Batasuna y las elecciones.

Hace unos días, en vísperas del domingo electoral europeo, estábamos haciendo campaña en las calles de Vitoria. Ofrecí un clavel a una señora, junto a una bolsa con propaganda y papeletas electorales del PSOE, y la señora lo rechazó con contundencia, pero con buenas formas. «No lo quiero -me dijo-, yo no puedo votar porque me habéis ilegalizado».

Efectivamente, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 de 27 de junio ha ilegalizado los partidos y agrupaciones electorales que proceden de la antigua Batasuna y que se han ido presentando sucesivamente a las tres convocatorias electorales que se han producido desde su promulgación: las municipales y forales de 2003, las generales de 2004 y las europeas del pasado 13 de junio.

El debate jurídico y político sobre esta decisión, adoptada por la democracia de nuestro sistema institucional, el poder legislativo y confirmado reiteradamente por las más altas instancias del poder judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, no ha agotado, sin embargo, todas sus consecuencias. De una parte, porque la mayoría de los partidos nacionalistas cuestionan políticamente la ilegalización de la llamada izquierda abertzale, incluyendo al Gobierno vasco y al propio lehendakari; y de la otra, porque la resistencia de sus votantes nos muestra una anomalía democrática por la decisión consciente de un 10% aproximado del electorado de votar nulo, como expresión de su rechazo al conjunto del sistema que les ilegaliza.

No es mi propósito volver sobre las razones que explican esta situación sino argumentar respecto al futuro inmediato que se abre cuando abordemos la siguiente convocatoria electoral. Efectivamente, Batasuna se juega la última instancia de presencia política institucional que le queda, si sus candidaturas son nuevamente anuladas por los tribunales. Y desde luego, no me cabe ninguna duda de que así ocurrirá si la dirección de esa organización persiste en presentar unas listas, más o menos disfrazadas, respondiendo a la estrategia y objetivos del partido ilegalizado.

Es este escenario más que probable el que preocupa a todos y el que genera no pocas discusiones acerca de sus efectos en la próxima etapa política que se iniciará con la siguiente legislatura vasca. La izquierda abertzale angustiada ante su desaparición institucional, además de la ilegalización de su partido. PNV, EA e IU, descontentos de una ausencia que no comparten, aunque se disputen su herencia. Incluso los cálculos electorales de PSE-EE y PP no olvidan el crecimiento por absorción que experimenta principalmente el PNV al repartirse en su beneficio parte del voto ilegalizado. Y ante esto, ¿qué hacemos?

En mi opinión, está en manos de Batasuna la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, si cumple para ello las exigencias legales del sistema. Ni más ni menos que las que aceptamos todos los partidos para participar en el juego democrático. A Batasuna y a las coaliciones o agrupaciones electorales que le suceden no se les ilegaliza por sus ideas, sino por su probada y acreditada conexión con la violencia de ETA. En sentencias reiteradas, el Tribunal Constitucional (marzo y mayo de 2003 y enero de 2004) ha señalado que «las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres y deben encontrar en el poder público la primera garantía de su indemnidad». Pero, a continuación añaden: « pero a ella no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines».

Debe quedar claro pues que mientras sigan ETA y su organización política en los mismos términos que todos conocemos, la democracia española no permitirá su participación electoral. Pero, se preguntaban en su alegato ante el Tribunal los demandantes de la reciente candidatura de HZ en las europeas, ¿es ésta una inhabilitación electoral de por vida, una suerte de condición política de 'apestado' que sufrirían determinadas personas por su actividad política pasada?

En absoluto, responde el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2004 de 27 de mayo de 2004. Si quienes relacionados en el pasado con esos partidos quieren «reconstituirlos» fraudulentamente, deben contar con el riesgo cierto de que aquella vinculación pueda, junto a otros indicios, provocar la convicción judicial de su ilegalidad. Pero la sentencia añade: «Quienes, por el contrario, con esos mismos antecedentes decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo sin instrumentalizarlo al servicio de aquella maniobra defraudatoria, no habrán de tener ( ) dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores».

