Postnacionalismo

No ha sido una sorpresa, pero el aparato propagandístico que ha acompañado la llamada "Declaración de Barcelona" ha vuelto a colocar sobre el tapete la cuestión nacionalista en el complejo proceso territorial español. Al margen de la intención preelectoral que se le presume a la iniciativa ante las elecciones autonómicas y europeas, y dejando también de lado las reticencias que han surgido después de la firma en alguno de los partidos catalanes, lo cierto es que el documento contiene una serie de afirmaciones y propósitos de enorme calado que resultan una auténtica patada al entramado autonómico y constitucional.

El primer dato del análisis debe referirse al formato. Por primera vez en estos veinte años constituyentes, y recordando viejas alianzas nacionalistas (1923 y Galeuzca 1933), se produce una solemne puesta en escena de los nacionalismos vasco, catalán y gallego con pretensiones de continuidad y articulando una plataforma de poder y de presión política hacia España y la Unión Europea. No creo que hayan medido suficientemente el paso, porque es una imagen muy poco electoral para Pujol o para Durán, dadas las enormes distancias que sus respectivos partidos tienen con el Bloque Gallego, o dadas las cautelas y precauciones que CiU adopta respecto al terrorismo y a la estrategia del PNV en la materia.
Por otra parte, la aparición de una plataforma nacionalista de las nacionalidades históricas (así llamadas por su reconocimiento autonómico republicano), marginando a otros nacionalismos periféricos, genera una sensación frentista respecto a las demás comunidades autónomas españolas, en un camino cada vez más cargado de agravios mutuos que tiende a enrarecerse por el creciente bilateralismo de la política autonómica española, precisamente con dos de esas nacionalidades, la catalana y la vasca.

Pero, además, la "Declaración de Barcelona" se sustenta en dos postulados sumamente preocupantes. En primer lugar, se dice, la democracia y la Constitución no han resuelto la articulación plurinacional, y en estos veinte años "... hemos padecido una falta de reconocimiento jurídico-político e incluso de asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado". En segundo, se reivindica el principio de soberanía originaria para estas nacionalidades, se reclama en consecuencia el derecho de autodeterminación y se exige a los partidos estatales "que reconozcan y respeten los ámbitos de decisión comunitaria de nuestras respectivas naciones con todas las opciones que ello conlleve (independencia, confederación, federación)".

Hay quien dice que esto es papel mojado. Que son tantas las diferencias entre estos cuatro partidos que tales propósitos no avanzarán. También soy consciente de que el nacionalismo es muy dado a enarbolar sus programas máximos en campas o en proclamas para mantener viva la llama sagrada de una ideología que se carga sentimentalmente de victimismo y de reivindicación permanente. Pero, aun así, creo que este pronunciamiento exige una respuesta.

Es falso de la A a la Z que estas tres nacionalidades hayan padecido una falta de reconocimiento jurídico-político desde el Estado. Hablemos de Euskadi, por ejemplo. La reiterada apelación al pasado foral como una especie de Arcadia añorada es una idiotez porque el autogobierno de los noventa actualiza y moderniza la vieja soberanía foral para establecer el máximo autogobierno posible en un Estado. Tal como señala Fusi: "En 1979 se aprobó un Estatuto infinitamente superior, por todos los conceptos, al de 1936. Comparado con el actual estado autonómico vasco, el régimen foral anterior a 1839 se reducía a esporádicas asambleas de aldeanos". No hay ningún país del mundo que haya hecho un proceso de transformación territorial y de reparto de poder más intenso ni tan rápidamente como lo ha hecho España en estos últimos quince o veinte años.

Incluso, si abordamos sin complejos y sin prejuicios el tema de la soberanía, ¿no es hora ya de que todos, repito, todos, reconozcamos que la soberanía no es un concepto indivisible, ni unívoco, ni monopolizado por los Estados-nación, sino que hay soberanía delegada constantemente hacia la Unión Europea, hacia las comunidades autónomas y hacia el propio mercado vía globalización financiera, etcétera? ¿Alguien puede negar que Cataluña ejerce una amplia cuota de soberanía con su autogobierno cuando, por ejemplo, legisla desde su propio Parlamento su política lingüística, o su educación, o su presupuesto sanitario?

