De entre las muchas conclusiones que pueden extraerse después de ocho años de evolución de la responsabilidad social de las empresas en nuestro país, hay dos circunstancias que merecen ser destacadas. La primera es la desesperante lentitud con que evoluciona la inversión socialmente responsable (ISR) en España. Curiosamente hay una enorme actividad acompañando la ISR, tanto en los ámbitos estrictamente financieros, como en el campo de la divulgación y promoción desde las entidades sin ánimo de lucro, hasta el campo universitario o sindical. Los bancos y las entidades financieras en general han avanzado muchísimo en la elaboración de los sistemas de medición y control de este tipo de inversiones y se han concretado productos y destinos de inversión social para los ahorradores e inversores en general.
Factores como la firma de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, el impulso desde las comisiones de control de los planes de pensiones, el papel de los sindicatos y la reciente creación del foro español de la ISR, han sido los detonantes de este cambio de tendencia. Sin embargo, todos estos esfuerzos e iniciativas no consiguen acercar el volumen de los fondos ISR en España (que no llegan al 2% del total) a las cifras que manejan otros mercados. La ISR se ha multiplicado en EE UU por más de 4 en 12 años y en Europa por 7 en 5 años, estimándose que representa ya casi un 18% de la industria de gestión de activos del viejo continente.
La segunda circunstancia que merece ser destacada es la constatación empírica de que la ISR es, hoy en día, uno de los principales estímulos a los esfuerzos de RSE de las grandes empresas. La mayoría de las investigaciones dejan entrever la existencia de una relación positiva o neutra entre el buen comportamiento ético, social ambiental de la empresa y los resultados financieros. Dicho de otro modo, la Bolsa no penaliza e incluso puede premiar la transparencia y la sostenibilidad. Los inversores y sus gestores examinan, cada vez más, un concepto integral de seguridad para sus inversiones y la seguridad está ligada a la sostenibilidad de la empresa en el medio y largo plazo, más que a las rentabilidades a corto, especulativas muchas veces y de alto riesgo casi siempre.
Es una evidencia que todos los mercados financieros del mundo están mostrando una creciente sensibilidad hacia estos factores y que las exigencias de claridad, transparencia y homogeneidad en las informaciones de las empresas sobre su RSE, vienen acentuándose. Desde la Bolsa neoyorquina hasta las leyes de varios países europeos, incluyendo la nueva Ley de Economía Sostenible de nuestro país, caminan en esa dirección y no será extraño que al final de este año, la UE unifique esta situación.
Pues bien, el avance en la RSE depende en gran medida de la manera en que se transforme esa estrategia empresarial en resultados económicos y hoy la cotización bursátil -quizá más aún en ciertos casos que el consumo y la reputación corporativa- puede ser uno de los más potentes factores en la ecuación entre RSE y beneficios, o mejor dicho, entre competitividad y sostenibilidad.
¿Qué está fallando en España? ¿Somos los españoles insensibles a la calidad social y medioambiental de nuestras inversiones? Probablemente no sea esa la causa. Según un estudio realizado por Economistas sin Fronteras y publicado por la UNED en 2007, Cómo fomentar la ISR en España, los inversores españoles sí premiarían esas buenas conductas pero en cambio creen que estos productos de inversión tienen menor rentabilidad y no confían mucho en ellos debido a su falta de notoriedad o transparencia. El estudio también concluía que para dinamizar el mercado de la ISR, era importante no sólo la información y sensibilización sino también la incorporación de ventajas fiscales y una adecuada regulación a favor de la transparencia.
Los encuestados consideraban que para dinamizar el mercado eran claves dos agentes. Por un lado, las Administraciones públicas y el Estado y, por otro, los inversores institucionales (fondos de pensiones, especialmente). Estos últimos, según el último estudio del observatorio de la ISR que elabora anualmente el Instituto de Innovación Social de Esade, están tirando de la ISR en nuestro país, ya que, a cierre de 2008, 12 fondos o planes de pensiones habían integrado ya criterios de ISR con un patrimonio gestionado de 12.068 millones de euros (un 15,4% del total de fondos de pensiones en España). Algunos de ellos además están firmando los principios de Naciones Unidas para la inversión responsable, lo que les está obligando a aprender a gestionar adecuadamente asuntos de responsabilidad social en sus carteras y a ejercer responsablemente su activismo accionarial, como ya hacen con dejar fondos tan importantes como el fondo noruego de reservas o el fondo de pensiones de los empleados públicos del Estado de California.
Falta pues una práctica más generalizada en las gestoras de fondos hacia estas inversiones y un compromiso mayor por parte de la Administración. Algo que habríamos conseguido si la frustrada Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera sacado a Bolsa -con criterios ISR- el 10% de dicho fondo. Falta, por supuesto, una formación/información en los medios especializados de la evolución bursátil de estos fondos y de los índices internacionales de sostenibilidad. Pero también falla algún mecanismo de estímulo o de exigencia legal en los fondos de pensiones para que sus ingentes cantidades de inversión se muevan con criterios ISR.
Por ello, quienes formamos Alternativa Responsable queremos apoyar las propuestas planteadas por el recién creado foro español de la ISR, Spainsif, para la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en su art. 69.4 proponiendo que "la comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la entidad gestora, elabore por escrito una declaración comprensiva de los principios de su política de inversión en la cual se mencione los riesgos extra financieros (éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno) que afectan a los diferentes activos que integran el fondo de pensiones" y del art. 69.9, donde se dice que "de la misma forma, la comisión de control del fondo, o en su caso de la entidad gestora, deberá informar en el informe anual del fondo de pensiones de la política ejercida en relación con los criterios de ISR, así como del procedimiento seguido para su implantación, gestión y seguimiento".
También compartimos la propuesta del reciente informe del Foro Europeo de la ISR para que los reguladores promuevan un diálogo activo entre accionistas y las empresas, estableciendo en la legislación y con carácter vinculante lo que en terminología anglosajona se conoce como say on pay vote, un voto que otorga a los accionistas el derecho a participar en las decisiones referentes a remuneraciones de ejecutivos. Y máxime cuando además de la opinión pública, gestores de fondos, inversores y reguladores han expresado sus preocupaciones (en algunos casos certezas) acerca de que las estructuras salariales de la alta dirección pueden haber contribuido a un exceso de asunción de riesgos, solicitando mayor atención a los programas de recompensas a largo plazo y crecimiento sostenible.
Artículo conjunto con el grupo Alternativa Responsable integrado por Juan José Almagro, Marta de la Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumá, José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez e Isabel Roser.
Cinco Días.22/03/2010