19 de mayo de 2023

Nos corresponde a todos educar en la nobleza de la política. Entrevista Fundación Pablo VI




La sociedad española se enfrenta a un año electoral en un clima de profunda polarización política. Según el Barómetro de Confianza Edelman, publicado por esta firma estadounidense a comienzos de este año, España se sitúa entre los seis países más polarizados del mundo, junto a Argentina, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y Suecia. Las causas son diversas. Las principales, el desequilibrio institucional, las ansiedades económicas y la batalla por el relato, propiciada en muchos casos por los medios de comunicación. Las redes sociales, la sobreexposición mediática y el personalismo actual someten al político a un estado de ansiedad permanente que le lleva en no pocas ocasiones a caer en incoherencias, contradicciones y a escenificar posturas irreconciliables para asuntos que son claves para el bien común de una sociedad entera. En un entorno más competitivo que nunca y, a la vez, más atomizado por la irrupción de nuevas marcas políticas, los partidos tratan de sellar al máximo las diferencias con sus rivales para evitar fugas de votos a otras formaciones, lo que hace más difícil la gobernanza. En este contexto, votar es, para muchos ciudadanos, un vano ejercicio que no ayuda a solucionar los múltiples problemas económicos y sociales que tenemos, y no da estabilidad para el futuro.

En una de sus últimas entrevistas, con motivo de los 10 años de Pontificado, el papa Francisco destacaba la necesidad de coherencia, pasión y servicio en la política, en un contexto especialmente complejo para la paz y la convivencia. La Fratelli Tutti ofrece una serie de guías para acercarse a lo que él denomina “la buena política” que ayuden a caminar hacia la amistad social.

La Transición española fue la escenificación de esta amistad social. Aún con sus deficiencias, facilitó el acuerdo entre contrarios en aras de un bien mayor, que era la reconciliación y la democracia en España. Ramón Jáuregui, veterano dirigente del PSOE, participó muy activamente en este proceso que tuvo lugar entre 1975 y 1982. Aunque no cree que cualquier tiempo pasado sea mejor, sí considera muy necesario en este momento ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Porque, de lo contrario, está en riesgo la propia esencia de la democracia.

P.- En Fratelli Tutti, el papa Francisco hace un llamamiento a una forma de hacer política que no busque solo los votos, sino que trabaje por los grandes principios y apueste por un servicio al bien común a largo plazo. Usted ha representado una forma de hacer política de la mano tendida ¿En qué momento estamos? ¿Hemos perdido la capacidad de volver a los grandes consensos?

R.- Los grandes pactos desaparecieron con el multipartidismo que muchos consideraron una buena nueva. Con el multipartidismo reapareció el bloquismo en España y esta es la situación que vivimos actualmente. Quiero pensar que los pactos de Estado volverán porque son necesarios para el progreso de nuestro país, pero no los veo a corto plazo.

P.- Este año es decisivo electoralmente. En la antesala de los comicios municipales y autonómicos, han surgido nuevos partidos, como Sumar, que dividen aún más a aquellos que rompieron, tras el proceso iniciado el 15-M, con la dinámica del bipartidismo. ¿Está la gobernabilidad nuevamente condenada al fracaso? ¿Hay salida a la polarización que vivimos?

R.- La salida a la gobernabilidad que no siga la senda de los dos bloques no vendrá por el voto, porque en 2024 seguiremos en un sistema multipartidario. La única salida a corto plazo es el cambio en la obtención de la investidura. El límite de los 176 diputados como mínimo para obtener la investidura, nos condena al bloquismo. Si nos pusiéramos de acuerdo en cambiar la ley de gobierno y pudiera ser investido el partido ganador, los pactos serían imprescindibles posteriormente.

P.- Las últimas encuestas del CIS relativas al nivel de confianza de los españoles en la política, publicadas en el mes de noviembre, daban un suspenso a esta clase política en general. ¿Qué se está haciendo mal para que haya esa desconfianza?

