Dos nuevas ideas para el futuro de la UE.

La Unión Europea necesita adecuar sus instrumentos y compromisos para abordar la profundidad de los retos geopolíticos a los que se enfrenta.

La recuperación de Ucrania después de la guerra tendrá un enorme coste económico y corresponderá al mundo occidental su financiación, principalmente a Europa y a Estados Unidos. Puede parecer un horizonte lejano, pero puede no serlo tanto y en cualquier caso es seguro que habrá que abordarlo.

Un numeroso grupo de diputados europeos, de todos los grupos políticos, se ha dirigido a la Comisión Europea pidiendo que elaboren y presenten una propuesta legislativa que contenga un marco claro para la atribución de los fondos financieros rusos congelados por las sanciones, a la reconstrucción de Ucrania. La misiva va principalmente dirigida al vicepresidente de la Comisión y alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, a quienes algunas fuentes sitúan en el origen de la iniciativa.

La invasión rusa de Ucrania también ha influido en los planes de la Comisión para restablecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Solo los gastos extraordinarios que están asumiendo los Estados miembros, principalmente Polonia, para atender a los refugiados ucranianos, superan los 40.000 millones de euros. A eso hay que añadir los importantísimos efectos presupuestarios que se están produciendo en toda Europa, en términos de caída del crecimiento y por tanto de ingresos y de aumento de gastos para combatir los precios energéticos y la inflación. Conclusión: el Pacto de Estabilidad suspendido un año más. Veremos cuando es posible ponerlo en marcha y en qué condiciones porque los endeudamientos públicos suman tres cifras (más del 100% del PIB) en varios e importantes países de la Unión: Francia, España, Italia, etcétera.

Sobre este contexto macroeconómico, ha surgido con fuerza la idea de un nuevo fondo europeo, financiado por emisiones europeas y mutualizado que, al igual que el Next Generation, aborde en este caso todas las consecuencias de la guerra de Ucrania y la ayuda europea, que, en su momento, habrá que destinar a la reconstrucción del país. No es un tema pacífico, pero tampoco cabe esconder la cabeza ante una realidad tan perentoria. Por eso, la propuesta de los eurodiputados, aunque jurídicamente problemática y potencialmente peligrosa por represalias simétricas sobre bienes privados europeos en Rusia, merece alguna consideración. De hecho la Comisión ya ha empezado a estudiar la legislación aplicable a la confiscación de fondos en caso de delitos supracomunitarios graves, para ver de su aplicación a Rusia.

Los daños de la guerra se han evaluado hasta el momento en más de 500.000 millones de dólares, solo en las infraestructuras físicas (escuelas, hospitales carreteras, museos, edificios públicos, etcétera) y los activos financieros rusos congelados en Europa son más de 300.000 millones y en EE UU en torno a los 100.000 millones. Es altamente improbable que el final de la guerra incluya entre sus acuerdos que Rusia repare los daños producidos por su invasión. En consecuencia, el estudio de esta propuesta y su implementación esta sobre la mesa de la Comisión Europea.

Igualmente está sobre la mesa, esta vez la del Consejo Europeo, la propuesta de crear “La Comunidad Política europea”. Las ideas sobre un círculo concéntrico superior, abierto y flexible a la UE, han circulado desde hace tiempo entre los expertos en arquitectura jurídico-política de la Unión. Ha sido siempre una fórmula alternativa a los acuerdos con los antiguos países EFTA que no ingresaron en la Unión Europea y quedó como reserva para aquellos países de la Unión, descontentos o desconfiados de los avances federales e integradores de sus miembros. Después del Brexit, no pocos han pensado en ese círculo para seguir manteniendo los lazos políticos de la UE con el Reino Unido, si las aguas del acuerdo en Irlanda se calman.

Reflexiones especulativas, desde luego, pero bastante razonables desde un punto de vista teórico al complejo mundo de nuestras relaciones con la vecindad. Lo cierto es que después de la invasión rusa a Ucrania, esa especulación se ha hecho urgente y la complejidad ha adquirido perfiles mucho más nítidos. Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, en su discurso en Estrasburgo con motivo de la recepción a las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa, quien dio forma y compromiso a esta idea.

