“El enfoque de género y el papel de las mujeres” en el Acuerdo de Paz de Colombia.

“Las mujeres tienen hoy un protagonismo especial en el proceso de paz de Colombia y en la reclamación de tierras”

El eurodiputado recuerda que “ellas fueron las principales víctimas de abusos, violaciones y asesinatos durante el conflicto”

 



El copresidente de Eurolat (Asamblea Euro-Latinoamericana) Ramón Jáuregui ha destacado “la especial dimensión de la perspectiva de las mujeres en el proceso de paz en Colombia”. Durante una conferencia organizada en el Parlamento Europeo sobre “El enfoque de género y el papel de las mujeres” en el Acuerdo de Paz de Colombia, Jáuregui ha señalado que “ellas fueron quienes más sufrieron un conflicto que generó millones de víctimas. Muchísimas veces padecieron abusos, violaciones y asesinatos. Hoy, las mujeres están ejerciendo un protagonismo especial en el proceso de paz, reivindicando la devolución de las tierras en nombre de las familias que fueron desplazadas”, ha señalado.

El eurodiputado socialista ha expresado también su preocupación por “cómo camina el acuerdo con las FARC después del cambio de Gobierno en Colombia, y con una derecha ultra que está presionando sobre el Gobierno de Iván Duque para que ponga en cuestión algunas partes de esos acuerdos”. Jáuregui ha reiterado que “en la Unión Europea somos totalmente contrarios a ese cuestionamiento y exigimos que el proceso de paz se respete y los acuerdos se cumplan, porque ese es el camino de la paz en Colombia”. Además, ha reclamado que continúen las conversaciones con el ELN “porque el diálogo con este último grupo constituye el último paso de un proceso muy difícil, pero exitoso desde hace más de cinco años”.

 

Mujeres como ella.

Sirvan estas líneas de tributo a Carme Chacón y a las que,como ella, han protagonizado una de las transformaciones más extraordinarias de la historia española: la de la igualdad.

Era Carme un prototipo de la sociedad española de estos últimos cuarenta años. Los mejores de nuestra historia contemporánea. Los que comenzaron a mediados de los setenta del siglo pasado, cuando murió Franco y fuimos capaces de hacer la transición a la democracia con el abrazo reconciliatorio de un país fracturado por la Guerra Civil y por cuarenta años de dictadura. Carme nació entonces, en 1971, y adquirió su conciencia política en la España de los ochenta, cuando gobernaba Felipe González.

De familia humilde, trabajó y estudió, como muchos españoles de la época. Era aquel un país con hambre de progreso. Formaba parte de nuestra cultura superar nuestra condición social de origen, en gran parte influenciados por unos padres, hijos de la guerra, que querían que sus hijos estudiaran como fuera, haciendo los sacrificios que hiciera falta.

Carme fue una de aquellas mujeres jóvenes de los ochenta que acudieron a la universidad multiplicando el número de universitarios que había en España pocos años antes, y logrando que el número de mujeres en ella fuera ligeramente superior al de hombres por primera vez en la historia de nuestro país.

Carme supo desde niña que sufría una cardiopatía severa y nunca limitó su vida por ello. Al contrario, luchó contra esa adversidad con esfuerzos renovados, yo diría con determinación femenina, esa que la mayoría de las mujeres tienen en su ADN para superar un mundo injusto para con ellas. Estudió Derecho, cursó estudios de postgrado, viajó a universidades extranjeras, publicó artículos y texto académicos, y comenzó la difícil carrera de la docencia universitaria.

También se hizo socialista. Orígenes familiares republicanos y contactos progresistas en la universidad y en el pueblo en el que nació le llevaron a la primera lista electoral en Esplugues de Llobregat, donde ejerció de concejal.

Yo la conocí en 2000, en el Congreso de los Diputados, a donde ambos llegamos por primera vez en las elecciones generales de aquel año. Yo había leído un ensayo suyo, un pequeño opúsculo sobre federalismo cooperativo, y cuando me acerqué a ella y se lo dije ella se emocionó porque quien para ella era un referente del PSOE hubiera leído su libro. Recuerdo bien su alegría, que expresaba con una sonrisa abierta, sincera, muy necrológicas de estos días la reflejan bien.

