América Latina, ¿a quién le importa?

Nos importa a nosotros, por supuesto. Hay seis millones de europeos viviendo en América Latina y cerca de siete millones de latinoamericanos viviendo en Europa. Esa formidable conexión humana reclama políticas públicas en múltiples ámbitos, por ejemplo, en materia de visados. Si tuviéramos una política de inmigración digna de ese nombre, estaríamos organizando nuestros consulados allí para traer una inmigración que necesitamos como el respirar.

Nos importa porque somos el primer inversor en América Latina y miles de empresas europeas tienen intereses económicos allí. Es un mercado mucho más próximo que otros más cercanos geográficamente, porque nuestra capacidad de comunicación y entendimiento y sus necesidades de desarrollo económico lo hacen muy compatible y accesible.

Nos importa porque la geopolítica tras la pandemia y la guerra ha convertido América Latina en un continente necesario para proveernos de energía, recursos naturales básicos, para la transición ecológica y para una cadena de subcontratación fiable y segura.

Nos importa porque Europa necesita aumentar su peso internacional y su influencia en múltiples asuntos de vital importancia para nuestra concepción del mundo y para nuestros valores (comercio internacional, gobernanza económica, fiscalidad, derechos humanos, cambio climático…) y solo América Latina nos ofrece una convergencia democrática y social que genere mutuas sinergias de fortaleza internacional.

Esta es una manera casi telegráfica y algo simple de explicar nuestros vínculos y de elevar así nuestra voz en defensa de una alianza estratégica, iniciada a finales del siglo pasado, pero declinante desde 2015 y hoy seriamente amenazada por la presencia económica china y el juego geopolítico ruso en determinados países de la región. Es también una mirada europea, unilateral, interesada, que provoca desdén o indiferencia en muchos de nuestros interlocutores. De hecho, lo primero que hay que hacer si pretendemos establecer un nuevo tiempo, un impulso fuerte a nuestras relaciones con América Latina y el Caribe, es ponernos en su lugar y conocer y comprender sus respectivos intereses en esta alianza. Es verdad que no son únicos ni coincidentes en una asociación como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que agrupa 33 países de América Latina y el Caribe, con economías, sociedades y sistemas políticos muy diferentes, pero nos sirve para recuperar un diálogo perdido y afrontar un futuro compartido.

Un diálogo peligrosamente perdido porque desde 2015 no se celebraban estas cumbres que se pensaron bianuales y que la fractura regional generada por la creación del grupo de Lima, en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, obligó a suspender en 2017. Es mucho más fácil suspender una reunión internacional que reanudarla. Así, hemos tenido que esperar hasta julio de 2023, cuando, a iniciativa del gobierno español que preside el Consejo de la Unión Europea desde el 1 de julio, y con la complicidad y colaboración del alto representante, Josep Borrell, y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), se ha convocado una cumbre importante en todos los sentidos.

Importante, primero, porque su simple celebración ya constituye un éxito, dados los años transcurridos en suspenso. Segundo, porque se celebra en Bruselas, en una inequívoca señal de que América Latina importa a Europa y de que no se trata de una cuestión ibérica o, como mucho, de interés solo del sur de Europa. Tercero, porque la narrativa del encuentro conecta con argumentos políticos sentidos a ambos lados del Atlántico. El momento geopolítico que vivimos es particularmente agitado y resulta necesario ubicarse en escenarios relativamente hostiles, tanto para la UE como para América Latina.

Pero nada está escrito sobre la cumbre, menos aún sobre la instauración de un tiempo nuevo en la alianza (este artículo se ha escrito en los prolegómenos de la cumbre). De hecho, más allá de las fotos, de los comunicados, resoluciones y declaraciones oficiales, lo importante empieza luego. Si la cumbre instaura bases sólidas para que esta alianza sea verdaderamente estratégica, si se recupera la confianza mutua y si los proyectos conjuntos de acciones futuras se diseñan y se comprometen seriamente, todo eso determinará el éxito de la cumbre.

Obstáculos a superar

Antes tenemos que vencer muchas dificultades que están en el camino y de las que hablamos poco o nada. No podemos olvidar, por ejemplo, que acabamos de celebrar la cumbre de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en República Dominicana (24 y 25 de marzo de 2023) y su impacto mediático ha sido mínimo, tanto aquí como, sobre todo, allí. El hecho de que la Cumbre Iberoamericana no despierte interés político es una muestra, un indicio más de que nuestras relaciones políticas y económicas han decaído. Hubo cosas peores en aquella cumbre: el desprecio de México es preocupante; Brasil acompaña fríamente esta organización; los enfrentamientos internos en la región son ostensibles y los acuerdos y declaraciones conjuntas se diluyen en la necesaria unanimidad. Repensar las cumbres y las funciones de la SEGIB parece necesario y, en ese sentido, todos sabemos que a España, junto a la secretaria general, les corresponde la principal responsabilidad para hacerlo posible.

Nuestro diálogo político con América Latina tiene que recuperar y reforzar nuestra visión democrática común del mundo. A veces percibimos señales hostiles sobre nuestro pasado y eso debiera exigirnos un ejercicio autocrítico de conciliación. La interpretación del presente y de sus conflictos también nos obliga a dialogar más para obtener coincidencias en las mesas de la gobernanza global. Hay que aumentar nuestra participación y protagonismo en la resolución de problemas políticos enquistados que influyen poderosa y negativamente en la región (Cuba y Venezuela en especial).

Salvando las excepciones de todos conocidas, el conjunto de la región pertenece, sin ninguna duda, al universo democrático. Las convicciones de sus poblaciones son profundamente democráticas, creen en ese modelo de organización política y nada ni nadie les moverá de esas coordenadas. Pero, a veces, sus posicionamientos geopolíticos no son comprendidos por Europa, lo que hace preciso entender que tienen intereses y demandas concretas que no nos pueden resultar ajenas. Quieren vernos junto a ellos en las demandas de financiación en los organismos internacionales; quieren nuestro apoyo cuando reclaman un mayor peso en Naciones Unidas; quieren compensaciones financieras del mundo desarrollado para renunciar a emisiones de CO2; quieren ser escuchados antes de que en Europa les exijamos condenas o alianzas. No podemos pretender amistad y lealtad desde América Latina si previamente no construimos juntos escenarios de compromisos mutuos y si no recorremos juntos los mismos caminos en los escenarios internacionales.

Este razonamiento resulta oportuno después de las diferencias observadas en el análisis y en las posiciones adoptadas por los diferentes países latinoamericanos ante la invasión rusa de Ucrania. Son muy comprensibles las muestras de rechazo europeo a las abstenciones a la hora de condenar la invasión por parte de algunos países de América Latina. Es evidente el disgusto en muchas cancillerías de la UE por la negativa de algunos países de la región a imponer sanciones a Rusia, y por sus insolidarios e incomprensibles rechazos a la ayuda militar europea a Ucrania. Son una muestra más de que nuestros llamamientos a la convergencia de valores, de principios democráticos y de orden internacional multilateral son retóricos si antes no adaptamos las supuestas coincidencias a los problemas concretos, si no construimos previamente una red de intereses comunes en dichos escenarios.

Europa no es consciente de que estos últimos 10 o 15 años han ocurrido muchas cosas en América Latina y que otros grandes actores han movido el tablero geopolítico de la región, creando dependencias económicas y políticas más fuertes que nuestras viejas convergencias. Baste recordar a estos efectos que China es el principal socio comercial de la región y que la mayoría de las exportaciones e importaciones de muchos países latinoamericanos dependen de esta relación. No es tampoco sorpresa para nadie que Rusia es el actor antagónico a Estados Unidos en las tres autocracias americanas (Cuba, Nicaragua y Venezuela). Por último, no olvidemos la diplomacia sanitaria que desplegaron China y Rusia con sus vacunas durante la pandemia, adelantándose a Europa y a EEUU con un suministro masivo en los momentos más angustiosos del Covid-19.