La sentencia de 27 de mayo va más allá y explicita qué debe hacer la candidatura cuestionada para eludir la ilegalización: « es perfectamente aceptable en una sociedad democrática que, tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia, puede esperarse de ella, si efectivamente no acepta más instrumentos que los del voto y el debate libre, una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumentos políticos (...). Con ella habría de bastar para deshacer la eficacia probatoria de indicios que, contra manifestación tan inconcusa, difícilmente podrían acreditar una realidad que así se desvirtúa».

No he oído ni leído casi nada sobre la importancia de esta sentencia y me extraña. ¿Por qué el lehendakari, al que la prohibición de HZ tanto disgustó que incluso instó a votar nulo, no pidió a esa candidatura ese pronunciamiento? ¿Por qué el consejero de Justicia, al que tanto gusta deslegitimar a tribunales y legalidad adversos a sus posiciones, no destaca esta importantísima puerta a la legalidad de Batasuna, que abre esta sentencia del Tribunal Constitucional? En definitiva, ¿por qué los dirigentes de Batasuna no se plantean hacer una declaración semejante o literal si lo desean, para poder participar en las elecciones autonómicas del año que viene, en vez de retorcerse el cerebro para intentar burlar, con un nuevo nombre y candidatos 'desconocidos', las exigencias de una ley justa y de una jurisprudencia razonable?

Muchos vascos deseamos ese paso normalizador de nuestro sistema electoral. Queremos que todos tengamos iguales derechos y que no haya tantos conciudadanos que rechacen el sistema y que retroalimentan así las subjetivas razones de su victimismo. Pero depende de ellos. Sólo de ellos. No somos los demás los que tenemos que aceptar su legalización mientras sus amigos o jefes practican el siniestro juego de la liquidación física de los adversarios. Ese tiempo acabó. Si la izquierda abertzale quiere defender su proyecto de independencia de Euskadi, de reunificación y euskaldunización, puede hacerlo como lo hacen los de EA, o los de Esquerra Republicana. Pero si no quiere condenarse a la marginación institucional y a la ilegalización de por vida, debe condenar la violencia. Es todo.

El Correo, 27 de junio de 2004.

Nostalgia y justicia

¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes de una viejísima película en la que se veía a los niños de la Guerra Civil subidos a un barco, despidiéndose de sus madres en el muelle de Santurtzi? Confieso que pocas escenas me han producido mayor emoción. Niños y niñas, desde los cinco hasta los doce o catorce años, saltan, gritan alborozados de alegría y emoción, asomados a la baranda del barco, por la aventura maravillosa de un viaje al extremo del mundo, mientras sus madres lloran desconsoladas porque no saben ni cuándo ni cómo los recuperarán y, en el fondo de su angustiado corazón, temen perderlos para siempre. Tienen a sus maridos en el frente de la guerra o quizás ya hayan muerto, y envían a sus hijos a Rusia para salvarlos de la crueldad de la guerra y de todas sus dramáticas consecuencias.

Cuando rememoro aquellas imágenes que expresan sentimientos tan vivos y profundos, comprensiblemente antagónicos entre las madres y sus hijos, en aquellos dramáticos momentos de 1936, y añado luego el desenlace histórico que se produjo, siempre acabo conmovido por aquel episodio de nuestra historia, que hoy podemos ver en la exposición que han montado en el Euskaduna las fundaciones Largo Caballero y Pablo Iglesias.

Cerca de 4.000 niños, la mayoría vascos y asturianos, acabaron llegando a Rusia. Su vida allí fue un horror, si la miramos con nuestros filtros actuales. Recogidos en orfanatos de una pobreza extrema, fueron distribuidos en diferentes lugares de la extensa e inmensa URSS, sufrieron las consecuencias de una segunda guerra, más larga y no menos cruenta que la española, y muchos de ellos tuvieron que ayudar o, directamente, alistarse y pelear en ella. El resto se integró y sobrevivió en su nuevo país. Estudiaron, trabajaron, se casaron, vivieron en definitiva como buena o malamente pudieron. Valga, como anécdota ilustrativa, el caso de una niña que estudió su carrera, creo que Filología o Historia, viviendo en el metro de Moscú durante años.

