El plan Guevara

En las primeras páginas de su monumental novela 'Verdes Valles, Colinas Rojas', Ramiro Pinilla describe la heroica tarea de proselitismo de los primeros socialistas en 1890 en las minas vizcainas. Confieso que me emocionaron aquellos pasajes de Facundo Perezagua y sus amigos, reclamando justicia contra los capataces, la burguesía de Bilbao y la guardia civil, mientras curas y autóctonos les desprecian por 'maketos'. La referencia a tan conocidos episodios no pretende volver a aquellos extremos en blanco y negro de nuestra historia reciente, sino justamente lo contrario, porque su lectura, en estos tiempos de fractura y enfrentamiento social, me provocó una reflexión sobre el papel político de quienes hemos tenido el honor de suceder a aquellos héroes de la revolución social, a aquellos valientes de la justicia y la dignidad humana.

Más allá de los profundos antagonismos de aquellos tiempos, los socialistas vascos siempre hemos querido construir un solo país, una sola comunidad, un solo pueblo de ciudadanos libres, iguales y plurales. Conocedores de nuestra diversidad identitaria y de las dificultades de alcanzar consensos internos entre una población crecientemente multicultural, el socialismo vasco siempre fue la clave de bóveda de nuestra arquitectura política autonómica. Lo fue en tiempos de la República con Indalecio Prieto como máximo artífice del primer estatuto. Lo fuimos, sosteniendo al Gobierno vasco en el exilio durante la dictadura y dando paso al primer lehendakari en la preautonomía con nuestro inolvidable Ramón Rubial. Lo fuimos en la configuración constitucional del Título VIII y en la aprobación del Estatuto de Gernika. Lo fuimos desarrollando y protagonizando el actual autogobierno, tanto desde el Gobierno de España, como desde el Gobierno vasco, en las coaliciones de 1985 a 1998.

Nunca hemos querido ni apoyado las dos comunidades. Pero nadie ha hecho más para su reaparición que los nacionalistas de uno y otro signo, especialmente a partir de 1998, cuando pusieron fin a los gobiernos de pluralidad y a la unidad democrática vasca contra ETA y dieron por muerto el Estatuto, iniciando el camino del soberanismo-autodeterminación y del Estado libre asociado.

El plan Guevara -'Bases para la actualización y reforma del Estatuto'- surge en este contexto como alternativa antagónica al Plan Ibarretxe, pero también como expresión de una actitud constructiva y de diálogo en la búsqueda del consenso perdido. Desde luego -no queremos engañar- este proyecto resulta diametralmente opuesto, en sus principios, métodos y objetivos al plan del lehendakari. Si él da por muerto el Estatuto, nosotros lo consolidamos actualizándolo. Si su fundamento legitimador son los supuestos derechos de un viejo pueblo y sus ancestros, nosotros afirmamos la Euskadi política surgida del pacto ciudadano estatutario y constitucional. Frente a esa concepción soberanista y primigenia del pasado, de lo étnico y cultural, nosotros proclamamos un orden jurídico basado en la ciudadanía, en la Ley y en el Estado. Si su reforma es anticonstitucional porque altera el título primero, la nuestra no sólo respeta las reglas de reforma estatutaria, sino que se ajusta a los preceptos constitucionales en todos sus títulos. Donde se pretende la creación de un nuevo ente político llamado Estado libre asociado, nosotros reiteramos nuestro autogobierno profundo, pero en España y en Europa. Frente a un referéndum unilateral, que se pretende coaccionador de la voluntad legislativa de las Cortes, nosotros proponemos un refrendo popular que ratifique, después de su aprobación, el nuevo texto. Incluso diré más. Si el lehendakari pretende, en el fondo, un acuerdo político con la violencia, ofreciendo un proyecto semejante al de la izquierda abertzale, en nuestra propuesta queda claro que casi mil víctimas inocentes nos exigen respeto a su memoria y que la acción política sea y esté libre de la presión mafiosa del terror.

El plan Guevara es pues una oferta alternativa al plan Ibarretxe y no ha nacido para ser confundida ni negociada con él. Nace con la vocación de derrotar electoralmente al plan Ibarretxe y su presentación como oferta política del PSE-EE reclama que sea debatida y votada en las urnas el próximo año.

Pero, a su vez, expresa una vocación irrenunciable de consenso, porque todo su fundamento político es precisamente recuperar las líneas gruesas de una comunidad vertebrada en la que sea posible la convivencia en la pluralidad, sin imposiciones de unos sobre otros. Por eso recuperamos el Estatuto de Gernika como único espacio de encuentro, reivindicamos sus enormes frutos y aciertos y proponemos su adaptación y mejora.

Para ello se concretan nuestras soluciones a los temas pendientes de transferencia, especialmente en el área sociolaboral o en la investigación, proponiendo una solución concreta y razonable a la Seguridad Social, a las políticas activas y pasivas de empleo y a las facultades de ejecución laboral. También se proponen reflexiones necesarias a la experiencia autonómica de los últimos veinticinco años respecto a las leyes de bases y su expansión limitadora del principio 'pro-autonomía' que inspira nuestra Constitución y se plantean ampliaciones del autogobierno en relación con la UE o con la Administración de Justicia o con nuevos títulos competenciales, en el marco de la Constitución.

Una reforma estatutaria que han abordado ya en Cataluña y que están elaborando en Galicia, Andalucía, Valencia, etcétera y que seguramente acabará afectando a todas las comunidades autónomas. Una reforma que se enmarca en un proceso de ajustes en nuestra política territorial, que incluye la revisión acotada de la Constitución y una profunda transformación de la cámara territorial, el Senado, llamado a jugar un importantísimo papel en la articulación de las comunidades autónomas en el proceso legislativo español y en la defensa de las singularidades autonómicas.

Ese proceso de reformas lo está encabezando el presidente Zapatero, que ha propuesto a las fuerzas políticas y a las comunidades autónomas superar la etapa de incomunicación y tensiones territoriales del último gobierno del PP e iniciar una nueva etapa de diálogo institucional, reformas consensuadas de los estatutos y nuevos instrumentos de cooperación federal, como han sido la Conferencia de Presidentes y la participación de las comunidades autónomas en las cumbres internacionales con otros países.

De manera que la propuesta Guevara -un borrador que el PSE-EE debe mejorar en su presentación como oferta electoral- reforma el Estatuto con pleno respeto a la Constitución, se plantea como la alternativa autonomista al independentismo a plazos del plan Ibarretxe y busca su aceptación en sectores electorales que reclaman un avance en la política autonómica.

He escuchado y leído, con asombro, comentarios del PP sobre esta propuesta que nada tienen que ver con su contenido. Pero al margen del clima preelectoral que lo explica casi todo, ¿se han preguntado los dirigentes del PP vasco si este plan puede ser eficaz para evitar que el nacionalismo saque mayoría absoluta en las próximas elecciones? Suponiendo que la coalición nacionalista no obtenga 38 diputados, ¿se han preguntado si este plan podría ser una buena base de política autonómica para un gobierno constitucionalista en Euskadi? ¿O es que pretenden gobernar Euskadi, como lo hacía Aznar?

