Mujeres al poder

Ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia. La mayoría fracasaron, bien porque no alcanzaron los objetivos que las motivaron, bien porque en su conquista produjeron males superiores a los beneficios que buscaban, bien porque en su desarrollo acabaron destruyendo o traicionando sus propios ideales. Si alguna merece ser reconocida como tal, es decir «un cambio brusco e importante en el orden social, económico o moral», ésa es la revolución feminista.

Hemos celebrado este año el setenta y cinco aniversario del reconocimiento en España del derecho al voto de las mujeres. De aquella gran conquista de nuestro periodo republicano a la próxima Ley de Igualdad que aprobaremos en las Cortes estos próximos días, en la que, por ejemplo, se propone la progresiva incorporación de las mujeres a los consejos de administración de las empresas, media un abismo de tiempo y de progresos. ¿Insuficientes todavía? Quizás, aunque imparables e irreversibles, además de cuantiosos. Que reconozcamos la existencia de importantes aspiraciones de la igualdad entre los sexos, todavía no alcanzadas, no nos debe impedir resaltar los importantes avances que se están produciendo de manera constante y unidireccional. Sin ir más lejos, y aunque a algunos les pueda parecer nimio, el Estatuto de Andalucía recién aprobado en el Congreso, ha incorporado un lenguaje no sexista, gramaticalmente dudoso pero, en materia de género, rabiosamente igualitario.

La evolución de la sociedad española en estos últimos veinte años es una buena muestra de la conquista de la igualdad. Basta examinar tres parámetros irrefutables: el mayor número de mujeres que de hombres en la Universidad (aunque persisten algunas reticencias culturales en el acceso femenino a determinadas carreras), el número de mujeres en el mercado de trabajo (todavía inferior a la tasa de actividad masculina, aunque avanzando inexorablemente, si recordamos por ejemplo que en los treinta últimos años el número de mujeres ocupadas en España ha pasado de 3,6 millones a 8,1, es decir, que hoy trabajan cuatro millones y medio de mujeres más que hace treinta años en el mercado laboral) y por último el número de mujeres en la actividad pública (ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, etcétera), que desde comienzos de los 80 se ha multiplicado sucesivamente, acercándose a porcentajes próximos a la igualdad (entre 30% y 40% de media). El Gobierno paritario de Rodríguez Zapatero ha sido la última y significativa decisión en esta dirección.

Que el Gobierno tiene como número dos a una vicepresidenta 'feminista' es algo sabido. Pero quizás lo sea menos que está encabezado por un presidente que ha insertado la batalla de la igualdad de géneros en el corazón de su política 'republicana', entendiendo por tal la democracia constitucional, es decir, un orden político estable y seguro, regido por la ley y una comunidad política de libertades y de justicia en la que se estimulan las virtudes cívicas y los bienes públicos ('solidarity goods'). Es en ese modelo en el que se insertan algunos perfiles de lo que Zapatero ha llamado 'el socialismo de los ciudadanos', aunque el entorno de esa idea esté todavía insuficientemente configurado.

Pero es en ese marco, insisto, en el que Rodríguez Zapatero ha insertado una decidida política de igualdad de géneros que ha tenido y tiene en la Ley de Igualdad su marco general. Dos ideas destacan en esta ley que resultan controvertidas y objeto de polémica. La primera es el establecimiento de la obligación legal de representación igual de mujeres y hombres en todas las listas electorales. Como se sabe, este objetivo se pretende mediante la exigencia del 40-60 en todas las listas electorales de todos los partidos y en todas las elecciones, es decir, que ninguno de los sexos esté representado por debajo del 40% ni, en consecuencia, por encima del 60%. Todo ello exigible en las listas por tramos de a cinco (para evitar trampas de porcentajes globales que coloquen a las mujeres en los últimos puestos)

Como se sabe, esta medida ya está en discusión judicial porque el Tribunal Constitucional tiene sobre su mesa varias impugnaciones del PP a varias leyes electorales autonómicas que establecen ésta o parecidas medidas y que, en su opinión, no son constitucionalmente admisibles.

La otra medida que está provocando mayor polémica es la que corresponde al Artículo 71: «Las sociedades procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta ley».

Aquí han surgido airadas voces que cuestionan la impertinente injerencia del legislador en un ámbito estrictamente privado, como es la gestión de las empresas. Empezaré por afirmar algo obvio. La ley no establece mandato imperativo y debemos destacar la importancia del verbo que enmarca este propósito: 'procurarán'. Para más claridad, se establece un plazo de ocho años para que se vaya materializando esta recomendación. Por último, se circunscribe la propuesta a las grandes empresas que cotizan en Bolsa. La ley sí contempla, en cambio, que las empresas que avancen en este objetivo de la igualdad puedan encontrar estímulos en la contratación pública y que las que no lo hagan expliquen en sus memorias las razones de no hacerlo. Aquí no hay imposición legal, hay estímulo público y quizás sanción social. Una sociedad madura puede y debe ejercer sus derechos ciudadanos como consumidores y como ahorradores, en una creciente exigencia de responsabilidad social a la empresa. Y la igualdad de géneros es una de las más elementales señales de responsabilidad social.

