3 de diciembre de 2021

Memoria reconciliada.

"El éxito de la Transición tuvo su fundamento en el perdón colectivo. No comprendo que demos a entender que lo que hicimos en su día no estuviera bien hecho" 

Fui ponente de la Ley de Memoria de 2007. Creo firmemente que tenemos causas pendientes con nuestra memoria histórica, la que hace referencia a nuestra Guerra Civil y a la represión franquista posterior. Todavía en 2011, siendo ministro de Presidencia, elaboramos el Mapa de Fosas en el que aparecen señaladas, con gran precisión, casi 2.000 fosas en las que puede haber restos de fusilados durante la guerra o después de ella. Constituí una comisión de expertos para transformar el Valle de los Caídos que dictaminó la necesidad de retirar a Franco de su tumba y propuso un plan de transformación de ese lugar. Otorgamos cientos de certificados a familias de fusilados declarando la ilegitimidad de los tribunales que los condenaron y anulando por ello esas sentencias.

La democracia española, en los años 80, adoptó diversas medidas para atender a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior: se indemnizó a los republicanos que habían sufrido prisión en las cárceles franquistas, a los familiares de los republicanos fallecidos en la guerra, a los mutilados por heridas de guerra y se devolvió la condición de funcionarios a quienes fueron privados de ella por su pertenencia al lado republicano – militares y maestros, sobre todo–, incluso se ampliaron esas indemnizaciones a las víctimas de la represión policial antes de la amnistía del 77. Así, muchas otras medidas compensatorias a la España que perdió la guerra. 

Quedan causas pendientes, lo reafirmo, y por ello creo en una política de memoria. Especialmente con la exhumación y dignificación de los restos en fosas y en el Valle. Entiendo por ello que el actual Gobierno haya presentado una ley queriendo culminar esa tarea, tantos años después. Pero estoy absolutamente en contra de exigir responsabilidades penales a nadie por el pasado anterior a aquella Ley de Amnistía de 1977 que todos los demócratas del momento consideramos una gran conquista de libertad y justicia. 

Creo firmemente que debe ser una memoria reconciliada y sin afán vengativo. Que no abra esa inmensa caja de pandora sobre culpabilidades penales, aunque todos sepamos que las hubo.

El pacto reconciliatorio de España cristalizó en la Ley de Amnistía y en la Constitución. El éxito de la Transición democrática de España tuvo su fundamentación sentimental en el perdón colectivo. Que el régimen franquista se disolviera y que hubiera una autentica ruptura con la dictadura fue posible porque la amnistía inauguraba un tiempo nuevo para todos. Porque decidimos no volver a las dos Españas, porque aceptamos la existencia del otro y reconocimos sus derechos en un régimen de pluralismo político. Porque no quisimos que el pasado dañara nuestra convivencia del futuro. 

No fue una imposición de los viejos poderes, sino una convicción de los jóvenes demócratas que queríamos construir un marco de convivencia para todos. Por eso, la Constitución nunca fue un texto de unos sobre otros, sino la suma de renuncias de unos y otros, para hacer posible la alternancia de todos en un régimen de libertades y democracia No comprendo que incorporemos disposiciones a la Ley de Memoria Histórica que producen confusión jurídica dando a entender que lo que hicimos en su día no estuviera bien hecho. Pretender ahora que los crímenes del franquismo no queden impunes por la aplicación del principio de Derecho Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra equivale a su aplicación a todos los crímenes de nuestra Guerra Civil. Y todos sabemos que hubo muchos en las dos partes. ¿Estamos pensando en perseguirlos todos? 