Pero estas líneas que EL CORREO me da la oportunidad de escribir deberían servir para reivindicar lo que en ella era nuclear: su determinación y su compromiso.

Determinación para ser más, para sobreponerse a las adversidades, para superar barreras, para vencer obstáculos.

En solo quince años, Carme lo fue todo y estuvo a punto de ser nuestra secretaria general en el Congreso de Sevilla de 2012. Yo no voté porque no era delegado, pero no oculto que apoyaba a Alfredo Pérez Rubalcaba, y me pregunto hoy qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido otro. Como los ejercicios de ucronía política son inútiles, dejo la pregunta como expresión de mis propias dudas. Lo cierto es que Alfredo dimitió en 2014, después de unas elecciones europeas de malos resultados –en las que yo mismo era candidato– y desde entonces estamos como estamos.

Pero ya antes, en 2011, Carme quiso ser candidata a las elecciones generales cuando Rodríguez Zapatero anunció que no volvería a presentarse. Vuelvo a la ucronía, ¿habría obtenido ella mejores resultados que Alfredo Pérez Rubalcaba?

Son preguntas inútiles, pero solo muestran lo lejos que llegó una persona tan joven y tan capaz en tan poco tiempo.

Esa determinación iba unida a su compromiso con nuestras ideas. Era catalanista, pero no nacionalista. Defendía el autogobierno, pero desde una perspectiva federalista. Reivindicaba su lengua y su identidad, pero la compartía con otras lenguas y otras identidades. Catalana y andaluza, como tantos. Catalana y española y europea, sin conflictos internos ni antagonismos. Con sentido de Estado, con mucho sentido común, socialdemócrata moderna, estudiosa y seria en su trabajo, muy responsable.Quizás vivió peligrosamente. Es fácil decirlo ahora, pero siempre nos quedará la duda de si enfrentó u enfermedad con una valentía peligrosa. Quiero creer que murió sin enterarse. Durmió para siempre, pero nos dejó su recuerdo, sus referencias de mujer socialista de una época de la que nos sentimos orgullosos. De la época y de mujeres como ella.

Por eso he querido rendir con estas líneas no solo un homenaje a Carme Chacón, sino a las mujeres que han protagonizado, como ella, una de las transformaciones más extraordinarias de la historia española: la de la igualdad entre mujeres y hombres en una sociedad moderna y justa..

Publicado el 11/04/2017. El Correo.

8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres.

Una Ley necesaria

La Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho, frente a su despenalización en determinados supuestos, es un paso necesario y obligado para adecuar nuestra legislación a nuestra realidad social. La oposición a este paso, es muy minoritaria y está demasiado preñada de fundamentalismos ideológicos y sobre todo religiosos. Todos los países de nuestro entorno y de nuestros parámetros culturales, lo han hecho y a España ya le tocaba hacerlo.

Primero, porque la ley actual no está garantizando el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a decidir si continúan adelante con su embarazo no deseado, sin correr riesgos legales, sin tener garantías iguales de acceso a los servicios de salud y sin tener tampoco garantías para una elección libre e informada. Segundo, porque contra lo que pudiera parecer, esta ley no debería aumentar el número de abortos en nuestro país, sino reducirlo, sobre todo en aquellos grupos de la población donde el índice de abortos es más alto: las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes. Por eso la ley no se limita a “despenalizar el aborto” sino que se enmarca en una ley con un contenido más amplio en el que se incluyen aspectos preventivos, informativos y de incremento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

No me parece despreciable tampoco el argumento de que esta ley impedirá los abusos de la anterior. Todos lo sabíamos. El tercer supuesto: “El peligro psicológico grave del embarazo para la madre”, estaba siendo utilizado como la única puerta al IVE en las clínicas privadas y podría ser objeto de abuso en embarazos demasiado maduros, es decir, en clara superación de los plazos que establecen las leyes europeas. La nueva ley elimina este supuesto y reconocerá el derecho de la mujer a la libertad y autonomía de su maternidad en el plazo en que todas las legislaciones europeas consideran legal el IVE.