¿Se imaginan ustedes la angustia de sus madres y padres reclamando su vuelta, desde el final de la guerra en 1939? Padres y madres que habían perdido uno o dos o hasta tres hijos en aquella decisión desgraciada. Durante años creímos que Franco impidió la vuelta de los niños, pero se ha constatado que Stalin, y más concretamente su lugarteniente Suslov negaron tal posibilidad ante las reiteradas peticiones de, entre otros, el entonces lehendakari en el exilio Agirre, que expresamente se dirigió a las autoridades de la URSS solicitando la repatriación de todos los niños. Años más tarde, muchos años más tarde, cuando los niños de la guerra ya eran rusos de avanzada edad, algunos de ellos volvieron. Otros quedaron en su nuevo país, con sus familiares y amigos. Hoy son personas mayores, la mayoría de más de 75 años, que malviven en la pobre Rusia con pensiones de miseria. Y ahora vuelvo al presente y les explico a qué viene este ejercicio de reivindicación histórica, en parte nostálgico y en parte reivindicativo.

Hace unas semanas, en el Congreso de los Diputados, todos los grupos políticos de la oposición pedimos al Gobierno un complemento a la pequeña pensión española que cobran desde hace unos años. Efectivamente, hace diez años, el Gobierno socialista reconoció a estos 'niños de la guerra' una pensión equivalente a algo más de la mitad de la pensión no contributiva española (aproximadamente 150 euros al mes).

Pues bien, hace un año visitamos Moscú una delegación del Parlamento español, integrada por todos los partidos del arco parlamentario, en el marco de una iniciativa de amistad con Rusia, entre nuestras respectivas instituciones. En el curso de la visita, nos entrevistamos con la Asociación Nostalgia, que así se llama la organización que agrupa a los viejos niños de la guerra. Les aseguro que fue emocionante escuchar un canto en euskera a una valerosa señora que, al vernos a Iñaki Anasagasti, Begoña Lasagabaster y a mí, quiso exhibirnos sus recuerdos infantiles tan celosamente guardados durante más de setenta años.

Pues bien, a estas alturas quedan sólo 280 de estos niños y en pocos años serán sólo historia. Nos hicieron una angustiosa petición: «Por favor, necesitamos cobrar la pensión no contributiva completa (aproximadamente cien euros más de lo que cobran), porque no podemos vivir con los sesenta o setenta euros al mes que cobramos, de media, de la pensión rusa».

Todos los grupos políticos, incluidos los tres representantes del Partido Popular, nos comprometimos a gestionar ante el Gobierno de España esta petición tan elemental como justa. El Gobierno no escuchó esta demanda y la oposición la convirtió en proposición no de ley. Todos los grupos la hemos apoyado, pero el PP la rechazó el martes día 16 de diciembre, por razones que no pueden ni llamarse así. Con argumentos que ni siquiera merece la pena citar. Simplemente dijeron «no» y así acaba esta petición de estos pobres españoles que nunca pudieron serlo y a los que dejaremos morir en la indigencia.

Es difícil imaginar una vida más desafortunada. Un exilio en plena niñez, y una separación brutal de sus padres. Un país de acogida pobre y en guerra. Sin libertad para volver. Sin libertad para vivir. Y al final de su vida les toca la brutal transformación del régimen comunista hacia un capitalismo salvaje y en parte corrupto y mafioso. Cuando sólo les quedan unos años para vivir, les negamos una mísera ayuda para una pensión insuficiente. ¿Será por dinero? No lo creo. En 2004 serán 250 los niños en la antigua URSS. El coste total de esta ayuda no pasaría de 1,5 millones de euros (aproximadamente 200 millones de pesetas) en los cuatro o cinco años que todavía durará. Hay ocasiones en que la política resulta incomprensible, además de absurda. En este caso, por ejemplo, se trata de una estúpida injusticia.