Pero una de las primeras dificultades a superar radica en la misma Europa. “América Latina no está en el radar de la política exterior europea”, dijo Borrell al comienzo de su mandato en el SEAE. Fue una afirmación tan valiente como cierta. Las dificultades internas de la CELAC y la falta de unidad de América Latina fueron respondidas desde Europa con un creciente desinterés. El Este concentraba todas las miradas de la Europa central y báltica, y África y Oriente Próximo atraían todas nuestras atenciones más perentorias. América Latina quedaba lejos, sus vaivenes políticos no se entendían y su estancamiento económico a partir de 2014 no ofrecía ningún estímulo.

He sufrido esta apatía europea durante los años en que presidí la Asamblea Parlamentaria Eurolat (2015-19) y he comprobado una y otra vez la dificultad de comprometer a los eurodiputados de otros países en esta relación. La pandemia y la guerra en Ucrania no han hecho más que aumentar estas tendencias. La pandemia reforzó nuestra mirada interior y la guerra nos ha girado definitivamente hacia el Este.

Pero, de pronto, sobre este escenario de frialdad y distancia comienza a construirse un relato alternativo que pone sobre la mesa las múltiples razones que explican el nuevo impulso a esta alianza. El gobierno de España, al convocar la cumbre al comienzo de su mandato europeo, ha puesto fecha y punto de salida a este movimiento que el SEAE lleva tiempo promoviendo. De hecho, es destacable la comunicación de la Comisión Europea, fijando “Nueva Agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe”, aprobada el 7 de junio.

Lo mismo ocurre con las propuestas de colaboración económica y tecnológica. Tienen que ser explicadas sobre la base de mutuos beneficios. No podemos interesarnos por el litio del triángulo bendecido por esas salinas (Chile, Bolivia y Argentina) si nuestra oferta de explotación y venta a Europa no va acompañada de las transferencias tecnológicas necesarias para que esos países sean autónomos en la explotación o para que sean capaces de producir las baterías eléctricas consecuentes y añadan valor a sus recursos.

Por injusto que pueda parecer, los esfuerzos europeos por dar contenido a la cumbre UE-CELAC y establecer un marco de colaboración económica con las grandes infraestructuras físicas y tecnológicas que América Latina necesita encuentran en la región una inmerecida frialdad. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, presentó en marzo la Alianza Digital Europea en Colombia, en el palacio presidencial de Nariño. Pero el presidente, Gustavo Petro, ni siquiera la saludó. Una oferta ambiciosa para establecer un marco regulatorio semejante entre la UE y América Latina sobre la digitalización y para desarrollar conjuntamente los múltiples desafíos en esa disrupción tecnológica corre el riesgo de ser desbordada por la agresividad china y la de sus compañías en la implantación de su tecnología. Nos jugamos mucho en esto y preocupa que nuestra coincidencia en valores y modelos éticos para el desarrollo digital queden marginados ante la potencia de los dos modelos alternativos: EEUU y sus plataformas privadas, y China y su control estatal.

De la misma manera, Europa debería acompañar sus inversiones y su implantación económica en América Latina de la calidad sociolaboral y medioambiental de nuestras empresas aquí en Europa. Una próxima legislación europea sobre “diligencia debida” de las multinacionales europeas fijará estándares en materias sensibles a las preocupaciones sociales de los latinoamericanos: derechos humanos, regulación laboral e internacional acorde a Organización Internacional del Trabajo (OIT), altas exigencias medioambientales, etcétera. Esta cultura empresarial de responsabilidad social es un plano muy favorable a nuestra presencia económica en América Latina que deberíamos explotar.

La iniciativa Global Gateway que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha estado explicando y ofreciendo en su importante visita previa a la cumbre (Brasil, Argentina, Chile y México) no puede limitarse a una lista de proyectos de grandes infraestructuras físicas y tecnológicas necesarias en la región. Debe ir acompañada de mecanismos financieros para favorecer su realización ante la ausencia de margen fiscal de la mayoría de los países. Y, sobre todo, debe ser planteada mediante grandes alianzas público-privadas con los diferentes países, lo que permitirá a sus gobernantes establecer las condiciones adecuadas en las que se realizarán dichos proyectos, en busca de la debida protección de los intereses públicos nacionales.

Algunas propuestas

Una vez constatadas, por una parte, la voluntad de imprimir un fuerte impulso a la alianza entre la UE y América Latina y hacer de ella una auténtica alianza estratégica; y, por otra, las dificultades a las que nos enfrentamos, tanto los europeos internamente como los países latinoamericanos por sus nuevas dependencias e influencias, toca ser pragmáticos.

La cumbre pasará y lo hará con cierto sabor de victoria y de nuevo tiempo. También pasará la presidencia española, incluso la vicepresidencia de la Comisión hoy en manos de una referencia española de especial significado para esta ecuación como lo es Borrell. En los próximos meses, que sucederán al 17 y 18 de julio de 2023, Europa seguirá concentrada en su guerra en Ucrania, en sus grandes y graves asuntos internos: desde la renovación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a la Estrategia de Seguridad Económica; desde la reforma del mercado eléctrico a la autonomía estratégica; desde la ampliación a los Balcanes al Pacto Verde Europeo… Mil demandas y exigencias para avanzar en un escenario geopolítico adverso y difícil.

A su vez, América Latina afrontará un escenario macroeconómico de contracción (1% de crecimiento en 2024), culminando una nueva década perdida, en un clima de fuertes tensiones sociales porque la debilidad de sus Estados no puede responder a las justas y fuertes demandas de sus nuevas clases medias, en un clima de gran inestabilidad política, frecuentes polarizaciones, no exentas de peligrosos populismos, e inmersas en una fragmentación regional histórica y profunda que no se resolverá a corto plazo.

Corremos el riesgo de no encontrarnos, de no cruzar el puente de nuestras distancias y de no convertir en confianza nuestras diferencias. Hay riesgo de que no superemos nuestras objetivas circunstancias internas y de que no alcancemos un clima de diálogo y escucha para abordar juntos el futuro. Aunque todos coincidamos en la narrativa que explica la necesidad imperiosa de nuestra suma en el tablero internacional, no será fácil superar las importantes diferencias políticas y, en ocasiones, los intereses antagónicos en determinados temas. Hay, objetivamente, mucho trabajo por delante.

Por eso, la cumbre debería servir para fijar unos mínimos en el procedimiento para construir juntos un nuevo futuro para ambas partes. La cumbre no puede ser sino un comienzo, un reencuentro, un diagnóstico común del mundo que viene y una voluntad firme de afrontar esos retos sobre una alianza política y económica de amistad y lealtad. Habrá fotos, más o menos ausencias, declaraciones, resoluciones… pero lo importante será que sigamos viéndonos, hablando, escuchando, pactando, planificando acciones conjuntas ante retos enormes y necesidades apremiantes para ambos.

Por ello, me atrevo a señalar algunos mecanismos pragmáticos, en diferentes ámbitos, que pueden ayudarnos a dar continuidad a la cumbre y a la alianza:

Primero. Reafirmar el carácter bianual de las cumbres, estableciendo la sede de la próxima reunión UE-CELAC. Además, celebrar una reunión anual intermedia de ministros de Asuntos Exteriores. Crear, a su vez, un órgano permanente de seguimiento y de relación entre los jefes de Estado y de gobierno que se encargue de coordinar las posiciones comunes ante los múltiples acontecimientos de la actualidad y que pueda mantener contactos para resolver y proponer asuntos comunes. La representación europea está coordinada por la Comisión y el SEAE, pero sería conveniente que la coordinación de América Latina y el Caribe se delegara a portavoces subregionales para hacer más ágil y efectiva esta relación y este órgano permanente. Un buen comienzo para dicho órgano sería que pusiera en marcha un trabajo de aproximación y coordinación de posiciones ante las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, organismos multilaterales de desarrollo), ante las mesas de la gobernanza global del G20 (especialmente con Argentina, Brasil y México) o ante órganos internacionales de comercio internacional, fiscalidad internacional o acuerdos climáticos, entre otros.

Segundo. Establecer un consejo económico y tecnológico entre América Latina y el Caribe y la UE para pilotar la alianza en tres grandes materias: la transición verde, la alianza digital y la política industrial común. El volumen de decisiones al que nos enfrentamos en estas tres materias es tan grande y está tan lleno de contradicciones e interdependencias que solo bajo una supervisión y monitoreo común podremos realmente avanzar y hacer compatibles los intereses recíprocos. América Latina quiere de Europa el acceso a sus mercados, inversión y transferencia de tecnología. La UE ve a América Latina como un socio en cooperación económica, comercial y producción, y como fuente de recursos y espacio de producción energética renovable. Combinar estas mutuas y legítimas aspiraciones es primordial.