¿Cuáles son los requisitos en este supuesto? Hay un protocolo de información y consulta a la mujer que lo solicita sobre prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y las condiciones previstas en la Ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. Desde la entrega de la información, si la mujer decide interrumpir el embarazo, se podrá dirigir a un centro público o acreditado.

El debate sobre la IVE en las jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, no debería confundirnos. Primero porque el núcleo de la cuestión es si se acepta una ley de plazos o no, que restrinja el IVE a partir de los tres meses sólo en algunas circunstancias médicas que lo justifiquen. Segundo porque no es discutible que en todo caso, será siempre la joven embarazada la que decida. Si está capacitada para decidir sobre cualquier otro tratamiento o intervención médica, ¿cómo no va a estarlo para decidir si quiere ser madre o no? Otra cosa es el contexto familiar o de madurez en el que esa decisión se adopte. Que los padres participen de esa decisión es tan natural como necesario. Pero en ningún caso, ni para abortar ni para lo contrario, su opinión puede ser impuesta a la joven. De ahí que resulte complejo técnicamente regular en la ley esa relación paterno filial en estos casos, y que de hacerlo, debiera ser incluida en la fase de información previa a la toma de decisión de la mujer.

Dejo para el final el anunciado recurso del PP al Tribunal constitucional y la oposición parlamentaria que se prevé a su tramitación. Me pregunto: Si están contra el aborto, ¿por qué no derogaron la Ley de 1985 cuando tuvieron mayorías absolutas para hacerlo? Conviene recordar que durante los ocho años de gobierno del PP, los abortos en España no cesaron de crecer año tras año hasta llegar a los casi ochenta mil al año. Cuando dicen que esta ley no responde a una necesidad social, ¿están aceptando que las cien mil mujeres que abortaron en España en 2008, lo sigan haciendo en clínicas privadas, con base en “el peligro psicológico para la madre”, que todos sabemos que es un portillo a peligrosos abusos y a procesos de IVE sin información ni garantías adecuadas? Hay una hipocresía en todo este debate y, aunque la iglesia española quiere convertir en delito el pecado de abortar, es la moral pública y no la católica la que legisla en España. A la Conferencia Episcopal conviene recordarle que su opinión es tan legítima como relativa entre las múltiples pulsiones informativas que alumbran este debate.

En definitiva, la ley debemos abordarla con determinación y espíritu de consenso. Es una ley que trata de resolver una situación injusta y peligrosa. Nos incorpora a las legislaciones europeas, dando a las mujeres un derecho que les corresponde cuando se enfrentan a una decisión tan difícil como indeseada al interrumpir su embarazo y les asegura en ese proceso, la información, la consulta y las mejores condiciones personales y de salud. Y por último, resuelve el problema de la inseguridad legal del personal satinarlo. Quedan meses para su debate legislativo y estoy seguro de que en él, seremos capaces de mejorar el texto y ampliar sus apoyos políticos.

El Periódico de Catalunya.26/05/2009

Una directiva contra el tiempo de vivir

Ahora que se discute, de nuevo, sobre mercado y Estado a propósito de la necesidad de reforzar las funciones regulatorias e inspectoras de las autoridades económicas sobre los agentes financieros, viene a cuento recordar que no es ésa la única manifestación de esa dialéctica compleja. Otros muchos y grandes temas están pendientes de encontrar el equilibrio entre las exigencias de un mercado competitivo y feroz en la globalidad y las múltiples demandas de una sociedad que aspira a valores humanos intrínsecos a su ser: la dignidad laboral, la justicia social, la eliminación de la pobreza y las grandes desigualdades, la sostenibilidad ecológica y otras muchas causas todavía pendientes.

