¿Dónde estamos?

Es bastante comprensible que una gran mayoría de los ciudadanos especialmente de los vascos– hayan caído en una profunda decepción, después de la bomba de Barajas.

La expectativa de la paz se había asentado tan viva e intensamente en los meses pasados, que la tentación pesimista, incluso la derrotista, aflora con inevitable fuerza en estos momentos. Más, si al atentado de la T-4 se añade el lamentable espectáculo partidario que acompaña a la política antiterrorista, tanto en el País Vasco como en toda España.

Pero los dirigentes políticos no podemos perder la perspectiva. El presidente del Gobierno no ha dejado de creer en el final de la violencia. Sostiene Zapatero, incluso estos mismos días, que la violencia de ETA toca a su fin y que está en su final “aunque dure todavía varios años”.

Yo creo que tiene razón, aunque no sé si lo diría tan abiertamente ocupando su lugar. En todo caso, le reconozco un enorme valor y convicción en su estrategia, porque, desde que llegó a La Moncloa, no ha dejado de soltar hilo de esa cometa. Como dice un amigo al que le gusta el rugby, Zapatero lanza la pelota y grita “patada a seguir”, marcando un camino y consolidando poco a poco un único destino a este barullo: el fin de la violencia.

¿Ha sido una estrategia fracasada? No lo creo. De todos los procesos semejantes, el Estado ha salido indemne y es a ETA y a su entorno a los que les corresponde gestionar las contradicciones de la frustración de la ruptura. Mirando en perspectiva, las treguas y las rupturas, desgastan mucho más a ETA que a la democracia. Nunca hemos cedido nada.

Y aunque, eventualmente, ellos se hayan reorganizado, el Estado ha acabado desarticulando sus ofensivas, como ocurrió después de la tregua de 1999. Es verdad que, en esta ocasión, no hemos salido indemnes del proceso. A diferencia de 1989 y de 1999, en esta ocasión, la unidad democrática después de la ruptura de la tregua ha saltado por los aires. Realmente no hubo unidad desde que Zapatero ganó las elecciones, pero el atentado de Barajas ha sido aprovechado por el PP y por ciertas organizaciones de víctimas para ahondar una fractura política, mediática y social de la democracia española, inédita en la larga lucha contra ETA.

Pero, una vez hecho este reconocimiento de daños, parece bastante evidente que no estamos como en enero de 2000, cuando ETA rompió la tregua de Lizarra y lanzó comandos a Sevilla, Barcelona, Madrid y País Vasco que acabaron asesinando a unas 50 personas en tres años. El atentado de Barajas responde a otra lógica, a otro momento y, sobre todo, ha provocado tal rechazo y desesperanza en su propio mundo (votantes, presos, y dirigentes de Batasuna), que bien haríamos en analizar con más inteligencia y serenidad todo lo que ocurre en él, en vez de pelearnos entre nosotros.

La demostración es la desesperada estrategia que ha desplegado Otegi para evitar que vuelva la violencia. Primero pidiendo a ETA (por primera vez en la historia) que mantenga el alto el fuego de marzo de 2006.

Después, presentando su propuesta política más pragmática (Nuevo Estatuto de Autonomía, incluyendo País Vasco y Navarra) y en una entrevista en la que, objetivamente, había elementos muy novedosos, respecto a la aceptación de la democracia y sus reglas, insistiendo en que quieren hacer política en términos democráticos y afirmando incluso: “queremos cambiar un tablero de confrontación por otro de seducción”.

Ciertamente persisten dudas más que razonables sobre estos propósitos, porque no podemos olvidar las lecciones que hemos obtenido del reciente proceso. La más importante, a mi juicio, es que ETA no acepta su disolución sino como consecuencia de una negociación política sobre sus contenidos clásicos: Navarra y Autodeterminación, aunque a estos objetivos, la fraseología nacionalista le haya inventado denominaciones eufemísticas muy peculiares: la unidad territorial y la capacidad de decisión.

La otra consecuencia ineludible de nuestro análisis debe ser, incuestionablemente, las condiciones del diálogo político. Porque ETA también ha confirmado que aunque traslade el diálogo a los partidos y renuncie a su protagonismo directo en él, “acompaña” ese diálogo con la amenaza de su vuelta al terror y con una violencia controlada (recuérdese la kale borroka de 1999 y 2006, más los anuncios y presagios de violencia producidos en este otoño pasado).

