Fue uno de los primeros impulsores de la responsabilidad social de las empresas en España, convencido de que, desde la política, se podía hacer mucho para estimularla. Ya sea como diputado nacional, como miembro del Gobierno o posteriormente como eurodiputado, nunca ha cejado en este empeño. Este compromiso sostenido en el tiempo le permite tener una visión muy aguda y crítica sobre el mundo de la RSC.
Ya en 2002, cuando apenas se hablaba en España de responsabilidad social corporativa, Ramón Jáuregui Atondo (San Sebastián, 1948) redactó una propuesta de ley que planteaba una serie de requisitos y obligaciones para las empresas cotizadas en materias como la gestión de recursos humanos, la salud, la seguridad, el medio ambiente y la relación con el entorno social. Tres años después formó parte de la subcomisión parlamentaria dedicada a la RSC.
“Desde hace más de 15 años empezamos a trabajar en esta idea de la responsabilidad social corporativa y empresarial -recuerda Jáuregui- y hemos ido aprendiendo; soñábamos con que la RS fuera una herramienta extraordinaria en favor de una sociedad más justa y de la dignidad humana”.
A punto de despedirse de la Eurocámara, Jáuregui ha echado la vista atrás para hacer un balance crítico pero a la vez optimista de la “aventura” de la RS, aprovechando su intervención en la presentación del estudio del Observatorio de RSC, 'La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2017'.
El político socialista es capaz de percibir con gran agudeza las contradicciones que lastran el avance de la RS. Una de ellas es el eterno dilema entre rentabilidad y sostenibilidad. “Nunca hemos negado a la empresa que busque obtener beneficio, porque esta es su naturaleza, pero le hemos pedido que nos diga cómo lo obtiene”. Esta es una contradicción que, a su juicio, se ha agravado en los últimos años, porque “la economía se está financializando tanto que los fondos, que son los verdaderos titulares de las compañías, exigen rentabilidades tan altas y tan inmediatas que hacen imposible la estrategia sostenible”.
Otra contradicción es que los impulsores de la RSC ponían su esperanza en que hubiera “una sociedad capaz de conocer, premiar y castigar” lo que hacían las empresas. Sin embargo, la realidad es otra: “Hemos construido un mundo de la responsabilidad social demasiado confuso; hay tal cantidad de herramientas, de instrumentos de medición, tantas diferencias entre los sectores económicos, tantas políticas e idiosincrasias nacionales a la hora de analizar estas materias que la ciudadanía se hace un lío”.
Otro gran obstáculo es, para Jáuregui, la dificultad de trasladar las buenas prácticas a la cadena productiva en un contexto de globalización imparable y creciente. “Todo el mundo subcontrata todo. Una empresa puede tener 30 o 40 compañías subcontratadas o fabricar sus productos en 70 o 90 países en el mundo”. Por, eso, el riesgo es “que nos estemos quedando en un análisis superficial de las estrategias de RS de las compañías”.
La voluntariedad se hace ley.
Pero no todo son sombras en el análisis del político vasco: “Soy un escéptico exigente y creo que aún así no podemos tirar por la borda la herramienta que es la RS, aún a pesar de todo lo que he dicho y muchas más cosas”. Así, uno de los aspectos más positivos del recorrido de estos años es, a su modo de ver, que la voluntariedad, que es sustancial en la responsabilidad social, ha dado lugar a buenas prácticas que, con el tiempo, se han convertido en leyes de obligado cumplimiento.
Como ejemplo, Jaúregui, cita toda una batería de directivas europeas y leyes nacionales en países como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza o España que tienen por objeto el fomento de la transparencia, el respeto a los derechos humanos o el impulso a la igualdad en la actividad de las empresas. “La voluntariedad ha mostrado límites insuperables pero las prácticas han ido forjando legalidad”, resume.
Toda una ofensiva legal que debería culminar, en su opinión, con un gran tratado de comercio internacional auspiciado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “¿Será capaz la ONU de alcanzar un tratado internacional que obligue a todos los países del mundo? Es muy difícil, pero esta sería una de las herramientas más extraordinarias para el futuro”.
En definitiva, para este pionero de la RS, lo que falta es la reivindicación de un discurso político de altura “sobre el compromiso de las compañías en un mundo en cambio acelerado, con unas transformaciones brutales, desde la disrupción digital que afecta a las economías, a los derechos de las personas y a nuestro hábitat jurídico”.