Fue a propósito de la respuesta que los europeos debemos dar a los ucranianos que, además de luchar por defender su país, están —todos lo sabemos— muriendo por ser Europa. Se están escribiendo multitud de argumentaciones explicativas de la invasión rusa, pero hay una que sobresale como una verdad incontrovertible: los ucranianos quieren ser europeos y Rusia no lo permite. Un funcionario de la Comisión me decía que en 1991, cuando Ucrania declara su independencia después de la caída del Muro, la renta per cápita del país no llegaba a los 4.000 dólares, parecida a Polonia, su país vecino. Treinta años después, un poco antes de la invasión rusa, la renta polaca es superior a los 18.000 dólares per cápita y la ucraniana se había reducido a poco más de 3.500. Es muy fácil entender hacia dónde se dirigen los deseos de los ciudadanos ucranianos. Basta recordar cómo fueron reprimidos en 2004 en su “Revolución Naranja” por querer firmar un Acuerdo de Asociación con la UE.

Consciente de la sensibilidad europea con estos deseos, Macron, dirigiéndose a los representantes de la ciudadanía europea, les dijo: “Ucrania, por su combate y su valentía, pertenece ya al corazón de Europa”, para a continuación reconocer que el proceso de adhesión durará años, decenios llego a decir. ¿Cómo podemos dejar a la Ucrania que resulte de la guerra esperando a las puertas de Europa 10 o 20 años hasta que cumpla todos los estándares económicos y políticos que exigimos a los nuevos miembros? Incluso cabe pensar que ese proceso resultaría imposible si tenemos en cuenta los enormes costes de la reconstrucción económica y social de ese país. No es posible. Cuando los combates cesen y algún día lo harán, nuevos acuerdos y probablemente nuevas fronteras sustituirán los parámetros físicos y jurídicos anteriores a la guerra. Es la ley de la historia.

Afortunadamente, la que parecía ser la pretensión más ambiciosa del presidente ruso, Vladímir Putin, tomar Kiev e imponer un gobierno prorruso en Kiev, ha sido derrotada. Habrá una Ucrania resultante de la guerra y será Europa o no será. Pero, junto a Ucrania vendrán Moldavia y Georgia. No hay lugar para la neutralidad política en esa zona del mundo. La hay y será obligada la neutralidad militar, pero el área política y económica de pertenencia o es rusa o es europea, y sabemos bien la aspiración de esos dos países, que lógicamente, se han hecho irreversibles después de la invasión a Ucrania. Serán Europa o no serán.

También el proceso de adhesión de los Balcanes Occidentales se ha acelerado. Como se ha dicho acertadamente, la invasión rusa ha abierto toda una serie de nuevos retos geopolíticos a la Unión y ha acelerado otros muchos. Uno de estos últimos es precisamente el de la ampliación de la UE a los países vecinos, en particular a los Balcanes Occidentales, que están esperando desde hace años algo más que buenas palabras. Ni siquiera el reconocimiento de país candidato sirve ya ante la velocidad de los acontecimientos y su compleja concatenación. Múltiples decisiones comerciales, energéticas, defensivas, etcétera, dependen de que finalmente esos Estados pertenezcan al área Europea o a la que les ofrezcan rusos y chinos, separada o conjuntamente.

El dilema europeo es aceptar ese destino pero materializarlo demasiado tarde, porque esos países no cumplen las condiciones políticas y socioeconómicas que la UE tiene establecidos para la adhesión. Hay que decirlo claramente, la transición para la adhesión a la Unión durará muchos años y en ese plazo los perderemos.

Todo lo cual pone en evidencia que la UE no puede ser la única estructura política que integre el continente europeo. El Consejo de Europa tiene, en parte, esa pretensión, pero únicamente a efectos de nuestros valores, de nuestros Derechos Fundamentales, con la Convención de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo como garantía suplementaria de su protección. Falta pues una organización política superior en la que aglutinar compromisos políticos de asociación y cooperación y, por supuesto, otros muchos marcos de colaboración en tareas y proyectos comunes.