Me entristece que no defendamos nuestros principios y nuestras convicciones sobre aquel pacto que elogió el mundo entero. Nunca quisimos juzgar el pasado. Por eso celebramos con tanta alegría la conquista de la amnistía y que no quedara ningún preso político, ni de ETA ni del antifranquismo, en la cárcel. 
Es verdad que confundimos perdón con olvido durante demasiado tiempo, pero me pregunto si es posible recordar sin culpar ni perseguir a nadie por nuestros recuerdos. ¿Cabe una memoria reconciliada de nuestro trágico pasado? ¿Es posible una memoria sin afán vengativo? Gregorio Peces Barba, nuestro constituyente, solía decir que el gran paso que dimos los españoles en nuestra historia, con la Constitución que inauguramos en 1978, fue el reconocimiento y el respeto al otro, al diferente, al portador de otras ideas, de otros recuerdos, de otro proyecto para el país. Lo decía, recordando el bello verso de Machado: «El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve».

Publicado en El correo, 3/12/2021


 

11 de noviembre de 2021

Ciencia y política: Triunfo y fracaso.

 La pandemia nos ha dejado una multitud de lecciones que, desgraciadamente, no estamos siendo capaces de extraer. Para hacerlo, al fin y al cabo, sería necesario que nuestro sistema institucional creara espacios de análisis y reflexión política en los que se escuchara a los expertos y se analizaran las consecuencias de la pandemia en los diferentes planos sectoriales. Ya estamos a tiempo de examinar, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional, las consecuencias económicas de un shock de oferta mundial, nuestra falta de previsión en la cadena de suministro de elementos básicos, nuestros fallos organizativos en la coordinación territorial o nuestra legislación para hacer frente a las pandemias.

El tenso panorama político nacional no favorece que una tarea de prospectiva tan elemental pueda realizarse en una subcomisión parlamentaria en la que, por ejemplo, se escuche a los responsables de las áreas sectoriales afectadas, extrayendo conclusiones y recomendaciones para futuras situaciones semejantes. Y es que parece evidente que otras pandemias no son solo posibles, sino probables: nuestro desarrollo ha perturbado y destruido ciclos naturales, alimentando las posibilidades de que se produzca otra zoonosis. La experiencia nos ha demostrado, además, que la velocidad de contagio es mucho mayor que en épocas pasadas: la viruela tardó tres siglos en expandirse por el mundo, el sida tres años y la covid-19 tres meses.

No obstante, la ciencia ha vencido al patógeno. Además, con mucha probabilidad, los avances genéticos de nuestros laboratorios, unidos a la inteligencia artificial y a las supercomputadoras, permitirán descubrir el ADN y el genoma de cualquier virus, ofreciéndonos en pocos meses nuevas vacunas para enfrentarlos.

A pesar de todo, esto es un consuelo, no la solución. Tenemos que hacernos cargo de un planeta enfermo y de un ecosistema gravemente afectado por los impactos humanos: existe una conexión entre pandemia y naturaleza, y la lucha contra el cambio climático debe ser por ello una de nuestras primeras prioridades. Esta es la principal responsabilidad que la política asume como consecuencia de lo sufrido con la covid-19, pero no es la única.

De hecho, la política, entendida –de forma abstracta– como la organización humana de nuestra convivencia, está directamente apelada por la ciudadanía a gobernar estas urgencias que nuestro desarrollo está produciendo. Más que nunca, la pandemia ha situado en la escena global el conjunto de nuestros intereses. El mundo entero ha estado pendiente de saber si el virus venía de una zoonosis en una ciudad china o había sido ‘fabricado’ en un laboratorio; ha vivido con angustia la espera de la vacuna mirando a los laboratorios americanos, ingleses, chinos o rusos; ha seguido las recomendaciones de la OMS y las estadísticas de contagios y muertes en cada país para saber dónde era posible viajar o no. Hoy el planeta al completo se halla afectado por la cadena de suministro de miles de objetos en un sistema de producción deslocalizado entre múltiples países. El turismo y los viajes en avión, los costes energéticos, los fondos financieros de la recuperación: todo se ha hecho global en este escenario supranacional que la pandemia ha acelerado y ha puesto en evidencia.

