31 de diciembre de 2018

El Brexit catalán.

Dos años antes del referéndum británico, de junio del 2016, La Vanguardia me publicó un artículo titulado “Primero un nuevo acuerdo; después la consulta” en el que sustancialmente defendía la necesidad de que el referéndum para decidir el estatus jurídico-político de Catalunya se produjera como consecuencia de un acuerdo institucional previo, para que, además de cumplir con la legalidad, los catalanes votaran sobre las concretas condiciones de su marco político y no sobre la expresión abstracta de un deseo.

El enorme fracaso del Brexit no ha hecho sino confirmar las razones de mi propuesta y me sorprende que el nacionalismo catalán sostenga su referéndum autodeterminista a pesar de las enseñanzas de la dramática experiencia británica.

David Cameron creyó que el histórico dilema británico en Europa se resolvería en un referéndum forzosamente binario: sí o no a Europa, remain o Brexit. Ganó el no y lo que vino después todavía está sucediendo y nadie sabe cómo acabará.

Los derechos de millones de personas y de sus familias (europeos en el Reino Unido y británicos en Europa), en el aire; su moneda, devaluada; su economía, a la baja; su potente sector financiero, en riesgo, y el único acuerdo posible para materializar su salida de la Unión, rechazado por el Parlamento y quién sabe si por el pueblo, si este fuera de nuevo consultado en un segundo referéndum. Su comunidad está fracturada; la paz de Irlanda, en peligro, y su integridad territorial, cuestionada. Quizás sólo queden Inglaterra y Gales después de semejante catástrofe.

Dejo para otro capítulo los riesgos del Brexit sin acuerdo, un verdadero caos comercial y jurídico para todos. Verdaderamente horrible. Jamás nadie hizo tanto daño a su país pretendiendo salvarlo con el famoso y falso “derecho a decidir” en un referéndum de autodeterminación de Europa.

Un referéndum convocado para expresar un “deseo”, forzosamente limitado a un sí o un no, en un cuerpo social cuyas identidades sentimentales y políticas son complejas, fractura sin remedio a la población y la condena a la división por generaciones. Más allá de la legalidad de la consulta –que no es un problema menor, como lo estamos viendo en la judicialización que sufrimos ahora–, los problemas se hacen irresolubles a la hora de implementar la respuesta ganadora en la consulta, porque ninguna de ellas resuelve la naturaleza compleja de la convivencia plural.

El no mantiene intactas las reivindicaciones culturales, políticas y económicas del conflicto, y el sí no puede materializarse porque la negociación posterior evidencia tal cantidad de problemas que la hacen imposible.

Esta es la experiencia del Brexit, y podría haber sido la de Canadá si los independentistas no hubieran perdido el referéndum en su día. Es la consecuencia lógica, evidente, de aplicar el referéndum de independencia en comunidades fracturadas al 50%, como lo es Catalunya.

Por eso, el nacionalismo catalán debe asumir que la defensa de sus reivindicaciones exige un acuerdo interior previo en Catalunya, como dice el comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat después de la reunión del pasado 20 de diciembre. De la misma manera, la política española tiene que asumir que necesita reformular el marco de relación con Catalu-nya en un nuevo acuerdo político para las próximas generaciones.

Una semana después de la publicación de mi artículo me escribió el expresident Pujol y me invitó a verle. A finales del 2013, le visité en su fundación y tuvimos una amable y larga charla. Al expresarme su decepción con el modelo autonómico –estábamos en los inicios del procés–, utilizó la clásica metáfora marinera diciendo algo así como: “Catalunya se va del barco, nos bajamos…”. Mi respuesta fue: “Se van a ahogar ustedes, president. No hay costa”. Su respuesta, gestual, sin palabras, arqueando las cejas y extendiendo los brazos, fue un triste “¡qué le vamos a hacer!”.

Salí de aquella conversación preocupado, pesimista. Son los mismos sentimientos que tengo hoy acrecentados. Porque, mirando la catástrofe del Reino Unido, me pregunto: ¿hemos aprendido algo del Brexit?
 
