Dos conceptos y dos políticas antagónicas acaparan hoy los debates nacionales. Regularizar a inmigrantes es conceder a quienes viven y trabajan con y para nosotros derechos iguales de ciudadanía. 'Prioridad nacional' equivale a segregar a ciudadanos en función de su origen, castigando a los foráneos a no recibir ayudas o prestaciones públicas, o a hacerlo después de los ciudadanos nacionales.
En términos políticos, ambas medidas tienen muy diferente plasmación .La regularización es una disposición legal inamovible y real, se está produciendo ya y acabará legalizando la situación irregular de más de 500.000 inmigrantes que trabajan y viven en España, produciendo extraordinarios efectos en sus vidas, tanto desde el punto de vista de su seguridad y estabilidad como, sobre todo, de sus derechos. Por el contrario, la 'prioridad nacional' es solo un eslogan, una bandera política, una pretensión partidista, sin cobertura legal alguna y con manifiesta violación del ordenamiento jurídico español, incluida nuestra propia Constitución.
Desgraciadamente, es algo más que eso. Su proyección política ha sido inmediata, al incluirse en los acuerdos autonómicos entre PP y Vox; y su penetración social ha sido grande, porque ese sentimiento de 'primero los de casa' es tan elemental como primario. En términos de márketing político, han tenido un enorme éxito porque con dos palabras sencillas han logrado expresar una idea, casi un programa político, y además han excitado un sentimiento humano. Se parece mucho a otros dos eslóganes populistas de probados efectos en los años precedentes: el 'America first' de Trump, generador del MAGA, y el 'Take back control' de Nigel Farage y los partidarios del Brexit antieuropeo en 2016.
No creo posible que ese eslogan, 'Prioridad nacional', llegue a materializarse en ninguna comunidad autónoma, porque las leyes o las disposiciones que pretendan hacerlo serán impugnadas y declaradas ilegales e inconstitucionales. Ninguna disposición legal, de ninguna administración pública, sea municipal, autonómica o nacional, puede establecer discriminaciones en el principio de igualdad, ya que todas las administraciones están sujetas al principio de legalidad y obligadas a respetar los principios de generalidad y de igualdad ante la ley.
Me preocupa más que muchos de nuestros conciudadanos consideren justo que los hijos de los inmigrantes sean postergados en su acceso a la guardería, o que sus mayores no puedan percibir ayudas a la dependencia, o que sean eliminados de las listas de acceso a la vivienda pública, todo ello por el simple hecho de ser extranjeros.
La regularización ofrece precisamente lo contrario, no solo a partir de argumentos económico-administrativos que pretenden evitar la economía informal, ordenar los servicios públicos y asentar los censos municipales sino, sobre todo, a argumentos morales, porque la dignidad de las personas y sus derechos no dependen de su origen y de su condición administrativa, sino del hecho de ser personas. Lo otro es xenofobia, es segregación.
Es más, esa concepción humanista, basada en la dignidad igual de las personas por el mero hecho de serlo y los derechos humanos para todos, es condición imprescindible de cohesión social y de convivencia democrática.
Un último apunte histórico. La regularización española está siendo percibida en América Latina como una luz esperanzadora y fraternal, que convierte nuestras múltiples y respectivas migraciones pasadas en un círculo histórico de idas y vueltas entre poblaciones de cultura común y convivencia natural. Trump los persigue en las calles de Estados Unidos, los detiene y los expulsa, atados de pies y manos, a sus países de origen. La columna humana que atravesaba el continente hasta la frontera mexicana, superando selvas y montañas, soportando la extorsión de las mafias y sufriendo mil miserias y peligros, ha desaparecido. Pero esas personas en busca de vida y futuro no desaparecen y se da la maravillosa circunstancia de que nosotros las necesitamos.
Hoy, al igual que antes ellos, nosotros los recibimos en España y se produce así una suma de extraordinarios beneficios para todos, en un proceso de integración laboral y social ejemplar para toda Europa. Además, el valor geoestratégico de esta regularización es inmenso, en este momento concreto de nuestra política exterior y especialmente en nuestra mirada iberoamericana, de cara a la cumbre que acoge España en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.
Publicado en El Correo, 9/5/2026