Precisiones al debate estatutario.

Las reformas de los Estatutos de Autonomía vienen acompañados de mucho ruido político y mediático. Una ola de alarma y desasosiego nacional atraviesa tertulias, editoriales, grupos de opinión y conversaciones varias a lo largo del país. Muchos se preguntan si realmente los peligros para la unidad, la Constitución, la solidaridad interterritorial y otros valores comunes de nuestra convivencia son tan graves o si, por el contrario, estamos asistiendo a un debate político entre partidos más o menos pasajero.

La profunda división entre PSOE y PP, entre Gobierno y oposición, también en este tema, agrava la tensión y las agresivas intervenciones mediáticas de algunos periódicos y radios en el tema, están produciendo una grieta social entre los españoles, desconocida en estos treinta últimos años de democracia (con la excepción del período anterior a la derrota electoral del PSOE en 1996).

Tengo una visión bastante extensa de nuestra vida política y un conocimiento técnico suficiente de los contenidos estatutarios, como para poder ofrecer algunas precisiones a este debate.

Primera. Las reformas estatutarias no son consecuencia de alianzas políticas extrañas ni de circunstancias políticas inconfesables. Son reformas necesarias en el marco regulador del autogobierno de nuestras autonomías. Han pasado veinticinco años y el escenario de la acción pública ha variado sustancialmente. La globalización, la Unión Europea, la revolución tecnológica, han alterado la intervención política de nuestros gobiernos y hacen necesario adecuar los poderes y las competencias de nuestras autonomías. Nuevos problemas, como la inmigración, reclaman otro reparto de poder. La experiencia acumulable permite aumentar el autogobierno en materias que no lo aconsejaban hace dos décadas, como, por ejemplo, en la gestión de los puertos y aeropuertos o en la Administración de la Justicia.

Es este conjunto de razones el que mueve a la Comunidad Valenciana a presentar en las Cortes la primera reforma estatutaria. El gobierno valenciano del PP y la oposición del PSOE en esa comunidad se pusieron de acuerdo para mejorar su autogobierno en un contexto de reformas institucionales impulsadas por el presidente Rodríguez Zapatero. Luego vino Cataluña, pero el año que viene llegarán Canarias, Andalucía y otras.

Segunda. La reforma presentada por el Parlament de Cataluña obedece a los mismos propósitos, pero objetivamente es un texto que ha provocado enorme contestación política y alarma constitucional. Hay que empezar diciendo que el texto aprobado por el Parlament responde a una problemática propia y se ha construido con otra perspectiva jurídica. En Cataluña había y hay una fuerte demanda de mayor autogobierno (radicalizada en la última etapa del Gobierno Aznar) y un sentimiento de agravio económico muy fuerte y muy generalizado. La reforma presentada responde a ambos propósitos con un texto que quiere estar en la Constitución y respetarla, interpretándola en sus máximos límites pro-autonómicos y con un modelo de financiación que se parece demasiado al Concierto Económico vasco y navarro. De aquí han surgido las alarmas y, justo es decirlo, algunas son comprensibles porque en la búsqueda del máximo, Constitucional, es frecuente la superación de una barrera, muchas veces difusa, pero infranqueable siempre. De la misma manera, el modelo financiero que necesita Cataluña no puede ser un sistema bilateral, no generalizable, ni puede alterar las bases solidarias de la Hacienda estatal.

Tercera. El Estatuto fue tomado en consideración por el Pleno de las Cortes porque cumplía todos los requisitos jurídicos exigibles y porque políticamente era una barbaridad rechazar un texto que venía avalado por el noventa por ciento del Parlamento de Cataluña. Pero, en su tramitación en las Cortes, será discutido y revisado profundamente. El Estatut será aprobado finalmente sin vulneraciones a la Constitución y con un modelo de financiación que sea aceptable para Cataluña y para el conjunto de España. Con todo ello será un gran Estatuto, porque se trata de un texto minucioso y serio, en el que más allá de los desacuerdos actuales que, repito, estamos seguros de que serán corregidos por acuerdo con los proponentes, late un trasfondo de autogobierno comprensible en una sociedad con una fuerte identidad colectiva como lo es la catalana. El resultado será un Estatuto que aumente considerablemente la responsabilidad de la Generalitat ante los ciudadanos y que incorpore a Cataluña a la gobernación española con mayores vínculos todavía que los que han unido siempre a Cataluña con España.