La propuesta de reforma estatutaria del PSE-EE no es nacionalista, ofende hasta tener que decirlo. Es autonomista, es más Estatuto y mejor autogobierno y propone a los vascos un camino estable y seguro de convivencia en el único marco que garantiza la pluralidad y la igualdad de nuestros derechos ciudadanos. Denominaciones simbólicas aparte, más o menos acertadas, lo admito, nadie puede ni debe, honestamente, confundir la esencia ni la naturaleza de esta propuesta, que afirma algo reconocido por todos como es considerar a Euskadi una nacionalidad y a su sociedad una comunidad integrada por ciudadanos libres e iguales, plurales en sus sentimientos de pertenencia y necesitada, sobre todo, de marcos políticos consensuados para vivir en paz y libertad. Que ya es hora.

El Correo, 26/12/2004

El PSOE y la empresa.

La empresa ha visto crecer y revaluarse su papel en la nueva sociedad. No sólo es el motor y el núcleo fundamental de la actividad económica y del mercado, sino que su importancia en la gestión política de las naciones es determinante. Las leyes, las políticas económicas y presupuestarias, la fiscalidad de los países, deben ajustarse a sus intereses, a riesgo de sufrir su abandono. Los ciudadanos y los trabajadores no son ajenos a estas evidencias y su opinión sobre la empresa y los empresarios ha cambiado. Hay más legitimación social y un mayor reconocimiento hacia ellos.

Este proceso de revaluación del papel de la empresa en la nueva sociedad transcurre paralelo a la crisis del Estado-nación y a la debilidad sindical internacional. El viejo tripartismo del siglo XX, Estado-sindicatos-empresas, ha roto su equilibrio porque el Estado ha visto limitadas sus facultades legislativas y económicas en los espacios supranacionales, en los estrictos márgenes de los planes macroeconómicos de estabilidad y en las exigencias de la competencia de los mercados globales. La respuesta local de los sindicatos a empresas internacionales debilita, a su vez, la fuerza del trabajo, que camina inexorablemente hacia una reducción de su influencia, por la creciente individualización de las relaciones laborales y por la devaluación de la huelga como su principal instrumento de lucha.

Entonces, ¿dónde quedan nuestras esperanzas de progreso? Si este desequilibrio perturbador transforma nuestro mundo, ¿será el mercado, cargado de economicismo frío y competitivo, quien configure una sociedad cada vez más dual, más individualista, estresada por jornadas laborales más largas y una competencia desaforada? ¿Tendremos que admitir como inevitable la progresiva devaluación de la vieja sociedad laboral y del modelo de bienestar social?

La sociedad vigila
Pues bien, creo que la empresa, alfa y omega del mercado, la nueva Deus ex Machina de la nueva sociedad, es precisamente nuestra esperanza, o quizás sería mejor decir debería serlo. La izquierda debe transformar su visión de la empresa y superar su antagonismo ideológico o su desprecio histórico por ella, para articular una nueva dialéctica entre empresa, sociedad y poder político que transforme a las empresas en agentes activos de una sociedad justa. Diversos factores nos ayudan.

De una parte, porque el creciente poder de las empresas las hace más vulnerables ante la sociedad. Su prestigio social, su credibilidad ante la opinión pública, su imagen ligada a marcas comerciales, cada vez más presentes en la vida social, convierte a las empresas en cajas de cristal. Una campaña en Internet, una noticia en los medios, una manifestación ante una tienda, una denuncia ecológica, puede provocar daños multimillonarios. Las empresas han creado potentes equipos de comunicación o defensa jurídica, incluso de marketing social. Pero todo eso ya no es suficiente. Son responsables ante la sociedad y lo son en todas sus dimensiones: laborales, medioambientales, internacionales, etcétera.

Hasta hace poco tiempo, la vida interna y la gestión de las empresas pertenecía al campo más estricto de lo privado, incluso al terreno de lo secreto. Pero hoy, la actuación de las empresas es observada por múltiples focos de interés. Medios de comunicación, ONG, consumidores, administraciones públicas, organizaciones ecologistas, sindicatos y hasta los competidores, examinan el comportamiento internacional de las empresas, su respeto a los derechos humanos y a las reglas internacionales de la OIT, su política de recursos humanos, su respeto a las exigencias ecológicas, las condiciones de trabajo de sus proveedores y hasta sus relaciones con las administraciones públicas. Esta exigencia de responsabilidad social o corporativa, como prefieren llamarla otros, es una demanda creciente de una sociedad con opinión pública, capaz de premiar o castigar a los productos, a las marcas y a las empresas en función de su comportamiento general.

De otra, las empresas están cada vez más sometidas al criterio de los inversores financieros. El capitalismo popular tiene algunas consecuencias en este debate. De entrada, porque abre un espacio todavía inexplorado a las fórmulas democráticas de participación de los ciudadanos en las empresas, si éstas, en realidad, tienen a aquéllos como verdaderos propietarios. Las fórmulas de transparencia y buen gobierno, por muy avanzadas y exigentes que sean, no logran cubrir el déficit democrático que surge en esta ecuación desproporcionada. Unos pocos consejeros poseyendo un ligerísimo porcentaje del capital deciden sobre vida y haciendas de millones de accionistas y empleados. No se trata sólo de evitar escándalos de gestión y de control auditor como los recientes. No se trata de nombrar unos pocos consejeros independientes que, en realidad, son totalmente dependientes de quien los nombra. No se trata sólo de informar con mayor transparencia a los accionistas. Se trata de facilitar su control y su participación a través de mecanismos regularizados.

Lo mismo ocurre con los fondos de inversión. Millones de personas que invierten sus ahorros quieren incorporar al análisis legítimo de rentabilidad otros criterios, no menos importantes, sobre determinados componentes éticos, sociales y ecológicos de las empresas o de los proyectos en los que invierten. Esta demanda ciudadana ha generado ya numerosos índices bursátiles, códigos de análisis y productos financieros éticos que resultan particularmente importantes e influyentes cuando se trata de fondos de pensiones colectivos con enorme capacidad financiera (conviene recordar a este respecto la influencia decisiva que tuvieron los fondos de pensiones norteamericanos en la caída del régimen surafricano del apartheid). No deja de sorprenderme que a ninguna de nuestras entidades financieras se le haya ocurrido todavía ofrecer publicitariamente alguno de estos productos financieros, éticos, ecológicos o sociales al ahorrador español.

Es ésta una cultura empresarial que busca la excelencia en su comportamiento con los stakeholders, con sus diversos grupos de interés. Que basa su competitividad en unas relaciones laborales avanzadas en las que la inserción de la discapacidad, la igualdad de sexos, la estabilidad laboral, la formación profesional continua, la participación en beneficios y capital de los empleados o la conciliación familiar y laboral, entre otras muchas cosas, pueden ser exhibidas como una etiqueta de prestigio social. Una excelencia que se traslada a su comportamiento respetuoso con las exigencias ecológicas, que se asegura del cumplimiento de los derechos humanos, de las convenciones internacionales sindicales y de la dignidad laboral en todas sus instalaciones internacionales, o que revisa regularmente las condiciones de trabajo de su cadena de proveedores en cualquier rincón del mundo.

