Kosovo: ¿qué hacer?

En el desconcierto internacional que nos rodea, destaca con particular oscuridad el conflicto de Kosovo en el hervidero balcánico. La implosión de la ex Yugoslavia ha convertido la vieja república de la cogestión en una especie de matriohska (muñeca rusa) de la que surgen nuevos Estados, cada vez más pequeños, sin que sepamos muy bien cuántos quedan por aflorar.

Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Bosnia? quizás Kosovo. Y por supuesto, Serbia. Quizás por ello, en Belgrado, los resignados serbios hacen chistes sobre su país, comparándolo con un teléfono móvil, que compite cada día por hacerse más pequeño.

Escuché en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, hace unos días, a M. Martti Ahtisaari, el ex primer ministro finlandés, enviado especial de la ONU para negociar una solución a este enclave albanés en el corazón de Europa. Debo confesar que su intervención me dejó frío, aunque era previsible que sus anuncios los haga a los países que tutelan el proceso, el grupo de contacto (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Rusia) en los primeros días de febrero, tal como estaba previsto. Los próximos días, el negociador internacional presentará a serbios y kosovares su propuesta. En los siguientes meses intentará un acuerdo con ellos que pueda ser avalado por la Comunidad Internacional. No parece tarea fácil.

Kosovo es territorio serbio, sin ningún género de dudas. Es más, guarda para Serbia importantes referencias simbólicas, religiosas e históricas, que proceden de hechos históricos muy significativos y monumentos religiosos muy venerados. Desde principios del siglo XX, una marea humana de inmigración albanesa se ha ido haciendo mayoritaria en la población de esa región, hasta llegar al 90% actual frente a una minoría Serbia del 10%. Es sabido que la locura de Milosevic provocó un genocidio expulsando a más de 600.000 kosovares a Albania, en una guerra que generó 10.000 muertos del lado kosovar y mil en el lado serbio.

La intervención de la OTAN y los bombardeos aliados contra el ejército de Milosevic y Belgrado pusieron fin al éxodo. Una fuerza militar de la OTAN asegura la paz y la convivencia en Kosovo. Pero, ¿qué convivencia es posible? El odio interétnico y la venganza recíproca han provocado que más de cien mil serbios que vivían en Kosovo hayan abandonado la región y rehecho su vida en Serbia. Otros cien mil serbios permanecen en Kosovo, pero viven asediados por una mayoría kosovar que no les quiere, mientras la comunidad internacional busca una solución a una región que nunca en la historia fue un Estado, cuyo territorio pertenece indiscutiblemente a otro y cuya población quiere independizarse, muy mayoritariamente, por no decir casi unánimemente.

Mala situación económica

Las condiciones socioeconómicas son penosas, Kosovo es una de las regiones más pobres de Europa, con una renta per cápita de 1.560 dólares, el 37% de la población en niveles de pobreza y el 15% en pobreza extrema. Una tasa de paro del 40% y del 70% entre las minorías. La mayor parte de la población demandante de empleo tiene entre 25 y 39 años. Desde los años 90, los servicios de educación y sanidad yugoslavos abandonaron a la población albanesa.

La comunidad internacional está dividida y perpleja. Obligada a buscar una solución que devuelva la estabilidad a los Balcanes, pero agobiada por las enormes consecuencias de todo orden que se derivan de cualquiera de las soluciones.

Una autonomía política para Kosovo dentro de Serbia sería la mejor solución, pero todo el mundo sabe que no será solución. “Kosovo no es un problema de territorio o de fronteras ?decía un diputado británico, durante el debate del Consejo de Europa?, es un problema de gente, de ciudadanos, que ocupan un territorio serbio, pero no son y no quieren ser serbios”. La independencia de Kosovo, obtenida, pongamos a través de un referéndum, desencadenaría enormes problemas sucesivos. En un artículo publicado en julio pasado en el Washington Post por el primer ministro serbio Kostunica, señalaba cuatro reflexiones imprescindibles:

· Privar a un Estado soberano de una parte de su territorio para satisfacer las aspiraciones de independencia de un “grupo étnico que amenaza con recurrir a la violencia” no tiene ningún fundamento en Derecho Internacional y es “moralmente e históricamente inaceptable.”

· La independencia de Kosovo “sería considerada como un precedente que haría nacer reivindicaciones análogas en otros lados”.

· Un Kosovo independiente podría ser foco de tensiones crónicas en la región, ya que se podrían formular nuevas reivindicaciones territoriales. La provincia no es viable económicamente y además abrigaría un reducto de criminalidad organizada.