Cuarta. ¿Qué hará el PP con el Estatut? No me cabe duda de que el PP participará en la ponencia parlamentaria y de que aportará sus enmiendas para corregir el texto actual. Un boicot parlamentario a la reforma, como al parecer preconizan algunos de los más extremistas de sus representantes, sería funesto para todos. Avancemos sobre la hipótesis más razonable y plausible, que el propio Rajoy parece confirmar en el sentido de una participación parlamentaria constructiva. ¿Qué sucederá cuando el PP observe un Estatuto rigurosamente corregido en sus aspectos inconstitucionales? ¿Se sumará, o no, a un consenso en el que su contribución es ampliamente deseable para casi todos y que resultará vital para sus intereses políticos?

Quiero creer que éste no es un horizonte imposible a pesar de que la campaña desarrollada hasta la fecha resulte demasiado contradictoria para este desenlace. Pero me pongo a pensar en su estrategia cuando llegue la reforma del Estatuto de Canarias o de Andalucía, sin duda, apoyadas por el PP de ambas comunidades, y me pregunto cómo explicarán su radical oposición al Estatuto de Cataluña. Es más, voy más lejos y veo una próxima convocatoria de elecciones catalanas y no puedo imaginar que Piqué encabece una alternativa en Cataluña denunciando o renegando del Estatut.

Quinta. El debate político que acompaña la reforma estatutaria catalana es gravísimo. No pondré nombres que están en la boca de todos, ni acusaré al PP de tirar las piedras que han removido el estanque de las aguas identitarias, pero la exacerbación de sentimientos anticatalanes que recorre España, me parece peligrosísimo, además de injusto. Primero porque, cuando se incendian los antagonismos, éstos crecen por igual en los dos territorios y se elevan murallas de odio que cuesta mucho desmoronar; y segundo, porque la demagogia argumental acaba en las tripas y en reacciones colectivas absolutamente extremas. Allí crece el independentismo y aquí el —que se vayan“ o las gilipolleces del boicot comercial.

¿Adónde vamos con ese discurso? ¿Cómo se construye España de esa manera? Más bien se destruye, porque es bastante evidente que se están rompiendo delicados equilibrios integradores de nuestra diversidad, a favor de tópicos groseros que desgraciadamente anidan en nuestra memoria histórica. Pero, ¿quién se beneficia de estas campañas? Unos cuantos miles de oyentes o periódicos de más no justifican semejante atropello. Dos o tres puntos en los sondeos no son nada comparado con el daño que se está haciendo a España. Si el Estatuto es corregido y consensuado como queremos hacerlo y como estamos trabajando para conseguirlo, ¿qué dirán mañana los que echan día a día gasolina a la hoguera de las identidades españolas?

Expansión, 19/12/2005

Incertidumbres

Siempre resulta simplificador definir con un solo término una etapa histórica, pero si repasamos nuestros últimos veinticinco años desde el prisma de la política vasca sería bastante fácil coincidir en cuatro grandes períodos. El primero, que arranca con la Transición democrática hasta 1980, fue el de la configuración autonómica desde la unidad democrática y el consenso. El periodo 80-86 fue el del predominio nacionalista y la ruptura del PNV, que dio lugar a una tercera y larga etapa de coaliciones políticas (1987-1998) entre nacionalismo y socialismo vasco. Por último, acabamos de cerrar un cuarto ciclo caracterizado por la unidad del nacionalismo vasco en torno al soberanismo del Pacto de Lizarra y del plan Ibarretxe.

Todo parece indicar que se ha abierto una nueva etapa, a partir de las elecciones del 17 de abril y del recién nombrado Gobierno vasco, porque, aunque repiten Ejecutivo las mismas fuerzas y el mismo lehendakari, todos percibimos nuevos horizontes o incluso cabe decir que emergen nuevas esperanzas. Efectivamente, el marco de reformas estatutarias en el que se ha introducido la política española sustenta la oportunidad de un nuevo acuerdo autonómico vasco que consiga vertebrar el poliédrico e interminable problema de la convivencia pluriidentitaria de los vascos. A su vez, la percepción generalizada de que la violencia terrorista de ETA ha entrado en una fase terminal ha dado lugar a una renovada ilusión en la esperanza de la paz definitiva.