La política ha fracasado en la gestión de todas estas consecuencias. Surgen, así, varias preguntas. ¿Quién falló en la deslocalización desordenada y masiva que dejó a Occidente falto de suministros sanitarios básicos? ¿Quiénes habían previsto que un shock universal de oferta acabaría produciendo bloqueos productivos esenciales? ¿Pudo evitarse el parón general de los puertos y del transporte marítimo de contenedores?

Durante la pandemia, ¿dónde quedó la política? Al fin y al cabo, política es repartir las vacunas, y hasta hoy solo el 4% de la población de los países pobres ha sido vacunado; mientras tanto, corremos el riesgo de que 800 millones de dosis almacenadas en los frigoríficos occidentales corran el riesgo de caducar. Política también es que los organismos financieros internacionales y los Bancos Multilaterales de Desarrollo aporten financiación a países necesitados de recursos para enfrentar los daños sociales y económicos de la pandemia. La política es, a su vez, fortalecer la OMS y crear un sistema global de monitorización y prevención de pandemias, así como negociar con los laboratorios la liberalización de las patentes –y universalizar así su producción a costes mínimos– de unas vacunas de las cuales los gobiernos han financiado la mayor parte de los costes de la investigación. Política es tomar medidas para que no se produzcan cuellos de botella en las cadenas de suministro, asegurar las infraestructuras tecnológicas –que se han revelado esenciales para mantener la vida en periodos de confinamiento masivo de la población– y asegurar la transición ecológica hacia la descarbonización. La política es, en definitiva, casi todo.

La gran lección, por ello, es reconocer que la ‘desgobernanza‘ de la globalización –esa escena planetaria en la que nos ha colocado la pandemia– reclama una acción política supranacional, coordinada, proactiva, previsora, interventora, humanitaria y, por supuesto, ecológica.

Cometen un error quienes quieren trasladar las numerosas incertidumbres y miedos que genera el futuro hacia el Estado-nación, como si éste fuera el último y el único refugio. El refuerzo de la tentación nacionalista como antídoto a la globalización desgobernada nos conduce por el camino equivocado: las "seguridades" nacionales son falsas ante la dimensión de los retos que amenazan a la humanidad. El futuro no es nacionalista, sino global. El reto, por tanto, es gobernar lo desgobernado, pues la mayoría de los problemas que enfrentamos reclaman soluciones supranacionales. El futuro no es, tal como decía Trump, de los patriotas, sino de los globalistas exigentes con la gobernanza planetaria.

Otra cosa es que la ciudadanía reclame el fortalecimiento de las instituciones llamadas a proporcionar seguridad, salud, libertad, igualdad y todos aquellos bienes públicos que configuran su contrato social. Aquí tenemos un espacio nacional ineludible para afrontar la calidad de nuestros sistemas democráticos. Renovar el contrato social, el que vincula la ciudadanía con sus instituciones, reclama de la izquierda política –especialmente de la socialdemocracia– y de sus mejores ideas para poder restablecer la igualdad, fortalecer los servicios públicos y enriquecer la democracia.

El G-20 de Roma y la cumbre de Glasgow han dado pasos en la buena dirección. El multilateralismo volvió con Joe Biden, observándose en los avances que se adoptan en materias tan diversas como la fiscalidad mínima a las empresas multinacionales y los compromisos en la descarbonización. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia merecen más solidaridad internacional en el reparto de las vacunas, así como más valentía institucional en la organización sanitaria mundial. La ciencia, que se comunica, se difunde y se comparte al margen de las fronteras nacionales, nos da un buen ejemplo para una política que necesita incorporar el multilateralismo y la cooperación de la solidaridad como elementos nucleares de un mundo más justo.

