La denuncia, el pasado mes de noviembre, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de las prácticas para favorecer la evasión fiscal llevadas a cabo durante años por el Gobierno luxemburgués puso entre las cuerdas al recién nombrado Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El máximo responsable del Ejecutivo comunitario, que ejerció el cargo de primer ministro luxemburgués durante 18 años y que, presuntamente, habría tolerado las operaciones de ingeniería fiscal para favorecer la evasión, tuvo que apresurarse a comparecer en el Parlamento Europeo para apresurarse a condenar dichas prácticas y así evitar la aprobación de una moción de censura.
Las prácticas del gobierno de Luxemburgo para atraer la inversión de las multinacionales y conocidas como "LuxLeaks" no son un caso aislado. Holanda, Bélgica e Irlanda también han sido protagonistas de investigaciones formales y varios estados han sido interpelados por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por prácticas similares que infringen las normas europeas sobre ayudas a los Estados. Normas que, precisamente, están orientadas a prohibir ventajas que puedan distorsionar la competencia en el mercado.
Muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿cómo es posible que este tipo de esquemas fiscales hayan podido ser legales desde el punto de vista formal pese a su evidente carácter fraudulento y a las continuas llamadas de atención del ejecutivo comunitario?
Con la aprobación ayer en la Eurocámara de la constitución de una Comisión Especial sobre los Acuerdos Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, el Parlamento Europeo se dota de los instrumentos necesarios para examinar la aplicación de la legislación de la Unión Europea sobre fiscalidad y ayudas estatales desde 1991 en relación con los acuerdos fiscales y otras medidas similares adoptadas por los Estados miembros. Asimismo, la nueva comisión analizará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación europea en materia de información sobre acuerdos fiscales a otros Estados miembros, determinará el impacto negativo de la planificación fiscal agresiva sobre las finanzas públicas y planteará recomendaciones para el futuro.
Finalmente, se ha optado por la creación de una comisión especial y no de investigación -cuya reglamentación, de la que soy Ponente, está actualmente en fase de revisión tras los nuevos poderes que otorga el Tratado de Lisboa al Parlamento Europeo- en base a la recomendación del servicio jurídico del Parlamento Europeo. No cabe duda de que ello limita los poderes de la Eurocámara pero también garantiza que en el caso de que se inicie un procedimiento jurisdiccional con idéntico objeto (excepción sub judice), la comisión especial no quedará suspendida.
En definitiva, el Parlamento Europeo, y en particular los miembros, entre los que me encuentro, de esta nueva comisión especial, tenemos una importante tarea que desarrollar en los próximos meses para investigar y combatir la elusión fiscal y erradicar el secreto bancario.
Pero en paralelo esta tarea debe ir acompañada de avances en materia de armonización fiscal europea y en particular en relación a la creación de un impuesto de sociedades común para la Unión Europea, tal y como llevo reivindicando desde hace años. Sólo así reconquistaremos la confianza de los ciudadanos.
Rámón Jáuregui fue nombrado ayer, en Sesión Plenaria del Europarlamento, miembro titular de la comisión especial contra la evasión, el fraude y la competencia fiscal en la UE a raíz del caso Luxleaks