La jornada laboral es uno de esos conflictos irresueltos. Una directiva de la UE pretende facilitar una jornada laboral más extensa, frente a las limitaciones legales o a las concertaciones sociales que establecen jornadas máximas por debajo de las 48 h. semanales en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la sociedad, me atrevo a decir que sin distinción de ideologías o de países, aspira a trabajar menos horas para vivir más y mejor y para conciliar la vida personal y familiar con el trabajo. Es evidente que hay razones sobradas desde la perspectiva del mercado y de la competencia para alargar las jornadas laborales en Europa. Leí hace unos días un artículo de un experto –socio de una firma de abogados- en el que se explicaba la creciente necesidad de que las empresas europeas “flexibilicen” (curioso eufemismo que se han inventado para decir alarguen, prolongue o amplíen) el tiempo de trabajo. Los argumentos son conocidos: atraer más inversores, competir con países con salarios más bajos y jornadas laborales más altas, respetar el derecho individual de quienes quieran trabajar más, etc. etc. Pero hay poderosas reflexiones sociales que Europa no debería olvidar.

A finales del Siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor y la máquina se introdujo en la producción, la Jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas de trabajo semanales. A finales del Siglo XIX, con el descubrimiento del motor eléctrico, la jornada se redujo a 48 horas semanales. Con el fordismo y la producción en cadena a 40 horas, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En España, fue Joaquín Almunia, entonces Ministro de Trabajo del primer gabinete de Felipe González y hoy Comisario Europeo de Economía, el que elaboró y propuso la Ley de las 40 horas semanales en 1983, es decir, hace ahora veinticinco años.

Hay pues una constante histórica en la reducción de la jornada laboral junto a los avances tecnológicos. La mejora de productividad que nos proporcionan los descubrimientos técnicos, la hemos empleado en mejorar la calidad de vida de la humanidad en general y de la población laboral en particular. A finales del Siglo XX se ha quebrado esta constante. La revolución tecnológica actual: microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biogenética, etc. que constituyen una combinación exponencial de innovaciones técnicas, muy superior a cualesquiera otras de nuestra historia, está siendo acompañada de una prolongación y extensión de la jornada laboral en una triple paradoja.

La primera nos señala una progresiva ampliación de la Jornada Laboral en el mundo, incluso en aquellos países en los que la Ley ha fijado máximos horarios de jornada. Es una prolongación absurda, ilógica, contraria al sentido del tiempo y de la vida. Pero es también una prolongación paulatina, silenciosa, inexorable. No está amparada por la Ley, ni por el convenio, pero se hace patente en las oficinas de los bancos, auditoras, despachos de abogados o de arquitectos, en las que nuestros hijos, trabajan casi de sol a sol, en jornadas de 12 horas diarias muy frecuentemente.

La segunda paradoja es menos conocida pero no despreciable. Las tecnologías que permiten más flexibilidad y las comunicaciones que permiten más movilidad, están produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador y con ello nos llevamos la oficina a casa, al fin de semana y a los viajes por el mundo de la economía globalizada. Muchas jornadas laborales se prolongan además por este método invasivo en la vida personal.

Por último, esta prolongación de la Jornada Laboral real en el mundo, se está produciendo paralelamente al gran fenómeno social que ha traído la gran revolución feminista de los últimos cincuenta años, la que, entre otras grandes conquistas, ha llevado a la mujer al trabajo formal, es decir, al trabajo fuera del hogar, lo que a su vez ha abierto un debate social sobre la necesidad de incorporar la conciliación familiar/personal a la jornada de trabajo de mujeres y hombres, es decir, de madres y padres que trabajan fuera.

Pues bien, cuando la tecnología nos lo facilita y cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana. Una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. ¿A qué lógica responde que la tecnología vaya en contra de las aspiraciones humanas?

Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. Pero además es un tiempo mal vivido. La liberación de tiempo es una de las claves para rehacer el entramado social, comunicativo y afectivo de nuestros mundos vitales. Incluso para el reequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres. La familia, la educación de nuestros hijos, las redes sociales de la convivencia ciudadana, etc. Ni el robot, ni el chip tienen porqué condenarnos al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo en que vivimos.

Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización nos impone una competencia feroz, pero ¿dónde está escrito que ello exija globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será el momento de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales de los sindicatos y la socialdemocracia de la 2º mitad del Siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política, que se imponga al mercado, en la regulación de la sociedad?