Publicado en   Ethic, 10/11/2021 
 

5 de noviembre de 2021

La Fiscalidad en los ESG

En la larga marcha de la Responsabilidad Social de las Empresas, el “Reporte” siempre ha sido fundamental. Al principio, en los comienzos de este siglo, se llamaba la “triple memoria”, aludiendo así a la necesidad de que las memorias de las empresas no contuvieran solo los resultados financieros, sino que incluyeran también los datos sociales y laborales de la compañía. Recuerdo muy bien la firme oposición de la CEOE a esta exigencia cuando su representante nos preguntaba en la subcomisión parlamentaria creada al efecto, por qué debían informar las empresas de sus datos sociolaborales si cumplían con las leyes y por qué debían hacerlo si sus prácticas que superaban los mínimos legales, eran totalmente voluntarias.

Esto era en 2003-2004 y desde entonces -quien lo iba a decir- esta materia ha evolucionado mucho. En 2014 la UE estableció la obligatoriedad de la Información no financiera para las empresas grandes, que fue convertida en ley en España a finales de 2018 mediante la transposición correspondiente de la Directiva. Ahora, en abril de este año, la Comisión Europea ha lanzado el procedimiento legislativo de una nueva directiva que amplía considerablemente el universo de las empresas afectadas por esta exigencia y detalla extraordinariamente el contenido de la información que sus “Reportes” deben contener [(Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)]

Bajo las siglas ESG, todo el mundo de la Sostenibilidad empresarial entiende que se integran múltiples epígrafes de información en tres aéreas fundamentales de la vida de las empresas.

“E” equivale a mediciones del compromiso empresarial contra el cambio climático: Estrategia de descarbonización, huella de carbono, Taxonomía UE sobre Finanzas Sostenibles, etc.

“S” equivale a condiciones de trabajo: salud, seguridad, igualdad frente a las brechas de género, diversidad. etc. También incluye DDHH y cadena de suministro.

“G” equivale a transparencia sobre todo y a todos. Criterios de gobernanza de los diferentes planos señalados en los capítulos anteriores, debida diligencia, controles interiores compliance etc.

Me pregunto dónde queda la Fiscalidad de las empresas. Sorprende que siendo este un tema de creciente alarma social, no forme parte de las exigencias informativas a las empresas. Hasta el G-20 acaba de aprobar una medida (el impuesto mínimo del 15%) a la vista del hecho evidente y reiterado de que las grandes compañías multinacionales aprovechan las diferentes normativas nacionales para desarrollar una ingeniaría fiscal elusiva. Cuando está más que acreditada la evasión fiscal en los espacios fiscales opacos, de patrimonios y beneficios que lesionan la capacidad recaudatoria de las haciendas nacionales. Cuando todo el mundo sabe que las plataformas y las grandes empresas tecnológicas tienen la capacidad de ubicar sus beneficios donde la presión fiscal es menor o simplemente no es.

La cultura de la sostenibilidad no puede eludir esta exigencia informativa, porque al hacerlo, lesiona la credibilidad del concepto y destruye la viabilidad de su expansión social. Además, afecta a la competencia, porque quienes cumplen con las normas fiscales, ven perjudicadas sus expectativas por sus rivales defraudadores y se genera así un espíritu de incumplimiento fiscal en el seno de la sociedad de gravísimas consecuencias.

Digámoslo claramente, la información fiscal, (country by contry) de las empresas ante sus respectivas haciendas nacionales, es un factor fundamental de la credibilidad sostenible y debe ser expresamente incluido en la nueva directiva europea. Queremos saber cuánto paga cada empresa en cada país. Queremos que se establezca una metodología informativa homogénea y queremos que esa información venga avalada por el departamento fiscal correspondiente

Quienes creemos en el valor social de la sostenibilidad, quienes defendemos la importancia de esta cultura empresarial en el contexto de las grandes trasformaciones sociales y económicas que estamos viviendo, quienes reclamamos una empresa responsable y comprometida con su entorno y con sus stakeholders, no podemos permanecer impasibles ante esta ausencia.

Publicado en Diario Responsable, 5 noviembre 2021

28 de octubre de 2021

De la revolución a la tiranía

Nicaragua está llamada a votar el 7 de noviembre en unas condiciones democráticamente inaceptables. No hay por quién votar. No hay porqué votar. 