Publicado en La Vanguardia, 31/12/2018

19 de diciembre de 2018

Pongamos fin a las "golden visa"

 El Gobierno del PP aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Entre otras cosas, esta ley regula, en su Sección 2. ª –«Movilidad internacional»– “determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España”. Una medida dirigida a “inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido”.

Dichos visados y autorizaciones de residencia son las llamadas 'golden visa' (visados de oro), término que se utiliza para denominar aquellas políticas específicas desarrolladas por países que buscan atraer a personas ricas, nacionales de terceros países, para que se conviertan en residentes o ciudadanos.

Tales políticas comenzaron a hacerse habituales en varios países de la UE que buscaban atraer inversión extranjera tratando de paliar los duros efectos de la crisis económica y financiera, a los cuales, como decíamos, no fue ajena España. Así, en la actualidad 13 Estados miembros de la UE aplican normas por las que se intercambian ciudadanía o derechos de residencia a cambio de inversiones.

De los varios supuestos que contempla la norma española para conceder una 'golden visa' destaca el de aquellos solicitantes que realicen una “adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante”.

Los expertos han dejado claro que las Visas Oro son una puerta abierta a la evasión fiscal y al lavado de dinero negro. En muy pocos años los países europeos han concedido más de 100.000 permisos de residencia y se han concedido más de 6.000 pasaportes. A veces, son personas ligadas a negocios oscuros, incluso al crimen.

En la actualidad, cuatro Estados miembro (Austria, Bulgaria, Chipre y Malta) venden este tipo de visados y otros 13, entre los que se encuentra España, aplican normas por las que se intercambian ciudadanía y derechos de residencia a cambio de inversiones.

No hay estudios que permitan acreditar que las inversiones que autorizan el visado sirvan para nada bueno. No se conoce la cantidad de dinero que han movido las 'golden visa' pero, probablemente, buena parte de él busque su lavado y ser evadido al fisco de los países de origen.

España ha concedido hasta la fecha 24.755 'golden visa', tanto a inversionistas como a sus familiares. El reparto por nacionalidad lo dice todo:
7.118 chinos
4.715 rusos
4.327 norteamericanos
3.233 indios
3.116 venezolanos

Los principales destinos de las inversiones también son indicativos: Madrid, Barcelona y la Costa del Sol (Marbella es el destino preferido de los rusos).

La UE está altamente preocupada y seriamente decidida a prohibir estas prácticas porque representan serios riesgos de lavado de dinero negro y evasión fiscal, además de la conexión, que en algunos casos se pueden dar, con el crimen organizado. No olvidemos que la Visa nacional de un país europeo permite a esas personas moverse por toda Europa con plena libertad, de manera que las quejas de aquellos países que no tienen estos esquemas son constantes y reiteradas, por el hecho de que otros “venden” residencia europea al conceder ciudadanía nacional a cambio de dinero o inversión.

El Gobierno de España debería estudiar esta situación y derogar esta norma. No nos trae nada bueno y encarece el precio de las viviendas en nuestras ciudades. Además ofende a la moral cívica de un país que niega la residencia a tantos y se la concede a tan pocos… Solo por ser ricos.
 
Publicado en El diario.es  19/12/2018

14 de diciembre de 2018

La razón de una huelga total.


Fue una huelga total, además de general. Paró al país entero, todas las fábricas, los colegios, las universidades, el transporte, el comercio. Hasta la televisión, a medianoche del día anterior. Nos golpeó fuerte. El Gobierno y el PSOE sentimos la protesta de un país ampliamente movilizado por los sindicatos y todas las fuerzas políticas de la oposición, incluida la derecha.

¿Qué había pasado? A comienzos de los años 80 del siglo pasado España estaba mal, muy mal. La economía sufría desequilibrios muy graves, de inflación, déficit exterior, una recaudación fiscal muy baja, un presupuesto muy débil, poca productividad y un aparato industrial achatarrrado. La mayoría de los países europeos habían afrontado las grandes reformas que exigió la crisis del petróleo de los 70. España, en plena transición política estaba bloqueada.

Cuando llegó el PSOE al Gobierno, avalado por una mayoría absoluta abrumadora (202 diputados), puso en marcha una política de saneamiento macroeconómico y de reconversión industrial que obligó a todos a grandes sacrificios. Baste recordar el cierre de industrias obsoletas y sin mercado o la reforma de la Seguridad Social, como ejemplos puntuales de aquella emergencia nacional.