Asimismo, que la UE y América Latina puedan coordinar sus estrategias de descarbonización y lucha contra el cambio climático abriría un campo enorme a la colaboración y a la inversión europea en estas materias. La coordinación regulatoria de este proceso también es clave. Algo parecido se obtiene de la oferta de Alianza Digital que ha hecho Europa a América Latina, que afecta a múltiples planos de la transición digital: conectividad, infraestructuras o regulación, entre otros, lo que nos permitiría proponer una tercera vía frente a los modelos estadounidense y chino en esta materia tan sensible y determinante.

Para terminar, los cambios geopolíticos comerciales y tecnológicos producidos en los últimos años nos están enfrentando a múltiples retos que hemos resumido en la enigmática “autonomía estratégica”, que lo condiciona y determina casi todo. Ante esos nuevos escenarios, Europa y América Latina deben abordar juntos los retos comunes. Nuestra demanda de seguridad en múltiples planos nos conecta con América Latina en asuntos y materias esenciales. La seguridad energética, la cooperación en energías renovables, los minerales esenciales, la seguridad alimentaria, la integración de las cadenas de suministro… Todo ello nos exige una cooperación estrecha.

La cooperación en estos tres grandes campos de acción económica, tecnológica y ecológica no se resuelve mediante la iniciativa privada ni elaborando una simple agenda de inversiones. Ambas cosas son necesarias, pero sometidas a una planificación política común. De ahí la utilidad del consejo económico y tecnológico, uno que se tomara en serio nuestra cooperación económica en estos campos sobre la base de un soporte institucional común para programar, negociar, planificar y facilitar la ejecución de múltiples iniciativas.

Tercero. La relación UE-CELAC no debería ser incompatible con una participación creciente de la UE en las alianzas subregionales de América Latina. La Alianza del Pacífico, UNASUR, SICA… Aunque todas son organizaciones muy primarias en su integración, pueden ser plataformas de colaboración interesantes, pues conectan y armonizan intereses de un grupo de países más próximos coincidentes, en busca de una relación más eficaz. Una combinación flexible de acuerdos birregionales con actores bilaterales debiera ser también posible.

Cuarto. Los acuerdos de asociación y comercio con Chile, México y Mercosur deberían recibir un empujón definitivo en este semestre a partir de la cumbre. Chile y su acuerdo de modernizar y traer al siglo XXI el viejo acuerdo de 2000 debería ser ratificado en sede parlamentaria. Igual con México, para que sea aprobado por el Consejo y por las autoridades mexicanas. Y en el caso de Mercosur, para que sean definitivamente superadas las reticencias y las dudas surgidas sobre un texto en su día aprobado en la fase negociadora.

Quinto. La UE debería, por último, plantearse seriamente una política de inmigración con América Latina. Este es hoy uno de los problemas humanitarios más graves en la región. Millones de jóvenes de Cuba, Centroamérica o Venezuela atraviesan mares, selvas y fronteras con graves riesgos para sus vidas y generando problemas sociales en países fronterizos. Abrir nuestros consulados para atraer a Europa de manera segura y regular a estos emigrantes sería una extraordinaria iniciativa con muy buena acogida en América, incluyendo EEUU. Para ello, hace falta un acuerdo interior en la UE que, por desgracia, no tenemos, pero esta es una de esas cosas raras en las que todos ganamos.

Punto de partida

En definitiva, la cumbre UE-CELAC debería ser la gran oportunidad de establecer una verdadera alianza entre Europa y América Latina. Verdadera porque respire confianza, aunque no exenta de diferencias, para abordar juntos un mundo que nos ha colocado en espacios marginales o demasiado dependientes. Somos Occidente, claro, pero no todos los intereses y estrategias de EEUU son los nuestros. Nuestra defensa de un modelo de vida basado en la dignidad del ser humano y en los derechos humanos, de un marco democrático basado en el Estado social y de Derecho y de un orden multilateral basado en el Derecho Internacional, en la paz y en el desarrollo sostenible nos compromete con Occidente, pero debemos hacerlo conjugando nuestros intereses recíprocos en un marco que supere la bilateralidad que plantean EEUU y China. Esa es la gran tarea de esta alianza.

La cumbre debe ser el punto de partida de ese intento, forjando instrumentos que hagan real y eficaz una alianza que nos proporcione a ambos un lugar en el mundo y nos garantice la prosperidad para nuestros pueblos.

Publicado en Política Exterior, 18/07/2023

Tres retos para la nueva izquierda latinoamericana.

Si Luiz Inácio Lula da Silva vence el próximo 30 de octubre en Brasil, el sur de América Latina estará gobernado por las izquierdas con las excepciones de Uruguay y Ecuador. Se dice, con razón, que nunca hay que generalizar las múltiples realidades de ese enorme subcontinente. También se dice, y no es menos cierto, que las izquierdas latinoamericanas no son iguales y que cada proyecto y cada líder son diferentes. De hecho, no conviene olvidar que algunas victorias recientes corresponden a movimientos sociales gestados en el contexto de conflictos propios (Chile, Perú o Colombia), y que casi ninguno de los partidos que dan sustento a esas victorias corresponde a ninguna organización internacional reconocida que los aglutine.

No cabe por tanto atribuir a las izquierdas gobernantes en América Latina una convergencia ideológica, excepto, claro está, la de corresponder a una misma sensibilidad social o a la misma idea progresista en defensa de los desfavorecidos, representando a lo que llamamos clases populares. Pero es difícil comparar el peronismo argentino con la izquierda peruana surgida de una crisis institucional extraordinaria. Cuesta poner en el mismo plano las prioridades de gobierno de Bolivia y el proyecto de Lula para un Brasil muchísimo más avanzado en su estructura económica o industrial.

Por otra parte, los apoyos parlamentarios también son muy diferentes y las dificultades de obtener mayorías de gobierno sólidas y estables acompañan a casi todos ellos. En conclusión, cada uno hará lo que buenamente pueda y desarrollará proyectos nacionales en función de las necesidades propias de cada uno de sus respectivos países.

No obstante, hay retos comunes a toda América Latina que condicionan y orientan la acción de los gobiernos de estas izquierdas, cargadas de una cierta responsabilidad histórica por las enormes expectativas y esperanzas que generaron sus victorias electorales. No olvidemos a este respecto que la mayoría de ellas fueron victorias contra los gobiernos anteriores, recogiendo enfados sociales muy notables y descontentos políticos muy serios.

El primero tiene que ver con el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. No es un secreto, ni creo que ofenda a nadie decir que las democracias latinoamericanas son débiles y que los ataques iliberales y autocráticos que todas las democracias están sufriendo desde hace un par de décadas son más peligrosos y pueden hacer más daño en aquellos países en los que las instituciones y la cultura democrática son más vulnerables. Fue extraordinario el avance y la consolidación de las democracias en toda América Latina a finales del siglo XX. La superación del golpismo militar, la pacificación de las insurgencias armadas y la generalización de los procesos electorales como única forma de decisión política de sus pueblos asentaron, con la histórica excepción cubana, los sistemas políticos latinoamericanos en la democracia y en el Estado de Derecho.

En los últimos años, sin embargo, hay signos muy preocupantes de deterioro en el funcionamiento institucional, en gran parte debido a la reaparición de los problemas sociales de inequidad que atraviesan todo el subcontinente. Efectivamente, durante los primeros años del siglo XXI, dos caminos paralelos ayudaron a cerrar el círculo virtuoso: democracias estables y crecimiento económico forjaron el cambio social más potente en muchos años. Los incrementos notables de la renta per cápita el crecimiento demográfico y las nuevas tecnologías alumbraron nuevas clases medias, un extraordinario aumento de la población universitaria, una nueva economía digital con brillantes start-ups, una gran concentración urbana y otros muchos fenómenos sociales ligados a los anteriores. Lo que vino después, con la caída del precio de las commodities, la recesión económica de Europa y Estados Unidos entre 2008 y 2014 y, más tarde, con la pandemia, ya lo sabemos. Estados demasiado débiles no pudieron atender las demandas sociales de una población más exigente que nunca y que paralelamente se fue haciendo descreída y decepcionada, retirando su confianza a partidos e instituciones.

