Miro esta torre de Babel que es Europa desde mi ventana española. Es un pequeño hueco en el edificio Louise Wisse del complejo europarlamentario de Estrasburgo. Es un pequeño despacho en el formidable conjunto urbano del Legislativo europeo en Bruselas. Me sumerjo rápido en los pasillos, en la burocracia, en las reglas del funcionamiento parlamentario. Atravieso la marea humana que se entrecruza por pasillos, salas y despachos y que me muestra una meleé de hombres y mujeres europeos hablando mil lenguas de muy diferentes realidades. No, en Europa no es la lengua sólo la que nos separa. Lo que verdaderamente cuesta franquear, son las fronteras virtuales que nos imponen nuestras respectivas realidades. Todos los eurodiputados venimos preñados de nuestra realidad y cuesta mucho, ¡demasiado!, que la abandonemos para hacer y hablar de Europa.
Reunión de la Comisión de Libertades (Justicia e Interior para entendernos) Elegimos a Juan Fernando López Aguilar, presidente. Brilla con su oratoria barroca y políglota. Saluda en francés, responde en un inglés perfecto, matiza a los italianos en su idioma, discursea en español. Es un orgullo verle. Pero empiezan los comentarios de una comisión constitutiva. Una italiana dice que debemos abordar el problema de la mafia. Otro diputado de su país, probablemente de otro grupo, le matiza que hay que hablar “de las mafias”. La eurodiputada del PP, víctima del terrorismo, recuerda el último asesinato de ETA y reivindica la lucha de la democracia española contra la banda. Una diputada húngara clama contra la represión policial en su país. Otro diputado reivindica la igualdad de gays y lesbianas no reconocida todavía en algunos países del Este. Me pregunto ¿Cuándo hablaremos de Europa? ¿Es que no tienen Parlamentos nacionales para dirimir en sus países esos problemas? No, definitivamente, Europa no se construye si todos vamos con el famoso ¡”Que hay de lo mío”!.
Hay más barreras. Las burocráticas para construir textos y armar resoluciones y propuestas teniendo en cuenta que deben ser útiles y aceptables para veintisiete países distintos, para realidades económicas, sociológicas y políticas demasiado diferentes todavía y, brutalmente contradictorias en muchas ocasiones, especialmente, después de la entrada de los países del Este (2004). Las legislativas estrictamente. Porque aunque éste es un parlamento con formas, reglamento, organización y hechuras de Parlamento Nacional, sin embargo, el juego parlamentario no es el de una Nación. Ni lo es su función legislativa atenuada por una Comisión cuya iniciativa normativa es relativa y por un Consejo Europeo cada vez más celoso del poder de sus naciones y de un principio de subsidiariedad que oculta, a menudo, un rampante criterio de soberanía nacional, que bien podríamos llamar “Resistencia a Europa”.
Es ésta una de las sorpresas de esta legislatura. La idea de Europa, lo que alumbra este proyecto ambicioso y necesario, imprescindible por nuestra historia y para nuestro futuro, está atacada como nunca, después de que durante sesenta años haya recorrido lo más complejo y difícil de su camino. Curiosamente, ahora que la globalización reclama más espacios supranacionales y que la crisis económica demanda más política internacional, ahora que Europa resulta más necesaria que nunca, en el Parlamento Europeo, donde reside el corazón de su soberanía y de su legitimidad política, tenemos a ciento diez diputados euroescépticos o eurofobos que cuestionan la naturaleza o la existencia misma de Europa.
Por eso, fundamentalmente por eso, algunos creíamos que la elección de Barroso era obligada. Más que de un debate ideológico, se trataba y se trata, de una opción entre una Europa fuerte y unida o una Europa dividida y en crisis. No había otro candidato ni podía haberlo, porque fue la derecha quien ganó las elecciones del siete de junio. El Parlamento Europeo no elige, sólo ratifica, aunque no es poco. Pero además de todo ello, el Consejo Europeo de los veintisiete países de la Unión, sus Jefes de Gobierno, lo habían nominado por unanimidad. De manera que sólo nos quedaba abstención o votar NO. El NO era testimonial y peligroso. La abstención irrelevante. Algunos pensábamos que reforzar la vieja y productiva alianza proeuropea de demócratas, liberales y socialistas resultaba imprescindible y -porqué no decirlo- creíamos que al elegir a Barroso, poníamos de Presidente de la Comisión a un vecino y amigo de España y, desde luego, a un europeo convencido.
Quizás Barroso no sea el candidato ideal que los socialistas deseábamos, pero es el que nos ha propuesto unánimemente el Consejo -que es el órgano que tiene esta prerrogativa- y lo que los europeos necesitamos es una Comisión que se ponga a trabajar cuanto antes para salir de la crisis, que esté a pleno rendimiento para Pittsburgh y Copenhaguen y con todos sus comisarios elegidos cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, si es que los irlandeses dan el sí al nuevo Tratado común, el próximo dos de octubre.
Público, 28/09/2009
30 de septiembre de 2009
Desconcertante Diversidad
Presentación de un nuevo recurso de un grupo de senadores checos ante el Tribunal Constitucional Checo contra el Tratado de Lisboa.
PREGUNTA ESCRITA de Ramon Jauregui Atondo (S-D) al Consejo.
5 de octubre de 2009.
Asunto: Presentación de un nuevo recurso de un grupo de senadores checos ante el Tribunal Constitucional Checo contra el Tratado de Lisboa
Ante la noticia de que un grupo de diecisiete senadores checos, en su mayoría pertenecientes al Partido Democrático Cívico (ODS), han presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional Checo contra el Tratado de Lisboa, y ante la evidencia de que se trata de un acto de obstrucción a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, realizado a pocos días del referéndum irlandés;
¿Cuál es la valoración del Consejo ante este nuevo acontecimiento? ¿Cuál va a ser la actitud respecto de la República Checa? ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Consejo para que se efectúe con la máxima celeridad la entrada en vigor del Tratado?
5 de octubre de 2009.
Asunto: Presentación de un nuevo recurso de un grupo de senadores checos ante el Tribunal Constitucional Checo contra el Tratado de Lisboa
Ante la noticia de que un grupo de diecisiete senadores checos, en su mayoría pertenecientes al Partido Democrático Cívico (ODS), han presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional Checo contra el Tratado de Lisboa, y ante la evidencia de que se trata de un acto de obstrucción a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, realizado a pocos días del referéndum irlandés;
¿Cuál es la valoración del Consejo ante este nuevo acontecimiento? ¿Cuál va a ser la actitud respecto de la República Checa? ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Consejo para que se efectúe con la máxima celeridad la entrada en vigor del Tratado?