Macron la llamó así: «Una nueva comunidad política europea», que… «permitirá a las nuevas naciones europeas democráticas adherirse a nuestro suelo de valores y encontrar un nuevo espacio de cooperación política, de seguridad, de cooperación en materia energética, de transporte, de inversiones, de infraestructuras, de circulación de personas y en particular de nuestros jóvenes». La propuesta sería una fórmula ideal para esos países cuya voluntad de incorporación al marco de valores y principios democráticos europeos es inquebrantable y que aspiran además a integrarse algún día en la propia UE.

Pero a su vez, la propia Unión abre un escenario flexible para atender una de las contradicciones internas más retardataria y paralizante. Me refiero a las diferentes perspectivas que tenemos sobre las reformas que necesita nuestra gobernanza. Son muy patentes esas diferencias en el seno de nuestras instituciones cuando se plantean problemas que reclaman soluciones armonizadoras (fiscalidad, por ejemplo), o competenciales (tales como la coordinación sanitaria), o simplemente ejecutivas (la unanimidad en política exterior). Ante estos problemas hay Estados que avanzan propuestas federalizantes, mientras que otros se mueven en posiciones antagónicas, reclamando más subsidiariedad y menos poder competencial de la UE.

La reforma de los tratados es la piedra de toque de este debate esencial. El mandato ciudadano de la Conferencia, el Parlamento Europeo y el propio Macron se han comprometido con esta esa posibilidad, pero sin duda habrá más de uno y de dos países abiertamente opuestos a esta posibilidad. A finales de junio, en el último Consejo presidido por Francia, se decidirá si esa convocatoria tiene el acuerdo de los 27.

Una estructura política superior permitiría también que la integración europea de aquellos países que no quieren avanzar en una agenda federalista, tengan su acomodo bajo un paraguas político, comercial y de asociación que, quizás sea suficiente para sus pueblos, permitiendo al núcleo más integrado de la Unión gobernarse con más agilidad y eficiencia. Quizás pueda establecerse esa frontera en torno al euro, porque lo cierto es que la gobernanza económica de la Unión con dos estructuras diferentes, la zona euro y el resto, resulta compleja y duplica esfuerzos institucionales. Es verdad que disponemos de mecanismos para sortear las diferentes velocidades de avance, las llamadas mayorías reforzadas y las clausulas opting out, pero ni son eficientes ni se usan fácilmente.

Muchos pensamos que vivimos un momento refundacional en la Unión. La conferencia sobre el futuro de Europa ha coincidido con la sacudida institucional que nos ha dado la guerra en Ucrania. No será fácil que el Consejo Europeo convoque una convención para las reformas de los tratados, pero la profundidad de los retos geopolíticos que enfrentamos no podrán ser respondidos con viejas fórmulas continuistas. La defensa europea, la autonomía estratégica, la gobernanza económica, la ampliación y otros tantos temas de política interior y exterior de la Unión necesitarán una adecuación de nuestros instrumentos y de nuestros compromisos. En ese contexto, la comunidad política europea se presenta como una opción interesante y urgente. Quizás incluso antes de abordar las reformas interiores de nuestra gobernanza.

Publicado en EsGlobal, 2/06/2022

Los desafíos de la nueva izquierda latinoamericana.

Los gobiernos progresistas en el continente, dentro de sus particularidades, se enfrentan a retos similares como son la recomposición del contrato social y la contribución a la transición democrática en Venezuela y Nicaragua, entre otros asuntos.

Se ha iniciado un nuevo ciclo de izquierda política en América Latina. Junto al triunfo de Gabriel Boric en Chile, que dio continuidad a Perú y a Bolivia, pueden sumarse este año Colombia y Brasil. Salvo Ecuador, todo el sur del continente puede estar en manos de las izquierdas políticas. Cada cual a su manera de ser izquierda.