Entré en la cárcel del Chipote en enero de 2019, unos meses después de la revuelta social de abril de 2018 en Nicaragua en la que murieron más de trescientas personas. El primer preso que vimos llevaba meses encerrado en una celda con un pequeño tragaluz, sin salidas al patio y sin visitas. Se abrazó a nosotros, nos pidió una Biblia y una bombilla. Se llamaba Miguel Mora, periodista, acusado de incitación al terrorismo. Fue liberado un año después. Hoy ha vuelto a ser encarcelado en una nueva cárcel del Chipote, ante las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. Su nuevo delito: atreverse a ser candidato.
Junto a él están encarcelados aproximadamente 150 líderes políticos y sociales del país. Entre ellos siete candidatos presidenciales que pretendieron disputar la presidencia al comandante Ortega, el viejo líder sandinista de aquella revolución triunfante contra el dictador Somoza en 1979. El joven revolucionario de entonces hoy es un viejo dictador, un tirano. 

Cuando finalizaba la visita de observación internacional que el Parlamento Europeo hizo a Managua aquel mes de enero de 2019 mantuvimos una tensa, pero cordial, entrevista con el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Le expusimos nuestras denuncias, le pedimos la libertad de los presos, le aconsejamos serenar y consensuar el país... le exigimos elecciones libres. Su respuesta fue una confusa acusación a Estados Unidos de todos los males de su país. La vieja atribución a los yankis de todas las responsabilidades, el chivo expiatorio que buscan todos los dictadores para ocultar las suyas. Como los militares argentinos que invadieron las Malvinas para ocultar sus crímenes y la ruina económica del país. 
Nuestra visita abrió un horizonte de negociación hacía un proceso electoral democráticamente aceptable. La comunidad internacional presionaba hacia unas elecciones libres en 2021. Hasta que Ortega y su Frente Sandinista intuyeron que podían perder y aquí se inició una nueva ola represiva que ilegalizó partidos, cerró periódicos y medios de comunicación hostigó a líderes campesinos, sociales y estudiantiles y finalmente encarceló, con acusaciones delirantes, a todos los candidatos a la presidencia.

 Hoy siguen en la cárcel la mayoría de ellos, en arresto domiciliario (la señora Chamorro) o en el exilio. Las organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas del país, los obispos son acusados de terroristas, algunas embajadas han tenido que retirar su representación por las ofensas recibidas (como la española), líderes históricos del país permanecen en el exilio (como Sergio Ramírez), no hay libertades ni pluralismo político. Una Policía del Frente, paralela a la oficial pero sin control, siembra el miedo y la coacción por doquier y miles de líderes, mediáticos, sociales y políticos, han tenido que abandonar el país. Esta es la Nicaragua de hoy y la que está llamada a votar el próximo 7 de noviembre, sin observación electoral internacional y en unas condiciones democráticamente inaceptables. Una farsa. No hay por quién votar. No hay porqué votar. 

Nicaragua es un pequeño país de esa Centroamérica marginada y torturada por su historia y su pobreza. Yo añadiría también por sus dirigentes. Honduras, Guatemala, El Salvador, junto a Nicaragua, son países que encontraron la paz a sus guerrillas y a sus conflictos internos en los Acuerdos de Esquipulas (1985) pero, desgraciadamente, no encontraron el progreso y el bienestar. Ahora, algunos de ellos están en manos del narcotráfico, de populistas o de simples dictadores. 

Nadie se preocupa por ellos. La comunidad internacional, Estados Unidos principalmente, mira a sus masas migratorias, hacia río Grande y poco más. Pero Nicaragua es un país que suscitó la solidaridad de cientos de europeos que se unieron a la guerrilla contra Somoza. He conocido a varios de ellos que hoy lamentan que aquel movimiento insurgente cargado de épica de justicia y libertad se haya convertido en una maquinaria represora y que su líder sea una réplica del viejo caudillo. 