27 de septiembre de 2009
"Bonus" y G-20
Quién lo iba a decir hace sólo uno o dos años! Una cumbre de los países más ricos y poderosos del mundo (90% del PIB mundial) quiere establecer límites a los salarios / beneficios de los ejecutivos de bancos y finanzas. No será lo más importante de la cumbre de Pittsburgh, pero tiene una formidable carga simbólica y sienta un extraordinario precedente. Significa en primer lugar que la política, los Estados, dan una señal de autoridad sobre los mercados, inédita e impensable hasta hace poco tiempo. Es una demostración palpable del reequilibrio en la vieja ecuación Estado-Mercado, tan escorada hacia la desregulación y la devaluación de la intervención pública en los últimos 30 años de ofensiva neoliberal.
Dos circunstancias recientes explican este drástico cambio: la primera, la constatación empírica de que toda una filosofía, que bien podríamos definir como de irresponsabilidad en la ética de los negocios, ha sido causa principal de la crisis: beneficios exagerados a ejecutivos e inversores causantes de la insostenibilidad de los negocios; productos financieros opacos a la regulación y preñados de riesgos; primas y bonos por operaciones cortoplacistas casi siempre tóxicas, etcétera. La segunda, que todo ese desastre está teniendo que resolverse con el dinero de los ciudadanos (además de con el paro laboral de millones de trabajadores). La política se ha visto así legitimada para decir ¡basta!
La iniciativa europea (a destacar el protagonismo de la UE y del comisario Almunia en este debate) pretende vincular la retribución variable de los altos ejecutivos no sólo a los beneficios, sino también a las pérdidas, de manera que las primas reflejen los verdaderos riesgos que se toman en la banca. Al tomar como referencia un mayor período de tiempo para la repartición de las primas, se evitaría caer en incentivos perversos cortoplacistas y los bonus reflejarían con más fidelidad los resultados. Además, y con el objetivo de aumentar la transparencia, mejorar la gobernanza corporativa y promover un comportamiento más responsable del sector financiero, la iniciativa también propone eliminar los bonus, prohibir la venta de stock options o participaciones en las empresas (repartidas como parte del pack salarial) hasta transcurrido un mínimo período específico (de al menos cuatro años) y exige la información pública y detallada sobre las políticas de remuneración en las empresas.
Se ha iniciado así un camino lleno de retos y esperanzas. Porque es un reto enorme -y ésta es la segunda consecuencia que se deriva de esta medida- construir las bases de una nueva gobernanza de la economía y del mundo. Por eso, la fuerza simbólica y de precedente de esta propuesta es enorme y la resistencia de quienes a ello se oponen, más fuerte de lo que pudiera parecer. Los británicos dicen que los ejecutivos de la City se irían a otros países libres de estas incómodas limitaciones. El propio Obama duda porque "el Gobierno no dice generalmente lo que uno puede pagar o no a sus empleados", aunque en este caso tiene más razón Krugman que esta misma semana decía que "reformar los salarios de la banca es la mejor medida concreta que podemos tomar para prevenir otras crisis financieras". Y añadía: "En este caso, una medida popular no es sólo buena política, sino también buena economía". No obstante, las objeciones son constantes e intensas.
Podemos comprender esas objeciones, pero nunca aceptarlas. Siempre hay alguna razón oculta en la globalización o en la competencia que impide avanzar en la justicia o en la eficacia. Ocurre como en la fiscalidad. Las rentas altas o las del capital o las grandes fortunas, se escapan del Fisco o buscan paraísos fiscales a los que no llegan los Estados. La conclusión es clara, sólo ganaremos esta batalla crucial en las grandes mesas de la nueva gobernanza mundial y sólo lo haremos con una Europa fuerte y unida capaz de defender -e imponer en su espacio de influencia si fuera pre-ciso-, hoy, la limitación de los bonus y la mejor regulación nacional e internacional de las acciones financieras de riesgo, y, mañana, la eliminación de los paraísos fiscales o la creación de una fiscalidad transnacional a los movimientos de capital, y así sucesivamente.
Pero si las grandes potencias: EE UU, China, (paradoja de los tiempos, que el único país comunista de la cumbre se oponga a los límites de los bonus a los banqueros) y quizás Rusia, impiden el acuerdo en esta materia, a los accionistas les queda el recurso de aprobar o rechazar modelos de retribución inaceptables moralmente y/o insostenibles económicamente. A los ciudadanos, además, nos quedan otras respuestas: exigir a los bancos con los que operamos y que gestionan nuestros ahorros, un comportamiento responsable en las remuneraciones de sus directivos a través de una total transparencia en sus memorias sociolaborales, de manera que se incluya en ellas información exhaustiva sobre las remuneraciones de consejeros y directivos referenciadas con los estándares globales y la relación entre pagos variables bonus y blindajes con la creación de riqueza y estabilidad financiera a largo plazo de la entidad.
Los ciudadanos tenemos en nuestros actos de consumo y de inversión, un inmenso potencial para premiar y castigar los comportamientos responsables o no, de nuestros bancos y de nuestras empresas.
El país, 25/09/2009
Dos circunstancias recientes explican este drástico cambio: la primera, la constatación empírica de que toda una filosofía, que bien podríamos definir como de irresponsabilidad en la ética de los negocios, ha sido causa principal de la crisis: beneficios exagerados a ejecutivos e inversores causantes de la insostenibilidad de los negocios; productos financieros opacos a la regulación y preñados de riesgos; primas y bonos por operaciones cortoplacistas casi siempre tóxicas, etcétera. La segunda, que todo ese desastre está teniendo que resolverse con el dinero de los ciudadanos (además de con el paro laboral de millones de trabajadores). La política se ha visto así legitimada para decir ¡basta!
La iniciativa europea (a destacar el protagonismo de la UE y del comisario Almunia en este debate) pretende vincular la retribución variable de los altos ejecutivos no sólo a los beneficios, sino también a las pérdidas, de manera que las primas reflejen los verdaderos riesgos que se toman en la banca. Al tomar como referencia un mayor período de tiempo para la repartición de las primas, se evitaría caer en incentivos perversos cortoplacistas y los bonus reflejarían con más fidelidad los resultados. Además, y con el objetivo de aumentar la transparencia, mejorar la gobernanza corporativa y promover un comportamiento más responsable del sector financiero, la iniciativa también propone eliminar los bonus, prohibir la venta de stock options o participaciones en las empresas (repartidas como parte del pack salarial) hasta transcurrido un mínimo período específico (de al menos cuatro años) y exige la información pública y detallada sobre las políticas de remuneración en las empresas.