Sin embargo, no seré yo quien atribuya esos calificativos triunfalistas al nuevo Gobierno vasco, no por falta de ganas, sino porque me resulta imposible aplicar al comienzo de esta legislatura semejantes pronósticos. Al contrario, miro y analizo lo que ha sucedido en la investidura, examino los acontecimientos del proceso de fin de la violencia, observo el interior de los partidos, el nuevo Gobierno vasco y sus planes. Y todo me lleva a un prudente escepticismo, por no decir a una pesadísima incertidumbre. Es más, creo que hemos empezado rematadamente mal.

Yo no creo que éste sea el Gobierno de una nueva etapa. Es el mismo Gobierno, casi idéntico, que el que nos ha tenido cuatro años pendientes de un plan que pretendía resolver todos nuestros problemas políticos y que, además de no resolver ninguno, los ha agravado. Peor aún, el plan fracasó en los últimos estertores de una legislatura inútil. Al día siguiente del rechazo democrático del Congreso de los Diputados al famoso plan, Ibarretxe convoca elecciones anticipadas buscando una mayoría absoluta que le confirmara en sus proyectos. Pues bien, no sólo no la obtuvo, sino que perdió cuatro diputados y 140.000 votos. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Ninguna. El mismo Gobierno, con el mismo programa, aunque, eso sí, con menos apoyo parlamentario. Para compensarlo, han pactado la investidura con EHAK, lo que añade mayor radicalidad nacionalista a sus fracasados planes. A su vez, EA, el socio principal del PNV, insiste en sus pretensiones independentistas reforzando sus perfiles diferenciadores del partido del que nacieron y que, no lo olviden, pretende secretamente diluir su escisión y absorberla a medio plazo.

¿Cabía un escenario diferente? Desde luego habría sido bastante más estable y muchísimo más congruente con lo que se está jugando en el tablero de la paz un gobierno de la coalición mayoritaria del PNV-EA apoyado por el PSE sobre un pacto de legislatura. Un pacto que estableciera grandes líneas de acción política en la búsqueda conjunta del final de la violencia y en la definición jurídico-política del marco autonómico, reformulado en el contexto de la reforma que ha abordado el Gobierno Zapatero. Un pacto de reconducción y de rectificación suave de la política vasca de los últimos ocho años y de lealtad y confianza del Gobierno vasco con el Gobierno del Estado en esta etapa de delicadas y complejas decisiones hacia la paz.

Reconozco que ese pacto ni era fácil ni era fácilmente explicable a los respectivos cuerpos electorales. Personalmente, comparto muchisímas dudas respecto a una alianza semejante porque los ocho últimos años de la política vasca han creado profundas desconfianzas políticas y personales entre el PNV y el PSE, pero lo que no deja de sorprenderme es que tal hipótesis no haya ocupado ni una línea del debate político previo de la investidura. Me pregunto por qué y también aquí a riesgo de simplificar creo que puede decirse con objetividad que esto no se hizo porque el PNV no ha querido. Hay efectivamente una parte del PNV que prefiere esa opción, pero en el desarrollo de los acontecimientos ha triunfado el sector que se decanta tácticamente por la unidad nacionalista (EA y Batasuna) y por la opción estratégica del soberanismo como camino de salida a la violencia y como proyecto de país. Es verdad que ese sector ha aprovechado el 'caso Atutxa' y la presentación de la candidatura de Patxi López como argumentos antisocialistas, pero me temo que su fuerza en el grupo parlamentario y en Ajuria Enea hacía imposibles otras opciones, aunque hubiera sido otra la estrategia de los socialistas vascos.

