Con ninguno

Ni con el lehendakari, ni con los jueces. Ésa es mi posición. No estoy de acuerdo con la sala del Tribunal Superior que ha imputado al lehendakari, pero tampoco con la forma con que su partido ha decidido apoyarle y reprochar la actuación judicial.

Empecemos juzgando los hechos: una reunión del lehendakari con unos ciudadanos, sujetos de plenos derechos individuales, difícilmente puede ser un delito. ¿Que Batasuna es ilegal? De acuerdo, pero Otegi y sus amigos son ciudadanos que ejercen derechos inviolables, salvo que ejerzan la representación de una organización ilegalizada. ¿Que es ése el caso? Es imposible probarlo, porque bastaría que negaran tal representación y porque podrían alegar que de representar a alguien lo hacían a la izquierda abertzale. El propio juez Garzón acaba de dictar un auto, muy clarificador, aceptando el ejercicio de esa representación en los actos públicos de los dirigentes de la ex Batasuna, siempre que no lo hagan en nombre de la organización ilegalizada. Garzón ha rizado el rizo, pero lo cierto es que también es juez, de la Audiencia Nacional para más señas y encargado además de establecer doctrina a este respecto porque es el juez que lleva todo el proceso de la ilegalización de Batasuna, de lo que se desprende una jerarquía jurisdiccional incuestionable.

Pero, incluso, voy más allá. Suponiendo que los jueces no hubieran tenido en cuenta estas consideraciones, ¿qué responsabilidad penal puede tener el lehendakari por reunirse con ellos? Los dirigentes de Batasuna serán ilegales pero no delincuentes. El lehendakari, por reunirse con ellos, no viola ninguna ley, ni es cómplice de ningún delito. Pero es más. Supongamos que, con todo, los jueces estiman la necesidad de tramitar la querella presentada -conviene no olvidarlo- por algunas personas y organizaciones más que sospechosas de animadversión y ensañamiento con el querellado y claramente posicionadas con la estrategia partidaria de un partido político concreto. Lo que ya no se entiende es que la mantengan después del auto del Tribunal Supremo, para un caso idéntico. La doctrina del Tribunal Supremo es impecable y de aplicación inmediata al caso, no sólo porque se trata del mismo e idéntico supuesto, sino porque es doctrina superior, jerárquicamente inapelable.

El Tribunal Supremo, como se sabe, ha dicho que no corresponde a los tribunales controlar la acción del Ejecutivo, que dicho control corresponde prioritariamente al Parlamento (artículo 66.2 de la Constitución Española), de manera que «vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal ( ) corregir la dirección de la política ( ) que el art. 97 de la CE encomienda al Gobierno democráticamente elegido».

De manera que hay razones más que sobradas para discrepar abiertamente de esa actuación judicial y no es suficiente la argumentación de los presidentes de las audiencias provinciales señalando las generales de la ley, en el sentido de que no hay nadie inmune y que hay que esperar al pronunciamiento judicial en el momento procesal oportuno. En mi opinión, ha habido muchos momentos procesales oportunos para archivar la querella y no lo han hecho por razones que no comprendo y sobre las que no quiero ni debo especular.

Se trata de una actuación judicial muy delicada. Imputar al presidente del Gobierno por una actuación estrictamente política, guste más o menos, requiere un análisis más cuidadoso y menos instrumental. No se trata de aplicar la ley con criterios más favorables a un responsable político que a un ciudadano, sino de lo contrario, de exigir a los jueces una actuación para con el lehendakari más coherente y por tanto menos agresiva para con un acto estrictamente político del más alto representante en Eukadi de los ciudadanos. Se trata de aplicar justicia teniendo en cuenta la jurisprudencia procedente del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y hacerlo sin olvidar la legitimidad política que presiden sus actos.

Respecto a la respuesta dada por los partidos del Gobierno, me parece sencillamente una sobreactuación victimista, al límite de la injusticia. Los jueces del País Vasco no merecen ese trato. Ya sé que las críticas se han dirigido a una sala, pero son inevitables las generalizaciones contra un conjunto de hombres y mujeres que bastante han sufrido y sufren como para que se les coloque en tan peligroso punto de mira. No es correcto, ni política ni institucionalmente, que un consejero de Justicia lea un comunicado tan abiertamente contrario a las actuaciones judiciales de prácticamente todo el entramado judicial del Estado. Por otra parte, todos sabemos, los partidos del Gobierno también, que esas diligencias judiciales se van a archivar más pronto que tarde y admitiendo que la pena de banquillo (en este caso, la pena es una declaración ante el juez) es injusta e innecesaria, como ya he explicado, lo cierto es que no merece semejante ruido institucional y movilizador.