Fueron años durísimos. Atravesados por una negociación para entrar en Europa que, a su vez, era condición inexcusable de modernización del país y de la internacionalización de su economía. El primer Gobierno de Felipe González se volcó en esta tarea y a pesar de las protestas y de las dificultades renovó su mandato electoral con mayoría absoluta en 1986 (184 diputados).

Entramos en Europa, empezó a crecer la economía, el empleo, los beneficios de las empresas... y la gente dijo: «ahora me toca a mí». Y tenían razón. La protesta generó un clima social altamente reivindicativo y provocó un enorme impacto político en el seno del PSOE. Felipe encargó a Solchaga que negociara con los sindicatos y los acuerdos alcanzados configuraron un conjunto de medidas sociales que son base del actual Estado de Bienestar español. La protección al desempleo, las leyes laborales, el fortalecimiento sindical, la creación del tercer pilar social en política de servicios sociales, fueron algunas de las conquistas de aquella generación.

Aquella década fue, con todo, extraordinaria, y puso las bases de la España de hoy. Consolidó la democracia, construyó las autonomías, internacionalizó la economía, mejoró la educación, modernizó la sociedad e inició las grandes inversiones públicas para las infraestructuras del transporte y la comunicación.
En resumen, aquella fue una huelga con razones, que sirvió a España y sus afanes.

Publicado en El Correo, 14/12/2018

11 de diciembre de 2018

Intervención Sesión Plenaria 11/12/2018

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto.


 

10 de diciembre de 2018

Escenarios británicos (y europeos) para un Brexit fracasado.

 El próximo 11 de diciembre, Westminster votará el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea y entraremos en la fase definitiva de este confuso y traumático proceso que se inició aquel fatídico 23 de junio de 2016. Nunca nadie hizo tanto daño a su propio país como Cameron convocando aquel maldito referéndum que muchos creyeron (y todavía muchos siguen creyendo) que era una expresión superior de democracia. Me parece increíble que en nuestros propios lares no hayamos aprendido las lecciones que se extraen de esta experiencia y que han demostrado hasta la saciedad que las respuestas binarias a problemas complejos son falsas y que la materialización política de deseos abstractos resulta imposible, además de dividir la sociedad y fracturar el país.

Si el Parlamento británico acepta el acuerdo suscrito en Bruselas el pasado 25 de noviembre, las cosas se clarifican. El Reino Unido se va ordenadamente de la UE el 30 de marzo de 2019 con arreglo a un tratado que regula suficientemente bien las consecuencias de tan relevante decisión; los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los británicos en la UE; el coste económico de la retirada; la gobernanza de los diferentes problemas sectoriales que suscita la marcha, y la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera para evitar la frontera 'dura' entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

Además, Reino Unido y UE comenzarán inmediatamente a negociar un acuerdo de asociación que regulará las relaciones políticas, económicas, comerciales, etc. entre dos socios-amigos para el futuro, con arreglo a la declaración política que fue suscrita por Europa y el Reino Unido el mismo día en Bruselas. El plazo para esa negociación se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de prórrogas.

Pero si el Parlamento británico rechaza el acuerdo que le presenta la primera ministra May, los escenarios son tan confusos como caóticos. Y, desgraciadamente, todo hace pensar que el próximo martes nos encontraremos en esa situación. ¿Qué ocurrirá entonces? Existen cinco posibles escenarios.

1. La señora May vuelve a Bruselas y pide renegociar
La UE se niega a revisar lo mas mínimo el tratado de retirada, pero le ofrece retoques en la declaración política que enmarca el futuro acuerdo UE-Reino Unido y, en su caso, la somete a aprobación del Consejo Europeo ordinario del próximo 14 de diciembre o, más probablemente, de uno extraordinario en navidades. Si eso se produjera, la señora May vuelve a Londres y pide una nueva votación antes del 21 de enero, fecha límite para la tramitación legislativa del acuerdo en Westminster.


2. Elecciones generales

Si Westminster rechaza el nuevo acuerdo, las elecciones pueden ser la respuesta de una señora May humillada y desautorizada. En realidad, es una respuesta democrática y políticamente razonable ante la dimensión del problema y el caos de las alternativas.