De manera que estos comienzos nos abocan a una repetición de la pasada legislatura, con algunas variantes. El Gobierno quiere pactar con todos y sortear así su minoría. Pero me pregunto para qué. Para gestionar los presupuestos y hacer cuatro leyes, puede pactar con cualquiera, es verdad, pero, eso no es lo que se espera en la Euskadi de 2005-2009. Para «liderar la normalización» el lehendakari ha creado un consejo político con Azkarraga y Madrazo y me pregunto ¿a quién se presentan esos consejeros como para liderar semejante tarea? La propia mesa de partidos que el lehendakari ha anunciado y rectificado en poco tiempo, no es factible si previamente no se pactan muchísimos flecos con todos y si la violencia no cesa. Una iniciativa de ese tipo solo puede hacerse de acuerdo con el Gobierno de España porque es su presidente quien lidera de verdad este proceso, como todo el mundo sabe. ¿Qué sentido tiene entonces comenzar la legislatura anunciando iniciativas que no dependen del Gobierno vasco y denunciando a los socialistas por supuestas conversaciones con Batasuna?

Este Gobierno no depende de sí mismo para nada. No puede liderar nada. Viene de un fracaso estrepitoso y lo repetirá otros cuatro años salvo que haya novedades en el proceso de fin de la violencia y eso no depende tampoco de él. Imaginemos que todo sigue igual, es decir, que ETA mantenga su actividad terrorista, aunque sea sin atentados mortales, pero con bombas que pueden provocarlos y con la misma retórica que la que hemos escuchado estos últimos días, expulsando de la organización a los presos discrepantes y amenazando a quienes valientemente han forjado una opción política independentista desde la condena de la violencia. Estaríamos entonces ante un falso proceso de paz, una pretensión de diálogo inaceptable democráticamente, de acuerdo con los términos de la Resolución aprobada por el Congreso de los Diputados. En ese escenario, ¿qué hace este Gobierno? ¿Vuelve a inventarse otro plan y nos entretiene y divide como en los cuatro años anteriores? ¿Seguiremos mirando al cielo mientras nuestros jóvenes licenciados se van a trabajar a Madrid y a Barcelona y Euskadi sigue perdiendo peso político y sobre todo económico en España?

Este Gobierno no tiene capacidad de iniciativa para cosas importantes y, aunque tuviera un papel, ¿es qué tiene un proyecto claro, una estabilidad suficiente como para liderar lo que reiterada y ampulosamente llaman 'la normalización'? EA e IU no se hablan. EA quiere desmarcarse del PNV por el lado nacionalista, en cuanto pueda. El PNV, a su vez, tiene una tensión interna brutal entre el sector de Egibar e Ibarretxe y el de Urkullu y Josu Jon Imaz. La pregunta es evidente: ¿Hacía dónde orientará su péndulo patriótico el PNV?

Después de la experiencia del Pacto de Estella (recuérdese el engaño de ETA y el bienio negro 2000-2001) y del fracaso del plan Ibarretxe (4 diputados y 140.000 votos menos), ¿seguirá el PNV buscando el gran acuerdo nacionalista desde el soberanismo autodeterminista? O por el contrario, ¿está dispuesto a negociar en el Parlamento una reforma estatutaria semejante a la catalana y a reforzar así el consenso estatutario de la pluralidad vasca? Éstas son las cosas que queremos saber.

Demasiadas incertidumbres como para ser optimistas. Ya lo dijo Schopenhauer o quizás simplemente lo dice un refrán marinero, «no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige».

El Correo, 18/7/2005

¿Hay que trabajar más?