Las democracias pueden definirse de muchas maneras. Hay una que es simple pero rotunda: Es la aceptación de la derrota, la admisión de la alternancia política. Es el reconocimiento de que el pueblo vota en libertad y al hacerlo puede poner fin a tu poder. Por eso, tienen razón los que dicen que no hay que poner calificativos a la democracia. Tampoco a las dictaduras. Por ser de izquierdas, las dictaduras no dejan de serlo. Al contrario, prostituyen la izquierda, la destruyen al pisotear la libertad. Ningún ideal de justicia y de igualdad social puede sostenerse negando las libertades y el pluralismo político. Ya lo dijimos algunos en el eslogan de nuestro primer congreso en democracia: «Socialismo es libertad».

Publicado en El Correo y Diario Vasco 28/10/2021

20 de octubre de 2021

Avanzan, pero nunca llegarán.

Positivo, aunque insuficiente. Ese sería el análisis más objetivo, más equilibrado de la reciente declaración de Otegi-Sortu, para conmemorar el décimo aniversario del fin de la violencia. Entre las valoraciones extremas de ese comunicado, las que consideran que ha sido un paso histórico y las que lo desprecian, creo que el término medio es el más justo y el que contempla con más precisión su significado.

Es positivo porque nunca habían llegado tan lejos: “Queremos trasladarles (a las víctimas) nuestro pesar y nuestro dolor por el sufrimiento producido”. Realmente no es la primera vez que lo hacen, pero nunca lo hicieron tan solemne ni tan expresamente. El día y el lugar elegidos y la forma en que lo expresaron añadieron simbolismo y cierta sinceridad al reconocimiento del daño causado.

“Nunca debió haberse producido”. ¿Es esto una condena? No, no llega a tanto, aunque sí es una autocrítica, que, sin embargo, ya fue introducida en el comunicado de ETA de 2018, cuando anunciaron la disolución de la banda. “ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de ello debió producirse jamás o que no debió prologarse tanto en el tiempo”. (abril 2018)

Como verán, esto ya estaba dicho, pero eso no quita que tenga un valor hacerlo, en una cumbre de la izquierda abertzale, aunque sea tan tarde. El significado político más relevante es la confirmación de una paz que resulta irreversible.

Puede que el objetivo de Sortu sea reforzar su legitimidad política y abrir así expectativas de gobierno y de poder que estaban cerradas por las exigencias éticas no cumplidas. Pero, incluso en ese caso, tranquiliza saber que su apuesta política, tan tardía como forzada por su propia derrota, es bienvenida.

Este es el sentimiento mayoritario de la sociedad vasca cuando ve y lee este tipo de declaraciones. La paz se ha asentado en nuestras calles y en nuestras vidas de una manera rápida y sólida. En poco tiempo, nos hemos acostumbrado a está normalidad maravillosa que nos fue arrebatada a lo largo de casi toda nuestra vida.

¿Es suficiente? En mi opinión no lo es. Falta el reconocimiento de que matar estuvo mal. Falta un reconocimiento político de que la lucha armada nunca fue necesaria y que su verdadero error político y moral fue combatir a sangre y fuego a la democracia, al autogobierno, al pluralismo y al pueblo. Falta reconocer la injusticia de aquella opción. Falta asumir la culpa y la responsabilidad del daño causado a tantos inocentes y falta hacerlo con claridad y sin escudarse en la vieja filosofía del conflicto. Falta decir “Matar estuvo mal”.

¿Pueden llegar a este punto? Es muy difícil porque supone una enmienda a la totalidad de toda su historia. Representa un reconocimiento de que sus crímenes y su propio dolor no sirvieron para nada. Algo parecido a lo que respondieron algunos “provos” (militantes del IRA) cuando sus dirigentes les explicaron los acuerdos del “Good Friday” (GFA) “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”

Pues eso.