En 1980 Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 1973, escribió: “Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar, de un alto nivel de vida. Después de su expulsión, tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico de los últimos 200 años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso”. Pues bien, parafraseando a Leontief, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente hacia el paraíso, sino más bien hacia el infierno social.

Artículo publicado el 1 de octubre en el diario Expansión

Mujeres al poder

Ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia. La mayoría fracasaron, bien porque no alcanzaron los objetivos que las motivaron, bien porque en su conquista produjeron males superiores a los beneficios que buscaban, bien porque en su desarrollo acabaron destruyendo o traicionando sus propios ideales. Si alguna merece ser reconocida como tal, es decir «un cambio brusco e importante en el orden social, económico o moral», ésa es la revolución feminista.

Hemos celebrado este año el setenta y cinco aniversario del reconocimiento en España del derecho al voto de las mujeres. De aquella gran conquista de nuestro periodo republicano a la próxima Ley de Igualdad que aprobaremos en las Cortes estos próximos días, en la que, por ejemplo, se propone la progresiva incorporación de las mujeres a los consejos de administración de las empresas, media un abismo de tiempo y de progresos. ¿Insuficientes todavía? Quizás, aunque imparables e irreversibles, además de cuantiosos. Que reconozcamos la existencia de importantes aspiraciones de la igualdad entre los sexos, todavía no alcanzadas, no nos debe impedir resaltar los importantes avances que se están produciendo de manera constante y unidireccional. Sin ir más lejos, y aunque a algunos les pueda parecer nimio, el Estatuto de Andalucía recién aprobado en el Congreso, ha incorporado un lenguaje no sexista, gramaticalmente dudoso pero, en materia de género, rabiosamente igualitario.

La evolución de la sociedad española en estos últimos veinte años es una buena muestra de la conquista de la igualdad. Basta examinar tres parámetros irrefutables: el mayor número de mujeres que de hombres en la Universidad (aunque persisten algunas reticencias culturales en el acceso femenino a determinadas carreras), el número de mujeres en el mercado de trabajo (todavía inferior a la tasa de actividad masculina, aunque avanzando inexorablemente, si recordamos por ejemplo que en los treinta últimos años el número de mujeres ocupadas en España ha pasado de 3,6 millones a 8,1, es decir, que hoy trabajan cuatro millones y medio de mujeres más que hace treinta años en el mercado laboral) y por último el número de mujeres en la actividad pública (ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, etcétera), que desde comienzos de los 80 se ha multiplicado sucesivamente, acercándose a porcentajes próximos a la igualdad (entre 30% y 40% de media). El Gobierno paritario de Rodríguez Zapatero ha sido la última y significativa decisión en esta dirección.

Que el Gobierno tiene como número dos a una vicepresidenta 'feminista' es algo sabido. Pero quizás lo sea menos que está encabezado por un presidente que ha insertado la batalla de la igualdad de géneros en el corazón de su política 'republicana', entendiendo por tal la democracia constitucional, es decir, un orden político estable y seguro, regido por la ley y una comunidad política de libertades y de justicia en la que se estimulan las virtudes cívicas y los bienes públicos ('solidarity goods'). Es en ese modelo en el que se insertan algunos perfiles de lo que Zapatero ha llamado 'el socialismo de los ciudadanos', aunque el entorno de esa idea esté todavía insuficientemente configurado.

Pero es en ese marco, insisto, en el que Rodríguez Zapatero ha insertado una decidida política de igualdad de géneros que ha tenido y tiene en la Ley de Igualdad su marco general. Dos ideas destacan en esta ley que resultan controvertidas y objeto de polémica. La primera es el establecimiento de la obligación legal de representación igual de mujeres y hombres en todas las listas electorales. Como se sabe, este objetivo se pretende mediante la exigencia del 40-60 en todas las listas electorales de todos los partidos y en todas las elecciones, es decir, que ninguno de los sexos esté representado por debajo del 40% ni, en consecuencia, por encima del 60%. Todo ello exigible en las listas por tramos de a cinco (para evitar trampas de porcentajes globales que coloquen a las mujeres en los últimos puestos)

Como se sabe, esta medida ya está en discusión judicial porque el Tribunal Constitucional tiene sobre su mesa varias impugnaciones del PP a varias leyes electorales autonómicas que establecen ésta o parecidas medidas y que, en su opinión, no son constitucionalmente admisibles.

