mayor bienestar.

El Correo, 21/07/2007

17 de septiembre de 2006

Crímenes Farmacéuticos

En ‘El jardinero fiel’, John le Carré nos describe una trama criminal contra la esposa de un diplomático británico en Kenia, cuando está a punto de descubrir las peligrosas experimentaciones de una industria farmacéutica con seres humanos en África. En sus novelas, este autor inglés acostumbra a situar su genial intriga en un contexto de realidad contrastada. Así lo hizo, por ejemplo, cuando en ‘Nuestro Juego’, nos describió con lúcida anticipación el desastre que se cernía sobre las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, superado después por la brutal tragedia chechena.

Pues bien, las denuncias contra las industrias farmacéuticas del planeta deberían motivar alguna reflexión política más de fondo, si no fuera por el ejército de ‘lobbies’ que influyen en todo el mundo para que no se produzca. Los neoliberales, y los fundamentalistas del mercado en general, se oponen hasta la exageración a cualquier intervención del Estado en el libre juego de la oferta y la demanda. En los últimos años, la presencia pública en la actividad económica se ha reducido a aquellos servicios que no interesan al mercado y cuando se trata de servicios básicos para la comunidad (energía, telecomunicaciones, servicios financieros, etcétera) el Estado se limita a intervenir mediante órganos reguladores que tratan de asegurar el interés general, dejando a las empresas privadas la propiedad y la gestión de esos servicios.

Me pregunto a menudo por qué las industrias farmacéuticas están libres de intervención pública y por qué los intereses lucrativos y mercantiles de esas poderosas corporaciones se anteponen e imponen a los intereses generales de la ciudadanía, tratándose, como se trata, de una materia fundamental en el derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida.

En 2001, el grupo de Médicos sin Fronteras (MSF) para el estudio de las enfermedades olvidadas, publicó un informe titulado ‘Desequilibrio fatal’ que impactó a la opinión pública. El informe concluyó que las enfermedades que afectan principalmente a los pobres no tienen demasiadas opciones terapéuticas disponibles y casi no se investigan, a pesar de que afecten de forma grave o mortal a millones de personas y sean potencialmente curables. Las enfermedades que afectan principalmente a los pobres se investigan poco y las enfermedades que afectan sólo a los pobres no se investigan nada. Algunas de estas últimas no tienen opción terapéutica alguna, como la fase crónica de la enfermedad de Chagas, una infección que afecta a millones de personas en Latinoamérica. El título del informe, ‘Desequilibrio fatal’, se refiere al hecho de que sólo el 10% de la investigación sanitaria mundial (la de las compañías farmacéuticas más la de todos los gobiernos y universidades del mundo) está dedicada a enfermedades que afectan al 90% de los enfermos del mundo y el 90% de los recursos sanitarios están dedicados a investigar las enfermedades que afectan sólo al 10% de los enfermos (los del Primer Mundo). Este dato se conoce como ‘desequilibrio 10/90′. Según el mismo informe de MSF, en 2001 la mayor parte de los esfuerzos financieros e intelectuales de la investigación sanitaria de todo el mundo fueron destinados a investigar la impotencia, la obesidad y el insomnio.

El caso de los medicamentos anti-sida en África es otro buen ejemplo de lo que denunciamos. Según informes de la ONU del año 2003, más de 30 millones de personas están infectadas con el VIH en el África subsahariana. En el estado de Botswana, por ejemplo, el 40% de las mujeres están infectadas por VIH, y en el de Lesotho lo está un tercio del total de la población. Por falta de medicamentos antirretrovirales, tres millones de africanos mueren todos los años de sida.

Para el tratamiento de esta inmensa población enferma, es fundamental la industria india de genéricos, que aprovechando determinadas brechas legislativas de la internacionalización de patentes ha venido desarrollando una industria de fabricación de medicamentos genéricos que abaratan a la décima parte sus costes. Pues bien, las multinacionales farmacéuticas han presionado a los países occidentales para reforzar internacionalmente las patentes y a través de diversos acuerdos OMC han conseguido eludir la competencia de los genéricos, de manera que todos los medicamentos creados a partir de 1995 estarán protegidos por las patentes respectivas, con lo que su precio puede encarecerse sin límite, al no tener competencia libre de genéricos.

