El empeño de un periódico madrileño por titular en primera tres días seguidos sobre la supresión o no de los mal llamados funerales de Estado en el documento sobre laicidad del congreso del PSOE, me ha suscitado la oportunidad de una reflexión algo más amplia sobre laicidad y símbolos religiosos en los actos públicos de la oficialidad española.
Empezaré por lamentar que, una vez más, los titulares periodísticos eleven a categoría la anécdota y acaben reduciendo un interesante y profundo documento elaborado por el partido del Gobierno sobre un tema sensible y poliédrico, a una frívola y simplificada decisión que, además, no nos corresponde. Porque, efectivamente, la naturaleza, religiosa o no, de los actos fúnebres, corresponde a la familia del fallecido. La asistencia de representantes públicos no convierte a los funerales en 'funerales del Estado'. Y por último, hay muchos actos de despedida a los muertos que son de naturaleza laica y que se complementan frecuentemente con los actos religiosos de forma natural: capilla ardiente y funeral, por ejemplo, sin que nadie adopte una radical e innecesaria decisión para elegir artificiosamente entre unos y otros.
Les contaré a qué viene todo esto. En la resolución que los socialistas aprobamos sobre laicidad, en el 37 congreso, se hacía un largo exordio sobre la necesidad de avanzar en una mayor cultura laica en nuestro país. En un párrafo en el que se describían los retos y reformas que debemos incorporar a nuestras instituciones y costumbres, para avanzar en ese principio y a título de ejemplo se citaban los funerales de Estado. Primer titular: 'Se suprimirán los funerales de Estado'. El día que se votó este texto y a sugerencia de varios congresistas, eliminamos esa cita porque lo importante era la idea y el ejemplo - los funerales de Estado- era innecesario y además inoportuno. Segundo titular: 'Marcha atrás en la supresión de los funerales de Estado'. Días después, descubierta la supuesta intervención de Rodríguez Zapatero en el asunto, se volvía a la primera y a cuatro columnas: 'Zapatero frenó el plan del PSOE de suprimir los funerales de Estado'.
Durante el congreso y en mi calidad de ponente informé a la prensa de que se había decidido eliminar esa referencia porque es la familia quien decide y porque en la liturgia, civil o laica, no hay una ceremonia comparable a la religiosa para despedir a los muertos. Por este último razonamiento he recibido críticas encendidas que acepto con deportividad pero que no comparto. He asistido a centenares de funerales religiosos con las víctimas de ETA. En alguna ocasión y por deseo de la familia, la inhumación se ha producido sin acto religioso y la tristeza de la despedida ha sido gélida. Los socialistas de Eibar acostumbran a enterrar a los afiliados del partido en una ceremonia laica que celebraban (ignoro si lo siguen haciendo) en las escaleras del cementerio eibarrés. Arriba, en el rellano de la última escalera, en la puerta de entrada al cementerio, se colocaba 'el cura laico', nuestro querido Benigno Bascarán en su día. Desde allí hacía un discurso sobre la vida del compañero fallecido. Elogiaba sus virtudes, repasaba sus momentos vitales, contaba alguna anécdota y poco más. Con todo, había una liturgia laica, aunque fría y poco propicia al duelo, al acompañamiento familiar y al protocolo de la condolencia.
No es casualidad que sean los funerales los actos religiosos menos asaltados por la competencia de la laicidad. Véase las bodas. Hace veinte años el 90% de las bodas eran religiosas. Hoy hay más ceremonias civiles laicas que religiosas. Poco a poco se ha construido una liturgia laica en la que intervienen padres o padrinos, el oficiante hace un discurso sobre el contrato del matrimonio, se leen poemas, los niños acompañan con alguna cosa escrita en su inocente lenguaje y en fin, música clásica debidamente elegida o alguna intervención coral, hacen el resto. Curiosamente, estos elementos laicos empiezan a incorporarse a los funerales religiosos con intervenciones de familiares o amigos al final de la misa o durante ella, haciendo al funeral difícilmente sustituible en este doloroso acto.
Pero, más allá de esta anecdótica cuestión, lo importante es reconocer la necesidad de avanzar en la laicidad constitucional, concepto que podríamos resumir en cuatro principios: libertad religiosa y de conciencia; igualdad de trato y no discriminación del Estado; separación entre Estado y cualquier confesión religiosa y la cooperación con las confesiones religiosas teniendo en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos.
Mi admirado J.M. Ruiz Soroa escribió no hace mucho un argumentado reproche contra una intervención parlamentaria mía en la que negaba la necesidad de una ley para prohibir la presencia del crucifijo en ceremonias públicas. También aquí acepto la crítica y la lógica de que los poderes públicos generen conductas laicas, aunque discrepe sobre la oportunidad de hacerlo mediante leyes prohibicionistas. Mi posición era y es que la laicidad es una cultura que debe ir siendo implantada conforme la ciudadanía la comprende y la asume. No ha hecho falta una ley para quitar los crucifijos de juzgados y escuelas y sin embargo en la mayoría de los lugares públicos ya no hay simbología religiosa. Dicho lo cual, admito que tenemos todavía mucho camino por recorrer.
En primer lugar, la necesidad de construir y educar a las generaciones jóvenes en una ética pública cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales y la declaración universal de los derechos humanos. Aquí destaca la importancia de Educación para la ciudadanía. Segundo, el desafío de crear una cultura pública laica y prácticas de ciudadanía basadas en la tolerancia activa y la deliberación, sin exclusiones ni pretensiones impositivas. Tercero, la consolidación de unas relaciones de cooperación apropiadas, caracterizadas por la igualdad y no discriminación con las diferentes confesiones religiosas. En cuarto lugar, la igualdad ante el estado de ciudadanos y asociaciones cuya libertad religiosa y de conciencia se expresa en orientaciones laicas, no específicamente religiosas. En último término, la desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las instituciones públicas, y la eliminación progresiva de símbolos religiosos en los edificios y actos públicos. Todo ello de acuerdo al sentir general de la ciudadanía, pues no es nuestro propósito actuar por imperativo legal sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española. Por todo ello, sí hemos adoptado la decisión de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) y abordar en ella estas medidas. El mandato constitucional de aconfesionalidad así lo exige. Pero hacerlo con prudencia y acompañando a la sociedad en una cultura tolerante de la laicidad, es lo más inteligente en un país cuya memoria histórica algo nos enseña sobre esta delicada cuestión.
El Correo,20/07/2008