Entrevista para diario Público. 2/7/2018

La cuenta atrás ya ha empezado. En algo menos de un año, el socialista vasco
Ramón Jáuregui colgará los guantes, pero no tirará la toalla. Dejará la política, pero seguirá escribiendo y hablando. Dice que entre una cosa y otra no habrá puertas giratorias. Mientras prepara su retiro, el ex ministro de Zapatero, ex secretario general de los socialistas vascos, ex vicelehendakari y –de momento- europarlamentario del PSOE anda de presentación: acaba de publicar Memoria de Euskadi: el relato de la paz (Ediciones Catarata).
Su libro ha visto la luz algunas semanas después de que ETA bajara la persiana. De ahí el título, y también sus reflexiones. Entre sus lectores habrá miles de personas anónimas, pero también unas cuantas con carnets políticos de las más variadas tendencias: no en vano, hasta Ciudadanos llegó a manejar su nombre como posible candidato “instrumental” para sustituir a Rajoy y, al mismo tiempo, evitar la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa vía moción de censura. Jáuregui, que lo ha sido prácticamente todo en política, ni siquiera se lo planteó.
A las puertas de las vacaciones, el veterano dirigente socialista vasco sacó un rato para hablar con Público.

Su libro llega en un momento muy especial, justo tras el final de ETA. ¿Se trata de la obra que siempre quiso publicar?

Siempre he soñado con un libro más relacionado con el costumbrismo vasco, que explicara el horror del pasado. En realidad he estado más próximo a las novelas de Fernando Aramburu, que eran un poco mi aspiración literaria. Pero como no soy un escritor, he querido contar la gran victoria que ha producido la democracia española sobre el terrorismo de ETA. Lo he comparado con lo ocurrido en otros países como Irlanda o Colombia, para llegar a la conclusión de que hemos tenido un final feliz y una victoria plena, limpia y democrática sobre la violencia, y yo me siento muy orgulloso.

¿Existe una batalla por el relato sobre lo ocurrido en Euskadi?

Es inevitable, pero el relato de la verdad no puede ser otro que el de la propia violencia de ETA, por mucho que ellos quieran justificarla en un concepto político o hablar de otras violencias. El peso cuantitativo y cualitativo de sus crímenes no deja lugar a dudas. El único relato de la verdad es el de los 860 asesinatos, de los miles de heridos y del daño enorme que han producido a la sociedad vasca y española en cincuenta años de terror y de horror.

¿Qué debe hacerse para consolidar la convivencia?

En primer lugar, no olvidar nunca a las víctimas. Las víctimas siempre tienen razón y por tanto hay que incorporarlas al corazón de la política de convivencia. A la democracia, que es la que ha vencido contra el terror, le corresponde la generosidad. En ese sentido, suavizar las consecuencias de lo que hemos pasado en todos los sentidos es inteligente. Ayudar a las víctimas, acercar a los presos, reconciliar a colectivos… Todo eso es tarea pendiente, pero también creo que la sociedad vasca está en esa disposición, más allá de que haya discursos extremos.

¿Comparte la actuación que tuvo el gobierno de Rajoy ante el final de ETA en Euskadi?
 

Yo creo el PP nunca tuvo grandeza en esta materia. Siempre ha tenido una tentación partidista muy clara en la utilización política de las consecuencias de la violencia. Desgraciadamente, en la fase final de ETA, cuando el gobierno Zapatero estaba poniendo las bases de un aterrizaje inteligente para que la violencia desaguara hacia la política y hacia la paz, no ayudaron. Esa es la verdad. En cualquier caso, yo no quiero hacer reproches retroactivos sobre esto, porque hemos vivido en la misma trinchera durante muchos años, sufriendo el mismo acoso. Me gusta más recordar que la victoria sobre ETA ha sido una victoria de todos.
La política de dispersión se adoptó a principios de los años noventa porque era una evidencia que la cárcel constituía un engranaje de la estrategia terrorista. La cárcel pedía violencia y a veces incluso planificaba la propia acción terrorista. Fue necesaria la dispersión, pero una vez disuelta la banda, la dispersión no se sostiene. El gobierno tiene razón cuando dice que hay que proceder a una política de acercamiento progresivo pero individualizado, para que no haya tampoco errores respecto a personas que no deben estar junto a las que se están reinsertando.