Juzgar bajo un mismo signo ideológico expresiones políticas tan diferentes como el peronismo argentino y el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, puede inducirnos a errores de diagnóstico en la estrategia de cada uno de los partidos en sus respectivos Estados. Pasa igual cuando generalizamos América Latina, olvidando que cada país es diferente. Como suele decirse en México, es imposible entender un solo México. Pero hay algunas convergencias ideológicas para el conjunto de la región que pueden producir beneficios para los pueblos de estas naciones. Veamos.

Una primera es la apuesta por una mayor integración regional en un subcontinente en el que casi todas las experiencias anteriores han fracasado. No es un secreto decir que América Latina está más dividida que nunca y que las fracturas políticas surgidas en la última década están todavía muy presentes. Basta recordar la creación del grupo de Lima en la estrategia de presión a Nicolás Maduro (Venezuela) y las divisiones de votos en el seno de la Organización de Estados Americanos. Las divisiones afectaron tan seriamente a la CELAC que tuvo que suspender las cumbres con la Unión Europea en 2016 y así seguimos hasta el presente, poniendo en serios apuros la alianza birregional nacida en Río 20 atrás. Para colmo Brasil abandonó CELAC hace dos años.

Otras alianzas regionales, la del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), Unasur, Mercosur, etcétera, no han producido avances en la integración de sus mercados interiores. Esta es una de las graves consecuencias de las fracturas nacionales en América Latina. Su nivel de intercambio comercial no pasa del 15%, mientras que un mercado único integrado, como el que disfruta la Unión Europea, permite a sus países alcanzar cifras superiores al 50% de comercio interior.

Pues bien, la aproximación ideológica de los nuevos gobiernos en el sur de América podría permitir abordar con más realismo y menos tensiones nacionales su integración regional y dar pasos así en favor de armonizar sus ordenamientos jurídicos para hacer posible la libre competencia de sus servicios, para atraer inversiones y para desarrollar grandes infraestructuras físicas y tecnológicas comunes.

Este es el camino de la modernización y el progreso de estos países. Las sinergias que pueden producirse, las formidables ventajas de la osmosis de buenas prácticas y políticas de éxito entre Estados y el abordaje conjunto de proyectos transnacionales, aconsejan avanzar sin complejos en esta materia. Lejos deben quedar retóricas apelaciones a la soberanía nacional y a proteccionismos anacrónicos y comparativos.

En este mismo plano cabe destacar la conveniencia de que tres gobiernos con etiqueta progresista, México, Brasil y Argentina podrían coordinar sus estrategias en el G20 y en los organismos financieros internacionales con objeto de hacer fuertes sus demandas en los dos temas más urgentes del momento: el reparto de las vacunas (incluida la liberación de las patentes) y la ayuda financiera internacional que la mayoría de los países latinoamericanos necesitan en estos momentos.

En segundo lugar, los gobiernos de una izquierda moderna tienen que afrontar la recomposición del contrato social en esos países. Cada uno con sus características y circunstancias. En Chile, Colombia, Perú y Brasil hay problemáticas y demandas diferentes, pero en todos ellos sus democracias y sus instituciones reclaman un esfuerzo de consolidación de los pilares del bienestar: salud, educación y protección social. Son servicios públicos con enormes lagunas en sus prestaciones, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. La izquierda de verdad, no la de retóricas revolucionarias, tiene que fortalecer el Estado y sus niveles de protección social, y eso empieza por apostar por el crecimiento de la economía y aumentar el ingreso fiscal, lo que a su vez, exige combatir la informalidad en la economía y hacer eficaz el aparato de recaudación (la agenda tributaria, si ustedes quieren llamarla así).

