Precisiones al debate autonómico.

Las reformas autonómicas y constitucionales que ha planteado el Gobierno están produciendo un debate apasionado, como siempre que hablamos de España y de sus pueblos, esa ecuación inacabada de identidades diversas en un pasado y en un proyecto compartido. Y sin embargo, es un debate inevitable, y por ello imprescindible. De entrada, porque el clima de crispación y de tensión que se había instalado en la anterior legislatura no presagiaba nada bueno. El crecimiento electoral de las opciones nacionalistas en Cataluña y Euskadi en 2004 no parece ajeno a la política de enfrentamientos nacionalistas que la caracterizó. En segundo lugar, porque el modelo territorial de nuestra Constitución es dinámico, tal como lo demuestra la experiencia de estos últimos 25 años, y nuevas demandas y problemas irresueltos exigen nuevas respuestas políticas. Es por ello que casi todas las comunidades autónomas habían iniciado sus procesos de reforma estatutaria con mayores o menores pretensiones. Por último, debemos reconocer que las fuerzas nacionalistas de varias de nuestras nacionalidades expresan, con más o menos radicalidad, proyectos y reivindicaciones que modifican el marco autonómico o incluso el modelo de Estado.

Quiere eso decir que el proceso autonómico es ilimitado y eterno? Ilimitado no es. El modelo de Estado está configurado en nuestra Constitución y no es nuestro deseo alterarlo. España es un Estado autonómico y así lo va a seguir siendo y así se va a seguir llamando. El conjunto de reformas que se plantean fortalece la idea misma del Estado autonómico, rechazan las pretensiones soberanistas o confederales y acentúan los perfiles de convivencia integrada y armónica de los pueblos y comunidades de España en un Estado común.

La reforma constitucional así concebida es puntual y acotada a los cuatro temas conocidos: igualdad de sexo en la sucesión a la Corona, Senado, Unión Europea y denominación de las comunidades autónomas. Las reformas estatutarias, a su vez, no se conciben como una negociación ex novo del marco de autogobierno, sino como la oportunidad de resolver problemas puntuales y elevar los niveles de autogobierno sobre una triple exigencia: amplio consenso interior, respeto al reparto competencial del Título VIII (incluida la delegación competencial del 150.2, en su caso) y que se trate de necesidades objetivas de gestión y de mejoras en la eficiencia de los servicios públicos.

Están condenadas al fracaso las pretensiones de aprovechar esta iniciativa reformista para renegociar la planta del edificio del autogobierno. Primero, porque no encontrarán el acuerdo interior en la comunidad que las legitime, y segundo, porque las Cortes no aceptarán una transformación sustancial del equilibrio competencial existente.

Me explico. Una reforma profunda del marco de relaciones entre la comunidad y el Estado afecta de lleno al delicado equilibrio interior de las comunidades autónomas con pluralidad identitaria. Euskadi es el ejemplo. Cuando los partidos nacionalistas han alterado el statu quo alcanzado en el Estatuto de Gernika, la comunidad no nacionalista ha dicho "no" a ese esfuerzo de asimilación que se le exige y a esos objetivos independentistas que se le ofrecen. El respeto y el afecto que tengo a Cataluña me permite aconsejarles que huyan, como de la tormenta, de ese horizonte de fractura política y social.

Pero además, no podemos eludir el debate sobre el Estado resultante de la reforma estatutaria. Mi admirado José Ramón Recalde acuñó una frase de particular interés para el debate: "El óptimo de autogobierno no es el máximo de autonomía". Efectivamente, el principio de subsidariedad debe corresponderse con otros principios organizativos en los que la dimensión estatal resulta imprescindible. El Gobierno del Estado tiene que disponer, en todo caso, de los recursos e instrumentos que garanticen la defensa del interés general de todos los españoles, el cumplimiento de las condiciones de igualdad básica de todos los ciudadanos y el principio de solidaridad interterritorial. Sin olvidar la dimensión ciudadana del Estado como organización política que abarca un determinado espacio de convivencia. Es el Estado el que nos garantiza un orden jurídico de libertades y derechos, en el que el principio de ciudadanía responsabiliza al Estado de asegurar la libertad, el derecho, la sumisión de todos ante la ley, la igualdad de derechos y la democracia.

