Los debates que no tenemos.

Después de la derrota electoral de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba me encargó organizar una reflexión colectiva, profunda y renovadora, para debatir una nueva oferta política del PSOE, gravemente desgastado por la crisis económica y frente a una sociedad que mostraba quejas muy serias y tendencias pluripartidistas evidentes. Durante un año largo, más de 20 grupos, formados por expertos, propios y ajenos al PSOE, debatieron y concluyeron una docena de documentos que abarcaban los grandes temas del momento. Una conferencia política celebrada en noviembre de 2013 (semejante a un congreso federal) adoptó las grandes resoluciones que han sostenido muchas de las bases ideológicas del partido estos últimos años.

Hoy vivimos asaltados por cambios estructurales y valores ideológicos mucho más trascendentes y peligrosos que entonces: el orden internacional ha saltado por los aires; la democracia es combatida desde múltiples frentes; Europa está en riesgo; la desigualdad crece y nuestras herramientas para reducirla han quedado obsoletas; valores liberales y aspiraciones de justicia que creíamos en permanente progreso son cuestionados o combatidos abiertamente; algunos sectores sociales, compañeros de viaje en nuestras políticas transformadoras, están siendo atraídos por populismos demagógicos…, así podríamos seguir con una larga lista de amenazas ideológicas.

Qué más tiene que pasar para que nos paremos a pensar? ¿Para cuándo la autocrítica? ¿Cuándo y cómo abordaremos debates imprescindibles de nuestra estrategia política para los próximos años? Veamos unos cuantos, solo a modo de ejemplo:

Recuperar nuestra vocación de mayoría y nuestro proyecto federal. Nuestro proyecto político está seriamente limitado en una coalición, que ha servido, pero que no tiene futuro. Habrá exigencias nacionalistas inasumibles y hay partidos que ya han decidido no sumarse a ella. Los efectos electorales de esos pactos en las comunidades no nacionalistas son negativos. Necesitamos recuperar la autonomía política de un proyecto nacional y ser percibidos como garantía de aspiraciones comunes de todos los españoles. Tenemos una propuesta consensuada internamente para la España autonómica. Ese proyecto no es compatible con las pretensiones últimas y de fondo que nos plantean los nacionalismos: la autodeterminación, vía consulta o vía reconocimiento del llamado derecho a decidir y los mecanismos confederales derivados de supuestas soberanías originales e iguales a las del Estado. No hay punto de encuentro en esos planteamientos, y debemos dejarlo claro ante todo y ante todos.

El combate ideológico a la “nueva derecha”. Hay un “corpus doctrinal” en la ultraderecha que se proyecta con fuerza creciente en Europa impulsada por MAGA y por Estados Unidos. Un neonacionalismo patriota que alimenta el orgullo identitario y concentra en la nación la solución de los problemas. Un antieuropeísmo objetivo y militante que pretende la deconstrucción de la Unión. Un rechazo agresivo al diferente y al extranjero. El negacionismo del cambio climático. Su adhesión a los nuevos imperios frente al multilateralismo. Su querencia por los “hombres fuertes” y autoritarios y el desprecio por los valores liberales y la democracia misma. Sus códigos reaccionarios de conducta social y de moral pública. Su rechazo a la revolución feminista.

Hay una batalla cultural e ideológica por hacer desde el socialismo liberal contra esa doctrina. No basta la descalificación. Necesitamos rearmar nuestros argumentos y enfrentarlos día a día, en todos los planos y en los nuevos medios de comunicación.

Reformas que fortalezcan la centralidad política. El multipartidismo no es cuestionable porque así lo deciden los electores, pero sus efectos sí son negociables. El multipartidismo en España ha acabado configurando dos grandes bloques enfrentados y antagónicos. Parecemos condenados a perpetuarlos si no introducimos reformas electorales o facilitamos la investidura a la minoría mayoritaria. Esto devolvería al Parlamento la geometría variable del pacto con todos y facilitaría los pactos de Estado que España necesita. Sería, además, un poderoso estímulo electoral a las dos fuerzas centrales del país.

Este debate ni es fácil ni es pacífico, por las evidentes consecuencias estratégicas que conlleva, pero abordarlo me parece tan necesario y conveniente como inaplazable.

Estado de derecho, instituciones y Constitución. Nuestras instituciones democráticas están sometidas a un acoso extraordinario y a un peligroso deterioro de su credibilidad Desde la pandemia, el decreto ley sustituye al Legislativo y el Parlamento pierde poder. Su proyección social se devalúa por la creciente agresividad de la polarización. El Poder Judicial está sometido a múltiples presiones y recuperar su credibilidad asegurando su independencia es tarea primordial. Muchos organismos institucionales deben ser reforzados en sus condiciones apartidistas y en la objetividad de sus miembros. Los medios y las redes deben contribuir a restaurar el edificio deliberativo de la conversación pública que la democracia exige y no lo contrario.

