27 de febrero de 2019

Europa sí tiene futuro.

Frente a tanto pesimismo europeo y a pesar de las amenazas populistas al proyecto común, yo creo firmemente que Europa tiene futuro y que seguirá construyendo este bello edificio supranacional. Esta semana pasada hemos aprobado un Informe sobre el Futuro de Europa, que he titulado “Hacer más y mejor, lo que sólo podemos hacer juntos”. En esta sencilla frase he querido resumir toda la filosofía que alumbra y alimenta ese optimismo.

Todos somos demasiado pequeños para afrontar el futuro. Incluso Alemania o Francia. Todos los retos importantes de este mundo en cambio que vivimos, superan a nuestros Estados y nos exigen dimensión y poder para defender nuestros valores y nuestros intereses. Si la paz y el progreso fueron los motores de la Europa de la posguerra, hoy, en el siglo de la globalización y de las revoluciones científicas, ante una creciente hostilidad exterior con peligrosas guerras comerciales, tecnológicas, monetarias, etcétera.… y una inseguridad creciente en una vecindad conflictiva como nunca, el motor es la necesidad de potencia y dimensión para tener peso en el mundo. Para pisar fuerte en un planeta que se desplaza hacia Asia y en el que aparecen nuevas potencias en un multilateralismo desordenado y en una competencia planetaria.

No es un argumento tan constructivo y de tanta altura moral como los que inspiraron las tres o cuatro décadas que siguieron al Tratado de Roma, pero es un relato imprescindible si no queremos diluirnos en la pequeñez de nuestros nacionalismos y puede y debe ser completado por la fuerza moral de nuestros valores democráticos y por la imprescindible defensa de nuestro modelo de Economía Social de Mercado en una sociedad del Bienestar.

Son los nacionalismos reaccionarios, anacrónicos, populistas, todos ellos, los que rechazan este relato evidente y esta necesidad imperiosa, manipulando los sentimientos más primarios y atribuyendo a Bruselas muchos de los problemas que ellos crean o que son incapaces de resolver. Una gran mayoría de ciudadanos europeos desde Lisboa a Budapest, desde Atenas a Riga, creen que la pertenencia de sus países a la Unión es positiva y que ha traído enormes beneficios, como ha puesto de manifiesto los resultados del Parlámetro 2018, el resultado más elevado obtenido desde 1983.

“Hay retos que sólo podemos afrontar juntos”. Este ha sido el común denominador de los Primeros Ministros y Jefes de Estado que han comparecido en el Parlamento a lo largo de estos últimos años para hablar precisamente de esto, del futuro de Europa. Entre ellos hay muchas diferencias a la hora de abordar algunas cuestiones esenciales: la Política Fiscal en el seno del Mercado Único, la Unión Económica y Monetaria, la Política Económica de la Zona Euro, la Política Migratoria…

No son temas despreciables por cierto y ponen en evidencia las enormes dificultades que tenemos para resolver estas dos grandes brechas que han surgido entre nosotros estos últimos cinco años, la brecha Norte/Sur sobre la gestión económica y la brecha Este/Oeste en la política migratoria. Pero por encima de esas discrepancias, todos ellos coincidieron en que hay cosas que solo una Europa unida y fuerte puede abordar: negociar acuerdos comerciales con el resto del mundo; estructurar una defensa común dotada de un ejército europeo; unificar nuestra política exterior; liderar la lucha contra el cambio climático; defender un multilateralismo ordenado y justo; expandir los derechos humanos como base social de la dignidad humana; ordenar y regular la economía digital y el Internet de las cosas…

A todo eso y a mucho más llama la necesidad de la unidad europea y la mejora de su integración. “No se trata de hacer más sino de hacerlo mejor”, decían algunos de los dirigentes, como el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, que algunas voces en Bruselas le colocan al frente del Consejo en sustitución Donald Tusk el próximo año. Pero, en realidad, se trata de ambas cosas: Hacer más y hacer mejor.