R.- La desconfianza es consecuencia de factores diversos. No creo que los dirigentes de ahora sean peores por naturaleza o mucho menos por formación. Están incluso mejor preparados que la generación de la Transición. Sin embargo, creo que la política democrática en el siglo XXI, la política de las redes sociales en Internet, de los populismos, de la complejidad multisectorial, del multipartidismo, es objetivamente más difícil que antes. Más me preocupa que la desconfianza ciudadana debilite la democracia y que la política pierda apoyo social. Eso sí es grave.

P.- Los grandes gurús de la comunicación política dicen que las ideas han muerto y que importan más los liderazgos. ¿Está de acuerdo? Si no se conocen los programas, ¿con qué principios se vota?

R.- No, no estoy de acuerdo con eso. El mundo se ha puesto muy difícil y la gobernanza exige cada vez más conocimientos. Las ideas, los programas, los proyectos políticos y sociales necesitan masa gris, proposiciones, alternativas y soluciones. Ideas y programas, al fin. Pero, dicho esto, admito que los líderes son importantes para encarnar y dirigir la política, para vertebrar ciudadanía, para convencer colectivamente del camino que se recorre.

P.- Hace un par de años, en un encuentro celebrado en la Fundación Pablo VI, hablaba usted con Federico Trillo de la necesidad de recuperar la centralidad en política. ¿Qué significa eso? ¿Por qué en España toda tendencia a crear un partido de centro se ha visto abocada al fracaso?

R.- No es lo mismo la centralidad política que un partido de centro. Partidos de centro ha habido muchos, pero han fracasado todos porque los dos grandes partidos de España, el PSOE y el PP, ocupaban el espacio central del electorado, bien desde la izquierda o desde la derecha, respectivamente. Cuando yo hablo de recuperar la centralidad política me refiero a ser un partido con vocación de mayoría, capaz de recibir ese apoyo electoral por la fiabilidad y la solvencia que suscitan sus actos y sus propuestas. Son tus políticas las que te centran y te convierten en partido mayoritario.

P.- Las brechas en la separación de poderes son el principal síntoma de la debilidad de nuestras democracias. En España la polarización política y la pugna por el control ideológico del Poder Judicial nos han situado, según la clasificación de “The Economist” en una posición de “democracia defectuosa”. En los últimos meses hemos vuelto a recuperar el nivel de “democracia plena”, pero ¿debemos tomar nota? ¿Está amenazada la democracia en España?

R.-. Todas las democracias sufren y es muy importante defenderlas y fortalecerlas. El respeto a la separación de poderes es un factor clave. Lo ocurrido en España con el Poder Judicial y en concreto con el Consejo del Poder Judicial, es gravísimo en mi opinión. Aquí la primera y principal responsabilidad corresponde al Partido Popular. Afortunadamente la independencia judicial funciona correctamente. Desde el Tribunal Supremo a los 6.000 jueces que hay en España dictan sentencia cada día con independencia y objetiva aplicación de la ley.

P.- En España, legislar por la vía del Real Decreto Ley se ha convertido en una costumbre. Asuntos que deberían pasar por el control parlamentario se tratan por la vía de urgencia. Decía Josep Piqué en un foro organizado por la Fundación Pablo VI que en toda Europa estamos asistiendo a una supremacía del poder ejecutivo sobre el resto de poderes y que eso pone también en riesgo las democracias. ¿Está de acuerdo?

R.- Esta legislatura ha conocido un exceso de legislación por esa vía y sí, ciertamente, el Decreto Ley debiera ser más excepcional. En la estadística de estos años han influido tres circunstancias muy extraordinarias: una pandemia, un volcán y una guerra. Lo explica, pero no lo justifica en todos los casos en los que se ha utilizado. Coincido con Piqué, a quien rindo de paso tributo de amistad y admiración, en que los ejecutivos se imponen a los legislativos en casi todos los sistemas democráticos del mundo. Por la celeridad del tiempo que vivimos, por la interdependencia de los acontecimientos de una geopolítica en cambio y por la complejidad multisectorial de los temas. Pero hay que poner soluciones y esto pasa por acelerar la vida legislativa en la tramitación de las leyes y convertir a las cámaras en poderes más dinámicos y cercanos a la realidad.

