"El Grupo Socialista recurre contra la reforma local del PP que priva a los Ayuntamientos de servicios sociales “para hacer frente a la pobreza” y “ayudar a los que más lo necesitan"
Madrid, 20 de marzo de 2014.- El portavoz de Constitucional y número 2 de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones europeas, Ramón Jáuregui, ha presentado junto con el secretario de Política Municipal del PSOE y diputado por Jaén, Gaspar Zarrías, el recurso que más de 130 diputados, en representación de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso -Socialista, Izquierda Plural, UPyD y Mixto-, han presentado contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno del PP.Ramón Jáuregui ha recordado que este recurso se añade al que han presentado los ayuntamientos de más de 2.500 municipios españoles, en representación de más de 16 millones de españoles.
Ramón Jáuregui ha explicado que la reforma local “priva a los ayuntamientos de su propia financiación” y ya está provocando “enormes dificultades para la gestión de los Ayuntamientos en España”. “El mismo día en el que se ha publicado un informe de Cáritas que dice que en España tenemos junto a Rumanía el mayor riesgo de pobreza y la mayor pobreza, especialmente en la población joven e infantil”, ha señalado, “recurrimos contra una ley que priva a los Ayuntamientos de su capacidad de gestión de la política social, que les priva de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la pobreza y de la gente necesitada, porque les elimina las competencias, los recursos y la capacidad de actuación”.
El portavoz ha recordado que el recurso es “ampliamente representativo de un gran mayoría social española” y que por lo tanto, “la mayoría política del PP es minoría social en este recurso”. Además, es la primera vez en la historia democrática de España que se presenta un recurso en nombre de los ayuntamientos de España al Tribunal Constitucional. Un recurso “que va a reclamar un pronunciamiento que declare inconstitucionales los artículos que vulneran competencias autonómicas y de autonomía local y que impiden a los ayuntamientos llevar a cabo una política social absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy”.