Por eso el informe reclama algunos cambios internos que habrá que abordar pronto: eliminar la unanimidad para muchas decisiones, hoy vetadas o ralentizadas hasta la exasperación por los vetos de unos y otros; devolver la iniciativa a la Comisión y darle un liderazgo político que le ha arrebatado el Consejo; hacer más fuerte el peso del Parlamento Europeo y el método comunitario en la gestión de las consensos internos; avanzar en el Mercado Único y en la cooperación entre los Estados miembros; asegurar la traslación y la aplicación del derecho comunitario a todos los Estados miembros, ... etcétera.

Además, es necesario mejorar la integración de esta Europa grande y diversa, demasiado heterogénea a veces, que reclamará probablemente el uso de cooperaciones reforzadas más frecuentemente cuando sólo un grupo de países decida avanzar en espacios que otros no quieren, como lo fueron Schengen o el Euro.

La salida del Reino Unido de la Unión (¿?) nos obligará a definir un nuevo marco de Asociación política y comercial con ese país tan importante y cercano. Será la ocasión de decirles a algunos que no quieren avanzar más, que tienen ese nuevo marco como salida. Es demasiado prematuro para decirlo, pero es necesario advertirlo.

Todo se verá. Las elecciones de mayo pueden crear un amplio grupo político nacionalista, pero será inferior a los dos grandes partidos europeos (PPE y S&D) y junto a Liberales y Verdes seremos una gran mayoría europeísta. Mal que les pese a Bannon, Salvini, Orbán y compañía.

Publicado en El Confidencial, 27/02/19

20 de febrero de 2019

Intervención Comité AFCO. 20/02/2019

Estudio sobre "El significado de asociación" según la legislación de la UE- Un estudio sobre la ley y la práctica de los acuerdos de asociación de la UE"




Entrevista para "Nuevo Diario" Nicaragua. 20/02/2019

"Si no hay un cambio… la UE establecerá sanciones”

 “Consideramos un escarnio que se haya liberado a 1,500 presos comunes y no se haya liberado a ningún preso político” en Nicaragua, dice a El Nuevo Diario el eurodiputado Ramón Jáuregui, quien a finales de enero visitó Managua encabezando una delegación del Parlamento Europeo.

Dice que si el presidente Daniel Ortega oficializa la reanudación del diálogo y muestra gestos de cambios rotundos; por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos, la Unión Europea podría suspender la aprobación de sanciones a Nicaragua.
Luego de la reunión del gobierno con algunos empresarios y representantes de la iglesia católica, el sábado pasado, ¿qué esperan ustedes en cuanto al diálogo?
 
La posibilidad que el diálogo se reanude nos parece importantísima y muy, muy positiva, pero creemos que se trata de movimientos exploratorios que no podrían considerarse formalmente el inicio de conversaciones políticas.
 
¿Cómo sería un diálogo idóneo en Nicaragua?

Creo que el diálogo tiene que ser con la oposición política nicaragüense, a través de una mediación internacional, pero, para eso tienen que cumplirse dos condiciones que son importantes; la primera es que el Gobierno tiene que mostrar algún tipo de actitud favorable a que los prisioneros políticos dejen de serlo; que la oposición pueda moverse con libertad, que los partidos, que los movimientos sociales, que los líderes sociales no sean asediados o acosados.

En segundo lugar, tiene que vertebrarse la propia oposición. La oposición tiene que ser consciente de que si hay una oportunidad de diálogo el pragmatismo es necesario y la organización interna, la cohesión, es fundamental.

Si el gobierno oficializa la reanudación del diálogo, ¿cómo cambiaría la situación desde la visión de la Unión Europea?

Si ese diálogo se formaliza con la oposición y se producen gestos del Gobierno, respecto de los presos políticos, modularemos nuestra resolución en el Parlamento Europeo. La resolución está propuesta para aprobarse el próximo 13 de marzo.
Nosotros estamos dispuestos a evaluar la situación del pueblo nicaragüense con la mayor consideración, con el mejor espíritu, pero si estos gestos no se producen y es una maniobra de aplacamiento, seremos muy severos en la resolución.

