Resulta insultante escuchar a los dirigentes del Gobierno holandés su negativa a mutualizar la solidaridad europea ante la crisis de la pandemia, mientras mantienen un sistema fiscal que priva a sus vecinos de sus ingresos fiscales legítimos. Resulta lamentable ver a Holanda liderando la llamada Liga Hanseática, que se opone a aumentar el Presupuesto europeo mientras acumula en sus bancos la riqueza de muchas multinacionales americanas, obtenida en otros países europeos.
Ya hace más de cinco años que la Unión Europea es consciente de estos graves ataques de deslealtad entre estados miembros y de inaceptables distorsiones al Mercado Único. Deslealtad que se puso de manifiesto con el escándalo LuxLeaks, cuando algunos valientes ciudadanos (whistleblowers) denunciaron la fiscalidad casi nula que ofrecía Luxemburgo para los beneficios que más de 200 multinacionales canalizaban a través de su territorio. Anteriormente, la Comisión Europea había iniciado varias investigaciones formales por presuntas ayudas de Estado ilegales que varios países miembros concedían a algunas grandes empresas (Apple en Irlanda, Fiat Finance and Trade en Luxemburgo y Starbucks y Amazon en Países Bajos).
Ahora Task Justice Network, en un largo y detenido informe, nos indica que Holanda es responsable de que los demás miembros de la Unión Europea pierdan más de 10.000 millones de dólares por impuesto de sociedades cada año, dado que ese país desempeña un papel clave en la deslocalización de los beneficios obtenidos en Europa por las multinacionales americanas.
No es casualidad que en uno de los informes que elaboró la comisión parlamentaria especial sobre fiscalidad del Parlamento Europeo (Taxe), se considerase a Holanda, Irlanda y Luxemburgo como espacios fiscales opacos, muy cerca de ser declarados paraísos fiscales; tampoco que, en los informes por país del Semestre Europeo, la Comisión señalase a estos países por contar con sistemas fiscales que socavan las bases imponibles de sus socios comunitarios.
Lo cierto es que las grandes corporaciones siguen viendo aumentadas las posibilidades de elusión gracias a la fragmentación de los sistemas tributarios europeos y a la competencia fiscal desleal entre países comunitarios. Disponen de un amplio espectro de regímenes jurídicos para distribuir a su conveniencia, entre las distintas entidades que conforman el grupo transnacional, los beneficios que generan en suelo europeo. Resulta inaceptable que, en una Unión donde rige la libre circulación de capitales y existe una política monetaria única, la convergencia en materia tributaria siga brillando por su ausencia.
Es oportuno recordar estas evidencias sobre nuestra imperfecta fiscalidad cuando se discute, con tanto desconocimiento e intencionado olvido, sobre las medidas europeas para la recuperación económica de la crisis de la Covid-19, en términos de más o menos solidaridad interna. El ‘dumping’ fiscal en el corazón del mercado único es una vergüenza y una insostenible insolidaridad. No hay otra manera de calificarlo.
Coincide además que los países que están sufriendo mayores pérdidas a causa de ello, como España e Italia, son también los más afectados por la Covid-19. Asimismo, ha aflorado como una prioridad, en el marco de los debates en torno a esta crisis, la cuestión de instaurar impuestos europeos para hacer frente a las crecientes deudas y déficits públicos. El Consejo Europeo de abril apuntó hacia ciertos gravámenes sobre las emisiones de CO2 y sobre la economía digital como nuevas fuentes de ingreso para ampliar de los recursos propios de la UE y nutrir, con ello, el Fondo de Reconstrucción que se está diseñando. Cobra así fuerza el relanzamiento de la propuesta de una tasa Google a nivel global, europeo o nacional, que compense la infra-tributación y menor vulnerabilidad de la economía digital ante la crisis. Estamos lejos de que nuevas figuras fiscales se introduzcan en la cesta de ingresos propios de la Unión; pero quizás no tan lejos de que se incorporen como nuevos impuestos nacionales. No es perfecto, pero es un avance.
Por otro lado, muchas voces se alzan para que las ingentes ayudas públicas que van a conceder los estados de cara a la supervivencia de las empresas dañadas por la Covid-19 se condicionen a que éstas no utilicen paraísos fiscales.
