Por qué las empresas pueden (y deben) hacer más por los derechos humanos.

El impacto de las empresas sobre bienes públicos esenciales es cada día mayor. Ocurre, por ejemplo, con la dignidad humana –en cualquier país y circunstancia–, evitando la esclavitud, la explotación o el maltrato de quienes participan en la larga cadena de contratación por parte de las grandes multinacionales; un valor social, por otra parte, compartido por toda la humanidad. La contribución de las empresas a reducir su huella de carbono, sus emisiones y a luchar en todos los planos de su producción contra el cambio climático es otro bien público compartido por todos.

¿Por qué las empresas son llamadas a estas grandes causas? Porque sus impactos en estas materias son enormes y porque la ecuación que las relaciona con la sociedad es intensa y genera exigencias recíprocas. De la misma manera que exigen marcos regulatorios favorables para la inversión, la estabilidad política o la protección frente a la crisis (como los ERTE en la pandemia o el salvamento financiero a los bancos en caso de quiebra), la sociedad tiene demandas hacia sus comportamientos fiscales, sociales o medioambientales.

Esta cultura de la responsabilidad social de las empresas (recogida en el concepto de RSE), viene ejerciéndose en diferentes grados e intensidad desde que a principios de este siglo las innovaciones conceptuales y filosóficas de la compañía para con su entorno y sus impactos se fueron formalizando y regulando. En concreto, la Directiva Europea 2014/9 –traspasada a legislación española por la Ley 11/2018– establece la obligación de la información no financiera para las grandes empresas europeas. Así, las empresas europeas informan anualmente de sus actuaciones preventivas y sus resultados a través de los parámetros EGS (criterios medioambientales, sociales y de gobernanza).

Desde que estas actuaciones se iniciaron a principios de este siglo, se observó la enorme laguna que ofrecía el examen de esos mismos parámetros en su cadena de valor o de suministro cuando la empresa estaba instalada o se proveía en países con muy bajo nivel de exigencia legal en estos temas.

Los sucesivos escándalos públicos, y notoriamente la catástrofe de Rana Plaza en Bangladesh, con el fallecimiento de más de 1.000 trabajadores, provocaron una fuerte reclamación social para que esta cultura de la responsabilidad social empresarial se trasladara a los proveedores de las grandes empresas multinacionales.

Un primer intento de regulación de estas circunstancias tuvo lugar cuando se presentó en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas un proyecto de tratado internacional que vinculara a todos los países del mundo con estas exigencias. A día de hoy, la negociación de este difícil tratado internacional está en vía muerta.

Naciones Unidas, por su parte, encargó a John Ruggie, jurista de Harvard, una respuesta a esta problemática, estableciendo tres principios: el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de respetarlos por parte de las empresas y la exigencia de remediar los daños producidos ,en caso de vulneración de este código universal.

De esta concepción jurídica se derivaron leyes nacionales que establecían principios protectores de los derechos humanos frente al esclavismo, el trabajo infantil, la explotación laboral, la prohibición de importación de productos específicos por razones medioambientales o por tratarse de países en conflicto, así como un largo etcétera. Reino Unido, Holanda, Alemania y otros han regulado esta situaciones, si bien Francia tiene una legislación más ambiciosa, exigiendo a las empresas que operan internacionalmente planes de previsión y protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Casi todos los países europeos tienen a su vez planes nacionales con los que establecen pautas de comportamiento –bastante etéreas y siempre voluntarias– a las empresas multinacionales sobre el plano de los derechos humanos y el medio ambiente.

Finalmente, en la actualidad, la Unión Europea está tramitando una directiva que pretende establecer una regulación obligatoria para las empresas multinacionales europeas, exigiendo el cumplimiento en toda su cadena de valor de los derechos humanos y las normativas medioambientales internacionales. Nadie en el mundo está haciendo nada semejante. La OCDE está muy lejos de llegar a una norma parecida. Europa será muy pronto un líder mundial en estas exigencias.

En un reciente debate sobre este tema, el representante de una gran compañía de comercio española nos decía que ellos tenían 25.000 proveedores en todo el mundo y habían establecido un modelo de «chequeo» al cumplimiento de los derechos humanos y el medio ambiente a todos ellos. Gran tarea, sin duda, y posiblemente imperfecta, pero en todo caso meritoria. ¿Se imaginan lo que significa que esos miles de productores –desde aquellos de carácter textil a los agrícolas– en más de cincuenta países del mundo sean escrutados sobre sus métodos de trabajo y sobre la sostenibilidad de sus productos? Este es un camino lento y complejo, pero también lleno de esperanza. No se trata sólo de exigir: también es preciso colaborar, como lo hace por ejemplo CSR Europa, que coopera con el sector del automóvil para incorporar esta cultura a toda su cadena de valor, a las baterías eléctricas o al transporte de mercancías.

