28 de abril de 2010

Problemas europeos

La crisis griega ha suscitado notables oportunidades para el avance del proyecto europeo, al mismo tiempo que pone de manifiesto trabas enormes que, de un tiempo a esta parte, se observan en Europa para avanzar. No es contradictorio, aunque sea paradójico. El proyecto europeo sufre, especialmente en esta última década, una falta de liderazgos articulados.

Es decir, la ausencia de una vertebración de dirigentes y países fuertes que arrastren al conjunto a dar pasos progresivos en la construcción de un espacio político y económico supranacional, cada vez más articulado. La rememoración de los liderazgos de Kohl, González, Delors, Mitterrand, etc., parece obligada.

A ello se añade una digestión pesadísima de la incorporación de una docena de países del Este europeo en 2004, cuya pertenencia a Europa es incuestionable, pero cuyo europeísmo en varios casos es dudoso y cuyas realidades socioeconómicas han añadido una complejidad a la gobernanza de la Unión que todavía no hemos evaluado adecuadamente.

Por último, y sólo a efectos de ofrecer un diagnóstico muy primario, Europa está atacada por un neonacionalismo cada vez más preocupante. Los países miran más hacia su interior que al conjunto europeo en la toma de decisiones comunitarias.

Las claves políticas internas se sobreponen a los argumentos y a las consideraciones europeas y, desgraciadamente, muy a menudo éstas son antagónicas con aquéllas. Los parlamentos nacionales se han vuelto muy celosos de sus competencias y exigen el cumplimiento del principio de subsidiariedad con un celo y un espíritu nacionalistas dignos de mejor causa.

Los propios tribunales constitucionales empiezan a ejercer una especie de tutela nacionalista antieuropea en algunas sentencias, cuyos considerandos echan por tierra importantísimas bases jurídicas y políticas de la Unión (la sentencia de 30 de junio 2009 del Tribunal Constitucional alemán es, desgraciadamente, paradigmática en ese sentido).

Un buen ejemplo de lo que les señalo lo hemos tenido con la crisis griega y sus derivadas. De poco han servido los argumentos económicos y financieros de la Unión respecto a la necesidad de defender el euro y a los bancos que han comprado deuda pública. Más allá de la solidaridad interna de los países de la eurozona y contra todas las evidencias económicas que hacían aconsejable la intervención, la opinión pública alemana ha marcado el ritmo y el carácter de la respuesta europea a las demandas griegas: tarde y mal.

Desde el Consejo Europeo del 11 de febrero, estamos balbuciendo una respuesta que no ha impedido que el interés de la deuda griega haya superado el 10% y que los mercados, en su histérica reacción al aumento de la deuda pública en todo el mundo, sigan especulando con unos intereses altísimos y un riesgo relativamente pequeño ante la intervención esperable de Europa para evitar la suspensión de pagos.

Con lo cual, estamos haciendo, como se dice vulgarmente, ‘un pan como unas tortas’. La puesta en marcha, ¡por fin!, del plan de ayuda a Grecia está todavía pendiente del Parlamento alemán y mucho me temo que no será aprobado hasta pasadas las elecciones en Renania-Westfalia.

Y, sin embargo, la crisis ha suscitado una cascada de propuestas que sólo hace unos meses eran impensable. Por eso decía al principio del artículo que se observan tantas dificultades y trabas como oportunidades para Europa. Así ha surgido la propuesta de creación de un Fondo Monetario Europeo, así estamos discutiendo en el Parlamento Europeo la creación de nuevas autoridades de supervisión financiera en la Unión y así se trabaja en la actualidad sobre nuevas figuras fiscales a las entidades bancarias para sufragar un fondo anticrisis.

De hecho, en Bruselas ya se habla de la posibilidad de adaptar el Tratado de Lisboa –aprobado hace sólo cuatro meses– a las nuevas necesidades de una gestión más eficaz y coherente de la crisis del euro y de la deuda pública. Pero esas esperanzadoras expectativas se dan de bruces con las angustias internas de Europa.

Gobernanza económica.
La resistencia alemana a la solución griega es paralela a las dificultades que los propios países europeos pondremos a las medidas de mejor gobernanza económica europea. Las ideas y las propuestas son conocidas: mayor coordinación en las políticas presupuestarias de los Estados miembros, correcciones a sus diferencias de competitividad, aportaciones a fondos financieros de estabilidad o fondos anticrisis, y seguimiento con estímulos y sanciones a las reformas estructurales nacionales, etc.