En la carta que la Asociación Nostalgia me envió reiterándonos la petición que nos habían hecho en Moscú, su presidente nos decía: «Es lo último que pedimos al Gobierno de España. Casi todos pasamos de los 75 años, por lo que poco nos queda para pedir algo más. En Rusia quedan ya 250 españoles y para 2004 quedaremos, en el mejor de los casos, 230. Como ustedes conocen, después de trabajar en Rusia más de 50 años contribuyendo con parte de nuestro salario al fondo de pensiones de la ex URSS, en Moscú cobramos 60 euros al mes, por ser la ciudad más cara de Rusia, ya que los españoles que viven en las provincias cobran entre 20 y 40 euros. Para que se hagan una idea de lo que significa esto, un bonobús en Moscú cuesta 15 euros al mes, o sea, el 25% de la pensión mensual».

Con frecuencia se ha dicho que la izquierda española confundió perdón con olvido en la Transición democrática del postfranquismo. Coincido con esta apreciación. Fue tal nuestro deseo de conciliar a las nuevas generaciones para construir un país en paz y en libertad, que, con el fin de no abrir heridas, corrimos un tupido velo sobre los años de plomo y de hambre que siguieron a nuestra guerra. Confundimos perdón con olvido. Fue bueno perdonar, pero fue un error pretender olvidar, porque la memoria del pasado debe iluminar el futuro. Hoy podemos hablar y recordar estos episodios. Pero ¿podemos hacer justicia con ellos? El PP cree que no. Memoria, nostalgia y ¿por qué no justicia?

El Diario Vasco, 8/01/2004

La agenda autonómica de la España plural.

De nuevo, España en el corazón del debate político. La angustia nacional que dijera Tusell o la invertebrada de Ortega. La articulación de España como Nación y su construcción moderna e integradora de nacionalismos diversos y antagónicos, como gusta decir Fusi, sigue atravesando un eje central de nuestra política. No son pocos los que creen que las tensiones territoriales son mayores que nunca, impulsadas por una peligrosa exacerbación de los sentimientos identitarios y una utilización cada vez más partidista de la pugna patriótica.

Aznar se parapeta en una Constitución pétrea e intocable para cerrar el debate. Ibarretxe y el PNV la desprecian y la desnaturalizan para conseguir sus propósitos soberanistas. Maragall y su nuevo Gobierno nos anuncian una tabla reivindicativa de calado. Varias comunidades autónomas anuncian reformas estatutarias. Zapatero propugna una nueva etapa de impulso autonómico. ¿Dónde estamos y qué debemos hacer?

1. Un balance de 20 años largos.

Cualquiera que sea el color del cristal con el que miremos la España autonómica desarrollada desde el Título VIII de la Constitución, podemos sentirnos orgullosos de sus logros. Citaré cuatro destacados: a) Una descentralización política del gasto público y de las competencias, semejantes a los modelos federales (50% Gobierno central, 35% comunidades autónomas y 15% ayuntamientos). b) Las comunidades autónomas llamadas históricas por su ratificación estatutaria en el periodo republicano han alcanzado un nivel de autogobierno como jamás tuvieron. c) La generalización del proceso autonómico a 17 comunidades autónomas ha sido un acierto pleno. La transformación territorial de España incorpora una moderna concepción del principio de subsidiariedad y ha configurado una sólida cultura de autogobierno en todas las autonomías. d) Las viejas y grandes diferencias económicas entre las regiones españolas se han atenuado y la fuerza política de las autonomías ha sacado del rincón peninsular a regiones españolas secularmente marginadas y minusvaloradas.

2. Lo que viene, nos guste o no.

Viene otra etapa autonómica. A Rajoy o a Zapatero les tocará abordar un amplio capítulo de negociaciones y reformas al modelo territorial. Cinco son los temas que necesariamente integrarán la agenda de los próximos años: a) El modelo de financiación de las CC AA y su paulatina aproximación en resultados al modelo foral (que mantiene una ventaja financiera per cápita sobre el resto de las CC AA del régimen común que algunos estudios cifran en casi un 40%). b) Una presencia de las CC AA en la Unión Europea más acorde con el reparto competencial de nuestro país (como le ha ocurrido al ministro Cañete, necesitado de la presencia de los consejeros de Pesca del Cantábrico para negociar y acordar las cuotas de pesca. c) Una reforma del Senado que permita a la Cámara alta convertirse en una Cámara territorial, imprescindible para un modelo que, de hecho, es un modelo federal. d) Las reformas de algunos estatutos de autonomía, surgidos de un amplio consenso político, para mejorar el nivel de autogobierno o reformular algunos aspectos internos o competenciales. Y e) fortalecer los mecanismos de cooperación y de equilibrio entre las CC AA, asegurar la igualdad constitucional de todos los españoles y garantizar los principios constitucionales a todos los territorios y para todos los ciudadanos.

