Colombia, un año después: ¿dónde estamos?

Se acaba de cumplir un año de la aprobación de los acuerdos de paz en Colombia y la paz avanza afortunadamente. Pero hay también una serie de problemas que nos obligan a mantenernos alerta.

Entre los elementos positivos destaca en primer lugar el hecho mismo de la aprobación de los acuerdos de paz. Tras el negativo resultado del referéndum del 2 de octubre del 2016 pocos hubieran creído que en un tiempo récord sería posible concitar la voluntad política suficiente para modificar los acuerdos incorporando algunas de las exigencias de los partidarios del No, y aprobarlos el 1.° de diciembre de ese mismo año. Al día siguiente del referéndum de octubre, muchos analistas vaticinaron un estancamiento de difícil solución, o dieron por muerto el proceso: es un alivio comprobar que esos negros pronósticos no se han verificado y que, de hecho, los acuerdos están siendo implementados, aunque con dificultades.

Otro elemento positivo en el plano práctico es la desmovilización y desarme de las Farc, que han culminado su reconversión en partido político. Este proceso ha llevado incluso a la UE a sacar a las Farc de su lista de organizaciones terroristas. Por último, hay que congratularse de que la otra guerrilla aún activa en Colombia, el Eln, haya empezado conversaciones con el Gobierno y declarado un alto el fuego que en principio se prolongará hasta enero del 2018, si bien sería deseable que continuase más allá de esa fecha.

No obstante, pese a todos estos indudables avances, persisten los motivos de preocupación en tres esferas principales: la primera resulta especialmente preocupante por sus repercusiones y porque, si no se ataja cuanto antes, puede dar lugar a una situación endémica de difícil corrección. Y es que cuando un Estado está ausente de una parte de su territorio, en el vacío que se produce proliferan mafias y grupos violentos, que acaparan recursos y ponen a la población a su merced. Hemos visto esta evolución en otros lugares. En Colombia, esos espacios de los que las Farc se han ido pero en los que el Estado aún no está presente, están siendo ocupados por el narco, con el apoyo de mafias. El resultado es un aumento de la violencia y de las violaciones de derechos humanos en estos territorios a lo largo del último año. Los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes comunales o simplemente agricultores, están alarmando al mundo entero.

Esta situación está ligada al auge de los cultivos de coca que se ha producido en ciertas zonas, y que el Gobierno colombiano tenía el propósito de erradicar progresivamente mediante la sustitución por otros cultivos. Su objetivo era llegar al 2018 con una tasa de sustitución del 50 por ciento. Sin embargo, hasta el momento, se han erradicado menos del 5 por ciento de las plantaciones a través de este mecanismo. El problema de emplear una estrategia “dura” en lo relativo a los cultivos de coca es que deja a los campesinos entre la espada del narco y la pared de la coerción gubernamental, en zonas donde el Estado no cuenta con la presencia ni los medios necesarios para respaldarles ni defenderles.

El segundo bloque de problemas es el económico, que afecta a todos los niveles, incluida la lucha contra el tráfico de drogas. Las necesidades de inversión pública son enormes. Simplemente para hacer caminos de acceso a las zonas más recónditas del territorio. Pero sobre todo para compensar a los casi nueve millones de víctimas del conflicto, especialmente a los desplazados y a las víctimas directas de la violencia.

La reincorporación de la guerrilla a la sociedad civil es otro de los aspectos que avanza con dificultad. En principio, los miembros de las Farc desmovilizados fueron concentrados en centros, en donde estaba previsto que recibieran adiestramiento en habilidades básicas para la vida civil y formación profesional de algún tipo, con el fin de ayudarles a encontrar un empleo. Estas expectativas no se han cubierto en la medida deseada, y la falta de fondos es una de las causas.

Para superar todos estos problemas es crucial la aportación financiera de la UE y del resto de actores internacionales que están apoyando el proceso. Aunque el Fondo Fiduciario europeo es una aportación importante, hará falta más ayuda internacional.

La última gran dificultad estriba en el ambiente político reinante en Colombia. El uribismo ha logrado dividir por la mitad al país y crear una fuerte corriente de opinión contraria al proceso de paz. Asimismo ha conseguido hacer saltar por los aires a la coalición de fuerzas que apoyaba los acuerdos, de modo que todas ellas concurrirán por separado en los comicios del 2018: recordemos que en marzo hay elecciones parlamentarias y en mayo, presidenciales.

Esa serie de comicios pueden ralentizar el proceso de paz y en algún caso incluso cuestionarlo. Si antes de las elecciones presidenciales del 2018 no se ha logrado poner en marcha las principales instituciones de la justicia transicional, no habrá garantías ciertas de la continuidad del proceso de paz. Y en este campo es donde más dificultades de comprensión social ofrece el proceso. Muchos colombianos que viven en las grandes ciudades se resisten al perdón. Pero la paz exige una justicia generosa, y este proceso se basa más en la reinserción social que en la justicia vengativa.

La paz en Colombia depende, desde luego, de los colombianos, pero no solo. Europa debe seguir ayudando; la comunidad internacional, especialmente EE. UU., también. De todos nosotros depende que el fin de las guerrillas en Latinoamérica sea una realidad y que la política y la democracia en paz sean el único marco para superar diferencias y lograr progreso y justicia.


RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

Eurodiputado. Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat)

 Publicado para eltiempo.com

Felicitación Eurodiputados Socialistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué hacer contra la evasión fiscal.

¿Qué hacer, que diría Lenin, frente al gigantesco montaje que la internacionalización financiera está construyendo para evadir o eludir los impuestos? No es una pregunta retórica. Es la urgente demanda que nos plantea una alarma social, cargada de indignación, ante la sucesión de informaciones que no hacen sino confirmar la sospecha que la mayoría ciudadana ya intuía respecto a la vieja ambición humana de no pagar al Estado lo que éste reclame para organizar una vida en sociedad regida por la justicia y la dignidad humanas.

LuxLeaks, Panama papers, Paradise papers, son las informaciones que un consorcio de periodistas independientes han ido revelando después de años de investigación y buceo en despachos de abogados, gestores de fondos, bancos y países de todo el mundo. Sobre esa ingente cantidad de información el Parlamento Europeo ha realizado un trabajo extraordinario, para obtener una serie de conclusiones y recomendaciones que se ofrecen a la política internacional a modo de hoja de ruta que deberíamos seguir para combatir esas prácticas, a los agentes que las realizan y a los países que las amparan o facilitan.

Se tratará, como diría Mao, de una 'larga marcha' porque la mayoría de las medidas de ese combate tienen dimensión internacional y existen muy poderosas fuerzas en contra y muy variadas razones en muchos países para frenarlas o impedirlas.

De hecho, una de las primeras medidas que se proponen en el informe que el Parlamento aprobó el pasado 13 de diciembre en el Pleno de Estrasburgo, es solicitar a Naciones Unidas la convocatoria de una cumbre con este tema principal. Junto a esto, casi 200 medidas más configuran las recomendaciones que deberíamos implementar para combatir la evasión (delictiva casi siempre) y la elusión (legal a veces, aunque inmoral la mayoría). Un apretado resumen de todas ellas podría esquematizarse en los siguientes puntos:

1º. La elaboración de una lista internacional de paraísos fiscales, lo que requiere una definición universal del concepto. La UE ha hecho la suya. No es perfecta, pero es una lista de 17 paraísos y 47 en riesgo de serlo.

2º. El establecimiento de un conjunto de sanciones a esos países y a quienes operan en ellos, incluidos bancos, empresas, fondos de inversión, gestores, bufetes, intermediarios en general.

3º. La obligación para las empresas transnacionales de incluir en su informe anual o balance financiero, sus pagos fiscales “país por país”.

4º. El establecimiento de una nueva fórmula del Impuesto de Sociedades para los gigantes digitales a quienes se debe aplicar un pequeño porcentaje sobre su facturación en cada país (para evitar que concentren sus resultados finales en países sin fiscalidad o de tipo cero).

5º. La unificación de las bases del Impuesto de Sociedades para evitar la distorsión del tipo y la elusión a los países en base a la optimización desgravatoria: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

6º. Una nueva regulación sancionadora para todos los intermediarios (desde despachos de abogados a consultoras) si resultan responsables en el asesoramiento o ejecución de evasión fiscal o blanqueo de dinero.

7º. Una mayor transparencia a notarios, registradores, bancos, etc, sobre los propietarios y beneficiarios de operaciones financieras, incluyendo la conexión de los registros mercantiles y la creación de nuevos registros públicos internacionales.

8º. La protección de los denunciantes ('whistle blowers') y del periodismo de investigación.

9º. La mejora de los sistemas de persecución del IVA transfronterizo a través de la cooperación de las Administraciones Tributarias.