En definitiva, habrá una ley europea que exija a las grandes empresas «la debida diligencia» en esta materia; es decir, el examen y control del cumplimiento de los derechos humanos (toda la legislación universal en esta materia, incluyendo convenios internacionales de la OIT y otros) y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia climática y los marcos europeos al respecto, como el pacto verde europeo. No obstante, junto a la ley europea y su posterior traslación nacional, debe haber un marco colaborativo con el mundo empresarial sobre la forma y el proceso en los que se plasma y se implementan estos compromisos. Y en eso, los sindicatos tienen mucho que decir.

Ramón Jauregui es presidente de la Fundación Euroamérica.

Publicado en ethic.es

De nuevo, la igualdad.

La igualdad ha sido la palabra clave del socialismo. Nada explica mejor, en tan solo un término, el ideario, las aspiraciones primarias y los programas políticos; todo el universo ideológico que, a lo largo de la historia moderna, ha configurado eso que llamamos ‘la izquierda’. La igualdad ha sido paulatinamente conquistada, como si de una gran montaña se tratara: en una escalada que alcanzaba nuevas cotas, colocando una tras otra palancas, estribos y escalas; clavando pitones en la fisura de las rocas. Una durísima ascensión nunca culminada. En las políticas públicas de protección social de principios del siglo XX, desde el llamado Estado bismarckiano al Estado del Bienestar de finales del mismo siglo, pueden contemplarse los avances de esa escalada y la metáfora de la montaña es perfecta para constatar esa evolución.

Pero cuando creíamos que el único sentido de la marcha de esa aspiración histórica era avanzar y alcanzar la cima, nos hemos encontrado con retrocesos inesperados, con obstáculos insalvables, para constatar que esa palabra, esa aspiración natural de los seres humanos –esa demanda de justicia– reclama una urgente actualización de nuestras soluciones, herramientas y artilugios con los que enfrentar el hielo y la verticalidad de las paredes de la montaña.

Algunos estudios han demostrado que la desigualdad interna de los diferentes países y la global, entre ricos y pobres, han aumentado. Y aunque la globalización ha reducido la pobreza en el mundo y más de mil millones de personas se han incorporado al trabajo formal en las cadenas planetarias de producción, lo cierto es que la participación del trabajo en la renta global se ha reducido y la rentabilidad del capital ha aumentado considerable y desproporcionadamente.

En este sentido, Antoni Vich Parkinson y Thomas Piketty explicaron bien estos procesos de acumulación de riqueza y rentabilidad del capital en una economía globalizada y financiarizada, en un contexto de dominio ideológico del neoliberalismo que a lo largo de los últimos 30 años nos ha adormecido con planteamientos seductores sobre competencia, individuo, libertad, anti estatismo, etc. como requisitos del crecimiento.

Mientras tanto, los obstáculos de nuestra vieja ascensión se acumulaban como si una tormenta perfecta de viento y nieve nos asaltara en plena escalada. Ha sido una noche demasiado larga en la que una globalización desgobernada nos privaba de las herramientas nacionales para combatir el dumping social de la producción mundializada. A su vez, las nuevas tecnologías generaban nuevas brechas de desigualdad, las deslocalizaciones productivas expulsaban al paro a muchos obreros manuales (y empobrecían a las clases medias y a los trabajadores semi cualificados) y la legislación laboral y el sindicalismo resistían con dificultades los cambios que imponían las plataformas y la digitalización (y muchas veces sus luchas eran simplemente resistenciales).

De pronto descubrimos que la fiscalidad nacional era incapaz de luchar contra el capital escondido en paraísos fiscales y que la progresividad fiscal en los impuestos directos se reducía al tiempo que el ingreso de sociedades se desplomaba de manera alarmante. Empezamos a constatar que los viejos instrumentos de la igualdad en las políticas redistributivas eran menos eficaces de lo que creíamos. La educación universal y gratuita no nos hacía iguales frente al mundo laboral globalizado y tecnificado; la sanidad privada se nos escapaba y crecía creando un espacio más cualificado en confort (aunque no en calidad) y en eficacia de servicio.

Ya estábamos observando que el mundo laboral precarizado empobrecía a gran parte de nuestros trabajadores. Muchos sectores económicos competían en base a salarios bajos y sus empleados malvivían. La agricultura, el transporte, el turismo, la hostelería… son demasiados. Demasiados work-poors. Después se sumaron los trabajadores de las plataformas digitales y los servicios de comercio online, además de otros muchos.