La democracia resultó injustamente golpeada por ese desafecto, algo que siempre ocurre cuando a la democracia se le exige resolver los problemas que solo pueden ser abordados por políticas concretas, no por las reglas mismas de la política. Hoy América Latina presenta rasgos muy preocupantes respecto a la confianza social en las instituciones. En muchos países los partidos tradicionales han sido barridos o sustituidos por una larga lista de nuevas fuerzas políticas, lo que a su vez ha provocado una fragmentación enorme que complica hasta la exageración la estabilidad de sus gobiernos. En ese magma, surgen nuevos líderes, demasiadas veces con fórmulas populistas y con evidentes riesgos autocráticos. En muchos casos, la polarización entre fuerzas extremas ha sustituido las opciones más centradas políticamente.

Baste esta desordenada diagnosis para señalar que, en mi opinión, la primera urgencia política es reconstruir y fortalecer las instituciones que dan forma y articulan la democracia: el constitucionalismo; el Estado de Derecho; el respeto a la separación de poderes, una justicia independiente y garantista; elecciones libres, transparentes e iguales; partidos políticos serios y representativos; sistemas de representación y participación amplios y, por supuesto, respeto de los Derechos Humanos. Nada de todo esto es nuevo, pero las quiebras en esos parámetros son frecuentes y las tentaciones totalitarias abundan por doquier.

La democracia como fin

La izquierda política latinoamericana debe convertirse en el principal bastión de la democracia. Debe hacerlo porque siguen demasiado presentes autocracias de izquierda (Venezuela, Nicaragua, Cuba) y porque esas experiencias lastran injustamente a otros partidos en otros países. La democracia no es un medio para hacer luego la revolución, porque esa concepción instrumental oculta la tiranía y el totalitarismo. La democracia es un fin, es un marco, nada es posible fuera de ella y en ella todo cabe, también el socialismo. Por eso, socialismo es libertad antes que nada, o dicho de otro modo, la construcción de sociedades más justas e iguales no puede hacerse sin libertad.

¿Que implica esta responsabilidad? Aquí es necesario aproximarse a las realidades nacionales. Chile, por ejemplo, necesita reconstruir su sistema constitucional después del fracaso del referéndum del 4 de septiembre y de la necesidad imperiosa de dotarse de un nuevo marco constitucional que sustituya al de Augusto Pinochet de finales del siglo XX. Colombia tiene que restaurar las grietas de una sociedad dividida y todavía traumatizada por la violencia. Perú tiene que fortalecer a un ejecutivo excesivamente sometido al fuego cruzado de un Parlamento fragmentado y polarizado. Muchas Constituciones latinoamericanas adolecen de una insuficiente regulación del valor de la igualdad. Otras, las que corresponden a lo que se ha dado en llamar “neoconstitucionalismo latinoamericano” (Bolivia, Colombia, México, República Dominicana), han avanzado en esa regulación, pero sus Estados no han llegado a materializar ese principio.

Casi todos los países tienen que hacer mejoras en sus sistemas electorales, siguiendo las recomendaciones de misiones internacionales de observación. Hay que hacer más independiente al poder judicial. El combate a la corrupción es urgente. Es preciso incorporar la transparencia en la gestión pública y fortalecer la independencia de los medios –ayudará más que el simple endurecimiento penal de los delitos ligados a ella–. También es necesario dotar de una financiación pública suficiente a los partidos políticos más representativos.

No hay democracia sin seguridad

La seguridad afecta asimismo a las democracias, especialmente atacadas por el cáncer del narcoterrorismo. La seguridad es condición previa a la libertad. La demanda de seguridad en América Latina es universal porque los índices de violencia y de ataques a la integridad personal son insoportables. La región concentra el 40% de los homicidios del mundo entero, siendo solo el 9% de la población mundial. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 son latinoamericanas. Varios líderes de la derecha política ganaron elecciones con promesas de lucha “sin cuartel” contra la violencia y aunque sus promesas quedaron solo en eso, en promesas, esa ideología es percibida como más eficaz en la lucha por la seguridad. La izquierda no puede perder esta batalla. Su política de seguridad es primordial y su apuesta por el binomio seguridad-desarrollo debe ser más eficaz.

Pero, más allá de medidas puntuales, en cada caso diferentes, la izquierda política debería liderar un discurso reivindicativo, apreciativo de la democracia y de sus principios y reglas. Una cultura de la responsabilidad ciudadana (fiscalidad, cumplimiento de las leyes, etcétera) como base de virtudes cívicas que consolidan y hacen más fuertes las sociedades democráticas. En esa línea, reafirmar la laicidad frente a las intromisiones religiosas, demasiado frecuentes y a veces bochornosas en algunos discursos políticos, es imprescindible. Es preciso evitar el utilitarismo electoral de las iglesias y reiterar la aconfesionalidad de sus gobiernos, instituciones y de sus políticas públicas. La laicidad no implica negar el hecho religioso, ni a las iglesias o las religiones, pero exige someter las políticas y la moral pública a la soberanía popular y solo a ella.

Por último, las democracias latinoamericanas tienen tareas pendientes muy específicas y muy propias de su idiosincrasia especialmente relacionadas con el feminismo y la diversidad racial. Su moral cívica y sus leyes deben dar un salto en clave de igualdad. Igualdad de sexos, de razas, de personas singulares (por su origen, capacidad, edad, etcétera). Igualdad de derechos y políticas de fomento y de combate a las múltiples discriminaciones de muchas sociedades atrasadas en estas materias.

Recursos para un Estado del bienestar

El segundo reto son los avances en la sociedad de bienestar. El difícil y a la vez necesario edificio de las prestaciones públicas tiene una base incuestionable: la fiscalidad. Universalizar una educación y una sanidad de calidad con ingresos fiscales inferiores al 20% del PIB no es posible. Tampoco lo es sostener un sistema de pensiones de vejez, enfermedad y desempleo con el 50% de la economía sumergida. Ya hemos descrito tres de los pilares del Estado del bienestar, pero si queremos añadir un cuarto pilar este lo compondrían los servicios sociales, la lucha contra la pobreza y la exclusión y la atención a la población mayor (dependencia). Para ello, es preciso contemplar ingresos fiscales, incluyendo la Seguridad Social, cercanos al 40% del PIB, cifra promedio de la Unión Europea en sus ingresos fiscales.

La verdadera revolución en América Latina es socialdemócrata, es la que hizo Europa en la segunda mitad del siglo XX y que tiene como base una economía competitiva capaz de generar pleno empleo y los recursos suficientes (salarios e impuestos) para sostener el Estado social. Es comprensible el peso de los recursos naturales en el ingreso fiscal de algunos países de la región (Venezuela y México son un buen ejemplo), pero ese ingreso se ha vuelto inestable y crea dependencias inerciales muy peligrosas.

Mirando la economía de América Latina con perspectiva temporal, el gran problema es su pérdida de productividad. Desde 1970 hasta hoy el crecimiento anual promedio de la productividad ha sido del -0,37%. Comparada con Estados Unidos, la productividad de América Latina paso del 2% en 1970 al 24% hoy. Para dimensionar esta perdida basta comparar esa evolución con Corea del Sur y España. Corea del Sur paso del 12% al 61% en estos últimos 50 años y España del 47% al 76%.

Son muchas las razones que explican este estancamiento histórico. Una de ellas es que las estructuras productivas siguen basadas en la explotación de recursos naturales y pocos países han apostado por la exportación de bienes y servicios con alto valor agregado, como lo han hecho, por ejemplo, Costa Rica o Panamá, además de México por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y Brasil por su propio desarrollo económico. La izquierda debería liderar ese gran cambio de modelo productivo y rechazar la tentación de subestimar los mercados externos y centrar su estrategia de crecimiento “hacia dentro” con políticas proteccionistas

Es difícil para la izquierda practicar políticas económicas dirigidas a fortalecer y modernizar el sector productivo del país mediante inversiones en el capital humano y físico de un Estado, pero a la postre son las que aseguran la mejora constante de la productividad del país, lo hacen crecer económicamente y aumentan la renta per cápita. Esa base económica es la que permite crecer en el número de trabajadores formales, en sus cotizaciones y en su consumo. Esa es la base del ingreso fiscal para que una Hacienda eficiente vaya aumentando progresivamente la recaudación pública que permite luego una redistribución progresiva hacia los más desfavorecidos.