Ustedes solicitaron al gobierno tres gestos imprescindibles: libertad provisional o “casa por cárcel” para los presos a la espera de juicio; que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales, y que se permita volver al país a las organizaciones internacionales de derechos humanos.¿Esto tendría que ocurrir antes del diálogo?

La primera es la más importante. La primera y la segunda son condiciones necesarias para el diálogo, la tercera puede ser consecuencia del diálogo entre las partes.
 
¿Cree que la reacción del gobierno será positiva sobre esos gestos previos al diálogo?

No tengo seguridad. He recibido con mucho interés la noticia de este fin de semana de los dos contactos, pero insisto en que no es suficiente. El diálogo, de ser serio, tiene que incluir a la oposición y la oposición no puede estar ni en el exilio ni en la cárcel.

El presidente del parlamento europeo envió una carta al presidente Ortega pidiéndole cumplir su promesa de “suavizar la situación de quiebra de la democracia y los derechos humanos”. ¿Han recibido algún tipo de respuesta?

No. Lo único que sabemos es lo que se ha informado este fin de semana sobre estos dos contactos. No tenemos más informaciones; es más, consideramos un escarnio que se haya liberado a 1,500 presos comunes y no se haya liberado a ningún preso político.

¿Cuál es el plazo que le dan al gobierno para que responda a la solicitud de liberar a los presos políticos?

Estamos en el límite de los plazos, el Parlamento Europeo va a aprobar su resolución el 13 de marzo. Si antes hay datos concretos de un cambio, nos mediremos; si no, el Parlamento Europeo será muy severo en su resolución, aunque son los Estados miembros y la propia Unión Europea, en su reunión de ministros de exteriores, la que tomará las decisiones.
Pero, insisto, si no hay un cambio claro y rotundo, no me importa tanto el plazo, me importa la rotundidad del cambio, especialmente lo que se refiere a las dos primeras condiciones que hemos establecido. Si no hay ese cambio, con toda seguridad la Unión Europea se va a sumar a la presión internacional, en un proceso escalonado, que incluirá primeramente a los dirigentes del régimen sandinista.

El consejo de la Unión Europea aprobó este lunes unas conclusiones sobre prioridades en materia de derechos humanos, y señala casos de tortura, desapariciones forzadas o asesinatos extrajudiciales en Nicaragua. ¿Hasta dónde podría llegar la UE para obligar al gobierno de Nicaragua a detener esas acciones?

Es muy probable, que si no hay un cambio y no hay un cese de esas violaciones a los derechos humanos, la Unión Europea establecerá sanciones con toda seguridad. Serán escalonadas, pero incluirían a corto plazo a los responsables de esas violaciones.

¿En qué organismos se apoyarían para conseguir que en Nicaragua se construya un ambiente democrático, libre y justo?

Creo que lo importante ahora es recuperar la libertad para los presos y reanudar el diálogo con libertad de los movimientos políticos; la esencia es esa, ese es el proceso, esos son los pasos necesarios para establecer un marco transparente y creíble en un proceso electoral en el país. Más adelante vendrían otras cosas y no hay que cometer la imprudencia de pretenderlo todo mañana.
El organismo más importante es el que adopta la Unión Europea y no hace falta ir más lejos. No hay otros organismos internacionales más eficaces que lo que son las propias organizaciones internacionales, ya están operando otros sitios: los Estados Unidos, la OEA (Organización de Estados Americanos), la Unión Europea, los organismos internacionales de Naciones Unidas.
Todos estamos en la misma dirección, no hace falta que pongamos más siglas, ya es bastante. Lo que hace falta es ser eficaz en la presión y hay que ser prudentes, ingeniosos en la construcción del pacto de salida a esta situación; no hay que cometer errores, como los q
ue se cometieron con una negociación televisada.

¿Contemplarían congelar la cooperación con Nicaragua?