En segundo lugar conviene echar una mirada a nuestra estadística. En Suecia, las mujeres con cargos directivos en grandes empresas llegan al 27%. En Finlandia, al 17,5%; en EE UU, el 17%; en la UE, el 7'5%. Y en España... el 3%. Por cierto, las empresas del IBEX no llegan a ese raquítico porcentaje. Hay quien dice, como la CEOE o el PP, que esa igualdad llegará de forma natural cuando la presencia de la mujer en la dirección de las empresas y en los consejos de administración se derive de una ósmosis gradual como consecuencia de la creciente presencia de la mujer en la empresa. Al igual que las mujeres jueces acabarán copando el Supremo, vienen a decirnos, por su masiva presencia en el mundo judicial, así mismo se producirá la progresiva (y -añaden- nunca impuesta) presencia femenina en los núcleos decisivos del poder empresarial.

Hay varias objeciones que hacer a este bienintencionado propósito. La primera es la que públicamente se planteaba Pilar Gómez-Acebo, vicepresidenta de la Confederación Española de Directivos: «¿Cuántas decenas de años tardaremos en acceder a los puestos que nos corresponden? ¿Cuarenta años, cincuenta?». Efectivamente, las cuotas se censuran como injustas, pero sin ellas muchos sectores sociales no avanzan en el camino de la igualdad. Honradamente, éa es la conclusión evidente de nuestra experiencia política. Pero además ya es hora de que admitamos las enormes desventajas con que cuentan las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional. Hay, desde luego, una discriminación por el embarazo y la maternidad y la mayoría de las mujeres sufren las principales consecuencias de asumir la responsabilidad familiar. La mayoría de los hombres competimos ventajosamente con ellas porque nuestras carreras profesionales se siguen sosteniendo en el excedente de tiempo que nos proporcionan nuestras mujeres. Por eso, entre otras muchas razones, estas políticas de igualdad no son concesiones piadosas a un colectivo marginal, sino devolución de derechos que la sociedad debe a la mitad de nuestros conciudadanos.

Yo no sé si «la mujer enriquece a la empresa», como decía hace unos días Mónica Oriol, presidenta de una gran firma española. El argumento de la calidad especial o de las singulares características de las mujeres en el poder me convence poco. Pero sí creo en el camino de la igualdad que Norberto Bobbio llamaba «estrella polar de la izquierda».

El Correo. 5/12/2006

Euskadi y Cataluña, miradas comparativas.

Sobre los resultados electorales de Cataluña el pasado 1 de noviembre, ya está dicho casi todo. Sobre el futuro Gobierno de Cataluña, lo dirán quienes tienen la palabra para ello, aunque sea evidente la reedición del tripartito, impelidas las tres fuerzas que lo componen a hacer buena una apuesta en la que se concentran sus únicas estrategias. PSC, Esquerra e Iniciativa parecen condenados a intentarlo de nuevo, movidos esta vez por un propósito de enmienda sincero y obligado, a la vista del castigo electoral sufrido por las dos grandes fuerzas que lo componen.

No es mi intención, sin embargo, especular sobre ésta y otras hipótesis, ni sobre sus consecuencias en la gobernación española de los próximos años. He mirado a Cataluña desde Euskadi para analizar diferencias y semejanzas sobre las que es útil reflexionar. Cataluña es, en primer lugar, una comunidad más articulada, más vertebrada, mejor construida desde el punto de vista de su integración social y política. Naturalmente, hay un abanico identitario y una pluralidad ideológica, pero la columna vertebral del país es gruesa y ampliamente mayoritaria, al tiempo que los perfiles más extremos de los sentimientos de pertenencia son muy minoritarios. Bien podría decirse así que el catalanismo, que configura a casi el 80% del electorado, estructura una sola comunidad, cohesionada en torno al autogobierno de Cataluña (más o menos intenso, eso sí), a sus símbolos, a la pertenencia natural a España desde un autogobierno muy reafirmado política y culturalmente, al catalán, a su historia, y al proyecto común en Europa, entre otras muchas cosas.

