La reforma de nuestra Constitución: necesidad y oportunidad.

Que la Constitución española ha sido la mejor, la más estable, la más justa y la más adecuada de nuestros dos últimos siglos, no lo cuestiona nadie. Hemos tenido y tenemos una buena Constitución. Ha sido y es, un marco de derechos y libertades de los más progresistas del Derecho comparado, correspondiente a una democracia representativa moderna, con un reparto equilibrado de poderes, una organización territorial original y fuertemente descentralizada y un estado social equiparable, a lo largo de su desarrollo, a los modelos de bienestar europeos.

Nuestra Constitución es consecuencia de una decisión de una enorme significación histórica. Su aprobación materializó la ruptura con el franquismo. Bueno será recordar que de las primeras elecciones democráticas en España, en junio de 1977, surgió un compromiso que resultó ineludible para la derecha que gestionaba la herencia del franquismo. Ruptura frente a reforma. Aquellas primeras Cortes de la democracia española debían ser constituyentes y lo fueron. Hicieron una Constitución que cristalizó el pacto de convivencia entre los españoles, la reconciliación y el inicio de una democracia plena. La Constitución representó el punto y aparte histórico con cuarenta años de dictadura y, al mismo tiempo, estableció un suelo común de convivencia desde la constancia de que todas las opciones políticas cabían en su marco democrático, siempre que se respeten las reglas esenciales de la Constitución.

Ninguna Constitución duró tanto y ninguna dio tan buenos resultados. De la Constitución se derivó la consolidación de nuestra democracia, nuestra incorporación a Europa, el Estado de las Autonomías y el Estado del Bienestar, como desarrollo del Estado social y un marco de respeto y tolerancia en el ejercicio de los derechos y de la libertad, como nunca tuvimos.

Pero han pasado 35 años y se han descosido muchas costuras, en un tiempo de crisis varias y graves, en un mundo en cambio, en una sociedad española muy distinta de aquella que protagonizó una transición ejemplar y una progresión inédita de España. Hoy la sociedad española se merece una nueva oportunidad de pactos para revitalizar la democracia y para relegitimar nuestra Carta Magna. Al fin y al cabo, los españoles menores de 53 años no pudieron votarla. Hoy los problemas de nuestro modelo territorial nos piden a gritos revisar el Título VIII.

La situación política de España, atravesada por una crisis económica y social, territorial y democrática, reclama reformas de nuestra Constitución. Así ocurre principalmente con nuestra propuesta de reforma del Título VIII, para avanzar hacia una estructura federal de nuestra organización territorial. Lo mismo puede decirse del reforzamiento de la autonomía local de nuestros ayuntamientos. Pero no solo. Los avances producidos en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres a los largo de los últimos treinta años aconsejan constitucionalizar algunos de ellos y el desarrollo del Estado de Bienestar, reclama constitucionalizar el Derecho a la Salud y a la asistencia sanitaria como un Derecho Fundamental y no como un principio rector.

También se propone en el modelo financiero para las CCAA, la incorporación a la Constitución de un nuevo principio de "Estabilidad Social" del gasto público. Lo mismo ocurre con nuestros derechos y libertades que pueden y deben adaptarse a la irrupción de nuevos riesgos, nuevas tecnologías y actualizarse con el acervo común europeo derivado del Tribunal Europeo de DDHH y a la Carta de los DDFF del Tratado de Lisboa. Estas propuestas se añadirían a las que planteó en su día el gobierno de Rodríguez Zapatero y que fueron informadas por el Consejo de Estado (eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, incorporar el derecho de la Unión Europea a nuestra jerarquía de fuentes del Derecho y eliminar las normas constitucionales transitorias de nuestro modelo autonómico).

Nuestra propuesta de abordar estas reformas está abierta al consenso del resto de partidos políticos e instituciones, porque queremos tratarla con la prudencia y el respeto que merece una tarea tan importante como es la renovación y actualización de nuestra Carta Magna y porque ésta solo puede producirse si conseguimos un apoyo político y un respaldo social semejante a la que obtuvo la de 1978. Los socialistas creemos, además, que tan ambicioso propósito puede ofrecerle a la política española, una ocasión única de hacer política grande para España, de obtener lo mejor de nosotros, de impulsar un tiempo de reacción y renovación a la parálisis, a las inercias, a los desgastes, a los conflictos que hoy parecen irresolubles.

