Sobre lenguas y viajes

Leo habitualmente a José María Ruiz Soroa con admiración. El día 27 lo hice con sorpresa por los comentarios que publicó sobre mi artículo 'Idioma y nación', (EL CORREO, 26-5-10). Sin ánimo de polémica, quiero hacerle tres precisiones.

Primera: Censura Soroa mi aprecio por el bilingüismo catalán, fruto, dice él, de una política dirigista e impositiva. Considera que Cataluña «disfruta del bilingüismo porque se reprime la libertad lingüística». Son comentarios que me resultan más propios de titulares de 'El Mundo' que de la moderación de juicio que caracteriza a mi interlocutor. Acepto que en la política lingüística ha habido errores y excesos muy propios de los fundamentalismos nacionalistas. Pero lo que hoy podemos valorar es que, en general, Cataluña ha conseguido que prácticamente la totalidad de la población catalana domine ambas lenguas.
Que el catalán y el castellano sean lenguas comunes y usadas libre e indistintamente en Cataluña me parece, efectivamente, una gran cosa. Lo mismo pienso de Galicia, o de Baleares, o de Valencia. Que los niños no se separen en los colegios en comunidades lingüísticas distintas en función del idioma que utilicen en la enseñanza me parece muy bueno. Que los hijos de los inmigrantes murcianos o andaluces en Cataluña hablen catalán y castellano indistintamente ha igualado en términos reales su condición de ciudadanos respecto a quienes esgrimían su condición de catalanohablantes para acceder al trabajo, o para ejercer funciones públicas, entre otras muchas cosas. Que en el mercado, en los despachos, en el trabajo, etcétera, la gente hable los dos idiomas con naturalidad y con el mismo afecto me resulta envidiable. A todo eso le llamo yo un bilingüismo integrador «que disfruta» la mayoría de la población catalana.
Segunda: Señala Ruiz Soroa que «(…) no tiene ningún sentido exigir a los vascos monolingües que aprendan una segunda lengua común (se refiere al euskera), cuando ya poseen una primera que lo es». Lejos de mí cualquier exigencia, aunque reconozco -y me autocritico por ello- que en el sector docente la euskaldunización fue acelerada y produjimos injusticias personales. Pero de esa idea tan liberal se desprenden consecuencias conflictivas de alta tensión. De entrada, porque implica el rechazo a toda política de fomento del euskera, y por tanto se opone a todo lo que desde el comienzo de la Transición hemos hecho por consenso en esta materia. Sobrarían así también todas las políticas lingüísticas en la educación, en la Administración, en la Universidad… ¿Cómo resolver entonces los problemas derivados del ejercicio del derecho a usar una de las dos lenguas oficiales de la comunidad? ¿Cómo interpretar y atender entonces el deseo, muy mayoritario de los padres del País Vasco, de educar a sus hijos en el dominio de las dos lenguas?
Tercera: Por supuesto que entre Bélgica y el País Vasco hay enormes diferencias, pero la descripción de la crisis política belga enmarcaba la reflexión sobre bilingüismo, como un recurso literario sin más pretensiones. Extraer de ello mi supuesta ignorancia de las diferencias sociolingüísticas entre belgas y vascos me parece bastante injusto, por no decir oportunista.

Me sorprende, por último, que la reconocida erudición del señor Ruiz Soroa no aprecie la importancia de la integración lingüística en aquellas comunidades en las que el nacionalismo esgrime el idioma que llama propio como principal seña identitaria de un proyecto independentista. Siempre he pensado que quitar la etiqueta política -nacionalista, por supuesto- al euskera nos ayudará a la convivencia entre las identidades políticas vasca y española que conviven en Euskadi. Que el uso del euskera no sea patrimonio exclusivo de quienes se dicen o se sienten nacionalistas objetivamente ayuda a superar uno de los factores con mayor carga sentimental de división entre vascos. Que el euskera sea reivindicado como un idioma común, de todos, y como una lengua de España integra a Euskadi en España y consolida su vía autonomista.

Se despide el señor Soroa -desanimado, dice- porque interpreta que, al parecer, mis viajes no me han curado de localismos cegatos. Me gustaría tranquilizarle asegurándole que jamás he sufrido de tal mal. Mucho me temo, sin embargo, que quienes sí lo sufren van a empeorar gravemente leyendo sus opiniones sobre las lenguas en nuestro país.

El Correo, 31/05/2010

I Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la Empresa

Los días 27 y 28 de Mayo, se ha celebrado en Zaragoza el I Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la Empresa.

Estas son algunas de las aportaciones de la Conferencia de inauguración y el video elaborado por Aragón Digital.

La Humanidad se encuentra en un momento de cambio.

Ese momento de cambio, de revolución "brutal" en la forma de trabajar, de vivir y de producir, ha coincidido con una crisis económica mundial que obliga a plantear una reorganización del sistema, ya que los mercados están desorganizados como consecuencia de la especulación.

Los mercados han adquirido un protagonismo que marca incluso las decisiones de los estados, que han dejado de ser entes soberanos, y en este sistema económico la empresa es el "corazón", que cada vez tiene más importancia y atrae la atención de más ciudadanos.