El problema de esta hipótesis es que los votantes vuelvan a elegir un Parlamento con mayoría de diputados en contra del acuerdo, independientemente de si las guerras internas del Partido Conservador acaban apartando a May del liderazgo del partido y del 10 de Downing street. Pero, en estas elecciones, habría alta probabilidad de que se formara un nuevo Gobierno laborista en coalición con Liberales Demócratas y Partido Nacionalista Escoces, y en ese supuesto cabe un aplazamiento de la retirada hasta finales de mayo de 2019 para negociar un acuerdo con la UE o para convocar previamente un segundo referéndum, una opción que va sumando apoyos entre las filas del partido liderado por Jeremy Corbyn, quien lo ha descartado en repetidas ocasiones pero que quizá podría acabar aceptándolo si se siente presionado desde su propio partido.

 3. Negociar un nuevo acuerdo

Es la alternativa de un Brexit blando que saca al Reino Unido de la unión política e institucional pero que lo mantiene en la unión aduanera europea. Es la 'formula noruega' que incorpora el Reino Unido a la Asociación Europea de Libre Comercio para permanecer en el Mercado Único de la UE. Es verdad que esta fórmula priva al Reino Unido de uno de los argumentos estrella del Brexit, como lo fue el control de las fronteras del país, pero las ventajas de permanecer en el Mercado Único son fundamentales para el futuro económico, comercial y financiero del Reino Unido, además de resolver el problema de la frontera con Irlanda. Este nuevo acuerdo podría lograrse con gran celeridad, antes de las elecciones europeas del 26 de mayo, ya que su complejidad técnica y política se reduce considerablemente y permitiría al Reino Unido no participar en dichos comicios. Porque no debe olvidarse que, si la retirada no se materializa antes de esa fecha, los británicos deberán participar en las elecciones.

4. Segundo referéndum

Un nuevo Gobierno surgido de unas elecciones anticipadas o la propia May, con el permiso de Westminster, podría también convocar un segundo referéndum sobre el acuerdo que rechazó el Parlamento. Pero es una idea llena de problemas. Los primeros tienen que ver con las consecuencias sociales y políticas de una nueva consulta. Los resultados serán parecidos, aunque lo sean en sentido opuesto, y el país volvería a fracturarse. El ridículo internacional es grande, y el malestar social y civil del pueblo británico con sus instituciones puede ser peligroso. Por otra parte, la pregunta es crucial. De la naturaleza de esta pueden desprenderse frustraciones preocupantes y limitaciones democráticas muy serias. No es lo mismo que las opciones sean votar sí o no al acuerdo que votar entre el acuerdo y el Brexit o votar entre el acuerdo y el 'remain'. Las tres opciones son muy diferentes.

5. Brexit a las bravas


Si el divorcio británico llega a finales de enero sin ninguna de las alternativas anteriores, todos tenemos que prepararnos para el desastre. Los planes de contingencia se disparan en todos los ministerios de todos los estados miembros y en la Unión. Sobre todo en el propio Reino Unido, donde, de un día para otro, se quedan sin leyes europeas que regulan el 70% de la actividad económica y comercial. En el intervalo, Reino Unido y UE negocian acuerdos transitorios de contingencia sobre múltiples sectores sensibles afectados por la retirada sin leyes: aviación, transporte, aduanas, seguros, finanzas, etc. Y lo peor, los derechos de los ciudadanos, regulados y protegidos en el tratado de retirada, quedan en el limbo al albur de las decisiones políticas consecuentes. Muy probablemente, en ese caso, se aceptarán transitoriamente los acuerdos logrados en el tratado, pero todo dependerá del clima político que presida ese tiempo.
Publicado en el Confidencial, 9/12/2018