Me pide unas precisiones que no me competen, pero el Acuerdo de Asociación estará en el final de las propuestas que el Parlamento elabore.
La denuncia del Acuerdo de Asociación con Nicaragua es, en última instancia, una medida que hay que tomar con prudencia para evitar lesionar al pueblo nicaragüense, porque una de las consecuencias de esa decisión podría lesionar seriamente a los ciudadanos.

¿Estaría dispuesta la Unión Europea a acompañar el diálogo o futuras comisiones de supervisión de cumplimiento de acuerdos?

Lo que hemos conocido hasta la fecha no es suficiente, pero la Unión Europea está a disposición de colaborar, de ayudar, especialmente una vez que la OEA ha tomado pie sobre el terreno. Nos parece que la OEA es el organismo más próximo, regionalmente hablando, y nuestra disposición como europeos es para ayudar en ese proceso.

Si se reanuda el diálogo, ¿podrían los eurodiputados suspender las sanciones que han venido advirtiendo?

Claro. Por supuesto que podríamos.

Publicado en Nuevo Diario, 20/02/2019

19 de febrero de 2019

16 de febrero de 2019

A propósito de Nicaragua. Lecciones no aprendidas.

Un artículo de Sergio Ramírez. El País, 6/02/2019

Tras solventar muchos impedimentos, los once miembros de una misión del Parlamento Europeo pudieron cumplir por fin su visita a Nicaragua propuesta desde noviembre del año pasado.
 
El presidente de la misión, Ramón Jáuregui, presentó antes de partir unas conclusiones terminantes sobre la urgente necesidad del cese de la represión, la libertad de los presos políticos, la restitución de la libertad de información, y el restablecimiento de la democracia por medio de elecciones confiables.

Y en sus declaraciones Jáuregui dijo algo que parecería obvio pero en Nicaragua resulta esencial: “la democracia tiene una regla que es aceptar la posibilidad de la derrota”.
 
Es lo que hizo el Frente Sandinista tras las elecciones de 1990, cuando triunfó Violeta de Chamorro: aceptó la derrota, y eso le dio entonces el prestigio de haber entregado por los votos el poder ganado por las armas.
 
Hasta entonces había dominado la filosofía del poder popular confiado a la vanguardia por una especie de voluntad divina. Las revoluciones eran, además, invencibles. ¿Dónde se había visto que el pueblo mismo fuera a derrotar a una revolución popular forjada con sangre? Pero ocurrió.
 
En enero de 1988, Carlos Fuentes hizo una visita a Nicaragua. Lo acompañaba el periodista Stephen Talbot, que escribía un reportaje sobre el escritor mexicano para la revista Mother Jones.
 
En una de las conversaciones con los dirigentes sandinistas se habló de las posibilidades que tenía la contra de ganar la guerra, recuerda Talbot, y el comandante Tomás Borge “dijo decididamente que algo así era imposible porque los contras van a contrapelo de la historia".
 
Fuentes interrumpió para preguntar: "¿Y cuál fue la experiencia de Guatemala en 1954 y de Chile en 1973? ¿No se demostró que la izquierda puede ser derrotada?". "No", respondió Borge, cortante. "Ellos no armaron al pueblo, por eso perdieron".
 
Después se discutió sobre las elecciones. “Borge dijo que su opinión personal era que ningún partido de oposición podía llegar a ganar a los sandinistas en las urnas. "Ahora no", asintió Fuentes, "pero en el futuro, ¿por qué no?". "Sólo si son antiimperialistas y revolucionarios", proclamó Borge, “si un partido reaccionario ganara, yo dejaría de creer en las leyes del desarrollo político". "Yo no estaría tan seguro de esas leyes", advirtió Fuentes.
 
Tras aceptar la derrota de 1990, el Frente Sandinista perdió la oportunidad de recuperar los espacios electorales, luchando bajo las reglas democráticas para conquistar de nuevo la mayoría de los votantes. El criterio obsoleto de la vanguardia dueña de la verdad, que representa al pueblo aunque tenga en contra la mayoría, volvió a imponerse.
 