Los nacionalistas pueden pedir lo que quieran, pero negar la evidencia les desautoriza. Su preámbulo es una decepcionante actitud para quienes siempre hemos defendido el pacto con ellos allí y aquí, en la esperanza de construir un país moderno en el que quepamos todos.

Pero su proclama a favor de la reforma del modelo de Estado hacia una confederación o la reivindicación palmaria de la autodeterminación nos sitúa ante un horizonte imposible. Ya no es decepción, sino la profunda preocupación ante la imposibilidad de hacer compatibles nuestros proyectos. Porque es evidente que una propuesta confederal implica un cambio drástico de nuestra Constitución hacia un modelo arcaico, superado por los tiempos y por los acontecimientos. España no está en esa fase primigenia de su organización territorial. Además, la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español, en su conjunto, y no queremos renunciar a ese valor supremo de ciudadanía y de origen democrático. Por último, las reglas de juego establecen que para cambiarla hacen falta mayorías, y nosotros no la daremos para ese disparate.

Por último, la autodeterminación. Otra vez el gran fetiche. Digámoslo claramente: no es un derecho, es una reivindicación de minorías, inclusive en las nacionalidades donde se reclama. No es una solución, sino el origen de nuevos y graves problemas, si me apuran, hasta de gravísimas tensiones interétnicas en nuestras comunidades, preñadas de pluralidad y mestizaje social, lingüístico y político. Nadie ha negado la libertad y la libre decisión de nuestros pueblos. Hemos votado -en Cataluña, en Galicia, en Euskadi- la Constitución y la hemos aprobado. Hemos votado los Estatutos respectivos y los hemos refrendado por amplias mayorías, votamos partidos y programas casi cada año y confirmamos así nuestro marco jurídico y político. ¿A qué viene este alegato chirriante contra él?

Al nacionalismo vasco, catalán y gallego puede y debe pedírsele una renovación de sus viejos mensajes en esta etapa de cambios que pide el mundo y la Unión Europea en particular. "Construir una nación", que parece ser su causa última, no es alimentar la inestabilidad; no es enfrentarse a otros pueblos y comunidades con derechos iguales o tan legítimos como los suyos; no es debilitar sistemáticamente los proyectos unitarios o integradores, no es imponer visiones reduccionistas o uniformizadoras en su propia comunidad de la condición de vasco, catalán o gallego, asimilándolas a los parámetros nacionalistas; no es proponer a sus ciudadanos un objetivo independentista más o menos encubierto, como la mejor expresión de libertad colectiva. No, así se destruye la nación, se desintegra el pueblo, se divide la comunidad, y profundas y peligrosas líneas de fragmentación y enfrentamiento social entrecruzan nuestra diversidad. La diversidad interna de nuestras nacionalidades, o de nuestras naciones, si así lo quieren llamar, y la diversidad de España como Estado plurinacional y pluricultural.

Es en estas circunstancias y ante estos planteamientos, que algunos nos reivindicamos del postnacionalismo, término que debemos a Jon Juaristi y que hoy y aquí quiere expresar, telegráficamente, la victoria del autonomismo sobre el independentismo.


El País, 05/08/1998

¡Es la política, estúpido!

Los franceses votaron un programa y su Gobierno lo está aplicando. ¿Significa esto algo para quienes ponen el grito en el cielo ante un proyecto de ley que introducirá la semana de 35 horas? Lo que ocurre, sin embargo, es bien simple y se llama política: los franceses hablaron cuando debían, en las elecciones, y apoyaron unas medidas que, en esencia, buscan aumentar el empleo por nuevas fórmulas -reducción y flexibilidad de la jornada y nuevos empleos en los servicios de proximidad- mientras tratan de mantener la cobertura social básica y la calidad europea del empleo.No es seguro que tengan éxito, porque las orientaciones macroeconómicas y el entorno competitivo internacional no ayudan. Pero muchos lo deseamos fervientemente, porque han tenido el coraje de cumplir una promesa difícil -la semana de 35 horas y de lanzarse a una experiencia -los 350.000 empleos para jóvenes en los servicios de proximidad- sobre la que tanto se había teorizado y nadie había ensayado desde que su promotor, Jacques Delors, la esbozara en el célebre Libro Blanco sobre competitividad, crecimiento y empleo (1993). Ha sido su hija, la ministra de Trabajo, y su jefe, Jospin, quienes se han atrevido a abrir esta ventana de esperanza.

