El jueves 20 de octubre de 2011, hace ahora quince años, ETA anunció «el cese definitivo de su actividad armada». Recuerdo muy bien el momento y el lugar en que recibimos la noticia. Alfonso Alonso (PP), Emilio Olabarria (PNV) y yo mismo, a punto de comenzar un debate electoral en un hotel de Vitoria .No hubo debate y acabamos tomando cervezas junto al público.
Soy de los que creen que el final del terrorismo fue una victoria clara de la democracia y que ha sido una pena que nuestro país no lo celebre como se merece, es decir, como uno de los grandes logros políticos que integran las grandes conquistas de la democracia española en estos últimos cuarenta años: La Transición, la Constitución, la autonomía, Europa, el Estado del bienestar y la paz.
Al fin y al cabo, fue un triunfo de todos y todos debimos y debemos celebrarlo, porque la paz fue «para siempre», como rezaban nuestras pancartas en las manifestaciones contra ETA aquellos trágicos años, y ni una sola de las reivindicaciones de los que mataban fue concedida a cambio de la paz. Recordar los puntos de la famosa alternativa KAS y compararla con nuestra legalidad es una prueba irrefutable de lo que digo.
Han pasado quince años y muchos se preguntan cómo es posible que el partido político de los terroristas, heredero de tan pesada carga histórica, pueda ser primera fuerza política en el País Vasco, o casi.
Éramos muchos los que creímos que la sociedad vasca, liberada del miedo, pasaría factura a quienes habían producido tanto daño. Ochocientos cincuenta asesinados y miles de heridos, daños materiales inmensos, miles de personas, empresarios o perseguidos políticos, obligados a huir, miles de personas, representantes políticos, jueces, periodistas, entre otros, obligados a vivir escoltados... Y, sin embargo, no hubo castigo electoral. Cabe incluso pensar que, más bien, la sociedad vasca premió su decisión de poner fin a su violencia y estimuló la apuesta por la política que lideraban sus dirigentes desde el partido legalizado.
Tampoco acertamos al creer que la memoria de las víctimas, de tantas víctimas, directas e indirectas, constituiría un eje social rotundo y vertebrador de ese reproche moral que su violencia merecía. Pensábamos que el relato del pasado acabaría derivando hacia la única verdad fáctica y evidente: la de los miles de atentados y víctimas que ellos habían producido. No supimos ver que la sociedad vasca quería olvidar y con el olvido eludir las preguntas incómodas que la memoria nos traía a todos: ¿y tú qué hiciste? La voluntad colectiva de pasar página se observa fácilmente en nuestra sociedad de hoy, de manera notable en nuestras conversaciones familiares y de amigos.Nadie quiere hablar de aquel pasado, como ocurrió en otras sociedades después de sus propias tragedias.
Por último, la democracia fue exigente, con infinita precisión, en su renuncia a la violencia como condición de su legalización. Incluso en las políticas de reinserción se ha exigido el reconocimiento del daño causado y ciertas formas de arrepentimiento personal y petición de perdón. Hasta ahí, todo bien. Pero nunca hemos reclamado que condenen su pasado, que reconozcan que no había ni derecho ni razón para matar. Que su violencia fue innecesaria, provocó daños inmensos, también a su gente, y no sirvió para nada. La Euskadi de hoy sería mucho mejor si no hubiéramos sufrido una violencia tan mortífera. Que se equivocaron cuando, a finales de los 70, decidieron matar y se convirtieron en una organización golpista, porque dudo mucho que el golpe de Tejero de 1981 se habría producido si ETA no hubiera existido, matando a casi cien personas cada uno de aquellos años terribles. Que obstaculizaron la construcción autonómica y democrática de nuestro pueblo.
Esto es lo que Bildu nunca dirá, porque quiere mantener la mentira histórica de una lucha necesaria y su conexión con ella como base de su futuro. Por eso tiene importancia el famoso 'relato' y por eso algunos cuestionan todavía la victoria democrática sobre ETA.
De manera que, ahora que se habla de nuevo estatus para Euskadi y se pretende la incorporación de la izquierda abertzale al nuevo marco jurídico-político, cosa que personalmente considero necesaria, no estaría de más que les exigiéramos dejar esto muy claro en el preámbulo del nuevo estatuto. Ese texto, de extraordinaria importancia en la descripción de nuestro pasado, debe hacer justicia con el relato de la verdad: el de las víctimas del terror. Nuestra memoria del pasado debe ser conciliada, así lo quiere la mayoría social, pero la verdad debe ser recordada con justicia.
Publicado en El Correo, 18-10-2026