El pasado fin de semana las estuvieron estudiando los ministros de Economía en el Ecofin de Madrid. ¿Cuántas de éstas se adoptaron? ¿Cuántos países europeos están en condiciones y dispuestos a someter a un marco de control europeo sus proyectos de sus presupuestos? Acabaremos añadiendo un nuevo parámetro al plan de estabilidad financiera para medir y controlar la deuda pública acumulada y poco más.

¡Que lejos quedan los tiempos en los que los fondos de cohesión, los fondos regionales de equilibrio, y otros, eran alimentados generosamente por los más ricos, en aquel espíritu europeo que tanto añoramos ahora! Mucho más teniendo en cuenta que las necesidades de esa cohesión europea aparecen como una condición sine qua non de supervivencia.

Expansión, 28/04/2010.




26 de abril de 2010

Un millón de europeos.

Un millón de europeos tendrán derecho a proponer leyes al Parlamento Europeo con arreglo al proyecto que han aprobado la Comisión y el Consejo Europeos, a impulso de la Presidencia española. Esta previsión del Tratado de Lisboa ha visto la luz el pasado 31 de marzo y ahora le toca al Parlamento consensuar esta novedosa e importante ley europea. Novedosa, porque por primera vez en la historia de la Unión, la iniciativa legislativa se otorga directamente a la ciudadanía europea, ofreciendo una facultad que hasta ahora tenían en exclusiva la Comisión y el Consejo. Importante precisamente por eso, porque refuerza el carácter ciudadano y europeo del nuevo derecho.

Efectivamente, la iniciativa ciudadana ayudará a mejorar las difíciles relaciones entre ciudadanos-electores e instituciones europeas (más del 50% de abstenciones en las pasadas elecciones de junio del año pasado) y ofrecerá la posibilidad de vertebrar objetivos ciudadanos supranacionales, ya que serán exigibles apoyos de un millón de europeos de, por lo menos, nueve Estados-miembros. Esta exigencia es fundamental para dar una dimensión europea a la iniciativa legislativa popular y para proporcionar alianzas cívicas europeas que fortalezcan los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales en la defensa de múltiples objetivos de la Unión Europea. Pongamos algunos ejemplos. Estudiantes europeos de cursos Erasmus nos proponen una legislación que homogeneice las titulaciones y los currículos europeos. Asociaciones de mujeres o de hombres separados nos demandan unificar la legislación matrimonial aplicable en casos de divorcio y tutela de hijos, en los cientos de miles de matrimonios mixtos residentes o no, en terceros países. Organizaciones no gubernamentales favorables a la legalización de la medicina natural que exigen el reconocimiento europeo de determinadas categorías terapéuticas. Son sólo tres, pero hay miles de posibilidades parecidas que pueden vertebrar aspiraciones europeas surgidas de la lógica europeísta que atraviesa nuestras vidas. Por cierto, en el momento de escribir estas líneas, atrapados en la parálisis del tráfico aéreo provocado por el volcán islandés, pongamos que cientos de miles de ciudadanos europeos demandan una única autoridad europea para el control del tráfico aéreo en el cielo único europeo.

Diversos detalles y aspectos técnicos del proyecto están pendientes de concretar y consensuar en la Cámara legislativa europea: los requisitos de las firmas y/o su verificación; las exigencias a las firmas de Internet; el número mínimo de países en los que se recogen; la edad mínima y el censo aplicable; el plazo máximo para la obtención de los apoyos, etcétera. En general se pretende posibilitar al máximo las iniciativas y hacer fácil, tanto la recogida de firmas, como la obtención de un número mínimo por país (50.000 aproximadamente para España).