Pero la necesidad de abordar estos cambios, es también una triple oportunidad que España debe darse a sí misma. Primero, para evitar un envejecimiento deslegitimador de nuestra Carta Magna, corrigiendo los aspectos más llamativos que reclaman de manera más urgente cambios, sin perjudicar los valores constitucionales fundamentales. En segundo lugar, es una oportunidad que nos debemos para con una gran parte de la población que no se siente concernida por las razones históricas que dieron lugar a la Carta Magna y, por tanto, es la manera de volver a asentar territorialmente, pero también sociológicamente con las nuevas generaciones, la Constitución entre los españoles. Y, por último, abordar un proceso de reforma constitucional, es la oportunidad para que en España la política vuelva a la senda del diálogo y de los acuerdos, a una nueva forma de abordar las enormes diferencias que están surgiendo entre nosotros y de resolver, con formulaciones renovadas de política del Siglo XXI, los graves problemas que tenemos en la España de hoy.

Hay muchas maneras de abordar estas reformas. Puede hacerse iniciando un proceso para una reforma agravada de nuestra Constitución, con arreglo al Artículo 168. Es el proceso más largo, pero también el más profundo porque incluirá una revisión acotada pero importante, de nuestra Carta Magna. Me apresuro a decir que en nuestra propuesta de reforma constitucional no se contempla la apertura de un nuevo proceso constituyente a modo de segunda transición para España. Nosotros creemos que no es preciso cambiar las bases de nuestro modelo político democrático y de nuestro Estado Social y de Derecho. Tampoco de alterar la forma del Estado y su actual configuración en una monarquía parlamentaria. Somos partidarios de una reforma acotada, si se quiere puntual, sobre los aspectos ya citados más arriba, para resolver los problemas citados pero, repito, manteniendo las paredes maestras del edificio y su sólida cimentación.

La otra forma de abordar este proceso puede ser a través de acuerdos parciales de reformas que, sucesivamente pueden irse incorporando a nuestro marco constitucional, sin abordar las reformas agravadas del Artículo 168. Este método ofrece límites, pero no es descartable.

Lo que no parece razonable es no hacer nada. Lo que resulta políticamente indefendible ya es que, estando como están las cosas en España, el gobierno y su presidente, sigan pensando que lo mejor es no hacer nada, sin comprender que fumarse un puro en la gasolinera, puede resultar fatal.

Publicado en Diario Crítico, 19/12/2013

Reformas Federales

Cataluña sufre una pulsión extrema hacia el independentismo, fruto de la crisis y de un desgraciado proceso de renovación de su Estatuto de Autonomía. CiU ha manipulado los sentimientos derivados de la una y de lo otro y se ha montado en un tigre para hacer una travesía tan peligrosa, como su cabalgadura.

Paralelamente, los vientos anti autonómicos empujan en la dirección antagónica. Esta especie de latiguillo populista que culpa a las Comunidades Autónomas de todos nuestros males y de la crisis misma, se ha convertido en un extremismo tan perturbador como el nacionalismo, para los problemas de nuestro modelo territorial. Ubicados en este escenario extremo y en parte, apasionado, los que hemos construido el modelo autonómico y nos sentimos orgullosos de lo conseguido, no podemos por menos que mostrarnos preocupados.

 

¿Qué hacer? Por cierto, ¿cuál es la política del gobierno en materia autonómica? ¿Hay alguien ahí? A veces ningunean el problema. A veces echan gasolina al fuego y siempre miran al dedo en vez de a la luna.

 

La única política posible es la revisión rigurosa y profunda del modelo. Porque hay parte de razón en las demandas de Cataluña y no son desdeñables algunas críticas al funcionamiento del modelo autonómico, treinta años después de su puesta en marcha. Efectivamente, en Cataluña hay -entre otras muchas cosas- problemas de financiación y hay disgusto sobre el autogobierno, todo ello sobre la base de un nacionalismo reivindicativo, histórico, cultural y político. Y paralelamente, en el modelo autonómico hay problemas de duplicidades e ineficacia en el funcionamiento administrativo, hay excesos de gastos, hay necesidad de mayor cooperación intercomunitaria en la unidad de mercado español, hay preocupantes muestras de desigualdad individual ante algunos servicios públicos, entre otras cosas.