Dicho lo cual, procede ahora precisar otra cuestión medular de nuestro debate autonómico: ¿Deben ser todas la reformas iguales? El presidente Zapatero ya ha precisado que cada comunidad debe elaborar su propuesta de reforma y ha rechazado el modelo de "reformas con fotocopia", lo cual es elemental si tenemos en cuenta que se trata de resolver problemas o aspiraciones diferentes, ya sea la inmigración en Andalucía, la convocatoria anticipada en Valencia, las circunscripciones electorales en Madrid, o las diferentes cuestiones que ya se están discutiendo en la reforma del Estatuto catalán.

El espinoso problema de las singularidades autonómicas debe enfocarse, a mi juicio, desde dos criterios. Nuestra realidad política no permite establecer hoy un doble nivel competencial en función de factores subjetivos de cada nacionalidad. Es decir, los incrementos de autogobierno que acordemos deben ser generalizables porque hoy no hay legitimaciones superiores de unas comunidades sobre otras y porque el sistema de reparto del poder en el Estado debe ser ordenado. De manera que si se reordena el sistema judicial, o se refuerzan las competencias autonómicas en inmigración, o en aeropuertos, etcétera, todas las comunidades autónomas deben poder acceder a ese nivel competencional. Cuestión diferente es que, paralelamente, y no es contradictorio, reforcemos los hechos diferenciales, ya que en ellos radica una de las esencias de nuestro modelo autonómico porque son singularidades autonómicas institucionales relevantes, que por estar previstas y amparadas en la Constitución, constituyen límites a la homogeneidad.

Uno de los pilares de las reformas es precisamente el nuevo Senado. No es el momento de explicarla, porque es ya casi un tópico de nuestro debate territorial, pero creo poder afirmar que un Senado de representación autonómica, con importantes funciones en el proceso legislativo, devolverá a las comunidades autónomas un inmenso poder político, mayor incluso que el que puede derivarse de las reformas estatutarias y que, en particular, los hechos diferenciales pueden encontrar en esa Cámara reformada un formidable respaldo.

Quedan pendientes las dudas sobre la lealtad constitucional de los nacionalismos. ¿Servirán estas reformas para hacer un país más integrado y estable o estimularán las pretensiones separatistas? ¿Cuándo se cerrará el proceso?, se preguntan muchos. Lamento no tener respuesta. No creo que nadie las tenga. Tenemos algunas constataciones empíricas: a) Que es preciso dar continuidad histórica al proyecto constitucional iniciado en 1978 de hacer lo que no hemos hecho en los dos siglos anteriores, es decir, una nación integradora de su diversidad cultural e identitaria; b) que algunas estrategias de "aparente firmeza antinacionalista", les retroalimentan, y c) que esta dialéctica con los nacionalismos identitarios hay que ganarla en las urnas, es decir, que resulta imprescindible atraer a los votantes moderados de esa franja electoral. Es así como interpreté al presidente del Gobierno, hace unos días en Bilbao, cuando aseguraba que las aspiraciones identitarias de los vascos cabían en la España plural que estamos construyendo.

Por último, una precisión sobre el método. Es sabido que estas reformas sólo pueden hacerse por consenso y resulta obvio que en él deben estar los grandes partidos, nacionales y nacionalistas. Cuadrar ese círculo sólo será posible si recuperamos aquel espíritu del pacto que presidió el periodo constituyente. Hace falta también asumir que la construcción del Estado de las autonomías, en su doble vertiente de profundizar en el autogobierno y asegurar la cohesión y el funcionamiento del Estado, es tarea de todos. Al Gobierno y al PSOE les corresponde la tarea principal, la de promover, favorecer y lograr este clima y esos pactos que culminarán un modelo constitucional que nos ha proporcionado el periodo de paz, democracia, autogobierno y progreso más largo de nuestra historia contemporánea.

El País,28/09/2004

Batasuna y las elecciones.

Hace unos días, en vísperas del domingo electoral europeo, estábamos haciendo campaña en las calles de Vitoria. Ofrecí un clavel a una señora, junto a una bolsa con propaganda y papeletas electorales del PSOE, y la señora lo rechazó con contundencia, pero con buenas formas. «No lo quiero -me dijo-, yo no puedo votar porque me habéis ilegalizado».

Efectivamente, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 de 27 de junio ha ilegalizado los partidos y agrupaciones electorales que proceden de la antigua Batasuna y que se han ido presentando sucesivamente a las tres convocatorias electorales que se han producido desde su promulgación: las municipales y forales de 2003, las generales de 2004 y las europeas del pasado 13 de junio.