Jáuregui enfatiza que la sociedad ha salido de la crisis muy lastimada y enfadada con las empresas y con el sistema bancario y es necesario canalizar esa demanda social hacia las compañías para conseguir su contribución seria a la sostenibilidad. “Esta es la ecuación que falta por resolver, este es el trabajo pendiente”, sentencia el eurodiputado.
“Desde hace más de 15 años empezamos a trabajar en esta idea de la responsabilidad social corporativa y empresarial -recuerda Jáuregui- y hemos ido aprendiendo; soñábamos con que la RS fuera una herramienta extraordinaria en favor de una sociedad más justa y de la dignidad humana”.
A punto de despedirse de la Eurocámara, Jáuregui ha echado la vista atrás para hacer un balance crítico pero a la vez optimista de la “aventura” de la RS, aprovechando su intervención en la presentación del estudio del Observatorio de RSC, 'La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2017'.
El político socialista es capaz de percibir con gran agudeza las contradicciones que lastran el avance de la RS. Una de ellas es el eterno dilema entre rentabilidad y sostenibilidad. “Nunca hemos negado a la empresa que busque obtener beneficio, porque esta es su naturaleza, pero le hemos pedido que nos diga cómo lo obtiene”. Esta es una contradicción que, a su juicio, se ha agravado en los últimos años, porque “la economía se está financializando tanto que los fondos, que son los verdaderos titulares de las compañías, exigen rentabilidades tan altas y tan inmediatas que hacen imposible la estrategia sostenible”.
Otra contradicción es que los impulsores de la RSC ponían su esperanza en que hubiera “una sociedad capaz de conocer, premiar y castigar” lo que hacían las empresas. Sin embargo, la realidad es otra: “Hemos construido un mundo de la responsabilidad social demasiado confuso; hay tal cantidad de herramientas, de instrumentos de medición, tantas diferencias entre los sectores económicos, tantas políticas e idiosincrasias nacionales a la hora de analizar estas materias que la ciudadanía se hace un lío”.
Otro gran obstáculo es, para Jáuregui, la dificultad de trasladar las buenas prácticas a la cadena productiva en un contexto de globalización imparable y creciente. “Todo el mundo subcontrata todo. Una empresa puede tener 30 o 40 compañías subcontratadas o fabricar sus productos en 70 o 90 países en el mundo”. Por, eso, el riesgo es “que nos estemos quedando en un análisis superficial de las estrategias de RS de las compañías”.
La voluntariedad se hace ley.
Pero no todo son sombras en el análisis del político vasco: “Soy un escéptico exigente y creo que aún así no podemos tirar por la borda la herramienta que es la RS, aún a pesar de todo lo que he dicho y muchas más cosas”. Así, uno de los aspectos más positivos del recorrido de estos años es, a su modo de ver, que la voluntariedad, que es sustancial en la responsabilidad social, ha dado lugar a buenas prácticas que, con el tiempo, se han convertido en leyes de obligado cumplimiento.
Como ejemplo, Jaúregui, cita toda una batería de directivas europeas y leyes nacionales en países como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza o España que tienen por objeto el fomento de la transparencia, el respeto a los derechos humanos o el impulso a la igualdad en la actividad de las empresas. “La voluntariedad ha mostrado límites insuperables pero las prácticas han ido forjando legalidad”, resume.
Toda una ofensiva legal que debería culminar, en su opinión, con un gran tratado de comercio internacional auspiciado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “¿Será capaz la ONU de alcanzar un tratado internacional que obligue a todos los países del mundo? Es muy difícil, pero esta sería una de las herramientas más extraordinarias para el futuro”.
En definitiva, para este pionero de la RS, lo que falta es la reivindicación de un discurso político de altura “sobre el compromiso de las compañías en un mundo en cambio acelerado, con unas transformaciones brutales, desde la disrupción digital que afecta a las economías, a los derechos de las personas y a nuestro hábitat jurídico”.
Jáuregui enfatiza que la sociedad ha salido de la crisis muy lastimada y enfadada con las empresas y con el sistema bancario y es necesario canalizar esa demanda social hacia las compañías para conseguir su contribución seria a la sostenibilidad. “Esta es la ecuación que falta por resolver, este es el trabajo pendiente”, sentencia el eurodiputado.