10º. Poner fin a la regla de la unanimidad en el Consejo para que un solo país no pueda vetar las medidas que la UE debe adoptar en materia fiscal.

Hay muchas más cosas por hacer. Se me ocurre por ejemplo seguir reivindicando la tasa a las transacciones financieras, que, además de recaudar fondos públicos, ofrecerá una transparencia y una información fiscal preciosas. Lo que importa es empezar y seguir presionando en esta 'larga marcha', bajo el paraguas argumental de que cada euro que se evade, es un euro robado al trabajador, a los desempleados, a los mayores, a los enfermos, a la educación… al Estado del Bienestar en definitiva.

Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, miembro de la Comisión de Investigación Fiscal.
Publicado en El Confidencial, 20/12/2017

Enseñanzas catalanas para los vascos.

"Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad."

 De todo lo que está ocurriendo en Cataluña el nacionalismo vasco y los vascos en general deberíamos extraer enseñanzas políticas imprescindibles. La primera y más importante: la independencia, esa especie de ensoñación ‘naïve’ que nos proponen los nacionalistas, es además de imposible, enormemente costosa y dañina para quien la persigue. El cúmulo de falsas promesas que los gestores del procés habían propagado durante años ha sido diluido como el azúcar en agua por una realidad aplastante cuando han intentado materializar su proyecto.

La respuesta de los mercados ha sido tan rápida como elocuente. Las inversiones se paralizan, los pedidos se reducen hasta el 30%, ya sea en las ventas como en las reservas hoteleras. Cerca de 3.000 empresas se han ido de Cataluña. Y nadie sabe si volverán. Los daños económicos son de tal dimensión que tardarán tiempo en recuperarse de esta aventura. Por su parte, Europa ha dicho No a estos procesos y a estas pretensiones. Nadie quiere aquí nuevos Estados separados de los actuales Estados miembros. La oposición europea a los nacionalismos va a crecer inexorablemente.

Segunda enseñanza. Quienes han dirigido todo este proceso, desde hace ya varios años, son movimientos sociales surgidos de asociaciones cívicas o culturales del nacionalismo, que han impuesto la estrategia y las movilizaciones, los objetivos y programas al conjunto de los partidos nacionalistas. Es más, estos han sido en parte penetrados y absorbidos por una nueva clase dirigente surgida desde esos movimientos. Así, alegres y combativos, los catalanes se han lanzado a las movilizaciones y a los referendos hasta llegar al vacío del precipicio.

La antigua Convergencia es el mejor ejemplo de ese ‘dejarse llevar’ que ha transformado radicalmente un partido que fue mayoritario durante casi 40 años. El problema de esa dejación de funciones, de los líderes y de las estructuras partidarias es que los movimientos sociales o culturales, esa especie de revolución desde abajo, no asumen responsabilidades electorales, y no tienen ni filtros, ni contrapesos, ni las claves deliberativas de los partidos. Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad y de la declaración unilateral de la independencia a través de un proceso lleno de arbitrariedades parlamentarias, desobediencias al Tribunal Constitucional y graves vulneraciones al orden constitucional. Las rectificaciones posteriores son patéticas, ya sean ante el juez, ya sean en los nuevos programas políticos en los que se renuncia a la unilateralidad. ¿Ahora? ¿Y quién paga el daño causado?

Porque no es solo el daño económico y el desprestigio nacional que han provocado. Es también la fractura social que han generado y la decepción colectiva que arrastrará el nuevo pragmatismo en una ciudadanía engañada por mitos y mentiras por doquier. Me cuesta creer que las elecciones del 21-D no pongan a esta gente en su lugar.

Tercera enseñanza y no menos importante. La aventura independentista acaba en la pérdida del Gobierno autonómico. El 155 se ha aplicado y el autogobierno y la gestión pública de la Administración en Cataluña no se han alterado. Es verdad que al 155 le acompañó una inteligente convocatoria electoral, pero no es despreciable constatar la normalidad con que el Gobierno del Estado ha asumido la gestión de la autonomía de Cataluña. De manera que el precedente sirve de lección a futuro. Nos guste o no, un mecanismo constitucional que muchos creyeron políticamente inaplicable forma parte ya de nuestra realidad.

Por último, la experiencia vivida en Cataluña ha perjudicado enormemente las propias reivindicaciones autonómicas y el futuro del modelo territorial se ha situado en un nuevo plano de debate en el que nuevas y poderosas fuerzas antinacionalistas son también parte del nuevo reequilibrio. Es el caso del constitucionalismo catalán, que reclamará, con todo derecho, su peso electoral y su capacidad de movilización para exigir que se le tenga en cuenta en el futuro acuerdo Cataluña-España y en el ejercicio autonómico de muchas de las competencias autonómicas, hasta hoy ejercidas en clave nacionalista. El procés ha activado el unionismo y eso ya no hay quien lo pare. Dos Cataluñas viven juntas. Y antes de dar nuevos pasos tendrán que entenderse dentro. Pero además el nacionalismo catalán no está evaluando todavía el daño que se ha hecho a sí mismo al tirar por la borda el nivel de confianza mutua que se necesita para avanzar en cualquier nueva esfera de poder autonómico. Vista la experiencia, y visto el comportamiento de su policía, ¿sería razonable transferir la Justicia, o la Hacienda que recauda los impuestos? ¿No estará en el cálculo político de los interlocutores del Estado, que esos nuevos poderes, se utilizarían para otro procés? Es evidente que se han dado un tiro en el pie y que tendrán que pasar muchos años para recuperar un clima que permita negociar el autogobierno con la confianza que la deslealtad de hoy ha destruido.

Hay que aprender de lo ocurrido en Cataluña y en particular, el nacionalismo vasco de PNV y EHBildu deberían evitarnos algunas herramientas perversas y objetivos inconvenientes. Me refiero, desde luego a la autodeterminación y a la independencia respectivamente. Nunca estaremos mejor que como estamos. Y espero que Podemos reflexione sobre su ubicación nacionalista en ambos temas.

 

Publicado en El Correo, 17/12/2017

Intervenciones en el Pleno 13/12/2017

Prohibición a escala de la Unión de símbolos y eslóganes nazis y fascistas (debate)

 

 

Derecho de investigación del Parlamento Europeo (debate).

 

 

Aprobado en el PE el informe de la Comisión sobre PanamaLeaks

Aprobado en el Parlamento Europeo el informe de la Comisión sobre Paraísos Fiscales, que contiene recomendaciones para la Comunidad Internacional, Ramón Jáuregui y Juan Fernando López Aguilar, que han formado parte de esta comisión, explican en las propuestas socialistas para luchar desde la UE contra los paraísos fiscales.

Tras 18 meses de investigación, nuestro relato sobre los Panama Papers.

 

El Parlamento Europeo da luz verde a la segunda fase de negociación del Brexit.

Nota de Prensa, 13/12/2017


Ramón Jáuregui: "Hemos salvado los derechos de 4.5 millones de ciudadanos y ciudadanas de por vida"

Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, ha calificado de satisfactorio el acuerdo alcanzado sobre el Brexit a comienzos de este mes, "las tres grandes materias sobre las que he hemos negociado se han resuelto favorablemente, por lo que podemos pasar a la segunda fase", ha explicado, señalando que "la única interpretación posible es en beneficio de la plenitud de los derechos de la ciudadanía".

En el debate que ha tenido lugar hoy en la Eurocámara -en vísperas a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE- sobre el proceso de salida de Reino Unido de la UE con el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, Jáuregui ha manifestado que "la principal y mejor noticia de los acuerdos previos es que los europeos en Reino Unido y los británicos en la UE conservarán, toda su vida, los derechos que tenían como europeos antes del Brexit"

Esta condición se aplicará a todos los europeos que residan en el Reino Unido y a los británicos que residan en Europa antes del 29 de marzo de 2019; y será la Corte de Justicia europea quien resuelva los conflictos que puedan surgir en el futuro sobre esta materia. Y esta, ha recordado Ramón Jáuregui, "fue la condición que Europa estableció para pasar a la segunda fase de negociaciones, junto a la de preservar los acuerdos de paz en la frontera de Irlanda y la factura de la salida".

El Parlamento tiene que dar su visto bueno al acuerdo de separación, que debe estar listo en marzo de 2019.

 

 

Via: SOCIALISTAS PARLAMENTO EUROPEO

Obligando a las empresas a respetar los derechos humanos.

La historia reciente de las ETNs (empresas trasnacionales) muestra innumerables incidentes de abusos contra los derechos humanos como resultado de sus operaciones. Se sabe que estas empresas se han aprovechado de los marcos regulatorios débiles de los países en vías de desarrollo, de la corrupción o de su excesiva dependencia de los intereses corporativos

Esta realidad ha provocado una apremiante necesidad de fijar normas internacionales que sometan a esas grandes compañías a obligaciones en relación con los derechos humanos en esos países.