Hablé con responsables económicos de Chile y de Colombia después de sus respectivas elecciones y escuché proyectos muy razonables en esa dirección. Incrementar en un punto cada año la recaudación fiscal sitúa ese importante objetivo en el margen de lo posible. No es fácil, pero es realizable porque la bolsa de fraude fiscal es grande y las mejoras en formalizar la economía pueden dar magros resultados en la recaudación. La mala costumbre de sacar el dinero del país está demasiado extendida en ciertas élites económicas y en demasiados países latinoamericanos. Por eso, mejorar la cultura de la responsabilidad fiscal también es una tarea importante en este camino.

La política social, la redistribución de los ingresos fiscales, es el corolario de la recaudación. Ha habido experiencias bolivarianas de éxito, al volcar los recursos públicos en políticas asistenciales que eran justas, pero no siempre eficientes. En Brasil, Lula (con el programa Bolsa Familia), Rafael Correa en Ecuador (Bono de Desarrollo Humano), Evo Morales en Bolivia (Juancito Pinto) y Néstor Kirchner en Argentina (asignaciones universales por hijo), pusieron en marcha políticas que redujeron sensiblemente los índices de pobreza y desigualdad en la primera década de este siglo. Sin embargo, no cambiaron el sistema productivo ni el patrón de crecimiento primario- exportador ni hubo reformas fiscales de calado.

La redistribución no debe ser el único objetivo de la política de la izquierda. La fijación de salarios mínimos dignos y la intervención en mercados de bienes básicos para la población –transporte, vivienda, energía– es política pre-distributiva absolutamente necesaria en la mayoría de los países latinoamericanos. Desgraciadamente, las legislaturas son muy cortas para abordar objetivos estratégicos, pero lo que determinará el éxito político de las nuevas izquierdas en América Latina será el abordaje valiente de los problemas estructurales en su economía productiva. Junto a ello, la cultura fiscal, basada en la contraprestación pública de servicios y en la ejemplaridad de los dirigentes, ayudarán a combatir el más estructural de sus problemas: la desigualdad.

Volver a la integración

Por último, la izquierda latinoamericana debe abordar el gran atraso y el tradicional fracaso de América Latina en su integración regional. Es verdad que se trata de fracasos atribuibles por igual a derecha e izquierda en los múltiples episodios históricos. Es verdad también que la convergencia ideológica de los gobiernos no garantiza una convergencia regional, como lo prueba que en muchas ocasiones las propuestas integradoras han estado cargadas de ideología y eso es precisamente lo que las ha frustrado. Todo eso es verdad, y entonces, ¿por qué atribuimos a este momento histórico concreto y a esta nueva izquierda la oportunidad de hacer lo que no hicieron sus antecesores?

Es precisamente la constatación de la desintegración regional existente lo que mueve a pensar que habrá movimientos en esa dirección. Por ejemplo, Lula puede llevar de nuevo a Brasil a integrarse en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) pensando que en 2023 puede haber una cumbre UE-CELAC, bajo presidencia española del ConsejColombia ya ha abierto fronteras con Venezuela y la superación de la brecha entre los dos países dará un impulso a la cooperación regional, con una importante derivada humana que afecta a millones de personas que viven a caballo entre los dos países. La colaboración venezolana en las futuras negociaciones de paz de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) creará un nuevo clima de colaboración entre Caracas y Bogotá.

En el mismo plano de la colaboración entre países se sitúan las grandes inversiones en las infraestructuras físicas (carreteras, puertos, aeropuertos, energía) y en las tecnológicas (interconectividad, reparto satelital, regulación digital, fomento de la economía digital), sin olvidar el campo de la investigación y de la formación universitaria, donde ya se coopera al margen de los impulsos oficiales. Los avances en esas materias son imposibles sin acuerdos supranacionales y sin organizaciones potentes en el ámbito transfronterizo.

Pero la integración latinoamericana solo avanzara si se ponen sobre la mesa los intereses nacionales exentos de viejas mitologías y de falsas retóricas. No se trata de especular con el sueño de Bolívar sino de construir una paulatina unión supranacional, empezando por lo más básico: un mercado cada vez más armonizado y una superación de las viejas fronteras nacionales a los ciudadanos, bienes, mercancías y servicios. No se trata de envolverse en la banderas nacionales ya periclitadas ante un mundo cada vez más global, sino de reivindicar la integración como factor de crecimiento y de progreso ¡Basta ya de reivindicar la soberanía nacional para ocultar ineficacias o privilegios o, peor, dictaduras que mantienen autarquías económicas o mercados cautivos para mal de sus ciudadanos!

La izquierda latinoamericana debería liderar un discurso valiente e innovador en favor de la integración que permitiera a sus países ofrecer atractivos mercados para la inversión, por la escala gigantesca que ofrece una América Latina integrada. Es también la forma de pisar el mundo con más fuerza. ¡Qué cantidad de oportunidades están perdiendo sus países ante las instituciones financieras internacionales para obtener mejores recursos financieros! Lo hemos visto en la pospandemia, incluso en el acceso a las vacunas contra el Covid. Es la forma de influir en las grandes mesas globales en las que está presente: desde el G20 a Naciones Unidas. Es la única manera de entrar en las cadenas de valor de una producción deslocalizada, ofreciendo sinergias hoy inexistentes.

Una izquierda que rompa amarras con ese milenarismo de la gran Patria y construya un mercado común, amplíe sus acuerdos comerciales y de inversión con el mundo y armonice su legislación en favor de los ciudadanos es una izquierda de progreso en el siglo XXI.o de la UE en el segundo semestre del año. Es difícil imaginar esa cumbre sin Brasil y sería incomprensible para Brasil despreciar esa oportunidad. Con ese objetivo, bueno sería recuperar el acuerdo con Mercosur, aunque sea renegociando sus contenidos. El acuerdo UE-Mercosur es el más grande y más importante, en mi opinión, de los que la UE tiene firmados hasta el momento.

Cabe pensar en la revitalización interna de Mercosur en el marco de esa negociación. Brasil y Argentina pueden y deben entenderse porque ese es un mercado interior clave para ambos países. La integración regional es una condición necesaria para aumentar la ínfima cifra de comercio intrarregional en América Latina y esas son oportunidades que pierden todos los países de la región. América Latina tiene un comercio intrarregional del 15%, frente a Europa o Asia, donde los indicadores llegan al 60% y al 68%, respectivamente.

Colombia ya ha abierto fronteras con Venezuela y la superación de la brecha entre los dos países dará un impulso a la cooperación regional, con una importante derivada humana que afecta a millones de personas que viven a caballo entre los dos países. La colaboración venezolana en las futuras negociaciones de paz de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) creará un nuevo clima de colaboración entre Caracas y Bogotá.

En el mismo plano de la colaboración entre países se sitúan las grandes inversiones en las infraestructuras físicas (carreteras, puertos, aeropuertos, energía) y en las tecnológicas (interconectividad, reparto satelital, regulación digital, fomento de la economía digital), sin olvidar el campo de la investigación y de la formación universitaria, donde ya se coopera al margen de los impulsos oficiales. Los avances en esas materias son imposibles sin acuerdos supranacionales y sin organizaciones potentes en el ámbito transfronterizo.

Pero la integración latinoamericana solo avanzara si se ponen sobre la mesa los intereses nacionales exentos de viejas mitologías y de falsas retóricas. No se trata de especular con el sueño de Bolívar sino de construir una paulatina unión supranacional, empezando por lo más básico: un mercado cada vez más armonizado y una superación de las viejas fronteras nacionales a los ciudadanos, bienes, mercancías y servicios. No se trata de envolverse en la banderas nacionales ya periclitadas ante un mundo cada vez más global, sino de reivindicar la integración como factor de crecimiento y de progreso ¡Basta ya de reivindicar la soberanía nacional para ocultar ineficacias o privilegios o, peor, dictaduras que mantienen autarquías económicas o mercados cautivos para mal de sus ciudadanos!