Pero también debemos evitar el efecto de frustración a iniciativas que luego no sean tramitadas legislativamente. Ciertamente la admisibilidad de las iniciativas suscita los debates más de fondo sobre este asunto. De entrada, porque existen importantes limitaciones al contenido de las iniciativas. Entre otras, que no atenten a los valores fundamentales de la UE, o que se correspondan con las competencias de la Comisión, o que versen sobre un tema de interés de la Unión. Lo cierto es que aunque la iniciativa legislativa popular goza de gran popularidad (valga la inevitable redundancia en este caso), estos sistemas de acceso directo de la ciudadanía a la Cámara legislativa no están demasiado extendidos en los sistemas parlamentarios ni son habitualmente utilizados. Sólo 12 de los 27 países de la Unión los tenemos en nuestras leyes nacionales y muy pocos proyectos de ley traspasan la barrera de la admisibilidad para su tramitación como auténticos proyectos de ley. En España pueden contarse con los dedos de la mano los producidos en nuestra breve historia democrática (aunque uno de los más famosos en la actualidad sea el debate sobre la prohibición de los toros en Cataluña, que se tramita en el Parlamento catalán) ¿Quién determina la admisibilidad? Ésta es la cuestión principal. El proyecto se inclina por un doble procedimiento: la Comisión examina si una iniciativa es admisible cuando se presente con 300.000 firmas de un mínimo de tres Estados. La aceptación inicial de la propuesta otorga a los promotores un plazo de un año para la presentación oficial de la iniciativa, y a la Comisión Europea, después, cuatro meses para su definitiva tramitación o rechazo. Personalmente, creo que debiéramos ser menos exigentes en el primer paso, es decir, que debería ser más fácil el acceso a un primer dictamen de la Comisión sobre si la propuesta de Ley Europea es admisible o no. Recoger 300.000 firmas en tres países cuesta demasiado como para que recibas como respuesta un simple: «su proyecto no es viable».

Esta vía de democracia participativa, complemento necesario pero colateral, no lo olvidemos, de la democracia representativa, nos ofrece además una doble oportunidad. En primer lugar, la de equilibrar con poderes democráticos ciudadanos las enormes fuerzas de los lobbys corporativos, omnipresentes en Bruselas en todos los procesos decisorios. En segundo, los partidos políticos tendremos que adaptar nuestras estructuras organizativas para acompañar, apoyar o fomentar iniciativas trasnacionales, caminando así hacia listas electorales europeas, auténtica prueba de federalismo europeo, junto a la elección presidencial europea en elecciones directas.

El Correo, 26/04/2010 

23 de abril de 2010

Bienestar social y competitividad.Jornada en Pamplona.




Pamplona, 23/04/2010.

Declaraciones realizadas a Prensa, antes de la apertura de la Jornada: Bienestar social y competitividad. Retos de la Unión Europea. La experiencia danesa en el marco del modelo social europeo (encuentro enmarcado en los actos organizados por la Delegación Española del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas & Demócratas en el parlamento Europeo)

Durante esta jornada que se va a celebrar, se tratará de saber si Europa está en condiciones de mantener su modelo de bienestar social, una especie de invento social que durante la segunda mitad del siglo XX construyó las sociedades más cohesionadas y más justas dentro de una economía globalizada y ferozmente competitiva.

En el actual contexto mundial, hace falta más Europa y no existe una Europa suficientemente articulada. Basta ver lo que está pasando con la crisis griega para descubrir que no estamos dando la respuesta de gobernanza económica, de unidad europea, suficiente.

Respecto a la viabilidad de la sociedad del bienestar ante la actual crisis económica, hay que reconocer que Europa no puede vivir de otra manera. Nos hemos acostumbrado a tener unas dosis de cobertura, de protección social, tenemos un sistema de protección desde la cuna hasta la tumba, hemos dado al trabajador un sistema de protección ante el accidente, ante la enfermedad, ante la vejez, ante el paro.
Hemos dado a la sociedad una cultura de prestaciones educativas, sanitarias que la hacen cohesionada.

Es por esto, que no veo una salida a la crisis rompiendo con eso.
No veo que Europa pueda ser competitiva rompiendo su modelo de bienestar, pero hay que hacer compatibles algunas reformas que implican esfuerzo, diálogo social, correcciones, pero tiene que ser para sostener ese modelo, no para destruir lo que durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo los trabajadores hemos conseguido a lo largo del siglo XX.

La situación de Navarra en la Unión Europea.

La Comunidad foral lleva muchos años siendo una de las regiones europeas más potentes y más competitivas, tiene una economía relativamente saneada, no ha dependido tanto del sector inmobiliario y tiene sectores económicos competitivos.

Navarra tiene un nivel de prestaciones y de calidad social en gran parte derivado de una economía que ha tenido la protección del concierto durante muchísimos años y eso da a la Comunidad, un estatus de calidad social de primer nivel.

No hay muchas regiones en Europa que tengan esta calidad social.

De todos modos, no hay que dejar de hacer esfuerzos pues estamos en un mundo que evoluciona rápidamente, que exige cada vez más esfuerzo y también Navarra tiene que hacer esfuerzo de modernización, de competitividad, de preparar mejor a sus jóvenes, de tener formación continua, de hacer competitivas sus industrias, porque sin eso no hay riqueza para repartir.


Declaraciones Europa Press.
Foto: PSN-PSOE