9 de diciembre de 2018

Entrevista Deia. 9/12/2018



BILBAO- El pasado marzo, coincidiendo con el 25 aniversario de la fusión con Euzkadiko Ezkerra (EE), el socialista vasco Ramón Jáuregui anunciaba que deja la política en activo, “aunque nunca lo hace ni quiero dejarlo”, y “orgulloso” tras 40 años de actividad con reconocimiento público. El eurodiputado apura sus últimos meses tras haber ejercido de casi todo, entre otros cargos el de vicelehendakari del Gobierno vasco con José Antonio Ardanza entre 1987 y 1991, ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del grupo del PSOE en el Congreso y con escaño en Estrasburgo desde 2009. Desde esa óptica europea, donde emerge el magma de la ultraderecha, quien creció en el barrio donostiarra de Herrera como el más pequeño de diez hermanos, desbroza el escenario del Estado tras el tsunami electoral de Andalucía con la fuerte irrupción de Vox y la más que probable pérdida del palacio de San Telmo del PSOE de Susana Díaz tras casi cuatro décadas en el poder.

¿Qué análisis hace de lo sucedido en el bastión electoral socialista?

-Es preocupante para todos porque aparece un populismo aún por definirse y que puede provocar una grave distorsión en la solución de los problemas territoriales. Vox representa una radicalización del antinacionalismo y tensionará a los partidos de la derecha hacia una actitud que puede destruir el modelo territorial y alentar la tensión radical de los independentistas catalanes.

¿Debe hacer autocrítica el PSOE y la izquierda, al no saber captar el descontento ciudadano?

-Andalucía tiene un componente de desgaste de 36 años y eso ha afectado al resultado, al igual que una abstención con la que no contábamos. Pero estoy seguro de que Vox recoge votos de muchos descontentos y, como en otros países europeos, también de la izquierda, tanto por el descontento social como por la demagogia antiinmigratoria. Además, la campaña electoral se catalanizó en contra del PSOE, y es que nuestra alianza con los nacionalismos, aunque sea coyuntural, tiene unos costes.

¿Tienen que replantearse los pactos con los soberanistas?

-No. El PSOE no tiene más remedio que seguir defendiendo la reforma constitucional que permita pactar con los nacionalismos. Eso no tiene vuelta de hoja y no lo podemos cambiar. Nuestra misión es defender el modelo autonómico y constitucional. Lo malo de esto es que la derecha y el centro derecha se nos han escapado a una vertiente antinacionalista que puede hacer inviable toda propuesta política de pacto.

Como en sus inicios, las sociedades exigen otro ‘modus vivendi’.

-Mi reflexión es que sigue habiendo razones para luchar. Quienes decían que la Historia acabó hace veinte años cuando cayó el Muro de Berlín, que se fijen en la regresión democrática que encaramos. Todas las librerías del mundo están llenas de este debate y es que cada tiempo tiene su afán. Hace 40 años luchábamos por la democracia, la libertad o el autogobierno, y ahora hay otras causas donde sigue siendo necesaria la mejoría de las personas, el compromiso con los valores y alimentar el corazón de la gente.

Deja un Estado fracturado política e institucionalmente, con una ‘salvamización’ de las posturas.

Estamos inmersos en un cambio de sistema político que ha alterado el mapa después de que el bipartidismo acabara. No podemos minusvalorar esta crisis democrática, ni devaluar los derechos humanos, el proteccionismo comercial o el abandono de Estados Unidos en la cumbre del cambio climático. El brutalismo político es bastante peligroso con muchos de los insultos que se lanzan en el Congreso, me preocupa el desprestigio institucional, del poder judicial, del lesgislativo... España se enfrenta a un futuro complicado y liderada por jóvenes de 40 años como Urkullu, Junqueras, Sánchez, Rivera, Casado o Iglesias, que afrontan una España que está todavía por hacer y que no se encarrilará hasta tener un nuevo Gobierno tras unas elecciones.

¿Adelantará Sánchez los comicios?

-No estoy en la cabeza del presidente y todos son especulaciones.

Un presidente a quien desde el PSOE, sobre todo el de Susana Díaz, subestimaron su poder de atracción dentro de la militancia.

-En eso nos equivocamos mucho. Yo defendí la abstención y aparque el famoso no es no para evitar unas terceras elecciones en pocos meses. Pero la militancia estaba enrabietada y luego le dieron a Sánchez una gran oportunidad con la sentencia del caso Gürtely el escándalo social. Desde luego, la moción de censura es la máxima sanción institucional a un gobierno corrupto.

La derecha no lo ha superado y alude a Sánchez como ilegítimo?