Fomentar esta cultura, extenderla entre las empresas, requiere una política. Desde Naciones Unidas a la Unión Europea, los gobiernos, las grandes empresas, universidades y foros de todo tipo están desarrollando esta idea. Un sector de la izquierda política desprecia por ingenuo este camino. La mayor parte de sus dirigentes políticos desconoce las implicaciones y consecuencia del debate. Por eso considero necesario reivindicarlo en nuestro país, y para hacerlo, sugiero estas conclusiones.

Primera. El PSOE y la izquierda en general tiene que cambiar el filtro con el que examina a las empresas. Es un filtro antiguo y opaco, que ve a las empresas y a los empresarios como un mundo ajeno, sino hostil. El PSOE debe hacer propuestas en relación con el gobierno de la empresa. El código Aldama es un intento absolutamente insuficiente respecto a una ecuación muchísimo más rica, que liga empresa y sociedad desde la óptica de la democracia. Nos llamarán intervencionistas, pero lo harán quienes quieren que nada se altere para que todo siga igual, es decir, en las manos de los de siempre.

Segunda. Es preciso definir la estrategia de apoyo y expansión a la RSC en España. Este Gobierno tiene un mandato en su programa electoral y un camino abierto en el diálogo social. Pero ese camino debe llevarnos a establecer una iniciativa legislativa y una estructura administrativa en el Gobierno de fomento a esta cultura empresarial.

Crítica escasa
Tercera. El papel de los medios de comunicación, y en especial de los de contenido económico, es fundamental. La política y los políticos estamos sometidos a una lupa informativa que nos hace más honestos y transparentes que si este control crítico no existiera. Las empresas no están bajo esta presión. Son muy aislados los casos de investigación y crítica a la gestión empresarial en España, algo que ocurre con más frecuencia en medios de comunicación de otros países. En la sociedad del siglo XXI, un titular de periódico denunciando un comportamiento antisocial puede ser más efectivo que una larga huelga.

Cuarta. El papel de los nuevos agentes cívicos en la nueva sociedad es clave. Una ONG española ha buceado en las condiciones laborales de la cadena de proveedores marroquíes de las grandes empresas españolas del textil. Esa información es vital para los consumidores españoles, pero no tuvo el reflejo necesario para ello en los medios de comunicación. Una política para la empresa reclama fomentar estas prácticas. Difundirlas. Fortalecer estas organizaciones que vertebran una sociedad moderna y que hacen madura e influyente su opinión pública. Dar voz a las organizaciones de consumidores y aumentar su influencia en los criterios de elección de la ciudadanía. Al tiempo que exigimos rigor y transparencia a estas mismas organizaciones para aumentar su credibilidad.

Quinta. Sigo creyendo que el Estado debe ayudar a la modernización y fortalecimiento del sindicalismo. En España, su papel ha sido decisivo estos últimos 30 años. Su función en la nueva sociedad laboral no es menor, aunque estén sometidos a nuevos límites y contradicciones. Pero, con todo y con ello, no hay equilibrio sociolaboral sin un sindicalismo organizado, capaz de defender los intereses de quienes sólo tienen la fuerza de su trabajo y de su unidad.

Esta cultura de exigencia social a las empresas, de inversiones éticas y de control y participación de los ciudadanos accionistas en su gobierno, puede ser una palanca transformadora de nuestra realidad social. Quizás sea una ingenuidad, pero ¿quién tiene otras soluciones y en qué fuerzas se basan? Antoine de Saint Exupéry dijo: "Mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas y las soluciones vienen".

El País, 12/12/2004

Esperanzas y frustraciones

Hace casi diez años que se inició el proceso de paz en Irlanda del Norte y quienes conocen Belfast dicen que es una ciudad nueva. Edificios de acero y cristal se elevan junto al río Logan. La Great Victoria Sreet, una zona del centro en la que antes había sólo un restaurante, y con mala suerte podías morir, ahora es un distrito comercial pujante en el que se amontonan restaurantes y otros lugares de ocio. Una crónica de 'The New York Times' destacaba recientemente los «enormes dividendos de la paz» que estaba experimentando su población: la universidad, la arquitectura urbana, la economía, la sociedad en suma.

Casi al mismo tiempo que leía esta esperanzadora noticia, ETA envió a 'Gara' un vídeo con su mensaje más actual: «Euskal-Herria es un pueblo oprimido. Los burukides de ETA respondemos con las armas en la mano a la negación que nos imponen desde la fuerza de las armas» ( ). «Utilizamos la lucha armada para recuperar los derechos de nuestro pueblo». Hace ahora diez años que el IRA declaró el alto el fuego. En 1998 se alcanzaron los Acuerdos de Viernes Santo y aunque el proceso de paz irlandés es difícil, nadie cree que vuelva la violencia.

Cuando leía la crónica de 'The New York Times', me acordé del verano del 99 en Euskadi. Llevábamos un año de tregua y a la gente de Euskadi le brillaban los ojos de esperanza. Luego vino la ruptura de Lizarra y el bienio negro de 2000 y 2001, con casi cincuenta muertos. En septiembre de 2004, ETA sigue en lo mismo. Coincidiendo con el Alderdi-Eguna y el debate de política general, ETA proclamaba su vieja doctrina: «Actuar contra quienes niegan los derechos de este pueblo» (sic), es decir, matarles o extorsionarles y en todo caso amenazarles.

Hasta aquí, desgraciadamente, nada nuevo. ETA es impermeable a cualquier razonamiento, a toda evidencia. A su enorme soledad internacional, al extraordinario fracaso de sus pretensiones en cualquier cancillería internacional, a la incomprensión infinita que la ciudadanía de todo el mundo muestra a la barbarie terrorista de Nueva York, de Madrid, de Bali ó de Beslán. Es impermeable incluso a las enseñanzas que bien podía obtener del proceso irlandés y que llevó al IRA a la política y a encauzar en cuatro años de paz lo que no obtuvo en 30 años de guerra.

ETA es puro fanatismo. Inasequible a la razón y a la piedad, a la sociedad y a los tiempos. Es curioso observar el desprecio y el bajo tono mediático que ha tenido su comunicado, en gran parte porque no había 'noticia' en él, pero también por lo rudimentario y panfletario de su mensaje, por la insoportable anacronía de sus postulados, por la pesada reiteración de sus paranoias.

No creo que en este análisis pesimista influya decisivamente la desarticulación de la cúpula etarra de principios de octubre. La operación es fundamental para la desarticulación policial de la organización y para su progresiva desaparición como banda armada. Pero me temo que estamos condenados a una lenta 'grapización' y que en el camino seguiremos sufriendo la espada de Damocles de su amenaza.

Lo que me parece destacable y de interés político es la particular actitud que adoptan los partidos nacionalistas ante este horizonte y en este estadio.

Por ejemplo, me resultó patético el consejo de Begoña Errazti al presidente Zapatero en su visita a La Moncloa, para que «retomara el camino del diálogo» con la banda. Algo parecido dijo Egibar en el debate de política general: «Si el cierre no es dialogado, puede acabar siendo un cierre en falso». No sé qué más tiene que ocurrir para que nos convenzamos de que no hay un final dialogado de la violencia. No sólo porque ofende a las víctimas y a su memoria. No sólo porque sus exigencias son democráticamente imposibles. También porque todas las experiencias 'negociadoras' han fracasado por la incapacidad congénita de ETA de negociar y de ceder sobre su esencialista concepción de pueblo oprimido y su etnicista ambición de una Euskal Herria 'libre'. Basta recordar, otra vez, el vídeo del 27 de septiembre.