P.- Valores como la ejemplaridad, la honestidad, la coherencia... ¿Son compatibles con un modelo de hacer política en el que se prima el elemento emocional?

R.- Esos valores están por encima de las emociones. Son permanentes. Son condición Sine qua non de la responsabilidad y de la representación pública. Las emociones no son ajenas a la política. Las emociones reflejan sentimientos y la vida pública está llena de ellos: la solidaridad y la compasión, por ejemplo, son perfectamente compatibles con esos valores. El patriotismo, la memoria histórica, el propio partido pueden producir emociones. No, estos no deben excluirse del ámbito de la política, pero lo que debe preocuparnos es que las emociones sustituyan a las ideas y polaricen la sociedad en base a emociones antagónicas. Eso puede ser mortal para la convivencia.

P.- Platón y Aristóteles propugnaban por un gobierno de los mejores, entendiendo por ellos a los más preparados, los mejor formados… Sin embargo, los que se podrían considerar los mejores no quieren entrar en política. ¿Por qué?

R.- Mi generación accedió a la política por compromiso con unos ideales, pero acepto que hoy pueda accederse por estímulos profesionales o económicos o por reconocimiento social. Lo cierto es que estos estímulos no existen hoy sino más bien al contrario. Hemos desprestigiado socialmente la política, la actividad política y la hemos devaluado peligrosamente. Nos corresponde a todos educar en la nobleza de la representación pública y prestigiar socialmente la dedicación y la representación política.

P.- La desconfianza hacia la política lleva a muchos a reclamar un mayor protagonismo de la sociedad civil. ¿Qué papel cree que juega o debe jugar la Iglesia en este sentido?

R.- La Iglesia, las iglesias, tienen el derecho y el deber de participar en el debate social aportando sus puntos de vista morales, sociales o puramente políticos, aceptando eso sí, que la decisión sobre nuestro orden jurídico le corresponde a la soberanía popular. Únicamente a ella. Siempre he reivindicado una laicidad incluyente que reconoce el hecho religioso, que regula la libertad religiosa y la igualdad de las religiones y acepta en la deliberación pública la voz de esas creencias. Eso no es incompatible con la aconfesionalidad del Estado, la tolerancia hacia las religiones y la regulación de laicidad incluyente. Pero desgraciadamente en España, nuestro siglo XX, nos dejó como herencia un antagonismo intolerante, en ambos lados, que está costando superar.

Entrevista realizada por Sandra Várez
Fundación Pablo VI

20 de abril de 2023

La vejez, en tu casa.

Uno de los ámbitos sociales más necesitados de políticas públicas específicas es el tratamiento de los problemas de la población mayor; es decir, el cuidado y acompañamiento de nuestros mayores. Residencias, centros de día, atención domiciliaria, acceso a servicios sanitarios, acompañamiento a personas solas, etcétera, son algunos de los múltiples servicios que demandan nuestros mayores y que se irán incrementando progresivamente dada nuestra demografía.

Es una evidencia que las pensiones no llegan para los altos costes de estos servicios. El deseo mayoritario de vivir la vejez en tu propia casa requiere contratar a personas que solo pueden costearse con cantidades muy superiores a las pensiones percibidas por la mayoría. Pues bien, con toda naturalidad estamos asistiendo a esta situación sin poder utilizar el valor de la vivienda en la que habitan las personas mayores, privándoles de unos niveles de suficiencia económica y de calidad vital en los últimos años de su vida, para que, finalmente, sus hijos hereden una propiedad que, en muchos casos, no necesitan.

¿No sería más justo que ese valor, fruto del ahorro y del esfuerzo de toda una vida, lo disfruten nuestros mayores por sí mismos? El producto financiero para ello está inventado: se llama hipoteca inversa y consiste en que el propietario perciba mensualmente una cantidad de dinero hasta su fallecimiento, a través de un préstamo hipotecario. Los herederos tienen, después, el derecho a pagar la deuda generada para mantener la propiedad o recibir la diferencia entre lo adeudado y el valor de la vivienda.