Y la Unión Europea y el mundo en general van reclamando cada vez más a esas compañías grandes que hagan memorias de sostenibilidad social, teniendo en cuenta que los mercados, las bolsas, los consumidores quieren saber cuáles son sus comportamientos sostenibles, medioambientales y sociales.

Finalmente, acabará siendo una obligación legal que las grandes empresas tengan que desnudarse para explicar a la ciudadanía e inversores cuáles son sus comportamientos.

Así, las compañías que hagan propaganda social pero tengan comportamientos irresponsables e insostenibles acabarán siendo castigadas por el mercado, además de que habrá una exigencia cada vez mayor de competencia leal.

La crisis fomenta la cultura de la responsabilidad social y no hace peligrar su futuro, hace peligrar la propaganda social.

La RSE debe ser entendida como una estrategia de excelencia en la manera de responder a las exigencias del mercado, de clientes, del medio ambiente, de los ayuntamientos, del entorno.

Esa cultura va a salir fortalecida, ya que de la crisis surge una sociedad más exigente para con las empresas.

Mas integración y menos nacionalismo.

La crisis económica está poniendo a prueba la solidez política e institucional de la Unión Europea. Los ataques al Euro -impensables hace sólo unos meses- han puesto en evidencia las carencias de la Unión Monetaria de dieciséis países, demasiado diferentes en sus macroeconomías como para sostener una moneda única. Las mutuas exigencias contempladas en el Plan de Estabilidad y Crecimiento, han resultado insuficientes y la flexibilidad en su aplicación ha devaluado sus fundamentos. Por eso, el primer gran reto de la Unión hoy es vencer la crisis de confianza que ha penetrado en los mercados financieros sobre algunos países del Euro y recuperar la serenidad y la solvencia en la gestión de la deuda pública europea a través de intervenciones potentes y agrupadas de los países de la Unión y de sus instituciones financieras centrales, incluido por supuesto el Banco Central Europeo. Es decir, más integración financiera europea en la respuesta a los pulsos especulativos que sufrimos los países del Euro y el Euro mismo, incluyendo la creación de un Fondo Monetario Europeo que los proteja de estas situaciones.

Pero, de inmediato y sin solución de continuidad, la Unión Europea debe apresurarse a mejorar la gobernanza económica de la Eurozona y eso quiere decir un esfuerzo intenso de los Estados europeos no sólo para converger en los parámetros del viejo pacto de Estabilidad, sino para aproximar sus economías reales a un modelo más homogéneo en sus grandes cifras, con un sistema de vigilancia y de exigencias macroeconómicas mucho más severas y amplias. Es decir, de nuevo, más integración, que nos obligará a someter nuestros proyectos de presupuestos a un visado europeo antes del debate parlamentario nacional, a coordinar nuestras políticas fiscales en un espacio monetario común y en un mercado interior único, y a comprometer con la Unión objetivos europeos en materias de competencia nacional: empleo, déficit exterior, avances en productividad, etc. En definitiva, más integración y menos nacionalismo en la respuesta a los graves acontecimientos que estamos viviendo.

¿Qué o quiénes se oponen a estas exigencias? Hay un razonamiento de aquellos que creen que solos se enfrentan mejor a la crisis, sin comprender que el volumen de las dificultades no permite respuestas nacionales. Hay además, un recalcitrante nacionalismo a impedir que Europa limite o condicione la soberanía nacional, por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos, sin querer admitir que ésa es en el fondo, la condición de la construcción europea ¿No es eso lo que hicimos cuando levantamos las fronteras de Schengen, o cuando renunciamos a nuestras respectivas monedas para construir el Euro?

ABC, 29/05/2010

¿Qué hará ahora el PP?

Hemos escuchado y leído críticas a la política gubernamental contra la crisis, hasta el hartazgo. Sufrimos la exageración y los excesos de una estrategia de comunicación, en la que participan desde expresidentes de gobierno hasta un ejército de columnistas y opinadores, que tratan de desprestigiar hasta la caricatura al Presidente del Gobierno. Voces más templadas y más sensatas vienen reclamando al Gobierno una política más rigurosa con las cuentas públicas y más atrevida con las reformas estructurales que necesita nuestro país. Es evidente, sin embargo, que de un tiempo a esta parte, estas medidas se toman y todo hace pensar que la apuesta del Presidente por la reducción del déficit y por la recuperación de la productividad del sistema económico español, es irreversible. Pero, curiosamente, las críticas siguen ahora igual o más acentuadas que antes, aunque sea por razones contrarias y abiertamente antagónicas a las que se esgrimían contra el gobierno del PSOE. Más curioso aún, el PP, que le reclamaba ese sentido de marcha a la política económica de Zapatero, hoy censura, con la misma radicalidad, exactamente lo que reclamaba ayer.

