Nuevos líderes para Europa.

      El acuerdo de última hora Macron-Merkel para colocar a sus candidatas ha sido recibido por el Parlamento, los grupos políticos, y por los socialistas en particular, con gran descontento.

Los acuerdos de reparto del poder en Europa llegaron ‘in extremis’, horas antes de que se produjera la votación para el primero de esos ‘top jobs’ que se han negociado en eternas reuniones estos días pasados. Efectivamente, el presidente del Parlamento se eligió al día siguiente de que fuese anunciado el acuerdo para las presidencias de la Comisión, del Consejo, del Banco Central y el Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea. Fue un acuerdo negociado exclusivamente entre los Jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, que se anunció finalmente el martes, 2 de julio, y que –como casi todos los acuerdos de esta naturaleza en Europa– tiene aspectos positivos y otros no tanto. Empecemos por los primeros.

Lo mejor es el acuerdo en sí mismo. Evita los peligrosos efectos del desacuerdo y la parálisis en un momento muy delicado para Europa. Basta imaginar lo que habría significado iniciar la legislatura en el Parlamento esa semana con una elección del Presidente al margen de los equilibrios que esa figura ejerce en el conjunto institucional, dificultando, o peor, haciendo casi imposible el acuerdo posterior para la elección del Presidente de la Comisión y el del Consejo.

Un aplazamiento del nombramiento del Presidente de la Comisión para después del verano sería una catástrofe porque hay que afrontar el 31 de octubre la marcha sin acuerdo de Reino Unido de la Unión. Si Boris Johnson gana el liderazgo conservador, ese horizonte es cada vez más probable y las consecuencias son inmensas en múltiples planos. El acuerdo en las instituciones era, y es por ello, la condición necesaria –aunque no suficiente– para que la UE afronte ese y otros retos muy importantes con la maquinaria engrasada y en pleno funcionamiento.

Sobre la mesa de la Unión están pendientes decisiones inaplazables. Un acuerdo en materia migratoria es vital para nuestro futuro. El marco financiero plurianual de 2020 a 2027 está pendiente de un dificilísimo trílogo entre Comisión, Parlamento y Consejo. Lo mismo pasa con la PAC (Política Agraria Común), la Unión Energética y la Agenda Digital. El mundo no espera a Europa y cada día se dilucidan ante nosotros grandes contenciosos sin que Europa juegue en el nivel que nos corresponde. Basta mirar a Irán, a las guerras comerciales y tecnológicas de Trump y a los retos demográficos europeos para entenderlo.

Positivo es también poner a una mujer al frente de la Comisión y a otra al frente del Banco Central. Son dos instituciones de tal entidad, con tan enorme presencia política, económica y mediática, que la revolución igualitario entre mujeres y hombres recibe un gran impulso. Positivo, poco más. Quizás haber evitado que el candidato alemán presida el BCE. Por el contrario, los elementos críticos son considerables.

Lo más negativo ha sido el rechazo sufrido por el candidato socialista Frans Timmermans a presidir la Comisión. Era, sin duda, el mejor candidato y contaba con una mayoría de apoyo al sumar los votos de socialistas y liberales en un pacto hábilmente trabado en la cumbre del G-20 de Osaka por Sánchez y Macron. Curiosamente, ese acuerdo contaba con el apoyo de Ángela Merkel, quien se vio desautorizada por su grupo y acabó aceptando el veto al candidato socialista tanto de los suyos, como, peor todavía, el de los países del este. Timmermans representaba muchas cosas. Era un socialista para después de más de veinte años de presidencia conservadora. Contaba con una mayoría de apoyos parlamentarios (socialistas 150 más 106 de liberales) frente a los 180 del PP europeo y su capacidad de atraer a los verdes para ampliar a cuatro los grupos parlamentarios de apoyo a la Comisión, era muy superior a la de su rival Manfred Weber. Fue candidato electoral a la presidencia, es decir, cumplió con la exigencia de ser ‘Spitzenkandidat’, y por último, su gestión como vicepresidente encargado de los temas institucionales le había llevado a ser el defensor de los valores europeos: Democracia y Estado de Derecho, frente a los países que los estaban vulnerando: Hungría, Polonia, Italia (tema migratorio), etc. Su papel como el gran europeísta, máximo defensor del Artículo 2 del Tratado ha sido fundamental.

Pues bien, el acuerdo Macron-Merkel de última hora, rompiendo los compromisos anteriores y colocando su pareja femenina franco-alemana en la Comisión y en el Banco Central, con un liberal belga al frente del Consejo, ha sido recibida por el Parlamento, los grupos políticos, y por los socialistas en particular, con enorme descontento.

Los grupos políticos porque han estado totalmente al margen de la negociación. El Parlamento porque se ha roto la regla del ‘Spitzenkandidat’ al elegirse a una señora que no había participado para nada en el proceso electoral y que se enteró de que será la Presidenta de la Comisión, horas antes de la propuesta. El grupo socialista porque ha perdido una ocasión de oro y un candidato excepcional para presidir la Comisión. Su enfado se agrava al conocerse el veto de los países más retardatarios de la construcción europea. Ha sido una negociación que ha marginado al Parlamento y que ha puesto de manifiesto el creciente intergubernamentalismo que sufre la Unión.