Se ha iniciado así un camino lleno de retos y esperanzas. Porque es un reto enorme -y ésta es la segunda consecuencia que se deriva de esta medida- construir las bases de una nueva gobernanza de la economía y del mundo. Por eso, la fuerza simbólica y de precedente de esta propuesta es enorme y la resistencia de quienes a ello se oponen, más fuerte de lo que pudiera parecer. Los británicos dicen que los ejecutivos de la City se irían a otros países libres de estas incómodas limitaciones. El propio Obama duda porque "el Gobierno no dice generalmente lo que uno puede pagar o no a sus empleados", aunque en este caso tiene más razón Krugman que esta misma semana decía que "reformar los salarios de la banca es la mejor medida concreta que podemos tomar para prevenir otras crisis financieras". Y añadía: "En este caso, una medida popular no es sólo buena política, sino también buena economía". No obstante, las objeciones son constantes e intensas.
Podemos comprender esas objeciones, pero nunca aceptarlas. Siempre hay alguna razón oculta en la globalización o en la competencia que impide avanzar en la justicia o en la eficacia. Ocurre como en la fiscalidad. Las rentas altas o las del capital o las grandes fortunas, se escapan del Fisco o buscan paraísos fiscales a los que no llegan los Estados. La conclusión es clara, sólo ganaremos esta batalla crucial en las grandes mesas de la nueva gobernanza mundial y sólo lo haremos con una Europa fuerte y unida capaz de defender -e imponer en su espacio de influencia si fuera pre-ciso-, hoy, la limitación de los bonus y la mejor regulación nacional e internacional de las acciones financieras de riesgo, y, mañana, la eliminación de los paraísos fiscales o la creación de una fiscalidad transnacional a los movimientos de capital, y así sucesivamente.
Pero si las grandes potencias: EE UU, China, (paradoja de los tiempos, que el único país comunista de la cumbre se oponga a los límites de los bonus a los banqueros) y quizás Rusia, impiden el acuerdo en esta materia, a los accionistas les queda el recurso de aprobar o rechazar modelos de retribución inaceptables moralmente y/o insostenibles económicamente. A los ciudadanos, además, nos quedan otras respuestas: exigir a los bancos con los que operamos y que gestionan nuestros ahorros, un comportamiento responsable en las remuneraciones de sus directivos a través de una total transparencia en sus memorias sociolaborales, de manera que se incluya en ellas información exhaustiva sobre las remuneraciones de consejeros y directivos referenciadas con los estándares globales y la relación entre pagos variables bonus y blindajes con la creación de riqueza y estabilidad financiera a largo plazo de la entidad.
Los ciudadanos tenemos en nuestros actos de consumo y de inversión, un inmenso potencial para premiar y castigar los comportamientos responsables o no, de nuestros bancos y de nuestras empresas.
El país, 25/09/2009
25 de septiembre de 2009
La Tasa Tobin
Ya son tres figuras referentes en la arena económica global las que se han declarado a favor de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales. Adair Turner, jefe de la máxima autoridad financiera del Reino Unido (the Financial Services Authority) abrió la veda y recientemente Peer Steinbruck, Ministro de Finanzas alemán ha declarado que seria "una buena y sensata" fuente de ingresos con los que financiar bienes y servicios de utilidad social. Finalmente, Joaquín Almunia ha declarado ya en diversas ocasiones, que, aunque difícil de aplicar, la tasa Tobin, es "una idea excelente". Como subraya Guillam Tett en Financial Times, el mero hecho de que alguien como Lord Turner ponga sobre la mesa el debate Tobin, es un síntoma inequívoco del impacto que la crisis ha causado al paradigma económico establecido.
El apoyo a la idea no es nuevo, Delors o Mitterand ya habían expresado su interés en la idea por su doble dimensión: un simple parámetro podría ayudar a la misma vez a estabilizar las finanzas globales (afectando al comercio de manera muy marginal) y como recurso para financiar bienes públicos globales.
“En el marco de la crisis financiera, su justificación es clara: deben pagar aquellos que originaron el daño. Los contribuyentes ya salvamos al mundo financiero del desastre. Ahora debe ser el mundo financiero el que pague por aquello de lo que es responsable y contribuya a devolvernos a la estabilidad presupuestaria. Los contribuyentes no deberían cargar por segunda vez por unos errores que nunca cometieron”.
Su poder recolector es enorme: una tasa de entre un 0´01 % y un 0´005 podría suponer unos ingresos globales del alrededor del 1% del PIB mundial.
“Las finanzas han tomado demasiado poder en nuestras economías. Es evidente que gran parte de su peso tiene un carácter puramente especulativo y socialmente inútil. Únicamente en el marco del G-20 y con la firme voluntad de todos sus integrantes se puede empezar a soñar en medidas de este tipo”.
El apoyo a la idea no es nuevo, Delors o Mitterand ya habían expresado su interés en la idea por su doble dimensión: un simple parámetro podría ayudar a la misma vez a estabilizar las finanzas globales (afectando al comercio de manera muy marginal) y como recurso para financiar bienes públicos globales.
“En el marco de la crisis financiera, su justificación es clara: deben pagar aquellos que originaron el daño. Los contribuyentes ya salvamos al mundo financiero del desastre. Ahora debe ser el mundo financiero el que pague por aquello de lo que es responsable y contribuya a devolvernos a la estabilidad presupuestaria. Los contribuyentes no deberían cargar por segunda vez por unos errores que nunca cometieron”.
Su poder recolector es enorme: una tasa de entre un 0´01 % y un 0´005 podría suponer unos ingresos globales del alrededor del 1% del PIB mundial.
“Las finanzas han tomado demasiado poder en nuestras economías. Es evidente que gran parte de su peso tiene un carácter puramente especulativo y socialmente inútil. Únicamente en el marco del G-20 y con la firme voluntad de todos sus integrantes se puede empezar a soñar en medidas de este tipo”.
Comunicado Petición de Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales.
Bruselas, 25 de septiembre de 2009.