Hay bastante de impostura en todo esto. Sin cuestionar la capacidad crítica de los medios de comunicación de la oposición política y de los ciudadanos en general ¡faltaría más!, el relato de la política económica de Zapatero ante la crisis ha seguido un guión bastante lógico y normalizado en los países de nuestro entorno. En el comienzo de la crisis financiera, lo primero fue restablecer la solvencia de los sistemas bancarios. Recordemos las medidas de garantía a los depósitos y las de reestructuración del sistema bancario en las que todavía estamos. Luego fue inyectar liquidez a la economía y facilitar el crédito a las actividades productivas del país. Más tarde sostener la demanda agregada mediante estímulos fiscales, ayudas al consumo y a sectores productivos estratégicos y fuerte impulso a la inversión pública para animar la gravísima atonía de nuestra economía. Junto a todo ello, nuestro país entró en el G-20 impulsando una nueva regulación de los mercados financieros y sucesivas normas de supervisión supranacional, así como nuevos controles a determinados agentes y productos financieros. En eso estábamos y estamos.

Cada país, con sus variantes, ha seguido sendas y caminos parecidos. En España, es verdad, Zapatero animado por una deuda pública acumulada más baja que la media, mantuvo su política social e incluso aumentó ese gasto, con una prolongación del subsidio a la gravísima situación que vive un país con un paro estructural muy alto (casi dos millones de personas en el período más alto del crecimiento: 2007) y un impacto brutal en términos de desempleo en los dos años de implosión del sector inmobiliario (dos millones de parados más, entre directos e indirectos).

Pero, desde comienzos de este año, el guión ha cambiado. La lentitud de la recuperación económica asusta. La desconfianza en la volatilidad de la bolsa retrae. Los mercados financieros dudan de los países en un contexto de fuerte endeudamiento público y una sensación de insostenibilidad de las políticas expansivas ha impregnado Europa, y al Euro especialmente agredidos por la situación más grave de algunos de los países de la Eurozona. Pero, no podemos olvidar que sólo hace semanas se seguía discutiendo sobre la inconveniencia de retirar demasiado pronto los estímulos fiscales y la inversión pública al consumo interno y a la actividad económica. De pronto, todo eso es pasado y una nueva y única consigna se impone en la política económica europea: ¡Reducción de déficit a toda máquina!.

Al volver de Davos, en enero, Zapatero inició su dolorosa travesía hacia la ortodoxia de las finanzas públicas y hacia las exigencias de ajustes que muchos le venían reclamando. Anunció reformas en la Seguridad Social, redujo en 10.000 millones de Euros el presupuesto, emplazó en temario y tiempo el diálogo social para la reforma laboral y ordenó diversas medidas de carácter reformista en la acción del gobierno, entre las que el pacto educativo me parece especialmente destacable. Más tarde, es verdad, acuciado por la histeria de los mercados y en el marco de la respuesta europea a los ataques al Euro, ha anunciado un durísimo paquete de ajustes en el gasto afectando a los funcionarios, ayudas sociales, etc.

Mis preguntas vienen ahora ¿Qué hizo el PP cuando se propuso la prolongación de la edad de jubilación? Oponerse a ella en el seno del Pacto de Toledo y exigir su retirada para empezar a hablar ¿Qué ha hecho el PP ante el ajuste en el sueldo de los funcionarios? Oponerse con discursos vagos sobre la concreción de la medida para que todo el peso de la impopularidad de las medidas lo sufra el PSOE ¿Qué ha hecho el PP respecto a la mínima subida del IVA a partir de julio? Organizar manifestaciones y campañas tan demagógicas como injustas respecto a una medida imprescindible para reducir el déficit ¿Qué dice el PP respecto a más impuestos a los más ricos? Que se oponen porque eso perjudica la recuperación de la economía. Así podríamos seguir hasta hacer un libro en vez de un artículo.

Me quedo con dos preguntas finales: ¿Qué hará el PP con el Decreto de ajuste del Déficit Público? ¿Qué hará el PP con los presupuestos de 2011? Me temo las respuestas, pero déjenme que les exprese mis quejas por la incoherencia y la irresponsabilidad de un partido tan importante para el país, en un momento tan grave y por la ausencia de una línea crítica más amplia en la opinión publicada, contra esa actitud.

Expansión, 27/mayo/2010

Idioma y nación.

Desde que trabajo en Bruselas no dejo de sorprenderme de este país tan rico en un tiempo y tan progresivamente roto en la actualidad. Rico lo fue, cuando dominó el Congo y las ganancias de una colonización explotadora se trasladaron a una burguesía capitalina que acabó construyendo una bella ciudad, unas calles que hay que recorrer mirando a las fachadas, como París, para descubrir la arquitectura y el confort de unas construcciones acomodadas. Ricos lo fueron cuando crearon las primeras siderurgias y altos hornos de Europa en la zona del carbón y del acero, en la actual Valonia, en las viejas ciudades del sur belga, Charleroi, Lieja... Roto lo está, porque una disputa lingüística en su origen, pero más compleja en su realidad, les convoca nuevamente, crisis tras crisis, a unas elecciones anticipadas que, en el fondo, no resolverán nada porque se trata de un problema tan profundo y tan enraizado en la doble comunidad belga que la soberanía popular sólo puede confirmarlo y en el peor de los casos acentuarlo.

Éste es el drama de la Bélgica de hoy, en la que, muchos dicen, sólo queda la monarquía, la bandera, los Diablos Rojos y las instituciones europeas como elementos comunes y vertebradores de lo que un día fue una nación. Bélgica es el exponente de un país en el que dos comunidades se dividen hasta la exageración y del antagonismo por razones lingüísticas e identitarias. La dimisión del último Gobierno belga trae como causa una disputa político-electoral en tres pequeñas localidades situadas en las proximidades de Bruselas, en las que una presencia del 40% de población francófona distorsiona la aplicación de las reglas de gobierno flamencas en un territorio perteneciente a Flandes, es decir, a la zona neerlandesa del país.