En la primera década de este siglo, muchas de las políticas de izquierda fueron redistributivas sobre la base de ingresos especiales de una economía extractiva, favorecida por los altos precios de las materias primas. Hoy, la izquierda moderna, combate la desigualdad también desde políticas predistributivas: salarios mínimos, educación universal, formación profesional, movilidad, la lucha contra las brechas digitales, etcétera. Eso es lo que estamos escuchando en Chile y nos permite abrigar esperanzas socialdemócratas en esta nueva etapa. La revolución pendiente en gran parte de los países de América Latina es la revolución socialdemócrata, que basándose en la libertad y en la democracia, construye Estados de Derecho fuertes, aumenta la recaudación fiscal año a año y edifica la seguridad y la protección social sobre robustos servicios públicos de educación, sanidad y pensiones. Esa es la única forma de reestablecer y renovar el contrato social de la ciudadanía con sus instituciones y ese es el camino de empezar a recuperar la confianza en los partidos políticos, no se olvide, fundamentales en el sistema democrático.

Hay una tercera causa que también concierne a la izquierda Latinoamericana es su contribución a la transición democrática de Venezuela y Nicaragua. Es la izquierda democrática la que tiene que encabezar la denuncia contra la izquierda totalitaria. No hay socialismo posible sin libertad. La democracia no es una herramienta que pueda despreciarse por causa de la justicia social, porque no hay justicia sin libertad. La democracia no es forma, es fondo.

Por coherencia con esos principios y porque la connotación negativa de esos modelos les perjudica en su imagen y en sus expectativas políticas, los gobiernos de izquierda deben articular la presión política adecuada sobre esos regímenes, para que sendos procesos de negociación abran paso a las transiciones democráticas necesarias, es decir, a elecciones libres, de plena igualdad, en las que el pueblo elija presidente, gobierno y cámaras legislativas en pleno respeto a sus respectivas constituciones.

Publicado en EsGlobal, 17/02/2022

Venezuela: volver a empezar.

¿Sería posible replantear una nueva estrategia para Venezuela? ¿Qué pasos habría que dar?

Las elecciones provinciales y locales del pasado 21 de noviembre han provocado una especie de parálisis en los movimientos internacionales en favor de la democratización de Venezuela. La victoria del partido del Gobierno en 19 de las 23 provincias en las que se elegía gobernador y en 223 alcaldías (incluida Caracas) de las 335 ciudades en las que se elegía alcalde, ha dejado mudos a quienes esperábamos que estas elecciones fueran el comienzo de un proceso de conquista democrática desde la base de las instituciones del país.

Han sido unas elecciones ventajistas y desiguales, pero el cómputo electoral no es discutible. Éste es, en esencia, el mensaje del informe provisional que ha emitido la misión de observación electoral de la UE. Es preciso recordar que millones de venezolanos emigrados por la crisis humanitaria del país, no han podido votar. Que la participación electoral apenas ha superado el 43% y que el gobierno ha utilizado importantes ventajas sobre la oposición en la Administración electoral: monopolio televisivo, propaganda gubernativa, ayudas a la población vulnerable con “mensaje electoral”….etc. Ya se sabe que el PSUV y su gobierno tienen un control autoritario del poder y que sus prácticas son antidemocráticas y represivas. Pero, con todo, los partidos de la oposición han participado, han pactado su presencia en el Consejo electoral y el recuento de los votos no ha sido puesto en cuestión. La repetición electoral en Barinas y el triunfo electoral de la oposición en un Estado tan simbólico para el chavismo, lo acreditan. Esa especie de segunda vuelta ha sido la ocasión para que la oposición sumara sus votos al candidato mayoritario y su victoria por eso ha sido aplastante.

Lo cierto es que muchas de las estrategias diseñadas y puestas en marcha para derrocar a ese régimen han fracasado y, hasta cierto punto, una sensación de derrota y de desánimo se ha extendido en las cancillerías de la comunidad internacional y en la solidaridad democrática de todo el mundo, con la oposición venezolana. De la victoria abrumadora de la oposición en las elecciones legislativas de hace 6 años, que ocupó casi dos tercios de los escaños, a los resultados locales de 2021, media un abismo. Unas cuantas conclusiones deberíamos ser capaces de extraer.