La otra medida que está provocando mayor polémica es la que corresponde al Artículo 71: «Las sociedades procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta ley».

Aquí han surgido airadas voces que cuestionan la impertinente injerencia del legislador en un ámbito estrictamente privado, como es la gestión de las empresas. Empezaré por afirmar algo obvio. La ley no establece mandato imperativo y debemos destacar la importancia del verbo que enmarca este propósito: 'procurarán'. Para más claridad, se establece un plazo de ocho años para que se vaya materializando esta recomendación. Por último, se circunscribe la propuesta a las grandes empresas que cotizan en Bolsa. La ley sí contempla, en cambio, que las empresas que avancen en este objetivo de la igualdad puedan encontrar estímulos en la contratación pública y que las que no lo hagan expliquen en sus memorias las razones de no hacerlo. Aquí no hay imposición legal, hay estímulo público y quizás sanción social. Una sociedad madura puede y debe ejercer sus derechos ciudadanos como consumidores y como ahorradores, en una creciente exigencia de responsabilidad social a la empresa. Y la igualdad de géneros es una de las más elementales señales de responsabilidad social.

En segundo lugar conviene echar una mirada a nuestra estadística. En Suecia, las mujeres con cargos directivos en grandes empresas llegan al 27%. En Finlandia, al 17,5%; en EE UU, el 17%; en la UE, el 7'5%. Y en España... el 3%. Por cierto, las empresas del IBEX no llegan a ese raquítico porcentaje. Hay quien dice, como la CEOE o el PP, que esa igualdad llegará de forma natural cuando la presencia de la mujer en la dirección de las empresas y en los consejos de administración se derive de una ósmosis gradual como consecuencia de la creciente presencia de la mujer en la empresa. Al igual que las mujeres jueces acabarán copando el Supremo, vienen a decirnos, por su masiva presencia en el mundo judicial, así mismo se producirá la progresiva (y -añaden- nunca impuesta) presencia femenina en los núcleos decisivos del poder empresarial.

Hay varias objeciones que hacer a este bienintencionado propósito. La primera es la que públicamente se planteaba Pilar Gómez-Acebo, vicepresidenta de la Confederación Española de Directivos: «¿Cuántas decenas de años tardaremos en acceder a los puestos que nos corresponden? ¿Cuarenta años, cincuenta?». Efectivamente, las cuotas se censuran como injustas, pero sin ellas muchos sectores sociales no avanzan en el camino de la igualdad. Honradamente, éa es la conclusión evidente de nuestra experiencia política. Pero además ya es hora de que admitamos las enormes desventajas con que cuentan las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional. Hay, desde luego, una discriminación por el embarazo y la maternidad y la mayoría de las mujeres sufren las principales consecuencias de asumir la responsabilidad familiar. La mayoría de los hombres competimos ventajosamente con ellas porque nuestras carreras profesionales se siguen sosteniendo en el excedente de tiempo que nos proporcionan nuestras mujeres. Por eso, entre otras muchas razones, estas políticas de igualdad no son concesiones piadosas a un colectivo marginal, sino devolución de derechos que la sociedad debe a la mitad de nuestros conciudadanos.

Yo no sé si «la mujer enriquece a la empresa», como decía hace unos días Mónica Oriol, presidenta de una gran firma española. El argumento de la calidad especial o de las singulares características de las mujeres en el poder me convence poco. Pero sí creo en el camino de la igualdad que Norberto Bobbio llamaba «estrella polar de la izquierda».

El Correo. 5/12/2006

Fútbol y prostitución.

Reconozco que las teorías abolicionistas de la prostitución han perdido la batalla. Los que defienden la ignominia de ese trato humillante y alegan la explotación social que se deriva de este pacto mercantil han tenido que rendirse a la evidencia de lo que otros, con dudosa base histórica y demasiado machismo, llaman 'el oficio más viejo del mundo'. Incluso, reconozcámoslo, las políticas de regulación pública de esta actividad están cargadas de razones y de sentido común, cuando se parte del hecho incontrovertible de su existencia.