Pero produce mayor preocupación el fondo del mensaje del nacionalismo democrático en estos momentos y circunstancias. Al mismo tiempo que ETA reiteraba que seguirá la lucha armada hasta que se respeten los derechos del pueblo vasco, los burukides nacionalistas, el lehendakari en el Parlamento vasco, Imaz en el Alderdi y Egibar en Radio Euskadi insistían en un escenario político bien parecido.

Es evidente la aproximación ideológica que en los últimos años ha recorrido el PNV en su estrategia respecto a ETA. Ya en Lizarra, el nacionalismo rompió con el Pacto de Ajuria Enea y asumió la naturaleza del conflicto vasco así como la explicación histórica de la violencia, al establecer que ésta era la consecuencia de aquél y que, más allá de su condena, debían atajarse sus causas. Esta apelación al viejo pueblo vasco y a sus ancestros como sujeto de derechos estaba en Lizarra, está en el plan Ibarretxe y vuelve a citarse como el tótem ideológico de ETA en el comunicado-vídeo del 27 de septiembre pasado.

La otra gran coincidencia, más allá de divergencias tácticas, es que el PNV ha finiquitado la vía estatutaria y abandera una misma 'solución' a la violencia: una consulta para legitimar el derecho de autodeterminación. No es casualidad que Batasuna aprecie del plan Ibarretxe precisamente esas tres cosas a) que da por superado -y fracasado, añaden- la vía estatutaria; b) la primacía de la soberanía del pueblo vasco; y c) que se convocará una consulta popular sobre esos términos y en contra del Estado. Otra cuestión es que su grupo político exige una negociación directa en el proceso y el protagonismo histórico de la alternativa.

Ésta es la cuestión: ETA está siendo desarticulada por la Policía y el nacionalismo cubre con su manta ideológica y discursiva una lucha fracasada. Es verdad que ofrece a ETA y a la izquierda abertzale una salida a la política, pero lo hace asumiendo sus principios y sus objetivos para imponerlos a la otra mitad de los vascos, que no quieren más nacionalismo sino más pluralidad y democracia. Buscan la desaparición de la violencia, pero quieren ganar para su causa común, la nacionalista, las ventajas y el precio de la paz. Y ante todo ello surge una pregunta: ¿No estarán ayudando a que se retroalimente, otra vez, la bestia de una violencia justificada por estas explicaciones y estas aspiraciones? A esos chavales que capta ETA, ¿cómo les educaron? ¿Quiénes les han influido?, ¿Quién alimenta sus fantasías? ¿Quién les engaña?

Rogelio Alonso, un estudioso de la realidad norirlandesa que nos ilustra sabiamente sobre lo ocurrido en Irlanda, en estas mismas páginas nos insiste en que el IRA abandonó la violencia cuando llegó a la conclusión de que la violencia, además de una vía de muerte, era una vía muerta. ¿Cómo les ayudamos a los nuestros a que lleguen a esa misma conclusión? Los caminos de los nacionalistas y de los autonomistas divergen hasta el antagonismo, y así está Euskadi.

El Correo, 10/10/2004.

Precisiones al debate autonómico.

Las reformas autonómicas y constitucionales que ha planteado el Gobierno están produciendo un debate apasionado, como siempre que hablamos de España y de sus pueblos, esa ecuación inacabada de identidades diversas en un pasado y en un proyecto compartido. Y sin embargo, es un debate inevitable, y por ello imprescindible. De entrada, porque el clima de crispación y de tensión que se había instalado en la anterior legislatura no presagiaba nada bueno. El crecimiento electoral de las opciones nacionalistas en Cataluña y Euskadi en 2004 no parece ajeno a la política de enfrentamientos nacionalistas que la caracterizó. En segundo lugar, porque el modelo territorial de nuestra Constitución es dinámico, tal como lo demuestra la experiencia de estos últimos 25 años, y nuevas demandas y problemas irresueltos exigen nuevas respuestas políticas. Es por ello que casi todas las comunidades autónomas habían iniciado sus procesos de reforma estatutaria con mayores o menores pretensiones. Por último, debemos reconocer que las fuerzas nacionalistas de varias de nuestras nacionalidades expresan, con más o menos radicalidad, proyectos y reivindicaciones que modifican el marco autonómico o incluso el modelo de Estado.

Quiere eso decir que el proceso autonómico es ilimitado y eterno? Ilimitado no es. El modelo de Estado está configurado en nuestra Constitución y no es nuestro deseo alterarlo. España es un Estado autonómico y así lo va a seguir siendo y así se va a seguir llamando. El conjunto de reformas que se plantean fortalece la idea misma del Estado autonómico, rechazan las pretensiones soberanistas o confederales y acentúan los perfiles de convivencia integrada y armónica de los pueblos y comunidades de España en un Estado común.

La reforma constitucional así concebida es puntual y acotada a los cuatro temas conocidos: igualdad de sexo en la sucesión a la Corona, Senado, Unión Europea y denominación de las comunidades autónomas. Las reformas estatutarias, a su vez, no se conciben como una negociación ex novo del marco de autogobierno, sino como la oportunidad de resolver problemas puntuales y elevar los niveles de autogobierno sobre una triple exigencia: amplio consenso interior, respeto al reparto competencial del Título VIII (incluida la delegación competencial del 150.2, en su caso) y que se trate de necesidades objetivas de gestión y de mejoras en la eficiencia de los servicios públicos.

Están condenadas al fracaso las pretensiones de aprovechar esta iniciativa reformista para renegociar la planta del edificio del autogobierno. Primero, porque no encontrarán el acuerdo interior en la comunidad que las legitime, y segundo, porque las Cortes no aceptarán una transformación sustancial del equilibrio competencial existente.

Me explico. Una reforma profunda del marco de relaciones entre la comunidad y el Estado afecta de lleno al delicado equilibrio interior de las comunidades autónomas con pluralidad identitaria. Euskadi es el ejemplo. Cuando los partidos nacionalistas han alterado el statu quo alcanzado en el Estatuto de Gernika, la comunidad no nacionalista ha dicho "no" a ese esfuerzo de asimilación que se le exige y a esos objetivos independentistas que se le ofrecen. El respeto y el afecto que tengo a Cataluña me permite aconsejarles que huyan, como de la tormenta, de ese horizonte de fractura política y social.

Pero además, no podemos eludir el debate sobre el Estado resultante de la reforma estatutaria. Mi admirado José Ramón Recalde acuñó una frase de particular interés para el debate: "El óptimo de autogobierno no es el máximo de autonomía". Efectivamente, el principio de subsidariedad debe corresponderse con otros principios organizativos en los que la dimensión estatal resulta imprescindible. El Gobierno del Estado tiene que disponer, en todo caso, de los recursos e instrumentos que garanticen la defensa del interés general de todos los españoles, el cumplimiento de las condiciones de igualdad básica de todos los ciudadanos y el principio de solidaridad interterritorial. Sin olvidar la dimensión ciudadana del Estado como organización política que abarca un determinado espacio de convivencia. Es el Estado el que nos garantiza un orden jurídico de libertades y derechos, en el que el principio de ciudadanía responsabiliza al Estado de asegurar la libertad, el derecho, la sumisión de todos ante la ley, la igualdad de derechos y la democracia.