Los francófonos de la Valonia hablan francés y viven en francés. TV, periódicos, comunidad, escuela, gobierno, partidos, todo es francófono en la Valonia. El neerlandés es un idioma del que saben cuatro cosas, pero su segundo idioma es el inglés (en la escuela, en la empresa y en la política). Los flamencos, por su parte, hablan flamenco y odian el francés. También tienen el inglés como segunda lengua. Bruselas está en Flandes y teóricamente es bilingüe, pero en realidad se habla francés por su carácter internacional e institucional. Los partidos en cada comunidad son diferentes. El Partido Socialista valón, por ejemplo, estaba en el Gobierno belga dimitido y el Partido Socialista flamenco le hacía la oposición, es decir, están enfrentados por comunidad identitaria aunque sean de la misma familia ideológica. La descripción del conflicto belga puede resultar interminable y los periódicos de estos días lo relatan con más detalle y precisión. Las diferencias económicas entre el norte y el sur, es decir, entre Flandes, región poblada y más dinámica económicamente, y Valonia, que sufre el declive de las viejas regiones industriales del pasado siglo, intensifican las tentaciones particionistas. Una cierta sensación de problema irresoluble lleva a muchos a pensar en la necesidad de configurar dos naciones diferentes, algo que se empieza a ver con entusiasmo en el nacionalismo flamenco y con inevitable resignación por la población francófona, entre los que no faltan los que no rechazan incluso su incorporación a Francia.

Me resulta imposible evitar trasladar esta realidad a nuestro país. Una comunidad bilingüe que hable y ame sus dos idiomas (Cataluña y Galicia son un buen ejemplo) es una comunidad vertebrada en la que el dominio de sus dos lenguas une, vertebra y enriquece. Euskadi debe aspirar a eso y trabajar en esa dirección. Si el nacionalismo vasco se apropia del euskera y quienes no lo dominan o quienes no se sienten nacionalistas se oponen y se enfrentan a él, la lengua y su utilización partidista nos dividirá. Lo mismo puede y debe decirse de la hipótesis contraria. Si quienes no somos nacionalistas despreciamos el euskera o aceptamos su desaparición por indiferencia o pasividad, la comunidad euskaldun se radicalizará y la división entre valles y ciudades y entre zonas euskaldunes y castellanas producirá una división imposible de vertebrar.

Hace unos días tuve el placer de moderar una mesa sobre literatura vasca y Europa en el Parlamento Europeo, organizada por la UNED. Junto a Lourdes Auzmendi, viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno vasco, participaron María José Olaziregi, Aingeru Epaltza, Xabier Zabaltza y Joxean Muñoz. Todos ellos son escritores vascos y en esa mesa les oí hablar de su literatura. Confieso que toda la literatura en euskera que conozco la he leído en castellano, pero con la misma sinceridad declaro mi emoción con esa literatura que surge e identifica una realidad tan cercana como conocida y querida. Que se expresa en un euskera desprovisto de significados ideológicos y políticos y relata mundos, paisajes, espacios, vidas o creaciones literarias conocidas. Las obras de Atxaga, Saizarbitoria, Lertxundi o Uribe me suscitan esos sentimientos. No disfruto de la dulzura y la musicalidad de su fonética, pero me agrada una literatura en euskera sin más pretensiones que la que nos describe sin apellidos partidistas y que nos integra a todos, sea cual sea nuestra aspiración política. Ese euskera multiidentitario y plural que busca su lugar entre las lenguas, sin apropiaciones ni exclusiones. Ese euskera (y su literatura) enriquecido de la cultura y de las literaturas del mundo, expresado y explicado con ese ánimo integrador, desprovisto de etiquetas o de pretensiones milenarias, desnacionalizado, construido desde múltiples identidades, es una invitación a su aprendizaje y a su dominio.

Al recordar a Miquel Siguán, fallecido recientemente, padre intelectual del bilingüismo catalán-español que disfruta hoy Cataluña, he releído a Mitxelena, que escribió en 'El largo y difícil camino del euskera': «(…) no debemos caer en el infierno del ghetto por huir del purgatorio de la diglosia. La integración nos es tan necesaria en el aspecto lingüístico como en cualquier otro». No se puede decir mejor y no puede resultar más oportuno, mirando la dramática fractura belga.

Reunión anual del consejo asesor de la Fundación Esplai.

Hoy martes 25 de Mayo, ha tenido lugar la reunión anual del consejo asesor de la Fundación Esplai.

Durante mi intervención, he destacado que, después de tres años de crisis, existe una oportunidad para redescubrir una nueva ecuación entre el Estado y el mercado y para definir si el modelo social construido es compatible con una globalización feroz.

La sociedad actual está desideologizada, desubicada entre la globalización y el neonacionalismo y atravesada por fenómenos que no se han gestionado adecuadamente como la feminización, la concentración urbana, la convivencia multiétnica y el envejecimiento demográfico.