Pero una cosa es saber que esta práctica, oficio o mercado, llámenlo como quieran, existe, y otra muy diferente es que se organice como una auténtica y masiva trata de blancas ante los ojos del mundo entero. Esto es lo que va a ocurrir en Alemania a lo largo de los treinta días del Mundial de fútbol, entre el 9 de junio y el 9 de julio de este año. Doce ciudades alemanas acogerán a tres millones de espectadores venidos del mundo entero. La mayoría, hombres. Numerosas organizaciones no gubernamentales tratan de alertar a la opinión pública sobre la llegada de mujeres y jóvenes, víctimas de este inmenso mercado o víctimas directamente de un delito de comercio con seres humanos. Esas mismas organizaciones estiman que entre 30.000 y 60.000 mujeres llegarán 'importadas' de países de la Europa Central y de la Europa del Este y serán explotadas con fines sexuales. Muchas de ellas, engañadas, creyendo que son contratadas para empleos de servicios en bares y restaurantes, y siendo en realidad obligadas a prostituirse.

Esta especie de globalización del sexo amenaza con invadir la privacidad de nuestra más absoluta intimidad y convertir la prostitución en un acto normalizado de nuestra vida social, como quien compra unas botellas de licor en un hipermercado. Calles enteras dedicadas al sexo, burdeles móviles, sexo con garantías de higiene, ofertas de sexo en los periódicos, en la televisión, en todas las concentraciones masivas. ¿O es que alguien duda de que se colocarán cartelitos en los limpiaparabrisas de los coches y se repartirán panfletos en los pasos de cebra? Se podrían hacer miles de chistes, si no fuera tan trágico.

Un complejo sexual de 3.000 m2, llamado 'Eros-Center', ha sido ya construido en las proximidades del Estadio Olímpico de Berlín. Tiene 650 cabinas de 'prestaciones', incluyendo duchas y preservativos. En Colonia también han previsto lo que llaman 'performance-boxes', que contiene cabinas con cama, ducha y distribuidor de preservativos. Dortmund ha optado por el 'drive-in', un discreto y cómodo acceso en vehículo, en los alrededores del estadio.

La relación entre el fútbol y la prostitución viene de lejos. Forma parte de una cierta liturgia en muchos desplazamientos de aficionados. Es como una fórmula complementaria: fútbol, alcohol y sexo. La fórmula del elixir siempre acierta: si el equipo gana, para celebrarlo; si pierde, para consolarse. Hasta aquí nada nuevo. Pero que al mercado, esa maravillosa maquinaria de atribución de recursos y servicios, como diría un economista liberal, se incorpore la oferta de sexo en masa, casi como en una fábrica, en las proximidades de los estadios, ofreciendo a miles de aficionados pasar por 'la cabina', me parece no sólo una ofensa al buen gusto, sino una despreciable publicidad a la generalización de una conducta socialmente dudosa y en todo caso íntima y privada. A nadie se le oculta que las prostitutas lo son por necesidad y que ese pacto mercantil trasluce una explotación humana, para muchos intolerable con su conciencia. Pues bien, que estos grandes centros del sexo, con sus luces parpadeantes y sus siluetas insinuantes, acompañen masivamente a las concentraciones futbolísticas en las que, no lo olvidemos, hay de todo, es decir, familias, niños, chicas, etcétera, me parece una relación indeseable. Algo parecido a lo que ocurría no hace muchos años en la Casa de Campo de Madrid, cuando las chicas subsaharianas se paseaban provocativamente, cerca de los niños que acudían al parque de atracciones.

Con todo, eso no es lo peor. Lo peor es que, con toda seguridad, esa oferta de sexo masivo está basada en un gigantesco delito de trata de seres humanos. Lo que nadie puede olvidar, haga lo que haga con su vida y piense lo que piense sobre este tema, es que mafias organizadas internacionalmente están engañando a miles de mujeres castigadas por la vida y el azar de haber nacido en países pobres. Al igual que esos pobres subsaharianos que recorren miles de kilómetros para embarcarse en una patera, en una angustiosa apuesta entre la vida y la muerte, muchas de estas mujeres se comprometen con organizaciones mafiosas para salir de la miseria y de una vida sin futuro.