Se ha de remarcar, que a pesar de que se garantiza un extenso abanico de derechos dentro de los acuerdos comerciales y de los de inversión, sigue existiendo un importante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las ETNs. Sus obligaciones en materia de derechos humanos no son tan evidentes, por lo que garantizar su cumplimiento resulta más complejo. De acuerdo con el poder que ostentan las ETNs la probabilidad de que las legislaciones nacionales les impongan obligaciones en el ámbito de los derechos humanos y consigan que rindan cuentas cuando cometan violaciones, resulta en general poco realista.

Con el objetivo de abordar estas deficiencias, se estableció en 2015 un Grupo de Trabajo intergubernamental dentro del entorno de Naciones Unidas, cuya tarea principal era redactar un tratado vinculante en el ámbito de los derechos humanos y las empresas. La Unión Europea, por su parte, acabó involucrándose en las negociaciones, reiterando que el futuro tratado debería incorporar a todo el conjunto de las empresas, no solamente a las trasnacionales. El Parlamento Europeo se posicionó como defensor de esta iniciativa y animó al conjunto de la UE a adoptar una óptica constructiva y positiva al respecto.

Tras las 2 primeras sesiones de negociación del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición, y basándose en el documento Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas con Respecto a los Derechos Humanos algunas conclusiones son evidentes:

• Las empresas deben mostrar diligencia debida, haciendo frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades.
• Existe la necesidad de proporcionar un instrumento internacional jurídicamente vinculante y efectivo para las víctimas de los abusos cometidos por las ETNs y la EOs (otras empresas), ya que a menudo sufren dificultades a la hora de acceder a las vías de recurso.
• Asegurar el establecimiento de recurso, mediante la adscripción de un tribunal internacional con competencias penales y civiles que supervise las obligaciones de los Estados a la hora de proporcionar recursos, así como la configuración de un comité internacional que admita reclamaciones individuales o un mecanismo internacional de arbitraje.
• Fortalecer el reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, en lo referente a los derechos humanos.
• Es evidente la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos potenciando una mayor atención a los abusos sistémicos subyacentes de los mismos.

Al finalizar la tercera ronda de negociaciones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental y el conjunto de la sociedad civil pidieron la continuidad de la autonomía del proceso y la redacción de un proyecto de documento para 2018 que tuviera como puntos de referencia, entre otros:

 

1. El asegurar la responsabilidad civil, administrativa y penal de las ETNs y EOs en relación con las violaciones de derechos y abusos de derechos humanos.
2. Incluir mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación efectiva para esas violaciones o abusos a los derechos humanos cometidos por ETNs y EOs.
3. Incluir obligaciones preventivas a dichos impactos adversos a los derechos humanos.
4. Reafirmar que las obligaciones de los Estados en relación a la protección de los derechos humanos no terminan en sus fronteras territoriales.

La sociedad civil está dispuesta a contribuir activamente en el proceso y decidida a colaborar para avanzar hacia una cuarta sesión del Grupo de Trabajo en 2018. En cuanto a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas de todo el mundo, están a la espera de que El Tratado se haga realidad y que el curso de las negociaciones se lleve a cabo de una manera consultiva y transparente.

La gran pregunta es qué harán los países. ¿Habrá acuerdo en la Comunidad Internacional para dar este paso extraordinario en la defensa de la dignidad humana? No será fácil. Por eso hay que empujar.

 

Publicado en Diario Responsable, 12/12/2017

Intervención Sesión Plenaria 12/12/2017

Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.

Manuel Marín (1949-2017)

 

 

Aquella foto de Manolo dormido en una mesa de despacho con los pies apoyados en la ventana marcó la primera gran etapa vital de Manuel Marín. Las negociaciones de adhesión fueron eternas, complejas y difíciles y se trabajó duro los tres primeros años del gobierno socialista (1983-1986). Manolo fue hombre clave en aquel gran éxito político que fue la incorporación de España a Europa. Su educación en la Escuela Europea de Brujas le hizo europeo además de español y por eso fue un europeísta adelantado en nuestro país.

Más tarde fue Comisario y Vicepresidente de la UE durante la década de los noventa. Su gestión estuvo marcada por las políticas de empleo, el desarrollo de la cooperación europea con el mundo, la política internacional de la Unión y la expansión de los programas educativos comunes (Erasmus). En Europa se le reconoce como un gran europeísta, hombre serio, riguroso, trabajador y buena persona. Su contribución a la ciudadanía europea estuvo marcada por la creación del programa más exitoso y popular de la Unión: el intercambio de estudiantes universitarios. Casi 500.000 europeos estudiaron en otro país con la beca Erasmus.

Acabó su vida política en España como Presidente del Congreso de los Diputados. Allí manejó la tensión partidaria y el pluripartidismo con paciencia y diplomacia, poniendo a prueba su cabeza ordenada y un poco germánica para la flexibilidad que reclaman las tensiones partidarias.

En definitiva, una trayectoria limpia y honesta, lo que ya es mucho en los tiempos que corren. Un político respetado por todos y admirado por muchos, lo que es más todavía. Un socialista que se fue dejando un rastro de dignidad, coherencia y solvencia. Ojalá tengamos muchos como él.

 

Publicado en Letras Libres, 7/12/2017

Foto: Alfredo García Francés.

Concierto vasco, lealtad y solidaridad.

"Sería inteligente y justo que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos."

El debate sobre el sistema fiscal vasco se produce en el marco de dos parámetros fundamentales. El primero es el soporte constitucional que lo ampara. El segundo es la creciente animosidad económica que suscita. Respecto al primero hay que decir que las dos grandes fuerzas políticas del país, PSOE y PP, han venido mostrando a lo largo de casi cuarenta años de democracia un apoyo firme y sostenido al Concierto Económico vasco. Así ha venido ocurriendo, tanto en la regulación del Concierto mismo como en las negociaciones técnicas que definían el Cupo y en la coordinación fiscal de los impuestos y de las administraciones tributarias.

 Este apoyo político al Concierto no es solo obligado por el mandato constitucional. Me atrevo a pensar que la fundamentación política del Concierto vasco en el ‘establishment’ español es más profunda y responde a la convicción de que este singular marco de relación económica del País Vasco con el Estado es base incuestionable de su anclaje sociopolítico en España. Es más, todo el mundo sabe que cuestionarlo significaría una peligrosísima provocación de males mayores y todo el mundo acepta esa sabia regla de la política que exige no tomar decisiones que, por arreglar una parte, destruyen el todo.

Pero no es menos cierto que el otro parámetro de nuestro debate, el que se refiere a la crítica que suscita en el resto de comunidades autónomas, está creciendo por momentos. Por lo que yo sé, nadie cuestiona el Concierto, es decir, la recaudación fiscal autónoma de los impuestos, sino el cálculo del Cupo para pagar las cargas no asumidas, es decir, las competencias del Estado que este realiza con carácter exclusivo para el conjunto de España. La complejidad técnica de este cálculo genera debates muy primarios, manipulaciones mediáticas y políticas muy burdas. Este es para mí el terreno más peligroso para el futuro del Concierto. Por eso me permito hacer algunas recomendaciones.

La primera se refiere al uso que el País Vasco y Navarra hagamos de nuestra autonomía para fijar tipos e impuestos que puedan generar competencia fiscal con las regiones frontera o con el resto de España y Europa. Digámoslo con claridad: los márgenes para esa autonomía son cada vez menores y la armonización fiscal en toda Europa avanza inexorable. Hace solo unos meses, dirigí una carta al lehendakari y a la presidenta navarra anunciándoles una directiva de la Comisión Europea que pretende consolidar las bases del Impuesto de Sociedades en el conjunto de los 27 países de la Unión. Los escándalos fiscales de ‘Lux-Leaks’, es decir, la competencia desleal de Luxemburgo cerrando acuerdos con las compañías para que instalen allí sus sedes centrales, y los problemas de cobro del impuesto a las compañías tecnológicas y trasnacionales que han dado lugar a la Directiva (Country by Country) para asegurar el pago de los beneficios en cada país, son solo dos de los impulsos a esa armonización. Después llegaron ‘Panamá Papers’,‘Paradise Papers’, etc. en una alarma social cada vez más expansiva, reclamando a las administraciones normas comunes contra la evasión y la elusión fiscal. Esa lucha por la justicia fiscal nos obliga y nos limita cada vez más.
No olvidemos además que cuando hemos utilizado nuestra autonomía fiscal para competir con otros territorios hemos sido sancionados gravemente (vacaciones fiscales) y si lo hacemos en el futuro seremos denunciados –sin ninguna duda– ante la Comisión de la Competencia por «ayudas de Estado».