Sin embargo, a mi juicio, no es incompatible, como creo que pretende el presidente, dejar claro a ETA y a Batasuna que en estas condiciones no hay final dialogado ni nada que se le parezca y, al mismo tiempo, seguir ofreciéndoles la política y la democracia como único destino a su final. Pero tan enigmática ecuación requiere evitar dos tentaciones.

La primera viene protagonizada por el lendakari y algunos nacionalistas, empeñados en negociar una solución que ellos mismos reivindican (todo es bueno para el convento) y dispuestos a aceptar, con sospechosa tolerancia, la dialéctica de un diálogo con ETA-Batasuna, aunque vaya acompañado de una violencia que, naturalmente, sufren otros. La segunda es sobrevalorar las contradicciones internas de la izquierda abertzale y autoengañarnos con los cantos de sirena de algunos de sus dirigentes que, al final, siempre se pliegan a los que mandan los comandos.

Es demasiado evidente que, hasta ahora, en el puente de mando de todo el entramado ha estado y está ETA y que son demasiados los frenos y los miedos que impiden el giro definitivo e irreversible a la política de ese mundo. Con todo, hay espacio para una estrategia unitaria que combine la firmeza contra ETA y la defensa del Estado de Derecho, con una política que favorezca el fin de la violencia, y en ella sigue el Gobierno.

Por eso resultan tan injustas las palabras de Aznar contra Zapatero en el X aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez: “?mantener a prueba de bombas el proceso reafirmará en ETA la idea de que matar y negociar son dos ingredientes de la misma receta”. Es brutal como alegato partidista, aunque, si fuera cierto, tendría razón. Pero no lo es. Hemos decidido que se acabó y tenemos derecho a ser creídos.

¿Dónde quedan las mentiras de tantos portavoces del PP acusándonos de haber entregado Navarra y negociado la autodeterminación? ¿Alguien ha oído a Sanz o a Rajoy pedir disculpas de tantos excesos a la vista del comunicado de ETA que “explicaba” su bomba, acusando al Gobierno del PSOE de haber puesto siempre la Ley y la Constitución como límites al diálogo? El Estado es más fuerte y la democracia invencible. Lo hemos intentado con generosidad y con firmeza.

En los límites del Estado de Derecho y de la inteligencia política que reclaman estos asuntos. Ellos han roto por las razones que todos sabemos. Ahora toca demostrarles que se acabó. Que así no. Que podemos y sabemos aguantar cualquier pulso. Llevamos 850 muertos a nuestras espaldas como para asustarnos y ceder. Pero, una vez más, hay que hacerlo con inteligencia y, si fuera posible, con unidad.

Soy de los que creen firmemente que la democracia española ha derrotado a ETA y que ellos lo saben. Hasta el IRA los ha dejado solos, o peor, mal acompañados por un terrorismo yihadista que los desborda en el horror del terrorismo masivo. Su tiempo acabó y ahora debemos lograr su disolución en los límites de la justicia y la democracia, por supuesto, pero con la inteligencia de la política.

Manipulación Masiva

La primera vez que el abogado de la AVT tomó la palabra para interrogar a uno de los acusados de organizar el atentado del 11-M, lo hizo para preguntar si tenían relación con ETA. ¿Desde cuándo utilizan temporizadores de ETA? ¿Han coincidido con miembros de ETA en los campos de entrenamiento de Afganistán? ¿Alguien les suministró dinamita Tytadine? Más o menos, ése fue el tenor de las preguntas de una acusación no respondida.

Ese abogado ejerce la acusación popular en nombre de una asociación de víctimas, pero bien podría decirse que no busca la condena de los acusados sino la del PSOE como presunto inductor de ese atentado, en supuesta complicidad con ETA. Porque, al incorporar obsesivamente al sumario esa fantasmagórica conexión, siembran de dudas la narración jurídica de la Fiscalía y otorgan objetivamente una línea argumental a las defensas de los acusados. Rápidamente se comprobó que el abogado de uno de los acusados intentó engañar al tribunal aportando una foto de un temporizador que usa ETA, que resultó ser un cuadro electrónico de lavadora.