En resumen, la igualdad nos llama a nuevas propuestas en un mundo atravesado por disrupciones seculares (digitalización, transición ecológica, globalización financiera y productiva), sometido a tensiones macroeconómicas y geopolíticas desconocidas (la guerra, la crisis energética, y el desplazamiento a Asia de la economía) y en una sociedad en la que se suceden cambios sociales paradigmáticos (envejecimiento, migraciones, concentración urbana, etc.). Hace falta mucha reflexión en la izquierda para descubrir las nuevas circunstancias en las que se desarrolla esta lucha y, sobre todo, mucho análisis e innovación en las respuestas. He aquí algunos de los campos en los que deberemos situar nuestras nuevas propuestas.

La fiscalidad

La globalización financiera se ha convertido en un sumidero de fortunas, patrimonios y beneficios empresariales. Las haciendas nacionales se enfrentan al secreto bancario y a la opacidad fiscal de una industria financiera que ha construido una verdadera ingeniería fiscal al servicio del fraude, la evasión y la elusión en todo el mundo. En los últimos 10 años se ha avanzado, pero queda mucho por hacer.

La fórmula Piketty de una fiscalidad a la riqueza es tan razonable como difícil de implementar. Pero es el camino. Otra vía es la armonización del Impuesto de Sociedades con el establecimiento de un impuesto mínimo general que corrija las distorsiones de las deducciones y las desgravaciones. La fiscalidad universal para las tecnológicas (plataformas digitales) es también imprescindible. Por último, la rentabilidad del capital en transacciones financieras y en plusvalías de corto plazo también merecen ser revisadas al alza.

La predistribución

La izquierda debe revisar sus herramientas y políticas contra la desigualdad manteniendo sus fórmulas ‘distribuidoras’: fiscalidad y subsidios, pero fortaleciendo e innovando en políticas predistributivas, es decir, aquellas que corrigen las diferencias de renta, modificando el funcionamiento del mercado hacia mayores dosis de equidad y en beneficio de poblaciones vulnerables. Aquí encontramos los salarios mínimos y otras intervenciones públicas para cerrar el abanico salarial disparatado de la actualidad. También, claro está, la formación y la educación, que están condicionadas por el estatus social y que han perdido su anterior capacidad de igualación o ascensor social. Además, la intervención pública en mercados fuertemente discriminatorios por razón de renta, se hace más necesaria que nunca: vivienda, energía, movilidad, etcétera.

El combate a las brechas de la disrupción digital

Son múltiples los escenarios de esas nuevas divisiones sociales: entre los mayores y el resto de la sociedad, entre los trabajadores con dominios digitales o sin ellos, entre territorios mejor o peor o nada conectados, en el acceso ciudadano a servicios esenciales a través de internet. La igualdad tiene nuevos y graves retos en la digitalización social y hacen falta intervenciones públicas para afrontarlos y evitarlos.

El dualismo laboral

Caminamos hacia una sociedad laboral muy dual, demasiado diferente. Demasiados trabajadores precarizados y demasiadas diferencias entre los empleados fijos y bien cualificados y los contingentes. El mercado laboral se ha devaluado en calidad y seguridad, y a la izquierda (y sindicatos) nos corresponde una larga marcha de mejora de las condiciones generales de trabajo. Más allá de acciones puntuales positivas, aunque tímidas, sobre el marco legislativo actual, queda mucho por innovar respecto a un mundo que precisa de mayor seguridad y calidad en las condiciones laborales.

La personalización de las políticas del bienestar

Por último, las políticas clásicas del bienestar deben adaptarse progresivamente a las necesidades específicas de una población cada vez más diversa y personalizada. La explosión de la diversidad personal no es un capricho cualitativo del momento identitario que vivimos, sino la consecuencia de una realidad hasta hace poco oculta en la clasificación general de los colectivos. No es casualidad que esas demandas se expresen hoy con más fuerza que nunca. En la actualidad, las políticas de protección social –mayores ingresos mínimos, inserción social, etc.– tienen que atender demandas heterogéneas y múltiples con fórmulas de gestión más descentralizadas y flexibles. La ciudad adquiere aquí también especial significación, porque hay que dotar a los municipios de competencias y recursos para atender la singularidad de sus políticas de protección social.

También es importante la colaboración pública-privada, especialmente con las asociaciones de voluntariado social, para la implementación de esas políticas personalizadas gracias a su conexión con la realidad del tejido social vulnerable. Combatir la desigualdad nos exige no tratar por igual a los desiguales. En cada colectivo hay diversidades que la política del bienestar tiene que atender.

Publicado en Ethic, 18/04/2022