El debate jurídico y político sobre esta decisión, adoptada por la democracia de nuestro sistema institucional, el poder legislativo y confirmado reiteradamente por las más altas instancias del poder judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, no ha agotado, sin embargo, todas sus consecuencias. De una parte, porque la mayoría de los partidos nacionalistas cuestionan políticamente la ilegalización de la llamada izquierda abertzale, incluyendo al Gobierno vasco y al propio lehendakari; y de la otra, porque la resistencia de sus votantes nos muestra una anomalía democrática por la decisión consciente de un 10% aproximado del electorado de votar nulo, como expresión de su rechazo al conjunto del sistema que les ilegaliza.

No es mi propósito volver sobre las razones que explican esta situación sino argumentar respecto al futuro inmediato que se abre cuando abordemos la siguiente convocatoria electoral. Efectivamente, Batasuna se juega la última instancia de presencia política institucional que le queda, si sus candidaturas son nuevamente anuladas por los tribunales. Y desde luego, no me cabe ninguna duda de que así ocurrirá si la dirección de esa organización persiste en presentar unas listas, más o menos disfrazadas, respondiendo a la estrategia y objetivos del partido ilegalizado.

Es este escenario más que probable el que preocupa a todos y el que genera no pocas discusiones acerca de sus efectos en la próxima etapa política que se iniciará con la siguiente legislatura vasca. La izquierda abertzale angustiada ante su desaparición institucional, además de la ilegalización de su partido. PNV, EA e IU, descontentos de una ausencia que no comparten, aunque se disputen su herencia. Incluso los cálculos electorales de PSE-EE y PP no olvidan el crecimiento por absorción que experimenta principalmente el PNV al repartirse en su beneficio parte del voto ilegalizado. Y ante esto, ¿qué hacemos?

En mi opinión, está en manos de Batasuna la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, si cumple para ello las exigencias legales del sistema. Ni más ni menos que las que aceptamos todos los partidos para participar en el juego democrático. A Batasuna y a las coaliciones o agrupaciones electorales que le suceden no se les ilegaliza por sus ideas, sino por su probada y acreditada conexión con la violencia de ETA. En sentencias reiteradas, el Tribunal Constitucional (marzo y mayo de 2003 y enero de 2004) ha señalado que «las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres y deben encontrar en el poder público la primera garantía de su indemnidad». Pero, a continuación añaden: « pero a ella no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines».

Debe quedar claro pues que mientras sigan ETA y su organización política en los mismos términos que todos conocemos, la democracia española no permitirá su participación electoral. Pero, se preguntaban en su alegato ante el Tribunal los demandantes de la reciente candidatura de HZ en las europeas, ¿es ésta una inhabilitación electoral de por vida, una suerte de condición política de 'apestado' que sufrirían determinadas personas por su actividad política pasada?

En absoluto, responde el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2004 de 27 de mayo de 2004. Si quienes relacionados en el pasado con esos partidos quieren «reconstituirlos» fraudulentamente, deben contar con el riesgo cierto de que aquella vinculación pueda, junto a otros indicios, provocar la convicción judicial de su ilegalidad. Pero la sentencia añade: «Quienes, por el contrario, con esos mismos antecedentes decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo sin instrumentalizarlo al servicio de aquella maniobra defraudatoria, no habrán de tener ( ) dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores».

La sentencia de 27 de mayo va más allá y explicita qué debe hacer la candidatura cuestionada para eludir la ilegalización: « es perfectamente aceptable en una sociedad democrática que, tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia, puede esperarse de ella, si efectivamente no acepta más instrumentos que los del voto y el debate libre, una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumentos políticos (...). Con ella habría de bastar para deshacer la eficacia probatoria de indicios que, contra manifestación tan inconcusa, difícilmente podrían acreditar una realidad que así se desvirtúa».

