El contexto
El Gobierno socialista necesitaba aprobar los Presupuestos de 2009 de manera imperiosa. No era posible que el primer año de legislatura en una situación económica y financiera tan crítica como la que vive España y todo el mundo occidental viera rechazado su Presupuesto, la herramienta más importante de política económica frente a la crisis y la ley de leyes del año legislativo. Si el Gobierno hubiera visto rechazadas las Cuentas, a la crisis económica que vivimos se habría añadido una crisis política de dimensiones incalculables. Como se ha dicho reiteradamente, la crisis financiera es, en gran parte, una crisis de confianza, y la crisis económica es también, aunque no sólo, una crisis de confianza de los consumidores, emprendedores, etcétera. A los mercados financieros les estamos inyectando confianza a través de leyes urgentes y de recursos ingentes que aseguren los depósitos del ahorro de los ciudadanos y que permitan la recuperación del crédito y la fluidez del dinero. A la política económica local, es decir, nacional, tenemos que ofrecerle la misma dosis de confianza y de convicción sobre lo que se puede y se debe hacer con las cuentas públicas.
La mayor parte de los partidos del arco parlamentario español se han negado a pactar el Presupuesto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero por diferentes razones. El PP porque ha construido una política de oposición centrada casi exclusivamente en el fracaso económico del Ejecutivo socialista. CiU ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a la obtención de una financiación económica para Cataluña y se ha negado a discutirlos si no tiene garantías previas del resultado de una negociación que hay que hacer con todas las comunidades autónomas después de la aprobación presupuestaria, lo que ha hecho imposible el acuerdo con ese grupo. Esquerra Republicana mantiene una posición semejante, más o menos edulcorada, con reivindicaciones de política social de dimensión catalana especialmente. E Izquierda Unida, después de los resultados electorales de marzo de este año, ha asentado sus perfiles izquierdistas y se desmarca de la política económica del Gobierno de Zapatero en ingresos y gastos, es decir, en todo y para todo.
El acuerdo
Con el Partido Nacionalista Vasco se ha discutido sobre el desarrollo del autogobierno y el apoyo al desarrollo económico de Euskadi. La búsqueda de un acuerdo para la transferencia de políticas de empleo no ha prosperado, porque seguimos hipotecados por la pretensión maximalista del PNV de producir este traspaso con la filosofía del Concierto Económico. Una vez más, hemos chocado con una divergencia insalvable, si tenemos en cuenta que la financiación de estas políticas se produce mediante cotizaciones a la Seguridad Social y no mediante tributos generales. La peculiaridad de la entidad recaudadora, la Tesorería de la Seguridad Social, la complejidad de algunas de las políticas activas de empleo -bonificaciones directas a las empresas en las cotizaciones- y la solidaridad interterritorial de unas políticas de gasto en función no de la población sino del número de parados de cada territorio, han hecho imposible, una vez más, alcanzar un acuerdo con el Gobierno vasco, empeñado en aplicar criterios de Concierto Económico vía Cupo a unas políticas que, repito, no están financiadas por tributos generales, sino con un especialísimo sistema de cotizaciones en las nóminas de los trabajadores.
La otra gran materia de negociación ha sido la famosa competencia de I+D+i. La esencia del acuerdo consiste en aplicar el Concierto Económico, es decir, un descuento en el Cupo vasco por importe de 86 millones de euros, en una parte de los conceptos que integran la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los Presupuestos del Estado. Esto permitirá a la Comunidad Autónoma Vasca incrementar su presupuesto de I+D+i en esta cantidad para desarrollar su propia política con carácter exclusivo, sin perjuicio de que el Gobierno de España siga desarrollando el resto de sus iniciativas, también con carácter exclusivo, coordinando con el Gobierno vasco sus acciones en la CAV. Nadie puede vivir de espaldas ni pretender aislarse en el desarrollo de estas competencias. Al País Vasco le irá muy mal si pretende desconectarse de España y de la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque perderá magníficas oportunidades nacionales y europeas. El Gobierno de España, a su vez, necesita desarrollar en el País Vasco muchos de sus proyectos tecnológicos e investigadores, porque es aquí donde se encuentran los cimientos tecnológicos o los núcleos de investigación correspondientes. Por eso y con todo, Cristina Garmendia tenía y tiene razón.
La negociación ha abarcado también una decisión de importancia para el futuro de nuestras infraestructuras. La decisión de hacer un puerto exterior en Pasajes y dar un aprovechamiento urbanístico a todo el deteriorado entorno de Herrera, Pasaia, Rentería y Lezo, se parece un poco -salvando las distancias- a lo que fue en su día la transformación de Bilbao sacando las instalaciones portuarias del centro de la ciudad al exterior de Santurtzi. Dos capítulos puntuales sobre la prejubilación en la Ertzaintza y licencias de telefonía móvil han completado este acuerdo.
Las derivadas
El PNV, con esta decisión, se ha convertido en el partido de referencia para la mayoría en el arco parlamentario español. Cada uno puede darle a este hecho el significado que quiera, pero, en mi opinión, el Partido Nacionalista Vasco ha jugado bien sus bazas. De entrada, porque de no haber hecho esta negociación en estos términos es muy probable que se hubiera producido una mayoría alternativa y, en ese caso, su papel habría sido irrelevante. Durante la campaña electoral me cansé de decir que si el PNV venía a Madrid a hacer de punta de lanza del plan Ibarretxe y sus planteamientos soberanistas, su juego sería irrelevante en la política española. No ha sido así, y me alegro. En segundo lugar, el PNV ha ejercido el papel de la corresponsabilidad ante la crisis económica. Fuertes sectores económicos y empresariales presionaban en Euskadi y en toda España para aprobar los Presupuestos y para que el sistema político español mandara una señal de confianza a los mercados, a las empresas y a los ciudadanos, en un momento crucial como es el de la aprobación de las Cuentas públicas. Conviene recordar que todos los Presupuestos Generales del Estado en los treinta años de democracia se han aprobado a partir de mayorías con partidos nacionalistas, por lo que resultan bastante cínicos quienes se llaman a escándalo por supuestas cesiones a los mismos. El PNV ha ejercido ese papel y ha emitido a la ciudadanía vasca y de toda España esa señal de responsabilidad ante la crisis, que no han querido asumir otros.
¿Hay más compromisos en el pacto PSOE-PNV? Algunos quieren ver en este acuerdo una señal para un hipotético entendimiento electoral en el País Vasco. Se ha llegado a decir, o por lo menos muchos lo piensan, que en el apoyo del PNV a Rodríguez Zapatero hay un pago a cuenta a un futuro apoyo del PSE a un gobierno nacionalista en Euskadi. Es mentira. El Gobierno del País Vasco lo decidiremos los vascos en las próximas elecciones y, aunque especular es libre, ningún compromiso de semejante naturaleza está detrás del acuerdo de los Presupuestos del Estado. Es verdad que los socialistas vascos aseguraremos las cuentas públicas de las diputaciones y del Gobierno vasco, pero eso no es correspondencia ninguna al apoyo del PNV a los Presupuestos del Gobierno de España. Es decisión unilateral del PSE, que, semanas antes de este acuerdo, anunció su voluntad de aprobar los Presupuestos por sentido de la responsabilidad y del momento económico que vivimos. Pero no es verdad que la formación del Gobierno vasco después de las elecciones autonómicas del año que viene esté condicionada, ni siquiera de manera colateral, por el acuerdo con el PNV en los Presupuestos Generales del Estado. Sólo los vascos con sus votos y los socialistas vascos con sus escaños decidiremos el nuevo Gobierno de Euskadi.
El Correo, 26/10/2008