En este sentido, lo primero que hay que tener claro es una definición completa de paraíso fiscal que sirva como referencia. La lista europea de paraísos fiscales es un buen punto de partida porque, a diferencia de la mayoría de las otras listas nacionales e internacionales, incluye tanto los territorios que favorecen el secreto bancario como aquéllos que promueven la elusión fiscal ofreciendo a las empresas regímenes fiscales especiales en perjuicio de países vecinos. Ahora bien, para ganar más credibilidad, la lista europea debería abrirse a incluir a los estados miembros de la UE, por las razones expuestas anteriormente.
Sin duda, negar las ayudas públicas por la Covid-19 a las empresas con presencia injustificada en paraísos fiscales puede tener un efecto disuasorio importante. También puede ser una oportunidad para exigir una mayor transparencia por parte de las corporaciones beneficiarias del dinero de los contribuyentes. En particular, se debería exigir a las multinacionales que incluyan en sus informes anuales datos financieros, desglosados país por país, con información acerca de las actividades del grupo, sus beneficios y los impuestos que pagan. Sólo así se podrá conocer en qué lugares se encuentra la transnacional, a qué se dedica en ellos y, sobre todo, qué tipo efectivo está pagando en cada territorio. El Estado y la sociedad tienen derecho a conocer el comportamiento fiscal de las empresas, sobre todo ahora que se están aprobando programas de ayudas tan excepcionales y costosos.
En esta misma línea, hay que impedir que la aplicación de beneficios fiscales por parte de las grandes empresas les haga pagar tipos efectivos por debajo del 15%. El debate sobre la tributación mínima de aquéllas está abierto en la UE, en la OCDE y en varios países. Es especialmente pertinente en el contexto de la economía digital, dadas las dificultades de los sistemas fiscales actuales para gravar las nuevas formas de generar valor de las empresas de este sector. Con unas normas que todavía se basan en la presencia física como criterio para vincular los ingresos transnacionales a un territorio, los nuevos modelos de negocio desmaterializados permiten extraer a los gigantes digitales enormes beneficios de sus principales mercados sin apenas gravamen, y colocarlos en paraísos fiscales. La inmediata implantación de un impuesto sobre ciertos servicios digitales, y la introducción de la noción de presencia digital significativa como nuevo nexo tributario para capturar los ingresos provenientes de la economía digital, son ahora medidas más necesarias que nunca.
También lo es armonizar el impuesto de sociedades a escala europea. La Comisión ya ha propuesto varias veces establecer una base imponible común y consolidada para este impuesto (propuesta BICCIS). Esta iniciativa desactivaría gran parte de las operaciones de elusión fiscal corporativa. Se dejarían de calcular los beneficios imponibles de una transnacional conforme a los códigos fiscales, muchas veces divergentes, de los estados miembros. En su lugar, se establecería una base imponible común, conforme a un conjunto de normas homogéneas definidas a nivel comunitario. Igualmente, se consolidarían los beneficios y pérdidas que las multinacionales tengan en territorio comunitario. El saldo resultante se repartiría entre los estados miembros donde operen en función de las ventas, los ingresos y el empleo. Este sistema refleja mucho más fielmente que el actual la contribución de cada entidad del grupo a la generación de valor de la transnacional.
Pero toda tentativa de avance de estas propuestas pasa por transitar del principio de unanimidad, que sigue guiando la toma de decisiones de la UE en materia fiscal, hacia el de la mayoría cualificada. Sólo así se podrá acabar con los desequilibrios que aún arrastra la construcción europea en este campo.
En definitiva, la discusión del plan de recuperación económica de la UE debiera ser aprovechado por el Parlamento Europeo para actualizar la larga lista de recomendaciones de la Comisión Taxe y procurar incluir algunas de ellas en el condicionado de las ayudas públicas a las empresas. En la misma línea, los estados miembros deberían exponer los agravios generados en las haciendas nacionales por prácticas fiscales, desleales y abusivas, de algunos estados y procurar su eliminación gradual. Por último, la UE debe plantear, en las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en la OCDE, la necesidad de encontrar nuevos nexos para lograr una fiscalidad efectiva de la economía digital y el logro de un gravamen mínimo mundial sobre todas las empresas.