-No es más que populismo, que actúa en estadios como el empobrecimiento de clases bajas y medias, la era digital en las redes;o que hay liderazgos que no crean opiniones ni ayudan a vertebrar la sociedad. El empoderamiento de las redes ha empobrecido el debate con las fake news. El fenómeno migratorio actúa como caldo de cultivo y eso hay que combatirlo porque te salen un Salvini (Italia), Le Pen (Francia) o Vox. Por eso Europa reclama una respuesta inteligente.

¿Catalunya es ahora el gran dolor?

-Sin duda alguna, la demanda nacionalista es la única cosa que ha salido mal del proyecto constitucional. Otras asignaturas que vienen de los 70 -el marco democrático, la libertad, la tensión militar y de las religiones...- se han resuelto de forma notable. El Título VIII fue generoso e inteligente con el tema territorial pues nos aportó un modelo casi federal. Pero en Catalunya hay una falla. Es la gran causa que reclama nuevos acuerdos políticos.

¿Y le ve solución?

-A corto plazo soy bastante pesimista. El tema judicial es incontrolable y probablemente haya sentencias con condenas de varios años. Y además hablamos de un independentismo, incluida la burguesía, que quiere eso y no otro pacto y mano tendida, y que se puede radicalizar en este contexto.

Algunos de los ministros socialistas se han referido a los indultos como una vía de reconciliación.

-Es pronto para eso. Pero yo creo que habrá juicio, condena y proseguirá el encarcelamiento. La cuestión catalana la tendrá que abordar el próximo Gobierno español y todo dependerá de su orientación, y será más difícil si no es la actual. La derecha habla sin reparos de recentralización de las competencias y con un posicionamiento muy agresivo, pero sin ella, sin esa derecha, es imposible que haya una reforma de la Constitución. O la reforma es pactada, o no lo es.

¿Y cuál es el antídoto para controlar esas posiciones tan ultras?

-Pues, por ejemplo, más Europa. Al contrario de lo que se dice, sigue siendo un proyecto maravilloso, la unión supranacional es la receta contra esa extrema derecha de Italia, Hungría, Polonia y que se nos cuela. Europa es la salvación de la tentación fascista, con grandes masas de población educadas en la democracia. Hemos pasado una tormenta perfecta. Juncker tenía razón al decir que vivimos una crisis existencial. Y como afirmaba Galileo: Pero se mueve. Hay viento de popa en nuestras velas.

¿Pese al ‘Brexit’ británico?

-En 2016, en su momento más dramático, provocó pánico porque existía el riesgo de que le imitara Le Pen en Francia saliéndose del euro. Pero todo ese temor se ha disipado solo dos años después, y la negociación del Brexit ha dejado la evidencia de que el que se va, se ahoga. Finalmente, la Europa de los 27 ha trasladado al Reino Unido todos los problemas de su decisión.

¿Qué legado personal deja?

-Me voy con el orgullo de que conmigo no habrá puerta giratoria. Me siento querido y reconocido. Me basta con que digan que fui un hombre coherente, que sintió sus ideas y a sus ciudadanos. No quiero más, ni homenajes. Seguro que he tenido imperfecciones, pero he sido honesto, y no puedo ocultar de que sentiré algo de nostalgia.
 

Entrevista para Deia, 9/12/2018
Foto: Rubén Plaza

6 de diciembre de 2018

Juego limpio.


La reforma constitucional debe ser puntual, limitada y pactada, permitiendo así decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales e igualdad.

Es absolutamente injusta la descalificación política de nuestra Constitución en base al porcentaje electoral que la apoyó en el País Vasco en 1978. Se suele argumentar que obtuvo tan solo un 30,8% de síes sobre el total del censo. Y es verdad. Pero también lo es que la abstención fue muy elevada (solo participó un 44,7% del censo) y que el 69,1% de las personas que emitieron su voto la respaldaron. Y digo que es injusto, primero, porque las reglas son las reglas y el cómputo era nacional y no local o regional. De la misma manera que en Reino Unido nadie cuestiona el resultado favorable al ‘Brexit’, aunque en Escocia y en Irlanda del Norte el voto fuera mayoritario contra él. De la misma manera que nadie cuestiona la legitimidad democrática del presidente de Estados Unidos, aunque el porcentaje de participación electoral en su elección ronde el 50%. Y es bueno recordar que el 6 de diciembre de 1978 el 87,9% de los españoles votó sí a la Constitución. Segundo, porque la abstención no equivale a rechazo, y en aquel referéndum, en el País Vasco, los votos afirmativos fueron el tripe que los negativos (497.295 frente a 163.191). La abstención no deslegitima ni legal ni políticamente aquel texto porque, si se hubiese pretendido esa deslegitimación política, el PNV, principal impulsor de esa abstención, habría recomendado el voto negativo. Y no lo hizo.

