27 de julio de 2019

Inevitable, inestable, insuficiente.


 No pudo ser más lamentable la teatralización que hicieron Podemos y el PSOE de sus diferencias en la negociación del gobierno non-nato. Fue tan descarnada la exposición pública de la lista de peticiones y propuestas de ministerios , que resultó una discusión obscena sobre el reparto del poder sin contenidos programáticos previos. Fue también una peligrosa puesta en escena de las culpas recíprocas, en una desesperada búsqueda del relato favorable. Tarde y mal, sin paliativos.

No merecen menores reproches las actitudes del PP y de Ciudadanos. No ha habido manera de obtener la abstención de alguno de ellos, bien porque no se ha buscado de manera coherente, bien porque, desde un principio, ambos partidos apostaron por un Gobierno de Sánchez apoyado en Podemos y en los nacionalistas para acentuar así los defectos que decían combatir: la debilidad y las malas compañías de un gobierno al que deseaban corta y fracasada vida. Particularmente cínica, además de groseramente insultante, resultó la definición de Rivera al «Plan Sánchez y a su banda», que estaba en su mano evitar. De manera que una conclusión parece clara, después de la frustrada semana que hemos vivido, un nuevo intento negociador parece obligado.
El gobierno de coalición PSOE-Podemos es, sin embargo, un Ejecutivo de mayoría minoritaria. Es decir, insuficiente. Sabemos que varios grupos nacionalistas se abstendrán para hacer posible la investidura en segunda vuelta, pero eso no quita para que se converse con ellos con carácter previo. La cortesía obliga y la prudencia lo aconseja, porque la mayoría absoluta será necesaria cientos de veces a lo largo de la legislatura (no olvidemos que 123 + 42 son 165)

Pero la insuficiencia de ese gobierno no es solo aritmética. Es política, y eso es mucho más grave. Los apoyos nacionalistas llevan factura y algunas de ellas son de alto coste. Con Cataluña y el Poder Judicial en el escenario, el Gobierno de España no tiene márgenes para alterar su política de firmeza democrática constitucional y mano tendida al diálogo y me temo que eso no será suficiente en los tiempos que vienen.

La inestabilidad también procede de la sociedad con Podemos. Es un partido cuyos comportamientos institucionales y políticos en la máxima esfera del poder son una incógnita. La desconfianza no era fácil de verbalizarla en la tribuna, pero es bastante comprensible. Procede de su propia naturaleza. Han nacido hace muy poco, en el origen de un movimiento asambleario y de protesta social. Nunca han gobernado y su íntima vocación era, y me temo que lo es, sustituir al PSOE en la izquierda española.

No conocemos cuál será su respeto institucional a la monarquía, cómo se comportarán con otras instituciones del Estado y hasta qué punto respetarán las normas internas de la jerarquía del Gobierno. Hay dudas sobre su política europea y sobre el pragmatismo al que obliga la gobernanza de la Unión en momentos muy difíciles, como lo será el Brexit sin acuerdo y otros planos de la política internacional sobre los que son constatables diferencias importantes: los acuerdos internacionales de Comercio (Mercosur, por ejemplo); la defensa europea y sus relaciones con la OTAN; la política monetaria del Euro; etc.

Sabemos ya que quieren protagonizar áreas de gestión propias y hacer valer su presencia en el Gobierno como garantía de sus propuestas partidarias. Lógico, pero preocupante. Sabemos también que en el tema catalán están más cerca de los nacionalistas que del Estado, lo que resultará conflictivo a buen seguro más pronto que tarde. De hecho, ya lo hemos visto en un par de episodios previos en la Mesa del Congreso y en la calificación de los procesados en prisión.

Es una inestabilidad y una insuficiencia nada deseables en un Ejecutivo y en un país que acumula importantes retrasos en la toma de decisiones, inaplazables en un mundo que no espera. La disrupción digital, la demografía y las inmigraciones, el cambio climático o los riesgos geopolíticos de un mundo en cambio exigen políticas concretas nada fáciles. Si añadimos la conflictividad política interior, se entiende bien esta alarma general que suscita la política española desde hace cuatro años.