Ya hace más de cinco años que la Unión Europea es consciente de estos graves ataques de deslealtad entre estados miembros y de inaceptables distorsiones al Mercado Único. Deslealtad que se puso de manifiesto con el escándalo LuxLeaks, cuando algunos valientes ciudadanos (whistleblowers) denunciaron la fiscalidad casi nula que ofrecía Luxemburgo para los beneficios que más de 200 multinacionales canalizaban a través de su territorio. Anteriormente, la Comisión Europea había iniciado varias investigaciones formales por presuntas ayudas de Estado ilegales que varios países miembros concedían a algunas grandes empresas (Apple en Irlanda, Fiat Finance and Trade en Luxemburgo y Starbucks y Amazon en Países Bajos).
Ahora Task Justice Network, en un largo y detenido informe, nos indica que Holanda es responsable de que los demás miembros de la Unión Europea pierdan más de 10.000 millones de dólares por impuesto de sociedades cada año, dado que ese país desempeña un papel clave en la deslocalización de los beneficios obtenidos en Europa por las multinacionales americanas.
No es casualidad que en uno de los informes que elaboró la comisión parlamentaria especial sobre fiscalidad del Parlamento Europeo (Taxe), se considerase a Holanda, Irlanda y Luxemburgo como espacios fiscales opacos, muy cerca de ser declarados paraísos fiscales; tampoco que, en los informes por país del Semestre Europeo, la Comisión señalase a estos países por contar con sistemas fiscales que socavan las bases imponibles de sus socios comunitarios.
Lo cierto es que las grandes corporaciones siguen viendo aumentadas las posibilidades de elusión gracias a la fragmentación de los sistemas tributarios europeos y a la competencia fiscal desleal entre países comunitarios. Disponen de un amplio espectro de regímenes jurídicos para distribuir a su conveniencia, entre las distintas entidades que conforman el grupo transnacional, los beneficios que generan en suelo europeo. Resulta inaceptable que, en una Unión donde rige la libre circulación de capitales y existe una política monetaria única, la convergencia en materia tributaria siga brillando por su ausencia.
Es oportuno recordar estas evidencias sobre nuestra imperfecta fiscalidad cuando se discute, con tanto desconocimiento e intencionado olvido, sobre las medidas europeas para la recuperación económica de la crisis de la Covid-19, en términos de más o menos solidaridad interna. El ‘dumping’ fiscal en el corazón del mercado único es una vergüenza y una insostenible insolidaridad. No hay otra manera de calificarlo.
Coincide además que los países que están sufriendo mayores pérdidas a causa de ello, como España e Italia, son también los más afectados por la Covid-19. Asimismo, ha aflorado como una prioridad, en el marco de los debates en torno a esta crisis, la cuestión de instaurar impuestos europeos para hacer frente a las crecientes deudas y déficits públicos. El Consejo Europeo de abril apuntó hacia ciertos gravámenes sobre las emisiones de CO2 y sobre la economía digital como nuevas fuentes de ingreso para ampliar de los recursos propios de la UE y nutrir, con ello, el Fondo de Reconstrucción que se está diseñando. Cobra así fuerza el relanzamiento de la propuesta de una tasa Google a nivel global, europeo o nacional, que compense la infra-tributación y menor vulnerabilidad de la economía digital ante la crisis. Estamos lejos de que nuevas figuras fiscales se introduzcan en la cesta de ingresos propios de la Unión; pero quizás no tan lejos de que se incorporen como nuevos impuestos nacionales. No es perfecto, pero es un avance.
Por otro lado, muchas voces se alzan para que las ingentes ayudas públicas que van a conceder los estados de cara a la supervivencia de las empresas dañadas por la Covid-19 se condicionen a que éstas no utilicen paraísos fiscales.