La Constitución necesita reformas conocidas. Un debate interno bien planteado debiera permitirnos ordenar y sistematizar nuestras propuestas de reforma y enriquecer así el debate político de nuestro país: desde las cuestiones territoriales del modelo autonómico hasta la reforma del Senado; desde la inclusión de Europa en nuestro texto constitucional hasta la financiación de autonomías y ayuntamientos; desde la igualdad de mujeres y hombres hasta la incorporación de nuevos derechos fundamentales, incluyendo los digitales.

Renovación socialdemócrata. A pesar de los notables avances sociales producidos estos últimos años, la socialdemocracia encuentra límites a sus políticas de igualdad. La fiscalidad internacional no avanza. Nuevas necesidades defensivas y un alto endeudamiento no permiten aumentos de gasto público. Un nuevo capitalismo financiero y globalizado impone límites a la legislación nacional. La tecnología genera nuevas divisiones sociales entre países y entre trabajadores. Los nuevos oligarcas tecnológicos imponen su ley al mundo. El listado de estos límites es desgraciadamente demasiado largo. Tenemos que renovar nuestras herramientas, nuestras ofertas, nuestros instrumentos en favor de nuestras viejas demandas. Están surgiendo nuevas ideas sobre la necesidad de concretar objetivos precisos en materias vitales muy precarias: vivienda, energía, transporte, como banderas de una política predistributiva y de resolver las deficiencias surgidas en los servicios públicos esenciales, educación y sanidad principalmente. Modernizar nuestra oferta social no será fácil, porque entraña también un controvertido análisis sobre el deslizamiento de nuestro gasto hacia la población mayor y quizás reorientaciones de gasto hacia otros colectivos. En ese sentido, nuestras políticas pre y redistributivas deben reformularse para ofrecer a los jóvenes españoles medidas capaces de recuperar su afecto por la política y su confianza en el PSOE. Desde la pobreza infantil hasta el ascensor social educativo; desde la vivienda hasta los contratos laborales de inicio y sus condiciones. Analizar a fondo la penetración del populismo y la antipolítica entre los jóvenes es de una urgencia vital.

Es solo un índice de nuestras urgencias ideológicas y políticas. El PSOE está falto de pluralismo interno y de debate abierto. Este es el único espíritu de este artículo.

Publicado en El País, 9-2-2026

 y de debate abierto. Este es el único espíritu de este artículo.

La transición española como modelo para Venezuela.

Nadie sabe cómo será la transición democrática de Venezuela después del asalto de Trump. Tampoco sabemos si Estados Unidos se esforzarán en ello, una vez bajo su control la recuperación petrolera y la estabilización económica. Lo que parece incuestionable es que se ha abierto un horizonte político hacia la normalización democrática llena de incertidumbres, dificultades y esperanzas.

Quienes protagonizamos la transición española desde la dictadura franquista a la democracia, aquellos años setenta del pasado siglo, vemos signos alentadores en los primeros movimientos de la nueva presidenta y apreciamos ciertas semejanzas con la hoja de ruta que guio -con éxito- nuestro proceso. Recordarla y adaptarla, puede ser útil para ese atribulado pueblo.

¿Quiere ser Delcy Rodríguez el Suárez español de los setenta? La presidenta encargada parece empeñada en dirigir al chavismo hacia el juego democrático limpio, pretendiendo con ello evitar un final traumático y el desmoronamiento político del chavismo y jugaras sus propias opciones en unas elecciones libres. Aprovecha para ello la confianza pragmática que el Gobierno norteamericano ha depositado en ella, aplica las instrucciones energéticas y económicas que le dicta Washington y comienza un proceso de normalización democrática con la liberación de presos políticos y la promulgación de una amnistía. 

Salvando otras evidentes diferencia, esa estrategia se parece mucho a la del joven presidente español que desde el aparato del régimen quería avanzar hacia la democracia con la intención de aprovechar su ventajosa posición en el gobierno para ganar las primeras elecciones democráticas. Es un movimiento tan oportunista como necesario, pero nosotros no olvidamos que la primera condición del éxito español es que hubo alguien en el franquismo que quiso acabar con él.

¿Quiere la oposición venezolana pactar una hoja de ruta hacia un nuevo comienzo democrático?Nosotros exigimos libertadesdemocráticas, legalización de todos los partidos, igualdad de condiciones y limpieza en el juego electoral y una convocatoria para elegir un parlamento democrático.

Ese pacto en la Venezuela de hoy, exige garantías plenas para que todos los partidos políticos sean legalizados, para que todos los líderes y representantes políticos gocen de plenos derechos para el ejercicio de su acción política en el interior del país y para que se eliminen las arbitrarias limitaciones que han sufrido sus candidaturas ante la justicia electoral. En pocas semanas, los líderes y sus partidos volverán a la escena democrática y un pacto sobre el proceso es imprescindible.