Tampoco comparto la descalificación jurídica y política que el Gobierno vasco ha hecho, con este motivo, de todo el entramado legal del que se desprenden estas actuaciones. En mi opinión, la Ley de Partidos nada tiene que ver con este asunto, salvo que se censure la ilegalización misma de Batasuna. Entonces sí, la discrepancia es política y punto. Pero de aquella ley no se desprende, como ya he razonado, argumento alguno para ir contra el lehendakari.

Respecto a otras actuaciones judiciales, merece la pena hacer dos puntualizaciones. Los sumarios abiertos buscan ilegalizar o penar organizaciones y actividades relacionadas con ETA, en una orientación que comparto: la violencia no puede encontrar soporte, enaltecimiento y apoyo en la legalidad. Durante más de veinte años hemos aceptado y soportado ese entramado con la esperanza de que sirviera para transitar desde la violencia a la política. Pero hace tiempo que sabemos que ha sido al revés, y que han sido los terroristas quienes han utilizado y controlado la política y la democracia para fortalecerse. Desde 2002 la democracia española dijo basta y dijo bien. Acertamos de pleno. Pero dicho esto, también debo reconocer que algunos sumarios abiertos en ese contexto parecen construidos con más informes policiales que pruebas. El 'caso Egunkaria' es uno de ellos. Cerrar un periódico y encarcelar a sus dirigentes, para que dos años después el propio fiscal nos indique que no hay causa de acusación, no es de recibo para el Estado de Derecho que defendemos. En este sentido y en algún otro, es en los que echo en falta al Consejo General del Poder Judicial para devolver confianza y objetividad a sus actuaciones. Me gustaría, por ejemplo, que una nota tan rotunda y tan unitaria como la que emitieron esta semana para amparar a la sala del Tribunal Superior del País Vasco se acordara para amparar al juez del Olmo en el caso del 11-M de las presiones mediáticas que sufre todos los días en las primeras páginas de algún periódico y en las tertulias matutinas de alguna radio.

En fin, una semana para olvidar. Espero que seamos capaces de emitir señales más positivas a una ciudadanía desesperanzada, además, por el atentado de Barajas y sus más que probables graves consecuencias. A la penosa imagen de ruptura partidaria que siguió al atentado se acompaña ahora esta grave tensión institucional entre poderes del Estado que pretende aprovechar un lehendakari en busca protagonismo y con él la ilegal Batasuna, abanderados y unidos ambos, por esta torpe jugada, en una nueva y equívoca defensa del diálogo como panacea de todos nuestros males. Honradamente, parece que seguimos el camino que nos marca el enemigo.

El Correo, 4/02/2007

Primero la paz

La hemeroteca está llena de nuestros errores. Todos, analistas y expertos, políticos o periodistas, tertulianos o policías, nos hemos equivocado tantas veces en la larga historia de esta tragedia, que deberíamos empezar nuestros análisis con ese humilde reconocimiento. Quienes, además, hemos sido dirigentes políticos y ostentamos todavía alguna responsabilidad pública debemos hacerlo por partida doble. Desde luego ése es mi caso y así me presento ante ustedes, queridos lectores, reconociendo que, a pesar de tantos años y de tan larga experiencia en esta noria maldita, siento en estos momentos la necesidad de anunciarme bajo la cita de Sócrates: 'Sólo sé que no sé nada'.

Pero estamos obligados a explicar nuestros actos, a aprender del pasado y a emprender de nuevo el camino de la paz. Este camino tortuoso y sin mapa, por el que la democracia transita desde hace treinta años. Y es desde esta perspectiva histórica desde la que extraigo una primera reflexión esperanzadora. Por dura y sorprendente que haya sido la brutal ruptura del 'alto el fuego permanente' anunciado el 22 de marzo, sostengo con convicción que estamos en el final de la violencia. Será un final largo, y no exento de atentados, aunque más puntuales, más contenidos, más esporádicos. Basta observar la curva estadística del terrorismo desde 1977 para comprobar la tendencia declinante de sus ataques. Además hay multitud de argumentos geopolíticos, ideológicos, sociológicos y de distinta naturaleza que avalan la misma convicción que la que hemos sostenido estos meses sobre la solidez del famoso 'proceso'. Todas esas razones en las que sustentábamos la esperanza del final de la violencia persisten hoy igual que ayer, y siguen sobre la mesa de unos estrategas que, por muy fanáticos que sean, acabarán sucumbiendo a la evidencia de que con su locura violenta sólo hunden y desprestigian su causa.