RAMÓN JÁUREGUI SE UNE A LAS VOCES QUE EN EUROPA PIDEN UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.
La crisis económica global, propiciada por los abusos de los mercados financieros, ha vuelto a poner de actualidad la tasa que el premio Nobel de Economía James Tobin propuso a principios de los años 70 y que aboga por gravar los grandes movimientos de capital.
Para el secretario general de los socialistas españoles en la Eurocámara, Ramón JÁUREGUI, se ha abierto una ventana de oportunidad para la llamada Tasa Tobin: "Las finanzas han tomado demasiado poder en nuestras economías y es evidente que gran parte de su peso tiene un carácter puramente especulativo y socialmente inútil. Únicamente en el marco del G-20 y con la firme voluntad de todos sus integrantes se puede empezar a soñar en medidas de este tipo”.
El dirigente español ha destacado el valor recolector de esta tasa. Situarlo entre un 0'01 % y un 0'005, podría suponer unos ingresos globales del alrededor del 1% del PIB mundial.
“En el marco de la crisis financiera, su justificación es clara: deben pagar aquellos que originaron el daño -ha indicado JÁUREGUI-. Los contribuyentes ya salvamos al mundo financiero del desastre. Ahora debe ser el mundo financiero el que pague por aquello de lo que es responsable y contribuya a devolvernos a la estabilidad presupuestaria. Los contribuyentes no deberían cargar por segunda vez por unos errores que nunca cometieron”.
En las últimas semanas, importantes figuras en la arena económica global han defendido esta tasa, entre ellos Adair Turner, jefe de la máxima autoridad financiera del Reino Unido (the Financial Services Authority), Peer Steinbruck, ministro de Finanzas alemán y el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Otros líderes europeos, como Jacques Delors o François Mitterrand, ya abogaron por una tasa que ayude a estabilizar las finanzas globales y a la vez se utilice para financiar bienes públicos globales.
RAMÓN JÁUREGUI SE UNE A LAS VOCES QUE EN EUROPA PIDEN UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.
La crisis económica global, propiciada por los abusos de los mercados financieros, ha vuelto a poner de actualidad la tasa que el premio Nobel de Economía James Tobin propuso a principios de los años 70 y que aboga por gravar los grandes movimientos de capital.
Para el secretario general de los socialistas españoles en la Eurocámara, Ramón JÁUREGUI, se ha abierto una ventana de oportunidad para la llamada Tasa Tobin: "Las finanzas han tomado demasiado poder en nuestras economías y es evidente que gran parte de su peso tiene un carácter puramente especulativo y socialmente inútil. Únicamente en el marco del G-20 y con la firme voluntad de todos sus integrantes se puede empezar a soñar en medidas de este tipo”.
El dirigente español ha destacado el valor recolector de esta tasa. Situarlo entre un 0'01 % y un 0'005, podría suponer unos ingresos globales del alrededor del 1% del PIB mundial.
“En el marco de la crisis financiera, su justificación es clara: deben pagar aquellos que originaron el daño -ha indicado JÁUREGUI-. Los contribuyentes ya salvamos al mundo financiero del desastre. Ahora debe ser el mundo financiero el que pague por aquello de lo que es responsable y contribuya a devolvernos a la estabilidad presupuestaria. Los contribuyentes no deberían cargar por segunda vez por unos errores que nunca cometieron”.
En las últimas semanas, importantes figuras en la arena económica global han defendido esta tasa, entre ellos Adair Turner, jefe de la máxima autoridad financiera del Reino Unido (the Financial Services Authority), Peer Steinbruck, ministro de Finanzas alemán y el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Otros líderes europeos, como Jacques Delors o François Mitterrand, ya abogaron por una tasa que ayude a estabilizar las finanzas globales y a la vez se utilice para financiar bienes públicos globales.
16 de septiembre de 2009
Cumbre del G 20 en Pittsburgh.Intervención (16/09/2009)
Ramon Jauregui Atondo (S&D).
- Señora Ministra, señor Almunia, tres ideas en un minuto.
Primero, más Europa. Porque, en esta situación mundial, hay que configurar una Europa unida y fuerte. Si no lo hacemos, Europa no contará, Europa no juega.
Segundo, más Estado. Más Estado porque, además de configurar una nueva gobernanza para el mundo, además de una nueva regulación y supervisión, y de una mayor coordinación internacional, quiero destacar la necesidad de poner fin a los paraísos fiscales y a la revisión de una fiscalidad transnacional. Creo que éste es un tema urgente para el futuro.
Y, por último, mejor mercado. Creo que es importante reiterar la necesidad de una nueva ética para los negocios, para fomentar una nueva cultura de la responsabilidad corporativa de las empresas. Creo que esto es imprescindible. A la empresa hay que situarla en la sociedad, como parte de la sociedad, y hay que hacerla responsable ante esos grupos de interés, ante esos stakeholders.
- Señora Ministra, señor Almunia, tres ideas en un minuto.
Primero, más Europa. Porque, en esta situación mundial, hay que configurar una Europa unida y fuerte. Si no lo hacemos, Europa no contará, Europa no juega.
Segundo, más Estado. Más Estado porque, además de configurar una nueva gobernanza para el mundo, además de una nueva regulación y supervisión, y de una mayor coordinación internacional, quiero destacar la necesidad de poner fin a los paraísos fiscales y a la revisión de una fiscalidad transnacional. Creo que éste es un tema urgente para el futuro.
Y, por último, mejor mercado. Creo que es importante reiterar la necesidad de una nueva ética para los negocios, para fomentar una nueva cultura de la responsabilidad corporativa de las empresas. Creo que esto es imprescindible. A la empresa hay que situarla en la sociedad, como parte de la sociedad, y hay que hacerla responsable ante esos grupos de interés, ante esos stakeholders.
14 de septiembre de 2009
Sabios para el consenso
A finales del pasado mes de Julio, Michel Rocard, ex-primer ministro de Francia por el Partido Socialista, entregó al Presidente de la República su informe sobre la posibilidad de crear una nueva figura impositiva que popularmente ellos llaman "la Tasa de Carbono", especie de gravamen fiscal contra las emisiones personales de CO2 de todos los ciudadanos de Francia. Un año antes, Sarkozy había creado un comité de sabios, presidido por el ex-dirigente socialista para examinar pros y contras respecto a la fiscalidad de la sostenibilidad medioambiental, en el marco de la política francesa contra el cambio climático.