¿Que la apuesta tiene riesgos? Claro, un mundo regido por, la abstracción de las cuentas macroeconómicas y la despiadada competitividad que mide el valor de lo humano en nuestra sociedad, y cuyo árbitro supremo es la economía virtual de los mercados financieros -unos pocos miles de actores reales que articulan la nueva mano visible del mercado-, es un terreno arriesgado. Pero lo es también -como lo demuestra el pinchazo del milagro asiático y el pánico subsiguiente de las bolsas- para quienes han aceptado sus reglas de juego a rajatabla, no ya como limitaciones, sino como virtudes.

¿Y la política? Entre el imperialismo de una economía global financierizada que escapa del marco estatal y la organización empresarial y del trabajo revolucionada por las nuevas tecnologías, el espacio de la política -el de la libertad de opciones de la sociedad- se estrecha hasta el ahogo. Ya es tiempo, sin embargo, de que demos la vuelta al eslogan de los expertos de campaña de Clinton en 1992 y repliquemos: "¡Es la política, estúpido!". Pero hacerlo pasa por algo tan elemental como ganarle tiempo a la economía -tiempo de trabajo- y devolvérselo a la sociedad -tiempo libre para su propia construcción personal / familiar, educativa, cultural, cívica y política-. Ése es el sentido último de las 35 horas (quizá mejor estructuradas como semana de cuatro días, como ha propuesto el portugués Guterres).

La gran transformación que vive el mundo en este trepidante fin de siglo está alterando la circunstancia básica para ser y sentirse ciudadano y persona: tener un empleo digno. La globalización de los mercados, la revolución tecnológica y la rebelión del capital -apoyado en la nueva infraestructura flexible de la empresa y el trabajo y aupado a la estratosfera de los flujos financieros- están en la base de un paro estructural que en Europa amenaza con enquistarse en el siglo XXI y socavar la democracia. El contrato social -el marco de condiciones que arropan y rigen la relación laboral desde la II Guerra Mundial- está siendo sometido a un progresivo y fatal deterioro. Sin que ningún modelo nuevo de regulación social y política lo sustituya. El último gran periodo de revolución tecno-económica -electricidad más taylorismo- y globalización financiera sin contrapeso político e institucional provocó un desequilibrio tal entre mercado y sociedad que las consecuencias desestabilizaron la primera mitad de este siglo (desde las revoluciones mexicana y rusa hasta el ascenso del nazi-fascismo, con dos guerras mundiales incluidas)

Qué nos ofrece a cambio el paradigma del empleo de EE UU o del Reino Unido? Mucho empleo, muy flexible y muy barato, con pocas cotizaciones y frágil protección social, sin mínimos legales, sin negociación colectiva, sin sindicatos protectores. Consecuencia: en EE UU cerca de 40 millones de personas bajo el nivel de pobreza, 37 millones de desamparados sanitarios y 27 millones de analfabetos. La tasa de homicidios es superior. a 20 por cada 100.000 habitantes -entre cuatro y cinco veces superior a la de Europa- Con 1,5 millones de personas en prisión -y un total de cinco millones bajo tutela penal-, EE UU mantiene una proporción mayor de población reclusa que Suráfrica para mantener a raya a la mayoría negra o la URSS para imponer el comunismo (un creciente apartheid / gulag social en el país más rico y poderoso).

