Uno de los ámbitos sociales más necesitados de políticas públicas específicas es el tratamiento de los problemas de la población mayor; es decir, el cuidado y acompañamiento de nuestros mayores. Residencias, centros de día, atención domiciliaria, acceso a servicios sanitarios, acompañamiento a personas solas, etcétera, son algunos de los múltiples servicios que demandan nuestros mayores y que se irán incrementando progresivamente dada nuestra demografía.
Es una evidencia que las pensiones no llegan para los altos costes de estos servicios. El deseo mayoritario de vivir la vejez en tu propia casa requiere contratar a personas que solo pueden costearse con cantidades muy superiores a las pensiones percibidas por la mayoría. Pues bien, con toda naturalidad estamos asistiendo a esta situación sin poder utilizar el valor de la vivienda en la que habitan las personas mayores, privándoles de unos niveles de suficiencia económica y de calidad vital en los últimos años de su vida, para que, finalmente, sus hijos hereden una propiedad que, en muchos casos, no necesitan.
¿No sería más justo que ese valor, fruto del ahorro y del esfuerzo de toda una vida, lo disfruten nuestros mayores por sí mismos? El producto financiero para ello está inventado: se llama hipoteca inversa y consiste en que el propietario perciba mensualmente una cantidad de dinero hasta su fallecimiento, a través de un préstamo hipotecario. Los herederos tienen, después, el derecho a pagar la deuda generada para mantener la propiedad o recibir la diferencia entre lo adeudado y el valor de la vivienda.
¿Por qué no funciona este producto? En gran parte porque los intereses de la hipoteca son muy altos y, sobre todo, porque los bancos no quieren quedarse con las viviendas, cosa que ocurre con frecuencia, por desacuerdos entre los herederos. La otra alternativa, la venta de la nuda propiedad con derecho de usufructo para el propietario vendedor, es un mal negocio para los mayores porque los precios de compra en función de la expectativa de vida del propietario son bajísimos y acaban siendo un fraude para ellos y para los herederos.
En un reciente encuentro con el gobernador del Banco de España le planteé esta cuestión, que afecta a millones de españoles, y le pregunté si no sería razonable que el sistema bancario asumiera esa posibilidad. La respuesta, como ya esperaba, es que no resulta aconsejable -mucho menos después de la crisis inmobiliaria y financiera pasada (2008-2014)- cargar los balances bancarios de patrimonio inmobiliario. Sin embargo, nadie cuestiona la importancia social de esta posibilidad.
En Euskadi, según Eustat, hay 662.000 mayores de 60 años. De ellos, 436.000 son pensionistas. Pues bien, 308.000 son propietarios de una vivienda y 78.000 lo son de dos o más. Es decir, el 58% de nuestros mayores de 60 años son propietarios y podrían poner el valor de su vivienda al servicio del confort en su vejez. (Nótese que estas cifras responden a propiedades en la comunidad autónoma vasca, y no incluyen por tanto las que puedan constar en otros catastros fuera de ella).
Poner el valor de estas propiedades al servicio de una vejez confortable, en tu propia casa, bien cuidado, atendido, incluso acompañado, o para la atención a personas dependientes, o simplemente para contribuir de manera justa con el coste de servicios públicos que deben ser pagados por quienes tienen recursos, para que los disfruten quienes no los tienen, es una cuestión capital .Estamos hablando de un pilar social que no tiene soporte financiero en cotizaciones previas y nuestros impuestos no dan para todo.
De manera que este tema adquiere categoría de urgencia social y debemos encontrar una vía para que sea resuelto. Me pregunto si nuestros bancos no deberían estudiar en profundidad su contribución a la cuestión. Cabría por ejemplo que crearan un departamento de gestión inmobiliaria con el que hacer frente a las eventualidades de una amplia concesión de hipotecas inversas a los mayores que las soliciten. Obviamente no estamos hablando de un producto financiero que genere pérdidas; hablamos de un negocio que produce beneficios, además de contribuir a una obra social extraordinaria.
Publicado en El Correo, 20/04/2023