En Euskadi, sin embargo, los signos de vertebración social, política y cultural de los vascos son más tenues o más disputados, desde posiciones más antagónicas. La parte central del abanico identitario es más débil y está más tensionada por fuerzas extremas, antinacionalistas unas o nítidamente antiespañolas las otras. Por una serie de razones históricas, no tan lejanas, la comunidad vasca es más bien una comunidad de dos expresiones identitarias, muy definidas, con fuertes caracteres antagónicos, exacerbados por el terrorismo y por otras viejas disputas internas entre las que cabe incluso citar las influencias de los llamados territorios históricos. Ocurre así que signos identitarios que deberían unirnos en nuestra definición sociopolítica como el Estatuto, la ikurriña, el euskera o la selección vasca de fútbol resultan cargados de tanta conflictividad que más destacan por sus connotaciones divisorias que por sus capacidades de referencia y de cohesión social. Los últimos diez años de la política vasca, particularmente desde el Pacto de Lizarra y la liquidación de la transversalidad de los acuerdos nacionalistas-socialistas, han acentuado gravemente estos síntomas.

En este contexto se explica otra notable diferencia entre nuestras dos comunidades. La negociación del nuevo Estatuto de Cataluña ha estado impregnada de un notable pragmatismo político y económico. El Parlamento de Cataluña quería un nuevo Estatuto que garantizara un autogobierno pleno y máximo, con la mejor financiación para Cataluña. He negociado ese Estatuto y hablo con conocimiento de causa. Cataluña, todas sus fuerzas políticas, querían definir las competencias, para asegurar que el Estado no las invadiera mediante instrumentos legislativos básicos. Querían, y así lo han hecho, precisar todas las funciones competenciales. Querían un nuevo espacio autonómico para la Justicia. Querían un amplio capítulo de derechos y deberes para los catalanes. Querían llevar al Estatuto la cooficialidad del catalán. Querían un capítulo estatutario adaptado a la UE y a la acción exterior de Cataluña. Querían mejor financiación.

¿Qué queremos los vascos? ¿Qué negociaremos los vascos con el nuevo Estatuto? De nuevo aquí surgirá la reivindicación esencialista e histórica. La soberanía, el ámbito vasco de decisión y otros referentes del imaginario nacionalista (Navarra, Iparralde, etcétera) estarán a buen seguro en el temario de las fuerzas políticas de ese signo, haciendo muy difícil, por no decir imposible, un terreno común de diálogo y de acuerdo a la pluralidad identitaria vasca, abocada por esa vía a las dos comunidades.

El juego de alianzas y el marco de relaciones políticas entre los partidos difiere también notablemente. CiU y PNV han ejercido un papel semejante, como tractores de la reivindicación nacionalista y protagonistas principales de la configuración del autogobierno respectivo. Pero CiU se ha desgastado mucho más. Después de varias mayorías absolutas, su fuerza electoral parece limitada a una mayoría relativa a más de veinte escaños de la absoluta, lo que le obliga a unas alianzas imposibles. Imposibles con el PP porque les contamina e imposibles con Esquerra porque el rechazo a CiU en ese partido es bastante más profundo de lo que algunos piensan. De hecho, la enemistad ideológica de Esquerra, PSC e Iniciativa hacia CiU es manifiesta y las tensiones personales son casi patológicas. Así puede deducirse, entre otras cosas, del proceso negociador del Gobierno catalán de estos días.

El PNV, sin embargo, no se ha desgastado, tras más de veinticinco años de poder ininterrumpido. Sus relaciones con todo el espectro político son buenas y puede pactar con cualquiera, incluso con el PP puntualmente, aunque no de manera estable. Su ubicación ideológica es más centrada que la de CiU y el interclasismo demócrata-cristiano les permite ocupar con naturalidad amplios espacios del centro-izquierda, aunque algunos se empeñan en esgrimir contra ellos el viejo tópico de la 'derecha vaticanista'.

Por último, una referencia a Ciudadanos. Me sorprendieron esos noventa mil votos a unos desconocidos. ¿Qué los motivó? ¿Cuáles son sus verdaderas banderas? Probablemente estamos ante una mezcla de motivos diversos. Excesos con el catalán en la inmersión lingüística educativa y en la política lingüística hacia la población. ¿Un catalanismo demasiado nacionalista? ¿Un nacionalismo demasiado separador? Algo de protesta antipartidos.

Muchas pueden ser las causas de esta erupción democrática que representa Ciudadanos, pero hay algo que genuinamente les representa. Es un cierto hastío del debate identitario, surgido desde una cultura progresista que proclama la reivindicación de ciudadanía y reclama la libertad individual para ser incluso iconoclasta para con los mitos, las banderas y los fundamentos del nacionalismo particularista. Seguramente los precursores intelectuales de este movimiento (Carreras, Boadella, Azúa, Espada, etcétera) habrán construido con mejores palabras y argumentos su filosofía 'ciudadana', pero ésta es mi particular definición. ¿Es esto un primer paso de un movimiento más potente? ¿Habrá candidaturas en otras comunidades? ¿Las habrá en Euskadi? Objetivamente, hay ingredientes en Euskadi como para que un movimiento semejante pueda generarse, con otros matices y quizás con un mayor componente constitucionalista. Alguien puede iniciar la aventura para pescar en las aguas del PP y del PSOE. Con todo, creo que, también aquí, será distinto. Los espacios políticos de los dos partidos son más firmes y el éxito electoral de los pequeños, más difícil. Además y en todo caso, sería algo coyuntural, aunque el mensaje político de esos votantes golpea ya nuestras puertas.