Las asociaciones de víctimas están presionando al ministro Fernando Grande-Marlaska para que ese acercamiento no se produzca…

Sí, pero la política penitenciaria no la pueden hacer sólo las víctimas, sino que corresponde a la política del país. En general, hay muchas demandas de las víctimas que tienen que estar sobre el tapete de la política española. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los crímenes pendientes, pero las víctimas no son las que hacen la política (penitenciaria). Las víctimas expresan posiciones, y el gobierno decide.

¿Ha habido un trato diferente a las víctimas del GAL?

Sí, porque el Estado nunca ha reconocido su responsabilidad. A mí me parece que un tratamiento equivalente no es descartable desde el punto de vista de lo que son las compensaciones humanas.

¿Aún quedan secretos por conocer sobre el funcionamiento del GAL?

No lo creo. Me parece que esas cosas fueron ya judicialmente resueltas. Las ideas que cada uno tenga sobre aquellos años y aquel contexto son muy legítimas, pero pienso que es una página superada.

¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo gobierno de Sánchez?

Yo creo que ha sido muy bien recibido por la opinión pública. Es consecuencia de una lección moral muy importante que este país se ha dado a sí mismo, como es la caída de todo un gobierno por la corrupción. Es una vacuna muy positiva y una recuperación de credibilidad institucional muy importante para la ciudadanía en relación con este cáncer que es la corrupción. A partir de ahí, su gobierno tiene márgenes pequeños de actuación por su situación de minoría, pero también será muy difícil para los partidos negarle a este Ejecutivo el pan y la sal. Por tanto, yo creo que tiene recorrido. Es un gobierno que va a querer agotar la legislatura. Vamos a ver cuál es el mejor momento para la convocatoria electoral.

¿El papel de sus paisanos del PNV puede resultar clave para que este gobierno aguante?

El PNV no quiere que se adelanten las elecciones, y eso parece que pueda ayudar a la sostenibilidad, pero también va a depender de cuál vaya a ser la manera de comportarse del PNV. Si camina en la dirección del pacto pragmático, será un apoyo del gobierno; pero también hay tentaciones identitarias, sobre todo en lo que se refiere al nuevo estatus, que a mí me preocupan mucho.

De hecho, usted habla en su libro del PNV de Ajuria Enea y del PNV de Ibarretxe…

Ese es el péndulo histórico del nacionalismo vasco. Acostumbran poner una vela a dios y otra al diablo. Urkullu se entiende con Sánchez, pero Egibar se entiende con Bildu. Vamos a ver en qué acaban las cosas.

¿El acercamiento entre Urkullu y Sánchez puede tener efectos prácticos en Euskadi?

Creo que la vida de la gente no va a cambiar radicalmente por mucho que haya acuerdos en algunas materias de transferencias, pero sí puede ayudar a destensar la relación que manteníamos en el ámbito de la convivencia. Como decíamos antes, los gestos que se puedan hacer en el terreno de la política penitenciaria ayudan a una sociedad un poco más conciliada. En el terreno de la vida real, la transferencia de Prisiones o de una parte de la gestión de la Seguridad Social no va a cambiar la vida de los vascos, aunque forma parte del terreno del entendimiento que el autogobierno plantea al Estado.
 

¿La profundización del autogobierno puede convertirse en un asunto delicado?

