Hace unos días celebramos en el Parlamento Europeo un interesante debate en torno a la Iniciativa Ciudadana Europea cuando están a punto de cumplirse tres años desde su entrada en vigor. Este instrumento, consagrado por el Tratado de Lisboa para reforzar la participación democrática ciudadana y acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, permite que un millón de ciudadanos de, al menos, siete de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE) soliciten la creación de un texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE.
Sin embargo, y tal como expresaron los participantes, las dificultades que plantea el cumplimiento de los requisitos fijados por el Reglamento que regula este instrumento entorpecen la consecución de su objetivo principal: la participación en la vida democrática de la Unión. Buena prueba de la complejidad de las exigencias es que de las 49 iniciativas que se han puesto en marcha desde 2012, solo tres han cumplido todos los requisitos y han alcanzado el número de firmantes requerido.
¿De qué sirve crear un instrumento innovador pero con tantos requisitos burocráticos que socavan el nivel de participación ciudadana y desalientan a los más de seis millones de ciudadanos que han apoyado con su firma una Iniciativa Ciudadana Europea?
La Comisión Europea presentará en abril un informe sobre la aplicación del Reglamento y previsiblemente introducirá algunas propuestas para reducir las barreras administrativas y dar un empuje a este instrumento que, lamentablemente, es muy poco conocido por la ciudadanía europea.
En mi opinión estas propuestas no deberían limitarse a las cuestiones más técnicas y burocráticas (facilitar los sistemas de recogida de firmas a través de páginas web; ampliar el plazo para la recogida de las firmas; facilitar la traducción de las iniciativas ciudadanas propuestas a otras lenguas oficiales de la Unión; simplificar los requisitos que se piden a los firmantes, etc.), sino que también deberían incluirse fórmulas para mejorar el seguimiento de las iniciativas que hayan conseguido el número de firmas requerido o, en su defecto, un amplio número de firmas. Quizás no todas las iniciativas puedan desarrollarse como propuestas legislativas, pero convendría reconducirlas en otros instrumentos políticos como Recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros y Dictámenes; Comunicaciones y Libros Blancos de la Comisión, etc.
Debemos ser ambiciosos si queremos reconciliar a los ciudadanos con la Unión Europea y atajar el incremento del voto antieuropeo y de la tasa de abstención de las pasadas elecciones europeas. Solo si actuamos de forma más política y menos legalista y solo si abrimos vías de participación democrática, los ciudadanos sentirán que su voz cuenta en Europa.