Publicado en El Correo, 14/07/2019

Pactos municipales y reformas electorales.

"Deberíamos pensar muy en serio en introducir la elección directa de los alcaldes como una forma más cualificada de participación ciudadana. "

Partimos de la base de que el sistema electoral de nuestros ayuntamientos merece una revisión hacia una elección más directa del alcalde a través de una segunda vuelta entre los dos candidatos mayoritarios o a través de fórmulas que primen el reparto de escaños a la formación ganadora. A todas luces parece una reforma necesaria, comprobado el hecho de que los ciudadanos personalizan las candidaturas en una prueba de madurez y de legitimación democrática muy apreciable.

Aceptamos también que, mientras esas reformas no se produzcan, las mayorías pactadas pueden –con total legitimidad democrática y con toda lógica política– elevar a la Alcaldía a partidos que no han resultado ganadores en las urnas, pero que suman las mayorías necesarias para acceder a esa responsabilidad.

Hasta aquí lo razonable. De hecho, así llevamos gobernando nuestras ciudades desde hace cuarenta años. Porque fue precisamente en 1979 cuando se inició la andadura democrática municipal española. Lo que resulta menos admisible es que las negociaciones para alcanzar esas mayorías resulten poco transparentes o nada respetuosas con el sentir mayoritario expresado por los ciudadanos en las urnas.

Así, por ejemplo, el acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid entre el Partido Popular y Vox, de un lado, y el PP y Ciudadanos, de otro, construido en mesas y negociaciones paralelas, da lugar inmediatamente después de la elección como alcalde del candidato popular a una confusa y ridícula dialéctica sobre las concejalías o cargos atribuidos a la formación de ultraderecha, en una ceremonia que oculta a la ciudadanía los contenidos mismos del pacto. En el colmo de esa pelea, la portavoz de Vox amenaza a los populares «con desvelar el pacto firmado», reconociendo así la naturaleza secreta de sus mutuos compromisos. Ese documento fue hecho público ayer.

Si toda la maniobra de una negociación a tres, sin que dos de ellos quieran o puedan verse, resulta ya por sí misma confusa y opaca, la revelación de la existencia de compromisos ocultos añade un desprecio intolerable a la gente a la que se gobierna.

Tampoco resulta edificante elegir alcalde al representante de un partido que ha obtenido un solo escaño de entre veinticinco para evitar que gobierne el partido mayoritario que quedó a uno solo de la mayoría absoluta.

Este ha sido el caso de Melilla, donde fue elegido alcalde –y, por tanto, presidente de la ciudad autónoma– el único concejal de Ciudadanos porque Coalición por Melilla (ocho escaños) y el PSOE (cuatro escaños) le votaron para evitar un nuevo mandato del PP.

En fin, presentar mociones de censura unas pocas horas después de elegido un alcalde debería estar prohibido en la ley. Habría que limitar ese mecanismo de sustitución del alcalde a periodos intermedios de la legislatura. En el País Vasco, los acuerdos posteriores a las elecciones municipales y forales del 26 de mayo han tenido solidez y seriedad. Dos fuerzas centenarias renuevan el pacto más natural y más estable. Natural porque responde a dos componentes de la pluralidad identitaria del país y porque hace más de treinta años –en 1987, con la constitución del primer Gobierno vasco de coalición– que comenzaron las alianzas entre el PNV y el PSE. Estable porque los pactos entre fuerzas que representan campos sociológicos distintos –es decir, que no se disputan electorados comunes– soportan mejor las desavenencias políticas del día a día.

Lo han hecho seriamente, con el rigor de unas negociaciones transparentes suscritas por las máximas representaciones de ambos partidos. Dan así continuidad y coherencia a las instituciones vascas al evitar tensiones partidarias entre gobierno, diputaciones y ayuntamientos.

Las reformas electorales hacia listas abiertas en las que los ciudadanos puedan elegir nominalmente a los candidatos son un paso necesario en nuestro sistema electoral porque introducen un estímulo a la ejemplaridad y a la eficiencia de los elegibles. De hecho, se están introduciendo en varios países europeos como una forma más cualificada de participación ciudadana. Pero en las elecciones municipales deberíamos pensar muy seriamente en la elección personal del alcalde.

Estas y otras reformas deberían acometerse en el comienzo de esta legislatura y debería hacerse recuperando el espíritu del consenso que presidió la elaboración constitucional. Al fin y al cabo, el sistema electoral es parte esencial del pacto democrático y por ello forma parte del llamado «bloque de constitucionalidad».

Pero me temo que pedir consensos al arco parlamentario español de hoy es algo peor que la nostalgia. Desgraciadamente es una ingenuidad.

 

Una vez más, Navarra.

"El futuro institucional de la comunidad foral ni está en duda ni lo estará. El PSOE puede y debe decidir si se pacta con Bildu. Y Chivite, presentar su candidatura a la presidencia."