Por todo ello, es necesaria una nueva complicidad entre política y voluntariado, pues los movimientos sociales configuran el futuro:  las entidades del Tercer Sector son corazón de una sociedad sin corazón.

Pido así, a los ciudadanos, que sean voluntarios y participen activamente en la construcción de la sociedad para sostener el Estado de Bienestar y financiar el sistema público que, es el básico.

Por último he subrayado la importancia del trabajo cívico en el que el tiempo libre tiene una dimensión pública y no sólo se basa en el hedonismo del placer.

Intervención PE: Debate sobre el Plan de Acción de Estocolmo.

Intervencion de ayer 18/05/2010.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D).

-Señorias, tengo la impresión de que una Europa en la que han desaparecido las fronteras y en la que hay cada vez más delincuencia supranacional requiere más ambición desde el punto de vista de la respuesta al problema de la delincuencia supranacional.

Yo creo que falta una mayor ambición en materia de coordinación policial —de Europol—, en materia de coordinación judicial —de Eurojust—, en relación con el Fiscal Europeo, en materia de homologación técnica de las investigaciones penales, en materia de unificación del Derecho procesal penal, en materia de aproximación del Derecho penal respectivo.

Yo pienso, Señorías, que hay poca ambición y demasiadas resistencias nacionales y yo les insto, especialmente al Consejo, a superar la tendencia soberanista de los países, a unificar nuestros sistemas penales, para combatir con eficacia la inseguridad y la delincuencia supranacional.

Presentación del Informe sobre la Adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Ramón Jáuregui Atondo, Ponente.

 - Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pienso que estamos ante un día importante. Yo sé que hay muchos días importantes en esta Casa, pero creo, sinceramente, que, desde que el Tratado de Lisboa se adoptó el primero de diciembre de 2009, el mandato para que la Unión Europea se incorpore al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales es una de las grandes noticias del proceso de integración y de construcción europea.

Creo que estamos asistiendo, por tanto, a la culminación de una vieja aspiración que forma parte del tracto histórico de la construcción europea, porque la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, forman parte del ADN de lo que ha sido en gran parte el tracto histórico de la construcción europea.

Este informe que mañana aprobaremos viene a realizar ese mandato que la Unión Europea tiene desde que el Tratado de Lisboa nos impone esta adhesión. Y querría resumir el contenido de este informe en torno a tres grandes ideas.

De una parte, quiero recordar que no son solo los Estados miembros los que protegen los derechos humanos, sino que ahora es la Unión Europea —con su nueva personalidad jurídica en virtud del Tratado de Lisboa—, es el Derecho comunitario y es el desarrollo del Estado comunitario que puedan realizar los Estados miembros, los que se someten a los principios del Convenio Europeo y a un tribunal externo a la Unión y a los Estados miembros que garantiza, siempre y en todo lugar, el cumplimiento de esos principios.

En segundo lugar, la aportación a la ciudadanía europea, a los ciudadanos europeos, de un nuevo derecho y de un nuevo tribunal: el derecho de los ciudadanos a recurrir a este nuevo tribunal para garantizar el cumplimiento de los derechos que el Convenio establece frente a la Unión Europea o frente a los Estados miembros cuando estos desarrollan el Derecho comunitario.

Inclusive las actividades de la política exterior de la Unión Europea, de la policía, de la seguridad fuera de nuestras fronteras, de la cooperación internacional, están sometidas a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Significa, en mi opinión, Señorías, un gran avance, históricamente hablando, en el proceso de integración, en la construcción de la noción más esencial de la idea europea, que —como decíamos antes— responde a las exigencias de la ciudadanía europea, de la dignidad humana.

Implica asimismo un reforzamiento del sistema europeo de protección de los derechos fundamentales, porque, junto a la Carta de los Derechos y el Tratado de Lisboa, establece un universo, un marco de protección jurídica casi perfecto y, por supuesto, el más avanzado del mundo. Y refuerza la credibilidad de la Unión frente a los terceros países, a los que, en sus relaciones bilaterales, la Unión Europea siempre estaba exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos.

Este informe desarrolla aspectos institucionales y jurídicos que no voy a relatar. Lo que me importa es destacar que aquí, ahora, se inicia un procedimiento, puesto que la Comisión —y quiero agradecer a la señora Reding la celeridad con la que aprobaron el mandato negociador, y al Consejo Europeo, que lo hará en breves fechas— tiene ya, junto a este informe que se ha elaborado conjuntamente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Exteriores —y quiero agradecer a la señora Gál y al señor Preda su colaboración desde estas comisiones—, una orientación, un marco negociador, que posibilitará una negociación que permitirá volver a este Parlamento para aprobar ese Tratado y permitirá a los países ratificar la adhesión al Convenio Europeo. Una gran noticia, creo yo, señoras y señores.

Intervención de cierre del Debate.

Ramón Jáuregui Atondo, Ponente.

 - Señora Presidenta, quería expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido, porque todos ellos, en su gran mayoría, casi por unanimidad, han manifestado una posición muy favorable al Acuerdo de adhesión que vamos a votar mañana.

Quiero agradecer especialmente a la señora Reding que nos dé la oportunidad de seguir trabajando juntos puesto que, efectivamente, viene una negociación muy compleja y creo que este Parlamento tiene que estar muy cerca de esa negociación.

