El tiempo se agota. Cuando los ministros de Finanzas europeos se reúnan este martes, deberían adoptar el impuesto sobre servicios digitales: un gravamen sobre el volumen de negocio de las grandes empresas digitales como Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking y Spotify. Esto podría generar hasta 10.000 millones de euros de ingresos públicos anuales, muy necesarios para promover el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y la prestación de servicios públicos esenciales.
Mientras que los ciudadanos y las pequeñas empresas pagan sus impuestos donde viven y trabajan, las grandes multinacionales digitales prácticamente no pagan nada. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea reveló que el sector digital tenía un gravamen del 9,5% del impuesto de sociedades, mientras que los sectores tradicionales contribuyen con una media del 23%, más del doble. Sólo en 2017, Amazon obtuvo unos ingresos de aproximadamente 25.000 millones de euros en Europa, pero consiguió tributar casi cero impuestos.
Los regímenes fiscales actuales están desfasados debido a la globalización y la digitalización. Diseñados a principios del siglo XX para una economía de ladrillos y cemento, ya no funcionan en nuestra economía cada vez más digitalizada. Además, las divergencias entre las normas fiscales nacionales y las lagunas legales hacen que la evasión y el fraude sean prácticamente un juego de niños. Las revelaciones de los Papeles del Paraíso han mostrado cómo las multinacionales capitalizan estos vacíos jurídicos empleando elaboradas construcciones que les permiten trasladar los beneficios a paraísos fiscales donde los tipos impositivos son bajos o incluso nulos.
Las compañías digitales son particularmente propensas a esto. Se benefician de una escasa presencia física en Europa y, por lo tanto, pueden enviar los beneficios al Estado más favorable a sus intereses. De este modo, están impulsando la competencia entre los Estados miembros y liderando una carrera a la baja en la tributación de las empresas.
A menos que se cambien las reglas del juego, continuarán los impuestos injustos y las tasas impositivas decrecientes. Tomar las medidas y hacer las reformas necesarias requiere tiempo, pero lo más importante es el liderazgo, en este caso, el liderazgo europeo.
Nuestra mejor forma de fomentar el debate internacional en esta materia es mediante una iniciativa europea que garantice que las empresas digitales paguen los impuestos que les corresponden cuanto antes. La mejor opción sería adoptar el impuesto sobre los servicios digitales tal y como propone la Comisión Europea y, preferiblemente, con una tasa superior al 5% en un ámbito amplio, que incluya ingresos procedentes de contenidos digitales como Netflix y el comercio electrónico de Amazon.
La segunda mejor opción sería decidir ahora sobre una solución de contingencia, que entraría automáticamente en vigor si las negociaciones internacionales en la OCDE no logran imponer impuestos a la economía digital y que podría unir las posiciones de Francia y Alemania. Garantizar que entrará en vigor un impuesto europeo sobre servicios digitales en diciembre de 2020 como fecha límite es necesario para presionar en el ineficaz proceso de regulación global. Solo la amenaza creíble de una respuesta regulatoria traerá a Estados Unidos a la mesa de la OCDE y logrará una solución multilateral sobre la fiscalidad de la economía digital.
Nos arriesgamos a perder la oportunidad de que la UE pueda gravar a las empresas digitales. Posponer una decisión otros dos años no es una opción. Exigimos acciones para detener esta injusticia que consiste en una baja o nula tributación sobre los beneficios obtenidos por estas empresas en Europa.
Pedimos a los ministros de Finanzas europeos que ofrezcan una solución. Ahora. Para asegurar que la digitalización de la economía no conlleve una mayor carga fiscal para los empleados o las pequeñas empresas. Europa necesita recuperar su soberanía fiscal. La equidad está en juego.
Mientras que los ciudadanos y las pequeñas empresas pagan sus impuestos donde viven y trabajan, las grandes multinacionales digitales prácticamente no pagan nada. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea reveló que el sector digital tenía un gravamen del 9,5% del impuesto de sociedades, mientras que los sectores tradicionales contribuyen con una media del 23%, más del doble. Sólo en 2017, Amazon obtuvo unos ingresos de aproximadamente 25.000 millones de euros en Europa, pero consiguió tributar casi cero impuestos.
Los regímenes fiscales actuales están desfasados debido a la globalización y la digitalización. Diseñados a principios del siglo XX para una economía de ladrillos y cemento, ya no funcionan en nuestra economía cada vez más digitalizada. Además, las divergencias entre las normas fiscales nacionales y las lagunas legales hacen que la evasión y el fraude sean prácticamente un juego de niños. Las revelaciones de los Papeles del Paraíso han mostrado cómo las multinacionales capitalizan estos vacíos jurídicos empleando elaboradas construcciones que les permiten trasladar los beneficios a paraísos fiscales donde los tipos impositivos son bajos o incluso nulos.
Las compañías digitales son particularmente propensas a esto. Se benefician de una escasa presencia física en Europa y, por lo tanto, pueden enviar los beneficios al Estado más favorable a sus intereses. De este modo, están impulsando la competencia entre los Estados miembros y liderando una carrera a la baja en la tributación de las empresas.
A menos que se cambien las reglas del juego, continuarán los impuestos injustos y las tasas impositivas decrecientes. Tomar las medidas y hacer las reformas necesarias requiere tiempo, pero lo más importante es el liderazgo, en este caso, el liderazgo europeo.
Nuestra mejor forma de fomentar el debate internacional en esta materia es mediante una iniciativa europea que garantice que las empresas digitales paguen los impuestos que les corresponden cuanto antes. La mejor opción sería adoptar el impuesto sobre los servicios digitales tal y como propone la Comisión Europea y, preferiblemente, con una tasa superior al 5% en un ámbito amplio, que incluya ingresos procedentes de contenidos digitales como Netflix y el comercio electrónico de Amazon.
La segunda mejor opción sería decidir ahora sobre una solución de contingencia, que entraría automáticamente en vigor si las negociaciones internacionales en la OCDE no logran imponer impuestos a la economía digital y que podría unir las posiciones de Francia y Alemania. Garantizar que entrará en vigor un impuesto europeo sobre servicios digitales en diciembre de 2020 como fecha límite es necesario para presionar en el ineficaz proceso de regulación global. Solo la amenaza creíble de una respuesta regulatoria traerá a Estados Unidos a la mesa de la OCDE y logrará una solución multilateral sobre la fiscalidad de la economía digital.
Nos arriesgamos a perder la oportunidad de que la UE pueda gravar a las empresas digitales. Posponer una decisión otros dos años no es una opción. Exigimos acciones para detener esta injusticia que consiste en una baja o nula tributación sobre los beneficios obtenidos por estas empresas en Europa.
Pedimos a los ministros de Finanzas europeos que ofrezcan una solución. Ahora. Para asegurar que la digitalización de la economía no conlleve una mayor carga fiscal para los empleados o las pequeñas empresas. Europa necesita recuperar su soberanía fiscal. La equidad está en juego.
Ramón Jáuregui, Jonás Fernández, Udo Bullman, Paul Tang -
Eurodiputados socialistas para El Diario.es 3/12/2018