Tentaciones peligrosas

Hemos entrado en la última fase: el final de la violencia. Mirado desde la atalaya de treinta intensos y trágicos años, el terrorismo de ETA parece abocado a su final. El Pacto de Ajuria Enea, a finales de los ochenta, la colaboración francesa, la eficacia policial, el espíritu de Ermua, la acción judicial y el pacto por las libertades, entre otras muchas cosas, nos han conducido a la victoria de la sociedad vasca y de la democracia española. Abordamos ahora una tarea delicada, en la que las virtudes democráticas deberían ayudarnos a vencer algunas tentaciones peligrosas. Hay muchas que ya se observan: la ansiedad y la prisa exageradas por dar pasos y tomar medidas cuyo ritmo sólo el tiempo aconseja; los protagonismos y cálculos partidarios, legítimos pero mezquinos ante la grandeza de la causa, y otras muchas, que la brevedad de estas líneas no permiten comentar. Me detendré, sin embargo, en dos que me parecen nocivas.

La primera es la que parte de un falso supuesto: ETA ha sido derrotada y lo único que cabe es esperar a que renuncie definitivamente a la violencia y entregue las armas. Cuando lo haga y pida perdón tomaremos medidas para con sus problemas humanos. Sólo entonces podrán incorporarse a la democracia. Quienes piensan así, desconocen los complejos meandros de estos asuntos y su escabrosa realidad. Tan verdad es que ETA ha perdido su guerra como que podría continuarla bastantes años más. Por supuesto que ello ahondaría la derrota de su gente y de su causa, pero si podemos evitar un final largo, caótico y descontrolado, no exento de violencia, debemos intentarlo. Naturalmente, lo que hagamos para ello debe corresponder a lo que legal y legítimamente cabe en el Estado de derecho, pero sin duda hay mucho margen en la democracia para buscar la paz en el contexto creado después del "alto el fuego permanente". Por eso tiene interés recordar la inteligente, aunque pueda parecer ambigua, frase de Zapatero: "No habrá precio político por la paz, pero la política puede ayudar al fin de la violencia".

Puede haber una tentación política en quienes se arrogan la dignidad de la democracia o apelan a la memoria de las víctimas para oponerse a dialogar y acordar la definitiva renuncia a la violencia. Bajo esas apelaciones bien se puede esconder una actitud interesada en que el proceso no avance, atando de pies y manos al Gobierno en la gestión de esta delicada fase final de ETA. Veamos dos ejemplos. Un acercamiento progresivo de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco ayuda, y mucho, a que "el alto el fuego permanente" sea para siempre. A su vez, la relegalización de Batasuna, naturalmente asumiendo las exigencias de la Ley de Partidos, favorecerá la apuesta por la política que se intuye en el abandono de las armas. Si el primer partido de la oposición se opusiera a tales medidas, cuando sea necesario adoptarlas, por considerarlas inoportunas o precipitadas, estaría mostrando una discutible voluntad de colaboración en el proceso de paz.

De manera que esta primera tentación peligrosa debiera evitarse con algo que se llama lealtad. Los partidos democráticos, y el PP más en particular, pueden ejercer su colaboración crítica y controlar los pasos que acordemos dar en la búsqueda del final definitivo, pero lo que no sería admisible es que alimenten el discurso de la intransigencia y el inmovilismo, impidiendo de hecho una gestión proactiva y dialogada de ese final.

Hay otro riesgo más plausible. Es el que se deriva de una pretensión del nacionalismo vasco que sigue presente en nuestro paisaje político. El lehendakari, acompañando de EA y Ezker Batua en su Gobierno, siguiendo la filosofía de los inventores del Pacto de Estella, sigue empeñado en "la acumulación de fuerzas nacionalistas" para imponer un determinado estatus jurídico-político a los no nacionalistas y a España, aprovechando el final de la violencia. La precipitación y las prisas por constituir una mesa de partidos en la que se "acuerde" una solución al conflicto político vasco, que sea sometida a consulta de la ciudadanía vasca, en el filo de la paz, es una carga de profundidad a la democracia, un fraude a la pluralidad vasca y un nuevo intento tramposo de obtener beneficios políticos, esta vez por la renuncia a las armas.