· Y sobre todo, la independencia de Kosovo pondría en peligro la democracia en Serbia. Cito: “Recordemos que Serbia se ha liberado de su régimen comunista a un precio de gran esfuerzo y considerables riesgos. El país que a todos los efectos es democrático, ¿podría sobrevivir a la amputación forzosa del 15% de su territorio?”.

Las elecciones, democráticas, de Serbia, del pasado día 20 de enero, han producido un nuevo y delicado equilibrio. Las fuerzas ultranacionalistas y antieuropeas han vuelto a obtener un 25% de los votos, aunque no podrán impedir un gobierno de coalición pro europea. Pero la independencia de Kosovo provocará sin duda graves desequilibrios en Serbia y el enorme esfuerzo que estamos haciendo para incorporar a los Balcanes a Europa y para estabilizar definitivamente esa zona tumultuosa pueden ir al fracaso.

Por último, no debemos olvidar que la independencia de Kosovo generará alteraciones en las soluciones nacionales de la zona. Me explico. Los serbios de la República Srpska (Bosnia-Herzegovina) pedirán su marcha y su incorporación a Serbia. La minoría albanesa del sur de Serbia, en el Valle de Presevo, se complicará notablemente y podrá producir otro movimiento migratorio masivo.

Como se ve y como ocurre en política muchas veces, no hay soluciones buenas. Todas son malas. ¿Qué hará Martti Ahtisaari? Yo creo que acabará proponiendo un estatus especial para Kosovo, especie de autonomía cuasi independiente bajo soberanía internacional (incluyendo Serbia) como tránsito a un modelo abierto al futuro. Durante este tránsito, las fuerzas internacionales garantizarán el orden y la UE arbitrará los conflictos internos. La autonomía de Kosovo será total respecto a Serbia, pero se garantizarán los derechos de la comunidad serbia agrupados en siete municipios-región interna y se protegerá el legado histórico, religioso y cultural serbio. En definitiva, una especie de protectorado internacional.

En el comienzo del siglo XXI, en plena globalización económica, es el siglo de las migraciones masivas, de las sociedades multiétnicas, del melting pot urbano, seguimos prisioneros de nuestras raíces. Envenenados por los dioses de la etnia y por los odios de la historia. Me pregunto con frecuencia si seremos capaces de organizar el mundo sobre otras bases y valores. Reivindico de la política una organización más racional, más adecuada a los problemas, más capaz de construir sociedades libres, tolerantes, capaces de la convivencia en la diversidad. Mirando a los Balcanes, observando el desastre del Cáucaso y sufriendo a algunos de nuestros nacionalismos, ¿podemos ser optimistas?

Con ninguno

Ni con el lehendakari, ni con los jueces. Ésa es mi posición. No estoy de acuerdo con la sala del Tribunal Superior que ha imputado al lehendakari, pero tampoco con la forma con que su partido ha decidido apoyarle y reprochar la actuación judicial.

Empecemos juzgando los hechos: una reunión del lehendakari con unos ciudadanos, sujetos de plenos derechos individuales, difícilmente puede ser un delito. ¿Que Batasuna es ilegal? De acuerdo, pero Otegi y sus amigos son ciudadanos que ejercen derechos inviolables, salvo que ejerzan la representación de una organización ilegalizada. ¿Que es ése el caso? Es imposible probarlo, porque bastaría que negaran tal representación y porque podrían alegar que de representar a alguien lo hacían a la izquierda abertzale. El propio juez Garzón acaba de dictar un auto, muy clarificador, aceptando el ejercicio de esa representación en los actos públicos de los dirigentes de la ex Batasuna, siempre que no lo hagan en nombre de la organización ilegalizada. Garzón ha rizado el rizo, pero lo cierto es que también es juez, de la Audiencia Nacional para más señas y encargado además de establecer doctrina a este respecto porque es el juez que lleva todo el proceso de la ilegalización de Batasuna, de lo que se desprende una jerarquía jurisdiccional incuestionable.