Pero con la misma convicción sostengo que ETA no admite el final dialogado de su violencia, en los términos que le ofrece la democracia. Desgraciadamente, una vez más, ha quedado perfectamente claro que cuando les reiteramos nuestra disposición a dialogar para integrarlos en la democracia, ellos entienden que estamos dispuestos a negociar sus pretensiones políticas y de ahí arrancan los malentendidos y los fracasos. Ha ocurrido así en todos y cada uno de los procesos anteriores: en Suiza en 1999, en Argel en 1989 y en cuantas conversaciones o contactos se han producido a lo largo de estos treinta años, excepto en el caso de los 'polimilis'. Ésta es una cuestión esencial porque de ella se derivan dos desencuentros claves entre las fuerzas democráticas. El primero se refiere al sentido del final dialogado de la violencia y el segundo, a las condiciones y contenidos políticos de ese diálogo. Cuando hicimos el Pacto de Ajuria Enea, hace ya cerca de veinte años, hubo consenso de todos los partidos, sobre la necesidad de formalizar el final de la violencia mediante un diálogo que sólo podía producirse cuando tuviéramos constancia del abandono de las armas, y que a su vez se trasladaba a dos mesas con interlocutores y materias diferentes. La una entre ETA y el Gobierno para las cuestiones operativas y humanas, y la otra entre los partidos políticos para las cuestiones políticas. Así concebido, el final dialogado permite un final absoluto, es decir, logra la disolución de la banda, la desaparición total de la violencia y permite iniciar una etapa de reconciliación en un país trágicamente fracturado por más de mil muertos. Naturalmente, de ese final dialogado surge también la incorporación a la política de los objetivos y partidos derivados de las causas que defendían los violentos.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha perseguido, exacta y exclusivamente, este final. Por eso se aprobó en mayo de 2005 una resolución parlamentaria con el contenido literal del famoso punto 10 del Pacto de Ajuria Enea. El PP se ha negado a ese final, a pesar de su acuerdo con él en los años ochenta y noventa y a pesar de que lo buscó, como era su deber, en 1999. Ahora insiste en que el único final posible es la derrota policial, legal y judicial de todo el entramado ETA-Batasuna. Pero yo pregunto: ¿Cuándo y cómo es posible ese final? Porque para que efectivamente se produzca es necesario que ETA acepte su derrota y se disuelva o que operativamente desaparezca. Conste que no niego tal hipótesis, pero si optamos por esta y única estrategia, debemos tener la honestidad de decir a los ciudadanos que debemos aceptar las incertidumbres sobre ese final y la imposibilidad de fijar plazos para él.

Pero también nosotros, quienes hemos defendido el final dialogado, debemos reconocer que nuestras exigencias y condiciones previas para aceptar el diálogo han quedado superadas por las experiencias fracasadas. Las treguas, por ejemplo, han servido como base aceptada del diálogo. Y aunque este 'alto el fuego permanente' ha venido precedido de un largo periodo sin asesinatos y ha elegido cuidadosamente su terminología para afianzar la voluntad de abandono de la violencia, es lo cierto que ha sido manifiestamente violado desde el verano de 2006 y brutalmente liquidado con la bomba de Barajas. En consecuencia y como muy bien dijo Patxi Zabaleta, «no se han cargado una tregua, se han cargado la tregua», y, por lo tanto, parece razonable pensar que en adelante sólo el abandono unilateral y definitivo de la violencia debería dar lugar a un nuevo 'final dialogado'. Todo lo cual pone en evidencia la necesidad de encontrar -en el diálogo interpartidario y democrático- un nuevo consenso sobre las condiciones exigibles para abrir ese escenario. En este sentido, quizás, el pleno del próximo lunes en el Congreso de los Diputados pudiera ser una buena ocasión para que todos los partidos de la democracia española contestáramos al comunicado de ETA de ayer, diciéndole que no puede seguir vigente un alto el fuego con bombas y extorsión y que no admitimos ningún diálogo bajo su amenaza.