Ellos saben que ETA mantiene todavía una cierta amenaza, una especie de espada de Damocles, mientras no anuncie la renuncia definitiva a la violencia y saben también que en estas circunstancias cualquier acuerdo político estaría preñado de sospechas sobre supuestas concesiones por dejar de matar. ¿Dónde queda aquí la memoria de las víctimas y la causa por la que les mataron? Si se trata de hacer concesiones políticas en el último momento, ¿por qué no las hicimos antes para evitar su muerte?

Pero no es sólo esto, es que la mesa de partidos que dialoga hasta encontrar un acuerdo mientras ETA no ha desaparecido definitivamente es una negociación bajo amenaza, democráticamente inaceptable. Se supone que sólo cuando a ETA o a sus representantes les valga la "solución" se producirá la definitiva renuncia y abandono de la violencia. A su vez, y para evitar que la legalidad española pueda objetar tal solución, se convoca una consulta previa a la ciudadanía vasca en la que la confusión ventajista de un sí a la paz legitimaría una propuesta identitaria en clave nacionalista (desde la autodeterminación a la libre adhesión).

No lo vamos a aceptar. El conflicto vasco no se arregla con más nacionalismo, sino con más democracia. Lo que queremos recuperar con la paz es la libertad para defender nuestras ideas los que no hemos podido hacerlo en 20 años largos de presión terrorista. El diálogo político vasco no es para que algunos recojan las últimas nueces del último empujón, sino para que acordemos reglas de convivencia que garanticen que los vascos votemos siempre en paz y en libertad, y mi intuición me dice que, en paz y en libertad, el gradiente nacionalista será distinto. O dicho de otro modo, crecerá la pluralidad.

Personalmente no cuestiono las mesas, ni el diálogo político. A lo que me niego es a un final predeterminado en el marco de las viejas reivindicaciones nacionalistas. Lo que reclamo es que el final del diálogo sea respetar las reglas de una convivencia plural en la que todas las opciones democráticas sean legítimas y políticamente posibles, pero en la que todos tengamos iguales derechos para defenderlas. La solución del conflicto vasco, incluso en la concepción nacionalista del conflicto, no está en que una parte del país lo configure a su imagen y semejanza, sino en que seamos capaces de vertebrar una amplia mayoría de vascos en torno a un proyecto común. Eso son soluciones y lo demás son tentaciones antidemocráticas.

El País.14/04/2006

Deudas de nuestra historia

“Escribo contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas”, decía hace sólo unos días Claudio Magris, al ser investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Para salvar la verdad, por ejemplo, me contestaba a mi mismo al leer la reflexión del profesor y escritor italiano. Celebramos este año el setenta aniversario de la guerra civil española y el año que viene serán treinta los que llevamos de democracia. Nunca, en todo este tiempo de libertad, se habían cuestionado tan abiertamente los hechos históricos, o mejor diríamos, su interpretación, como se está haciendo últimamente en diversos foros históricos y políticos. Al calor del extremismo político que se ha instalado en nuestro país, están emergiendo teorías estrafalarias sobre la responsabilidad de la República en general y de las fuerzas de izquierda y obreras en particular, en el estallido de la Guerra Civil, casi concluyendo que fueron la revolución de Octubre del treinta y cuatro, el frente popular del treinta y seis y los actos de terrorismo sectario, los que provocaron la intervención militar el 18 de julio de aquel fatídico año.