El Correo, 8/11/2006.

La responsabilidad social y el Congreso

Hace ya algunas semanas, en estas mismas páginas, Joaquín Tri-go, director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña, comentaba el informe aprobado por el Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas (RSE). Ha pasado demasiado tiempo desde entonces y probablemente ninguno de los lectores recordará los comentarios, bastante despectivos, todo hay que decirlo, que el señor Trigo hacía sobre el desarrollo de las subcomisión parlamentaria y sobre sus conclusiones.

No pretendo, pues, contestarlas ni puntualizarlas porque resultaría anacrónico hacerlo y porque, sinceramente, tampoco merecen una respuesta. Pero no quiero que las páginas de opinión de Cinco Días se queden con una sensación tan pobre y tan crítica del trabajo que durante casi dos años hemos venido realizando los grupos parlamentarios de la Cámara, en una Comisión creada ad hoc para este tema y ante la que han comparecido exactamente 58 representantes de todo el mundo sociolaboral y socioeconómico español: empresas, sindicatos, ecologistas, ONG, consumidores, medios de comunicación, expertos universitarios y, por supuesto, Administraciones autonómicas y del Gobierno del Estado.

El conjunto de sus aportaciones ha sido ordenado en torno a los grandes planos en los que se estructura el debate de la RSE: la definición y los principios que la inspiran; la gestión en los distintos planos, interno y externo, incluyendo los aspectos relacionados con el gobierno corporativo; los ámbitos de actuación; los actores involucrados, y las políticas públicas.

Pero quizás lo más notable de este trabajo es que en el capítulo de las conclusiones se han aprobado 30 grandes constataciones y 60 recomendaciones a las Administraciones públicas, a las empresas y a los distintos agentes relacionados con la responsabilidad social empresarial.

Antes de destacar algunas de ellas, me gustaría recordar que este informe ha sido aprobado por unanimidad de la Cámara, lo que constituye por sí misma una notable noticia en estos tiempos de desacuerdo político general.

Los principales grupos que hemos trabajado en esta materia: PP, CiU, PNV y PSOE, nos hemos puesto de acuerdo y renunciado a los matices ideológicos de cada parte, para trasladar a la opinión pública un mensaje unitario, convencidos de que en esta cuestión era conveniente exponer una posición común y consensuada sobre un tema complejo y transversal.

Es la primera vez que un Parlamento europeo aprueba una resolución integral sobre la RSE y de hecho distintas instituciones legislativas y políticas europeas están solicitando este documento para su estudio. Hace sólo unos días, el jefe ejecutivo de Global Reporting Initiative, Ernst Ligteringen, nos felicitó expresamente a Eugenio Azpiroz, representante del PP, y a mí mismo sobre la oportunidad y calidad de este trabajo.

El informe no da recetas ni marca objetivos. Parte de considerar que la RSE es un camino que las empresas deben recorrer en su afán por integrar en su estrategia los intereses de sus grupos afines, especialmente trabajadores y comunidad. Se afirma que se trata de una cuestión estructural y que se inscribe en una renovación cultural de la naturaleza y de los fines de la empresa para con la sociedad. Se reitera la voluntariedad de la RSE, aunque se insiste en la necesidad de que se instrumenten políticas públicas de apoyo y fomento. El informe recomienda la autorregulación sectorial de la RSE para los diferentes sectores de actividad de ámbito supranacional. También exige que se mejore el reporte y la verificación de las memorias de sostenibilidad y pide al Gobierno que regule o fomente la inversión socialmente responsable.

Sesenta recomendaciones no caben en tan pocas líneas. En breve plazo el foro de expertos creado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborará también su informe. Me consta que CEOE va a publicar una aportación interesante sobre este tema y el diálogo social de CC OO, UGT y CEOE ha comenzado también a abordar su importante punto de vista sobre esta cuestión.

Lo lógico y deseable sería que el Gobierno aborde esta cuestión, en cumplimiento de su propio programa electoral, y a la vista de las conclusiones y de los informes antes citados adopte decisiones a favor de una política que promocione y potencie la responsabilidad social de las empresas españolas.

No se trata de hacer una ley sino de establecer una intervención pública, en diálogo con las empresas y stakeholders, para recorrer un camino hacia la excelencia en la gestión responsable y sostenible de las empresas que favorecerá su competitividad en la economía global y que favorecerá la extensión de los derechos humanos y la cohesión social en el mundo.

Cinco Días.