Teresa Forcades i Vila, una monja benedictina doctora en medicina, ha publicado un pormenorizado estudio de estas denuncias en el nº 141 de los cuadernos de ‘cristianisme i justicia’, el Centro de Estudios de la Compañía de Jesús en Cataluña. El documento es escalofriante, poniendo ante nuestros ojos una situación impropia de una sociedad civilizada.

Se han publicado recientemente varios e importantes informes sobre estas cuestiones. Uno de ellos -ya citado- ‘Desequilibrio fatal’, de Médicos sin Fronteras, y otro surgido como consecuencia de un análisis realizado por una comisión de expertos del Parlamento Inglés (2005). El diagnóstico y las propuestas de medidas planteadas en todos ellos abordan las cuestiones citadas y muchas más. En general se estima que la influencia de la industria farmacéutica sobre las agencias reguladoras públicas es exagerada y perturba la independencia de la intervención pública, en EEUU y en todo el mundo. Se considera igualmente que las compañías farmacéuticas tienen demasiada influencia en la educación médica de la ciudadanía y la agresividad de su marketing contribuye a que se receten y administren medicamentos de forma inadecuada. Se alerta sobre las nuevas técnicas publicitarias de la industria farmacéutica para vender medicamentos inventando enfermedades. Se insiste en la necesidad de que las patentes y otros derechos de monopolio se compatibilicen con la necesidad de atender las enfermedades de los pobres del mundo. Para ello se propone que los gobiernos exijan que los medicamentos sean accesibles y asequibles a los países pobres como condición del dinero público invertido en la investigación o bien que se potencie la producción de esos medicamentos en los países pobres o bien que un organismo internacional -¿La OMS o Naciones Unidas?- elaboren un plan para que las enfermedades olvidadas, como las llama Médicos sin Fronteras, puedan dejar de serlo de verdad. Igualmente se propone a los gobiernos financiar los estudios de alternativas terapéuticas no farmacológicas que la industria farmacéutica ignora porque no le son rentables.

Los informes citados, recomiendan un catálogo enorme de medidas, imposible de resumir aquí. Pero una característica es común a todas ellas: la necesidad de intervención política es un mercado esencial para un derecho -nunca mejor dicho- vital.

El Correo, 17/09/2006

26 de abril de 2006

Fútbol y prostitución.

Reconozco que las teorías abolicionistas de la prostitución han perdido la batalla. Los que defienden la ignominia de ese trato humillante y alegan la explotación social que se deriva de este pacto mercantil han tenido que rendirse a la evidencia de lo que otros, con dudosa base histórica y demasiado machismo, llaman 'el oficio más viejo del mundo'. Incluso, reconozcámoslo, las políticas de regulación pública de esta actividad están cargadas de razones y de sentido común, cuando se parte del hecho incontrovertible de su existencia.

Pero una cosa es saber que esta práctica, oficio o mercado, llámenlo como quieran, existe, y otra muy diferente es que se organice como una auténtica y masiva trata de blancas ante los ojos del mundo entero. Esto es lo que va a ocurrir en Alemania a lo largo de los treinta días del Mundial de fútbol, entre el 9 de junio y el 9 de julio de este año. Doce ciudades alemanas acogerán a tres millones de espectadores venidos del mundo entero. La mayoría, hombres. Numerosas organizaciones no gubernamentales tratan de alertar a la opinión pública sobre la llegada de mujeres y jóvenes, víctimas de este inmenso mercado o víctimas directamente de un delito de comercio con seres humanos. Esas mismas organizaciones estiman que entre 30.000 y 60.000 mujeres llegarán 'importadas' de países de la Europa Central y de la Europa del Este y serán explotadas con fines sexuales. Muchas de ellas, engañadas, creyendo que son contratadas para empleos de servicios en bares y restaurantes, y siendo en realidad obligadas a prostituirse.