3. Lo que debemos hacer.

Negarse a abordar estas cuestiones es cerrar los ojos y negar la luz. Si el PP de Rajoy sigue la senda inmovilista y de regresión autonómica de Aznar, el modelo territorial saltará por ineficacias, desequilibrios y tensiones. Una nueva etapa de diálogo autonómico debe ser posible para avanzar en el autogobierno de nuestras CC AA y para perfeccionar nuestro modelo constitucional estatutario. Para ello conviene hacer algunas precisiones políticas de principio.

La primera es considerar aplicable al conjunto de los territorios las reformas que adoptemos con algunos de ellos. Es conocida la teoría de quienes creen que al generalizar el modelo autonómico hemos limitado las posibilidades políticas y técnicas de solucionar la demanda de los nacionalismos catalán y vasco. El "café para todos" con el que se descalificaban las sucesivas reformas estatutarias que equipararon el nivel autonómico de las 17 comunidades fue, según ellos, un error político que devaluó la autonomía de las nacionalidades históricas y estrechó los márgenes para la negociación de su desarrollo. Quienes esto sostienen recomiendan ahora que distingamos, de una vez, la solución autonómica y negociemos con las comunidades nacionalistas fórmulas no extrapolables al conjunto, que nos permita resolver el encaje de esos nacionalismos sin resquebrajar las capacidades unitarias del Estado.

El debate no es sencillo, pero sólo puede haber una respuesta: las reformas que introduzcamos en el marco competencial deben ser extensibles a aquellas CC AA que así lo deseen y concierten los consensos necesarios para ello. Todo ello sin perjuicio de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución. Gregorio Peces-Barba insistía, con razón constituyente, en esta tesis en un reciente artículo en estas mismas páginas al exigir a las reformas estatutarias que se ajusten a la Constitución y que sean susceptibles de generalización.

La segunda se refiere al qué y al cuánto de un nuevo impulso autonómico. Los comentaristas del Gobierno rasgan las vestiduras de la España Unitaria al calificar como inconstitucionales algunas de las demandas autonómicas planteadas en Cataluña o en Euskadi, o en Galicia y Andalucía. En mi opinión, hay recorrido autonómico en nuestro modelo de reparto competencial y lo hay sin necesidad de reforma constitucional. No me parece incompatible mantener el carácter estatal y único del Poder Judicial y agotar en los tribunales superiores los recursos, manteniendo en el Supremo la unificación doctrinal, o delegar en Consejos Judiciales autonómicos algunas facultades de gestión del Consejo General del Poder Judicial. No tiene por qué afectar a la Unidad del Sistema Fiscal la organización territorial de la Agencia Tributaria. La caja de la Seguridad Social no dejará de ser única aunque determinados actos del sistema sean ejecutados por las CC AA, de la misma manera que éstas no dejan de ser Estado, sino todo lo contrario, si representan a éste en su territorio bajo la modalidad de Administración Única.

Podríamos seguir. Naturalmente hay cosas que no puedenser transferidas, incluso se pueden revocar competencias si el funcionamiento de los servicios básicos lo requiere. Debemos incorporar la cultura federalista de la doble dirección en los traspasos. Si es más correcto centralizar la Protección Civil, porque la experiencia nos demuestra riesgos de eficacia ante catástrofes supracomunitarias, debiéramos hacerlo, como los norteamericanos centralizaron la lucha contra la droga o los alemanes han podido unificar la investigación en el marco de la Unión Europea. La lealtad del modelo exige reflexión y generosidad recíproca entre CC AA y Estado.