Pero, incluso, voy más allá. Suponiendo que los jueces no hubieran tenido en cuenta estas consideraciones, ¿qué responsabilidad penal puede tener el lehendakari por reunirse con ellos? Los dirigentes de Batasuna serán ilegales pero no delincuentes. El lehendakari, por reunirse con ellos, no viola ninguna ley, ni es cómplice de ningún delito. Pero es más. Supongamos que, con todo, los jueces estiman la necesidad de tramitar la querella presentada -conviene no olvidarlo- por algunas personas y organizaciones más que sospechosas de animadversión y ensañamiento con el querellado y claramente posicionadas con la estrategia partidaria de un partido político concreto. Lo que ya no se entiende es que la mantengan después del auto del Tribunal Supremo, para un caso idéntico. La doctrina del Tribunal Supremo es impecable y de aplicación inmediata al caso, no sólo porque se trata del mismo e idéntico supuesto, sino porque es doctrina superior, jerárquicamente inapelable.

El Tribunal Supremo, como se sabe, ha dicho que no corresponde a los tribunales controlar la acción del Ejecutivo, que dicho control corresponde prioritariamente al Parlamento (artículo 66.2 de la Constitución Española), de manera que «vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal ( ) corregir la dirección de la política ( ) que el art. 97 de la CE encomienda al Gobierno democráticamente elegido».

De manera que hay razones más que sobradas para discrepar abiertamente de esa actuación judicial y no es suficiente la argumentación de los presidentes de las audiencias provinciales señalando las generales de la ley, en el sentido de que no hay nadie inmune y que hay que esperar al pronunciamiento judicial en el momento procesal oportuno. En mi opinión, ha habido muchos momentos procesales oportunos para archivar la querella y no lo han hecho por razones que no comprendo y sobre las que no quiero ni debo especular.

Se trata de una actuación judicial muy delicada. Imputar al presidente del Gobierno por una actuación estrictamente política, guste más o menos, requiere un análisis más cuidadoso y menos instrumental. No se trata de aplicar la ley con criterios más favorables a un responsable político que a un ciudadano, sino de lo contrario, de exigir a los jueces una actuación para con el lehendakari más coherente y por tanto menos agresiva para con un acto estrictamente político del más alto representante en Eukadi de los ciudadanos. Se trata de aplicar justicia teniendo en cuenta la jurisprudencia procedente del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y hacerlo sin olvidar la legitimidad política que presiden sus actos.

Respecto a la respuesta dada por los partidos del Gobierno, me parece sencillamente una sobreactuación victimista, al límite de la injusticia. Los jueces del País Vasco no merecen ese trato. Ya sé que las críticas se han dirigido a una sala, pero son inevitables las generalizaciones contra un conjunto de hombres y mujeres que bastante han sufrido y sufren como para que se les coloque en tan peligroso punto de mira. No es correcto, ni política ni institucionalmente, que un consejero de Justicia lea un comunicado tan abiertamente contrario a las actuaciones judiciales de prácticamente todo el entramado judicial del Estado. Por otra parte, todos sabemos, los partidos del Gobierno también, que esas diligencias judiciales se van a archivar más pronto que tarde y admitiendo que la pena de banquillo (en este caso, la pena es una declaración ante el juez) es injusta e innecesaria, como ya he explicado, lo cierto es que no merece semejante ruido institucional y movilizador.

Tampoco comparto la descalificación jurídica y política que el Gobierno vasco ha hecho, con este motivo, de todo el entramado legal del que se desprenden estas actuaciones. En mi opinión, la Ley de Partidos nada tiene que ver con este asunto, salvo que se censure la ilegalización misma de Batasuna. Entonces sí, la discrepancia es política y punto. Pero de aquella ley no se desprende, como ya he razonado, argumento alguno para ir contra el lehendakari.

Respecto a otras actuaciones judiciales, merece la pena hacer dos puntualizaciones. Los sumarios abiertos buscan ilegalizar o penar organizaciones y actividades relacionadas con ETA, en una orientación que comparto: la violencia no puede encontrar soporte, enaltecimiento y apoyo en la legalidad. Durante más de veinte años hemos aceptado y soportado ese entramado con la esperanza de que sirviera para transitar desde la violencia a la política. Pero hace tiempo que sabemos que ha sido al revés, y que han sido los terroristas quienes han utilizado y controlado la política y la democracia para fortalecerse. Desde 2002 la democracia española dijo basta y dijo bien. Acertamos de pleno. Pero dicho esto, también debo reconocer que algunos sumarios abiertos en ese contexto parecen construidos con más informes policiales que pruebas. El 'caso Egunkaria' es uno de ellos. Cerrar un periódico y encarcelar a sus dirigentes, para que dos años después el propio fiscal nos indique que no hay causa de acusación, no es de recibo para el Estado de Derecho que defendemos. En este sentido y en algún otro, es en los que echo en falta al Consejo General del Poder Judicial para devolver confianza y objetividad a sus actuaciones. Me gustaría, por ejemplo, que una nota tan rotunda y tan unitaria como la que emitieron esta semana para amparar a la sala del Tribunal Superior del País Vasco se acordara para amparar al juez del Olmo en el caso del 11-M de las presiones mediáticas que sufre todos los días en las primeras páginas de algún periódico y en las tertulias matutinas de alguna radio.