No he oído ni leído casi nada sobre la importancia de esta sentencia y me extraña. ¿Por qué el lehendakari, al que la prohibición de HZ tanto disgustó que incluso instó a votar nulo, no pidió a esa candidatura ese pronunciamiento? ¿Por qué el consejero de Justicia, al que tanto gusta deslegitimar a tribunales y legalidad adversos a sus posiciones, no destaca esta importantísima puerta a la legalidad de Batasuna, que abre esta sentencia del Tribunal Constitucional? En definitiva, ¿por qué los dirigentes de Batasuna no se plantean hacer una declaración semejante o literal si lo desean, para poder participar en las elecciones autonómicas del año que viene, en vez de retorcerse el cerebro para intentar burlar, con un nuevo nombre y candidatos 'desconocidos', las exigencias de una ley justa y de una jurisprudencia razonable?

Muchos vascos deseamos ese paso normalizador de nuestro sistema electoral. Queremos que todos tengamos iguales derechos y que no haya tantos conciudadanos que rechacen el sistema y que retroalimentan así las subjetivas razones de su victimismo. Pero depende de ellos. Sólo de ellos. No somos los demás los que tenemos que aceptar su legalización mientras sus amigos o jefes practican el siniestro juego de la liquidación física de los adversarios. Ese tiempo acabó. Si la izquierda abertzale quiere defender su proyecto de independencia de Euskadi, de reunificación y euskaldunización, puede hacerlo como lo hacen los de EA, o los de Esquerra Republicana. Pero si no quiere condenarse a la marginación institucional y a la ilegalización de por vida, debe condenar la violencia. Es todo.

El Correo, 27 de junio de 2004.

Nostalgia y justicia

¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes de una viejísima película en la que se veía a los niños de la Guerra Civil subidos a un barco, despidiéndose de sus madres en el muelle de Santurtzi? Confieso que pocas escenas me han producido mayor emoción. Niños y niñas, desde los cinco hasta los doce o catorce años, saltan, gritan alborozados de alegría y emoción, asomados a la baranda del barco, por la aventura maravillosa de un viaje al extremo del mundo, mientras sus madres lloran desconsoladas porque no saben ni cuándo ni cómo los recuperarán y, en el fondo de su angustiado corazón, temen perderlos para siempre. Tienen a sus maridos en el frente de la guerra o quizás ya hayan muerto, y envían a sus hijos a Rusia para salvarlos de la crueldad de la guerra y de todas sus dramáticas consecuencias.

Cuando rememoro aquellas imágenes que expresan sentimientos tan vivos y profundos, comprensiblemente antagónicos entre las madres y sus hijos, en aquellos dramáticos momentos de 1936, y añado luego el desenlace histórico que se produjo, siempre acabo conmovido por aquel episodio de nuestra historia, que hoy podemos ver en la exposición que han montado en el Euskaduna las fundaciones Largo Caballero y Pablo Iglesias.

Cerca de 4.000 niños, la mayoría vascos y asturianos, acabaron llegando a Rusia. Su vida allí fue un horror, si la miramos con nuestros filtros actuales. Recogidos en orfanatos de una pobreza extrema, fueron distribuidos en diferentes lugares de la extensa e inmensa URSS, sufrieron las consecuencias de una segunda guerra, más larga y no menos cruenta que la española, y muchos de ellos tuvieron que ayudar o, directamente, alistarse y pelear en ella. El resto se integró y sobrevivió en su nuevo país. Estudiaron, trabajaron, se casaron, vivieron en definitiva como buena o malamente pudieron. Valga, como anécdota ilustrativa, el caso de una niña que estudió su carrera, creo que Filología o Historia, viviendo en el metro de Moscú durante años.

¿Se imaginan ustedes la angustia de sus madres y padres reclamando su vuelta, desde el final de la guerra en 1939? Padres y madres que habían perdido uno o dos o hasta tres hijos en aquella decisión desgraciada. Durante años creímos que Franco impidió la vuelta de los niños, pero se ha constatado que Stalin, y más concretamente su lugarteniente Suslov negaron tal posibilidad ante las reiteradas peticiones de, entre otros, el entonces lehendakari en el exilio Agirre, que expresamente se dirigió a las autoridades de la URSS solicitando la repatriación de todos los niños. Años más tarde, muchos años más tarde, cuando los niños de la guerra ya eran rusos de avanzada edad, algunos de ellos volvieron. Otros quedaron en su nuevo país, con sus familiares y amigos. Hoy son personas mayores, la mayoría de más de 75 años, que malviven en la pobre Rusia con pensiones de miseria. Y ahora vuelvo al presente y les explico a qué viene este ejercicio de reivindicación histórica, en parte nostálgico y en parte reivindicativo.