La izquierda latinoamericana debería liderar un discurso valiente e innovador en favor de la integración que permitiera a sus países ofrecer atractivos mercados para la inversión, por la escala gigantesca que ofrece una América Latina integrada. Es también la forma de pisar el mundo con más fuerza. ¡Qué cantidad de oportunidades están perdiendo sus países ante las instituciones financieras internacionales para obtener mejores recursos financieros! Lo hemos visto en la pospandemia, incluso en el acceso a las vacunas contra el Covid. Es la forma de influir en las grandes mesas globales en las que está presente: desde el G20 a Naciones Unidas. Es la única manera de entrar en las cadenas de valor de una producción deslocalizada, ofreciendo sinergias hoy inexistentes.

Una izquierda que rompa amarras con ese milenarismo de la gran Patria y construya un mercado común, amplíe sus acuerdos comerciales y de inversión con el mundo y armonice su legislación en favor de los ciudadanos es una izquierda de progreso en el siglo XXI.

Publicado en Política Exterior, 20-10-2022

 

No podemos olvidarnos de América Latina

Europa y la región latinoamericana son aliados naturales en su geopolítica y para reorganizar una globalización desgobernada. España debe promover esta orientación estratégica en la UE.

América Latina entró en el radar de la política europea cuando España empezó a coger peso y densidad en el club comunitario y fue convenciendo a sus socios sobre la importancia del subcontinente. No fue fácil. Como suele decir Felipe González –quien realmente abrió esa puerta a comienzos de la década de 1990–, la relación entre Europa y América Latina era, y así había sido hasta entonces, un triángulo en cuya cúspide estaba Estados Unidos, de manera que la mirada y los intereses norteamericanos guiaban gran parte de la magra política europea para la región. Por supuesto, algunos países europeos, y España en particular, tenían presencia y políticas más activas en muchos países latinoamericanos (recuérdese los Acuerdos de Paz en Centroamérica). Pero la Unión Europea como tal brillaba por su ausencia, entre otras razones porque su Servicio de Acción Exterior acababa de comenzar su andadura. 

No fue fácil girar la mirada de Europa hacia el sur del continente americano, porque acababa de caer el muro de Berlín y Alemania era todo ojos hacia el Este; porque Reino Unido miraba a EE. UU. –como siempre– y hacia sus zonas de influencia indo asiáticas; y porque Francia tenía en África y el Mediterráneo sus principales preocupaciones. Sin embargo, en no muchos años, la Unión europea y América Latina han elaborado un marco de asociación política y acuerdos económico-comerciales que constituyen el mejor soporte para una alianza estratégica de largo alcance. Si Mercosur se aprueba finalmente –y este es un reto esencial estos próximos meses, para nosotros y para ellos–, Europa y América Latina tendrán tratados comerciales con 27 de los 33 países latinoamericanos, cubriendo toda la región excepto Bolivia y Venezuela.

En la construcción de este marco con una América Latina compleja y diversa ayudó el hecho de que nuestras convergencias eran y son muy amplias. Histórico por supuesto, con una historia común que ha cruzado nuestras respectivas poblaciones en diversos momentos. Siempre para bien, para ayudarnos, para enriquecernos mutuamente. Hay 1,5 millones de españoles en América Latina y en España viven 1,3 millones de latinoamericanos. Convergencias también políticas, económicas, además de culturales. Los sistemas políticos de América Latina se construyeron sobre las bases democráticas de la Europa del siglo XIX, posteriores a la revolución francesa. Las relaciones económicas, en gran parte fruto de los acuerdos antes citados, son estrechas e intensas. Europa es el segundo destino de América Latina en exportaciones, pero somos el primer inversor allí. Diez empresas del Ibex 35 español tienen más del 20% de su negocio en Latinoamérica y hay más de 100.000empresas españolas que exportan a la región. 

Esas coincidencias de aspiraciones e intereses hacen fáciles las alianzas geopolíticas. Coincidimos en la mayoría de los grandes asuntos de esta globalización desgobernada. Otra cosa es que nuestro peso y nuestra influencia en las mesas internacionales sea el que nos corresponde.

UNA REGIÓN EN CRISIS… ¿PERMANENTE? 

Demasiadas veces, en demasiadas cancillerías del mundo, América Latina es sinónimo de conflictividad, de inestabilidad e inseguridad. El conflicto cubano ha sido históricamente foco de tensión internacional al más alto nivel. Las guerrillas revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX acabaron en Contadora, pero todavía sufrimos coletazos de los grupos más recalcitrantes en Colombia. Centroamérica no prospera lo suficiente ni siquiera en la paz, y sus poblaciones emigran a través de México hacia EE. UU. y, más recientemente, hacia el sur del subcontinente o hacia España y Europa. 

Las experiencias bolivarianas de la primera década de este siglo, cargadas de lógica sociopolítica en sus inicios, han acabado mal. La tentación autoritaria vuelve en muchos casos y la ruptura del principio de no reelección ha sido nefasta para la mayoría de los casos en los que se ha producido. Venezuela y Nicaragua son el ejemplo, pero Bolivia, con muchos matices, no está lejos. La crisis de Venezuela tiene una derivada humanitaria y migratoria jamás conocida en la región. Al sufrimiento de su población hay que añadir una crisis política interna de muy difícil solución. El conflicto de Venezuela ha escalado, desgraciadamente, al primer nivel de los grandes asuntos de la geopolítica internacional, al incluir a EE. UU., Rusia y China, por este orden, en su resolución.

Tampoco los cambios políticos que se han producido en el bienio electoral 2017-19 han ayudado a la estabilidad política de la región. Los triunfos de la derecha política son mayoritarios, excepto los muy significativos casos de México y Argentina. Pero tampoco el neoliberalismo o el seguidismo yanqui pueden mostrar una hoja de servicios exitosa. El balance económico desde el final de la década de crecimiento 2003-13 es muy negativo en términos de empleo y renta. Los problemas estructurales de la economía latinoamericana siguen siendo los mismos: excesiva dependencia de sus recursos naturales, baja productividad, enorme informalidad económica, alejamiento de las líneas de subcontratación, poca inversión, Estados débiles, etcétera. En esas circunstancias, la explosión de inestabilidad social surgida en Chile, Ecuador, Colombia y otros países latinoamericanos a lo largo de 2019 no puede sorprender. A la desigualdad social tradicional y persistente se añaden los problemas característicos de una etapa económica no favorable después de años de crecimiento: aumenta la pobreza, las demandas de las nuevas clases medias no pueden ser atendidas por unos presupuestos nacionales raquíticos y los sistemas de protección social no alcanzan ante una precarización sociolaboral rampante. Cualquier chispa basta para el estallido social. Se especula demasiado con la presencia de agentes externos provocadores de las revueltas, en vez de reconocer la gravedad de los problemas internos, en sociedades urbanas empoderadas por las redes sociales.

Hay crecientes preocupaciones en Chile con sus reformas constitucionales; en Bolivia, después del desastre electoral; en Perú, después de la penosa imagen de sus partidos y líderes; en Colombia, con un gobierno acosado por problemas internos y externos muy serios; en Centroamérica, con una emigración paralizada en la frontera sur mexicana; Argentina y México no mejoran; Brasil tiene una economía más sólida pero su política está desprestigiada; y Nicaragua y Venezuela expresan la tensión política máxima con procesos hacia la democracia, pendientes de negociaciones internas antagónicas y, por tanto, difíciles.

Finalmente, la región está fracturada. La reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo acredita mejor quenada. A finales de enero, Brasil abandonó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac) y aunque México ha asumido la presidencia protempore y ha nombrado a una diplomática de alto nivel para dirigir esa difícil misión (la antigua embajadora en España, Roberta Lajous), las posibilidades de que la cumbre UE-Celac se reanude, no ya este año, ni siquiera en 2021, parecen lejanas. La situación en Venezuela, la creación del grupo de Lima, la explosión política en Nicaragua en abril de 2018, unidas a las sanciones de EE. UU. su endurecimiento hacia Cuba, generan fracturas internas demasiado graves. Puede parecer una descripción exagerada. Quizá poner el acento solo en lo que va mal no haga justicia a la región, pero no creo que ocultar los problemas ayude si lo que pretendemos es ofrecer una estrategia de acción política exterior de España y de la UE hacia América Latina. La negociación de los acuerdos comerciales (Mercosur y modernización de los acuerdos con México y Chile) y la cooperación europea, puesta de manifiesto con la ayuda a la emigración de Venezuela, son ahora los principales puntos de apoyo de nuestra política exterior en América Latina. Pero es mucho lo que falta por hacer. 