El tráfico de mujeres y jóvenes es un delito, claro está. Su persecución corresponde a los Estados y a sus servicios de seguridad. Me pregunto por qué no se evita este tráfico humano masivo. Si el tráfico fuera de armas, ¿creen ustedes que sería posible? A España vienen mujeres del Este, todos lo sabemos. Vienen de Brasil y de otros países latinoamericanos por miles. Hay cientos de proxenetas en contacto con las mafias para alimentar cientos de clubes de alterne. ¿Hacemos lo suficiente para evitar este tráfico creciente de seres humanos? Hay una estadística aterradora para acreditar lo que digo: Moldavia tiene como principal producto de exportación a sus mujeres. Son ellas su principal fuente de divisas.

La cuestión es peliaguda y difícil. Si nos colocamos en una posición tajante contra estas prácticas, indefectiblemente acabaremos adoptando medidas abolicionistas, sancionadoras incluso contra quienes compran sexo, como los que reclaman que se fotografíe a quienes entran en los clubes de prostitución. Es la consecuencia lógica para quienes conciben este tráfico como una ofensa a la dignidad humana, o para quienes vemos en él una inaceptable explotación económica de unos seres sobre otros. Pero, ya lo he dicho antes, esto parece irreal y son mayoría los que proclaman actitudes más tolerantes con esta práctica 'voluntaria' y protestan contra el intervencionismo prohibicionista de los gobiernos.

Pero los que preconizan la legalización plena y la regulación sociosanitaria de esta práctica deben reconocer, a su vez, que estas medidas estimulan el mercado de la prostitución y en consecuencia aumenta la demanda (de hombres, naturalmente) y se fuerza la oferta (de mujeres pobres) y el círculo se cierra con el aumento exponencial del delito de tráfico de seres humanos en la sociedad de la globalización y de los grandes movimientos migratorios. Todas las estadísticas y las experiencias de la regularización de la prostitución lo han evidenciado. Para muestra, un botón. En el Estado de Victoria, en Australia, se legalizó y regularizó la prostitución en 1994. Pues bien, en diez años pasaron de tener setenta burdeles registrados a cien legalizados, pero se contabilizaron cuatrocientos más no registrados. El caso que estamos comentando de Alemania es más que evidente, pero fenómenos semejantes se han producido ya en otros países en los que ha habido grandes concentraciones deportivas (fútbol y olimpiadas principalmente).

La cuestión ha sido objeto de una interesante resolución del Consejo de Europa. El pasado 12 de abril, representantes de cuarenta países de Europa y sus vecinos, aprobamos una serie de resoluciones que conviene conocer:

-Pedir a todos los países que ratifiquen la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos

-En el marco de esa convención, los Estados deben garantizar a las víctimas asistencia, protección y un «plazo de reflexión» (normalmente de treinta días) para decidir su vuelta al país de origen.

-La creación de células multilingües de información, acogida de víctimas y tratamiento policial de esas mujeres como víctimas y no como inmigrantes ilegales.

-Comprometer a los ayuntamientos y comunidades en la lucha contra la trata de seres humanos.

-Demandar a la FIFA para que se integre en la educación cívica del mundo del fútbol contra estas prácticas y se implique en la persecución de la trata de mujeres.

-Demandar igualmente a los líderes mediáticos del fútbol especialmente a los futbolistas profesionales que denuncien la trata de mujeres para la prostitución y su relación con el mundo del fútbol.

En fin, el debate hoy no es entre la legalización de los servicios sexuales y su prohibición pura y simple. El problema de hoy es que la dicotomía autorización/prohibición está atravesado por un problema dramático: la trata de mujeres para su prostitución. Ése es el problema que ha hecho saltar alarmas y que reclama una acción urgente de los gobierno dignos. Pero, a la postre, no se equivoquen, tenemos un dilema de moral social y de ética personal para decidir si una sociedad digna debe admitir o no una práctica que genera el viejo y odioso delito de la esclavitud humana.