Dicho lo cual, procede ahora precisar otra cuestión medular de nuestro debate autonómico: ¿Deben ser todas la reformas iguales? El presidente Zapatero ya ha precisado que cada comunidad debe elaborar su propuesta de reforma y ha rechazado el modelo de "reformas con fotocopia", lo cual es elemental si tenemos en cuenta que se trata de resolver problemas o aspiraciones diferentes, ya sea la inmigración en Andalucía, la convocatoria anticipada en Valencia, las circunscripciones electorales en Madrid, o las diferentes cuestiones que ya se están discutiendo en la reforma del Estatuto catalán.

El espinoso problema de las singularidades autonómicas debe enfocarse, a mi juicio, desde dos criterios. Nuestra realidad política no permite establecer hoy un doble nivel competencial en función de factores subjetivos de cada nacionalidad. Es decir, los incrementos de autogobierno que acordemos deben ser generalizables porque hoy no hay legitimaciones superiores de unas comunidades sobre otras y porque el sistema de reparto del poder en el Estado debe ser ordenado. De manera que si se reordena el sistema judicial, o se refuerzan las competencias autonómicas en inmigración, o en aeropuertos, etcétera, todas las comunidades autónomas deben poder acceder a ese nivel competencional. Cuestión diferente es que, paralelamente, y no es contradictorio, reforcemos los hechos diferenciales, ya que en ellos radica una de las esencias de nuestro modelo autonómico porque son singularidades autonómicas institucionales relevantes, que por estar previstas y amparadas en la Constitución, constituyen límites a la homogeneidad.

Uno de los pilares de las reformas es precisamente el nuevo Senado. No es el momento de explicarla, porque es ya casi un tópico de nuestro debate territorial, pero creo poder afirmar que un Senado de representación autonómica, con importantes funciones en el proceso legislativo, devolverá a las comunidades autónomas un inmenso poder político, mayor incluso que el que puede derivarse de las reformas estatutarias y que, en particular, los hechos diferenciales pueden encontrar en esa Cámara reformada un formidable respaldo.

Quedan pendientes las dudas sobre la lealtad constitucional de los nacionalismos. ¿Servirán estas reformas para hacer un país más integrado y estable o estimularán las pretensiones separatistas? ¿Cuándo se cerrará el proceso?, se preguntan muchos. Lamento no tener respuesta. No creo que nadie las tenga. Tenemos algunas constataciones empíricas: a) Que es preciso dar continuidad histórica al proyecto constitucional iniciado en 1978 de hacer lo que no hemos hecho en los dos siglos anteriores, es decir, una nación integradora de su diversidad cultural e identitaria; b) que algunas estrategias de "aparente firmeza antinacionalista", les retroalimentan, y c) que esta dialéctica con los nacionalismos identitarios hay que ganarla en las urnas, es decir, que resulta imprescindible atraer a los votantes moderados de esa franja electoral. Es así como interpreté al presidente del Gobierno, hace unos días en Bilbao, cuando aseguraba que las aspiraciones identitarias de los vascos cabían en la España plural que estamos construyendo.

Por último, una precisión sobre el método. Es sabido que estas reformas sólo pueden hacerse por consenso y resulta obvio que en él deben estar los grandes partidos, nacionales y nacionalistas. Cuadrar ese círculo sólo será posible si recuperamos aquel espíritu del pacto que presidió el periodo constituyente. Hace falta también asumir que la construcción del Estado de las autonomías, en su doble vertiente de profundizar en el autogobierno y asegurar la cohesión y el funcionamiento del Estado, es tarea de todos. Al Gobierno y al PSOE les corresponde la tarea principal, la de promover, favorecer y lograr este clima y esos pactos que culminarán un modelo constitucional que nos ha proporcionado el periodo de paz, democracia, autogobierno y progreso más largo de nuestra historia contemporánea.

El País,28/09/2004

Batasuna y las elecciones.

Hace unos días, en vísperas del domingo electoral europeo, estábamos haciendo campaña en las calles de Vitoria. Ofrecí un clavel a una señora, junto a una bolsa con propaganda y papeletas electorales del PSOE, y la señora lo rechazó con contundencia, pero con buenas formas. «No lo quiero -me dijo-, yo no puedo votar porque me habéis ilegalizado».

Efectivamente, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 de 27 de junio ha ilegalizado los partidos y agrupaciones electorales que proceden de la antigua Batasuna y que se han ido presentando sucesivamente a las tres convocatorias electorales que se han producido desde su promulgación: las municipales y forales de 2003, las generales de 2004 y las europeas del pasado 13 de junio.

El debate jurídico y político sobre esta decisión, adoptada por la democracia de nuestro sistema institucional, el poder legislativo y confirmado reiteradamente por las más altas instancias del poder judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, no ha agotado, sin embargo, todas sus consecuencias. De una parte, porque la mayoría de los partidos nacionalistas cuestionan políticamente la ilegalización de la llamada izquierda abertzale, incluyendo al Gobierno vasco y al propio lehendakari; y de la otra, porque la resistencia de sus votantes nos muestra una anomalía democrática por la decisión consciente de un 10% aproximado del electorado de votar nulo, como expresión de su rechazo al conjunto del sistema que les ilegaliza.

No es mi propósito volver sobre las razones que explican esta situación sino argumentar respecto al futuro inmediato que se abre cuando abordemos la siguiente convocatoria electoral. Efectivamente, Batasuna se juega la última instancia de presencia política institucional que le queda, si sus candidaturas son nuevamente anuladas por los tribunales. Y desde luego, no me cabe ninguna duda de que así ocurrirá si la dirección de esa organización persiste en presentar unas listas, más o menos disfrazadas, respondiendo a la estrategia y objetivos del partido ilegalizado.

Es este escenario más que probable el que preocupa a todos y el que genera no pocas discusiones acerca de sus efectos en la próxima etapa política que se iniciará con la siguiente legislatura vasca. La izquierda abertzale angustiada ante su desaparición institucional, además de la ilegalización de su partido. PNV, EA e IU, descontentos de una ausencia que no comparten, aunque se disputen su herencia. Incluso los cálculos electorales de PSE-EE y PP no olvidan el crecimiento por absorción que experimenta principalmente el PNV al repartirse en su beneficio parte del voto ilegalizado. Y ante esto, ¿qué hacemos?

En mi opinión, está en manos de Batasuna la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, si cumple para ello las exigencias legales del sistema. Ni más ni menos que las que aceptamos todos los partidos para participar en el juego democrático. A Batasuna y a las coaliciones o agrupaciones electorales que le suceden no se les ilegaliza por sus ideas, sino por su probada y acreditada conexión con la violencia de ETA. En sentencias reiteradas, el Tribunal Constitucional (marzo y mayo de 2003 y enero de 2004) ha señalado que «las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres y deben encontrar en el poder público la primera garantía de su indemnidad». Pero, a continuación añaden: « pero a ella no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines».