El pasado miércoles en El Eliseo, de nuevo el presidente francés ha recibido a Alain Juppé y a Michel Rocard, ambos ex-primeros ministros por la UMP y el PS, encargados esta vez de presidir un comité de sabios de veinte personas para elaborar, en un breve plazo de dos meses, un informe sobre "l´emprunt nacional" (el préstamo nacional) que identifique las prioridades nacionales que deberán ser financiadas mediante esa vía. "Se trata -ha dicho Sarkozy- de definir las prioridades estratégicas. Hablo de prioridades estratégicas porque no podemos hacerlo todo y sé que nuestra deuda solo se puede agravar en beneficio de lo que es realmente fundamental para el futuro de nuestro país", ha especificado de entrada el presidente de la República invitando a los miembros de la comisión a "proyectar su reflexión más allá del horizonte de la crisis" y a pensar en "las inversiones más útiles en un marco de largo plazo". La comisión incluye a científicos, industriales, economistas, jefes de empresa, etc., que representan posiciones ideológicas diversas sobre la base de una amplia experiencia profesional. Entre los desafíos principales a los que debe enfrentarse el país, el presidente francés ha citado tres: la economía del conocimiento, particularmente el desarrollo de recursos propios para las universidades, la competitividad de las empresas, las tecnologías industriales innovadoras -nanotecnologías, biotecnologías, almacenamiento de la energía eléctrica, etc.- revindicando así abiertamente la necesidad de una política industrial pilotada por el Estado. A estos objetivos, el presidente ha añadido un cuarto desafío socialmente muy sensible: la lucha contra la degradación de las condiciones de vida de los excluidos sociales.
No es la primera vez que Sarkozy traslada sus inquietudes reformistas para Francia, a métodos y protagonistas tan compartidos ideológicamente. Tampoco es el único país que lo hace. Los alemanes son también muy proclives a encargar a "sabios" los estudios previos sobre los que se adoptan después las decisiones políticas, sobre todo en el ámbito económico-financiero. Los ingleses con Tony Blair lo hicieron con un famosísimo informe sobre el cambio climático (2007) que ha orientado la política inglesa en esta materia. La Unión Europea también lo acaba de hacer creando un comité de expertos presidido por Felipe González para estudiar los horizontes políticos y económicos de la futura Unión Europea.
Me pregunto porqué en España somos tan poco proclives a estas fórmulas. Varios argumentos avalan su uso, a mi juicio. En primer lugar la política, mejor dicho, las decisiones políticas son cada vez más complejas, se dilucidan en un universo técnico, geoestratégico y socioeconómico, que reclama una combinación de saberes y de conocimientos no siempre disponible en el proceso administrativo. La experiencia de otros países en la materia, las implicaciones internacionales o de mercado, las prospectivas científicas sobre el tema, etc. son elementos con frecuencia ajenos al ámbito estrictamente político y sin embargo imprescindible para el debate de las alternativas públicas.
Los informes previos no excluyen la componente política de la decisión. Es un error pensar que las recomendaciones técnicas circunscriban, limiten o mucho menos impidan la decisión política y los márgenes ideológicos de la misma. Es verdad que en muchos campos, los componentes científico-técnicos pueden resultar decisivos, pero siempre quedan espacios para la discrecionalidad y la ideología sin que ni una ni otra deban ser por ello despreciadas. Por último, los informes de los Comités de Sabios, si éstos están objetiva e inteligentemente elegidos, pueden resultar fundamentales para lograr el consenso entre las fuerzas políticas y los sectores sociales afectados.
Pongámonos a imaginar. Rodríguez Zapatero acaba de anunciar una propuesta de consenso al PP y al resto de partidos sobre dos temas cruciales en nuestro país: la Educación, y la energía. No hace falta argumentar la importancia de ambos y es un clamor que, en educación por ejemplo, ha faltado un consenso entre los dos partidos gobernantes en la etapa democrática española, lo que ha provocado un exceso de leyes reguladoras con espacios temporales de aplicación demasiado breves y a veces demasiado contradictorios. Es muy fácil pensar en quince o veinte personas de espectros ideológicos representativos, expertos en los diferentes planos de estos temas, copresididos por dos personalidades con perfiles personales proclives al acuerdo y cercanos a los dos grandes partidos, encargadas de elaborar en pocos meses sendas propuestas, para que orienten los planes y las iniciativas posteriores y para que favorezcan los consensos políticos posteriores.
Lo importante, no obstante, es la iniciativa hacia el consenso que ha tomado el presidente del Gobierno, en estas dos materias. La propuesta de los Comités de Sabios es instrumental. Pero muchas veces, se frustran grandes ideas por falta de instrumentos, por errores en el método. Si Rajoy acepta el envite del pacto, ¿por qué no empezar consensuando sendos comités de sabios para facilitar y favorecer el debate y el acuerdo?
El pasado miércoles en El Eliseo, de nuevo el presidente francés ha recibido a Alain Juppé y a Michel Rocard, ambos ex-primeros ministros por la UMP y el PS, encargados esta vez de presidir un comité de sabios de veinte personas para elaborar, en un breve plazo de dos meses, un informe sobre "l´emprunt nacional" (el préstamo nacional) que identifique las prioridades nacionales que deberán ser financiadas mediante esa vía. "Se trata -ha dicho Sarkozy- de definir las prioridades estratégicas. Hablo de prioridades estratégicas porque no podemos hacerlo todo y sé que nuestra deuda solo se puede agravar en beneficio de lo que es realmente fundamental para el futuro de nuestro país", ha especificado de entrada el presidente de la República invitando a los miembros de la comisión a "proyectar su reflexión más allá del horizonte de la crisis" y a pensar en "las inversiones más útiles en un marco de largo plazo". La comisión incluye a científicos, industriales, economistas, jefes de empresa, etc., que representan posiciones ideológicas diversas sobre la base de una amplia experiencia profesional. Entre los desafíos principales a los que debe enfrentarse el país, el presidente francés ha citado tres: la economía del conocimiento, particularmente el desarrollo de recursos propios para las universidades, la competitividad de las empresas, las tecnologías industriales innovadoras -nanotecnologías, biotecnologías, almacenamiento de la energía eléctrica, etc.- revindicando así abiertamente la necesidad de una política industrial pilotada por el Estado. A estos objetivos, el presidente ha añadido un cuarto desafío socialmente muy sensible: la lucha contra la degradación de las condiciones de vida de los excluidos sociales.
