Pues bien, en las haciendas públicas de todo el mundo suenan las alarmas por la concatenación de fenómenos agresivos contra la recaudación, especialmente en los impuestos de las empresas y en los de las grandes fortunas y patrimonios. Tres son los temas principales que preocupan.
1. La fiscalidad en la era digital. Las empresas digitales crecen exponencialmente en la red de internet. Muchas de ellas, la mayoría, operan en múltiples mercados y en países diferentes. No hay fronteras en esos mercados, pero las reglas que asignan los beneficios entre las distintas entidades locales que integran la empresa dependen de un concepto obsoleto (‘establecimiento permanente’), basado en la presencia física en un territorio: oficinas, locales, número de trabajadores, etc. Pero las empresas digitales no necesitan presencias físicas para acceder a grandes mercados, de manera que sin ‘establecimiento permanente’ obtienen sus beneficios sin ningún nexo de tributación al territorio; es decir, sin pagar impuestos.
Además, en los modelos de negocio digital son los propios usuarios los que generan valor para las empresas a cambio de servicios formalmente gratuitos. Ese valor es económico y financieramente enorme (base de usuarios, datos y contenidos) y, sin embargo, es infragravado o está exento a efectos fiscales. El ejemplo más notorio nos lo dio la propia Comisión Europea cuando informó que Apple paga en territorio comunitario un tipo efectivo del 0,005% por el Impuesto de Sociedades, frente al 15-20% de media del resto de empresas (aquí también se incluye el trato favorable que Irlanda concede a esta empresa a cambio de su ubicación en ese país).
La famosa ‘tasa Google’ pretende, por ello y con razón, establecer un nuevo modelo de fiscalidad a las empresas digitales, basado en un pequeño porcentaje del 3% a la facturación de esas compañías en el territorio, al margen de cualquier otro factor. La Comisión Europea calcula que ese porcentaje equivale a un impuesto de entre el 9% y el 10% sobre sus beneficios.
2. La fiscalidad en la globalización. También aquí sufrimos una falta de adaptación de las normas y de los sistemas fiscales nacionales a una ingeniería fiscal cada vez más sofisticada e ingeniosa (elusión fiscal), creada por grupos multinacionales que operan globalmente y bajo una dirección común. Es más,
los estados se hacen competencia para atraer a las compañías, en base a rebajas fiscales que acaban detrayendo impuestos debidos en otros países. Incluso en el seno de un mercado único, como es la UE, estas conductas están siendo utilizadas de forma desleal con evidentes perjuicios a las haciendas nacionales. Recordemos el escándalo Lux-Leaks, que Luxemburgo utilizó para atraer la sede central de las multinacionales a su pequeño país o la sanción de la Comisaria de la Competencia a Irlanda por la elusión fiscal de Apple en Dublín.
Contra estas prácticas de las multinacionales que explotan los regímenes fiscales especiales se está trabajando en una doble vía. Por una parte, la UE ha diseñado su estrategia antielusión fiscal en el marco del Plan de Acción BEPS de la OCDE. En esencia se busca unificar las bases del Impuesto de Sociedades para reparar las grietas del sistema fiscal internacional. Por otra, y mientras esa larga y compleja tarea se culmina, algunos países (España entre ellos) han planteado aplicar un tipo mínimo del 15% a todas las sociedades, cualquiera que sea su cálculo fiscal de deducciones, desgravaciones, etc. en el ámbito global.
3. La lucha contra los paraísos fiscales. Sucesivas informaciones (Panama Papers, Paradise Papers, etc.) han generado una alarmante confirmación de las sospechas populares sobre la engrasada y compleja maquinaria de movimiento de dinero y de otros valores para hacerlo opaco al fisco.
La agenda internacional tiene este tema en cartera, pero los avances son contradictorios. En la lucha contra el blanqueo de dinero EE UU, tras los atentados a las torres gemelas en 2001, puso la directa y todos los bancos del mundo han creado potentes departamentos para el rastreo del dinero sucio, especialmente el que procede del terrorismo, el narcotráfico y otros delitos supranacionales.
Pero en la lucha contra la evasión fiscal los avances son muy lentos por el veto de países que reciben el dinero de esa evasión. El principal instrumento es el intercambio de información fiscal entre naciones. En la Unión tenemos un mecanismo que obliga a sus miembros a dar la información pedida por otro Estado. Pero, en el ámbito internacional, los tecnicismos y argucias legales impiden, en la práctica, que un Estado obtenga información de aquellos que son más opacos. Precisamente la lista de paraísos fiscales, el otro gran instrumento contra la evasión, responde a la transparencia informativa que no ofrecen otros estados y pretende castigar esa falta de colaboración con medidas muy diversas especialmente las incluidas en el comercio internacional.
Esta lucha por la justicia fiscal será una larga marcha y pondrá a prueba la colaboración internacional, tan dañada por la política «trumpiana» en materias clave de la agenda global: cambio climático, multilateralismo, comercio internacional regulado, etc. Sin embargo, cualquier proyecto progresista que se precie, y este desde luego lo es, y mucho, necesita mirar a Europa y al mundo para su realización. Esta es otra de las razones por las que cuesta tanto construir nuestros sueños en este nuevo siglo.
Publicado el 25/08/2019 en El Correo.