Cataluña sufre una pulsión extrema hacia el independentismo, fruto de la crisis y de un desgraciado proceso de renovación de su Estatuto de Autonomía. CiU ha manipulado los sentimientos derivados de la una y de lo otro y se ha montado en un tigre para hacer una travesía tan peligrosa, como su cabalgadura.
Paralelamente, los vientos anti autonómicos empujan en la dirección antagónica. Esta especie de latiguillo populista que culpa a las Comunidades Autónomas de todos nuestros males y de la crisis misma, se ha convertido en un extremismo tan perturbador como el nacionalismo, para los problemas de nuestro modelo territorial. Ubicados en este escenario extremo y en parte, apasionado, los que hemos construido el modelo autonómico y nos sentimos orgullosos de lo conseguido, no podemos por menos que mostrarnos preocupados.
¿Qué hacer? Por cierto, ¿cuál es la política del gobierno en materia autonómica? ¿Hay alguien ahí? A veces ningunean el problema. A veces echan gasolina al fuego y siempre miran al dedo en vez de a la luna.
La única política posible es la revisión rigurosa y profunda del modelo. Porque hay parte de razón en las demandas de Cataluña y no son desdeñables algunas críticas al funcionamiento del modelo autonómico, treinta años después de su puesta en marcha. Efectivamente, en Cataluña hay -entre otras muchas cosas- problemas de financiación y hay disgusto sobre el autogobierno, todo ello sobre la base de un nacionalismo reivindicativo, histórico, cultural y político. Y paralelamente, en el modelo autonómico hay problemas de duplicidades e ineficacia en el funcionamiento administrativo, hay excesos de gastos, hay necesidad de mayor cooperación intercomunitaria en la unidad de mercado español, hay preocupantes muestras de desigualdad individual ante algunos servicios públicos, entre otras cosas.
Afrontar estas pulsiones políticas y estas realidades incuestionables, exige reformar nuestro modelo o, si se prefiere, reflexionar sobre el estado autonómico en una perspectiva federal. Me apresuro a decir que no se trata de revocar nuestro compromiso constitucional, ni de renegar del modelo autonómico del que nos hemos dotado. Se trata de revisarlo y de abordar los problemas existentes y hacerlo, en la única dirección que cabe a la naturaleza de nuestro modelo y de nuestros problemas: la perspectiva federal.
Tampoco queremos adjetivar el término federal, porque al hacerlo incurriremos en redundancia o en contradicciones. Mi tesis es que, la reforma federal, es lo único que resuelve los problemas denunciados. Las reformas federales pueden racionalizar el funcionamiento del modelo autonómico, mejorar la cooperación interna, evitar disfunciones y asegurar eficiencia en la unidad de mercado e igualdad entre los españoles, de una parte. Pero, al mismo tiempo, una reforma de nuestra Constitución en clave federal, puede ofrecer un camino de diálogo, pacto y solución de problemas que nos plantean algunas comunidades nacionales, porque pueden abarcar algunas de las reivindicaciones nucleares en el desarrollo de su autogobierno.
¿Cuáles son estas reformas? Serán aquellas que conjuguen una auténtica renovación del pacto territorial, que debe abordar -entre otras- estas materias:
El establecimiento de un mecanismo de participación directa y eficaz de las Comunidades Autónomas en la acción política estatal y en el proceso legislativo de las Cortes. Aunque se acostumbra a despreciar la llamada reforma del Senado en la perspectiva del federalismo alemán, una reforma del tipo Bundesrat aportará a los gobiernos autonómicos un protagonismo y un poder legislativo en la política española, extraordinario y desconocido.
Es necesario reformular el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas y establecer con claridad quién recauda, qué y cómo se reparte la tarta de los ingresos en los tres niveles del Estado: gobierno central, comunidades autónomas y entes locales. Ésta es una de las grandes tareas pendientes del modelo territorial que debiera solucionarse quizás, en una perspectiva federal, semejante al modelo norteamericano.
Quizás nuestra Constitución deba optar por una clarificación competencial que determine y simplifique las funciones y los poderes de las Comunidades Autónomas y del gobierno central, al modo de como lo tienen hecho, por ejemplo, en la constitución alemana.
Deben mejorarse los mecanismos de cooperación y deben establecerse instrumentos federales en la gestión de los intereses públicos que aseguren el buen funcionamiento de los servicios públicos y de la economía, en el conjunto del Estado.
Publicado en Diario Crítico 7/11/2012
Pueden establecerse principios constitucionales que desarrollen mejor los valores constitucionales de la Solidaridad, de la Igualdad y de la Singularidad. Una clarificación de estos principios puede ser muy necesario.
Estas y otras reformas pueden abordarse en el marco de una renovación más amplia de nuestra Carta Magna. Renovación que viene obligada por otras circunstancias y que incluso debieran llevarnos a pensar en un método más flexible y menos gravoso para abordar la adaptación de nuestro Texto Fundamental a las muy diferentes circunstancias que nos imponen los cambios que estamos viviendo en esta etapa de transformaciones ideológicas, económicas y sociales.
Quedarse quietos en la pasividad y en el inmovilismo o, peor aún, pegarse a la pared diciendo "no nos moverán", nos llevará a un enfrentamiento de resultados dramáticos. Cuando la dimensión y la naturaleza de los problemas que estamos tratando se elevan a los niveles que están alcanzando hoy en día en España, es la política grande, la política noble, la que resulta interpelada. Y ésa es la actitud que nos mueve a los socialistas. Aun sabiendo que el empeño no es fácil, estamos convencidos de que, desde una política basada en mirar de frente a los problemas, el diálogo y el pacto en el marco de nuestras leyes, es la única solución posible.
Publicado en Diario Crítico 7/11/2012