Este revisionismo histórico, es exactamente igual que el que proclaman algunos fanáticos islamistas o fascistas de extrema derecha, negando el holocausto de los judíos en la segunda guerra mundial. El contexto de la República y las responsabilidades de quienes protagonizaron aquellos años convulsos, pueden merecernos análisis y opiniones encontrados, pueden exigir autocríticas a muchos, pero, en ningún caso, autorizan a manipular la verdad. Y la verdad es que había un gobierno legítimo y democrático contra el que se sublevaron unos militares que arrastraron a gran parte del ejército, provocando una guerra civil entre los españoles con más de un millón de muertos. La verdad es que los vencedores de la guerra ejercieron una represión cruel contra los derrotados: fusilamientos, cárceles, campos de trabajo, exilio, etc. que marcaron para siempre a una generación de españoles. La verdad es que el General Franco y su ejército impusieron un régimen de opresión y dictadura que duró cuarenta años. Esta es la verdad. Estos son los hechos y el que los niegue o sugiera siquiera que fueron otros los responsables de este desastre, es un mentiroso o un manipulador.

Hemos discutido sobre esto en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez, ni será la última, a propósito de las deudas pendientes con las víctimas de franquismo. De nuevo emergieron dos actitudes antagónicas respecto de las que no quiero ser equidistante. Esquerra republicana de Cataluña se ubica en la reivindicación maximalista de devolver honra, honores y compensaciones a todos quienes sufrieran cualquier tipo de represión, opresión o similares. En una proposición de ley, ilimitada en sus efectos, pretendía que compensemos económicamente a todos aquellos que hubieran visto lesionados sus derechos por la dictadura, cualquiera que fuera la causa: ser gitano, homosexual o masón; por la prohibición de los idiomas propios; por haber luchado contra el franquismo (incluso en organizaciones armadas -sic-). Esquerra quiere que se anulen todos los juicios sumarios de Consejos de Guerra y Tribunales especiales. Incluso quiere que el Rey pida perdón a los republicanos.

Más allá del juicio que nos merezcan algunas de estas pretensiones, Esquerra olvida que nuestra transición a la democracia se hizo sobre bases jurídicas y políticas muy diferentes a la manera en la que acabó el régimen nazi de Alemania, o la ocupación alemana en Francia. Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo, toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones. Podemos, eso sí, reconocer pública y solemnemente, que todas esas sentencias fueron injustamente dictadas y que el honor de quienes fueron condenados, debe ser restituido ante la sociedad. Podemos recuperar la memoria de la guerra y de la represión franquista, construyendo un centro o museo símbolo de esa etapa, mirando de frente a la verdad y explicitando esa parte de nuestra historia (quizás como pretende IU en el Valle de los Caídos). Podemos facilitar y agilizar el acceso a la información de sumarios y archivos policiales de esa etapa represiva a millones de ciudadanos, aunque no podemos indemnizar a la mitad de los españoles por haber sufrido alguna represión lingüística, sexual, étnica o política. Podemos y -aquí añado yo- debemos, elaborar una ley para indemnizar a aquellos que sufrieron mutilaciones o perdieron la vida en la defensa de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución. Como por ejemplo a las familias de las víctimas del 3 de marzo de Vitoria y Basauri y tantos otros que todavía están exigiendo responsabilidades. Pero, no será posible reabrir penalmente aquellos hechos porque la amnistía del 77 lo fue para todos, también para las responsabilidades del viejo régimen represivo. Con todo, espero que veamos, en esta misma legislatura, esa ley que indemnice a las familias que sufrieron injustamente sus consecuencias.