Y cuando Daniel Ortega, tras tres derrotas logró por fin ganar en 2006, no lo hizo porque tuviera de nuevo esa mayoría, sino porque selló un pacto con Arnoldo Alemán, entonces caudillo del partido liberal, por medio del cual se reformó la Constitución para que pudiera ganar en primera vuelta con el 35% de los votos, la cifra máxima que el eterno e insustituible candidato había logrado sacar.
 
Ortega se hizo entonces la promesa de no volver a perder nunca, con lo que, a lo largo de estos años, ha estado ausente en él la voluntad de aceptar que la derrota es una regla esencial de la democracia.
Y hay otra cosa que en su comparecencia Jáuregui agregó: el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio. Quedarse a cualquier precio sólo puede acarrear crisis tan profundas como las que hoy vive Nicaragua.
 
El poder no puede ponerse en juego, la derrota no es una opción. Por eso es que los reclamos por un diálogo nacional no son escuchados; porque un diálogo lleva necesariamente a hablar de elecciones limpias, justas, con jueces imparciales y honestos, vigiladas internacionalmente. Ese es el atolladero del que hay que salir.
 
Hay que buscar cómo Ortega escuche a todos quienes le dicen, igual que el eurodiputado Jáuregui, que la democracia tiene una primera regla, que es aceptar la posibilidad de la derrota. Porque unas elecciones con el mismo ganador, ya no son posibles en la nueva realidad que vive Nicaragua. Sólo harán más profundo el abismo.
 
La creencia de que el poder es un fin, y no un medio, es a estas alturas catastrófica. Y el reclamo para que el país empiece lo más pronto posible a vivir bajo un régimen de democracia abierta es lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere.
 
No hay que desmayar en esa insistencia, porque el diálogo, y las elecciones justas, son la única salida posible.
 
Sergio Ramírez es escritor y Premio Cervantes 2017.


 

11 de febrero de 2019

Informe sobre el Futuro de Europa.Pleno 11/02/2019

Informe sobre el Futuro de Europa.




Intervención Pleno. Situación Nicaragua 11/02/2019


Petición al Presidente Tajani, para que se dirija al Presidente Ortega por la preocupante situación en Nicaragua .





Otra intervención:
 
Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión - Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada - Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las competencias del Parlamento en materia de control político de la Comisión - Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional
de la Unión.
 
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7 de febrero de 2019

Un juicio inevitable.

Todos los analistas del mundo coinciden en el éxito de la Transición y de la Constitución española de finales de los setenta. Las grandes cuestiones pendientes de la modernidad española fueron abordadas y resueltas con éxito por la Constitución; la libertad/democracia, la forma de Estado, la cuestión militar, la religiosa, la educativa, la agraria... También la vieja querella territorial se planteó con singularidad en un modelo federal con las peculiaridades semánticas e históricas del país. Muchos creímos que, en ese marco generoso y flexible, los nacionalismos históricos, especialmente el vasco y el catalán, tenían cabida y que, con pactos, en una dialéctica mesurada, podríamos asegurar estabilidad y paz interior.
 
No ha sido así. Si el jurista persa del famoso artículo de Cruz Villalón volviera a España en 2020, descubriría que la única previsión constitucional que no habría cumplido sus expectativas es el Título VIII. Dos fuertes corrientes polarizadas y extremas recorren hoy el debate autonómico y los sentimientos nacionales. De una parte, el nacionalismo catalán ha abrazado una vía abiertamente independentista (con el nacionalismo vasco agazapado a la espera de ver cómo acaba la aventura), y de otra, la aparición de Vox arrastra al Partido Popular y a Ciudadanos hacia posiciones más recentralizadoras que autonomistas. No podemos desconocer que una parte importante de la opinión pública española está reaccionando de manera visceral al desafío nacionalista catalán, sumándose así a muchas voces que vienen reclamando ciertas revisiones competenciales para hacer más iguales los derechos de los españoles en determinados servicios básicos.

