“Escribo contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas”, decía hace sólo unos días Claudio Magris, al ser investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Para salvar la verdad, por ejemplo, me contestaba a mi mismo al leer la reflexión del profesor y escritor italiano. Celebramos este año el setenta aniversario de la guerra civil española y el año que viene serán treinta los que llevamos de democracia. Nunca, en todo este tiempo de libertad, se habían cuestionado tan abiertamente los hechos históricos, o mejor diríamos, su interpretación, como se está haciendo últimamente en diversos foros históricos y políticos. Al calor del extremismo político que se ha instalado en nuestro país, están emergiendo teorías estrafalarias sobre la responsabilidad de la República en general y de las fuerzas de izquierda y obreras en particular, en el estallido de la Guerra Civil, casi concluyendo que fueron la revolución de Octubre del treinta y cuatro, el frente popular del treinta y seis y los actos de terrorismo sectario, los que provocaron la intervención militar el 18 de julio de aquel fatídico año.
Este revisionismo histórico, es exactamente igual que el que proclaman algunos fanáticos islamistas o fascistas de extrema derecha, negando el holocausto de los judíos en la segunda guerra mundial. El contexto de la República y las responsabilidades de quienes protagonizaron aquellos años convulsos, pueden merecernos análisis y opiniones encontrados, pueden exigir autocríticas a muchos, pero, en ningún caso, autorizan a manipular la verdad. Y la verdad es que había un gobierno legítimo y democrático contra el que se sublevaron unos militares que arrastraron a gran parte del ejército, provocando una guerra civil entre los españoles con más de un millón de muertos. La verdad es que los vencedores de la guerra ejercieron una represión cruel contra los derrotados: fusilamientos, cárceles, campos de trabajo, exilio, etc. que marcaron para siempre a una generación de españoles. La verdad es que el General Franco y su ejército impusieron un régimen de opresión y dictadura que duró cuarenta años. Esta es la verdad. Estos son los hechos y el que los niegue o sugiera siquiera que fueron otros los responsables de este desastre, es un mentiroso o un manipulador.
Hemos discutido sobre esto en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez, ni será la última, a propósito de las deudas pendientes con las víctimas de franquismo. De nuevo emergieron dos actitudes antagónicas respecto de las que no quiero ser equidistante. Esquerra republicana de Cataluña se ubica en la reivindicación maximalista de devolver honra, honores y compensaciones a todos quienes sufrieran cualquier tipo de represión, opresión o similares. En una proposición de ley, ilimitada en sus efectos, pretendía que compensemos económicamente a todos aquellos que hubieran visto lesionados sus derechos por la dictadura, cualquiera que fuera la causa: ser gitano, homosexual o masón; por la prohibición de los idiomas propios; por haber luchado contra el franquismo (incluso en organizaciones armadas -sic-). Esquerra quiere que se anulen todos los juicios sumarios de Consejos de Guerra y Tribunales especiales. Incluso quiere que el Rey pida perdón a los republicanos.
Más allá del juicio que nos merezcan algunas de estas pretensiones, Esquerra olvida que nuestra transición a la democracia se hizo sobre bases jurídicas y políticas muy diferentes a la manera en la que acabó el régimen nazi de Alemania, o la ocupación alemana en Francia. Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo, toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones. Podemos, eso sí, reconocer pública y solemnemente, que todas esas sentencias fueron injustamente dictadas y que el honor de quienes fueron condenados, debe ser restituido ante la sociedad. Podemos recuperar la memoria de la guerra y de la represión franquista, construyendo un centro o museo símbolo de esa etapa, mirando de frente a la verdad y explicitando esa parte de nuestra historia (quizás como pretende IU en el Valle de los Caídos). Podemos facilitar y agilizar el acceso a la información de sumarios y archivos policiales de esa etapa represiva a millones de ciudadanos, aunque no podemos indemnizar a la mitad de los españoles por haber sufrido alguna represión lingüística, sexual, étnica o política. Podemos y -aquí añado yo- debemos, elaborar una ley para indemnizar a aquellos que sufrieron mutilaciones o perdieron la vida en la defensa de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución. Como por ejemplo a las familias de las víctimas del 3 de marzo de Vitoria y Basauri y tantos otros que todavía están exigiendo responsabilidades. Pero, no será posible reabrir penalmente aquellos hechos porque la amnistía del 77 lo fue para todos, también para las responsabilidades del viejo régimen represivo. Con todo, espero que veamos, en esta misma legislatura, esa ley que indemnice a las familias que sufrieron injustamente sus consecuencias.
La otra actitud extrema es la de quienes consideran que “aquello ya pasó”, la transición “cerró aquella etapa” y “no conviene abrir heridas”. El PP se pretende cómodo en ese discurso, negándose a tratar todas estas cuestiones pendientes. Hay, incluso, un sector -más ultra que centrista- que ve con simpatía ese revisionismo histórico de pacotilla, y se acoge con gusto a la teoría de que la culpa de aquella guerra “fue de todos” y que “represión y sufrimiento lo hubo para todos y por igual”. Olvida esta teoría algo fundamental y es que los vencedores de la guerra enterraron a sus muertos, recibieron honra y honores por su lucha y se acomodaron al régimen y disfrutaron de su victoria, mientras otros eran cruelmente reprimidos y todavía andan buscando por las cunetas de los pueblos, el lugar exacto en el que los fusilaron. Olvidan también que el perdón que mutuamente nos dimos en 1977, no debe confundirse con el olvido ni con la injusticia y que nos quedan deudas con la historia, que la democracia debe compensar. Por ejemplo ayudando a la pobre gente que quiere enterrar a sus muertos dignamente o abonando una pensión no contributiva a “nuestros niños de la guerra”. O indemnizando a las familias de los obreros de Vitoria, Granada, Ferrol, Tarragona, etc, que murieron sólo por ejercer el Derecho a la huelga o a la manifestación o a la libertad, que es lo mismo.
Sí, afirmé en ese debate en el Congreso, tenemos deudas con la historia y la pregunta es ¿cómo debemos atenderlas?¿abrirá eso heridas inconvenientes? Si lo hacemos, ¿corremos el riesgo de introducir una nueva trinchera en el crispado campo de la política española?
No tiene porqué ser así, si lo hacemos bien y entre todos. La recuperación de la memoria del Franquismo y de la guerra civil y las compensaciones aún pendientes a sus víctimas, no tienen porqué representar un riesgo a la convivencia de los españoles de hoy si lo hacemos sin odios ni afanes vengativos. Sin sectarismos ni partidismos. Sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy ni quiere, ni admite. A veces dudo si esto será posible con un PP empeñado en que todo se crispe y enfrente. Temo que esta recuperación consensuada de nuestra memoria histórica sea utilizada por la derecha para atribuirnos otra ruptura más, esta vez del espíritu de reconciliación de la transición, sin comprender que una mirada más franca, más libre y más abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas, hace más fuerte los fundamentos de nuestra convivencia. Las heridas de la historia no curan con su ocultamiento, sino con la verdad y la justicia. Los hijos de la guerra hicimos la reconciliación en la democracia. ¿No ha llegado el tiempo de que los nietos culminen la justicia para las víctimas antes de que se mueran?.
El Periódico de Barcelona.6/03/2006