En su reciente visita a la cúpula empresarial, el presidente del Gobierno tranquilizó a la CEOE: "No habrá semana de 35 horas, en España hay que trabajar más". Ignoro si el presidente se expresó así en una reunión privada, pero ése fue el titular de un periódico que me impulsó a escribir sobre un tema que me parece vital, y nunca mejor dicho, porque hablamos del tiempo de vivir. Ha sido una constante de la historia que los avances tecnológicos producían una reducción progresiva de la jornada laboral. Cuando, a finales del siglo XVIII, apareció la máquina de vapor, que había desarrollado el ingeniero escocés James Watt, la jornada laboral bajó hasta las 80 horas semanales, unas 3.500 horas anuales, cerca de un 70% del tiempo total de una vida. Dos siglos después, a comienzos de los noventa del siglo XX, las horas anuales trabajadas se situaban entre las 1.600 y las 1.800 en Europa. Pero no han sido sólo los avances tecnológicos los que han determinado esta reducción. La reivindicación sindical para reducir la jornada laboral y liberar así más tiempo para el descanso, la familia, el ocio, la cultura, la formación, es decir, para la vida, está en el corazón mismo de la lucha del movimiento obrero desde finales del siglo XIX. La vieja reivindicación obrera de una jornada laboral de ocho horas, para tener otras ocho de descanso y otras ocho de vida, se convirtió en una bandera social internacional a raíz de la represión policial de Chicago que conmemoramos todavía en la fiesta del Primero de Mayo. De manera que la máquina de vapor, el motor eléctrico, el fordismo como técnica de producción, y otros muchísimos avances técnicos que a lo largo de estos dos últimos siglos hemos ido incorporando a nuestro acervo tecnológico, han permitido atender y hacer viable la demanda socio-laboral de una progresiva reducción de la jornada y de la vida laboral en general, hasta llegar a una cifra aproximada del 30% de trabajo a lo largo de la vida en la sociedad industrial de la segunda mitad del siglo XX. Desde hace algo más de diez años, está teniendo lugar un importantísimo debate sobre la jornada laboral. La crisis económica del 93-94 produjo una destrucción enorme de empleo (en España, por ejemplo, 1,5 millones de empleos desaparecidos en menos de dos años) y un notable incremento del paro (superando el 10% en Europa y el 20% en España). En ese contexto, la reducción de la jornada fue vista como una fórmula de reducir el paro. Bajo el influjo de aquel viejo y bello eslogan "Trabajar menos para trabajar todos", muchos creímos que en la reducción general de la jornada se escondía una pócima maravillosa contra el paro. En aquellos años, siendo consejero de Trabajo del Gobierno vasco, puse en marcha un decreto con ocho medidas de esta naturaleza, cuyos resultados, debo reconocer, no fueron extraordinarios. Pero esta filosofía la aplicó legal y masivamente Francia a los pocos años, cuando madame Aubry, ministra socialista del país vecino, puso en marcha la Ley de las 35 horas, en cumplimiento de una de las medidas estrella del programa electoral de la izquierda plural (socialistas, comunistas y verdes), que venció en las elecciones francesas de 1998. Los resultados de esta ley son objeto, todavía hoy, de una fuerte controversia. Su aplicación, sólo en las grandes empresas, ha producido una verdadera ingeniería social sobre la organización del trabajo y ha incorporado a las empresas a la cultura laboral de la jornada reducida (35 horas a la semana y 1.600 horas al año). Las cifras de creación de empleo neto son discutibles, porque muchos de los casi 500.000 nuevos empleos que los socialistas franceses atribuyen a la ley son cuestionados por otras fuentes y, en cualquier caso, la aplicación de la ley obligó a fuertes desembolsos públicos para compensar a las empresas. Pero el Gobierno de derechas de Francia anuló la medida, sin atreverse a derogar la ley, por el procedimiento de aumentar, de hecho, la jornada, autorizando las horas extra sin recargo económico. ¿Ha fracasado la experiencia francesa? Desde luego, su desarrollo ha sido literalmente yugulado. Ningún otro país parece decidido a iniciar una experiencia semejante y, por el contrario, la globalización está impulsando la prolongación y el aumento de las jornadas laborales. La reducción de jornada como fórmula de lucha contra el paro ha quedado fuera de juego, incapaz de ofrecer resultados si su implantación se propone aisladamente, en países o zonas concretas y si se hace sin tener en cuenta su repercusión en los costes de competitividad internacional. Dicho de otro modo, los teóricos franceses que han defendido esta fórmula -Guy Aznar, Alain Caillé, Robin, Roger Sue y otros- siempre han exigido que la reducción de jornada debía de ser masiva, generalizada y sin afectar a la competitividad, es decir, con reducciones de salario y fuertes compensaciones económicas al empleo creado. La reducción de jornada compensada sólo, en términos