La primera, es recordar que el gobierno de Maduro no aceptó aquella derrota y a través de trampas y represión anuló la cámara legislativa y destruyó la oposición ilegalizando partidos, encarcelando líderes, creando una Asamblea Constituyente fantasma paralela y forzando al exilio a sus más encarnizados enemigos.Todo ello confirmó la naturaleza antidemocrática del régimen chavista y la vocación totalitaria de la mayoría de sus dirigentes y puso – y desgraciadamente pone -en cuestión la viabilidad de una transición pactada en la que la aceptación de la derrota es condición sine qua non de juego limpio.

La segunda, es que las esperanzas de derrotar al régimen por la presión internacional y por las sanciones, se han desvanecido. El grupo de Lima se convirtió en punta de lanza de esa estrategia internacional (impulsada por Estados Unidos) y las sanciones al país (petróleo, bloqueo financiero, etcétera), acabaron por hundir la gestión económica del gobierno, ya de por sí calamitosa. El resultado lo conocemos: crisis humanitaria y cinco millones de venezolanos huyendo del país. En este contexto, la operación Guaidó y su continuidad al frente de una Asamblea Legislativa paralela, es solo un símbolo carente de unidad interna y de operatividad política. Su apoyo internacional ha disminuido extraordinariamente y su capacidad de convocatoria y de representación es mínima, lo que cuestiona su viabilidad.

La tercera, es reconocer que una oposición dividida difícilmente vencerá la fortaleza del PSUV en el gobierno. Es hora de asumir que estos años de dura represión y de notables divisiones internas, también han desgastado a la oposición y que su credibilidad social es baja. El pueblo está cansado de movilizaciones infructuosas, las divisiones entre los partidos son patentes y en algunos de ellos hay diferencias estratégicas notables entre exilio e interior. Algunos de los liderazgos más conocidos han dejado de serlo y la demanda de renovación en la dirección de algunas formaciones parece evidente. Recuperar la confianza y las esperanzas de cambio de la población, me parece la tarea más urgente e importante de la oposición venezolana. Es una opinión personal, pero para acreditarla, basta comparar los resultados electorales del 2021 con los obtenidos en 2016, cuando la oposición fue capaz de presentar listas conjuntas. De hecho, conviene recordar que si esta hubiera ido unida a estos comicios, con candidatos pactados en cada provincia, habrían ganado no cuatro sino diecisiete de las provincias. La suma de sus votos en todas ellas refleja esos resultados.

A comienzos de 2022, es necesario replantearse caminos y estrategias para que Venezuela recupere libertades, democracia y prosperidad. Europa es y debe ser agente principal del nuevo momento venezolano porque mantiene un alto nivel de presencia y prestigio como potencia mediadora. Su papel en el proceso electoral de noviembre de 2021 acompañando a la oposición como observación internacional, su diplomacia comprometida con los valores democráticos, su constante mediación en favor del diálogo, la negociación y un proceso pacífico de transición, la limitación de sus sanciones a responsables personales de la represión sin perjudicar nunca al pueblo venezolano y por último su contribución cuantiosa a la crisis humanitaria dentro y fuera del país, especialmente con la emigración, han convertido a Europa en el agente internacional imprescindible para la salida democrática del país.

En pocos conflictos internacionales de los que nos rodean puede Europa ser tan protagonista y decisiva como lo es en el caso venezolano. EEUU presente y resolutivo, poco puede hacer en Venezuela después de tanto olvido y de tanto error estratégico como los cometidos por la anterior Administración estadounidense.

¿Cuáles deberían ser los pasos a dar en los próximos meses?

Reanudar las conversaciones de México, interrumpidas por el gobierno venezolano escudándose en las elecciones de noviembre. Aunque, realmente, fue debida a su airada reacción a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, empresario colombiano-venezolano, presunto testaferro de Maduro. La UE debe apoyar al gobierno de Noruega en la recuperación del diálogo de México entre gobierno y oposición. La vía del acuerdo interno es la única. Es la que garantiza que el proceso sea pacífico y protagonizado única y exclusivamente por los venezolanos. El contenido de ese acuerdo debe delimitar condiciones, plazos y garantías de los procesos electorales pendientes de legitimación democrática: presidenciales y legislativas.