Esta polarización hace imposible la vía negociadora y las soluciones pactistas al tema catalán. Cuando escribimos el llamado documento de Granada (PSOE), quisimos ofrecer una renovación del pacto estatutario y constitucional a Cataluña y a España. Un nuevo estatuto reformado al mismo tiempo que se abordaban los cambios constitucionales pendientes nos llevaría a un doble referéndum en Cataluña, al tiempo que se ratifica la nueva Constitución en el conjunto de España. La fórmula tenía una virtud añadida e imprescindible: obtener el sí a la Constitución en Cataluña, al votarla junto al nuevo Estatuto.

Pero debo reconocer que esta propuesta ha perdido verosimilitud, aunque el Gobierno Sánchez la esté reiterando. El nacionalismo catalán la rechaza por su radical apuesta independentista y la derecha política está pensando más en el 155 que en otra cosa. Mucho me temo que caminamos hacia un desencuentro fatal.

El juicio al ‘procés’ se inserta en el corazón de esta larga batalla. Es un juicio necesario e inevitable porque los delitos fueron graves. Se atacó abiertamente el sistema institucional del Estado con leyes y decisiones parlamentarias que violentaban gravemente la Constitución y desobedecían reiteradamente el máximo tribunal. Nadie sabe cuáles serán sus efectos. Sabemos, eso sí, que el nacionalismo catalán encenderá el sentimiento victimista y agrandará la leyenda negra antiespañola. Es, sin duda, una buena oportunidad la que les proporciona un juicio tan severo por algo que ellos consideran el ejercicio de un derecho. Sabemos también que nada ni nadie va a alterar la independencia judicial del Tribunal Supremo. Es más, me consta que la cúspide del Poder Judicial del Estado es consciente de las muchas miradas que le contemplan y están en la idea de demostrar al mundo entero que el Poder Judicial es independiente y que el Estado de Derecho funciona en España como en el más democrático de los países del mundo.

Olvidemos pues, afortunadamente, cualquier especulación sobre gestos del Gobierno en cualquier sentido. Ni siquiera la Fiscalía, cuya relación con la política penal del Ejecutivo está constitucionalmente prevista, ha hecho el menor caso a las opiniones de los expertos y de la Abogacía del Estado para eliminar la rebelión de la acusación.

Cabe suponer que el juicio va a poner a nuestro país y a nuestra democracia en el escaparate internacional. Cabe también suponer que el juicio será transparente y riguroso y que muy probablemente las penas serán importantes, aunque no tan graves como las peticiones de la Fiscalía. Estoy también bastante seguro de que en tiempos próximos se reformará la Ley Procesal Penal para eliminar la acusación particular partidaria de este tipo de procesos. La presencia de Vox en esta vista es perturbadora y no hace ninguna falta, no nos hace ningún bien, y es un aprovechamiento partidista que perturba la causa y resulta oportunista y sectario.

 ¿Qué pasará después? Supongo que en verano tendremos la sentencia y que en unos meses habrá elecciones generales. También en Cataluña. Lo resultados nos darán muchas indicaciones. Especialmente necesarias después de una legislatura tan agitada (investidura compleja, moción de censura, Gobierno en minoría, juicio al procés...) Habrá que ver entonces si, más allá del juicio, la política española ofrece alguna salida distinta a Cataluña y habrá que ver –también– si en Cataluña hay interlocutores y pacto interno como para reintentar el pacto necesario. Lo contrario ya lo conocen ustedes. Lo dijo en este periódico el señor Maroto (PP): «Lo primero que haremos si gobernamos es aplicar el 155. Y no será ni corto ni blandito».
 
Publicado en El Correo, 7/02/2019





5 de febrero de 2019

Intervención comisión TAX3 Delitos Fiscales. 5/02/2019

 Audiencia pública sobre la repercusión de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en los mercados inmobiliarios locales, en particular en las ciudades europeas.