Publicado en  Huffington Post, 20/10/2021

13 de octubre de 2021

Fin de ETA: 10 años que transformaron nuestro mundo.

Han pasado ya 10 años desde que ETA anunciara “el cese definitivo de su acción armada”. Fue una tarde memorable. Estábamos en Vitoria e íbamos a iniciar un debate electoral con Alfonso Alonso (PP) y Emilio Olabarría (PNV). Decidimos suspenderlo y tomarnos unas cervezas con los asistentes. Siempre creímos que un día así nunca llegaría. Unos años más tarde, en mayo de 2018, anunciaron la disolución de la banda. Se cumplían 50 años de su primer atentado mortal, el guardia civil José Pardines, asesinado por Txabi Etxebarrieta en Aduna (Tolosa), verdadero comienzo de la historia criminal de ETA.

Al comienzo de esta tragedia, muchos creyeron que había razones para su lucha. Fue el primero de muchos errores. Nunca lucharon por la democracia española. Es más, luego la combatieron a sangre y fuego. Pero, aunque la democracia hubiese sido su razón política, nunca hubo razones para matar. Nunca, ninguna. De aquellos polvos vinieron luego grandes lodos. Su origen fue un fanatismo nacionalista, construido sobre una patria mitológica y una identidad etnicista excluyente. Situarlos en el marxismo-leninismo fue también equivocado. Creer que su lucha era revolucionaria engañó a demasiados, demasiado tiempo.

Su error, su inmenso error, fue despreciar la enorme generosidad de la amnistía, que no dejó ni uno solo de sus presos en la cárcel y las enormes avenidas de libertad y de autogobierno que configuraron la Constitución y el Estatuto de Gernika a finales de los años setenta. Desprecio agresivo y brutal porque su estadística asesina es elocuente: 74 asesinatos entre 1968 y 1977 y casi 800 entre 1978 y 2011, con particular incidencia en los años 1978 a 1984 con 390 asesinatos.

Nunca se les ha llamado así, pero ETA fue, objetivamente, una organización golpista durante los años de construcción democrática de España. Sus intencionados ataques a mandos militares y a políticos y guardias civiles, día sí, día también, buscaban objetivamente provocar a los aparatos fácticos del Estado, en una espiral “acción-represión” en la que, desgraciadamente, también cayó una democracia débil, asediada y demasiado aislada en el País Vasco de entonces.

El gran salto de paz lo dimos con el Pacto de Ajuria Enea. Otorgar al nacionalismo vasco el liderazgo en la deslegitimación social de la violencia (Ardanza: “No compartimos con ellos ni métodos ni fines”), e introducir en el país una nueva línea divisoria entre demócratas y violentos que sustituyó a la nefasta separación entre nacionalistas y no nacionalistas, fue definitivo en la superación del magma social que promovía o amparaba la violencia. Aquel Gobierno de coalición, PNV-PSE (PSOE), construido en gran parte sobre la generosidad socialista, inició otra etapa que resultó clave en la derrota final del terrorismo.

Durante muchos años la democracia permitió la coexistencia del brazo político de la banda, creyendo y esperando que la violencia desaguara a la política. La disolución de ETA Político-militar a comienzos de los años ochenta y la creación de Euskadiko Ezkerra (gracias a Mario Onaindía, Juan María Bandrés y Juan José Rosón) animaron esta convicción. Hasta que descubrimos que esa confianza era ingenua. En 2002, fruto del Pacto antiterrorista, decidimos ilegalizar su partido y su entorno social. Rectificar fue un acierto. La experiencia nos había demostrado que aprovechaban los espacios legales para retroalimentar y reforzar socialmente su violencia. De hecho, la ilegalización y la persecución judicial de su entorno ayudó a que emergiera en Batasuna una fuerte corriente política interna que reclamaba el fin de la violencia, antes de que esta arruinara su causa. Ellos ayudaron también a buscar el final.