Creo que el autogobierno vasco ha llegado a sus máximas cotas. Más allá de los elementos puntuales, llevamos cuarenta años de autogobierno con un nivel competencial que prácticamente no tiene ninguna región autónoma del mundo y con un sistema económico y financiero muy favorable para los vascos. Mejor que así es muy difícil que estemos. Voy a repetirlo: mejor que así es muy difícil que estemos. No hay un estatus mejor por mucho que algunos pretendan sustentar el futuro en la soberanía vasca. En el mundo en el que estamos, esa soberanía o es europea o no lo es. Para pintar en el mundo, Euskadi tiene que proyectar su futuro en un marco de relación armónica con España y con Europa.

En base a su dilatada experiencia política, ¿qué consejos daría a Pedro Sánchez para solucionar el tema catalán?

No me atrevo a ser tan osado; creo que el presidente sabe muy bien avanzar en ese terreno. Para empezar, está destensando la situación y adoptando una posición proactiva, a diferencia de lo que han sido los años anteriores. En ese sentido, me parece que crear una comisión de estudio de los asuntos pendientes, ya sea el desarrollo del autogobierno o la financiación catalana, así como un acercamiento de los presos independentistas a sus lugares de origen cuando acabe la instrucción judicial, son actitudes que favorecen a una ciudadanía que quiere política y diálogo. Mucho va a depender también de lo que haga el nacionalismo catalán, y aquí soy menos optimista. Desgraciadamente, hay demasiados actores externos que están manteniendo la dialéctica de tensión con España porque forma parte de su propia estrategia. Además, la política catalana está bastante superada por movimientos espontáneos o asamblearios que dejan a los partidos políticos en una posición demasiado dependiente.

¿Qué va a hacer a partir del año que viene, cuando se acabe la legislatura en el Parlamento Europeo? Después de tantos años en la política, supondrá un cambio radical en su vida…

Por supuesto, pero es lo que toca. Los ritmos biológicos están ahí para ser consecuente con ellos. Mi esperanza es poder mantenerme en un ritmo de aprendizaje y aportación que me permita vivir un poco más serenamente, pero devolviéndole a la sociedad lo que ella misma me ha dado. He aprendido mucho a lo largo de estos años, y ahora se lo quiero devolver a la sociedad. Por supuesto, gratis et amore.

¿Habrá más libros?

Es posible. Pero en todo caso, habrá artículos, comentarios, conferencias… No quiero dejar de estar vivo, porque la curiosidad es uno de los mejores motores de la vida.

Lo que sí ha dicho en otras entrevistas es que no habrá puertas giratorias…

No, ninguna. En todo caso, yo seré un jubilado que cobre su pensión y trabajará lo que le dejen. Gratis.

 

Público, 2/07/2018

Decidir, sí, pero todos los días.

Mi oposición al Derecho a decidir no tiene solo fundamentos de legalidad. Por supuesto estos son importantes porque, en Democracia, las formas son el fondo. Quienes desprecian el valor de las leyes y las exigencias de su cumplimiento en todo proceso político (por muy transformador o rupturista que sea), es que no conocen el sentido básico de la democracia.

¿Cuáles son esos requisitos legales? Primero, debemos aclarar una peligrosa confusión. La consulta no es solo una consulta. En la práctica es el inicio de la secesión. Porque, aunque la consulta no sea vinculante jurídicamente –como proclaman sus promotores-, nadie negará que es políticamente determinante. Es decir, su resultado constituiría un mandato democrático inapelable que define un único camino de acción: la materialización de un deseo colectivo, en el supuesto de que esa fuera la respuesta.

¿Por qué no es posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica jurídica aplastante: Porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que extenderla a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora, que le condene a su demolición.

Pero, mi argumentación principal frente a esa reivindicación es que ésa no es la forma de decidir una cosa tan importante.

1º) Porque un pueblo no decide su destino de manera tan traumática, tan coyuntural, de un día para otro, obligado a optar entre los extremos de un péndulo identitario lleno de soluciones intermedias, mayoritariamente compuesto de sentimientos compartidos.