Y ENTONCES LLEGÓ EL COVID-19

La pandemia llegó a América Latina un par de semanas más tarde que Europa. Afortunadamente, las medidas más elementales de prevención han evitado daños catastróficos en la mayoría de los países. A finales de mayo, las cifras de fallecimientos y contagios eran sensiblemente inferiores a las sufridas en Europa: Reino Unido, Francia, España e Italia principalmente. No obstante, Chile y Perú sufren repuntes serios en su estadística de contagios y fallecimientos por el Covid-19 y preocupa especialmente Brasil, donde una sucesión de irresponsabilidades y estúpidas decisiones han provocado, al igual que en EE. UU., una estadística dramática. Está por ver cómo superan los efectos de esta primera fase de la pandemia. Lo mismo puede decirse de Nicaragua. No pretendo analizar las políticas puestas en marcha en cada país. Al igual que en Europa, el Estado se ha convertido en el espacio público en el que se han desarrollado diferentes reacciones, en materia de protección, prevención, sanidad y recuperación económica frente a la crisis producida. Hasta la fecha, la respuesta ha sido y es nacional. No hay la más mínima coordinación en espacios regionales comunes, ni en organismos internacionales para acordar decisiones (en relación con las fronteras, por ejemplo) o para establecer acuerdos de colaboración en materia sanitaria, provisión de materiales, medicamentos, etcétera, entre países vecinos. Una vez más, el tradicional desencuentro su-promocional del subcontinente priva a los pueblos latinoamericanos de servicios e instrumentos que solo la asociación política entre naciones puede suministrar.

Ni la Celac, ni el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), ni Mercosur, ni la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ni siquiera la Alianza del Pacífico, han tenido capacidad de acción ante las graves diferencias de sus gobiernos y el devaluado diálogo interior que mantienen. La Secretaría General Iberoamericana (Segib) está siendo, quizá, el único espacio común de intercambio informativo y coordinación gubernamental, sobre todo en el plano sanitario.

América Latina afronta además el Covid-19 en una delicada situación económica. El último periodo (2014-19) ha sido plano. La tasa de crecimiento del PIB del conjunto de la región es próxima a cero, la más baja desde 1950. La caída de precios de sus commodities es constante en los últimos años, y muy acentuada en el petróleo, lo que resulta particularmente grave para México, Ecuador y Venezuela. El incremento de gasto público en sanidad y protección social hundirá las cuentas públicas de muchos países. La capacidad fiscal de los gobiernos para afrontar planes de reactivación es casi nula. La quiebra de muchas empresas y la destrucción del tejido productivo informal, unido a la evasión de capitales y otros factores financieros, puede generar posteriores problemas en el sistema financiero. Por último, en este negro panorama hay que destacar la influencia negativa que sufrirán las economías dependientes del turismo y de las remesas de la emigración. En definitiva, América Latina en general lo pasará mal, y su alejamiento de las cadenas de producción globales acentuará la crisis económica, que será también social.

Tenemos que contemplar –y esto es lo grave– un empeoramiento de los niveles de protección social y un aumento de la desigualdad social en el lugar del mundo donde mayor es esta última. Los pronósticos para una crisis económica larga apuntan a que más de 30 millones de personas ingresarán en los parámetros de la pobreza. No es posible especular con la orientación política que se derivará de esta situación en el periodo electoral 2020-22; tampoco pueden descartarse situaciones de tensión social e inestabilidad política como las vividas en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera. La desafección política y social hacia los políticos, los partidos y las instituciones es muy alta. 

La conclusión es clara: América Latina merece nuestra atención. No solo por solidaridad, por proximidad emocional o por imperativo moral. También por intereses geopolíticos y económicos. La creciente presencia china en la región, no solo como principal mercado para la exportación latinoamericana, sino también como inversor y constructor de grandes infraestructuras, es un reto para nosotros. Al tiempo que EE. UU. pierde pie en América del Sur y algunas de nuestras grandes compañías concentran en Europa y EE. UU. su expansión,

China, con su enorme potencial comercial y financiero, se está asentando en muchos países latinoamericanos, aumentando así su influencia política y económica. La provisión de material sanitario durante la pandemia ha sido un buen exponente. Es verdad que las posibilidades de China para ayudar financieramente a América Latina son menores que en anteriores ocasiones.

Su propio plan de recuperación económica absorberá gran parte de las capacidades fiscales del país, y sus niveles de crecimiento, muy inferiores al pasado, le privarán de otrora inigualables ofertas inversoras o compradoras.

Por eso, y porque corresponde a nuestra asociación política y estratégica con América Latina, Europa y España deben estructurar una política de apoyo y de fortalecimiento de nuestras relaciones con la región. La primera prueba de esta actitud es el apoyo político ante los organismos financieros internacionales. El apoyo financiero externo es la única solución para la mayoría de los países de la región. “Ascendidos” a la categoría de países de renta media, la nueva clasificación los priva de ayudas previstas para los países pobres (por debajo de 2.000 dólares de renta per cápita) y sus limitaciones presupuestarias no les dan capacidad fiscal propia para políticas de refuerzo de la protección social o de sus sistemas sanitarios, ni para programas de sostenimiento y reactivación de los sistemas productivos o de estímulo a la recuperación económica.

El programa más concreto y consistente para hacer frente a estas necesidades lo lanzaron varios expresidentes y exgobernadores de bancos centrales de varios países latinoamericanos, pidiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) de un billón de dólares. En la misma línea, la solicitud se extiende a los bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial, CAF, Banco Interamericano de Desarrollo…) para duplicar sus líneas de crédito en la región.

“No bastan las buenas palabras. Necesitamos un G20 con poderes ejecutivos que pase a la acción”, decía el ex primer ministro británico, Gordon Brown, al recordar el manifiesto suscrito por decenas de jefes de Estado y de gobierno junto a destacadas figuras de la política internacional, que reclamaban una acción coordinada y común frente al mayor desafío de la humanidad en décadas. Desgraciadamente, los actuales dirigentes del G20 (Arabia Saudí) y el Estados Unidos de Donald Trump hacen oídos sordos a estas reclamaciones.

España trabaja con varios países de la región (notablemente con los tres que pertenecen al G20, aunque no solo) para construir esta cobertura financiera de las instituciones internacionales. Lo hizo también en el seno del Consejo Europeo de junio para hacer fuerte la presión europea en esta dirección. Hace falta también un plan de estímulo a la inversión y de financiación de grandes infraestructuras regionales. La posibilidad de un programa de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, que incluya al Banco Europeo de Inversiones, para financiar esas inversiones de empresas europeas sería un buen paso. América Latina necesita recuperar la inversión extranjera y formar parte de más cadenas de valor de subcontratación globalizada.

 Tanto las ayudas financieras estatales como los programas de desarrollo deberían estar condicionados a los objetivos estratégicos básicos en la región. El primero es fortalecer los servicios públicos del Estado, mejorando el ingreso fiscal y combatiendo la desigualdad social. El segundo, la creación de redes de integración regional que unifiquen mercados regionales y favorezcan la armonización normativa supranacional. El tercero, el fomento de una cultura de responsabilidad social de las empresas, dentro de un plan regional por la sostenibilidad y el compromiso en la lucha contra el cambio climático.

En ese contexto, las alianzas público-privadas pueden aportar grandes beneficios a los Estados y a las empresas, en una estrategia de compromiso-país muy necesaria en los países donde la dotación de bienes y servicios públicos es deficiente. 