Realmente no he visto en la vida tanto desprecio a las víctimas del terrorismo. No sé cómo es posible seguir ostentando esa representación cuando se trabaja objetivamente en beneficio de los verdugos. Porque, ¿qué cabe decir y pensar de quienes, en nombre de las víctimas, pretenden condenar a otros y favorecer la absolución de los culpables?

Hasta ahora sabíamos que se había utilizado a las víctimas del terrorismo en defensa de una estrategia política de partido y en articulada ofensiva contra el PSOE, el Gobierno y especialmente contra su presidente. Ahora sabemos también que las víctimas del 11-M les importan un bledo si no contribuyen a su verdadero objetivo. Parece como si las víctimas del 11-M no hubieran sufrido como las víctimas de ETA. Y si sufren y quieren ver en la cárcel para siempre a los terroristas que volaron cuatro trenes matando a 192 personas e hiriendo a centenares o miles, se desprecian esos sentimientos marginándolos del debate mediático.

Ha sido vergonzoso, por ejemplo, ver cómo determinados medios de comunicación, tertulias y demás foros mediáticos seguían hablando de De Juana como el más sanguinario de los seres humanos, sin decir una palabra sobre el odioso crimen del 11-M y sobre la horrible condición asesina de los acusados, fanáticos de la yihad y del asesinato en masa.

Es vergonzoso que el Partido Popular todavía alimente las dudas y las sospechas sobre la autoría y la causa criminal del 11-M. La contundencia de las pruebas está desmontando, desde los inicios del juicio, la debilidad argumental de la conspiración Al-Qaida/ETA del 11-M, convirtiendo precisamente ese intento, en una verdadera conspiración contra la Justicia y el Estado de Derecho. ¿Qué hace el PP en ese charco? ¿Es admisible en nuestro juego democrático que el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, declarara, hace tan sólo unos días, que «España no sólo tiene que saber quién puso las bombas, sino qué grupo terrorista puso a Zapatero en La Moncloa»?

La Policía española ha dado un ejemplo al mundo en la eficacia de su investigación. La Justicia española está mostrando a todo el mundo jurídico la escrupulosa instrucción de este sumario y el ejemplar desarrollo de la vista, impregnadas ambas de garantismo penal y de rigor jurídico. ¿Por qué se empeñan tantos españoles y tan poderosos medios en desprestigiar a policías, fiscales y jueces? ¿Cómo es posible que el partidismo sectario nos lleve a cuestionar tan abiertamente nuestras principales instituciones?

En el mismo terreno de la manipulación se sitúa la reacción del PP al atentado de Barajas. Durante meses hemos visto y oído a sus dirigentes acusar al Gobierno de haberse 'rendido' ante la organización terrorista o de negociar concesiones políticas. Después del comunicado de ETA de primeros de enero 'explicando' el atentado en base a la firme decisión del Gobierno de situar el diálogo para la paz en los límites de la ley, la Constitución y el Estado de Derecho, el PP se las ha arreglado para no acudir a la manifestación de los sindicatos y los ecuatorianos contra ETA, para acabar organizando y protagonizando otra nueva manifestación (y van seis en poco más de una año) no contra ETA, sino contra el Gobierno y su presidente, a quienes poco menos que se les acabó acusando de ser los únicos responsables del atentado. Para muestra, la frase fatídica de Rajoy en el debate del 15 de enero en el Congreso sobre el atentado: «Si usted no cumple, ETA le pondrá bombas, y si no hay bombas, es que habrá cedido».

Manipulación masiva es rastrear la trayectoria personal y profesional de un ministro, recién anunciado su próximo nombramiento y someterle a un acoso inédito en democracia. No es que se haya violado un plazo mínimo de cortesía hacia quien llega a un alto cargo. Es que a las pocas horas de conocerse su futuro nombramiento, los teletipos rebosaban de insultos y descalificaciones contra él.