Han pasado muchos años y mucho sufrimiento, pero el final ha sido extraordinario. Mirando atrás, con la perspectiva de estos 10 años que han hecho irreversible la paz, nadie puede dudar de que la democracia española también superó este difícil reto. No hubo concesiones políticas. Sus presos cumplen sus penas y las víctimas ocupan la centralidad del relato. Ningún país de los que han sufrido fenómenos semejantes ha logrado un final tan limpio, tan rotundo, sin perjuicio ninguno a la justicia y al Estado de derecho. Que su entorno político participe de la democracia y de sus instituciones es la mejor manifestación de nuestra superioridad moral. “O votos o bombas”, decía Alfredo Pérez Rubalcaba, con esa inteligente sencillez con que resumía ideas complejas. Su renuncia a la violencia les otorgaba el derecho a la representación política que obtuvieran con sus votos. Por eso, resulta lamentable que algunos se empeñen en conceder a la violencia un triunfo que nunca obtuvo y devaluar, o peor, cuestionar así, la victoria de la democracia sobre el terror.

Otro de los grandes mitos de esta tragedia es la que atribuye a la sociedad vasca la victoria sobre ETA. Realmente tenemos que reconocer que la reacción social a la violencia fue tardía y débil. Muchos vivimos la soledad de las víctimas y la frialdad política y eclesiástica del país durante muchos años como para poder decirlo. La reacción social contra ETA comenzó realmente en julio de 1997 cuando secuestraron y mataron a Miguel Ángel Blanco y se organizó en defensa de las víctimas con la creación del ¡Basta Ya! a principios del nuevo siglo. Fue importante en la fase final de la violencia, pero a ETA la venció la policía, desarticulando sus comandos y sus cúpulas, y convenciéndoles así de la imposibilidad de su triunfo y por tanto de la inutilidad de su lucha. En ese contexto, la aparición del terrorismo yihadista, el fin de la violencia en Irlanda, la presión interna de sus cuadros políticos y una escenificación internacional hábilmente gestionada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, hicieron el resto.

Hoy el País Vasco vive relajado y feliz. Tal y como pensábamos muchos, la pulsión radical se ha atenuado. El nacionalismo es mayoritario, pero su mayoría está limitada por la moderación y condicionada a su pragmatismo. Los sentimientos identitarios siguen siendo muy fuertes, pero la pretensión independentista se ha reducido al 20% de la población, algo menos de la mitad de lo que las encuestas mostraban hace 10 años.

Cabe preguntarse para qué tanta tragedia. En No digas nada, una buena fotografía literaria del terrorismo irlandés, Patrick Radden narra el momento en el que los dirigentes del IRA dan cuenta a sus militares de los Acuerdos de Viernes Santo. Dolours Price, una de las históricas militantes, pregunta finalmente: “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”. Los paralelismos son evidentes.

Al final de Patria, una excelente novela de Fernando Aramburu y una buena serie de televisión, las dos mujeres protagonistas de la historia, la viuda del asesinado y la madre del etarra, amigas antes y enemigas después, se cruzan en la plaza del pueblo, a la salida de misa, y se dan un abrazo. Es un abrazo ligero, tenue, casi obligado por el encuentro fortuito. Parece un abrazo de reconciliación, de perdón, pero no llega a tanto. Sin embargo, expresa bien dos sentimientos que inundan la sociedad vasca a los 10 años del final del terrorismo. De una parte, cierta generosidad que impregna el corazón de la mayoría, deseosos de construir una sociedad que supere las heridas abiertas por esta tragedia de cuarenta años. De otra, el olvido, la huida del pasado, una especie de fuga hacia el futuro que aleje de nuestros recuerdos tanta desgracia y tanta culpa. Nadie quiere responder esta pregunta tan incómoda que —desgraciadamente— nuestros hijos no nos hacen: ¿cómo fuisteis capaces?

Publicado en El país, 13/10/2021