Mi segunda recomendación es que el País Vasco debe ser transparente y pedagógico en la utilización del Concierto. Los vascos no pagamos menos impuestos que el resto de españoles y eso no todo el mundo lo sabe. La reducción de un punto nominal en sociedades es una minucia que será compensada con menos deducciones y desgravaciones, por lo que las empresas en Euskadi pagarán probablemente un tipo real y medio superior al resto, pero esto tampoco se sabe. En todo caso, el anuncio a bombo y platillo de esa reducción en las mismas fechas en que se aprobaba el Cupo ha sido un error manifiesto de oportunidad.
El Gobierno vasco debiera dar más y mejores explicaciones sobre el Cupo que pagamos y la financiación per cápita que tenemos para nuestras competencias. La acusación que viene de otras comunidades, de expertos y de medios económicos, atribuye al País Vasco y Navarra una financiación casi un 50% superior a otras comunidades. Son cálculos interesados, inexactos y manipulados. Pero nuestra explicación brilla por su ausencia. El Concierto puede dar diferencias finales de financiación, porque su naturaleza y el riesgo de la recaudación propia conllevan también esa ventaja, pero nos corresponde ser más explícitos en nuestros números para amortiguar esa crítica.

Por último, y en relación con lo anterior, el Cupo debiera incluir más explícitamente nuestra contribución a la solidaridad interterritorial. Es cierto que algunas de las partidas de cálculo del Cupo ya lo hacen, por su propia naturaleza. Pero llegados a este estado de las cosas, sería inteligente –y justo– que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos. Como lo hace Europa con las regiones menos desarrolladas y como lo hizo España con Euskadi en la reconversión industrial o en la transformación urbana del Gran Bilbao.
Concierto, lealtad y solidaridad no debieran ser términos incompatibles. Mantener el Concierto es políticamente clave. Ser leales en su utilización con las regiones vecinas y con el conjunto de España y Europa es necesario. Ser solidarios con las comunidades más pobres es justo. Ese es el camino para evitar la simplificación y la demagogia contra una institución que forma parte sustancial de nuestro marco jurídico y político.


Publicado el 1/12/2017 en El correo.


 

Intervención comisión AFCO. 21/11/2017

Solución de controversias derivadas de la retirada de Reino Unido de la Unión Europea.

Intervención Sesión Plenaria. 14/11/2017

El Estado de Derecho en Malta.

"Desde el paraíso, con evasión"

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, las nuevas revelaciones conocidas como Papeles del Paraíso vuelven a poner de relieve la ocultación masiva del patrimonio a los ojos del fisco por parte de los más ricos, incluyendo rostros conocidos de la política, el deporte y las artes. Es la prueba palpable de que aun no hemos extraído las lecciones necesarias de anteriores escándalos.

El caso LuxLeaks, relativo a los acuerdos tributarios opacos y desleales suscritos entre multinacionales y algunos Estados miembros, con la finalidad de trasladar artificialmente los beneficios, y los ya citados Papeles de Panamá, pusieron nombres y cifras a la evasión fiscal masiva que de forma mecánica y cotidiana llevan a cabo bufetes especializados en el mundo entero. Que las grandes fortunas eluden impuestos no es desgraciadamente ninguna sorpresa. Ni tampoco que entre ellas hubiera políticos elegidos para trabajar por el bien común, casas reales sustentadas con los impuestos de todos y compañías de las que somos clientes. Pero la filtración masiva de datos confidenciales de compañías off shore y su publicación en medios de comunicación de todo el mundo impulsó la puesta en marcha de distintas comisiones especiales y de investigación en el Parlamento Europeo, que permitieron analizar y diseñar nuevas vías para poner coto a una práctica profundamente inmoral e injusta.

Porque esa es nuestra primera conclusión: sí se puede hacer algo. Mucho. La evasión y la elusión fiscales a gran escala no son males irremediables ante los que podamos encogernos de hombros. Estas prácticas utilizan en gran medida medios perfectamente legales o sacan partido a lagunas y normas que no se han adaptado a los tiempos. Hacerlo está en nuestra mano, y sin embargo, en estos últimos años apenas hemos avanzado. No hemos conseguido asegurar que los llamados trusts sean transparentes. Ni tampoco impedir que los paraísos fiscales sigan actuando con unos modelos de registro de compañías tan opacos como los actuales. Y lo que resulta exasperante, hemos asistido al bloqueo de algunos países, que impiden la elaboración de la lista negra de paraísos fiscales común por parte de la Unión Europea que debe servir de base para actuar contra la elusión. Necesitamos que se apruebe de forma urgente, de modo que sirva de base para aprobar las sanciones administrativas, políticas y comerciales que correspondan.

La más reciente de estas comisiones, la que ha investigado los Papeles de Panamá y de la que soy miembro, está a punto de concluir sus trabajos con dos documentos, un informe de conclusiones y otro de recomendaciones. Los socialistas españoles hemos planteado una serie de iniciativas que refuerzan los mecanismos contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Una medida claramente efectiva, más allá de la transparencia y el intercambio automático de información, sería que los Estados miembros prohíban abrir cuentas financieras y sociedades ficticias en paraísos fiscales a los ciudadanos europeos que no sean residentes en esos países, y que impongan multas en caso de incumplimiento. La pregunta es sencilla: ¿por qué motivo un ciudadano español o francés o italiano tiene una cuenta en un país catalogado como paraíso fiscal, en el que no reside ni tiene una actividad económica real, si no es para eludir el pago de impuestos?

También reclamamos prohibir que las compañías que operan en el mercado interior europeo realicen transacciones con entidades off-shore en las cuales no se pueda identificar al beneficiario efectivo de la sociedad, además de avanzar hacia la completa extinción de estas sociedades pantalla sin actividad productiva efectiva.

Consideramos también que la UE debe retirar la licencia para operar a los bancos que ayuden a sus clientes a defraudar o eludir el pago de impuestos. Y pensamos además que las empresas que utilizan esas jurisdicciones deben tener prohibida su participación en la contratación pública. La Unión Europea ofrece a las compañías y entidades bancarias el acceso a una zona económica de las más ricas del mundo, estable y jurídicamente segura, y por eso, más todavía, está en condiciones de exigir estándares de comportamiento que como mínimo no perjudiquen a sus arcas públicas y por tanto a sus ciudadanos. También por eso, cabe exigir que las compañías introduzcan en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa el compromiso con el pleno cumplimiento de sus deberes fiscales sin ningún tipo de elusión. Es un deber básico y elemental con la sociedad en la que operan.

En el nivel institucional europeo hay más acciones que se deben emprender. La Comisión Europea debe tener un papel más activo y permanente en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, y para ello debe crear un centro de coordinación que evalúe y haga un seguimiento de la políticas fiscales de los Estados miembros y se convierta en el futuro en una auténtica Agencia Tributaria Europea. Como primera tarea, tendría que hacer un seguimiento detallado de la reforma fiscal propuesta por Trump, por la posibilidad de que se lleve a cabo una amnistía que permita la repatriación de beneficios de las grandes empresas tecnológicas a un tipo impositivo muy bajo.

Por último, una cuestión básica: es imprescindible una legislación europea para proteger a los informantes que prestan un servicio público al revelar las irregularidades de empresas y gobiernos y que arriesgan su carrera profesional y sustento, y a menudo, su libertad, ya que algunos Estados miembros criminalizan esta conducta.

Pero con estas recomendaciones no termina nuestro trabajo. Los socialistas consideramos que es necesaria una comisión o grupo de trabajo permanente en el Parlamento Europeo que evalúe de forma continua las medidas que se ponen en marcha y las que se pondrán en el futuro. Queda mucho por hacer. Incluso creo que debiéramos solicitar la realización de una cumbre anti-paraísos y por la justicia fiscal en Naciones Unidas. Muchas de las medidas antifraude requieren acuerdos internacionales. No olvidemos que la evasión fiscal supone a la Unión Europea pérdidas de un billón de euros cada año, una cantidad que muy injustamente pagan los ciudadanos de a pie. No debe haber ni paz ni paraíso para el defraudador.

 

Nueva Tribuna para EuroEFE, 13/11/2017

    

Intervención comisión AFCO 13/11/2017

Comisión del Parlamento Europeo de asuntos constitucionales sobre el futuro de Europa.

 

Entrevista Cadena Ser 9/11/2017

Programa "Hoy por Hoy"


 

Nota de Prensa "Paradise Papers" 6/11/2017

Nota de Prensa, Bruselas 6/11/2017

El eurodiputado Ramón Jáuregui reclama que los Estados miembros de la Unión Europea prohíban abrir cuentas en paraísos fiscales a los ciudadanos europeos que no sean residentes en esos países, y que se impongan multas en caso de incumplimiento. “*Por qué motivo un ciudadano español o francés o italiano tiene una cuenta en un país catalogado como paraíso fiscal, en el que no reside ni tiene una actividad económica real, si no es para eludir impuestos?”, pregunta el eurodiputado socialista. “Las grandes fortunas y corporaciones se valen muchas veces de medios que son perfectamente legales para evitar pagar impuestos, y eso es algo que podemos evitar cambiando las leyes”, ha añadido.