En este sentido, lo primero que hay que tener claro es una definición completa de paraíso fiscal que sirva como referencia. La lista europea de paraísos fiscales es un buen punto de partida porque, a diferencia de la mayoría de las otras listas nacionales e internacionales, incluye tanto los territorios que favorecen el secreto bancario como aquéllos que promueven la elusión fiscal ofreciendo a las empresas regímenes fiscales especiales en perjuicio de países vecinos. Ahora bien, para ganar más credibilidad, la lista europea debería abrirse a incluir a los estados miembros de la UE, por las razones expuestas anteriormente.
Sin duda, negar las ayudas públicas por la Covid-19 a las empresas con presencia injustificada en paraísos fiscales puede tener un efecto disuasorio importante. También puede ser una oportunidad para exigir una mayor transparencia por parte de las corporaciones beneficiarias del dinero de los contribuyentes. En particular, se debería exigir a las multinacionales que incluyan en sus informes anuales datos financieros, desglosados país por país, con información acerca de las actividades del grupo, sus beneficios y los impuestos que pagan. Sólo así se podrá conocer en qué lugares se encuentra la transnacional, a qué se dedica en ellos y, sobre todo, qué tipo efectivo está pagando en cada territorio. El Estado y la sociedad tienen derecho a conocer el comportamiento fiscal de las empresas, sobre todo ahora que se están aprobando programas de ayudas tan excepcionales y costosos.
En esta misma línea, hay que impedir que la aplicación de beneficios fiscales por parte de las grandes empresas les haga pagar tipos efectivos por debajo del 15%. El debate sobre la tributación mínima de aquéllas está abierto en la UE, en la OCDE y en varios países. Es especialmente pertinente en el contexto de la economía digital, dadas las dificultades de los sistemas fiscales actuales para gravar las nuevas formas de generar valor de las empresas de este sector. Con unas normas que todavía se basan en la presencia física como criterio para vincular los ingresos transnacionales a un territorio, los nuevos modelos de negocio desmaterializados permiten extraer a los gigantes digitales enormes beneficios de sus principales mercados sin apenas gravamen, y colocarlos en paraísos fiscales. La inmediata implantación de un impuesto sobre ciertos servicios digitales, y la introducción de la noción de presencia digital significativa como nuevo nexo tributario para capturar los ingresos provenientes de la economía digital, son ahora medidas más necesarias que nunca.
También lo es armonizar el impuesto de sociedades a escala europea. La Comisión ya ha propuesto varias veces establecer una base imponible común y consolidada para este impuesto (propuesta BICCIS). Esta iniciativa desactivaría gran parte de las operaciones de elusión fiscal corporativa. Se dejarían de calcular los beneficios imponibles de una transnacional conforme a los códigos fiscales, muchas veces divergentes, de los estados miembros. En su lugar, se establecería una base imponible común, conforme a un conjunto de normas homogéneas definidas a nivel comunitario. Igualmente, se consolidarían los beneficios y pérdidas que las multinacionales tengan en territorio comunitario. El saldo resultante se repartiría entre los estados miembros donde operen en función de las ventas, los ingresos y el empleo. Este sistema refleja mucho más fielmente que el actual la contribución de cada entidad del grupo a la generación de valor de la transnacional.
Pero toda tentativa de avance de estas propuestas pasa por transitar del principio de unanimidad, que sigue guiando la toma de decisiones de la UE en materia fiscal, hacia el de la mayoría cualificada. Sólo así se podrá acabar con los desequilibrios que aún arrastra la construcción europea en este campo.
En definitiva, la discusión del plan de recuperación económica de la UE debiera ser aprovechado por el Parlamento Europeo para actualizar la larga lista de recomendaciones de la Comisión Taxe y procurar incluir algunas de ellas en el condicionado de las ayudas públicas a las empresas. En la misma línea, los estados miembros deberían exponer los agravios generados en las haciendas nacionales por prácticas fiscales, desleales y abusivas, de algunos estados y procurar su eliminación gradual. Por último, la UE debe plantear, en las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en la OCDE, la necesidad de encontrar nuevos nexos para lograr una fiscalidad efectiva de la economía digital y el logro de un gravamen mínimo mundial sobre todas las empresas.
Firmado por Ramón Jáuregui y José Luis Escario.Agenda Pública. El País. 18/05/2020