Me gustaría responder a algunas preguntas y hacer algunas precisiones muy rápidamente. La adhesión no es un acto simbólico, Señorías: tiene valor jurídico. Se preguntan algunos para qué sirve, qué añade. Voy a ponerles un ejemplo.

Pongamos que un concurso de funcionarios de la Unión Europea discrimina a los abogados de Hungría, pongamos por caso, por alguna razón técnica o por lo que fuera. ¿A dónde recurren los abogados de Hungría? Al Tribunal de Justicia. ¿Qué añade la adhesión? La posibilidad de que esos abogados puedan recurrir, si su derecho a la igualdad no ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia, al Tribunal de Estrasburgo. Es un nuevo tribunal, es una nueva oportunidad para garantizar derechos humanos fundamentales, por ejemplo, el de la igualdad. Por tanto, queda clara la aportación no simbólica, sino jurídica, de este hecho.

Dos precisiones, Señorías. Los miembros del Parlamento han expresado su deseo de que la negociación no se limite a la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que se incorporen los protocolos que dicho Convenio ha ido construyendo a lo largo de los años, especialmente los que se refieren a los derechos reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales, puesto que esto dará, efectivamente, una equivalencia entre ambos documentos.

Y, por último, se reclama también por parte del Parlamento la adhesión a organismos e instancias del Convenio y del Consejo de Europa, porque esto permitirá un reconocimiento del sistema universal de protección de los derechos humanos, incluida la Carta Social Europea de Turín.

Entrevista para DW-WORLD : ¿Qué se saca de los acuerdos entre la UE y América Latina?

Después de un anuncio de reapertura de negociaciones con el bloque de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), a punto de cerrarse un acuerdo con Colombia, otro con Perú y un tercero con el bloque de América Central, cabe preguntarse qué han traído de bueno tales convenios. El caso de México sirve de ejemplo.

DW-WORLD conversó al respecto con Ramón Jáuregui, parlamentario europeo presidente de la comisión bilateral EU-México y estas fueron algunas de las conclusiones:

El acuerdo con México establece un proceso de cooperación comercial que ha permitido de una parte incrementar notablemente los intercambios entre los dos espacios económicos, México - Unión Europea.

El acuerdo estratégico por una parte ha permitido esto, que es muy importante porque México también necesita diversificar sus espacios comerciales para que no tengan una dependencia exagerada de los Estados Unidos. Por otra parte, para Europa México es un país importantísimo, cabeza de puente de toda América Latina y un espacio propio con 110.000 millones de habitantes.

Estrechar lazos

Esto representa la búsqueda de la proximidad de la cooperación, del entendimiento político.

La Unión Europea comparte el esfuerzo que México está realizando en el combate del narcotráfico aunque también lamentamos la existencia de situaciones difíciles en el tratamiento de los derechos humanos como consecuencia también de ese enfrentamiento a bandas de criminales organizados.

La llamada cláusula de derechos humanos –presente en todo acuerdo que cierra la Unión Europea- debe ser entendida como “un marco de respeto mutuo, de exigencia mutua también pero no tiene efectos resolutorios desde el punto de vista de nuestras relaciones, fijadas en el marco comercial del acuerdo”.

Al Parlamento Europeo le toca emitir una apreciación y reconocer el combate que se está dando en ese país y advertir de la “metástasis peligrosísima que significa que el narcotráfico y el crimen organizado formen parte del Estado. En la medida que es el Ejército el que libra ese combate es evidente que una maquinaria tan rígida puede representar una pérdida de espacios de libertad, de espacio de seguridad para las organizaciones que trabajan en el terreno de los derechos humanos.

Y aunque en el terreno operativo la Unión Europea no dispone de mecanismos para apoyar tal “combate”, en el terreno de la cooperación sí se puede hablar de aportes concretos: “No hay que olvidar que una parte del conflicto surge porque una gran parte de la juventud en algunos Estados mexicanos no tienen un futuro, hay un alto grado de fracaso escolar, no hay formación profesional. Entonces, hay un 30 o 35 por ciento de personas que pueden ser caldo de cultivo del crimen organizado. En ese terreno de la cooperación, intercambios culturales y profesionales podemos ayudar; en el operativo nuestra función es muy limitada.

Entonces, a punto de celebrarse la VI Cumbre UE-LAC y de cerrarse nuevos acuerdos, basándose en la experiencia, ¿cabe entenderlos como algo positivo? A pesar de que el balance es más bien modesto, los expertos opinan que sí; representan una buena posibilidad.

Los cuatro grandes acontecimientos con América Latina que van a formalizarse en la cumbre de la próxima semana, hablan de avance, son la prueba de que la UE tiene a América Latina como socio preferente, como un espacio tanto económico como político muy próximo. Creo que América Latina -con grandes países como México, Brasil y Argentina que son protagonistas en las grandes mesas del mundo- tiene que encontrar en Europa el socio privilegiado para configurar una nueva gobernanza del mundo.