 No lo hizo porque sabía que aquella Constitución devolvería al País Vasco tres instituciones fundamentales: la autonomía, el Concierto y los derechos históricos. No lo hizo porque sabía que allí había instrumentos para desarrollar un autogobierno como nunca tuvimos y que el marco de libertades y democracia que se configuraban en España era homologable al de las mejores constituciones del mundo. No lo hizo por ese calculado juego a la ambigüedad que con tanta habilidad practica el PNV.

De hecho, sus previsiones resultaron plenamente cumplidas. Ha gobernado el país durante cuarenta años desde las instituciones surgidas y creadas por la Constitución. Hemos construido un nivel de autonomía financiera, competencial y política como nunca tuvo el País Vasco (cualquier comparación con épocas históricas pasadas pone en evidencia la simplicidad de las instituciones forales del Viejo Régimen) y como pocas regiones autónomas tienen en el mundo (cualquier comparación con los cantones suizos, los länders alemanes o avanzados modelos de descentralización territorial, deja al País Vasco en los primeros lugares del ranking del autogobierno). Hemos convivido en un marco de libertades, en una democracia pluralista, en un Estado de Derecho, en un modelo social de mercado, en un sistema de protección a las minorías y de bienestar social que jamás conoció España ni, por supuesto, tampoco el País Vasco.

Me entristece, por eso, asistir de nuevo a ese discurso destructivo de nuestros nacionalistas sobre este periodo histórico pasado, empeñados en negar las virtudes de nuestro marco constitucional y estatutario. Es totalmente injusto e incoherente con la realidad que disfrutamos.

Es absolutamente cínico apelar a la Carta Magna para las reivindicaciones competenciales y descalificar al mismo tiempo la Constitución. O reclamar una nueva amparándose en la potencialidad de los derechos históricos que garantiza, precisamente, la actual.
Es bastante paradójico escuchar a la izquierda abertzale sus críticas a una Constitución que, en su momento, sus amigos combatieron a sangre y fuego. Ojalá las hubieran hecho en 1978 en lugar de matar a casi cien personas cada uno de aquellos años en su fanático combate a la democracia española y al autogobierno vasco. Yo recuerdo muy bien la soledad de socialistas y comunistas (PSE y PCE) defendiendo la Constitución en las calles vascas. En fin, por la paz, un Ave María. Es infantil y propio de novatos irresponsables defender un nuevo periodo constituyente para hacer una Constitución nueva en la España de hoy. Una Constitución es un marco de convivencia, un ordenamiento básico sobre los parámetros de la alternancia democrática, un consenso básico sobre las reglas del juego. Reclama un acuerdo con casi todos. También con las derechas políticas, también con los monárquicos, con los nacionalismos, con las izquierdas, con la laicidad, con nuevas exigencias sociales y medioambientales, con la igualdad en todas sus expresiones, con las libertades, con Europa, con la economía globalizada... ¿Alguien cree conveniente un periodo constituyente poniendo patas arriba un marco que, con todos las imperfecciones, ha sido válido para todas las opciones ideológicas y ha permitido desarrollar los mejores cuarenta años de nuestra historia contemporánea? ¿Alguien cree posible un consenso sobre todas esas cuestiones en el fragmentado sistema político español de hoy?

 Yo creo en la reforma constitucional precisamente porque defiendo la Constitución de 1978. Es una reforma puntual, limitada y pactada, y defiendo que sea refrendada por el pueblo español, permitiendo así, decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales, igualdad... Pero reclamo un proceso legal y lógico: primero un acuerdo político amplio y luego la consulta popular sobre ese texto seguido de elecciones generales. Ese es el camino. Eso es jugar limpio.
Publicado en El Correo, 6/12/2018

Intervención Comisión AFCO. 6/12/2018

Creación del Fondo Monetario Europeo.