¿Por qué no funciona este producto? En gran parte porque los intereses de la hipoteca son muy altos y, sobre todo, porque los bancos no quieren quedarse con las viviendas, cosa que ocurre con frecuencia, por desacuerdos entre los herederos. La otra alternativa, la venta de la nuda propiedad con derecho de usufructo para el propietario vendedor, es un mal negocio para los mayores porque los precios de compra en función de la expectativa de vida del propietario son bajísimos y acaban siendo un fraude para ellos y para los herederos.

En un reciente encuentro con el gobernador del Banco de España le planteé esta cuestión, que afecta a millones de españoles, y le pregunté si no sería razonable que el sistema bancario asumiera esa posibilidad. La respuesta, como ya esperaba, es que no resulta aconsejable -mucho menos después de la crisis inmobiliaria y financiera pasada (2008-2014)- cargar los balances bancarios de patrimonio inmobiliario. Sin embargo, nadie cuestiona la importancia social de esta posibilidad.

En Euskadi, según Eustat, hay 662.000 mayores de 60 años. De ellos, 436.000 son pensionistas. Pues bien, 308.000 son propietarios de una vivienda y 78.000 lo son de dos o más. Es decir, el 58% de nuestros mayores de 60 años son propietarios y podrían poner el valor de su vivienda al servicio del confort en su vejez. (Nótese que estas cifras responden a propiedades en la comunidad autónoma vasca, y no incluyen por tanto las que puedan constar en otros catastros fuera de ella).

Poner el valor de estas propiedades al servicio de una vejez confortable, en tu propia casa, bien cuidado, atendido, incluso acompañado, o para la atención a personas dependientes, o simplemente para contribuir de manera justa con el coste de servicios públicos que deben ser pagados por quienes tienen recursos, para que los disfruten quienes no los tienen, es una cuestión capital .Estamos hablando de un pilar social que no tiene soporte financiero en cotizaciones previas y nuestros impuestos no dan para todo.

De manera que este tema adquiere categoría de urgencia social y debemos encontrar una vía para que sea resuelto. Me pregunto si nuestros bancos no deberían estudiar en profundidad su contribución a la cuestión. Cabría por ejemplo que crearan un departamento de gestión inmobiliaria con el que hacer frente a las eventualidades de una amplia concesión de hipotecas inversas a los mayores que las soliciten. Obviamente no estamos hablando de un producto financiero que genere pérdidas; hablamos de un negocio que produce beneficios, además de contribuir a una obra social extraordinaria.

Publicado en El Correo, 20/04/2023

14 de abril de 2023

Por qué las empresas pueden (y deben) hacer más por los derechos humanos.




El impacto de las empresas sobre bienes públicos esenciales es cada día mayor. Ocurre, por ejemplo, con la dignidad humana –en cualquier país y circunstancia–, evitando la esclavitud, la explotación o el maltrato de quienes participan en la larga cadena de contratación por parte de las grandes multinacionales; un valor social, por otra parte, compartido por toda la humanidad. La contribución de las empresas a reducir su huella de carbono, sus emisiones y a luchar en todos los planos de su producción contra el cambio climático es otro bien público compartido por todos.

¿Por qué las empresas son llamadas a estas grandes causas? Porque sus impactos en estas materias son enormes y porque la ecuación que las relaciona con la sociedad es intensa y genera exigencias recíprocas. De la misma manera que exigen marcos regulatorios favorables para la inversión, la estabilidad política o la protección frente a la crisis (como los ERTE en la pandemia o el salvamento financiero a los bancos en caso de quiebra), la sociedad tiene demandas hacia sus comportamientos fiscales, sociales o medioambientales.

Esta cultura de la responsabilidad social de las empresas (recogida en el concepto de RSE), viene ejerciéndose en diferentes grados e intensidad desde que a principios de este siglo las innovaciones conceptuales y filosóficas de la compañía para con su entorno y sus impactos se fueron formalizando y regulando. En concreto, la Directiva Europea 2014/9 –traspasada a legislación española por la Ley 11/2018– establece la obligación de la información no financiera para las grandes empresas europeas. Así, las empresas europeas informan anualmente de sus actuaciones preventivas y sus resultados a través de los parámetros EGS (criterios medioambientales, sociales y de gobernanza).