La otra actitud extrema es la de quienes consideran que “aquello ya pasó”, la transición “cerró aquella etapa” y “no conviene abrir heridas”. El PP se pretende cómodo en ese discurso, negándose a tratar todas estas cuestiones pendientes. Hay, incluso, un sector -más ultra que centrista- que ve con simpatía ese revisionismo histórico de pacotilla, y se acoge con gusto a la teoría de que la culpa de aquella guerra “fue de todos” y que “represión y sufrimiento lo hubo para todos y por igual”. Olvida esta teoría algo fundamental y es que los vencedores de la guerra enterraron a sus muertos, recibieron honra y honores por su lucha y se acomodaron al régimen y disfrutaron de su victoria, mientras otros eran cruelmente reprimidos y todavía andan buscando por las cunetas de los pueblos, el lugar exacto en el que los fusilaron. Olvidan también que el perdón que mutuamente nos dimos en 1977, no debe confundirse con el olvido ni con la injusticia y que nos quedan deudas con la historia, que la democracia debe compensar. Por ejemplo ayudando a la pobre gente que quiere enterrar a sus muertos dignamente o abonando una pensión no contributiva a “nuestros niños de la guerra”. O indemnizando a las familias de los obreros de Vitoria, Granada, Ferrol, Tarragona, etc, que murieron sólo por ejercer el Derecho a la huelga o a la manifestación o a la libertad, que es lo mismo.

Sí, afirmé en ese debate en el Congreso, tenemos deudas con la historia y la pregunta es ¿cómo debemos atenderlas?¿abrirá eso heridas inconvenientes? Si lo hacemos, ¿corremos el riesgo de introducir una nueva trinchera en el crispado campo de la política española?
No tiene porqué ser así, si lo hacemos bien y entre todos. La recuperación de la memoria del Franquismo y de la guerra civil y las compensaciones aún pendientes a sus víctimas, no tienen porqué representar un riesgo a la convivencia de los españoles de hoy si lo hacemos sin odios ni afanes vengativos. Sin sectarismos ni partidismos. Sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy ni quiere, ni admite. A veces dudo si esto será posible con un PP empeñado en que todo se crispe y enfrente. Temo que esta recuperación consensuada de nuestra memoria histórica sea utilizada por la derecha para atribuirnos otra ruptura más, esta vez del espíritu de reconciliación de la transición, sin comprender que una mirada más franca, más libre y más abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas, hace más fuerte los fundamentos de nuestra convivencia. Las heridas de la historia no curan con su ocultamiento, sino con la verdad y la justicia. Los hijos de la guerra hicimos la reconciliación en la democracia. ¿No ha llegado el tiempo de que los nietos culminen la justicia para las víctimas antes de que se mueran?.

El Periódico de Barcelona.6/03/2006

El Proyecto de Zapatero

Quizás uno de los errores más graves de Rajoy y del PP en su estrategia de oposición a Zapatero sea el de despreciar las capacidades políticas del Presidente. Los expertos que asesoran al PP tratan de acuñar la imagen de un líder elegido provisionalmente y por los pelos (en plena crisis del PSOE en el año 2000), ganador inesperado y en su opinión circunstancial de las elecciones de Marzo de 2004 (por el atentado del 11-M) y aliado en su gobernación a unos socios imposibles (IU y Esquerra). A esa imagen de inestabilidad institucional y personal se le van añadiendo perfiles despectivos según convenga. Inexperiencia a veces, inconsistencia otras, debilidad siempre frente a los nacionalistas y comunistas que le apoyan. Con esas pócimas, los alquimistas del PP quieren extender la imagen de que quien nos gobierna es un irresponsable y un osado.

Este calculo despectivo hacia Zapatero está en la base de una estrategia que ha sido, desde el primer día, profundamente desestabilizadora para la política española. El objetivo de la oposición del PP ha sido y es estrellar al Presidente contra sus proyectos y hacerle fracasar en su gestión. Todo lo contrario de lo que hizo Zapatero cuando era jefe de la oposición entre 2000 y 2004, que se empeñó en trasladar la imagen de un líder responsable (recuérdese su propuesta de firmar el Pacto Antiterrorista) y de aparecer como una oposición útil (recuérdese la insistencia en el talante y en el espíritu constructivo).