Otra de las líneas de acción de España para fortalecer nuestras relaciones con América Latina es aprobar y ratificar el acuerdo negociado con Mercosur. Hacerlo en este segundo semestre de 2020, aprovechando la presidencia alemana del Consejo, sería inteligente y positivo, y permitiría la entrada en vigor del acuerdo comercial, previsiblemente, en enero de 2021. En el mismo sentido, aprobar la renovación de nuestros Acuerdos con México y Chile será otro gran paso en dirección.

España mantiene tareas de colaboración y cooperación con América Latina en la etapa post-Covid-19 que deben ser destacadas. El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha creado espacios de diálogo para intercambiar experiencias, investigaciones y expertos y generar redes de tecnologías sobre mecanismos de protección social, desescalada, etcétera. A su vez, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha rediseñado sus programas para atender urgencias de los sistemas sanitarios y varios programas de recuperación económica. Por último, cabe destacar el éxito de la conferencia de donantes, organizada junto a la Comisión Europea, Canadá y Noruega a finales de mayo, en favor de la emigración venezolana. La próxima cumbre iberoamericana, quizá virtual, pero, en cualquier caso, importante, atenderá con toda seguridad todos estos asuntos en la fase de recuperación económica global después del Covid-19. Esperemos que los rebrotes de la pandemia no impidan esa recuperación y que América Latina entre en una etapa de más esperanza. ¿Hay razones para tenerla?

No es ocioso recordar las enormes posibilidades que sigue ofreciendo este subcontinente tan querido. Su demografía, casi tan joven como la de África, sus recursos naturales, su biodiversidad, la alta cualificación educativa de la población en la mayoría de sus países, la potencialidad de crecimiento de sus consumos, la unificación lingüística, la dimensión regional de sus mercados… Tantas cosas. Incluso, las oportunidades que ofrecen actualmente los precios devaluados de compañías y propiedades en algunos de los más importantes países.

Pero todas esas potencialidades solo explotarán en un contexto de estabilidad política, de seguridad jurídica y de cohesión social. Hay que desterrar la corrupción y la inseguridad ciudadana. Hay que vencer a las bandas armadas y al narcotráfico. Hay que renovar el contrato social de ciudadanos y pode-res públicos consolidando la democracia. Hay que crecer económicamente y redistribuir. Hay que acabar con la pobreza y la evasión fiscal. Hay que fortalecer el Estado y sus servicios públicos. Hay que integrar la región.

Europa puede hacer más en América Latina de la mano de España, que debe reforzar su papel avalada por la UE y en representación de la misma. Si se examinan uno a uno los casos nacionales o los conflictos regionales latinoamericanos, se descubre que, en la mayoría de ellos, la mediación política o la ayuda europea puede ser decisiva. No hay tantos lugares en el mundo donde se den esas circunstancias. Nuestra influencia, nuestro papel político no es tan nítido y nuestra capacidad de actuar no es tan libre ni tan pacífica. Basta mirar al Este (Rusia), Oriente Próximo o Turquía, el Mediterráneo y África. En casi ninguno de estos complejos escenarios podemos actuar sin enormes costes económicos y políticos, y nuestra acción no es decisiva por la mayor influencia de otros agentes geopolíticos.

Europa es el amigo fiel, diferente, de otros actores en la geopolítica latinoamericana. Tenemos elementos cualitativos y convergencias recíprocas que nos hacen diferente de EEUU, Rusia o China. Se trata pues de ejercer esa influencia, ese peso político y económico en ayudar a la región, como por otra parte ya lo hacemos en inversión y en cooperación.

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA FORTALECIDA

Una de las tendencias sociales que surgirá de esta catástrofe que es la pandemia del Covid-19 es la demanda de una mayor y mejor gobernanza de la globalización. Esperemos que la tentación introspectiva, la mirada nacionalista no nos confunda y nos haga manejar el futuro en el sentido contrario a la realidad. Esperemos también que las demandas de más seguridad no alimenten populismos de falsa seguridad. Deberíamos ser capaces de orientar los múltiples y confusos sentimientos sociales que seguramente surgirán después de la pandemia hacia demandas de democracias eficaces y no de autocracias tecnológicas, hacia mayores compromisos internacionales y más eficientes acuerdos entre los agentes globales, y no hacia cierres de fronteras o proteccionismos anacrónicos. En definitiva, hacia un multilateralismo ordenado y eficiente, hacia una colaboración internacional creciente y hacia un fortalecimiento de las instancias supranacionales. 

En este contexto, la alianza estratégica entre Europa y América Latina adquiere todavía más relevancia e importancia. ¿Qué persigue esta alianza? ¿Cuáles son sus objetivos? Antes que nada, hacer fuerte nuestro peso común en los diferentes espacios internacionales. Hay toda una serie de asuntos globales pendientes de gobernanza en los que nuestras convergencias son casi idénticas, en particular la defensa del multilateralismo como regla fundamental del orden mundial. En consecuencia, el fortalecimiento de las grandes mesas políticas y económicas de gobernanza, incluidas las instituciones creadas para ello, desde la Organización Mundial del Comercio a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde las agencias de Naciones Unidas a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todo el entramado supranacional va a necesitar impulsos políticos extraordinarios. La lucha contra el cambio climático, desde la base de los acuerdos internacionales logrados (París 2015), sigue siendo otro asunto prioritario. América Latina y la UE pueden y deben liderar ese camino en el mundo. Europa es la región más avanzada en tecnologías y en políticas favorables a la sostenibilidad, y América Latina, que alberga ecosistemas y recursos naturales fundamentales para el planeta, es una de las regiones más necesitadas en evitar las consecuencias de ese peligro. 

Las democracias y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales son bases esenciales de organización política y social de nuestras comunidades. Su defensa y su mejora es otro gran reto del mundo, especialmente en un contexto de crecimiento de las autocracias y los populismos. Nuestros esfuerzos por renovar el contrato social son comunes, tanto en el interior de nuestras naciones como fuera. No estamos, por desgracia, cerca de una “Constitución planetaria”, cómo sugiere el profesor italiano Luigi Ferrajoli, pero hay que avanzar en esa dirección. 

El combate a la evasión fiscal y la colaboración interestatal en la información y transparencia contra los paraísos fiscales y la competencia desleal es otra de las causas pendientes de la gobernanza global. El sufrimiento de las haciendas nacionales frente a la evasión y la economía digital y globalizada es común en todo el mundo. Aumentan las necesidades nacionales en el ámbito de la seguridad y en los servicios básicos universales, pero el dinero huye a espacios opa-cos y oscuros. El dinero negro aumenta y es fuente de delito y desprotección. En este ámbito, nuestra colaboración responde a necesidades idénticas. 

América Latina tiene tres países en el G20 y junto a la UE sumamos un peso fundamental en ese y otros organismos de gobernanza global. Lo mismo ocurre en Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Latinoamérica puede aumentar su peso internacional si vertebra sus posiciones, y puede influir mucho más si las articula en alianzas puntuales con Europa. 

Después de la pandemia, habrá que replantear, una vez más, la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, en inglés) para reducir o eliminar las deudas soberanas de países que, materialmente, no podrán atender al mismo tiempo sus obligaciones de pago y las necesidades de su población. ¿Qué haremos nosotros, los europeos, ante esa demanda, incluidos los países de ingresos medios en América Latina? La alianza estratégica impone también actitudes solidarias. Europa deberá liderar la presión internacional en esa dirección, en el marco de una redefinición de los marcos macroeconómicos en los que van a desenvolverse los mercados y el capitalismo después de la pandemia. 

Cuando se conozca la tecnología para producir la vacuna contra el Covid-19, se producirá una fuerte controversia internacional para su fabricación masiva universal. Se trata de un derecho humano incuestionable y habrá que defender, en todos los foros, su respeto y aplicación. Ente otras instancias, en la OMS, lamentablemente recién abandonada por EE. UU. 

Estos, entre otros muchos, son asuntos que explican y justifican esta alianza entre la UE y América Latina. No es fácil girar la mirada desde el este y el sur de la UE para divisar en el subcontinente latinoamericano al aliado natural de su geopolítica, pero las ventajas de hacerlo son evidentes. España debe seguir siendo esa puerta, esa punta de lanza, esa vanguardia en una orientación estratégica clave. El alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común, Josep Borrell, es nuestro aliado.

Publicado en la Revista: Política Exterior, nº 196 Julio-Agosto 2020