 

Afrontar estas pulsiones políticas y estas realidades incuestionables, exige reformar nuestro modelo o, si se prefiere, reflexionar sobre el estado autonómico en una perspectiva federal. Me apresuro a decir que no se trata de revocar nuestro compromiso constitucional, ni de renegar del modelo autonómico del que nos hemos dotado. Se trata de revisarlo y de abordar los problemas existentes y hacerlo, en la única dirección que cabe a la naturaleza de nuestro modelo y de nuestros problemas: la perspectiva federal.

Tampoco queremos adjetivar el término federal, porque al hacerlo incurriremos en redundancia o en contradicciones. Mi tesis es que, la reforma federal, es lo único que resuelve los problemas denunciados. Las reformas federales pueden racionalizar el funcionamiento del modelo autonómico, mejorar la cooperación interna, evitar disfunciones y asegurar eficiencia en la unidad de mercado e igualdad entre los españoles, de una parte. Pero, al mismo tiempo, una reforma de nuestra Constitución en clave federal, puede ofrecer un camino de diálogo, pacto y solución de problemas que nos plantean algunas comunidades nacionales, porque pueden abarcar algunas de las reivindicaciones nucleares en el desarrollo de su autogobierno.

¿Cuáles son estas reformas? Serán aquellas que conjuguen una auténtica renovación del pacto territorial,  que debe abordar -entre otras- estas materias:

 El establecimiento de un mecanismo de participación directa y eficaz de las Comunidades Autónomas en la acción política estatal y en el proceso legislativo de las Cortes. Aunque se acostumbra a despreciar la llamada reforma del Senado en la perspectiva del federalismo alemán, una reforma del tipo Bundesrat aportará a los gobiernos autonómicos un protagonismo y un poder legislativo en la política española, extraordinario y desconocido.

 Es necesario reformular el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas y establecer con claridad quién recauda, qué y cómo se reparte la tarta de los ingresos en los tres niveles del Estado: gobierno central, comunidades autónomas y entes locales. Ésta es una de las grandes tareas pendientes del modelo territorial que debiera solucionarse quizás, en una perspectiva federal, semejante al modelo norteamericano.

 

 Quizás nuestra Constitución deba optar por una clarificación competencial que determine y simplifique las funciones y los poderes de las Comunidades Autónomas y del gobierno central, al modo de como lo tienen hecho, por ejemplo, en la constitución alemana.

 Deben mejorarse los mecanismos de cooperación y deben establecerse instrumentos federales en la gestión de los intereses públicos que aseguren el buen funcionamiento de los servicios públicos y de la economía, en el conjunto del Estado.

 

Pueden establecerse principios constitucionales que desarrollen mejor los valores constitucionales de la Solidaridad, de la Igualdad y de la Singularidad. Una clarificación de estos principios puede ser muy necesario.

Estas y otras reformas pueden abordarse en el marco de una renovación más amplia de nuestra Carta Magna. Renovación que viene obligada por otras circunstancias y que incluso debieran llevarnos a pensar en un método más flexible y menos gravoso para abordar la adaptación de nuestro Texto Fundamental a las muy diferentes circunstancias que nos imponen los cambios que estamos viviendo en esta etapa de transformaciones ideológicas, económicas y sociales.

Quedarse quietos en la pasividad y en el inmovilismo o, peor aún, pegarse a la pared diciendo "no nos moverán", nos llevará a un enfrentamiento de resultados dramáticos. Cuando la dimensión y la naturaleza de los problemas que estamos tratando se elevan a los niveles que están alcanzando hoy en día en España, es la política grande, la política noble, la que resulta interpelada. Y ésa es la actitud que nos mueve a los socialistas. Aun sabiendo que el empeño no es fácil, estamos convencidos de que, desde una política basada en mirar de frente a los problemas, el diálogo y el pacto en el marco de nuestras leyes, es la única solución posible.

Publicado en Diario Crítico 7/11/2012