La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un Sí o un No a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, incluso los que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que apoyarla, para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas españolistas.

2º) Porque el elector, no decide realmente, es decir, el ciudadano desconoce en sus verdaderas dimensiones, las consecuencias de una opción extrema y antagónica. Porque, si vence el No, ¿Quiere eso decir que los problemas que expresan los ciudadanos catalanes a favor del autogobierno deben quedar postergados y merecen el castigo de su desprecio por haber votado no a la independencia? Y si vence el Sí, resultará imprescindible empezar después a negociar las consecuencias de esa decisión extrema y las formas de materializar ese deseo. ¿No sería necesario volver a preguntar después, una vez conocidas esas circunstancias (peso de la deuda, reparto del patrimonio, marco comercial, entramado europeo en su caso, etc.), para saber si de verdad los catalanes desean y deciden ese marco de independencia?

3º) Porque una consulta autodeterminista interna, siempre conlleva una fractura social. El Sí y el No, es como un cuchillo que divide a la población en bandos antagónicos. Obligados a decidir, los ciudadanos y sus instituciones cívicas y sociales (familia, amigos, colegios profesionales, centros de trabajo, etc.), sufren una tensión ontológica sobre su ser o no ser, sin olvidar que la pretensión nacionalista favorable a la independencia, por naturaleza, ambiciona la homologación nacionalista de su población. Desconocer el carácter impositivo de ese movimiento, es cerrar los ojos para negar el sol. ¿Haremos extranjeros en nuestro propio país a nuestros vecinos de ayer?

4º) Porque las consultas autodeterministas, son, en sí mismas, profundamente desestabilizadoras. ¿Cuánto duran sus efectos? ¿Cuántas veces se pueden repetir o revocar estas decisiones? El hecho de que la aspiración a la secesión sea legítima, no nos impide calificarla como moralmente mala. Al margen del soporte social que obtenga, la secesión produce objetivamente efectos sociales muy perjudiciales para una amplísima ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña. Dentro, ya está dicho. Fuera, en la ruptura con una historia española común, con unas familias únicas, con unas relaciones económicas y comerciales, culturales y sociales, de enormes sinergias recíprocas. Mala para un proyecto europeo común posible.

Por eso, creo que en el tema catalán hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Para mí, lo primero es reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su status económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc. etc.

En segundo lugar, lo que procede es que abordemos una negociación de todos estos problemas. Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este período de nuestra democracia pero, que necesita una modernización, importante, y una renovación de su legitimación social.

Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006, no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una Nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos.

El final de esta Legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.

El Derecho a Decidir cobra así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a todos los españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente.

Para mí, eso es decidir. Eso es decisión razonada y legal.

Publicado el 3/04/2014 Espacio Público, Catalunya y el derecho a decidir.

Desconcertante Diversidad

Miro esta torre de Babel que es Europa desde mi ventana española. Es un pequeño hueco en el edificio Louise Wisse del complejo europarlamentario de Estrasburgo. Es un pequeño despacho en el formidable conjunto urbano del Legislativo europeo en Bruselas. Me sumerjo rápido en los pasillos, en la burocracia, en las reglas del funcionamiento parlamentario. Atravieso la marea humana que se entrecruza por pasillos, salas y despachos y que me muestra una meleé de hombres y mujeres europeos hablando mil lenguas de muy diferentes realidades. No, en Europa no es la lengua sólo la que nos separa. Lo que verdaderamente cuesta franquear, son las fronteras virtuales que nos imponen nuestras respectivas realidades. Todos los eurodiputados venimos preñados de nuestra realidad y cuesta mucho, ¡demasiado!, que la abandonemos para hacer y hablar de Europa.