No es la primera vez que Sarkozy traslada sus inquietudes reformistas para Francia, a métodos y protagonistas tan compartidos ideológicamente. Tampoco es el único país que lo hace. Los alemanes son también muy proclives a encargar a "sabios" los estudios previos sobre los que se adoptan después las decisiones políticas, sobre todo en el ámbito económico-financiero. Los ingleses con Tony Blair lo hicieron con un famosísimo informe sobre el cambio climático (2007) que ha orientado la política inglesa en esta materia. La Unión Europea también lo acaba de hacer creando un comité de expertos presidido por Felipe González para estudiar los horizontes políticos y económicos de la futura Unión Europea.
Me pregunto porqué en España somos tan poco proclives a estas fórmulas. Varios argumentos avalan su uso, a mi juicio. En primer lugar la política, mejor dicho, las decisiones políticas son cada vez más complejas, se dilucidan en un universo técnico, geoestratégico y socioeconómico, que reclama una combinación de saberes y de conocimientos no siempre disponible en el proceso administrativo. La experiencia de otros países en la materia, las implicaciones internacionales o de mercado, las prospectivas científicas sobre el tema, etc. son elementos con frecuencia ajenos al ámbito estrictamente político y sin embargo imprescindible para el debate de las alternativas públicas.
Los informes previos no excluyen la componente política de la decisión. Es un error pensar que las recomendaciones técnicas circunscriban, limiten o mucho menos impidan la decisión política y los márgenes ideológicos de la misma. Es verdad que en muchos campos, los componentes científico-técnicos pueden resultar decisivos, pero siempre quedan espacios para la discrecionalidad y la ideología sin que ni una ni otra deban ser por ello despreciadas. Por último, los informes de los Comités de Sabios, si éstos están objetiva e inteligentemente elegidos, pueden resultar fundamentales para lograr el consenso entre las fuerzas políticas y los sectores sociales afectados.
Pongámonos a imaginar. Rodríguez Zapatero acaba de anunciar una propuesta de consenso al PP y al resto de partidos sobre dos temas cruciales en nuestro país: la Educación, y la energía. No hace falta argumentar la importancia de ambos y es un clamor que, en educación por ejemplo, ha faltado un consenso entre los dos partidos gobernantes en la etapa democrática española, lo que ha provocado un exceso de leyes reguladoras con espacios temporales de aplicación demasiado breves y a veces demasiado contradictorios. Es muy fácil pensar en quince o veinte personas de espectros ideológicos representativos, expertos en los diferentes planos de estos temas, copresididos por dos personalidades con perfiles personales proclives al acuerdo y cercanos a los dos grandes partidos, encargadas de elaborar en pocos meses sendas propuestas, para que orienten los planes y las iniciativas posteriores y para que favorezcan los consensos políticos posteriores.
Lo importante, no obstante, es la iniciativa hacia el consenso que ha tomado el presidente del Gobierno, en estas dos materias. La propuesta de los Comités de Sabios es instrumental. Pero muchas veces, se frustran grandes ideas por falta de instrumentos, por errores en el método. Si Rajoy acepta el envite del pacto, ¿por qué no empezar consensuando sendos comités de sabios para facilitar y favorecer el debate y el acuerdo?
12 de septiembre de 2009
Barroso y la UE
Con toda probabilidad, el próximo día 16 de septiembre, la recién elegida cámara parlamentaria europea elegirá al nuevo presidente de la Comisión Europea. En realidad no lo elige. Quienes lo hicieron fueron los veintisiete presidentes de gobierno que forman el Consejo Europeo, los cuales, reunidos en Bruselas el pasado 18 de junio, decidieron -por unanimidad- proponer a Barroso como candidato único a la presidencia de la Comisión para los próximos cinco años. Al Parlamento europeo le corresponde ratificarlo o no. Nada más, pero también nada menos.
A Barroso le apoyan los populares europeos, el grupo vencedor de los comicios el 7 de junio, con 265 escaños sobre 736. Se supone que también le apoyarán los grupos de derecha euroescéptica, británicos, checos, etcétera (54) y le niegan absolutamente su voto los verdes (55) y la izquierda unida europea (35). Los liberales (84 votos) le votarán mayoritariamente y los socialdemócratas europeos (184 votos) se abstendrán, aunque pueden acabar dividiendo su voto en función de opciones políticas diversas y de intereses nacionales más o menos fundados. Es el caso de los socialistas ingleses, españoles, portugueses y otros cuyos gobiernos apoyan la candidatura, inclinados mayoritariamente a votar favorablemente a Barroso, pero que se encontrarán en su propio grupo con socialistas franceses o griegos o italianos, aguerridos defensores del no a un Barroso al que consideran en esencia muy de derechas y demasiado débil en la defensa del ideal comunitario frente a los intereses nacionales. En todos los casos, pesan argumentos internos de país, en función del papel o del lugar que cada partido juega o tiene en la escena nacional. Los socialistas que están en la oposición (Francia, Italia, Grecia, etcétera), son más proclives a hacer de su no a Barroso un tema más de oposición a la derecha que gobierna, de la misma manera que a nosotros nos afecta ser un partido que gobierna en España, al que su presidente condiciona con su conocido apoyo al portugués, por las ventajas de un presidente de la UE del Sur frente al Norte y por tanto conocido, vecino y además, amigo.
Pero más allá de esos condicionantes, la elección de Barroso se produce en un contexto europeo que muchos analistas olvidan frecuentemente y que a la política vasca y española le interesa recordar. Un primer parámetro de ese contexto es la crisis institucional de Europa. El no de los franceses y holandeses a la Constitución Europea obligó a una solución de emergencia con el Tratado de Lisboa, una vía intermedia entre la arquitectura constitucional del modelo federal para Europa y la fórmula intergubernamental pura, propia de una confederación de naciones europeas. Por cierto, dicho Tratado todavía no ha sido ratificado por todos los países. Estamos a la espera del segundo referéndum del 2 de octubre de los irlandeses, de una reforma legal de los alemanes y de sucesivos aplazamientos del presidente checo para firmar la ratificación de su país. En resumen, después de cinco años de sucesivas reformas institucionales al entramado jurídico-político de la Unión, Europa está todavía pendiente de una arquitectura democrática sólida y estable, acorde con los tiempos de la globalización del siglo XXI y con los retos de una organización tan poderosa económica y políticamente como lo es la UE. ¿Se imaginan ustedes la gravedad de la crisis que podría producirse si el 2 de octubre los irlandeses vuelven a decir no a la UE? Que un proyecto tan complejo como necesario, que afecta a casi quinientos millones de personas, esté pendiente del voto de cuatro millones, es tan absurdo como injusto y, sin embargo, así es. Es absurdo que un voto de castigo al Gobierno irlandés por causa de la crisis, pueda arrastrar a toda Europa a este desastre. Y es injusto porque en definitiva, ese castigo no se lo atribuyen a su gobierno, sino a toda Europa y a todos sus ciudadanos, paralizando todo un entramado institucional y político construido para las más de treinta naciones europeas que acabarán configurando la Europa del siglo XXI.