“La publicación ahora de nuevos documentos aparecidos en la filtración de 13 millones de documentos conocidos como los Paradise Papers, constituye una prueba más del gigantesco montaje internacional que existe para eludir y evadir la fiscalidad nacional. La red de intermediarios, bancos, despachos jurídicos, fondos financieros, etc. tiene en los paraísos fiscales su base de operaciones para materializar la evasión, lo que obliga a trabajar en un amplio abanico de medidas para combatirlo”, asegura el eurodiputado.

Ramón Jáuregui forma parte de la comisión del Parlamento Europeo que durante más de un año ha investigado los llamados Papeles de Panamá, y ha presentado una treintena de enmiendas a los documentos de conclusiones y recomendaciones. Estas son las más importantes:

1. Solicitar a los Estados miembros que prohíban abrir cuentas financieras y sociedades ficticias en paraísos fiscales a los ciudadanos que no sean residentes en esos países, y que impongan multas en caso de incumplimiento

2. Una legislación común en la Unión Europea que establezca un máximo de 1.000 euros para las transacciones financieras en metálico

3. Prohibir que las empresas que operan en las jurisdicciones incluidas en la lista negra de la UE participen en la contratación pública en la Unión Europea

4. Pedir a la Comisión que haga un seguimiento detallado de la reforma fiscal propuesta por Estados Unidos (Blue Print) y la posibilidad de que se lleve a cabo una amnistía fiscal que permita la repatriación de beneficios de las grandes empresas tecnológicas a un tipo impositivo muy bajo.

5. Retirar la licencia para operar a los bancos que ayuden a sus clientes a defraudar o eludir impuestos.

6. Prohibir a las compañías que operen en el Mercado Único que realicen transacciones con entidades legales off-shore en las cuales no se pueda identificar al beneficiario.

7. Aprobar una Directiva sobre requisitos mínimos de protección a los filtradores (whistleblowers)

8. Pedir a las empresas que introduzcan en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa el compromiso con el pleno cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin ningún tipo de elusión.

9. Solicitar la creación de un Centro de Coordinación y Coherencia de Política Fiscal, en la estructura de la Comisión Europea, que pueda evaluar y hacer un seguimiento de las políticas fiscales de los Estados Miembros, y convertirse en una auténtica Agencia Fiscal Europea.

10. Pedir la inclusión de indicadores de buen gobierno fiscal en el llamado Semestre Europeo y en los Programas Nacionales de Reformas, que incluyan las medidas adoptadas por los Estados Miembros para combatir la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

El texto final se votará en el Pleno del Parlamento Europeo del mes de diciembre.

Entrevista Europa Abierta 6/11/2017

Entrevista para el programa Europa Abierta de Radio Exterior sobre los "ParadisePapers".

Entrevista Onda cero 1/11/2017

"No habrá ni apoyo político a Puigdemont ni cuestionamiento a la democracia española"

¿Qué pides a Europa, Puigdemont?

La rueda de prensa de ayer en Bruselas sirvió para que Puigdemont tocara la puerta de la Unión Europea con más ruido que otra cosa. Fue tan concurrida como estrafalaria. Tan esperada como decepcionante. ¿Qué quieres de Europa, Puigdemont? podría ser la pregunta con la que todos nos quedamos tras el mitin antiespañol que motivó tan tumultuosa convocatoria.

Si quieres el asilo político, no puede ser, porque la UE no acepta que ninguno de sus países miembros genere situaciones que motiven el asilo político. El asilo es solo para quienes huyen de la represión o de la guerra de terceros países. Si quieres que te ayuden los partidos nacionalistas belgas, ten cuidado con las connotaciones fascistas de algunos de sus miembros. Si quieres que la Unión Europea sancione a España por su actuación judicial contra los delitos cometidos en el ‘procés’, no lo hará, porque considera que el poder judicial español es independiente del Gobierno y que las leyes penales españolas son plenamente democráticas. Si lo que pretendes es quedarte aquí, en Bruselas, puedes hacerlo, no hay problema. Eres libre y puedes estar donde quieras. Pero si un día las autoridades judiciales te llaman a declarar, tendrás que acceder, a riesgo de que las autoridades belgas te detengan para cumplir con una orden europea surgida de un tribunal.

Si lo que quieres es que la Unión Europea incorpore el tema catalán a la agenda de los 28, no lo hará, porque considera que es un asunto interno de España y que debe resolverse en el marco de la Constitución y de las leyes españolas. Pedirán diálogo y acuerdo, sí, pero siempre respetando la voluntad y las decisiones del Gobierno español, que es, no lo olvidemos, el socio del club.

Si se trataba de aceptar el reto electoral del 21-D y fijar el discurso independentista, estás en tu derecho, pero colocar a todos tus adversarios (PSC- PP y C’s) bajo un mismo paraguas llamado 155, es demasiado pronto y sobre todo, demasiado burdo.

Si tu disposición a aceptar los resultados del 21-D era la base de una pregunta incisiva contra el Gobierno de España, cuestionando que éste acepte los resultados electorales, permíteme otra pregunta: ¿Cuándo y quién no ha aceptado el resultado de las urnas en España en los últimos 40 años? ¿Crees que alguien en Europa se puede tomar en serio esa retórica pregunta contra el Gobierno de España?

Denigrar a España es tu especialidad, pero ¿por qué no te preguntas si es razonable llevar a la independencia unilateral a un país con una mayoría parlamentaria tan exigua y sin mayoría social? Si finalmente, pretendes que Europa comprenda y acepte la reivindicación independentista de Cataluña, te diré que aquí nadie quiere más Estados en una Unión ya demasiado numerosa y heterogénea. Mucho menos si se trata de regiones o naciones que se separan de un Estado miembro. Porque luego viene Córcega o Véneto, o Escocia, Lombardía, País Vasco, Bretaña... y hasta Baviera. No, aquí nadie quiere oír hablar siquiera, de esos procesos de independencia regional.

Pero si lo que querías Puigdemont es simplemente llamar la atención, maldecir al Gobierno de España y tocar la campana mediática, eso sí lo has conseguido. Pero sirve de poco, créeme, cuando nadie quiere oír esa campana.

 

Publicado en El Correo, 1/11/2017

 

¿Qué hacer?

Confieso, de entrada, mi pesimismo. Todo parece indicar que los dos coches caerán en el barranco, siguiendo la famosa escena de ‘Rebelde sin causa’, tan citada estos días y tan apropiada para visibilizar el encontronazo político Cataluña-España. No es fácil predecir cuál saldrá peor parado, pero me temo que los daños serán cuantiosos para todos.

La sucesión de cartas y requerimientos ha sido una teatralización confusa de posturas irreconciliables. El nacionalismo catalán solo quiere negociar la independencia y el Gobierno español no puede negociarla ni mucho menos puede aceptarla, por lo que recurrirá al artículo 155 y suspenderá parcial o totalmente las instituciones de autogobierno y asumirá sus competencias, nadie sabe cuáles, ni por cuánto tiempo, ni cómo lo implementará. Todo son incógnitas en un escenario fatal. Nadie sabe tampoco cuáles serán las consecuencias políticas de un camino inédito, para el que no existe mapa porque ni siquiera hay territorio para dibujarlo. Sabemos, eso sí, que los daños económicos y sociales son enormes en Cataluña y que la herida en la delicada piel de las relaciones Cataluña-España tardará en curar, si es que lo hace algún día.

 ¿Hay todavía alguna esperanza de evitarlo? Tiempo tenemos, porque la aplicación del 155 exige una tramitación parlamentaria que ofrece márgenes temporales amplios y porque el debate parlamentario es siempre el foro adecuado para solemnizar propuestas y encontrar vías alternativas al cruce de declaraciones y amenazas en el que estamos hoy. Pero hay una pregunta crucial: ¿Está la Generalitat dispuesta a negociar algo distinto a la independencia de Cataluña? Porque, si lo estuviera, ya habría llegado el momento de poner sobre la mesa la enorme fuerza que atesora después de estos siete años de ‘procés’ y obtener así un nuevo marco constitucional-estatutario para los próximos veinte o treinta años.

Algunos dirigentes del PNV confiaban en que el nacionalismo catalán aprovecharía su acumulación de fuerzas para conseguir una negociación de este tipo. No creían que el desenlace fuera este. Pero, al igual que muchos otros, se equivocaron. La vía independentista era sin marcha atrás, sin freno, hacia la unilateralidad impuesta por las bravas a sus conciudadanos y a España. Se trataba, y desgraciadamente se trata, de un camino sin retorno que buscaba la carambola de un apoyo internacional que materializara su quimera o morir en el intento, quemarse en la hoguera purificadora de la represión española, para que el sentimiento independentista alcance la dimensión social mayoritaria que actualmente no tiene. En el fondo este es el dramático juego en el que estamos.