En fin, una semana para olvidar. Espero que seamos capaces de emitir señales más positivas a una ciudadanía desesperanzada, además, por el atentado de Barajas y sus más que probables graves consecuencias. A la penosa imagen de ruptura partidaria que siguió al atentado se acompaña ahora esta grave tensión institucional entre poderes del Estado que pretende aprovechar un lehendakari en busca protagonismo y con él la ilegal Batasuna, abanderados y unidos ambos, por esta torpe jugada, en una nueva y equívoca defensa del diálogo como panacea de todos nuestros males. Honradamente, parece que seguimos el camino que nos marca el enemigo.

El Correo, 4/02/2007

Primero la paz

La hemeroteca está llena de nuestros errores. Todos, analistas y expertos, políticos o periodistas, tertulianos o policías, nos hemos equivocado tantas veces en la larga historia de esta tragedia, que deberíamos empezar nuestros análisis con ese humilde reconocimiento. Quienes, además, hemos sido dirigentes políticos y ostentamos todavía alguna responsabilidad pública debemos hacerlo por partida doble. Desde luego ése es mi caso y así me presento ante ustedes, queridos lectores, reconociendo que, a pesar de tantos años y de tan larga experiencia en esta noria maldita, siento en estos momentos la necesidad de anunciarme bajo la cita de Sócrates: 'Sólo sé que no sé nada'.

Pero estamos obligados a explicar nuestros actos, a aprender del pasado y a emprender de nuevo el camino de la paz. Este camino tortuoso y sin mapa, por el que la democracia transita desde hace treinta años. Y es desde esta perspectiva histórica desde la que extraigo una primera reflexión esperanzadora. Por dura y sorprendente que haya sido la brutal ruptura del 'alto el fuego permanente' anunciado el 22 de marzo, sostengo con convicción que estamos en el final de la violencia. Será un final largo, y no exento de atentados, aunque más puntuales, más contenidos, más esporádicos. Basta observar la curva estadística del terrorismo desde 1977 para comprobar la tendencia declinante de sus ataques. Además hay multitud de argumentos geopolíticos, ideológicos, sociológicos y de distinta naturaleza que avalan la misma convicción que la que hemos sostenido estos meses sobre la solidez del famoso 'proceso'. Todas esas razones en las que sustentábamos la esperanza del final de la violencia persisten hoy igual que ayer, y siguen sobre la mesa de unos estrategas que, por muy fanáticos que sean, acabarán sucumbiendo a la evidencia de que con su locura violenta sólo hunden y desprestigian su causa.

Pero con la misma convicción sostengo que ETA no admite el final dialogado de su violencia, en los términos que le ofrece la democracia. Desgraciadamente, una vez más, ha quedado perfectamente claro que cuando les reiteramos nuestra disposición a dialogar para integrarlos en la democracia, ellos entienden que estamos dispuestos a negociar sus pretensiones políticas y de ahí arrancan los malentendidos y los fracasos. Ha ocurrido así en todos y cada uno de los procesos anteriores: en Suiza en 1999, en Argel en 1989 y en cuantas conversaciones o contactos se han producido a lo largo de estos treinta años, excepto en el caso de los 'polimilis'. Ésta es una cuestión esencial porque de ella se derivan dos desencuentros claves entre las fuerzas democráticas. El primero se refiere al sentido del final dialogado de la violencia y el segundo, a las condiciones y contenidos políticos de ese diálogo. Cuando hicimos el Pacto de Ajuria Enea, hace ya cerca de veinte años, hubo consenso de todos los partidos, sobre la necesidad de formalizar el final de la violencia mediante un diálogo que sólo podía producirse cuando tuviéramos constancia del abandono de las armas, y que a su vez se trasladaba a dos mesas con interlocutores y materias diferentes. La una entre ETA y el Gobierno para las cuestiones operativas y humanas, y la otra entre los partidos políticos para las cuestiones políticas. Así concebido, el final dialogado permite un final absoluto, es decir, logra la disolución de la banda, la desaparición total de la violencia y permite iniciar una etapa de reconciliación en un país trágicamente fracturado por más de mil muertos. Naturalmente, de ese final dialogado surge también la incorporación a la política de los objetivos y partidos derivados de las causas que defendían los violentos.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha perseguido, exacta y exclusivamente, este final. Por eso se aprobó en mayo de 2005 una resolución parlamentaria con el contenido literal del famoso punto 10 del Pacto de Ajuria Enea. El PP se ha negado a ese final, a pesar de su acuerdo con él en los años ochenta y noventa y a pesar de que lo buscó, como era su deber, en 1999. Ahora insiste en que el único final posible es la derrota policial, legal y judicial de todo el entramado ETA-Batasuna. Pero yo pregunto: ¿Cuándo y cómo es posible ese final? Porque para que efectivamente se produzca es necesario que ETA acepte su derrota y se disuelva o que operativamente desaparezca. Conste que no niego tal hipótesis, pero si optamos por esta y única estrategia, debemos tener la honestidad de decir a los ciudadanos que debemos aceptar las incertidumbres sobre ese final y la imposibilidad de fijar plazos para él.