Rajoy, influenciado por Aznar y la vieja guardia de su partido, ha optado por una oposición radical que se endurece a medida que avanza la legislatura. Zapatero, que confiaba en Rajoy, en su actitud personal y en las virtudes centristas del consenso, ha acabado por creer que la legislatura está perdida para el consenso y que sólo los resultados electorales harán posible otro escenario. La tensión acumulada en el debate estatutario catalán y en el que circunda la cuestión del final de la violencia en el País Vasco, es buena muestra de este clima político, tan alejado del consenso entre los dos partidos, como necesitado de él.

La oposición del PP es desesperada y en parte angustiosa. Pende sobre ella la espada de Damocles de una derrota electoral que arrastraría a toda la cúpula del partido que la está protagonizando. Han lanzado todas las naves de su flota a la batalla de la desestabilización y del acoso y derribo de Rodríguez Zapatero, minusvalorando su entidad personal y su proyecto. Y al hacerlo están quemando sus naves.

Contra lo que se empeñan en creer algunos, los parámetros del proyecto Zapatero para la España de principios de siglo, son muy sólidos, extraordinariamente importantes y profundamente reformistas. No despreciar las capacidades del adversario es una regla política elemental y el PP se equivoca al cuestionar la firmeza de las ideas del Presidente y la ambición de su proyecto político para España.

Pueden resumirse en cuatro sus grandes proyectos:

PRIMERO: LAS REFORMAS AUTONÓMICAS

Zapatero inició su legislatura recibiendo a los presidentes autonómicos en la Moncloa, enviando a su Ministro de Administraciones Públicas a visitar todas las comunidades, convocando dos conferencias de Presidentes, desatascando una espesa conflictividad judicial entre el Estado y las CC. AA ante el Tribunal Constitucional y resolviendo las últimas transferencias pendientes del desarrollo autonómico.

Anunció que apoyaría una fase de reforma de los Estatutos de Autonomía si éstas se producían por consenso y en la Constitución. Rechazó el Plan Ibarretxe en las Cortes, precisamente porque le faltaba lo uno y lo otro y avaló la toma en consideración de las reformas valenciana y catalana.

Pero no es sólo eso. Las reformas estatutarias, justificadas por múltiples razones que se derivan de la importancia de los cambios producidos en veinticinco años largos de vida democrática española, son además de una necesidad técnica, política y económica, una oportunidad para consolidar el modelo territorial y para seguir avanzando en ese proyecto histórico de una España que integra a sus nacionalismos. Aquí se puede discrepar, lo admito, sobre el sentido histórico, ventajas y riesgos de este nuevo pacto con el nacionalismo catalán, pero conviene recordar a los que ven el caos territorial por doquier, que la política del palo antinacionalista practicado con tosca persistencia en los cuatro años de mayoría absoluta del PP, se saldó con una amplia derrota del PP en Cataluña y País Vasco y con un extraordinario crecimiento del nacionalismo independentista.

Zapatero está fraguando un pacto que actualiza el acuerdo constitucional de 1978, que consolida el modelo autonómico de nuestro título VIII y que proyecta en términos generacionales (veinte o treinta años) el encaje de los nacionalismos en una España plural, integradora de su diversidad identitaria. Hay quien ve en los pactos con nuestros nacionalismos el preámbulo de una fractura inevitable, sin comprender que a los nacionalistas los retroalimenta la exclusión y el enfrentamiento esencialista. Algunos, por el contrario, creemos que estos pactos, el constituyente del 78, los pactos autonómicos de los noventa y este nuevo acuerdo de impulso y actualización autonómica, integran y vertebran España y muy probablemente irán diluyendo las ansias más extremistas de los nacionalismos más irredentos.