Los norteamericanos han reconquistado la primacía tecnológica y su productividad se ha duplicado desde 1948. Pero trabajan hoy 163 horas más al año (casi un mes) y disponen de un tercio menos de tiempo libre que entonces. Si esta tendencia continúa en el siglo XXI, trabajarán tantas horas como en los años veinte. En el Reino Unido, el paro ha descendido al 7%, pero en la patria del sindicalismo hay cláusulas de "no unions" para atraer a las multinacionales; en Londres puede verse a jóvenes homeless tumbados por las esquinas, y los hooligans pasean por los campos de fútbol del continente los síntomas de una sociedad descompuesta. Cuatro millones de británicos -un 25% de los ocupados- trabajan más de 48 horas a la semana, un 41% más que en 1984; más, de cuatro millones tienen menos de tres semanas de vacaciones pagadas, y 2,5 millones carecen en absoluto de ellas. El Tribunal Europeo de Justicia ha tenido que requerir al Gobierno británico -que limite la semana laboral a 48 horas. `Estados Unidos y el Reino Unido aún no cumplen los baremos laborales del Convenio de Washington, que estableció en 1921 la jornada de ocho horas y la semana de 48. Su economía funciona a todo tren, pero su sociedad se deshace. ¿No es esto una completa pérdida del sentido de los fines del progreso?

¿Y qué ocurre en nuestro país? Tenemos un 30% de trabajadores temporales o eventuales, muchos contratados por ETT con salarios ínfimos; muchos que renuncian a la aplicación del convenlo, o se dan de alta como autónomos para entrar en una relación evidente por cuenta ajena; y son innumerables los empleados de supermercados o de hoteles que trabajan horas extra por encima del tope legal sin compensación.

Vivimos en sociedades que tienden a bifurcar la trayectoria laboral-social y los tiempos de vida de sus miembros: un número creciente -pero aún minoritario- de trabajadores cualificados, nuevos profesionales "del conocimiento" que manejan los flujos de información desde el núcleo de las redes empresariales, y sobretrabajan entre 50 y 60 horas semanales enganchados a la economía global; y una periferia -igualmente creciente- de "trabajadores contingentes", temporales, a tiempo parcial obligado, o en empresas subcontratadas, mal pagados y sin formación ni perspectivas de promoción, que subtrabajan en la economía local, en tiempos fragmentados -cuando pueden- o no trabajan en absoluto. Unos y otros, como dice Robert Reich, coexisten en la misma sociedad, pero trabajan en economías distintas.

Llevamos 20 años en que la locomotora de la economía dirige y consume los vagones de la sociedad. Como en la célebre escena de los hermanos Marx, algunos aún gritan "¡más madera!". Pero ante el paro y la desestructuración social, Europa, y, sobre todo, la izquierda, reclama que la razón social -cuya condensación es la política- dirija a la razón económica. Los grandes fenómenos que marcan el fin de siglo -la globalización y la revolución tecnológica- pueden ser una poderosísima palanca de progreso si logramos un marco mínimo de control y regulación para superar sus efectos destructivos, la incertidumbre y la insolidaridad que generan. Colocar los fines -humanos y sociales- en el asiento conductor de los extraordinarios medios desplegados por el cambio global y tecnológico requiere dar más tiempo a la sociedad y menos a la economía. Introducida con prudencia, desde el acuerdo social, con estímulos en las cotizaciones sociales y otras medidas, la reducción progresiva de la jornada laboral es compatible con la racionalidad económica de las empresas. Pero en ella se encuentra, además, la semilla de un nuevo contrato social y un modelo distinto de sociedad. Uno que coloque los fines sociales por delante de los medios económicos. Y en el que la política pueda hacer lo que tiene que hacer: dar opciones para que la sociedad elija su propio destino.

El País, 14/11/1997.

Crisis del estado social y nuevo imperialismo financiero.

Un antiguo ministro de Trabajo de Estados Unidos, Ray Marshall, afirma que "el mundo está viviendo la peor crisis del empleo desde los años treinta". En todo, el planeta, desempleados y subempleados (en la economía informal de los países pobres, especialmente en las nuevas megalópolis, y en el empleo precarizado en los países ricos) son un tercio de los trabajadores-casi 900 millones de personas sobre 2.800 activos (Política Exterior, enero-febrero 1996).Pero hay diferencias respecto de los años treinta. Entonces el paro se explicaba por la depresión, y duró cuatro o cinco años. Ahora dura ya más de quince, en proporciones alarmantes y crecientes. Subsiste, además, durante dos periodos de crecimiento importante -a finales de los ochenta y en la recuperación de los noventa- Es verdad que hoy hay mayor protección Social. Pero el empleo que se genera no tiene ni el mismo contenido económico (valor añadido) ni la misma calidad de inserción social. Es, en gran parte, precario, se polariza hacia los servicios de baja cualificación y se encoge en la industria.. No proporciona ni horizontes de promoción, formación o realización personal, ni orgullo e identidad por el trabajo. Un empleo, en suma, que no socializa ni crea ciudadanos.