La tercera es materia delicada. Las tensiones políticas con el Gobierno vasco y con el plan Ibarretxe han puesto de manifiesto algunas carencias. La apelación al artículo 155 de la Constitución genera no poca confusión y general desasosiego. La reciente reforma del Código Penal con nocturnidad (Ley de Arbitraje) y alevosía (sin los informes preceptivos y sin debate legislativo) es un despropósito total. Sin embargo, no podemos negar que los problemas y los supuestos que, aunque sea torpemente, se quieren abordar siguen existiendo. Si una comunidad autónoma no cumple sus obligaciones constitucionales o atenta gravemente al interés general, se le puede aplicar el 155. Pero ¿cómo?, ¿con qué medidas?, ¿en qué casos?, ¿con qué consecuencias?, ¿por cuánto tiempo? Creo que, llegados a este punto, debemos concluir en la necesidad de desarrollar el artículo 155 de la Constitución con una Ley Orgánica que establezca con claridad transparente los supuestos de conflicto institucional grave y las medidas que el Estado puede tomar en cada caso, con las garantías y la legitimación democrática que sean exigibles. La cuestión no es sólo la convocatoria unilateral de un referéndum. En Euskadi hay cada vez más ciudadanos que exigen sus derechos constitucionales en caso de imposición identitaria sobre los no nacionalistas. Esa Babel multiidentitaria y bilingüista que es Euskadi corre desde hace unos años demasiados riesgos etnicistas y excluyentes que no pueden ser tolerados por nuestra Constitución y por el Estado.

Por último, en el capítulo del ¿qué hacer?, destaca la necesidad de fortalecer la cohesión y la equidad de nuestro sistema territorial. A la cooperación entre CC AA ayudará un Senado reformado y el reforzamiento de las Conferencias Sectoriales. Al entendimiento entre el Gobierno central y las CC AA le vendrá bien un mecanismo de reuniones periódicas a modo de Conferencias de Presidentes. En general, son precisas también medidas que favorezcan y garanticen la prestación de los servicios básicos en igualdad de condiciones para todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia.

4. ¿Cómo hacerlo?

Conviene recordar cómo lo hemos hecho hasta ahora. Todo el desarrollo del Estado autonómico, desde su implantación hasta la sucesiva reforma de los estatutos, ha sido hecho por consenso entre los grandes partidos del arco parlamentario, sobre la base de un acuerdo previo entre PSOE y PP.

La dimensión de las materias de esta agenda y los riesgos que se vislumbran en el horizonte político aconsejan un método semejante. No sólo porque algunas de las propuestas pueden exigir reforma constitucional y ésta sólo puede abordarse con un consenso igual o superior al del 78, sino porque, además, la dialéctica reivindicativa desde las autonomías debe encontrar una respuesta coherente sobre el Estado resultante, el respeto al espíritu y a los principios de la Constitución y el interés general de España.

Los partidos de ámbito estatal deben ofrecer así una respuesta común que delimite el campo de juego, que determine el qué, el cuánto y el cómo de la remodelación autonómica, asegurando la compatibilidad de un avance autonómico con un Estado cohesionado y garante de los principios constitucionales para todos los españoles.

Por eso, el consenso debe tener su mejor comienzo en las comunidades desde las que se proponen reformas. Incorporar al PP catalán y andaluz a las propuestas estatutarias de Maragall y Chaves favorecerá extraordinariamente este camino.

Una estrategia positiva y de consenso hacia estas reformas dejará en evidencia las pretensiones extremas del nacionalismo vasco, al que se le ofrecerá una vía pragmática de negociación autonómica como vía alternativa al soberanismo imposible. Ésta es una manera mucho más inteligente y creo que eficaz de derrotar al plan Ibarretxe.

Pero, para que esta vía se abra, hace falta que el PP abandone su política inmovilista en esta materia. Que deje de mezclar, en un totum revolutum de pésimas intenciones, Cataluña con Euskadi y Maragall con Ibarretxe. Que supere la tentación electoralista de un antinacionalismo fácil y la exacerbación identitaria española frente a las otras identidades nacionales. Que incorpore una concepción plural y diversa de España. Una España integradora de sus nacionalismos y enriquecida por su diversidad cultural y su pluralidad política.

El País,5/01/2004