En una situación institucional tan delicada, lo último que conviene a la UE es una nueva crisis entre Parlamento y Consejo dejando vacía la Comisión Europea. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa es imprescindible y la elección del presidente de la Comisión resulta clave para tener un ejecutivo europeo capaz de liderar todos los instrumentos y todas las decisiones que se derivan del mismo. En contra de lo que pudiera parecer, la UE de 2010 se ve gravemente afectada por riesgos sistémicos: 110 eurodiputados euroescépticos o eurofobos que nos obligan a discutir la idea de Europa desde sus principios más elementales que ya creíamos superados; una creciente filosofía jurídica y política a favor de la soberanía nacional frente a una idea federal europea (la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de junio de 2009 es una buena muestra de ello) y, por último, una pesadísima digestión administrativa y política del proceso de ampliación a los países del Este (2004). Es por todo ello por lo que algunos reivindicamos el viejo pacto por Europa entre socialdemócratas, cristiano-demócratas y liberales que ha caracterizado históricamente la construcción de la vieja CEE y la actual UE. Y en ese pacto hay una apuesta pragmática y necesaria para superar los riesgos de esos vientos euroescépticos que asolan el proyecto europeo y también para abordar las consecuencias económicas de la crisis. Hay dos cumbres mundiales de excepcional importancia en los próximos días que la UE debe afrontar unida y estable: la del G-20 en Pittsburgh y la del Medio Ambiente en Copenhague. Me pregunto cómo lo haríamos si el Parlamento Europeo rechaza a Barroso y deja a la Comisión literalmente vacía de poder.
Los defensores del no, se escudan en un legítimo testimonialismo. Simplemente no les gusta por su ideología, por su pasado, por su gestión anterior, etcétera, pero es un no testimonial y peligroso. Testimonial porque el Parlamento no elige al presidente de la Comisión y tampoco puede proponer una alternativa. La ratificación o no de Barroso se hace en base al Tratado de Niza, puesto que el de Lisboa todavía no ha entrado en vigor, y, con arreglo a él no le corresponde al Parlamento sino la ratificación del candidato propuesto por el Consejo. Y éste lo han elegido por unanimidad de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Peligroso porque crea una crisis institucional gravísima en el seno de la UE, en un momento delicadísimo y nos traslada a un enfrentamiento-pulso entre Consejo y Parlamento de difícil salida. Porque, si el Parlamento rechaza a Barroso y el Consejo nos lo vuelve a proponer, ¿quién resuelve el enredo?
Algunos olvidan que la derecha europea ganó las elecciones del 7 de junio, que en el colegio de comisarios de la UE se sientan casi veinte comisarios representando a gobiernos europeos de derechas, de un total de veintisiete, y olvidan, por último, que no estamos en un parlamento nacional en el que hay un juego puro de gobierno-oposición, en el que la oposición vota en contra de la investidura porque hay un sistema constitucional que garantiza la gobernabilidad y la estabilidad. Aquí hay una cosa que se llama Europa que está en el corazón de este debate y que reclama en tiempos de crisis un nuevo esfuerzo de pacto entre demócratas y socialistas para seguir avanzando hacia el único destino lógico de este gran sueño: una Europa más unida y más fuerte.
A Barroso le apoyan los populares europeos, el grupo vencedor de los comicios el 7 de junio, con 265 escaños sobre 736. Se supone que también le apoyarán los grupos de derecha euroescéptica, británicos, checos, etcétera (54) y le niegan absolutamente su voto los verdes (55) y la izquierda unida europea (35). Los liberales (84 votos) le votarán mayoritariamente y los socialdemócratas europeos (184 votos) se abstendrán, aunque pueden acabar dividiendo su voto en función de opciones políticas diversas y de intereses nacionales más o menos fundados. Es el caso de los socialistas ingleses, españoles, portugueses y otros cuyos gobiernos apoyan la candidatura, inclinados mayoritariamente a votar favorablemente a Barroso, pero que se encontrarán en su propio grupo con socialistas franceses o griegos o italianos, aguerridos defensores del no a un Barroso al que consideran en esencia muy de derechas y demasiado débil en la defensa del ideal comunitario frente a los intereses nacionales. En todos los casos, pesan argumentos internos de país, en función del papel o del lugar que cada partido juega o tiene en la escena nacional. Los socialistas que están en la oposición (Francia, Italia, Grecia, etcétera), son más proclives a hacer de su no a Barroso un tema más de oposición a la derecha que gobierna, de la misma manera que a nosotros nos afecta ser un partido que gobierna en España, al que su presidente condiciona con su conocido apoyo al portugués, por las ventajas de un presidente de la UE del Sur frente al Norte y por tanto conocido, vecino y además, amigo.
Pero más allá de esos condicionantes, la elección de Barroso se produce en un contexto europeo que muchos analistas olvidan frecuentemente y que a la política vasca y española le interesa recordar. Un primer parámetro de ese contexto es la crisis institucional de Europa. El no de los franceses y holandeses a la Constitución Europea obligó a una solución de emergencia con el Tratado de Lisboa, una vía intermedia entre la arquitectura constitucional del modelo federal para Europa y la fórmula intergubernamental pura, propia de una confederación de naciones europeas. Por cierto, dicho Tratado todavía no ha sido ratificado por todos los países. Estamos a la espera del segundo referéndum del 2 de octubre de los irlandeses, de una reforma legal de los alemanes y de sucesivos aplazamientos del presidente checo para firmar la ratificación de su país. En resumen, después de cinco años de sucesivas reformas institucionales al entramado jurídico-político de la Unión, Europa está todavía pendiente de una arquitectura democrática sólida y estable, acorde con los tiempos de la globalización del siglo XXI y con los retos de una organización tan poderosa económica y políticamente como lo es la UE. ¿Se imaginan ustedes la gravedad de la crisis que podría producirse si el 2 de octubre los irlandeses vuelven a decir no a la UE? Que un proyecto tan complejo como necesario, que afecta a casi quinientos millones de personas, esté pendiente del voto de cuatro millones, es tan absurdo como injusto y, sin embargo, así es. Es absurdo que un voto de castigo al Gobierno irlandés por causa de la crisis, pueda arrastrar a toda Europa a este desastre. Y es injusto porque en definitiva, ese castigo no se lo atribuyen a su gobierno, sino a toda Europa y a todos sus ciudadanos, paralizando todo un entramado institucional y político construido para las más de treinta naciones europeas que acabarán configurando la Europa del siglo XXI.