La segunda cuestión no es menos importante. ¿Cabe el diálogo político sobre los temas nucleares de la política vasca, mediando la violencia? La experiencia nos demuestra que ETA concibe el diálogo político como condición de su disolución y no como su consecuencia. Es más, exige ese diálogo político mientras permanece vigilante y fuerza la consecución de sus objetivos no sólo con la amenaza de su permanencia, sino con una violencia 'controlada' cuya intensidad decide a través de sus terminales clásicas: kale borroka, cartas de extorsión, etcétera. Este esquema deja al descubierto la otra gran mentira del proceso: la autonomía de la izquierda abertzale, sometida, de principio a fin, a las decisiones tácticas de la banda.

Por eso resulta inconcebible que el lehendakari y otros dirigentes nacionalistas acepten esa malévola ecuación 'paz y diálogo', sin exigir la secuencia democrática que mejor que nadie ha establecido Josu Jon Imaz: «Primero la paz y luego la política». Pero cabe ir más allá, incluso. No se trata sólo de la radical imposibilidad democrática de negociar políticamente mediando la violencia, sino de plantear a los partidos nacionalistas el sostenimiento de sus propias y legítimas aspiraciones mientras ETA mate por ellas. Ya sé que esto duele, pero somos muchos los que pensamos que esta exigencia desde el nacionalismo democrático al nacionalismo violento es la condición que nos falta para el final. No les pedimos que renuncien a su proyecto de Euskadi, sino que condicionen su realización a la paz y a la libertad de todos. No mutilamos sus aspiraciones nacionalistas. Demandamos que las liberen de la contaminación violenta, que arruina su causa.

En los albores del Pacto de Ajuria Enea, Ardanza pronunció una frase capital: «No sólo no compartimos sus medios. Tampoco sus fines». Cerrar el círculo de ese discurso democrático y pacifista del nacionalismo exige hoy aplicar con convicción el otro principio esencial: 'Primero la paz y luego la política'. (El Correo, 10/1/2007)

Globalización y sindicatos.

A primeros de diciembre se celebró en el Consejo Económico y Social del País Vasco un interesante debate sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). A destacar la importancia que tiene esta nueva cultura de la empresa en la reflexión sobre el futuro de los sindicatos, algo que no es pacífico por dos razones diferentes. Algunos dirigentes sindicales ven a la RSE como un competidor de la actividad sindical y creen además que la RSE es un puro marketing social que esconde y disimula realidades laborales censurables.

En ambas líneas de reflexión se sitúa Carlos Trevilla, antiguo dirigente sindical y amigo, además de experto en estos temas, organizador a su vez de este congreso. De hecho, en la rueda de prensa del CES los tres representantes institucionales que asistíamos al debate: la Unión Europea, el Parlamento español y la diputación de Bizkaia, fuimos sorprendidos por las frías palabras del organizador, hacia esta idea.

No les falta razón a quienes piensan que, con frecuencia, la RSE de algunas empresas se limita a una acción social más o menos efectiva y a un lanzamiento espectacular del marketing correspondiente, que busca una empatía social y comercial con sus marcas. Pero eso no debe llevarnos a despreciar la importancia de este movimiento empresarial que está arraigando en todo el mundo y que, en mi opinión, tiene importantes derivadas políticas e ideológicas. Porque, por primera vez en la historia, hay una convergencia de intereses en los objetivos económicos y sociales de las empresas, de manera que la búsqueda de la competitividad en una economía globalizada deberá hacerse en términos de sostenibilidad medioambiental y social y dignidad laboral, o de lo contrario, no habrá competitividad sostenible.

¿De qué surge tanto optimismo? De la transformación acelerada que está experimentando la ecuación empresa-sociedad. La vieja empresa concebía su universo social sobre tres únicos actores: accionistas, clientes y trabajadores. La empresa de la globalización está penetrada por múltiples protagonistas que generan y exigen relaciones preferentes. La responsabilidad social de la empresa implica asumir esta realidad y buscar la excelencia en la relación con todos sus ’stakeholders’ (grupos de interés) de manera que la competitividad de sus productos se base en una superación de las exigencias legales y en la máxima calidad de sus comportamientos en los planos laborales, sociales y medioambientales.

El otro reproche de algunos sindicalistas a la RSE me parece sencillamente equivocado. La RSE no sustituye al sindicato o a la negociación colectiva. Al contrario, no hay RSE sin reconocimiento sindical y negociación colectiva. Es más, no hay RSE sin relaciones laborales dignas y justas y son los sindicatos quienes deben utilizar esta creciente exigencia a las empresas, en beneficio de su protagonismo y de su intervención sindical. Nada pierden los sindicatos por integrar en su estrategia y en su discurso las demandas de RSE a las empresas. Es más, deben aprovechar las nuevas oportunidades que esta nueva ecuación empresa-sociedad les brinda, para modernizar y enriquecer su papel y sus funciones con las reivindicaciones de la nueva sociedad laboral: la igualdad hombre-mujer, la conciliación laboral y familiar, la participación en beneficios, etcétera.