Ya no importa analizar quién fue el primero. Ya hemos leído y oído suficiente sobre los errores que todos cometimos en los últimos quince años. Porque todos, nadie se salva, lo hemos hecho fatal desde que, con las mejores intenciones, iniciamos en 2005 la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, hasta acabar con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. Lo cierto es que sobre aquella «decepción y desafecto», el nacionalismo catalán ha construido una estrategia de agravio y separación fáctica de España, que ha llegado a su meta. Si España cede, negociará las condiciones de nuestra marcha. Si nos reprime, haremos más grande el mito y algún día será posible lo que hoy no lo es.

El problema es que, llegados hasta aquí, nadie controla los movimientos. De hecho, ya estamos en un escenario descontrolado. Comienzan los escraches, las empresas se van, un juez aplica la ley y encarcela a dirigentes independentistas, se convocan manifestaciones de protesta todos los días, nadie asegura que no haya violencia en algún momento, los sentimientos se exaltan, la ruptura social se acrecienta, las redes se incendian con chistes y vídeos antagónicos, la gente se asusta... Nadie sabe cómo acaba esto. ¿Cuál será el sentimiento de los catalanes dentro de tres o cuatro meses, si son llamados a las urnas? ¿Y si esto dura dos años, cuál será entonces su visión de lo que ha pasado? La independencia unilateral y por las bravas es imposible. No solo por razones de legalidad incuestionable. No solo porque Europa no lo quiere ni lo aceptará. No solo porque España no negociará jamás con buena fe una separación impuesta por esta vía. No solo por todo eso y mucho más. No es posible porque arruinará al país, fracturará a la sociedad catalana y situará a sus instituciones en el vacío geopolítico y económico. Sus ciudadanos, ante tal desastre se rebelarán contra esa locura y sus responsables, con consecuencias imposibles de predecir.

Solo queda un camino. En algún momento, ojalá que Rajoy vaya al Congreso (no solo al Senado) y explique sus planes. Que diga claramente cómo piensa aplicar el artículo 155, especificando qué, cuánto y cómo. Pero, por favor, que al mismo tiempo ofrezca a Cataluña una vía de negociación clara y cierta de un nuevo Estatuto en el marco de una reforma constitucional. Que les diga a los catalanes que les ofrece no uno, sino dos referendos. El primero, junto a todos los españoles, para aceptar una nueva Constitución, y el segundo solo a ellos, simultánea o sucesivamente al primero, para que los catalanes encuentren una nueva manera de ser Cataluña y estar en España y en Europa. Para ganar esta batalla, hay que reconquistar a los catalanes, romper el bloque nacionalista y ganarse a la mayoría que no quiere la independencia, pero que quiere más Cataluña.

 

Publicado en El Correo, 21/10/2017

Entrevista Ganbara. Radio Euskadi.19/10/2017

Entrevista para el programa Ganbara de Radio Euskadi.19/10/2017

Intervención comisión PANA 12/10/2017

Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.



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Intervenciones comisión AFCO 11/10/2017

Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión Europea.

 

Reunión del Comité Interparlamentario sobre "El futuro de Europa: perspectivas sobre las propuestas del Parlamento Europeo y el Libro Blanco de la Comisión."

Lo que estamos haciendo mal.

 La principal responsabilidad de lo que está ocurriendo en Cataluña es del nacionalismo catalán, que decidió abrazar la causa independentista de manera unilateral y rupturista contra la legalidad constitucional y contra España. Pero dicho esto, estamos muy lejos de resolver el problema que late en las demandas sociales de ese país. Quienes queremos ganar democráticamente al independentismo, quienes estamos contra ese populismo patriótico y defendemos valores de convivencia, solidaridad, ciudadanía, Estado de Derecho, etcétera, tenemos que ganar las batallas intelectuales y morales que generan las convicciones colectivas de la mayoría. Hay tres de estas batallas que estamos perdiendo.

La primera es la más grave. El nacionalismo catalán está sumando adeptos ante la ausencia de una vía reformista de su autogobierno. El catalanismo no independentista está abandonado. De hecho, el porcentaje de quienes se declaran abiertamente favorables a la independencia ha pasado del 20 al 40% en diez años. Es sabido que el origen del desafecto con España viene del frustrado Estatut, en el que todos cometimos errores. Pero a esa decepción estatutaria de 2010 se ha sumado una inmensa cantidad de gente no independentista ante la ausencia de una vía ‘reparadora’ de aquel fracaso.

El ‘laisser faire, laisser passer’ de Rajoy estos últimos cinco años ha vaciado de contenido y expectativa la propuesta federal y la negociación de un nuevo Estatuto para Cataluña en el marco de una Constitución reformada. Esta pasividad ha sido muy bien aprovechada por los estrategas del ‘procés’ a través de un artefacto dialéctico imbatible: el derecho a decidir (queremos votar). Esta combinación argumental solo puede ser derrotada si se abre otra vía alternativa de negociación en serio, con votación final del acuerdo alcanzado.

La segunda, es el fracaso rotundo del Gobierno en la gestión operativa del domingo pasado. No hace falta describir ese fracaso en un referéndum que finalmente se celebró y cuyos intentos para impedirlo han provocado unas imágenes absolutamente perjudiciales a la causa de la ley y a las razones del Estado. He vivido en el Pleno de Estrasburgo de esta semana un reproche total a España por la actuación policial. Hasta el punto de que hemos puesto en cuestión la imagen moderna y democrática de nuestras libertades y de nuestras instituciones, bien ganada en los últimos decenios. Es más, el tema catalán ha entrado en las primeras páginas de todos los diarios y televisiones del mundo, y le ha dado una relevancia internacional que hasta este infausto 1-O no tenía.

Sentí enorme tristeza por lo que oí decir de mi país, aunque era, en muchos casos, injusto, exagerado y oportunista. Pero tuvieron la ocasión de decirlo. Es más, hoy, en todas las cancillerías del mundo, en todos los parlamentos de los países europeos, cuando son interpelados sobre el tema, acaban convergiendo en una retórica apelación al diálogo, olvidando la naturaleza independentista del reto y las palmarias ilegalidades de sus convocantes. Hemos perdido una batalla crucial.

El tercer error es el discurso del Rey. Yo no lo habría aconsejado. Y de hacerlo, hubiera sido mucho más equilibrado y conciliatorio. Al Rey no le corresponde esa actitud inculpatoria, ese tono acusador, casi casi premonitorio de una intervención excepcional del Estado. Eso, en todo caso, le corresponde al Gobierno. El Rey no puede perder pie en Cataluña. Necesitamos a la Corona como vínculo institucional, como tracto histórico, como paraguas de unidad. No sé cuál será el modelo de convivencia futura con Cataluña. Nadie sabe cómo será el statu-quo jurídico político de Cataluña con el Estado, pero es seguro que tendrá en la Corona de España uno de sus pilares. Reino Unido y Bélgica son dos buenos ejemplos de lo que digo, y Felipe VI tenía los dos pies en Cataluña... hasta el martes pasado.

Si además de lo que dijo, su discurso hubiera contenido algún mensaje más amistoso hacia su pueblo. Si hubiera apelado a las Cortes para dialogar y pactar. Si hubiera mencionado siquiera las posibilidades de reforma de nuestras leyes para adaptarnos a la nueva realidad... Si hubiera tendido la mano, en definitiva, hoy seguiría siendo una pieza intocable del juego. Esperemos que lo siga siendo. Por el bien de todos.

 

Publicado para El Correo, 7/10/2017

 

Por una norma internacional en favor de los Derechos Humanos.

Desde hace tres años, y tras la ajustada aprobación de la Resolución 26/9, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas viene trabajando en favor de una norma internacional que vincule a las grandes empresas multinacionales y otras empresas comerciales en el cumplimiento de los derechos humanos en su cadena de producción y subcontratación en el mundo.

Especialmente, en aquellos países cuya capacidad de proteger y hacer respetar los derechos humanos es menor porque su configuración institucional es débil.

Es un bello intento y un logro histórico, impulsado en gran medida por la sociedad civil, después de décadas de discusiones y fracasados intentos en el seno de Naciones Unidas. Y es también una iniciativa tan necesaria como difícil. Pero si la comunidad internacional se dotara de un instrumento jurídico vinculante para establecer un suelo mínimo de dignidad social y laboral en el mundo, daríamos un paso gigantesco en la regulación de la globalización.

La competencia no pude basarse en el dumping social eternamente. Eso destruye la cohesión social y explota la dignidad humana. La competitividad de las empresas no puede basarse en la destrucción del medioambiente poniendo en peligro la sostenibilidad ecológica del planeta. Combatir esas tendencias tan tentadoras para el beneficio empresarial ha formado parte de la cultura RSE, pero todos sabemos los límites de la voluntariedad empresarial.