El pacto, por eso, exige fijar una fecha para las elecciones a la Asamblea Nacional. Estas elecciones son básicas en la Venezuela de hoy porque es preciso saber el peso electoral de las fuerzas políticas. Al respecto, conviene recordar que tras el triunfo de Edmundo González y María Corina Machado el 28 de julio de 2024, había una plataforma de fuerzas políticas diversas que tienen tanto derecho como el candidato a atribuirse a aquel triunfo colectivo y que objetivamente hoy no se sienten representadas por las decisiones de la señora Machado, de manera que es imprescindible clarificar el peso electoral de cada fuerza política en el seno del país.

La amnistía del pasado. La nueva Asamblea tendrá toda la legitimación para adoptar una decisión necesaria: el perdón del pasado. Se trata de construir un futuro común, sin agravios ni venganzas, sin olvidar, pero perdonando. Una Venezuela de todos y para todos que supere estas dos décadas sin exigencias penales para nadie y que aborde una etapa de reconciliación nacional con memoria, pero sin 

heridas abiertas. En España también hubo dos leyes de amnistía: una antes de las primeras elecciones democráticas y otra, recién celebradas estas, que abordó la condición necesaria de reconciliación nacional: el perdón del pasado.

Esa Asamblea decidirá soberanamente si se proclama Constituyente y elabora una nueva Constitución, que en su caso, sería consensuada en su seno y sometida a referéndum del pueblo para su ratificación.

En ese caso, las elecciones presidenciales deberían ser convocadas inmediatamente después de ese referéndum, al mismo tiempo que las elecciones para una nueva Asamblea Nacional, esta vez elegida ya sobre la base de la nueva Constitución aprobada.

Si la voluntad mayoritaria de las fuerzas políticas entiende que no es necesario un proceso constituyente porque la actual Constitución es válida para guiar la convivencia democrática, la Asamblea Nacional debería dar lugar a un gobierno de concentración en proporción a las fuerzas representativas de los principales partidos. La tarea de ese gobierno sería la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales, así como la de las elecciones locales a alcaldes y gobernadores.

Este esquema es solo una sugerencia. La clave, más allá de los detalles, es el diálogo entre los actores políticos internos del país que dé lugar a un pacto sin tutelas y que permita recuperar así la soberanía democrática de Venezuela sobre el futuro del país.

Publicado en El País América, 7-2-2026

UE-Mercosur: un acuerdo bloqueado.

"Europa está perdiendo una oportunidad irrepetible de dar una muestra al mundo de su apuesta por el libre comercio y las relaciones económicas reguladas frente a las guerras tarifarias y la unilateralidad. Cuando la presencia norteamericana resulta más imperiosa y dominante que nunca en América Latina, Europa tenía en su mano la oferta de la cooperación y el diálogo, la política del acuerdo y el respeto, la bandera de la fraternidad para el continente hermano"

LA decisión del Parlamento Europeo de paralizar la tramitación del procedimiento para la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur, firmado el pasado día 17 en Asunción (Paraguay), es de una extraordinaria gravedad para Europa. No se trata de cuestionar el derecho del Parlamento Europeo a que el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) examine la compatibilidad del acuerdo con la ley europea, puesto que tal potestad está contemplada en los tratados. Sin embargo, en este caso, es legítimo interpretar que los solicitantes de ese informe previo pretendían, sobre todo, retrasar y bloquear la aprobación del tratado mediante una maniobra que interrumpe el procedimiento tasado del Parlamento para su ratificación. En términos prácticos, y tomando como referencia otros casos planteados en semejantes circunstancias (el tratado con Canadá, por ejemplo), este trámite nos obliga a esperar entre uno y dos años para que el tribunal confirme lo obvio: que el acuerdo no es contrario al Derecho europeo, entre otras cosas porque lo ha negociado la Comisión durante veinticinco años largos, y lo ha hecho asesorada por unos servicios jurídicos que revisan, hasta la exageración, cada uno de los aspectos negociados y cada uno de los párrafos del acuerdo.

¿Qué pasará en este plazo? Pasarán muchas cosas, pero todas malas. El Consejo, a petición de la Comisión, tiene la capacidad de decidir la aplicación provisional de las disposiciones que no son objeto del dictamen solicitado, pero mucho me temo que no lo hará. Tiene una fuerte oposición interna de los países que votaron contra el acuerdo en el Consejo: Francia, Polonia, Hungría, Irlanda y Austria. Se le sumará Bélgica, que se abstuvo, podrían sumarse otros, como Italia, que solo a última hora decidió apoyar el acuerdo, y otros que, aún estando a favor del mismo, no querrán un conflicto con el Parlamento ante las dudas sobre su ratificación posterior. Incluso un partido tan importante como el PP español, de un país clave para evaluar los apoyos del acuerdo, acaba de anunciar que habrá que esperar a conocer la resolución del TJUE. Todos sabemos a qué obedece este último giro de Núñez Feijóo: el temor electoral a Vox en el mundo rural. La conclusión no puede ser más triste: el campo derrota a Europa.