Pero además, la diferencia en el clima político-ideológico es crucial: lo que entonces era una solución correctora hoy es un estorbo que se desecha, sin poner nada en su lugar que ofrezca las mismas garantías. Avanzamos inconscientemente hacia el vacío. Los sistemas de protección desarrollados en la segunda mitad del siglo -y el pacto social que cristalizó en todo el marco de relaciones laborales y negociación colectiva- están sufriendo un cuestionamiento y una erosión sin precedentes. Hemos olvidado muy pronto que fueron la respuesta civilizada a la crisis de los treinta que trajo el nazi-fascismo y la Segunda Guerra Mundial.

Ethan Kapstein, director del Consejo de- Relaciones Exteriores (desde una perspectiva de política exterior y de seguridad), se ha hecho una reflexión dramática: "El mundo puede estar deslizándose inexorablemente hacia uno de esos trágicos momentos que harán que los historiadores se pregunten: ¿por qué no se hizo algo a tiempo?. No se refiere a la amenaza nuclear, ni al conflicto de Oriente Próximo, a la inestabilidad en Europa del Este o a la política del Kren-din. Su preocupación son los trabajadores en una economía goblal que -dice- "está dejando una estela de millones de agraviados. Desigualdad, desempleo y pobreza crónica se han convertido en sus sirvientas necesarias. El cambio tecnológico y la intensificación de la competencia internacional están abrasando los mercados laborales de los principales países industriales. Y al mismo tiempo-, presiones sistemáticas recortan la capacidad de gasto de los Gobiernos para dar respuesta. Justo cuando la gente trabajadora más necesita al Estado-nación para amortiguar el choque de la economía global, éste les abandona ".

A este respecto, Alain Touraine, en el marco del encuentro sobre Empleo y tiempo de trabajo celebrado en San Sebastián, acaba de alertar sobre una mistificación interesada: la que confunde un proceso histórico imparable, de largo impulso, y hasta cierto punto "natural" y conveniente -la mundialización, de los intercambios económicos, de los contactos sociales, y culturales de todo tipo, gracias al progreso de las comunicaciones y a los procesos de integración regional- con la globalización del capital financiero, promovida por las grandes corporaciones multinacionales desde los años setenta. Algo, esto último, que no tiene nada de natural y es conveniente sólo para unos pocos. André Gorz lo ha llamado Ia rebelión del capital internacional", una auténtica, fuga para escapar al control político y la regulación social de la economía en el marco estatal. La mano invisible del mercado que creció y se " desarrolló bajo la protección del Estado-nación, se ha convertido en la mano de hierro que se impone sobre Estados y políticas, culturas y naciones. Y marca las condiciones sociales y las pautas del empleo, zafándose de todo vínculo territorial, comunitario o incluso empresarial laboral.

Para encontrar una situación comparable, según Touraine, hay que remontarse a principios de siglo y -recordando el libro de Rudolf Hilferding, El capital financiero (1910)- a lo que éste denominó "el imperialismo financiero". Algunos pueden sentir un cierto pudor por la expresión', pero ¿cómo calificar si no lo que estamos viviendo? Hasta 1971, antes del hundimiento del sistema de Breton Woods, el 90% de las operaciones con divisas estaban ligadas al comercio y la inversión directa -sólo el 10% era especulación- Hoy el casi billón de dólares que se mueven cada día en los mercados globales representa 10 veces la producción física mundial, y 35 veces el intercambio real de bienes. Con el agravante de que el flamante capitalismo electrónico (expresión de Robert Reich) es extremadamente volátil: hemos pasado del lunes negro de las bolsas en, octubre de 1987, al choque japonés de 1990 y al efecto tequila de la crisis mexicana del año pasado; y transitado de puntillas por el campo minado de la deuda del Tercer Mundo en los ochenta. Sin olvidar que la temeridad, la torpeza o la codicia de un operador individual puede provocar desastres como el del Banco Barings en Singapur, o la Corporación Sunuitomo en Japón. Estos mismos días los mercados están al borde de un ataque de nervios.