Manipulación masiva es volver a la calle, en otra manifestación junto a la AVT, contra la sentencia del Supremo en el 'caso De Juana'. Mucho más que manipulación, es gravísima irresponsabilidad de un partido tan importante para la democracia española encabezar manifestaciones contra la sentencia del máximo tribunal penal del país. Es un salto cualitativo en los ataques a la independencia judicial y una falta absoluta de respeto a una de las instituciones mas importantes del país. Viene bien recordar una declaración de Mariano Rajoy en enero pasado que ha sido muy mal entendida por su 'aparato': «Al juez, que tiene la función de aplicar la ley porque alguien tiene que hacerlo en democracia, hay que respetarlo, no se puede ni presionarlo ni chantajearlo». Ocurre sin embargo que esas declaraciones se referían a las manifestaciones del PNV en el 'caso Ibarretxe' y ya se sabe, en política, demasiadas veces, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio.

No acostumbro a utilizar estas páginas para hacer crítica política, aunque esto resulte inevitable en la exposición subjetiva de opiniones y en el análisis de la actualidad. Pero desde el atentado de ETA en la T-4 y ante un horizonte electoral como el que se avecina, el volumen de la oposición nos está llevando a un penoso escenario de conflicto creciente. No es justo que la opinión pública reparta culpas por igual. Denunciar estas manipulaciones masivas me parece obligado, lo mismo que recordar que los máximos dirigentes del PSE-EE están imputados ante los tribunales a instancias de una denuncia del PP, algo que jamás había ocurrido en la experiencia democrática desde la Transición.

El Correo, 25/02/2007

Sísifo y la Justicia

En los prolegómenos de una sentencia importante, conviene reiterar la petición de respeto a la Justicia. Es demasiado importante ese poder, en cualquier democracia, pero quizás más todavía en la nuestra, como para que sigamos desprestigiándola con nuestra agresiva y tensa política partidaria. Los jueces y su organización judicial no son ajenos a los problemas de la Justicia y a su percepción ciudadana, pero la política está judicializando muchas materias que deberíamos resolver en nuestro ámbito y, sobre todo, está impregnando de partidismo a los jueces y a sus resoluciones

Así, por ejemplo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dictará sentencia en el 'caso De Juana' sabe de antemano que la opinión política y mediática ya está posicionada con actitudes antagónicas, cualquiera que sea su fallo y al margen de sus consideraciones jurídicas. Todos tenemos opinión sobre este caso, más o menos fundada en Derecho, y nadie oculta la trascendencia política de un asunto envenenado por las pasiones que suscita y por las consecuencias que se le suponen.

Hay que empezar por afirmar que De Juana cumplió condena por sus numerosos y horrendos crímenes. Pero ya no cabe argumentar que la pena cumplida fue corta. Simplemente la cumplió con arreglo a la ley y ese hecho no puede influir en buscarle ahora otros delitos o en castigar éstos -si los hubiese- con penas compensatorias de aquellos. Cuando se supo que quedaba en libertad, hace ahora casi dos años, una ola de alarma social empujó a la Fiscalía a barajar peticiones de pena inauditas por sus agresivos artículos en un periódico.

Su condena a doce años por la Audiencia Nacional, por amenazas con agravante de reincidencia, es discutible jurídicamente. A muchos penalistas les parece que el Supremo corregirá esa condena porque no se dan los elementos objetivos y subjetivos de ese tipo penal. Comparto ese criterio y, es más, deseo abiertamente que se enmiende esa sentencia hacia una sanción penal claramente más leve. Si así fuera, cabe pensar que se altere la condición personal de este preso, por simple aplicación del reglamento penitenciario.

Una parte de la opinión pública, estimulada por el PP y sus aliados mediáticos, quiere que De Juana se pudra o se muera en la cárcel. Hace tiempo que sabemos su apuesta a favor del 'cuanto peor, mejor'. Abiertamente, quiero manifestarme contra esta actitud vengativa que anima esos sentimientos, poco congruentes con el Estado de Derecho que, tan reiterada como retóricamente, proclaman.

Espero la sentencia con expectación y esperanza y, con toda franqueza lo digo, deseo una solución razonable y jurídicamente más ajustada a este caso. No es sólo por las convicciones jurídicas que he expresado. Es también porque tengo derecho a decir que no quiero volver a tiempos pasados en los que acontecimientos indeseados o incontrolados realimentaban el victimismo y la épica violenta de muchos jóvenes. Hemos avanzado mucho desde entonces como para que volvamos a rodar por la montaña y tener que empezar otra vez a subir, como Sísifo, la piedra de la paz a la cima de nuestro particular calvario.