Autora: Mirra Banchón

Editora: Claudia Herrera Pahl

Un tribunal externo a la UE garantizará que se respetan los derechos de los europeos

Artículo, Derechos humanos - 11-05-2010 -

Los ciudadanos europeos podrán denunciar a la Unión Europea y a sus instituciones cuando consideren que se han violado sus derechos. Esta será una de las consecuencias de la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

 El 3 de mayo, la comisión de Asuntos Constitucionales del PE aprobó un informe sobre el tema del socialista español Ramón Jáuregui. Hemos hablado con él para conocer los detalles y consecuencias de esta decisión.

El PE votará el informe de Jáuregui en la sesión plenaria de mayo. Los Estados miembros tienen que aprobar el mandato propuesto por la Comisión Europea en marzo. Tras las negociaciones de adhesión, los Estados miembros adoptarán una decisión y el Parlamento deberá dar su consentimiento. Después, los Estados miembros ratificarán el acuerdo. No se espera que la adhesión sea efectiva antes de diciembre de 2011.

Señor Jáuregui, ¿de qué manera va a beneficiar a los ciudadanos europeos la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos? ¿No estamos suficientemente protegidos con la Carta de Derechos Fundamentales?

Con la adhesión al texto, existirá un nuevo tribunal para los ciudadanos, que es externo a la Unión Europea y debe dar nuevas garantías para que la Unión Europea y los Estados miembros respeten siempre los derechos humanos de los ciudadanos europeos.

La adhesión va a permitir denunciar a la Unión Europea y sus instituciones. Si esto sucede, ¿a qué tribunal se van a dirigir? ¿al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo?

Es necesario que los ciudadanos agoten todas las vías judiciales en sus Estados miembros antes de acudir al Tribunal de Estrasburgo. Es un requisito indispensable, porque se trata de un tribunal externo. Entonces, sí. Si los tribunales nacionales no han garantizado la protección de sus derechos humanos, el ciudadano tiene derecho a presentar una nueva demanda ante el tribunal de Estrasburgo.

La comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales ha pedido un juez específico para la Unión Europea en el Tribunal de Estrasburgo. Si la Unión Europea ya está parcialmente representada por un juez de cada Estado miembro, ¿por qué hace falta un juez específico?

La presencia de un juez nacional en el tribunal de Estrasburgo es fundamental para explicar el contexto de la queja. Quisiera citar un ejemplo. En España hay leyes que en algunos casos impiden la participación política de partidos cercanos a ETA. ¿Cuál ha sido la misión del juez español cuando el tribunal de Estrasburgo ha abordado la demanda contra España por prohibir la participación política? Explicar al resto del tribunal cuál es el contexto y la situación del país. Como ahora no hay un juez para la Unión Europea, cuando haya una demanda contra la Unión Europea, esa será su misión.

Hemos decidido en nuestro informe que los jueces de la Unión Europea tengan que estar siempre presentes, porque pensamos que cada vez que haya una demanda o un requerimiento contra la Unión por un acto comunitario debemos tener la posibilidad de que la Unión Europea y el Estado miembro estén presentes. Creemos que es necesario que el Estado miembro y la UE tengan siempre derecho a defenderse.

*La entrevista fue realizada en francés

Via- Parlamento Europeo-

Intervención PE: Acuerdo de adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los DD HH y las Libertades Fundamentales.

Ramón Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo S&D.

– Señora Presidenta, si yo tuviera que reducir a una sola idea de qué estamos hablando hoy, yo querría decir alto y claro a los ciudadanos europeos que, por primera vez, van a tener un tribunal que garantiza sus derechos humanos, sus libertades fundamentales, frente a la Unión Europea, frente a sus propios Estados, cuando desarrollan el Derecho comunitario.

La idea esencial es que un nuevo tribunal, el Tribunal de Estrasburgo, aparece ante la ciudadanía europea como el garante del Derecho comunitario y de que la aplicación del Derecho comunitario en cada Estado cumple esas garantías mínimas. Garantías mínimas que están en el corazón de la idea europea. Garantías mínimas que están en el cordón umbilical, en el tracto histórico de la construcción europea, que es una construcción civilizatoria sobre la idea de la dignidad humana, de la dignidad de las personas, y que se concreta en la democracia, el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho y los derechos humanos.

Pues bien, el Tratado de Lisboa nos ha dado la oportunidad de que la Unión Europea formalice la carta que, como bien decía la señora Reding, es la carta de libertades fundamentales más perfecta que se ha establecido en esta materia y nos obliga a incorporarnos al Tribunal de Estrasburgo.

Esto es lo que vamos a aprobar ahora. Yo sé que hay un buen número de problemas técnicos, pero sólo quiero destacar la importancia de que la Comisión haya hecho un trabajo rápido y eficaz, estableciendo un mandato concreto que permite avanzar en esa negociación.

Yo quiero felicitarla, señora Reding, por su trabajo –repito– rápido y eficaz, igual que a la Presidencia española. Quiero anunciar que en el próximo período parcial de sesiones aprobaremos el informe de este Parlamento en este sentido y quiero pedirles seguimiento, información y compañía en una negociación compleja, pero muy importante para Europa.

Enlace al video.

Intervención PE: Revisión de los Tratados - Medidas transitorias relativas a la composición del Parlamento Europeo.

Ramón Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo S&D.