Pero también nosotros, quienes hemos defendido el final dialogado, debemos reconocer que nuestras exigencias y condiciones previas para aceptar el diálogo han quedado superadas por las experiencias fracasadas. Las treguas, por ejemplo, han servido como base aceptada del diálogo. Y aunque este 'alto el fuego permanente' ha venido precedido de un largo periodo sin asesinatos y ha elegido cuidadosamente su terminología para afianzar la voluntad de abandono de la violencia, es lo cierto que ha sido manifiestamente violado desde el verano de 2006 y brutalmente liquidado con la bomba de Barajas. En consecuencia y como muy bien dijo Patxi Zabaleta, «no se han cargado una tregua, se han cargado la tregua», y, por lo tanto, parece razonable pensar que en adelante sólo el abandono unilateral y definitivo de la violencia debería dar lugar a un nuevo 'final dialogado'. Todo lo cual pone en evidencia la necesidad de encontrar -en el diálogo interpartidario y democrático- un nuevo consenso sobre las condiciones exigibles para abrir ese escenario. En este sentido, quizás, el pleno del próximo lunes en el Congreso de los Diputados pudiera ser una buena ocasión para que todos los partidos de la democracia española contestáramos al comunicado de ETA de ayer, diciéndole que no puede seguir vigente un alto el fuego con bombas y extorsión y que no admitimos ningún diálogo bajo su amenaza.

La segunda cuestión no es menos importante. ¿Cabe el diálogo político sobre los temas nucleares de la política vasca, mediando la violencia? La experiencia nos demuestra que ETA concibe el diálogo político como condición de su disolución y no como su consecuencia. Es más, exige ese diálogo político mientras permanece vigilante y fuerza la consecución de sus objetivos no sólo con la amenaza de su permanencia, sino con una violencia 'controlada' cuya intensidad decide a través de sus terminales clásicas: kale borroka, cartas de extorsión, etcétera. Este esquema deja al descubierto la otra gran mentira del proceso: la autonomía de la izquierda abertzale, sometida, de principio a fin, a las decisiones tácticas de la banda.

Por eso resulta inconcebible que el lehendakari y otros dirigentes nacionalistas acepten esa malévola ecuación 'paz y diálogo', sin exigir la secuencia democrática que mejor que nadie ha establecido Josu Jon Imaz: «Primero la paz y luego la política». Pero cabe ir más allá, incluso. No se trata sólo de la radical imposibilidad democrática de negociar políticamente mediando la violencia, sino de plantear a los partidos nacionalistas el sostenimiento de sus propias y legítimas aspiraciones mientras ETA mate por ellas. Ya sé que esto duele, pero somos muchos los que pensamos que esta exigencia desde el nacionalismo democrático al nacionalismo violento es la condición que nos falta para el final. No les pedimos que renuncien a su proyecto de Euskadi, sino que condicionen su realización a la paz y a la libertad de todos. No mutilamos sus aspiraciones nacionalistas. Demandamos que las liberen de la contaminación violenta, que arruina su causa.

En los albores del Pacto de Ajuria Enea, Ardanza pronunció una frase capital: «No sólo no compartimos sus medios. Tampoco sus fines». Cerrar el círculo de ese discurso democrático y pacifista del nacionalismo exige hoy aplicar con convicción el otro principio esencial: 'Primero la paz y luego la política'. (El Correo, 10/1/2007)