Cabe deducir que las mejoras económicas que se empiezan a ver en Venezuela y la victoria electoral en las elecciones de noviembre, estimularán y favorecerán a los sectores más proclives al acuerdo, en el complejo mundo interno del PSUV.

La negociación política no debería limitarse a los procesos electorales pendientes. Algunas reformas del sistema institucional deberían ser también abordadas, especialmente las referidas a un mayor equilibrio de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo (reduciendo los excesos de autoritarismo presidencial) y asegurando la independencia del poder judicial.

En segundo lugar, la negociación de México debe estar inteligentemente acompañada de un doble proceso internacional, adecuar las sanciones a los avances que se produzcan en las negociaciones institucionales y crear un plan de estabilización macroeconómico para las finanzas públicas del país. Suavizar las sanciones implica permitir recuperar producción petrolera, abrir mercados y desbloquear los movimientos financieros, todo ello, claro está, en función de los compromisos democráticos asumidos en la negociación por parte del Gobierno. Un plan macroeconómico de estabilidad y recuperación económica, debería ser negociado con el Fondo Monetario Internacional y los Bancos Multilaterales de desarrollo. Para ambos fines, será necesario incorporar a Estados Unidos al proceso de negociaciones y a la evolución positiva de las mismas.

La Unión Europea debería acompañar las negociaciones de México con conversaciones políticas de alto nivel con los países aliados de Venezuela en la escena geopolítica internacional. Hay dos circunstancias que ayudarán en este intento. Por un lado, los cambios políticos que se están produciendo en la región. Chile, Perú, Bolivia, Argentina tienen gobiernos de izquierda y quizás este mismo año puedan tenerlos también Colombia y Brasil. Estos gobiernos nada tienen que ver con el viejo grupo de Lima y es posible que promuevan un acercamiento al diálogo del propio gobierno venezolano. Por otro, los temas de negociación con Cuba, Irán, Rusia y China en el marco del multilateralismo abierto que defiende Europa, dan excelentes oportunidades de que esas potencias presionen al régimen chavista en favor de una salida democrática negociada

Europa debe diseñar un plan humanitario específico de ayuda y cooperación a Venezuela de acuerdo con el gobierno venezolano. La cooperación europea debe hacerse presente en planes dirigidos a las principales urgencias sociales del país: salud, alimentación, poblaciones vulnerables y aportación de materiales esenciales. Un plan especial de vacunación también debería ser necesario. La ayuda a los países limítrofes que reciben la emigración venezolana (Colombia, Perú, Ecuador) debe ser acordada en planes de cooperación conjuntos. Por último, los países europeos deberían favorecer la acogida y regularización de migrantes venezolanos garantizándoles estatus legal y protección social.

La Unión Europea debe fortalecer su trabajo de relación con la sociedad venezolana organizada, tanto dentro como fuera de Venezuela. En primer plano, para reforzar la integración política de esta, recuperar la confianza en las fuerzas políticas representativas y en las instituciones democráticas y ayudar a la extensión de una narrativa de diálogo interno y de deliberación democrática como horizonte de futuro para el país. Esto es, particularmente, necesario en estos momentos. En el segundo, para articular a la sociedad venezolana de la diáspora e involucrarla en la salida democrática, asegurando entre otras muchas cosas, su derecho al voto, además de su opinión sobre el futuro del país a través de las asociaciones creadas en diferentes Estados de la Unión Europea.

Es solo una propuesta. Quizás voluntarista. Quizás ingenua. Pero, ¿no es hora ya de replantearse estrategias fracasadas? “Volver a empezar” es iniciar de nuevo el único camino de salida democrática y pacífica al conflicto de Venezuela: el diálogo y la negociación acompañados de ayuda y solidaridad internacional.

Publicado en esglobal , 20/01/2022