Debe quedar claro pues que mientras sigan ETA y su organización política en los mismos términos que todos conocemos, la democracia española no permitirá su participación electoral. Pero, se preguntaban en su alegato ante el Tribunal los demandantes de la reciente candidatura de HZ en las europeas, ¿es ésta una inhabilitación electoral de por vida, una suerte de condición política de 'apestado' que sufrirían determinadas personas por su actividad política pasada?

En absoluto, responde el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2004 de 27 de mayo de 2004. Si quienes relacionados en el pasado con esos partidos quieren «reconstituirlos» fraudulentamente, deben contar con el riesgo cierto de que aquella vinculación pueda, junto a otros indicios, provocar la convicción judicial de su ilegalidad. Pero la sentencia añade: «Quienes, por el contrario, con esos mismos antecedentes decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo sin instrumentalizarlo al servicio de aquella maniobra defraudatoria, no habrán de tener ( ) dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores».

La sentencia de 27 de mayo va más allá y explicita qué debe hacer la candidatura cuestionada para eludir la ilegalización: « es perfectamente aceptable en una sociedad democrática que, tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia, puede esperarse de ella, si efectivamente no acepta más instrumentos que los del voto y el debate libre, una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumentos políticos (...). Con ella habría de bastar para deshacer la eficacia probatoria de indicios que, contra manifestación tan inconcusa, difícilmente podrían acreditar una realidad que así se desvirtúa».

No he oído ni leído casi nada sobre la importancia de esta sentencia y me extraña. ¿Por qué el lehendakari, al que la prohibición de HZ tanto disgustó que incluso instó a votar nulo, no pidió a esa candidatura ese pronunciamiento? ¿Por qué el consejero de Justicia, al que tanto gusta deslegitimar a tribunales y legalidad adversos a sus posiciones, no destaca esta importantísima puerta a la legalidad de Batasuna, que abre esta sentencia del Tribunal Constitucional? En definitiva, ¿por qué los dirigentes de Batasuna no se plantean hacer una declaración semejante o literal si lo desean, para poder participar en las elecciones autonómicas del año que viene, en vez de retorcerse el cerebro para intentar burlar, con un nuevo nombre y candidatos 'desconocidos', las exigencias de una ley justa y de una jurisprudencia razonable?

Muchos vascos deseamos ese paso normalizador de nuestro sistema electoral. Queremos que todos tengamos iguales derechos y que no haya tantos conciudadanos que rechacen el sistema y que retroalimentan así las subjetivas razones de su victimismo. Pero depende de ellos. Sólo de ellos. No somos los demás los que tenemos que aceptar su legalización mientras sus amigos o jefes practican el siniestro juego de la liquidación física de los adversarios. Ese tiempo acabó. Si la izquierda abertzale quiere defender su proyecto de independencia de Euskadi, de reunificación y euskaldunización, puede hacerlo como lo hacen los de EA, o los de Esquerra Republicana. Pero si no quiere condenarse a la marginación institucional y a la ilegalización de por vida, debe condenar la violencia. Es todo.

El Correo, 27 de junio de 2004.

Nostalgia y justicia

¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes de una viejísima película en la que se veía a los niños de la Guerra Civil subidos a un barco, despidiéndose de sus madres en el muelle de Santurtzi? Confieso que pocas escenas me han producido mayor emoción. Niños y niñas, desde los cinco hasta los doce o catorce años, saltan, gritan alborozados de alegría y emoción, asomados a la baranda del barco, por la aventura maravillosa de un viaje al extremo del mundo, mientras sus madres lloran desconsoladas porque no saben ni cuándo ni cómo los recuperarán y, en el fondo de su angustiado corazón, temen perderlos para siempre. Tienen a sus maridos en el frente de la guerra o quizás ya hayan muerto, y envían a sus hijos a Rusia para salvarlos de la crueldad de la guerra y de todas sus dramáticas consecuencias.

Cuando rememoro aquellas imágenes que expresan sentimientos tan vivos y profundos, comprensiblemente antagónicos entre las madres y sus hijos, en aquellos dramáticos momentos de 1936, y añado luego el desenlace histórico que se produjo, siempre acabo conmovido por aquel episodio de nuestra historia, que hoy podemos ver en la exposición que han montado en el Euskaduna las fundaciones Largo Caballero y Pablo Iglesias.

Cerca de 4.000 niños, la mayoría vascos y asturianos, acabaron llegando a Rusia. Su vida allí fue un horror, si la miramos con nuestros filtros actuales. Recogidos en orfanatos de una pobreza extrema, fueron distribuidos en diferentes lugares de la extensa e inmensa URSS, sufrieron las consecuencias de una segunda guerra, más larga y no menos cruenta que la española, y muchos de ellos tuvieron que ayudar o, directamente, alistarse y pelear en ella. El resto se integró y sobrevivió en su nuevo país. Estudiaron, trabajaron, se casaron, vivieron en definitiva como buena o malamente pudieron. Valga, como anécdota ilustrativa, el caso de una niña que estudió su carrera, creo que Filología o Historia, viviendo en el metro de Moscú durante años.

¿Se imaginan ustedes la angustia de sus madres y padres reclamando su vuelta, desde el final de la guerra en 1939? Padres y madres que habían perdido uno o dos o hasta tres hijos en aquella decisión desgraciada. Durante años creímos que Franco impidió la vuelta de los niños, pero se ha constatado que Stalin, y más concretamente su lugarteniente Suslov negaron tal posibilidad ante las reiteradas peticiones de, entre otros, el entonces lehendakari en el exilio Agirre, que expresamente se dirigió a las autoridades de la URSS solicitando la repatriación de todos los niños. Años más tarde, muchos años más tarde, cuando los niños de la guerra ya eran rusos de avanzada edad, algunos de ellos volvieron. Otros quedaron en su nuevo país, con sus familiares y amigos. Hoy son personas mayores, la mayoría de más de 75 años, que malviven en la pobre Rusia con pensiones de miseria. Y ahora vuelvo al presente y les explico a qué viene este ejercicio de reivindicación histórica, en parte nostálgico y en parte reivindicativo.

Hace unas semanas, en el Congreso de los Diputados, todos los grupos políticos de la oposición pedimos al Gobierno un complemento a la pequeña pensión española que cobran desde hace unos años. Efectivamente, hace diez años, el Gobierno socialista reconoció a estos 'niños de la guerra' una pensión equivalente a algo más de la mitad de la pensión no contributiva española (aproximadamente 150 euros al mes).

Pues bien, hace un año visitamos Moscú una delegación del Parlamento español, integrada por todos los partidos del arco parlamentario, en el marco de una iniciativa de amistad con Rusia, entre nuestras respectivas instituciones. En el curso de la visita, nos entrevistamos con la Asociación Nostalgia, que así se llama la organización que agrupa a los viejos niños de la guerra. Les aseguro que fue emocionante escuchar un canto en euskera a una valerosa señora que, al vernos a Iñaki Anasagasti, Begoña Lasagabaster y a mí, quiso exhibirnos sus recuerdos infantiles tan celosamente guardados durante más de setenta años.