Hace unas semanas, en el Congreso de los Diputados, todos los grupos políticos de la oposición pedimos al Gobierno un complemento a la pequeña pensión española que cobran desde hace unos años. Efectivamente, hace diez años, el Gobierno socialista reconoció a estos 'niños de la guerra' una pensión equivalente a algo más de la mitad de la pensión no contributiva española (aproximadamente 150 euros al mes).

Pues bien, hace un año visitamos Moscú una delegación del Parlamento español, integrada por todos los partidos del arco parlamentario, en el marco de una iniciativa de amistad con Rusia, entre nuestras respectivas instituciones. En el curso de la visita, nos entrevistamos con la Asociación Nostalgia, que así se llama la organización que agrupa a los viejos niños de la guerra. Les aseguro que fue emocionante escuchar un canto en euskera a una valerosa señora que, al vernos a Iñaki Anasagasti, Begoña Lasagabaster y a mí, quiso exhibirnos sus recuerdos infantiles tan celosamente guardados durante más de setenta años.

Pues bien, a estas alturas quedan sólo 280 de estos niños y en pocos años serán sólo historia. Nos hicieron una angustiosa petición: «Por favor, necesitamos cobrar la pensión no contributiva completa (aproximadamente cien euros más de lo que cobran), porque no podemos vivir con los sesenta o setenta euros al mes que cobramos, de media, de la pensión rusa».

Todos los grupos políticos, incluidos los tres representantes del Partido Popular, nos comprometimos a gestionar ante el Gobierno de España esta petición tan elemental como justa. El Gobierno no escuchó esta demanda y la oposición la convirtió en proposición no de ley. Todos los grupos la hemos apoyado, pero el PP la rechazó el martes día 16 de diciembre, por razones que no pueden ni llamarse así. Con argumentos que ni siquiera merece la pena citar. Simplemente dijeron «no» y así acaba esta petición de estos pobres españoles que nunca pudieron serlo y a los que dejaremos morir en la indigencia.

Es difícil imaginar una vida más desafortunada. Un exilio en plena niñez, y una separación brutal de sus padres. Un país de acogida pobre y en guerra. Sin libertad para volver. Sin libertad para vivir. Y al final de su vida les toca la brutal transformación del régimen comunista hacia un capitalismo salvaje y en parte corrupto y mafioso. Cuando sólo les quedan unos años para vivir, les negamos una mísera ayuda para una pensión insuficiente. ¿Será por dinero? No lo creo. En 2004 serán 250 los niños en la antigua URSS. El coste total de esta ayuda no pasaría de 1,5 millones de euros (aproximadamente 200 millones de pesetas) en los cuatro o cinco años que todavía durará. Hay ocasiones en que la política resulta incomprensible, además de absurda. En este caso, por ejemplo, se trata de una estúpida injusticia.

En la carta que la Asociación Nostalgia me envió reiterándonos la petición que nos habían hecho en Moscú, su presidente nos decía: «Es lo último que pedimos al Gobierno de España. Casi todos pasamos de los 75 años, por lo que poco nos queda para pedir algo más. En Rusia quedan ya 250 españoles y para 2004 quedaremos, en el mejor de los casos, 230. Como ustedes conocen, después de trabajar en Rusia más de 50 años contribuyendo con parte de nuestro salario al fondo de pensiones de la ex URSS, en Moscú cobramos 60 euros al mes, por ser la ciudad más cara de Rusia, ya que los españoles que viven en las provincias cobran entre 20 y 40 euros. Para que se hagan una idea de lo que significa esto, un bonobús en Moscú cuesta 15 euros al mes, o sea, el 25% de la pensión mensual».

Con frecuencia se ha dicho que la izquierda española confundió perdón con olvido en la Transición democrática del postfranquismo. Coincido con esta apreciación. Fue tal nuestro deseo de conciliar a las nuevas generaciones para construir un país en paz y en libertad, que, con el fin de no abrir heridas, corrimos un tupido velo sobre los años de plomo y de hambre que siguieron a nuestra guerra. Confundimos perdón con olvido. Fue bueno perdonar, pero fue un error pretender olvidar, porque la memoria del pasado debe iluminar el futuro. Hoy podemos hablar y recordar estos episodios. Pero ¿podemos hacer justicia con ellos? El PP cree que no. Memoria, nostalgia y ¿por qué no justicia?

El Diario Vasco, 8/01/2004