– Señor Presidente, yo quería empezar por decir que no es una decisión menor la que adoptamos en esta ocasión. Estamos, en primer lugar, reformando el Tratado. Por primera vez, recién entrado en vigor, proponemos una reforma del Tratado, y esto no es cualquier cosa.

Pero, en segundo lugar, lo que hacemos es devolver y confirmar, materializar la posibilidad de que 18 diputados que tendrían el derecho de serlo de haberse aprobado el Tratado antes de las elecciones y 12 países que tienen el derecho a recomponer su situación en este Parlamento, porque tienen acordado con todo el conjunto de la Unión una representación mayor de la que tienen, puedan ejercer ese derecho. Se trata solamente de eso, pero es una cuestión importante.

Para reformar el Tratado, sin embargo, el propio Tratado reclama que se haga una Convención y el Consejo, con buen criterio, nos dice: ¿Hace falta organizar una Convención para ratificar un acuerdo de todos los países de la Unión? Y lo que el Parlamento le dice es que, efectivamente, no es necesario. En esta ocasión no es necesario.

Y mandata, por tanto, al Consejo para que convoque una Conferencia Intergubernamental y pueda reformar el Tratado, iniciándose así la posibilidad de que los 27 países lo ratifiquen, puedan venir aquí los 18 diputados y los 12 países adquieran su plena condición de representación.

Esto es lo que estamos tratando, pero ha habido un problema. Quiero, para empezar, reconocer que hemos tenido una dificultad a la hora de determinar si quienes vayan a venir tienen que ser obligatoriamente elegidos directamente para estas elecciones o pueden ser elegidos de otra manera.

Este problema que ha surgido y que hay que enfocar y presentar en su realidad, creo que ha sido resuelto de una manera satisfactoria. Quiero agradecer no solamente al ponente del informe, el señor Méndez de Vigo, sino también al señor Duff, que hayamos conseguido entre los tres grupos un acuerdo que, en mi opinión, es muy importante.

Lo que decimos es: sí, procédase a la reforma del Tratado, hágase sin Convención, que se pueda iniciar el derecho a esa confirmación. Pero, al mismo tiempo, el Parlamento recuerda a los Parlamentos nacionales que deben enviar diputados elegidos directamente para el Parlamento Europeo y que es nuestra vocación llevar a cabo, dentro del propio Parlamento, una revisión del sistema electoral europeo para darle al modelo electoral europeo un sistema de unidad, de supranacionalidad, en la forma de elegir a los diputados.

Estas dos consideraciones han permitido un equilibrio del cual yo me alegro mucho y que permite reiniciar este expediente.

 

El actual modelo social europeo

A lo largo de la segunda mitad del Siglo XX, Europa construyó el Estado del Bienestar.Una ingeniería social que buscaba proteger al trabajador -desde la cuna hasta la tumba-, como decía Beveridge y asegurar la cobertura de sus eventualidades probables o seguras: la enfermedad, la invalidez, el paro, la vejez.

Una fiscalidad progresiva que permitiera la redistribución social en ingresos y gastos.La educación universal y gratuita.La sanidad de calidad e igual para todos.Los servicios sociales a los excluidos, a los mayores dependientes, a la discapacidad...Una cohesión social como ideal de justicia y de equilibrio entre ciudadanos libres.

Hicieron falta muchas circunstancias para su creación.Casi un siglo de luchas obreras para alcanzar un trabajo digno y protegido, que hoy precisamente conmemoramos en este primero de mayo de significación universal. Una gran alianza entre socialdemócratas y cristianodemócratas después de la Segunda Guerra Mundial. El temor del capitalismo al modelo económico alternativo del comunismo que en realidad no era tal, como pudimos comprobar al caer el muro.En fin, una verdadera constelación de coincidencias y de esfuerzos de muchos para construir el modelo de sociedad mas justo- por imperfecto que fuera- que ha conocido la humanidad.

He escogido esta reflexión en esta fecha tan hermosa, para compartir con ustedes mi honda preocupación por las enormes incertidumbres que acompañan la atormentada vida de nuestro modelo social de bienestar.No es solo el impacto de la crisis.Desde hace varios siglos, la revolución tecnológica, la globalización económica y sobre todo productiva y la victoria ideológica del neoliberalismo en algunos de sus postulados, por ejemplo en la reducción de los impuestos, la reducción del peso del Estado y la reducción de las cargas sociales del empleo, están debilitando peligrosamente las bases económicas y filosóficas de estas grandes instituciones públicas del Estado del Bienestar.

¿Es posible defender la sociedad del bienestar y ser competititvos globalemnte? Europa está obligada a responder a esta cuestión principal. Todos lo hacemos diciendo que queremos ser ambas cosas: competitivos y socialmente cohesionados.Pero las preguntas no acaban ahí ¿Cómo lo hacemos?¿Abaratando nuestros costes laborales y fiscales para que haya más empleo, aunque sea de menor calidad?¿Cerrando nuestras fronteras al libre comercio para protegernos del dumping social?.Los europeos quieren futuro y no renunciar a sus conquistas sociales.Nuestro reto es hacer de Europa una economía del concocimiento, que nos devuelva al pleno empleo y que sostenga nuestros sistemas sociales de protección. Fuera de eso, todo es fracaso.

ABC, 1/05/2010