Nada impide a los españoles de hoy decidir libremente la forma de Estado, pero la alternativa republicana no es en absoluto pacífica para un país atribulado por sus constatadas tendencias pendulares.
Los graves acontecimientos que están ocurriendo en torno a la Familia Real española están disparando las especulaciones más extremas sobre el devenir de nuestra Monarquía. Desde la separación familiar de algunos de sus miembros, hasta la renuncia de la Infanta a sus derechos sucesorios. Desde la conveniencia u oportunidad de la abdicación del Rey, hasta la permanencia misma de la Monarquía Parlamentaria.
Mi comentario puede resultar extraño a muchos. Intuyo que no será muy popular, pero siento la necesidad de compartir con ustedes una llamada a la prudencia. Pienso que poner sobre el tapete nuestra forma de Estado es profundamente perturbador y no nos traerá nada bueno.
Primero, porque rompe uno de los pilares de nuestro pacto democrático del 78. Los que vivimos la Transición y tenemos memoria sabemos bien que el franquismo se hizo el harakiri, porque Juan Carlos se convertiría en Jefe del Estado. Democracia, autonomías y Monarquía parlamentaria, formaron parte de una misma ecuación que todos aceptamos. Reconozco que para muchos todo esto es pasado y tienen derecho a pensar que nada impide a los españoles de hoy decidir libremente la forma de Estado que queremos para nuestro país. Pero eso implica olvidar que los lazos que unieron a españoles tan enfrentados por la historia siguen siendo necesarios todavía. Eso implica despreciar las virtudes integradoras que, en mi opinión, la Monarquía sigue ejerciendo en España y creer, equivocadamente, que tal función ya no es necesaria.
Segundo, porque la alternativa republicana no es en absoluto pacífica para un país atribulado por su historia y por sus constatadas tendencias pendulares. Esa alternativa no está tampoco definida en su organización y articulación con el poder Ejecutivo y Legislativo. Los modelos existentes en el derecho político comparado nos ofrecen fórmulas muy diferentes, pero cualquiera de ellas alteraría sustancialmente la arquitectura jurídico-política de nuestro país. Si la decisión fuera la elección popular de una figura simbólica, sin poderes ejecutivos, resultará extremadamente difícil que un representante de partido tenga el respeto general, la capacidad de equilibrio y de representación nacional y el prestigio internacional de los que gozamos hoy. Mucho menos si pensamos en el creciente desafecto que sufrimos los líderes políticos de los partidos.
Tercero, porque revisar la cúpula de la organización del Estado es como abrir una caja de Pandora a las diferentes propuestas de todo el mundo para revisarlo todo. Es como abrir puerta a cambiarlo todo, y comenzar de nuevo la edificación de nuestra convivencia. Porque, si hasta esa piedra de bóveda se retira ¿cómo no vamos a reconstruir las paredes del edificio? Y, pasando de la metáfora a la realidad: ¿Por qué no revisar el sistema parlamentario, el sistema electoral, la organización territorial del Estado o la democracia misma? Esta especie de adanismo político que se está instalando en un país que sufre la crisis, que se empobrece, que no ve futuro a sus hijos, que está indignado con la corrupción, con los partidos, con los banqueros y con la Merkel puede llevarnos a querer cambiarlo todo… para quedarnos sin nada. Porque ¿alguien puede asegurar que seremos capaces, hoy y aquí, de ponernos de acuerdo sobre un nuevo marco jurídico y político en España? ¿Hace falta decir que no es posible el consenso con la derecha, ampliamente mayoritaria en España hoy, sobre un cambio tan radical? ¿Hace falta repetir algo tan elemental como que una Constitución no puede hacerse sino sobre las cesiones mutuas y el consenso nacional que refrende la ciudadanía española? Sinceramente, todo esto me parece una irresponsable ingenuidad.
¿Quiere esto decir que todo debe seguir igual? Nada más lejos de mis convicciones. Creo que España está abocada a cambios profundos para mejorar nuestra democracia, para hacer mejores a los par tidos, más transparente la Administración, más honesta y más participativa la política. Creo que España va a tener que reformar su modelo territorial en clave federal. Creo, incluso, que habrá que retocar la Constitución. Pero, por favor, no ahoguemos al niño con el agua purificadora.
La Monarquía española ha mantenido un alto aprecio y una buena legitimación social hasta hace muy poco tiempo. Han pasado cosas que le han dañado gravemente, es cierto. Tomemos medidas. Para empezar, debe ser transparente en su funcionamiento económico y ejemplar en su magisterio personal. Habrá que cambiar la Constitución para eliminar la prevalencia del varón en la sucesión y para regular la abdicación y la figura del heredero. Deberá garantizarse la neutralidad política del Rey y su respeto absoluto a la soberanía popular y al juego democrático, cosas que, por cierto, este Rey ha cumplido escrupulosamente. Y, por supuesto, la propia Casa Real deberá examinar el momento más adecuado para la sucesión del príncipe Felipe. Pero hagamos todas estas cosas con calma y con orden. Y, por supuesto también, con consenso. Sin tirar por la ventana los muebles de la casa.
Publicado para El Correo 10/04/13