Y sin embargo... tienen que entenderse. Hay que probar, cuanto antes mejor. No hay alternativa de gobierno, salvo nuevas elecciones, las cuartas en tres años y sin Ejecutivo hasta febrero de 2020 (y a saber). Inaceptable. Vergüenza de país.

No hay otra fórmula que la coalición de gobierno, una vez rechazada por Podemos la Colaboración (sic) y el Pacto de legislatura. Es legítima su exigencia y es una fórmula usual en todo el mundo en casos semejantes. La coalición exige negociar primero un acuerdo programático que incluya, incluso, algunos desacuerdos puntuales, delimitando las actuaciones diferenciadas al margen del gobierno y definiendo las normas de funcionamiento interno. Solo después se acuerdan las carteras, las funciones y las competencias respectivas. En Euskadi llevamos desde 1987 haciendo estas cosas, cuando se acordó el primer gobierno de coalición de la democracia española.

Se trata de una negociación prolija y larga, que deberían iniciar sendas representaciones cuanto antes. El reparto del poder no tiene por que ser proporcional. De serlo, no lo es a los votos (como reiteradamente pretende Iglesias), sino a los escaños en la Cámara. Se entiende y se debe aceptar que el presidente se reserva los ministerios de Estado, pero no son razonables otros límites en el reparto.

Aitor Esteban tenía razón. Todavía hay tiempo para enmendar el daño producido en una investidura fallida y volver a la senda de la sensatez y de las necesidades del país. Inclusive a la de las ilusiones de una izquierda política que puede sufrir en carne propia su fracaso en este intento.
Publicado en El Correo, 27/07/2019

17 de julio de 2019

UE-Mercosur: ¡Bravo!


Hay muchas voces alarmadas ante este acuerdo: granjeros franceses, irlandeses y polacos, temerosos de las importaciones de carne; ecologistas que creen que animará la deforestación de la Amazonia; proteccionistas de todo tipo sobre la competencia europea en su potencial exportador; empresarios sudamericanos que consideran que las exigencias de trazabilidad a las importaciones europeas son exageradas; izquierdistas de toda condición que se oponen a todo acuerdo comercial con argumentos retóricos del pasado... Por supuesto, hay intereses opuestos a este tipo de acuerdos y hay intereses legítimos afectados por una transición compleja hacia un intercambio comercial sustancialmente libre de aranceles nacionales.

Pero son razonamientos pequeños o infundados frente a la enorme trascendencia de este logro negociador en un proceso tan largo como complejo. Primero porque el acuerdo posee un enorme efecto geopolítico colocando a Europa y a América Latina en el tapete de la escena mundial. Frente al proteccionismo del 'America First', de la guerra comercial y tecnológica, frente a las amenazas comerciales para resolver problemas migratorios, frente a la elevación de aranceles al aluminio o al acero o a las aceitunas, frente a todo eso, Europa y Mercosur lanzan al mundo la buena nueva de un acuerdo que regula y favorece su comercio respectivo. Es una apuesta por el multilateralismo, la integración y el comercio internacional regulado frente al unilateralismo, el aislacionismo y el proteccionismo nacionalista.

Segundo porque se trata de dos mercados gigantescos, 500 millones por un lado y 250 por otro, lo que lo convierte en el mayor de su especie en la historia y en el mundo, colocando a Europa y a Mercosur como líderes de los acuerdos que propone la Organización Mundial de Comercio.
Este acuerdo acaba con el 91% de los aranceles que Mercosur imponía a los productos europeos, lo que se traduce en un ahorro de hasta 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas. Del mismo modo, la Unión Europea terminará con el 92% de sus aranceles actuales a productos de Mercosur, lo que favorecerá nuestro enorme mercado europeo a las empresas y productos de Mercosur.

Tercero porque culmina la base de acuerdos UE- AL, cubriendo el inmenso agujero negro que representaba la ausencia de un marco regulado entre Europa y los cuatro países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Hoy Europa dice al mundo y especialmente se enorgullece de tener 27 acuerdos con los 33 países de América Latina y el Caribe. La vocación latinoamericana de Europa recibe así un espaldarazo espectacular y consolida una alianza tejida hace veinte años cuando comenzaron en Río (1999) las cumbres UE-AL.