 

Al día siguiente del domingo electoral, cuando visitaba la preciosa capilla románica de Eunate, cerca de Puente la Reina (Navarra), unos ciudadanos de claros signos abertzales me increparon amablemente: «a ver qué hacéis en Navarra, porque vosotros tenéis la llave». Pocas horas más tarde, charlando con familiares claramente votantes de UPN, el requerimiento era al contrario: «ya habéis visto lo que queremos los navarros, así que, por favor…».

 

Navarra de nuevo en el mismo bucle: vasca o foral. De ‘derecha navarrista’ o de ‘izquierda vasquista’. ¿Sin opción a la izquierda foral? Un electorado que se reafirma en sus respectivos bloques y un mapa político super fragmentado, esta vez sólo en el campo progresista ante la inédita alianza de los tres partidos de la derecha. Y, de nuevo, todo el mundo hablando y opinando de Navarra. Desde las tertulias televisivas a Ferraz o Génova. Desde empresarios influyentes a líderes de hoy y de ayer, presionando, amenazando a unos y a otros. Hasta algún significado líder del PNV que llegó a condicionar su política de alianzas en el País Vasco a lo que otros hagan en Navarra.

 

De pronto, hasta aparecen unas supuestas actas de ETA en las que, al parecer, alguien propuso un Estatuto único para Navarra y País Vasco. Algunos han calificado esa hipotética oferta –me consta que falsa– como la mayor traición a España de nuestra historia contemporánea. En un debate que soporté la noche del domingo pasado, tanto PP como Ciudadanos y Vox utilizaron la supuesta entrega de Navarra al PNV y a Bildu como principal coartada argumental contra el PSOE.

 

Francamente, no sé cómo deben acreditar su navarrismo los socialistas navarros para que se les crea. Llevan cuarenta años de apuesta foral y de afirmación continuada en un proyecto autonómico propio para su comunidad. Recuerdo muy bien cuando decidieron abandonar el proyecto común con los socialistas vascos y constituirse como PSN-PSOE. Fue a finales de los años 70 del siglo pasado y desde entonces no hay un solo signo ni acto político que cuestione ese rumbo inequívoco de su foralidad y de su compromiso navarrista.

 

Eso no obsta para que defiendan el euskera en Navarra, el diálogo y la cooperación institucional entre las dos comunidades y hasta la ETB. Entre otras muchas cosas, porque estamos hablando de dos ciudadanías vecinas e interrelacionadas en todos los terrenos, desde la geografía o las infraestructuras, a la cultura o a la historia, además de familiarmente.

 

La pretensión vasquista o nacionalista vasca está muy atenuada en Navarra. Hasta el punto de que los propios nacionalistas vascos la ocultan o la disimulan, si ustedes lo prefieren, conscientes de que su abierta defensa les produciría muy negativos efectos. De hecho, han pasado cuatro años de Gobierno nacionalista y hoy Navarra es más foral que antes y bueno sería recordar los presagios alarmistas de entonces.

 

La cuestión central en los pactos no es por ello el futuro institucional de Navarra. Eso no está en duda desde hace cuarenta años y creo yo que no lo estará tampoco en los cuarenta siguientes. Los navarros no quieren dejar de ser comunidad foral y eso no lo altera nadie: ni los pactos, ni las falsas actas de no sé qué negociación.

 

Por cierto, ¿es necesario todavía a estas alturas de la victoria democrática sobre ETA razonar que no hubo concesión política alguna en esa victoria? Quienes se empeñan en manipular estos episodios del pasado avalan a los terroristas y les conceden victorias que no obtuvieron. Es literalmente estúpido reabrir un debate en estos términos sobre ese pasado, poniendo en cuestión la extraordinaria forma en que nuestro país acabó con aquella pesadilla. Nadie, en ningún lugar del mundo, terminó tan democrática e inteligentemente con un problema de violencia política semejante como lo hizo España.

 

De manera que dejemos a los navarros decidir qué Gobierno quieren en función de sus propias alianzas e intereses. Sin interferencias ajenas, como podrían ser las del PNV en caso de que sus pactos en el País Vasco con el PSE dependieran de lo que el PSN haga en Navarra. Sin influencias contaminadas como las que proceden de esas maledicencias y chascarrillos de la chusma ultra.

 

Y me dirán ustedes, y sin influencia también de Ferraz. Perdón. Eso es distinto. Ferraz y el PSOE pueden y deben decidir si se pacta o no con Bildu. Esa es una ‘línea roja’ de la política del PSOE que sólo corresponde decidir al PSOE. A nadie más. De la misma manera que el PP no pacta con Podemos, el PSOE puede vetar alianzas con Bildu, que se explican fácilmente.

 

De esa manera, la Sra. Chivite puede y, en mi opinión, debe presentar su candidatura a la presidencia de Navarra, haciendo del eje progresista su coordenada de pacto con las izquierdas navarras y con Geroa Bai.

 

Esa coalición es mayoritaria sin que medie pacto alguno con Bildu, ni en el Parlamento navarro ni en el Ayuntamiento de Pamplona.

 

Publicado en -El Correo- 7/06/2019.