SEGUNDO: LA PAZ

Con la legislatura de Zapatero se ha iniciado una esperanzadora etapa hacia el fin de ETA. No fue mérito suyo, sino fruto de un conjunto de circunstancias que han favorecido en ese mundo una reflexión –¡ojalá que irreversible!- hacia la inutilidad de la violencia. El 11-S cambió la actitud política de todos los gobiernos del mundo hacia el terrorismo. El 11-M arrastró a ETA a un conglomerado terrorista ajeno a sus orígenes y reivindicaciones, contaminando hasta la exageración y el odio masivo, su historia y su causa. El IRA, auténtico espejo en el que siempre se miraron, abandonó la violencia hace ya varios años y hace solo unos meses, entregó las armas. La organización operativa y política de los terroristas había sufrido una acción represiva desde la ruptura de la tregua en 2000, que le obligó a replegarse y a buscar salidas para todo su entramado socio-político. Es este contexto el que probablemente movió a ETA-Batasuna a diseñar un proceso hacia el fin de la violencia que se presentó en Anoeta (noviembre 2004) y que a lo largo de todo 2005 ha venido desarrollando un guión más o menos previsible: Fin de los atentados mortales, violencia contenida y hasta cierto punto controlada y búsqueda compleja de un aflojamiento legal de su entramado político y electoral.

Zapatero pudo quedarse quieto y mirar para otro lado cuando este conjunto de circunstancias se hicieron explícitas. Pero su enorme ambición de paz le ha llevado a un terreno tan peligroso como esperanzador. Solo que nadie le ayuda y quien menos lo hace es su oposición que , empeñada en que se estrelle, ha decidido poner el máximo de obstáculos en los recodos de este camino hacia la paz.

TERCERO: UNA POLÍTICA DE FUERTE CONTENIDO SOCIAL

Un suelo económico favorable, está permitiendo a Rodríguez Zapatero, dotar a su acción de gobierno de un importante impulso social. Para corroborarlo basta un dato: No ha habido en los treinta años de gobiernos democráticos, un presupuesto con tantos avances redistributivos: Mejora de Pensiones mínimas, becas, salario mínimo interprofesional, viviendas sociales, permiso de paternidad, etc, configuran, junto a la próxima regulación de la dependencia, una decisiva influencia en la creación de un cuarto pilar del Estado del Bienestar. Todo ello, no se olvide, en un marco macroeconómico de fuerte creación de empleo (casi un millón de nuevos empleos en un año) y de fuerte descenso del paro, hasta cotas desconocidas en los últimos treinta años.

CUARTO: LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Todo ello viene haciéndose en un contexto político de fuerte impulso democrático. Zapatero es un convencido del poder de los ciudadanos y hay en todas sus propuestas un empeño intencionado en fortalecer la capacidad de decisión de una ciudadanía informada y madura a través de una democracia fortalecida en sus instituciones y en sus reglas. Detrás del talante hay una fe ciega en el diálogo que el presidente practica con todos hasta la extenuación (por ejemplo, con todos los presidentes autonómicos o con las víctimas del terrorismo o con los portadores de cualquier pancarta). Su empeño en llevar a Las Cortes el debate del Plan Ibarretxe fue una muestra de su respeto a las reglas y de su confianza en el Parlamento. Su radical apuesta para la igualdad de géneros, su concepción moderna de las relaciones de familia y su firmeza en reconocer esos derechos a los homosexuales, su mirada mas laica hacia la sociedad española del siglo XXI y el pulso que ha ganado a la Iglesia Española en la Educación, son todas ellas expresiones de un socialismo de los ciudadanos, de una profunda creencia en las virtudes republicanas de una democracia moderna y laica.

Son todos estos cambios los que más han alterado a una derecha conservadora y antigua, que ha visto temblar su firmamento simbológico: la familia tradicional y paternalista, una patria esencialista, una Iglesia preponderante y una España excluyente. Lo grave es que el PP se ha apuntado a todas estas causas sin comprender que hay una sociedad española más moderna, más laica, más tolerante, más joven también, impregnada de nuevos valores sociales que está generacionalmente más próxima a lo que puede representar el gobierno y el proyecto de Rodríguez Zapatero. Lo peor es que se nota demasiado que el PP se ha apuntado al bombardeo y se suma a todas las pancartas, un poco como dice el proverbio chino: “Reina un gran desorden bajo los cielos; la situación es excelente”.

Expansion, 08/02/2006