Cuarto porque el acuerdo no es solo de libre comercio, lo es también de asociación política y de cooperación. Europa es el tercer socio comercial más importante de América Latina y el Caribe con un comercio bilateral que alcanzó los 327.400 millones de euros en el mercado de bienes y servicios. Además es el primer inversor y quien desarrolla más del 50% de cooperación que recibe la región con una inversión extranjera directa de 784.600 millones de euros en 2017, así como 3.600 millones de euros de subvenciones para programas bilaterales y regionales en cooperación al desarrollo para el periodo 2014 y 2020 y más de 1.200 millones de euros de ayuda humanitaria durante los últimos 20 años.

Europa es un socio fiable, un amigo de América Latina. Nosotros tejemos alianzas, formamos cuadros, invertimos en infraestructuras, bancarizamos, conectamos, aseguramos, prestamos servicios públicos esenciales, construimos país y sociedad. Europa no es China para América Latina. Hay un mundo de valores humanos, familias, migraciones, historia, cultura en común. Favorecemos la paz en Colombia, trabajamos por una solución pacifica y democrática en Venezuela y Nicaragua, acordamos una asociación con Cuba para favorecer su modernización y su transito democrático. UE-Mercosur se inscribe en este contexto y responde a ese espíritu.

Algunos dicen que el acuerdo será más favorable para Europa porque nuestras empresas están más preparadas para ganar los concursos de compras publica y porque nuestras exigencias fitosanitarias y de trazabilidad a los productos foráneos limitan las posibilidades de muchos productores latinoamericanos. Quizás sea verdad, pero esta es la grandeza del acuerdo para nuestros países hermanos de Mercosur. Esa es la competencia que les hará mejores y que les permitirá exportar al mundo entero. Solo asumiendo la sostenibilidad medioambiental, el cumplimiento de los tratados internacionales, de los convenios OIT, asegurando la trazabilidad sanitaria completa de las cadenas de producción se puede ser una firma internacional. No hay futuro en la autarquía o en el proteccionismo empobrecedor.

Europa ha exigido en el acuerdo todos estos estándares porque no hay otra forma de contemplar el siglo XXI sino en el respeto absoluto a los mínimos internacionales en materias laborales, sanitarias, medioambientales y de normas internacionales. Por eso se ha asegurado la plena aplicación del Acuerdo de Paris en todos los países que suscriban el acuerdo. Por eso también me parece un poco injusto acusar a Europa de complicidad en la deforestación de la Amazonia porque la ganadería destruye esa riqueza forestal. No es Europa quien establece la política interna del Brasil y por otra parte, el acuerdo establece un tope a la exportación de carne de Mercosur a Europa, no muy lejano a las cuotas actuales.

Queda un largo camino para la firma y ratificación de este acuerdo. Se esgrimirán intereses y razones comprensibles hacia una transición ordenada y una aplicación prudente que deben atenderse. Pero deberán combatirse con fuerza y argumentos las voces que nos piden rechazar el acuerdo. A la postre son reaccionarios y perjudican a nuestros pueblos.
 
Publicado en El Confidencial, 17/07/2019

14 de julio de 2019

Nuevos líderes para Europa.


      El acuerdo de última hora Macron-Merkel para colocar a sus candidatas ha sido recibido por el Parlamento, los grupos políticos, y por los socialistas en particular, con gran descontento.

Los acuerdos de reparto del poder en Europa llegaron ‘in extremis’, horas antes de que se produjera la votación para el primero de esos ‘top jobs’ que se han negociado en eternas reuniones estos días pasados. Efectivamente, el presidente del Parlamento se eligió al día siguiente de que fuese anunciado el acuerdo para las presidencias de la Comisión, del Consejo, del Banco Central y el Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea. Fue un acuerdo negociado exclusivamente entre los Jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, que se anunció finalmente el martes, 2 de julio, y que –como casi todos los acuerdos de esta naturaleza en Europa– tiene aspectos positivos y otros no tanto. Empecemos por los primeros.

Lo mejor es el acuerdo en sí mismo. Evita los peligrosos efectos del desacuerdo y la parálisis en un momento muy delicado para Europa. Basta imaginar lo que habría significado iniciar la legislatura en el Parlamento esa semana con una elección del Presidente al margen de los equilibrios que esa figura ejerce en el conjunto institucional, dificultando, o peor, haciendo casi imposible el acuerdo posterior para la elección del Presidente de la Comisión y el del Consejo.