En unas semanas se celebrará la tercera sesión reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de abordar la creación del nuevo instrumento y presidido por Ecuador. En ella se discutirá por primera vez la propuesta inicial de estructura del tratado y algunos ejes temáticos como el ámbito de aplicación, los actos y actores sujetos a su aplicación, las obligaciones de los Estados y de las empresas, el acceso a la justicia, los mecanismos de promoción, implementación y monitoreo, etc. El objetivo final es conseguir que se inicie una negociación sustantiva sobre el instrumento vinculante. Pero no será fácil lograrlo. En las anteriores sesiones se pusieron de manifiesto las dificultades jurídicas y políticas que rodean el debate. Cuestiones como la inclusión de todas las empresas y no solamente las de carácter transnacional, las obligaciones de los Estados en relación a las empresas transnacionales que operan en sus jurisdicciones y la puesta en práctica de los sistemas de compensación, preocupan a las grandes potencias y, en particular, a la Unión Europea.

Pero hay que dar pasos hacia el compromiso empresarial de las empresas con los derechos humanos. No podemos negar que el camino de la voluntariedad, que se implantó con la adopción de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, y que tanto ha avanzado en las últimas décadas con los Principios Rectores, ha logrado importantes avances. Pero la poca determinación tanto de los Estados como de las empresas parece haber agotado el proceso.

En definitiva, la vía voluntaria de la RSE es buena, pero la obligatoriedad jurídica es necesaria. ¿Son complementarios ambos enfoques? En mi opinión, sí. Creo, además, que la convergencia de los mismos es la única vía para continuar avanzando en la erradicación de la impunidad, la identificación de los vacíos legales en la normativa internacional, la mejora de la protección de los derechos humanos en la esfera económica y la creación de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos incurridas por este tipo de empresas.

Por último, os invito a consultar el documento que ha preparado la Presidencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos:

 

http://bit.ly/2zsaPSz

Existe una campaña pública dirigida a cargos públicos de todo el mundo en apoyo del establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Podréis encontrar más información en este link: http://bindingtreaty.org/es/#

Publicado en Diario Responsable.                                                       

La izquierda, en su laberinto.

 

Abundan los pronósticos catastrofistas sobre la izquierda socialdemócrata europea después del 21% logrado por del SPD en las elecciones de Alemania. Antes sufrimos la debacle socialista francesa y la de Holanda, donde somos el quinto partido. Son, sin duda, referentes muy importantes, pero coinciden con el éxito de los socialistas portugueses, gobernando con notables resultados económicos o con las expectativas electorales de J. Corbyn en Reino Unido y Renzi en Italia, sin olvidar los gobiernos con presencia de socialistas en Austria, Eslovaquia, Suecia, República Checa, Malta y Rumanía.

De manera que, primera observación, el socialismo democrático sigue muy vivo en Europa, donde, por cierto, representamos la segunda gran fuerza parlamentaria, con 190 diputados, a muy poca distancia de la primera, el PP europeo, con 216, y muy lejos de la tercera, los liberales, con 68.

En todo caso, los resultados alemanes llaman a la reflexión y lo que importa es diagnosticar las causas y encontrar las soluciones. Lo peor de las primeras, es decir de las razones de los malos resultados, es que las fugas son en todas direcciones y obedecen a causas heterogéneas, a veces antagónicas. Por ejemplo, las grandes coaliciones de gobierno con la derecha no son rentables. Gobernar junto a tu rival ideológico puede ser muy patriótico, pero te difumina. Casi todos los que nos piden que seamos «responsables» frente a la crisis institucional o exigencias de gobernabilidad votan a la derecha. Tampoco nos ayuda ser partidos ‘de toda la vida’. La tarea histórica que hemos desarrollado después de la Segunda Gran Guerra, creando la Unión Europea y el Estado de Bienestar, en democracias modernas de libertades y derechos, ha perdido empuje y capacidad vertebradora de las grandes masas sociales. Sucede también que la inmigración pone a prueba nuestros valores de solidaridad y dignidad humana y muchos votantes nos abandonan al sentir la competencia de quienes trabajan por menos o se llevan las ayudas sociales que antes les correspondían. No es casual que el 20% de los votos de la AFD alemana (ultraderecha) vienen del SPD. Igual que pasó con los votantes de Le Pen en Francia o con el ‘Brexit’.

Por último, los ciudadanos nos exigen una gestión eficiente de la economía, que asegure crecimiento y empleo. Desgraciadamente, no siempre es compatible hacerlo manteniendo el gasto social, y en esta dicotomía la derecha aparece demasiadas veces como más capaz y solvente. El centro sociológico electoral es enormemente sensible a votar al que gobierne ‘mejor’ la economía si esta crece, aunque sea a costa de ‘empeorar el trabajo’.

Son solo algunas de las razones de esta reflexión urgente. El telón de fondo son los cambios de nuestras sociedades del bienestar y las nuevas coordenadas de la globalización económica. Sobre los primeros, es decir, sobre la nueva composición social está influyendo decisivamente los efectos de la crisis económica de estos últimos diez años. Por una parte, se ha quebrado el paradigma del progreso. La idea de que la vida mejoraba en calidad, estabilidad, renta, derechos... hacia un horizonte de progreso ha sido sustituida por la incertidumbre, el temor y la precariedad, especialmente para las generaciones más jóvenes. Por otra, se ha producido un empobrecimiento evidente de salarios y rentas, de condiciones laborales, de acceso a la vivienda, de protección social pública. Los trabajadores y las clases medias están descontentos y esa censura la pagamos, más que nadie, los socialistas que gobernamos. Nacen así nuevos partidos en los extremos de la derecha y de la izquierda que fragmentan los parlamentos y hacen más compleja la gobernabilidad. España es uno de los ejemplos europeos con estas circunstancias, pero este problema se está extendiendo a otros muchos países de Europa.

 

A su vez, la globalización económica y la Unión Europea (sobre todo la económica-monetaria) han alterado el juego de la política social del siglo XX. El sueño socialdemócrata de una economía social y de mercado se construyó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado en el espacio del Estado-Nación, hasta alcanzar altas cotas de seguridad y protección en el empleo y en la vida. Pero la globalización y la competencia mundial han cambiado el juego, la baraja y hasta el tapete de esa dialéctica entre política, capital y sindicatos que construyó el pacto de bienestar. Nuestros votantes nos reclaman que sigamos esa lucha y nuestros deseos se dan de bruces con la competitividad, con los mercados, el dumping social y una globalización desgobernada. Si me apuran chocamos hasta con un mundo tecnológico desconocido que nos plantea retos de largo alcance sin que encontremos mesas de resolución en una supranacionalidad sin política.

Y sin embargo, las razones de la izquierda siguen ahí. Las aspiraciones a un mundo en el que la robótica y la inteligencia artificial permitan trabajar a todos, a que el trabajo sea digno, aquí y en Tegucigalpa, a que un sistema de protección social cubra a los trabajadores «desde la cuna hasta la tumba», como decía William Beveridge, y a que todo eso sea posible con libertades y en democracia, siguen siendo, entre otras metas, razones de una izquierda necesaria. El laberinto que busca salidas se complica, sin embargo, cuando descubrimos que muchas de las soluciones, además de innovadoras, deben ser supranacionales. Pero esa agenda progresista para gobernar la globalización está lejos de suscitar emociones. Quizás la pasión nacionalista que nos rodea sea precisamente consecuencia de nuestra incapacidad para llenar esos corazones de los grandes ideales de justicia social e igualdad de oportunidades.

 

Publicado en El Correo, 3/10/2017

Intervención Sesión Plenaria 3/10/2017

Estado de las negociaciones con el Reino Unido. Declaraciones sobre la situación de Cataluña.

El Parlamento Europeo sin Reino Unido.

Se discute estos días en el Parlamento Europeo y en el Consejo sobre la Ley Electoral Europea para las elecciones de 2019 y el reparto de escaños consecuente al Brexit. La gran cuestión que se plantea es qué hacer con los 73 escaños que el Reino Unido liberará una vez que se haga oficial el Brexit. ¿Deben eliminarse? ¿Deben repartirse, parcial o totalmente, entre los 27 para así compensar la infrarrepresentación que sufren varios Estados miembros, entre ellos España? ¿Qué ocurrirá si el Reino Unido no ha formalizado su salida antes de las elecciones de 2019?