¿Y éste es el imperio del dinero que nos ha de organizar la economía mundial sin más ley que lapropia, y al que hemos de rendir tributo (literalmente) confiándole nuestro futuro? Touraine recordaba en estas mismas páginas que en 19 10 -cuando Hilferding publicó su libro- estalló la revolución mexicana, poco después la gran guerra en Europa y, en 1917, la revolución rusa. En este final de siglo, México, Rusia, Europa central y oriental (todas ellas economías en liberalización o transición hacia la globalización capitalista) son nuevamente los focos de inestabilidad -financiera, política y social-nacional- del sistema mundial. Apenas han pasadounos años del "triunfo final del capitalismo" y seguimos en plena euforia neoliberal.

Pero los dioses ciegan a quienes quieren perder. Hay una indecencia casi obscena, una implacabe estulticia colectiva -sólo concebible en fenómenos económicos tan impersonales como los llamados "mercados"- A lo largo de este año el anuncio de que el paro en Estados Unidos bajaba de la llamada "tasa natural" ha provocado por dos veces un temblor de ventas en la Bolsa de Nueva York. En Francia, cuando Moulinex ha anunciado que cortaba 2.600 empleos, el 201/1o de su plantilla, las acciones subieron un 2 1 %. Lo mismo ocurrió cuando la AT&T norteamericana anunció que prescindía de 50.000 empleados -su cotización subió como la espuma. En el mundo al revés del nuevo imperio, lo privado determina lo público, y la economía virtual se impone a la real.

Entre nosotros, cuando en otros países ya están reculando ante el precipicio social, asistimos a un típico espectáculo hispano de mimetismo tardío y neoconverso. Desde sectores muy poderosos -y desde el 3-M también muy locuaces- se espolea al Gobierno a una nueva carga de la caballería liberal contra el Estado del bienestar y los difíciles equilibrios de nuestro mercado laboral. Hay actitudes que van de la ceguera ignorante a la arrogancia insensata. El estado mayor áulico de la ofensiva reclama, con convicción supuestamente científica, el abaratamiento del despido, la rebaja del subsidio de desempleo y el acortamiento de su duración. Se barajan condiciones estrictas -suponemos que con afán pedagógicomoral- para poder seguir recibiendo la prestación. Para los otros gastos sociales, pensiones incluidas, el pronóstico es reservado. Mientras, se reducen generosamente los impuestos a las rentas de capital, esta vez sin condiciones de ningún tipo. Y se prepara la venta de los sectores estratégicos de propiedad pública -petroquímico, eléctrico, gas, comunicaciones, transporte, etcétera- a la sección nacional de la internacional financiera.

Galbraith -autor, por cierto, de una Breve historia de la euforiafinanciera y cronista del crash del 29- acuñó para este estado de cosas una expresión certera: 'La cultura de los satisfechos" (entre nosotros, la revuelta de los privilegiados). El dinero desgravado a los que tienen mucho es un incentivo para crear empleo -¡faltaría más!- El que se niega o discute a los que apenas tienen nada, es un acicate a la moral de trabajo. Lo que no pagan a Hacienda los primeros es "un estímulo a la economía productiva"; lo que no se gasta en los segundos, "un alivio a las cargas del Estado". La cesión de las palancas decisivas de la economía a dos o tres grupos financieros no es otra cosa que "una apertura a la libre competencia". ¡Vaya por Dios! (en este caso por la diosa economía). Los mercados, claro, están eufóricos. Como la piara de cerdos en la parábola evangélica, bastará que un "poseído" se precipite por el barranco, para que le sigan todos los demás. Pero es que detrás, sin ánimo de ofender, vamos todos.


El País,03/08/1996.