Un aplazamiento del nombramiento del Presidente de la Comisión para después del verano sería una catástrofe porque hay que afrontar el 31 de octubre la marcha sin acuerdo de Reino Unido de la Unión. Si Boris Johnson gana el liderazgo conservador, ese horizonte es cada vez más probable y las consecuencias son inmensas en múltiples planos. El acuerdo en las instituciones era, y es por ello, la condición necesaria –aunque no suficiente– para que la UE afronte ese y otros retos muy importantes con la maquinaria engrasada y en pleno funcionamiento.

Sobre la mesa de la Unión están pendientes decisiones inaplazables. Un acuerdo en materia migratoria es vital para nuestro futuro. El marco financiero plurianual de 2020 a 2027 está pendiente de un dificilísimo trílogo entre Comisión, Parlamento y Consejo. Lo mismo pasa con la PAC (Política Agraria Común), la Unión Energética y la Agenda Digital. El mundo no espera a Europa y cada día se dilucidan ante nosotros grandes contenciosos sin que Europa juegue en el nivel que nos corresponde. Basta mirar a Irán, a las guerras comerciales y tecnológicas de Trump y a los retos demográficos europeos para entenderlo.

Positivo es también poner a una mujer al frente de la Comisión y a otra al frente del Banco Central. Son dos instituciones de tal entidad, con tan enorme presencia política, económica y mediática, que la revolución igualitario entre mujeres y hombres recibe un gran impulso. Positivo, poco más. Quizás haber evitado que el candidato alemán presida el BCE. Por el contrario, los elementos críticos son considerables.

Lo más negativo ha sido el rechazo sufrido por el candidato socialista Frans Timmermans a presidir la Comisión. Era, sin duda, el mejor candidato y contaba con una mayoría de apoyo al sumar los votos de socialistas y liberales en un pacto hábilmente trabado en la cumbre del G-20 de Osaka por Sánchez y Macron. Curiosamente, ese acuerdo contaba con el apoyo de Ángela Merkel, quien se vio desautorizada por su grupo y acabó aceptando el veto al candidato socialista tanto de los suyos, como, peor todavía, el de los países del este. Timmermans representaba muchas cosas. Era un socialista para después de más de veinte años de presidencia conservadora. Contaba con una mayoría de apoyos parlamentarios (socialistas 150 más 106 de liberales) frente a los 180 del PP europeo y su capacidad de atraer a los verdes para ampliar a cuatro los grupos parlamentarios de apoyo a la Comisión, era muy superior a la de su rival Manfred Weber. Fue candidato electoral a la presidencia, es decir, cumplió con la exigencia de ser ‘Spitzenkandidat’, y por último, su gestión como vicepresidente encargado de los temas institucionales le había llevado a ser el defensor de los valores europeos: Democracia y Estado de Derecho, frente a los países que los estaban vulnerando: Hungría, Polonia, Italia (tema migratorio), etc. Su papel como el gran europeísta, máximo defensor del Artículo 2 del Tratado ha sido fundamental.

Pues bien, el acuerdo Macron-Merkel de última hora, rompiendo los compromisos anteriores y colocando su pareja femenina franco-alemana en la Comisión y en el Banco Central, con un liberal belga al frente del Consejo, ha sido recibida por el Parlamento, los grupos políticos, y por los socialistas en particular, con enorme descontento.

Los grupos políticos porque han estado totalmente al margen de la negociación. El Parlamento porque se ha roto la regla del ‘Spitzenkandidat’ al elegirse a una señora que no había participado para nada en el proceso electoral y que se enteró de que será la Presidenta de la Comisión, horas antes de la propuesta. El grupo socialista porque ha perdido una ocasión de oro y un candidato excepcional para presidir la Comisión. Su enfado se agrava al conocerse el veto de los países más retardatarios de la construcción europea. Ha sido una negociación que ha marginado al Parlamento y que ha puesto de manifiesto el creciente intergubernamentalismo que sufre la Unión.
Publicado en El Correo, 14/07/2019