3 de diciembre de 2018

Las empresas digitales tienen que pagar impuestos.

 El tiempo se agota. Cuando los ministros de Finanzas europeos se reúnan este martes, deberían adoptar el impuesto sobre servicios digitales: un gravamen sobre el volumen de negocio de las grandes empresas digitales como Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking y Spotify. Esto podría generar hasta 10.000 millones de euros de ingresos públicos anuales, muy necesarios para promover el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y la prestación de servicios públicos esenciales.

Mientras que los ciudadanos y las pequeñas empresas pagan sus impuestos donde viven y trabajan, las grandes multinacionales digitales prácticamente no pagan nada. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea reveló que el sector digital tenía un gravamen del 9,5% del impuesto de sociedades, mientras que los sectores tradicionales contribuyen con una media del 23%, más del doble. Sólo en 2017, Amazon obtuvo unos ingresos de aproximadamente 25.000 millones de euros en Europa, pero consiguió tributar casi cero impuestos.

Los regímenes fiscales actuales están desfasados debido a la globalización y la digitalización. Diseñados a principios del siglo XX para una economía de ladrillos y cemento, ya no funcionan en nuestra economía cada vez más digitalizada. Además, las divergencias entre las normas fiscales nacionales y las lagunas legales hacen que la evasión y el fraude sean prácticamente un juego de niños. Las revelaciones de los Papeles del Paraíso han mostrado cómo las multinacionales capitalizan estos vacíos jurídicos empleando elaboradas construcciones que les permiten trasladar los beneficios a paraísos fiscales donde los tipos impositivos son bajos o incluso nulos.

Las compañías digitales son particularmente propensas a esto. Se benefician de una escasa presencia física en Europa y, por lo tanto, pueden enviar los beneficios al Estado más favorable a sus intereses. De este modo, están impulsando la competencia entre los Estados miembros y liderando una carrera a la baja en la tributación de las empresas.

A menos que se cambien las reglas del juego, continuarán los impuestos injustos y las tasas impositivas decrecientes. Tomar las medidas y hacer las reformas necesarias requiere tiempo, pero lo más importante es el liderazgo, en este caso, el liderazgo europeo.

Nuestra mejor forma de fomentar el debate internacional en esta materia es mediante una iniciativa europea que garantice que las empresas digitales paguen los impuestos que les corresponden cuanto antes. La mejor opción sería adoptar el impuesto sobre los servicios digitales tal y como propone la Comisión Europea y, preferiblemente, con una tasa superior al 5% en un ámbito amplio, que incluya ingresos procedentes de contenidos digitales como Netflix y el comercio electrónico de Amazon.

La segunda mejor opción sería decidir ahora sobre una solución de contingencia, que entraría automáticamente en vigor si las negociaciones internacionales en la OCDE no logran imponer impuestos a la economía digital y que podría unir las posiciones de Francia y Alemania. Garantizar que entrará en vigor un impuesto europeo sobre servicios digitales en diciembre de 2020 como fecha límite es necesario para presionar en el ineficaz proceso de regulación global. Solo la amenaza creíble de una respuesta regulatoria traerá a Estados Unidos a la mesa de la OCDE y logrará una solución multilateral sobre la fiscalidad de la economía digital.

Nos arriesgamos a perder la oportunidad de que la UE pueda gravar a las empresas digitales. Posponer una decisión otros dos años no es una opción. Exigimos acciones para detener esta injusticia que consiste en una baja o nula tributación sobre los beneficios obtenidos por estas empresas en Europa.

Pedimos a los ministros de Finanzas europeos que ofrezcan una solución. Ahora. Para asegurar que la digitalización de la economía no conlleve una mayor carga fiscal para los empleados o las pequeñas empresas. Europa necesita recuperar su soberanía fiscal. La equidad está en juego.
 

Ramón Jáuregui, Jonás Fernández, Udo Bullman, Paul Tang -

Eurodiputados socialistas para El Diario.es 3/12/2018