Pues bien, a estas alturas quedan sólo 280 de estos niños y en pocos años serán sólo historia. Nos hicieron una angustiosa petición: «Por favor, necesitamos cobrar la pensión no contributiva completa (aproximadamente cien euros más de lo que cobran), porque no podemos vivir con los sesenta o setenta euros al mes que cobramos, de media, de la pensión rusa».

Todos los grupos políticos, incluidos los tres representantes del Partido Popular, nos comprometimos a gestionar ante el Gobierno de España esta petición tan elemental como justa. El Gobierno no escuchó esta demanda y la oposición la convirtió en proposición no de ley. Todos los grupos la hemos apoyado, pero el PP la rechazó el martes día 16 de diciembre, por razones que no pueden ni llamarse así. Con argumentos que ni siquiera merece la pena citar. Simplemente dijeron «no» y así acaba esta petición de estos pobres españoles que nunca pudieron serlo y a los que dejaremos morir en la indigencia.

Es difícil imaginar una vida más desafortunada. Un exilio en plena niñez, y una separación brutal de sus padres. Un país de acogida pobre y en guerra. Sin libertad para volver. Sin libertad para vivir. Y al final de su vida les toca la brutal transformación del régimen comunista hacia un capitalismo salvaje y en parte corrupto y mafioso. Cuando sólo les quedan unos años para vivir, les negamos una mísera ayuda para una pensión insuficiente. ¿Será por dinero? No lo creo. En 2004 serán 250 los niños en la antigua URSS. El coste total de esta ayuda no pasaría de 1,5 millones de euros (aproximadamente 200 millones de pesetas) en los cuatro o cinco años que todavía durará. Hay ocasiones en que la política resulta incomprensible, además de absurda. En este caso, por ejemplo, se trata de una estúpida injusticia.

En la carta que la Asociación Nostalgia me envió reiterándonos la petición que nos habían hecho en Moscú, su presidente nos decía: «Es lo último que pedimos al Gobierno de España. Casi todos pasamos de los 75 años, por lo que poco nos queda para pedir algo más. En Rusia quedan ya 250 españoles y para 2004 quedaremos, en el mejor de los casos, 230. Como ustedes conocen, después de trabajar en Rusia más de 50 años contribuyendo con parte de nuestro salario al fondo de pensiones de la ex URSS, en Moscú cobramos 60 euros al mes, por ser la ciudad más cara de Rusia, ya que los españoles que viven en las provincias cobran entre 20 y 40 euros. Para que se hagan una idea de lo que significa esto, un bonobús en Moscú cuesta 15 euros al mes, o sea, el 25% de la pensión mensual».

Con frecuencia se ha dicho que la izquierda española confundió perdón con olvido en la Transición democrática del postfranquismo. Coincido con esta apreciación. Fue tal nuestro deseo de conciliar a las nuevas generaciones para construir un país en paz y en libertad, que, con el fin de no abrir heridas, corrimos un tupido velo sobre los años de plomo y de hambre que siguieron a nuestra guerra. Confundimos perdón con olvido. Fue bueno perdonar, pero fue un error pretender olvidar, porque la memoria del pasado debe iluminar el futuro. Hoy podemos hablar y recordar estos episodios. Pero ¿podemos hacer justicia con ellos? El PP cree que no. Memoria, nostalgia y ¿por qué no justicia?

El Diario Vasco, 8/01/2004

La agenda autonómica de la España plural.

De nuevo, España en el corazón del debate político. La angustia nacional que dijera Tusell o la invertebrada de Ortega. La articulación de España como Nación y su construcción moderna e integradora de nacionalismos diversos y antagónicos, como gusta decir Fusi, sigue atravesando un eje central de nuestra política. No son pocos los que creen que las tensiones territoriales son mayores que nunca, impulsadas por una peligrosa exacerbación de los sentimientos identitarios y una utilización cada vez más partidista de la pugna patriótica.

Aznar se parapeta en una Constitución pétrea e intocable para cerrar el debate. Ibarretxe y el PNV la desprecian y la desnaturalizan para conseguir sus propósitos soberanistas. Maragall y su nuevo Gobierno nos anuncian una tabla reivindicativa de calado. Varias comunidades autónomas anuncian reformas estatutarias. Zapatero propugna una nueva etapa de impulso autonómico. ¿Dónde estamos y qué debemos hacer?

1. Un balance de 20 años largos.

Cualquiera que sea el color del cristal con el que miremos la España autonómica desarrollada desde el Título VIII de la Constitución, podemos sentirnos orgullosos de sus logros. Citaré cuatro destacados: a) Una descentralización política del gasto público y de las competencias, semejantes a los modelos federales (50% Gobierno central, 35% comunidades autónomas y 15% ayuntamientos). b) Las comunidades autónomas llamadas históricas por su ratificación estatutaria en el periodo republicano han alcanzado un nivel de autogobierno como jamás tuvieron. c) La generalización del proceso autonómico a 17 comunidades autónomas ha sido un acierto pleno. La transformación territorial de España incorpora una moderna concepción del principio de subsidiariedad y ha configurado una sólida cultura de autogobierno en todas las autonomías. d) Las viejas y grandes diferencias económicas entre las regiones españolas se han atenuado y la fuerza política de las autonomías ha sacado del rincón peninsular a regiones españolas secularmente marginadas y minusvaloradas.

2. Lo que viene, nos guste o no.

Viene otra etapa autonómica. A Rajoy o a Zapatero les tocará abordar un amplio capítulo de negociaciones y reformas al modelo territorial. Cinco son los temas que necesariamente integrarán la agenda de los próximos años: a) El modelo de financiación de las CC AA y su paulatina aproximación en resultados al modelo foral (que mantiene una ventaja financiera per cápita sobre el resto de las CC AA del régimen común que algunos estudios cifran en casi un 40%). b) Una presencia de las CC AA en la Unión Europea más acorde con el reparto competencial de nuestro país (como le ha ocurrido al ministro Cañete, necesitado de la presencia de los consejeros de Pesca del Cantábrico para negociar y acordar las cuotas de pesca. c) Una reforma del Senado que permita a la Cámara alta convertirse en una Cámara territorial, imprescindible para un modelo que, de hecho, es un modelo federal. d) Las reformas de algunos estatutos de autonomía, surgidos de un amplio consenso político, para mejorar el nivel de autogobierno o reformular algunos aspectos internos o competenciales. Y e) fortalecer los mecanismos de cooperación y de equilibrio entre las CC AA, asegurar la igualdad constitucional de todos los españoles y garantizar los principios constitucionales a todos los territorios y para todos los ciudadanos.

3. Lo que debemos hacer.

Negarse a abordar estas cuestiones es cerrar los ojos y negar la luz. Si el PP de Rajoy sigue la senda inmovilista y de regresión autonómica de Aznar, el modelo territorial saltará por ineficacias, desequilibrios y tensiones. Una nueva etapa de diálogo autonómico debe ser posible para avanzar en el autogobierno de nuestras CC AA y para perfeccionar nuestro modelo constitucional estatutario. Para ello conviene hacer algunas precisiones políticas de principio.