Esta especie de globalización del sexo amenaza con invadir la privacidad de nuestra más absoluta intimidad y convertir la prostitución en un acto normalizado de nuestra vida social, como quien compra unas botellas de licor en un hipermercado. Calles enteras dedicadas al sexo, burdeles móviles, sexo con garantías de higiene, ofertas de sexo en los periódicos, en la televisión, en todas las concentraciones masivas. ¿O es que alguien duda de que se colocarán cartelitos en los limpiaparabrisas de los coches y se repartirán panfletos en los pasos de cebra? Se podrían hacer miles de chistes, si no fuera tan trágico.

Un complejo sexual de 3.000 m2, llamado 'Eros-Center', ha sido ya construido en las proximidades del Estadio Olímpico de Berlín. Tiene 650 cabinas de 'prestaciones', incluyendo duchas y preservativos. En Colonia también han previsto lo que llaman 'performance-boxes', que contiene cabinas con cama, ducha y distribuidor de preservativos. Dortmund ha optado por el 'drive-in', un discreto y cómodo acceso en vehículo, en los alrededores del estadio.

La relación entre el fútbol y la prostitución viene de lejos. Forma parte de una cierta liturgia en muchos desplazamientos de aficionados. Es como una fórmula complementaria: fútbol, alcohol y sexo. La fórmula del elixir siempre acierta: si el equipo gana, para celebrarlo; si pierde, para consolarse. Hasta aquí nada nuevo. Pero que al mercado, esa maravillosa maquinaria de atribución de recursos y servicios, como diría un economista liberal, se incorpore la oferta de sexo en masa, casi como en una fábrica, en las proximidades de los estadios, ofreciendo a miles de aficionados pasar por 'la cabina', me parece no sólo una ofensa al buen gusto, sino una despreciable publicidad a la generalización de una conducta socialmente dudosa y en todo caso íntima y privada. A nadie se le oculta que las prostitutas lo son por necesidad y que ese pacto mercantil trasluce una explotación humana, para muchos intolerable con su conciencia. Pues bien, que estos grandes centros del sexo, con sus luces parpadeantes y sus siluetas insinuantes, acompañen masivamente a las concentraciones futbolísticas en las que, no lo olvidemos, hay de todo, es decir, familias, niños, chicas, etcétera, me parece una relación indeseable. Algo parecido a lo que ocurría no hace muchos años en la Casa de Campo de Madrid, cuando las chicas subsaharianas se paseaban provocativamente, cerca de los niños que acudían al parque de atracciones.

Con todo, eso no es lo peor. Lo peor es que, con toda seguridad, esa oferta de sexo masivo está basada en un gigantesco delito de trata de seres humanos. Lo que nadie puede olvidar, haga lo que haga con su vida y piense lo que piense sobre este tema, es que mafias organizadas internacionalmente están engañando a miles de mujeres castigadas por la vida y el azar de haber nacido en países pobres. Al igual que esos pobres subsaharianos que recorren miles de kilómetros para embarcarse en una patera, en una angustiosa apuesta entre la vida y la muerte, muchas de estas mujeres se comprometen con organizaciones mafiosas para salir de la miseria y de una vida sin futuro.

El tráfico de mujeres y jóvenes es un delito, claro está. Su persecución corresponde a los Estados y a sus servicios de seguridad. Me pregunto por qué no se evita este tráfico humano masivo. Si el tráfico fuera de armas, ¿creen ustedes que sería posible? A España vienen mujeres del Este, todos lo sabemos. Vienen de Brasil y de otros países latinoamericanos por miles. Hay cientos de proxenetas en contacto con las mafias para alimentar cientos de clubes de alterne. ¿Hacemos lo suficiente para evitar este tráfico creciente de seres humanos? Hay una estadística aterradora para acreditar lo que digo: Moldavia tiene como principal producto de exportación a sus mujeres. Son ellas su principal fuente de divisas.