En una situación institucional tan delicada, lo último que conviene a la UE es una nueva crisis entre Parlamento y Consejo dejando vacía la Comisión Europea. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa es imprescindible y la elección del presidente de la Comisión resulta clave para tener un ejecutivo europeo capaz de liderar todos los instrumentos y todas las decisiones que se derivan del mismo. En contra de lo que pudiera parecer, la UE de 2010 se ve gravemente afectada por riesgos sistémicos: 110 eurodiputados euroescépticos o eurofobos que nos obligan a discutir la idea de Europa desde sus principios más elementales que ya creíamos superados; una creciente filosofía jurídica y política a favor de la soberanía nacional frente a una idea federal europea (la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de junio de 2009 es una buena muestra de ello) y, por último, una pesadísima digestión administrativa y política del proceso de ampliación a los países del Este (2004). Es por todo ello por lo que algunos reivindicamos el viejo pacto por Europa entre socialdemócratas, cristiano-demócratas y liberales que ha caracterizado históricamente la construcción de la vieja CEE y la actual UE. Y en ese pacto hay una apuesta pragmática y necesaria para superar los riesgos de esos vientos euroescépticos que asolan el proyecto europeo y también para abordar las consecuencias económicas de la crisis. Hay dos cumbres mundiales de excepcional importancia en los próximos días que la UE debe afrontar unida y estable: la del G-20 en Pittsburgh y la del Medio Ambiente en Copenhague. Me pregunto cómo lo haríamos si el Parlamento Europeo rechaza a Barroso y deja a la Comisión literalmente vacía de poder.
Los defensores del no, se escudan en un legítimo testimonialismo. Simplemente no les gusta por su ideología, por su pasado, por su gestión anterior, etcétera, pero es un no testimonial y peligroso. Testimonial porque el Parlamento no elige al presidente de la Comisión y tampoco puede proponer una alternativa. La ratificación o no de Barroso se hace en base al Tratado de Niza, puesto que el de Lisboa todavía no ha entrado en vigor, y, con arreglo a él no le corresponde al Parlamento sino la ratificación del candidato propuesto por el Consejo. Y éste lo han elegido por unanimidad de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Peligroso porque crea una crisis institucional gravísima en el seno de la UE, en un momento delicadísimo y nos traslada a un enfrentamiento-pulso entre Consejo y Parlamento de difícil salida. Porque, si el Parlamento rechaza a Barroso y el Consejo nos lo vuelve a proponer, ¿quién resuelve el enredo?
Algunos olvidan que la derecha europea ganó las elecciones del 7 de junio, que en el colegio de comisarios de la UE se sientan casi veinte comisarios representando a gobiernos europeos de derechas, de un total de veintisiete, y olvidan, por último, que no estamos en un parlamento nacional en el que hay un juego puro de gobierno-oposición, en el que la oposición vota en contra de la investidura porque hay un sistema constitucional que garantiza la gobernabilidad y la estabilidad. Aquí hay una cosa que se llama Europa que está en el corazón de este debate y que reclama en tiempos de crisis un nuevo esfuerzo de pacto entre demócratas y socialistas para seguir avanzando hacia el único destino lógico de este gran sueño: una Europa más unida y más fuerte.
El Correo, 12/09/2009
8 de septiembre de 2009
La RSC es voluntaria. La transparencia es obligada y obligatoria.
La RSC es voluntaria. La transparencia es obligada y obligatoria. La RSE responde a una cultura empresarial, a una actitud de sus dirigentes, a un espíritu que caracteriza a un proyecto empresarial y a su equipo dirigente. La transparencia es una obligación de las empresas cotizadas para con la sociedad económica y financiera en la que operan.
La transparencia se manifiesta -entre otras cosas-, a través de una Memoria que radiografía a la empresa ante los observadores, analistas, accionistas, agencias y agentes de evaluación, ofreciendo datos precisos de su comportamiento en los tres grandes órdenes de su actividad: económico y financiero, sociolaboral y medio ambiental. Esta información es, en mi opinión, obligada y deberá ser obligatoria para todas las empresas que cotizan en Bolsa y están por ello sometidas a escrutinio público: accionistas ciudadanos, Medios de Comunicación, Fondos de Pensiones, Fondos de Inversión, etc.
La pregunta importante por eso no es si los informes de sostenibilidad deben ser obligatorios por Ley, sino qué debe exigir la Ley en dichos informes. Es decir, lo que la Ley debe hacer en todas las Bolsas del mundo para evitar competencias desleales, es aproximar y homologar el contenido de los informes de sostenibilidad de las empresas cotizadas para que la evaluación de estos informes pueda resultar universalmente conocida y, homogéneamente comparada.
Diario Responsable, 7/09/2009
La transparencia se manifiesta -entre otras cosas-, a través de una Memoria que radiografía a la empresa ante los observadores, analistas, accionistas, agencias y agentes de evaluación, ofreciendo datos precisos de su comportamiento en los tres grandes órdenes de su actividad: económico y financiero, sociolaboral y medio ambiental. Esta información es, en mi opinión, obligada y deberá ser obligatoria para todas las empresas que cotizan en Bolsa y están por ello sometidas a escrutinio público: accionistas ciudadanos, Medios de Comunicación, Fondos de Pensiones, Fondos de Inversión, etc.
La pregunta importante por eso no es si los informes de sostenibilidad deben ser obligatorios por Ley, sino qué debe exigir la Ley en dichos informes. Es decir, lo que la Ley debe hacer en todas las Bolsas del mundo para evitar competencias desleales, es aproximar y homologar el contenido de los informes de sostenibilidad de las empresas cotizadas para que la evaluación de estos informes pueda resultar universalmente conocida y, homogéneamente comparada.
Diario Responsable, 7/09/2009
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