La primera es considerar aplicable al conjunto de los territorios las reformas que adoptemos con algunos de ellos. Es conocida la teoría de quienes creen que al generalizar el modelo autonómico hemos limitado las posibilidades políticas y técnicas de solucionar la demanda de los nacionalismos catalán y vasco. El "café para todos" con el que se descalificaban las sucesivas reformas estatutarias que equipararon el nivel autonómico de las 17 comunidades fue, según ellos, un error político que devaluó la autonomía de las nacionalidades históricas y estrechó los márgenes para la negociación de su desarrollo. Quienes esto sostienen recomiendan ahora que distingamos, de una vez, la solución autonómica y negociemos con las comunidades nacionalistas fórmulas no extrapolables al conjunto, que nos permita resolver el encaje de esos nacionalismos sin resquebrajar las capacidades unitarias del Estado.

El debate no es sencillo, pero sólo puede haber una respuesta: las reformas que introduzcamos en el marco competencial deben ser extensibles a aquellas CC AA que así lo deseen y concierten los consensos necesarios para ello. Todo ello sin perjuicio de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución. Gregorio Peces-Barba insistía, con razón constituyente, en esta tesis en un reciente artículo en estas mismas páginas al exigir a las reformas estatutarias que se ajusten a la Constitución y que sean susceptibles de generalización.

La segunda se refiere al qué y al cuánto de un nuevo impulso autonómico. Los comentaristas del Gobierno rasgan las vestiduras de la España Unitaria al calificar como inconstitucionales algunas de las demandas autonómicas planteadas en Cataluña o en Euskadi, o en Galicia y Andalucía. En mi opinión, hay recorrido autonómico en nuestro modelo de reparto competencial y lo hay sin necesidad de reforma constitucional. No me parece incompatible mantener el carácter estatal y único del Poder Judicial y agotar en los tribunales superiores los recursos, manteniendo en el Supremo la unificación doctrinal, o delegar en Consejos Judiciales autonómicos algunas facultades de gestión del Consejo General del Poder Judicial. No tiene por qué afectar a la Unidad del Sistema Fiscal la organización territorial de la Agencia Tributaria. La caja de la Seguridad Social no dejará de ser única aunque determinados actos del sistema sean ejecutados por las CC AA, de la misma manera que éstas no dejan de ser Estado, sino todo lo contrario, si representan a éste en su territorio bajo la modalidad de Administración Única.

Podríamos seguir. Naturalmente hay cosas que no puedenser transferidas, incluso se pueden revocar competencias si el funcionamiento de los servicios básicos lo requiere. Debemos incorporar la cultura federalista de la doble dirección en los traspasos. Si es más correcto centralizar la Protección Civil, porque la experiencia nos demuestra riesgos de eficacia ante catástrofes supracomunitarias, debiéramos hacerlo, como los norteamericanos centralizaron la lucha contra la droga o los alemanes han podido unificar la investigación en el marco de la Unión Europea. La lealtad del modelo exige reflexión y generosidad recíproca entre CC AA y Estado.

La tercera es materia delicada. Las tensiones políticas con el Gobierno vasco y con el plan Ibarretxe han puesto de manifiesto algunas carencias. La apelación al artículo 155 de la Constitución genera no poca confusión y general desasosiego. La reciente reforma del Código Penal con nocturnidad (Ley de Arbitraje) y alevosía (sin los informes preceptivos y sin debate legislativo) es un despropósito total. Sin embargo, no podemos negar que los problemas y los supuestos que, aunque sea torpemente, se quieren abordar siguen existiendo. Si una comunidad autónoma no cumple sus obligaciones constitucionales o atenta gravemente al interés general, se le puede aplicar el 155. Pero ¿cómo?, ¿con qué medidas?, ¿en qué casos?, ¿con qué consecuencias?, ¿por cuánto tiempo? Creo que, llegados a este punto, debemos concluir en la necesidad de desarrollar el artículo 155 de la Constitución con una Ley Orgánica que establezca con claridad transparente los supuestos de conflicto institucional grave y las medidas que el Estado puede tomar en cada caso, con las garantías y la legitimación democrática que sean exigibles. La cuestión no es sólo la convocatoria unilateral de un referéndum. En Euskadi hay cada vez más ciudadanos que exigen sus derechos constitucionales en caso de imposición identitaria sobre los no nacionalistas. Esa Babel multiidentitaria y bilingüista que es Euskadi corre desde hace unos años demasiados riesgos etnicistas y excluyentes que no pueden ser tolerados por nuestra Constitución y por el Estado.

Por último, en el capítulo del ¿qué hacer?, destaca la necesidad de fortalecer la cohesión y la equidad de nuestro sistema territorial. A la cooperación entre CC AA ayudará un Senado reformado y el reforzamiento de las Conferencias Sectoriales. Al entendimiento entre el Gobierno central y las CC AA le vendrá bien un mecanismo de reuniones periódicas a modo de Conferencias de Presidentes. En general, son precisas también medidas que favorezcan y garanticen la prestación de los servicios básicos en igualdad de condiciones para todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia.

4. ¿Cómo hacerlo?

Conviene recordar cómo lo hemos hecho hasta ahora. Todo el desarrollo del Estado autonómico, desde su implantación hasta la sucesiva reforma de los estatutos, ha sido hecho por consenso entre los grandes partidos del arco parlamentario, sobre la base de un acuerdo previo entre PSOE y PP.

La dimensión de las materias de esta agenda y los riesgos que se vislumbran en el horizonte político aconsejan un método semejante. No sólo porque algunas de las propuestas pueden exigir reforma constitucional y ésta sólo puede abordarse con un consenso igual o superior al del 78, sino porque, además, la dialéctica reivindicativa desde las autonomías debe encontrar una respuesta coherente sobre el Estado resultante, el respeto al espíritu y a los principios de la Constitución y el interés general de España.

Los partidos de ámbito estatal deben ofrecer así una respuesta común que delimite el campo de juego, que determine el qué, el cuánto y el cómo de la remodelación autonómica, asegurando la compatibilidad de un avance autonómico con un Estado cohesionado y garante de los principios constitucionales para todos los españoles.

Por eso, el consenso debe tener su mejor comienzo en las comunidades desde las que se proponen reformas. Incorporar al PP catalán y andaluz a las propuestas estatutarias de Maragall y Chaves favorecerá extraordinariamente este camino.

Una estrategia positiva y de consenso hacia estas reformas dejará en evidencia las pretensiones extremas del nacionalismo vasco, al que se le ofrecerá una vía pragmática de negociación autonómica como vía alternativa al soberanismo imposible. Ésta es una manera mucho más inteligente y creo que eficaz de derrotar al plan Ibarretxe.

Pero, para que esta vía se abra, hace falta que el PP abandone su política inmovilista en esta materia. Que deje de mezclar, en un totum revolutum de pésimas intenciones, Cataluña con Euskadi y Maragall con Ibarretxe. Que supere la tentación electoralista de un antinacionalismo fácil y la exacerbación identitaria española frente a las otras identidades nacionales. Que incorpore una concepción plural y diversa de España. Una España integradora de sus nacionalismos y enriquecida por su diversidad cultural y su pluralidad política.

El País,5/01/2004