Hace unos días se presentó en Estrasburgo el primer borrador de la propuesta del Parlamento cuyos Ponentes son el portugués socialdemócrata, Pedro Silva Pereira, y la ex comisaria polaca popular, Danuta Maria Hübner. El informe contempla que la Decisión del Consejo debe adoptarse antes del verano de 2018 para que los Estados se preparen para las elecciones de junio del 2019. Partiendo de estas premisas, los Ponentes han formulado dos principales propuestas:

Primero, posponer a la próxima legislatura la adopción de un sistema permanente para la distribución de los escaños del Parlamento, basado en alguno de los algoritmos propuestos por los expertos, y de un vínculo entre la distribución de los escaños en el Parlamento y las normas de votación en el Consejo, lo que, conviene aclarar, requeriría de una reforma de los Tratados. El actual contexto de incertidumbre política resultante de la notificación del artículo 50 por el Reino Unido hace inviable la tramitación de ambas reformas.

Segundo, cuando la retirada del Reino Unido de la Unión ésta sea jurídicamente efectiva, entraría inmediatamente en vigor una nueva distribución de los escaños basada en tres premisas: respetar el principio de proporcionalidad decreciente, garantizar que no habrá pérdida de escaños para ningún Estado miembro y redistribuir una parte mínima de los escaños vacantes británicos.

En la práctica, 22 de los 73 escaños del Reino Unido se repartirían entre 12 Estados miembros (España- que aumentaría su representación con 4 escaños-, Francia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Austria y Croacia) para compensar a los países penalizados por el sistema actual con una representación menor.

Además, la nueva distribución permitiría reducir el tamaño del Parlamento a 699 miembros más el Presidente, dejando así un margen de maniobra suficiente de 51 escaños para adaptarse a, por un lado, posibles ampliaciones de la Unión y, por otro, al futuro establecimiento de una circunscripción conjunta en la que las listas estuvieran encabezadas por el candidato de cada familia política al puesto de Presidente de la Comisión. Sin duda, esto último dotaría de mayor legitimidad a la labor del Parlamento Europeo y a la elección del Presidente de la Comisión y visualizaría la idea federalista europea. Es lo que en el argot político del Parlamento, llamamos “listas transnacionales”. Se trataría de listas conformadas por personas europeístas muy reconocidas, que cada familia política elaboraría al margen de la nacionalidad de su representación, dando lugar así a una segunda urna en la que los europeos elegiríamos partidos políticos, candidato a presidente de Europa y notables europeos.

Recuperar la confianza en el proyecto de integración europea

La otra gran cuestión es la que se refiere a la transitoriedad del Reino Unido en su negociación del Brexit. Los servicios jurídicos nos dicen que mientras no se formalice la retirada del Reino Unido, sus ciudadanos tienen derecho a participar en las elecciones europeas, porque su país es miembro de la Unión. Pero sería bastante absurdo que después de tanto ruido, en el 2019, los británicos votaran a sus representantes para quedarse cinco años más en el Parlamento Europeo. Sin olvidar que si eso ocurriera, se produciría un conflicto entre los elegidos y su legitimidad para quedarse si en el intervalo se produjera el acuerdo de retirada. Pero, en fin, no parece que el gobierno de la Señora May facilitaría tal posibilidad, porque en la práctica esa votación sería como un nuevo referéndum sobre la vieja pregunta del remain o el exit y a eso no se van a arriesgar los conservadores británicos.

En definitiva, y pese a que las cuestiones económico-financieras y migratorias protagonizan el debate político actual, este tema debe ser incorporado al debate público europeo. En particular, porque hablamos de reformar la composición de la única institución de la Unión elegida directamente por los ciudadanos y porque garantizar que la distribución de escaños se base en principios justos, transparentes, objetivos, sostenibles y equitativos permitirá que los ciudadanos de la Unión recuperen confianza en el proyecto de integración europea.

Sin duda, en los próximos meses asistiremos a un interesante y apasionante debate porque somos muchos los que creemos que no debemos desaprovechar esta oportunidad para avanzar y adoptar la creación de una circunscripción electoral común con composición plurinacional encabezada por el candidato de cada familia política a la Presidencia de la Comisión.

 

Para: EuroEfe

Intervenciones Comisión AFCO 28/09/2017

 

 

Entrevista para FOCOSTV sobre Eurolat San Salvador.

 

 

 

Décima Asamblea Eurolat en El Salvador

  

El Salvador ha acogido del 18 al 22 de septiembre la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro entre legisladores de Europa y América Latina, donde también ha participado la sociedad civil.

EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional y se está formada por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos los entes regionales como el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

El miércoles 20 de septiembre se inauguró la Décima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Salón Azul del Legislativo salvadoreño.

Desde el pasado lunes, han trabajado las comisiones permanentes del ente birregional sobre temas como la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, derechos humanos, economía, medio ambiente, desarrollo sostenible, cooperación, derechos de las mujeres, entre otros.

Durante el acto solemne, intervinieron: el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador: el diputado Guillermo Gallegos, el copresidente de EuroLat por el componente europeo: diputado Ramón Jáuregui, el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Priscilla de Miró, y el secretario técnico de presidencia, Roberto Lorenzana, en representación del presidente de la República de El Salvador.

 

 

 

Posteriormente se realizó una rueda de prensa de los dos Copresidentes, Ramón Jáuregui y Roberto Requião.

 

La Décima Sesión Plenaria de EuroLat concluyó el jueves 22 coordinada por el copresidente de por el componente europeo Ramón Jáuregui.

Intervinieron en la clausura también: el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião y la Secretaria General de (SEGIB)  Rebeca Grynspan.

 

 

 

 

Fuente: Asamblea Legislativa

Buenos Propósitos.

 

Hace un año, en el debate sobre el estado de la Unión, Juncker dijo que Europa vivía una crisis existencial. Hasta ese punto llegaba el pesimismo europeo. La crisis económica, el brexit, el fracaso migratorio, la amenaza populista antieuropea de la extrema derecha en Francia y Holanda... Era un panorama aterrador que llevó a Juncker a expresar con una crudeza inusitada sus dudas sobre Europa.

 

 Hoy hemos escuchado el discurso antagónico. La Europa del futuro ha iniciado un nuevo rumbo. Ese podría ser su titular destacado. Quiere más Europa, con más democracia y mejor arquitectura institucional. Los vientos optimistas de una economía que crece han llevado a Juncker a proponer una Europa que fortalece su moneda y amplía su mercado interior, que se expande comercialmente al resto del mundo, que fortalece su defensa militar y coordina sus fuerzas policiales contra el terrorismo, que apuesta por la innovación en la industria europea, que lidera la lucha contra el cambio climático, que crea una Agenda Digital para la batalla del futuro... Mil planes, mil proyectos, cargados de un futuro dibujado sobre la vieja idea federalista de más y mejor Europa. ¡Bien!

 

Qué pena que ha faltado una mirada más introspectiva y crítica sobre la Europa social. Sobre el desempleo de los jóvenes, sobre su precariedad y bajos salarios. Qué pena que no se hayan producido anuncios para fortalecer el pilar social que reivindica un salario mínimo digno en la UE, una política de apoyo al empleo de los jóvenes, un seguro de desempleo europeo... Esa Europa también está por hacer y ese es nuestro compromiso. Queremos más y mejor Europa, pero queremos una Europa con alma social.

 

Publicado en 20 minutos.es
 

Intervención Sesión Plenaria 12/09/17.

Relaciones políticas de la Unión Europea con América Latina (debate)

Intervención Pleno 12/9/17 y Declaraciones Venezuela.

Latin America and the Caribbean is a crucial partner of the European Union, and this is why the European Parliament will vote tomorrow on a report which calls for further strengthening of our co-operation with the region.

 

 

Intervención Sesión Plenaria Estrasburgo. 12/09/2017.Debate sobre Situación de Venezuela.

 

 

 

Nota de Prensa.

Intervención Comisión AFCO 11/09/2017

Sobre la Composición del Parlamento Europeo.

Declaraciones sobre Cataluña. EuroEFE.

 Bruselas (EuroEFE) .- El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha dicho este jueves sobre la situación en Cataluña que "en Europa todo el mundo entiende que es una cuestión interna y que la Constitución española no permite el referéndum".

En declaraciones a un grupo de periodistas, el exministro socialista afirmó que la posición oficial de las instituciones comunitarias y los grandes grupos políticos en la Eurocámara pasa por "aceptar que la Constitución no permite referéndum unilateral de independencia", así como por comprender que "lo que le corresponde decidir a todos, no lo pueden elegir solo algunos".

Según el eurodiputado, existe además "unanimidad" y "comprensión total" en "aceptar que España está aplicando la ley".

Asimismo, destacó que "no hay sostenibilidad en el proyecto" de los independentistas catalanes "y su pretensión de que un nuevo Estado pueda quedarse en la UE".

Jáuregui dijo demandar "un diálogo político para encauzar la situación", lo que bautizó como "un nuevo pacto de España con Cataluña".

Este miércoles tuvo lugar la aprobación en el Parlamento catalán de la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.