La cuestión es peliaguda y difícil. Si nos colocamos en una posición tajante contra estas prácticas, indefectiblemente acabaremos adoptando medidas abolicionistas, sancionadoras incluso contra quienes compran sexo, como los que reclaman que se fotografíe a quienes entran en los clubes de prostitución. Es la consecuencia lógica para quienes conciben este tráfico como una ofensa a la dignidad humana, o para quienes vemos en él una inaceptable explotación económica de unos seres sobre otros. Pero, ya lo he dicho antes, esto parece irreal y son mayoría los que proclaman actitudes más tolerantes con esta práctica 'voluntaria' y protestan contra el intervencionismo prohibicionista de los gobiernos.

Pero los que preconizan la legalización plena y la regulación sociosanitaria de esta práctica deben reconocer, a su vez, que estas medidas estimulan el mercado de la prostitución y en consecuencia aumenta la demanda (de hombres, naturalmente) y se fuerza la oferta (de mujeres pobres) y el círculo se cierra con el aumento exponencial del delito de tráfico de seres humanos en la sociedad de la globalización y de los grandes movimientos migratorios. Todas las estadísticas y las experiencias de la regularización de la prostitución lo han evidenciado. Para muestra, un botón. En el Estado de Victoria, en Australia, se legalizó y regularizó la prostitución en 1994. Pues bien, en diez años pasaron de tener setenta burdeles registrados a cien legalizados, pero se contabilizaron cuatrocientos más no registrados. El caso que estamos comentando de Alemania es más que evidente, pero fenómenos semejantes se han producido ya en otros países en los que ha habido grandes concentraciones deportivas (fútbol y olimpiadas principalmente).

La cuestión ha sido objeto de una interesante resolución del Consejo de Europa. El pasado 12 de abril, representantes de cuarenta países de Europa y sus vecinos, aprobamos una serie de resoluciones que conviene conocer:

-Pedir a todos los países que ratifiquen la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos

-En el marco de esa convención, los Estados deben garantizar a las víctimas asistencia, protección y un «plazo de reflexión» (normalmente de treinta días) para decidir su vuelta al país de origen.

-La creación de células multilingües de información, acogida de víctimas y tratamiento policial de esas mujeres como víctimas y no como inmigrantes ilegales.

-Comprometer a los ayuntamientos y comunidades en la lucha contra la trata de seres humanos.

-Demandar a la FIFA para que se integre en la educación cívica del mundo del fútbol contra estas prácticas y se implique en la persecución de la trata de mujeres.

-Demandar igualmente a los líderes mediáticos del fútbol especialmente a los futbolistas profesionales que denuncien la trata de mujeres para la prostitución y su relación con el mundo del fútbol.

En fin, el debate hoy no es entre la legalización de los servicios sexuales y su prohibición pura y simple. El problema de hoy es que la dicotomía autorización/prohibición está atravesado por un problema dramático: la trata de mujeres para su prostitución. Ése es el problema que ha hecho saltar alarmas y que reclama una acción urgente de los gobierno dignos. Pero, a la postre, no se equivoquen, tenemos un dilema de moral social y de ética personal para decidir si una sociedad digna debe admitir o no una práctica que genera el viejo y odioso delito de la esclavitud humana.

1 de octubre de 2001

La formación profesional: una reforma clave y urgente.

Todos los expertos coinciden en que una formación profesional permanente y de calidad es la base de la empleabilidad. Es ya un tópico afirmar que en la sociedad del conocimiento y en la globalización, la cualificación profesional, el factor humano de nuevo, serán claves. Desde Lisboa hasta Estocolmo, las estrategias de la Unión para hacer de Europa el continente del pleno empleo y la cohesión social depositan en el sistema educativo profesional las mayores responsabilidades y esperanzas. Es hora pues de preguntarnos cómo responde nuestro país a este reto y debatir con rigor y sin sectarismos sobre el futuro de estas políticas.