Reunión de la Comisión de Libertades (Justicia e Interior para entendernos) Elegimos a Juan Fernando López Aguilar, presidente. Brilla con su oratoria barroca y políglota. Saluda en francés, responde en un inglés perfecto, matiza a los italianos en su idioma, discursea en español. Es un orgullo verle. Pero empiezan los comentarios de una comisión constitutiva. Una italiana dice que debemos abordar el problema de la mafia. Otro diputado de su país, probablemente de otro grupo, le matiza que hay que hablar “de las mafias”. La eurodiputada del PP, víctima del terrorismo, recuerda el último asesinato de ETA y reivindica la lucha de la democracia española contra la banda. Una diputada húngara clama contra la represión policial en su país. Otro diputado reivindica la igualdad de gays y lesbianas no reconocida todavía en algunos países del Este. Me pregunto ¿Cuándo hablaremos de Europa? ¿Es que no tienen Parlamentos nacionales para dirimir en sus países esos problemas? No, definitivamente, Europa no se construye si todos vamos con el famoso ¡”Que hay de lo mío”!.

Hay más barreras. Las burocráticas para construir textos y armar resoluciones y propuestas teniendo en cuenta que deben ser útiles y aceptables para veintisiete países distintos, para realidades económicas, sociológicas y políticas demasiado diferentes todavía y, brutalmente contradictorias en muchas ocasiones, especialmente, después de la entrada de los países del Este (2004). Las legislativas estrictamente. Porque aunque éste es un parlamento con formas, reglamento, organización y hechuras de Parlamento Nacional, sin embargo, el juego parlamentario no es el de una Nación. Ni lo es su función legislativa atenuada por una Comisión cuya iniciativa normativa es relativa y por un Consejo Europeo cada vez más celoso del poder de sus naciones y de un principio de subsidiariedad que oculta, a menudo, un rampante criterio de soberanía nacional, que bien podríamos llamar “Resistencia a Europa”.

Es ésta una de las sorpresas de esta legislatura. La idea de Europa, lo que alumbra este proyecto ambicioso y necesario, imprescindible por nuestra historia y para nuestro futuro, está atacada como nunca, después de que durante sesenta años haya recorrido lo más complejo y difícil de su camino. Curiosamente, ahora que la globalización reclama más espacios supranacionales y que la crisis económica demanda más política internacional, ahora que Europa resulta más necesaria que nunca, en el Parlamento Europeo, donde reside el corazón de su soberanía y de su legitimidad política, tenemos a ciento diez diputados euroescépticos o eurofobos que cuestionan la naturaleza o la existencia misma de Europa.

Por eso, fundamentalmente por eso, algunos creíamos que la elección de Barroso era obligada. Más que de un debate ideológico, se trataba y se trata, de una opción entre una Europa fuerte y unida o una Europa dividida y en crisis. No había otro candidato ni podía haberlo, porque fue la derecha quien ganó las elecciones del siete de junio. El Parlamento Europeo no elige, sólo ratifica, aunque no es poco. Pero además de todo ello, el Consejo Europeo de los veintisiete países de la Unión, sus Jefes de Gobierno, lo habían nominado por unanimidad. De manera que sólo nos quedaba abstención o votar NO. El NO era testimonial y peligroso. La abstención irrelevante. Algunos pensábamos que reforzar la vieja y productiva alianza proeuropea de demócratas, liberales y socialistas resultaba imprescindible y -porqué no decirlo- creíamos que al elegir a Barroso, poníamos de Presidente de la Comisión a un vecino y amigo de España y, desde luego, a un europeo convencido.

Quizás Barroso no sea el candidato ideal que los socialistas deseábamos, pero es el que nos ha propuesto unánimemente el Consejo -que es el órgano que tiene esta prerrogativa- y lo que los europeos necesitamos es una Comisión que se ponga a trabajar cuanto antes para salir de la crisis, que esté a pleno rendimiento para Pittsburgh y Copenhaguen y con todos sus comisarios elegidos cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, si es que los irlandeses dan el sí al nuevo Tratado común, el próximo dos de octubre.

Público, 28/09/2009