Mucho me sorprendería que el Consejo, liderado por Alemania, España, Suecia, Portugal, etcétera, impusiera por mayoría la aplicación provisional en un acto que acabaría siendo interpretado como despectivo hacia el Parlamento y que puede provocar una oposición política posterior mayor a la ratificación del acuerdo. Porque, digámoslo claramente, los 334 votos favorables a la paralización del procedimiento parlamentario pueden muy bien expresar una mayoría premonitoria del rechazo a la ratificación en su momento. Teóricamente, la suma de populares, socialistas y liberales podría ser mayoría (aproximadamente 400 diputados), pero el voto nacional se impone en este caso y los diputados franceses, polacos, etcétera, de los grupos mayoritarios rechazarán la consigna de sus respectivos grupos políticos, lo que explica la mayoría de 334 votos contra los 324 de la votación del Parlamento y hace temer una votación semejante cuando el tribunal devuelva el asunto a la Eurocámara, diciendo que no hay objeción jurídica al Tratado. Seguramente la Comisión y el Consejo opten por esperar al tribunal e instar una resolución rápida del contencioso, pero el tribunal tiene sus plazos y sus tiempos son tan soberanos como sus propias resoluciones.

Una postergación tan prolongada de la entrada en vigor del acuerdo y unas dudas tan grandes sobre su ratificación pueden llevar a alguno de los países –Brasil, por ejemplo– a olvidarse de Europa y plantear su política comercial mirando a otras partes del mundo. Inclusive, el conjunto de Mercosur puede hacer ese giro dando por muerto un acuerdo que ha tardado veinticinco años en negociarse y que, después de múltiples anexos y correcciones a peticiones sucesivas de Europa, es rechazado finalmente por el propio Parlamento Europeo. La influencia china y norteamericana crecerá y la nuestra se reducirá. Puedo pecar de pesimista, pero prefiero equivocarme y provocar reacciones que seguir proclamando las excelencias y parabienes de un acuerdo que está al borde del abismo y cuyo bloqueo representa un fracaso político enorme para Europa, en uno de sus momentos más oscuros.

Europa está perdiendo una oportunidad irrepetible de dar una muestra al mundo de su apuesta por el libre comercio y las relaciones económicas reguladas frente a las guerras tarifarias y la unilateralidad. Cuando la presencia norteamericana resulta más imperiosa y dominante que nunca en América Latina, Europa tenía en su mano la oferta de la cooperación y el diálogo, la política del acuerdo y el respeto, la bandera de la fraternidad para el continente hermano. Europa está perdiendo la oportunidad de formalizar el mayor tratado comercial del mundo en un contexto de crisis institucional del comercio mundial. Europa pierde su acceso al espacio económico más importante de América Latina (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y renuncia a los beneficios de una asociación vital para nuestra autonomía estratégica, para las inversiones en la cadena de suministro y para sus mercados exteriores.

Con Mercosur, Europa tendría al 92 por ciento de la población latinoamericana en su radar comercial bajo el principio de la regulación y de la liberación de aranceles. Sin Mercosur, nuestra política comercial y de asociación con América Latina tiene un enorme agujero negro en el espacio físico, poblacional y político de la Amazonía y de toda América del Sur.

Por último, el daño a la credibilidad internacional de Europa es demoledor. Somos poca cosa en muchos foros del mundo. Nuestro poder blando no es poder en la selva de la ley de la fuerza. El comercio era y es una de las bases del lenguaje del poder que mantenemos todavía, porque somos un mercado único de casi 500 millones de personas con alto valor de consumo. Pero si los acuerdos que nuestro Gobierno –la Comisión y el Consejo– negocian en nombre de los Veintisiete no los ratificamos o tardamos decenios en hacerlo, como ocurrió con América Central, ¿quién confiará en nosotros? Si Europa no ratifica un acuerdo negociado durante veintiséis años y adaptado a múltiples y reiteradas garantías para nuestro agro ¿qué pensarán nuestros interlocutores? Porque y de esto no se habla, pero no debemos olvidarlo. Aunque el acuerdo se apruebe definitivamente en el Parlamento Europeo y se ponga en vigor el apartado comercial y de inversiones, el resto del acuerdo, de asociación política y cooperación, debe ser ratificado por los 27 parlamentos nacionales y nadie duda de que tal ratificación no pasará el filtro de los parlamentos nacionales de los países que se han opuesto de manera firme al Tratado.

Error, tremendo error.

Publicado en ABC, 26/01/2026