En España la formación profesional ha sido siempre la gran olvidada de las reformas educativas. Un incomprensible e injusto desprestigio social acompañó siempre a esta vía educativa y hoy además son patentes la ineficiencia, la rutina, el desorden y el fraude. Si repasamos los males del presente y las orientaciones necesarias para el futuro, el cuadro aproximado sería el siguiente:

1. Los Programas Nacionales que regulan actualmente el conjunto de la formación profesional se han quedado viejos. En España urge que un órgano institucional dirija, planifique y coordine la política de formación profesional. Un órgano del Gobierno que represente a Educación, Trabajo, Tecnología y Hacienda y que, con rango de Secretaría de Estado o similar, establezca los objetivos de la cualificación de la población activa en función de las necesidades de nuestro desarrollo económico y social. Como lo han hecho en Francia, Inglaterra o Alemania. Urge un sistema nacional de cualificaciones profesionales y un catálogo modular integrado para cada cualificación. Es impresentable que sigamos extendiendo titulaciones distintas e incompatibles según qué organismo las conceda: Los títulos de formación profesional, de la formación reglada y los certificados de profesionalidad del Ministerio de Trabajo.

Urge integrar los tres subsistemas en uno solo. Urge crear un sistema de evaluación, reconocimiento y certificación de la competencia. Crear una agencia de la calidad en las certificaciones, e incorporar la experiencia laboral y 'los aprendizajes informales' a la titulación oficial.

2. En relación con la formación profesional continua, los errores actuales y los cambios necesarios son importantes. Admitamos que es bueno que sindicatos y empresarios estén en la base del sistema. Pero la ejecución de esta política, básica para el país, necesita correcciones importantes. Porque sólo un porcentaje menor del conjunto de trabajadores accede a los cursos. No hay una adaptación suficiente ni al territorio, ni a las pymes. Porque se está haciendo formación de oferta (de los centros educativos) y no de demanda (de las necesidades de las empresas). Y porque el sistema no es transparente. Hay cobro de comisiones por aprobar los planes, centros educativos que no merecen esa homologación como tales, etcétera.

Que la Administración y la intervención del Estado estén presentes en el órgano de gestión es fundamental. Que esa formación responda de verdad a las necesidades de reciclaje de las empresas y que el Gobierno estimule fiscalmente a las empresas los gastos de formación permanente son necesidades imperiosas del sistema.

En el horizonte de la eficacia máxima del sistema deberíamos proponernos un plan individual de formación permanente para cada trabajador. Ese plan debiera ser un derecho cuyo ejercicio a lo largo de toda la vida profesional implica un conjunto de medidas políticas, económicas y laborales que lo hagan posible.

3. La formación ocupacional está desestructurada en todos los planos. No existe un observatorio del mercado laboral que oriente con su información al conjunto del sistema. La ausencia de información y coordinación entre las Comunidades Autónomas es tal que el CES ha llegado a cuestionar la unidad de mercado en el empleo por las disparatadas estadísticas de paro entre nuestras provincias y por la estanqueidad a la movilidad que existe actualmente en nuestro país.

En fin, el cuadro es caótico. No existe un instituto de las profesiones que oriente prospectivamente al conjunto del sistema. Las escuelas de formación profesional no están aprovechadas en sus inmensas potencialidades para ser el corazón del sistema formación-empleo. La formación teórica del contrato de formación no se cumple, aunque se cobren las subvenciones. Y así un largo etcétera.

Pasaron ya los tiempos en que la formación era cosa de una etapa de nuestra vida. Hoy nos formamos, trabajamos y descansamos a lo largo de toda la vida, en un proceso permanente y simultáneo. Cada trabajador español que procede de la formación profesional, al igual que los universitarios, debe actualizar sus conocimientos constantemente. Deberá añadir nuevas titulaciones, nuevas cualificaciones profesionales a su cartilla individual formativa, para aumentar su empleabilidad. En Francia discuten ahora mismo sobre si esa formación profesional permanente debe catalogarse como un derecho individual que inspire y oriente la regulación y las actuaciones públicas.

Hace falta una ley, pero una ley consensuada con las CC AA porque son parte fundamental del sistema (no se olvide que ejecutan la formación profesional reglada y la ocupacional) y con los agentes sociales, porque son ellos quienes gestionan la formación profesional continua. Hace falta una ley que pueda ser negociada y pactada con la oposición, y el PSOE ve enormes dificultades de consenso con el proyecto que conocemos. Hace falta además un esfuerzo de la comunidad educativa y de los agentes sociales. Nos va mucho en este reto.

La formación profesional: Una reforma clave y urgente.

El País, 1/10/2001