de costes, con los incrementos de productividad no genera empleo. Pero esta clarificación no explica otra paradoja que estamos sufriendo. Efectivamente, contra el sentido histórico de los avances tecnológicos, la revolución científico-técnica de finales del siglo XX, la combinación de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la biogenética, siendo, como es, la más importante revolución tecnológica de la humanidad y produciendo notables incrementos de productividad, no está reduciendo la jornada laboral, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, sino que, por el contrario, unida a la globalización y a la competencia internacional, está generando un incremento general de la jornada laboral real en todo el mundo. Armando Gaspar, dirigente de Daimler-Chrysler en España, declaraba recientemente: "La tendencia es volver a 40 o más horas de jornada". Los sindicatos españoles y alemanes negocian más jornada y más flexibilidad laboral, como contrapartida a las deslocalizaciones. The New York Times denunciaba que el sector tecnológico de Silicon Valley se ha convertido, de paraíso, en un infierno laboral. Muchas empresas compensan a sus empleados sus largas jornadas laborales con cafeterías, gimnasios y juegos de ocio en las oficinas, aunque los críticos creen que se trata de un engaño para trabajar más sin cobrar horas extra. No hay que irse tan lejos para comprobarlo. En miles de empresas españolas, auditoras, bancos, pequeñas empresas de servicios de las capitales, se trabajan 10 o 12 horas diarias con toda normalidad y a nadie se le ocurre reclamar su pago. Es más, curiosamente, la tecnología no nos libera, sino que nos esclaviza al trabajo. Más de la mitad de los empleados se quejan de que el teléfono no tiene horarios y que la dependencia laboral se prolonga al domicilio y a los fines de semana, con el ordenador, la agenda electrónica y el móvil como instrumentos o herramientas de trabajo permanente.Nuestra vida laboral empieza a parecerse a la imagen mitológica del dios Cronos / Saturno devorando a sus hijos, que tan acertadamente recogiera el genial Goya de su última época. A tan grave diagnóstico se llega si tenemos en cuenta el otro gran fenómeno social de los últimos años: la incorporación masiva de la mujer al empleo formal. Es decir, al empleo fuera del propio hogar, lo que provoca un desajuste social, cada vez más patente, entre familia y trabajo; entre educación de los niños y trabajo; entre trabajo y vida. Una vida estresante, fuertemente competitiva, invadida por las exigencias del mercado y de la competitividad y en las grandes capitales, agobiada además por trayectos cotidianos de ida y vuelta al trabajo de más de 60 minutos de media. Una joven madrileña escribía recientemente una carta al director de EL PAÍS, bajo el título La jornada laboral de 35 horas no es rentable, y se quejaba de las condiciones de trabajo y de vida de la gente de su edad (25 a 40 años). "Diez o doce horas de trabajo diario y 50 a 55 semanales: llegar a casa, cenar, ver la tele una horita y a dormir. La mayoría preferiríamos tener más tiempo a tener más dinero". En conclusión. La reducción de la jornada laboral no es una política de empleo, pero la prolongación de la jornada laboral es un contrasentido histórico y un gravísimo desajuste social. Dicho de otra manera, la expresión "hay que trabajar más" debemos aplicarla a que haya más trabajadores con empleo, es decir, a aumentar nuestra tasa de actividad. Pero, a comienzos del siglo XXI, no deberíamos trabajar más horas, sino menos, porque la productividad aumenta sin cesar y porque las familias y la organización social de nuestra convivencia reclaman más tiempo libre para lo que Ullrich Beck llama el "trabajo cívico". Es decir, la reducción de la jornada laboral como embrión de una reordenación de nuestra vida personal y familiar y de una nueva concepción de nuestra responsabilidad con la comunidad y con la sociedad en la que vivimos. Nuestra civilización nos ofrece la oportunidad de ahorrar tiempo de trabajo, pero el mercado y su mano de hierro, ese enorme motor de la economía, sin alma y sin ojos, nos impone una jornada laboral mayor y una vida laboral compulsiva y absurda. Los efectos que estamos observando en la actualidad son conocidos: crisis familiar, aceleración en los ritmos de la vida laboral con sus derivadas psíquicas y fisiológicas, disolución de los lazos sociales básicos y vaciamiento social y cultural. Por eso las preguntas surgen con fuerza: ¿cómo avanzamos hacia la reducción del trabajo que nos permite la tecnología? ¿Cómo organizamos el tiempo de esta nueva sociedad? Es aquí donde volvemos a la política. A la política con mayúsculas. A la política de la utopía. Ni el robot ni el chip tienen por qué condenarnos al paro, a la desigualdad o a la insania del tiempo acelerado y en fuga. Nos están dando los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo que vivimos. El País, 27/05/2005