Desde que estas actuaciones se iniciaron a principios de este siglo, se observó la enorme laguna que ofrecía el examen de esos mismos parámetros en su cadena de valor o de suministro cuando la empresa estaba instalada o se proveía en países con muy bajo nivel de exigencia legal en estos temas.

Los sucesivos escándalos públicos, y notoriamente la catástrofe de Rana Plaza en Bangladesh, con el fallecimiento de más de 1.000 trabajadores, provocaron una fuerte reclamación social para que esta cultura de la responsabilidad social empresarial se trasladara a los proveedores de las grandes empresas multinacionales.

Un primer intento de regulación de estas circunstancias tuvo lugar cuando se presentó en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas un proyecto de tratado internacional que vinculara a todos los países del mundo con estas exigencias. A día de hoy, la negociación de este difícil tratado internacional está en vía muerta.

Naciones Unidas, por su parte, encargó a John Ruggie, jurista de Harvard, una respuesta a esta problemática, estableciendo tres principios: el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de respetarlos por parte de las empresas y la exigencia de remediar los daños producidos ,en caso de vulneración de este código universal.

De esta concepción jurídica se derivaron leyes nacionales que establecían principios protectores de los derechos humanos frente al esclavismo, el trabajo infantil, la explotación laboral, la prohibición de importación de productos específicos por razones medioambientales o por tratarse de países en conflicto, así como un largo etcétera. Reino Unido, Holanda, Alemania y otros han regulado esta situaciones, si bien Francia tiene una legislación más ambiciosa, exigiendo a las empresas que operan internacionalmente planes de previsión y protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Casi todos los países europeos tienen a su vez planes nacionales con los que establecen pautas de comportamiento –bastante etéreas y siempre voluntarias– a las empresas multinacionales sobre el plano de los derechos humanos y el medio ambiente.

Finalmente, en la actualidad, la Unión Europea está tramitando una directiva que pretende establecer una regulación obligatoria para las empresas multinacionales europeas, exigiendo el cumplimiento en toda su cadena de valor de los derechos humanos y las normativas medioambientales internacionales. Nadie en el mundo está haciendo nada semejante. La OCDE está muy lejos de llegar a una norma parecida. Europa será muy pronto un líder mundial en estas exigencias.

En un reciente debate sobre este tema, el representante de una gran compañía de comercio española nos decía que ellos tenían 25.000 proveedores en todo el mundo y habían establecido un modelo de «chequeo» al cumplimiento de los derechos humanos y el medio ambiente a todos ellos. Gran tarea, sin duda, y posiblemente imperfecta, pero en todo caso meritoria. ¿Se imaginan lo que significa que esos miles de productores –desde aquellos de carácter textil a los agrícolas– en más de cincuenta países del mundo sean escrutados sobre sus métodos de trabajo y sobre la sostenibilidad de sus productos? Este es un camino lento y complejo, pero también lleno de esperanza. No se trata sólo de exigir: también es preciso colaborar, como lo hace por ejemplo CSR Europa, que coopera con el sector del automóvil para incorporar esta cultura a toda su cadena de valor, a las baterías eléctricas o al transporte de mercancías.

En definitiva, habrá una ley europea que exija a las grandes empresas «la debida diligencia» en esta materia; es decir, el examen y control del cumplimiento de los derechos humanos (toda la legislación universal en esta materia, incluyendo convenios internacionales de la OIT y otros) y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia climática y los marcos europeos al respecto, como el pacto verde europeo. No obstante, junto a la ley europea y su posterior traslación nacional, debe haber un marco colaborativo con el mundo empresarial sobre la forma y el proceso en los que se plasma y se implementan estos compromisos. Y en eso, los sindicatos tienen mucho que decir.

Ramón Jauregui es presidente de la Fundación Euroamérica.

Publicado en ethic.es