Tiene esto que ver con la creación de un gran sindicato global el pasado mes en Viena, fusionando las grandes centrales internacionales del siglo pasado. A mí me ha parecido una gran noticia. Pero especialmente llamó mi atención el inteligente equilibrio del que viene haciendo gala su nuevo secretario general, el británico Guy Ryder, al reclamar un sindicalismo globalizado y al hacerlo en términos modernos, abiertos y flexibles a las nuevas realidades. «Por fin hemos superado la división política e ideológica, así que ya no había motivo para estar separados. Necesitamos un sindicato global porque el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años, y cada vez hay más casos internacionales y más preocupación por los procesos de globalización. El capital se ha globalizado, así que el sindicalismo también debe hacerlo. Hay un mercado global, pero los derechos sociales no se han globalizado», declaraba recientemente.

La Globalización imparable del mercado – y de la producción, sobre todo- traslada al sindicalismo globalizado tareas suplementarias a su delicada situación en todo el mundo. No se trata sólo de organizar la fuerza sindical a nivel planetario y superar las enormes contradicciones nacionales que atraviesan todavía a los trabajadores. Se trata, también, de atender y resolver las preocupantes señales de crisis que atenazan al movimiento sindical de los países desarrollados. Dicho de otro modo, antes de abordar la arquitectura institucional de la CSI en el mercado global; antes de asegurar la respuesta común de 180 millones de trabajadores pertenecientes a 170 países; antes de unificar los parámetros comunes de un Derecho sociolaboral mínimo a realidades tan heterogéneas, antes de todo eso y de mucho más, el sindicalismo debe resolver sus viejos problemas.

Por ejemplo, su apertura a la nueva economía, y a los centros de trabajo de la producción externalizada (subcontratación en cadena). El sindicalismo está demasiado constreñido a los centros fabriles, a la gran empresa y a los funcionarios públicos. Jóvenes y mujeres son el gran desafío del sindicalismo y su implantación en el sector servicios de las empresas, en las nuevas tecnologías, consultoras, pequeñas empresas, economía del conocimiento en general. Lo mismo ocurre con la unidad sindical interna de cada país. Porque si la debilidad del sindicalismo internacional ante unas empresas planetarias es patética, la división sindical en cada país frente a esas mismas empresas multinacionales es deprimente. Dos o tres sindicatos en un solo país pueden sostenerse si hay una base estratégica unitaria y un proyecto común de sociedad. Sobre esas bases, cabe que la diversidad enriquezca y fortalezca el movimiento sindical. Pero, no nos llamemos a engaño, a la larga, la unidad sindical orgánica garantizará la fuerza sindical y generará una mayor eficiencia en su acción sindical. Llegado el caso, tendremos que preguntarnos si siguen teniendo sentido unas elecciones sindicales, carísimas en esfuerzo y gastos, que resultan perturbadoras de las relaciones entre los sindicalistas de los diferentes sindicatos y añaden nuevos argumentos de tensión a sus cúpulas directivas. Para cerrar el círculo, también cabe preguntarse, en ese caso, si no se produciría un notable incremento de la afiliación sindical cuando sea el sindicato y no el comité el que represente y defienda los intereses de los trabajadores.

Volviendo al principio, el congreso del nuevo sindicato internacional ha denunciado los intentos de hacer de la RSE «una alternativa de marketing de las multinacionales, con las que sustituir el papel de la regulación legal, nacional e internacional, los gobiernos y las propias organizaciones sindicales». Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ya no basta denunciar lo que no se quiere. Hace falta mojarse y al sindicalismo, al local y al internacional, le hace falta decir alto y claro cuáles son sus propuestas, cuáles son sus banderas y objetivos y cómo pretende alcanzarlos. Y si hace esa tarea de análisis y de estrategia, descubrirá que la RSE no es un competidor, sino un aliado y que, bien entendida, puede llegar a ser una formidable palanca de cambio social para que avance la democracia cívica, la cohesión social, la dignidad laboral y los principios sostenibles de nuestro ecosistema.

El Correo, 24/12/2006